Desde que el precio del cobre superó los 3 dólares la libra se reactivaron los proyectos de inversión minera en Chile, lo que ha sido celebrado por diversos medios como un gran beneficio para el país. Documentando la reactivación de la inversión minera el año 2017, Cochilco publicó un informe titulado precisamente así, “Inversión Minera en Chile”, en el que celebra que la inversión minera proyectada para el período 2017-2026 alcance un monto de US$ 64.856 millones.

Sin embargo, el Anuario de Cochilco 2016, al reportar la tributación de las 10 mayores mineras privadas, nos informa que para el ejercicio 2016 ella alcanzó la ridícula suma de US$ 17,6 millones. En el mismo ejercicio, el mismo cuadro informa que la tributación de Codelco alcanzó a US$ 950,8 millones, mientras que Enami tributó US$ 8,8 millones.

Esto quiere decir que Codelco tributó 520,4 dólares por tonelada de cobre producida, Enami 60,90 dólares, y las grandes mineras extranjeras apenas 4,60 dólares por tonelada de cobre que se llevaron de nuestro país. Esa es la diferencia entre la producción estatal y la producción privada de nuestro mineral.

Esa es la inversión extranjera en el país que celebra El Mercurio, Cochilco, el gobierno, el Consejo Minero, la Sonami, y todos aquellos que rajan vestiduras en favor de la inversión extranjera. Por ignorancia los más, y por jugosas “coimisiones” los menos, gracias a boletas de honorarios por servicios no prestados como quedó en evidencia en los juicios Penta y SQM.

La inversión extranjera en la minería, se mire como se mire, es funesta, infamante, escandalosa, inicua, vil…

Además, sigue siendo absolutamente innecesaria. Chile, después de la nacionalización del cobre, nunca necesitó de inversión extranjera para desarrollar su minería. Codelco, entre 1973 y 1989, aumentó su producción desde 615 mil toneladas a 1 millón 243 mil toneladas, doblando su capacidad productiva.

Si agregamos las 50 mil toneladas de aumento de la producción de Enami, el Estado chileno financió el aumento de la producción mundial de cobre en 678 mil toneladas. Todo el resto de empresas mineras del mundo, en el mismo período de tiempo, aumentó la producción en solo 599 mil toneladas,

En el periodo 1973 y 1989 el Estado de Chile –Codelco y Enami– pudo financiar más de la mitad del crecimiento mundial de la producción de cobre. Esa es la prueba más contundente que Chile no necesitaba de ninguna manera la inversión extranjera para desarrollar su minería.

No hubo en los años ochenta del siglo pasado, ni en los años noventa, ni en este siglo, ninguna justificación económica para la inversión extranjera en nuestra minería. El Estado chileno podía financiar con sus propios medios, de manera planificada y progresiva, el desarrollo de la minería en modo tal de no generar sobreoferta, manteniendo un justo precio del cobre y del molibdeno.

La inversión extranjera que se expandió de manera considerable y catastrófica para la economía chilena a partir de 1990, no es el fruto de la conversión ideológica de los dirigentes de la Concertación, que la facilitaron, sino a la corrupción. Los juicios Penta, SQM y Sernapesca lo acreditan, al tiempo que esos casos no son sino la punta del iceberg de la gran corrupción que se paga desde y hacia cuentas secretas en paraísos fiscales de las Islas del Caribe.

Algunos interesados expertos, defendiendo el “aporte” de la minería extranjera, dicen que ha generado una considerable expansión del empleo en la minería. Sin embargo eso no es sino un espejismo típico del desierto: la realidad es muy diferente.

Según las cifras de los Anuarios de Cochilco, en 1990 el personal ocupado en la minería del cobre era de 46.248 personas. De las cuales 20.484 trabajaban en la mediana y pequeña minería, o sea el 45% del total. Diez años después, el año 2000, el empleo en la minería del cobre era de 33.637 trabajadores, del cual solo 5.036 en la mediana y pequeña minería: 15.448 trabajadores menos que en el año 1990.

El empleo en la gran minería, incluyendo a Codelco, pasó de 25.674 personas en 1990, a 28.601 el año 2000, con un aumento de solo 3.073 trabajadores. Sin embargo, la producción de cobre de la gran minería pasó de 0,13 millones de toneladas a 2,7 millones de toneladas. Hablando de productividad…

En la pequeña y mediana minería el empleo bajó en 15.448 trabajadores entre 1990 y el año 2000, por efecto de la catastrófica caída del precio del cobre provocada por el colosal aumento de la producción de cobre en Chile por la gran minería extranjera.

En suma, entre 1990 y el año 2000, época del auge de la inversión extranjera en la minería, se produjo en Chile un colosal aumento de la producción de cobre por las transnacionales mineras, pero el empleo, en vez de aumentar disminuyó en cerca de 13 mil trabajadores, según las estadísticas de Cochilco.

Ello fue el producto de la eliminación de empleo en la pequeña y mediana minería, como consecuencia del desplome del precio del cobre que pasó de 1,50 dólares en 1990 a solo 0,70 dólares el año 2000. Caída del precio ocasionada por la colosal sobreproducción de cobre de las empresas extranjeras.

La gran minería, que exporta esencialmente concentrados, sin fundir ni refinar el cobre en Chile, genera poco empleo: el proceso productivo es altamente automatizado y algunos procesos han sido robotizados.

Informes del SII prueban que, hasta el año 2004, solo Minera Escondida pagó impuestos de Primera Categoría –US$ 490 millones–, pero el resto de las mineras extranjeras, entre las cuales Los Pelambres, no pagaron un solo peso de impuesto a la renta. Varias de ellas no pagaron ningún impuesto hasta el año 2006.

Con el aumento del precio del cobre, en el periodo 2006-2016, el Impuesto de Primera Categoría pagado por las 10 principales mineras rondó los US$ 18.000 millones. En ese mismo periodo de tiempo, Codelco, que produce menos de la mitad de las mineras extranjeras, aportó excedentes al Estado del orden de US$ 52.000 millones.

Lo que precede pone en evidencia lo nefasto e innecesario de la inversión extranjera en la minería. Por el contrario, la Nacionalización de la Gran Minería del Cobre le ha aportado al país más de US$ 120.000 millones. Es una de las razones por las que la Nacionalización es el mayor éxito económico de la toda la historia de Chile.

Este 11 de julio celebraremos el 47 Aniversario de la Nacionalización del Cobre, el Día de la Dignidad Nacional.

Fuente:https://madmimi.com/p/75818c?fe=1&pact=16483157-146184720-4473055447-1257b24582047ec60b560d36bf67ab0645f54e81

Si se analiza el Salar de Atacama en el largo plazo, prescindiendo de sus arbitrarias sectorizaciones, y se comparan las sumas totales entre renovabilidad o recarga de aguas (mal llamada oferta de recursos hídricos) y la demanda comprometida, que corresponde a la suma de los derechos otorgados, se puede notar que el Salar en su conjunto ya se encuentra sobreotorgado. La empresa Minera Escondida Ltda. tiene un derecho al agua por un límite de 21 años (1997- 2018) y actualmente pretende extender su uso por 11 años más, habiéndose demostrado los impactos ambientales que produjo disminuyendo el volumen del agua del acuífero, efecto que se mantendría por más de 500 años. El Movimiento por el Agua y los Territorios, rechazan las pretensiones de Minera Escondida Ltda. y exigen a la Dirección General de Aguas que declare al Salar de Atacama como Área de Restricción.

La legislación vigente que regula al medio ambiente en Chile es la ley de bases del medio ambiente (Ley Nº 19.300 de 1994 y sus modificaciones) e institucionalmente el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Sin embargo, con respecto al agua existe el Código de Aguas del año 1981 impuesto por la dictadura en el cual se obliga a la Dirección General de Aguas (DGA) a entregar al recurso gratuitamente, en forma perpetua y en propiedad, creando un mercado sobre un bien nacional de uso público fundamental para la vida y para el desarrollo de los pueblos. Ello, sumado a las diversas privatizaciones de las funciones estratégicas del Estado en este ámbito, así como en los rubros de la minería y la energía, entre otros, convierten a Chile en uno de los países más neoliberales del mundo desde la consolidación de un conjunto de prácticas extractivistas.

Desde el punto de vista de la asignación del agua, y más precisamente, en cuanto a los derechos de aprovechamiento de aguas, es claro que existen usos muy distintos y niveles de extracción extremadamente diferentes. Sin embargo, en términos generales una de las mayores inconsistencias en Chile, desde el punto de vista de cuidado del ambiente, es que los derechos de aguas se tramitan absolutamente fuera del marco ambiental, y que el uso que se declara en la actualidad al momento de solicitarlo no constituye obligación alguna para dicho derecho, generándose un descontrol absoluto y una casi nula planificación sobre este bien común fundamental. Esta forma de manejo del agua resulta aberrante para proyectos industriales de gran envergadura, especialmente para los del sector minero y del sector hidroeléctrico, los cuales presionan para que se les apruebe los estudios de impacto ambiental, puesto que son dueños del agua que pretenden emplear. Ello, sumado al lobby que los empresarios mineros desarrollan sobre legisladores y gobernantes que ha llevado a la aprobación de proyectos que, en general, benefician principalmente a firmas transnacionales, las cuales se escudan ideológicamente en la generación de empleo por parte de sus megaproyectos.

En la actualidad, existe un caso e trámite que permite graficar lo anterior. Se trata de un proyecto minero que por lo visto pretende perpetuarse explotando el Salar de Atacama, luego de haber obtenido en forma gratuita y a perpetuidad sus derechos de aprovechamiento de aguas, a través del esquema aún vigente.

Por medio de la Resolución de Calificación Ambiental Nº 1 de 1997, se aprobó el proyecto: “Lixiviación de óxido de cobre y aumento de la capacidad de tratamiento del mineral sulfurado”, de Minera Escondida Ltda. (operada principalmente por BHP Billiton), a través del cual se dio la aprobación a la extracción de 1.400 litros/segundo desde la zona sur del Salar de Atacama, sin perjuicio de las extracciones de otros titulares. Al revisar el Estudio de Impacto Ambiental, dentro del subcapítulo Evaluación de Impacto Ambiental en el Área Monturaqui-Tilopozo, se señala lo siguiente: “La limitación del tiempo del bombeo de 21 años por parte de Minera Escondida Ltda., es una medida efectiva de mitigación, cuya validez y efectividad en el tiempo se confirmará mediante los monitoreos respectivos”.

Sin embargo, dado la inminente finalización del proyecto, se encuentra el trámite el denominado “Proyecto Monturaqui”, por medio del cual Minera Escondida Ltda. pretende continuar con la explotación de la zona sur del Salar de Atacama, denominada técnicamente Tilopozo-Pajonales o sector acuífero C2.

La Dirección General de Aguas, por medio de la Resolución Nº 120 del año 2015, declaró Área de Restricción a la zona en cuestión debido al sobreotorgamiento que superaba seis veces la capacidad de renovabilidad natural del acuífera. Específicamente, se constituyeron derechos por 2.427 litros/segundo ante una oferta de 403 litros/segundo, según el Informe Técnico DGA-DARH Nº234 del año 2014.

Si se analiza el Salar de Atacama en el largo plazo, prescindiendo de sus arbitrarias sectorizaciones, y se comparan las sumas totales entre renovabilidad o recarga de aguas (mal llamada oferta de recursos hídricos) y la demanda comprometida, que corresponde a la suma de los derechos otorgados, se puede notar que el Salar en su conjunto ya se encuentra sobreotorgado. Es decir, si se emplearan simultáneamente todos los derechos ya entregados, al cabo de cierto tiempo se secaría el Salar de Atacama, provocándose una mortandad de especies sin precedentes sobre zonas protegidas, como es el caso de la Reserva Nacional los Flamencos y otras zonas que se encuentran bajo protección oficial.

Sin embargo, haciendo caso omiso a lo anterior, en otras zonas del Salar de Atacama se siguen otorgando derechos de aguas de tipo definitivos, sin tener en cuenta el balance que en conjunto debería realizarse, ni la afectación que paulatinamente se está generando, tanto hacia las reservas de aguas subterráneas como sobre las aguas protegidas que se encuentran en la emblemática cuenca.

El impacto ambiental que se generaría a largo plazo consiste en, disminuciones de los niveles de las lagunas y de los humedales de altura, con la consecuente pérdida irrecuperable de flora y fauna.

No obstante dicha situación, las pretensiones de Minera Escondida Ltda. es proseguir con la explotación durante 11 años más de la zona sur del Salar de Atacama, lo que produciría la afectación de la zona por siglos, tal como lo afirma la oficina regional de Antofagasta de la DGA, según consta en su oficio Nº 450 del 2 de agosto de 2017, al señalar, respecto a la disminución del volumen de agua del acuífero MNT que la duración del impacto se mantendría por un período superior a 500 años. Además, el contundente informe señala que Minera Escondida Ltda. ha entregado un Estudio de Impacto Ambiental ampliamente deficiente en los que se han omitido significativos impactos ambientales.

El Movimiento por el Agua y los Territorios rechazan las pretensiones de Minera Escondida Ltda. y exigen a la Dirección General de Aguas que declare al Salar de Atacama como Área de Restricción dado que es un sistema integrado cuyo resguardo es de su competencia, conforme a la Resolución Nº 87 del año 2006 de dicha institución.

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/chile/item/41466-minera-escondida-y-el-sobreotorgamiento-del-agua-en-el-salar-de-atacama

Un conjunto de organizaciones del valle del Aconcagua, presentaron en la oficina de partes de la gobernación de San Felipe, una carta dirigida al director regional del servicio de evaluación ambiental, solicitando el fin de la tramitación de la declaración de impacto ambiental presentada el día 4 de junio por la compañía minera Vizcachitas holding.

Las organizaciones vienen a “exigir al director del sea que rechace la evaluación de impacto ambiental presentada por la minera Vizcachitas holding  puesto que no reúne todos los antecedentes ni la legalidad para ser evaluado, eso estamos haciendo como comunidades y distintas organizaciones de Putaendo, que estamos preocupadísimos por el procedimiento de esta empresa, que ha demostrado ser una empresa muy poco seria ni confiable por lo tanto estamos en este momento haciendo esta solicitud para su rechazo”.

Señala Esperanza Álvarez miembro del movimiento Putaendo Resiste quien además agrega “respecto a la ilegalidad recordar y destacar de que esta empresa recibió una sanción el año 2017 por parte de la superintendencia de medioambiente, donde queda en evidencia que ha procedido y actuado de manera ilegal, de que todos los sondajes que han realizado debieron haber sido sometidos a un estudio que jamás ha sido ingresado ni ha tenido una resolución de calificación ambiental”.

Es por esto que la carta enviada al director regional del servicio (sea) menciona 5 puntos por los cuales esta declaración debiese ser rechazada, entre los cuales destacan, el rechazo unánime del Gobierno Regional del proyecto, la falta de información esencial de la declaración, aludida por servicios como CONAF, SAG, SERNAPESCA y SEREMI de salud y la omisión de esta declaración como parte de un plan de cumplimiento en respuesta a la infracción resuelta por la superintendencia de medioambiente.

Ante los hechos señalados Lucio Cuenca directo del observatorio latinoamericano de conflictos ambientales (OLCA) recalca que la“Minera Vizcachitas Holding pretende blanquear (regularizar) sondajes y obras asociadas realizados de manera ilegal desde el año 2007, con este objetivo presenta una declaración de impacto ambiental (DIA) que no incluye todas las operaciones realizadas ni la información mínima para evaluar y dimensionar los impactos, considerando que ya no es posible actuar de manera preventiva lo que corresponde es no seguir tramitando este proyecto.

El director regional del sea debe antender la exigencia de una comunidad activa que exige proteger el territorio y el agua frente a una empresa tramposa e irresponsable”.

Por su parte Ignacio Pinto representante de la agrupación Raíces de Aconcagua declara que “como lo señala la carta enviada al director regional del servicio, esta declaración cuenta con errores graves, gravísimos en su presentación. Siendo el envió de esta carta de gran relevancia, al ser enviada por las comunidades directamente afectadas, las que no contando con el mismo acceso y técnica de entidades como CONAF, SAG o SEREMIAS, han logrado formular de manera tajante su oposición al proyecto, encausando a través la vía institucional una lucha que han dado desde hace ya largos años”.

En esta misma línea Alejandro Valdes miembro del movimiento Putaendo Resiste comenta que “las acciones que realizamos como personas dignas de Putaendo son para demostrar que el pueblo cuando se empodera y se hace cargo de sus necesidades y sueños, puede abrir espacios para actuar en comunidad por sobre los personajes políticos de turno. Debemos confiar en nuestras capacidades y luchar con esperanza por nuestra calidad de vida”  concluye el dirigente quien anuncia futuras movilizaciones.

Fuente:https://diarioaldia.cl/inicio/2018/07/05/comunidad-de-putaendo-exige-al-director-regional-del-sea-el-retiro-de-proyecto-minero/

Un grupo internacional de científicos sugiere prohibir la actividad en áreas donde convergen especies de distintas regiones o en las que se produce intercambio genético. Una explotación sin control podría llevar a extinciones locales e incluso globales, aseguran los expertos.
Pérdida de contacto entre las comunidades biológicas, alteraciones irreversibles en los ecosistemas marinos y potenciales extinciones regionales e incluso globales, aparecen entre los mayores peligros que podría generar la explotación sin control de recursos minerales en el lecho oceánico.

Así lo advierte un estudio que publicó ayer la revista Science Advances, y en el que un grupo internacional de científicos define criterios básicos de protección de áreas sensibles y que debería considerar la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA).

La entidad trabaja en un marco regulatorio legal y ambiental para la minería submarina en aguas internacionales, es decir, las que están más allá de la soberanía de cada nación. Sus técnicos están reunidos esta semana en Kingston, Jamaica, para avanzar en el documento, que debería estar listo en un plazo de dos años, adelanta el abogado chileno Gastón Fernández, miembro de la comisión jurídico-técnica del organismo.

Si bien no se ha extraído ningún gramo de mineral, la ISA ya ha concedido 29 concesiones de exploración. Diecisiete son para explorar nódulos polimetálicos (esferas rocosas que contienen diversos minerales en estado de muy alta pureza) en la zona de fractura de Clarion-Clipperton, en medio del Pacífico, y en la cuenca central del océano Índico. Otros siete contratos son para explorar sulfuros polimetálicos (minerales con alto contenido de metales, generados en áreas geológicamente activas) en las cordillera submarina del océano Índico y la cordillera o dorsal del Atlántico Central, mientras hay cinco contratos para explorar costras ricas en cobalto (mineral clave para enfriar las pilas de litio) en el océano Pacífico occidental.

Zonas sensibles

Los autores de la publicación plantean que la ISA debería impedir la explotación de áreas consideradas como de transición biogeográfica -donde confluyen especies de distintas regiones-, zonas de hibridación genética -donde se pueden mezclar especies con material genético no muy diferenciado- o en las fronteras de las fallas geológicas. Asimismo, recomiendan que en las zonas de montes submarinos o con presencia de chimeneas submarinas activas, ambas con alta presencia de biodiversidad, se proteja al menos el 50% del área intervenida.

Si bien la propuesta apunta solo a la minería más allá de las 200 millas, los expertos reconocen que bien podría servir de marco de referencia para la misma actividad en aguas territoriales.

Los más adelantados en este campo son los canadienses de la compañía Nautilus Minerals, que ya tiene una concesión del gobierno de Papúa Nueva Guinea y cuenta con parte de la tecnología para las faenas de extracción de nódulos polimetálicos, que incluyen cobre, oro y plata.

En el caso chileno, la ley establece que todos los yacimientos en aguas jurisdiccionales solo pueden ser explotados por el Estado, concesiones administrativas o contratos especiales. Hasta ahora, ninguna se ha materializado, pero el hallazgo de enormes yacimientos de nódulos de hidratos de metano al sur de Tierra del Fuego, sumado a otros descubrimientos semejantes en la costa entre Valparaíso y Puerto Montt, podría acelerar este tipo de explotación.

«Esta minería no debería ser tan contaminante como la terrestre, porque no involucra explosiones de roca. Los nódulos están prácticamente en el lecho marino y podrían ser retirados en forma relativamente sencilla, por ejemplo, con sistemas parecidos a aspiradoras», dice Fernández. No obstante, el abogado reconoce que si hay que explotar el subsuelo y resulta necesario hacer zanjas o piques, eso sí podría afectar el entorno.

Fuente:http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=484463

“En Chile hay 5.748 glaciares que cubren más de 22 mil km2. En la zona central, adelgazan dos metros por año y el volumen de hielo es 30% menor que las primeras estimaciones”, explica Gonzalo Barcaza, exjefe de la Unidad de Glaciología y Nieves (UGN) de la Dirección General de Aguas (DGA).

Para Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, hoy los glaciares están desprotegidos debido al retiro del apoyo del gobierno al proyecto de ley que buscaba su conservación.

“Es preocupante que se retire una moción parlamentaria que obtuvo patrocinio del gobierno anterior y que responde a una inquietud de la sociedad chilena. Es una mala señal”, dice.

Pero desde el Ministerio de Medio Ambiente, la ministra Marcela Cubillos afirma que la protección de los glaciares sí es una prioridad para el gobierno. “La moción que estaba en discusión en la Comisión de Hacienda de la Cámara no otorgaba una eficaz protección a los glaciares y así lo manifestaron no solo sus autores, sino el informe de la Corte Suprema y también del actual contralor y diversas ONG ambientalistas”, explica.

La ministra agrega que la manera más conveniente de procurar una protección adecuada es a través del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, hoy en discusión en el Senado. “El gobierno no apoya esa moción parlamentaria, pero sí respalda la protección jurídica de los glaciares. Además, se iniciará el trabajo hacia una ley marco de cambio climático que por supuesto incorporará el resguardo y el cuidado de los glaciares”.

Pero Larraín critica esa visión: “De lo que se va a preocupar ese proyecto es de las reservas marinas y parques nacionales. Hoy no ha entrado ninguna indicación que establezca que dentro de las áreas protegidas se van a resguardar los glaciares. Hay algunos en parques nacionales, pero en las zonas más críticas, entre Coquimbo y el Maule, están fuera de áreas protegidas, con la excepción del glaciar El Morado, en el Cajón del Maipo”.

Otro de los factores que contribuyen al conflicto sobre protección de glaciares es el cierre de la Unidad de Glaciología y Nieves creada en 2008 con el propósito de tener información y equipos técnicos para monitorear el estado de los glaciares.

Barcaza, quien hasta marzo de 2018 era jefe de la UGN, dice que la medida es un retroceso en materia técnica y de información sobre glaciares. “Hay cupos que no se repusieron, cupos técnicos, y si no se mantiene la red de monitoreo de glaciares -en la cual se invirtieron ocho mil millones de pesos- va a tener poca vida útil. Ya se perdió una estación por falta de mantención. Se van perdiendo equipos de registro continuo, estaciones fijas que funcionan solas y que hay que mantenerlas, lo que no se ha hecho”.

Juan José Rocco, asesor de la DGA, aclara que no es un cierre, sino una transformación. Explica que la DGA está dando los pasos para que en el corto plazo Glaciología y Nieves se transforme en una división, es decir, en una estructura permanente del Ministerio de Obras Públicas, “porque existe absoluta claridad de la necesidad de proteger y crear conciencia de la importancia de nuestros glaciares”, dice.

Glaciares y minería

El proyecto de ley que protege los glaciares fue retirado, según Larraín, por la “férrea oposición” de las mineras. “Joaquín Villarino (presidente del Consejo Minero) en una carta al director (publicada por La Tercera el jueves) dice que proteger los glaciares dificulta la expansión minera y que el país no se puede dar el lujo de proteger los glaciares. Es muy claro que el mandante de la ministra es el Consejo Minero, si no, la ley podría haberse aprobado perfectamente”, afirma.

Pero Villarino dice que si bien el deber del Consejo Minero es contribuir a la elaboración de políticas públicas, este “no ejerce presiones sobre las autoridades ni boicotea proyectos de ley”.

Agrega que la minería es compatible con la protección de glaciares. “Si un proyecto minero o de cualquier naturaleza es susceptible de afectar un activo ambiental, como un glaciar por ejemplo, se debe evaluar antes su impacto y se exigen las medidas de mitigación y/o compensación pertinentes”. Villarino añade que “las empresas mineras no son las causantes de la acentuada disminución de la superficie glaciar como han querido hacer creer algunos. El culpable es el cambio climático”.

Sin embargo, Larraín explica que la minería es responsable directa de la destrucción de los glaciares y menciona los impactos negativos que tiene: “La minería los perfora, hace plataformas de exploración y caminos encima de ellos. En la etapa de explotación de la mina, los glaciares se dinamitan, se contaminan con derrames de aceite, petróleo y, además, el polvo en suspensión los cubre, lo que los oscurece y con eso aumenta la tasa de derretimiento”.

Respecto de la escasez de agua, Villarino dice que si hay un impacto que afecte la disponibilidad hídrica de una cuenca, el proyecto debe hacerse cargo adecuando su emplazamiento, diseño o tecnologías. Si lo anterior es insuficiente, se deberán adoptar medidas de compensación.

“Es muy grave lo que está pasando. En un contexto de cambio climático, la responsabilidad de reducir vulnerabilidades del país es del gobierno. Pero si tiene una agenda con una prioridad pro inversión, es obvio que proteger el agua y los glaciares afecta el negocio. El país puede vivir sin minería, pero no puede vivir sin agua”, afirma Larraín.

Fuente:http://www.latercera.com/tendencias/noticia/guerra-fria-los-glaciares/228576/

Si se analiza el Salar de Atacama en el largo plazo, prescindiendo de sus arbitrarias sectorizaciones, y se comparan las sumas totales entre renovabilidad o recarga de aguas (mal llamada oferta de recursos hídricos) y la demanda comprometida, que corresponde a la suma de los derechos otorgados, se puede notar que el Salar en su conjunto ya se encuentra sobreotorgado.

Seguir leyendo esta noticia en el siguiente enlace :http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2018/06/28/derechos-de-agua-el-impacto-de-minera-escondida-en-el-salar-de-atacama/

Presentamos aquí un artículo que ilustra sobre condiciones y algunos detalles de un típico proceso de “cambio de manos” -y de responsabilidades- de una empresa megaminera para con sus trabajadores y para el país que las recibe. La gran producción inicial se acaba, los márgenes de ganancia se reducen,… y resulta más prudente vender todo a consorcios de accionistas ignotos antes de ingresar a los años finales cargados de despidos, reclamos y demás “incomodidades”.

Un ejemplo más de qué se esconde realmente detrás del slogan “responsabilidad social empresaria”.

Reproducimos aquí la nota del sitio elmostrador.cl, titulada “BHP acuerda venta de mina de cobre Cerro Colorado a fondo de capital privado EMR”.

EMR Capital Advisors Pty, una firma de capital privado que invierte en recursos naturales, está cerca de un acuerdo para comprar la operación cuprífera Cerro Colorado de BHP Billiton Ltd. en Chile.

La adquisición por parte de EMR, con sede en Melbourne, pondría fin a un largo esfuerzo de la mayor minera del mundo por deshacerse del activo, de acuerdo con las personas, que hablaron a condición de permanecer en el anonimato ya que los detalles son privados. El pacto podría anunciarse incluso el martes, dijeron, sin revelar el precio. Deutsche Bank AG dijo en un informe el año pasado que el activo podría alcanzar los US$800 millones.

La mina en el norte de Chile produjo alrededor de 65.000 toneladas métricas de cobre en doce meses hasta finales de junio de 2017, y tiene opciones que podrían expandir su vida útil durante decenios, de acuerdo con informes de BHP a las autoridades reguladoras. BHP, con sede en Melbourne, va a desinvertir de su mina de cobre más pequeña para centrarse únicamente en grandes operaciones de sus cuatro materias primas clave.

Los representantes de BHP y EMR rehusaron hacer comentarios.

EMR, que el año pasado adquirió el control de la mina de cobre Lubambe en Zambia, es un “gran creyente” del metal y ha estado estudiando más posibles ofertas, dijo el máximo responsable Jason Chang en una entrevista en agosto. En marzo, el fondo se asoció con PT Adaro Energy de Indonesia en un acuerdo de US $2.250 millones por la operación de carbón Kestrel de Rio Tinto Group en Australia.

Los productores de cobre, entre ellos Rio, han estado advirtiendo sobre un anticipado déficit de mercado, que disparará los precios a principios de la próxima década a medida que la creciente demanda choca con la falta de suministros nuevos. Mitsubishi Corp. ha llegado a un acuerdo de US$600 millones con Anglo American Plc para aumentar su participación en el proyecto de cobre Quellaveco en Perú.

La licencia ambiental de Cerro Colorado expira en 2023, después de lo cual se deberán negociar nuevas condiciones para el uso
de agua. Las partes interesadas ya contabilizaron el asunto en sus ofertas, dijo el presidente de operaciones minerales para las Américas de BHP, Daniel Malchuk, en una entrevista en marzo.

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/chile/item/41323-mineras-evitan-riesgos-nos-queda-chica-ya-no-nos-interesa

Luego de anunciarse el retiro del proyecto, la ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, aseguró que estos serán incluidos en el proyecto de ley que creará el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, sin embargo, su creación aún está en trámite en el Congreso y no se ha definido la jerarquía que tendrá la institución ante otros cuerpos legales que regulan inversiones, como lo son proyectos mineros o concesiones eléctricas.

Por ahora, los más de 24 mil glaciares del país, que en total abarcan cerca de 23.641 km2 de superficie, no cuentan con ninguna política pública que regule de forma concreta su cuidado, mantención y protección para evitar que puedan ser vulnerados por proyectos extractivitas.

Desde la ONG Greenpeace fueron enfáticos en rechazar el proyecto desde que este sufrió indicaciones que desviaron su intención de protección inicial, pues consideraban que los cambios aplicados ya no aseguraban la conservación de los glaciares.

Esta acusación fue reafirmada también por la Corte Suprema y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pues ambas instituciones habían manifestado que de aprobarse la ley esta permitiría su explotación.

En conversación con Radio Universidad de Chile, Estefanía González, coordinadora de océanos de Greenpeace, comentó que luego de este apropiado retiro se debe hacer pronto una nueva política pública, pero incluyendo a la comunidad.

Además, señaló que un nuevo proyecto debe hacerse cargo de los daños que está generando la minería a estas reservas de agua: “Cuando uno propone medidas de protección no nacen porque sí, es porque hay una amenaza inminente que genera un peligro de destrucción en las zonas, como el caso de la minería en el norte del país (…) Hoy cualquier proyecto se debe hacer cargo de esa amenaza que significa la minería en el norte, cualquier tipo de proyecto que no nazca desde ahí, que no sea consultado, no va a tener ningún tipo de beneficio para el medio ambiente ni para quienes están afectados”.

Por otra parte, señaló que se debe estar atentos a la inclusión de los glaciares en el proyecto de ley sobre el Servicio de Biodiversidad, porque si bien se ha ofrecido su incorporación, esta medida sigue paralizada por presentar cientos de indicaciones a su documento original.

Respecto al panorama a nivel político, González aseguró que, si bien el gobierno actual está trabajando bajo una agenda pro inversión, la protección del medio ambiente no ha sido prioridad para ningún gobierno anterior, por lo que el problema no radica solo en el mandato actual, sino que ha sido continuado en el tiempo. Por esto, manifestó que es vital que las comunidades se sigan haciendo escuchar para poder proteger sus territorios.

El glaciólogo de la Universidad de Chile, Fernando Ferrando, también se manifestó a favor del retiro del proyecto y afirmó que se debe generar otro pero, que esta vez, incluya algo más que solo a los glaciares, pues el entorno que los rodea también es muy importante de preservar.

Sobre un nuevo proyecto de protección, Ferrando afirmó que este debe dejar de distinguir entre ciertas reservas estratégicas u otras, pues todas deben serlo y, por lo tanto, todos los glaciares deben estar protegidos. En ese contexto, afirmó que se debe incluir el cuidado de los entornos y ecosistemas que dependen de los glaciares, pues todo en su conjunto es lo que garantiza el correcto funcionamiento del medio.

El académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo indicó que bajo el contexto medioambiental que enfrenta el mundo hoy, estas reservas de agua podrían ser claves si se continua con la sequía que se viene desarrollando hasta ahora.

“Estamos en un contexto climático global en que las reservas de agua se transforman en una zona estratégica para todo el mundo, y proteger los glaciares significa tener un regulador natural de los suministros de agua a los sistemas naturales”, aseguró, agregando que su mantención garantiza la disponibilidad de recursos cuando no hay agua o se desarrollan periodos de sequía.

Por su parte, ante la posibilidad de crear políticas de protección, las organizaciones mineras han sido críticas, argumentando que esto podría imposibilitar la tarea de la minera, perjudicando así la actividad económica del país.

Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, manifestó que de concretarse una ley esto no sería así, y que los reclamos solo responden al deseo de las organizaciones mineras de seguir actuando libremente, pero aseguró que no se puede seguir en la misma dirección que hasta ahora.

Según comentó, el sector minero está acostumbrado a tener libertad de acción sobre los territorios y, aunque una ley de protección podría limitar cierta parte de la minería, esto no acabaría de ninguna forma con ella, por lo que los argumentos empleados no deben sobreponerse a los de las comunidades que buscan mejorar las políticas actuales.

“Yo creo que estamos en una situación donde el país debe recuperar poder decisión para decir que en estas zonas no se puede desarrollar minería y eso es lo que debemos hacer prevalecer, donde los ciudadanos y los territorios vayan teniendo mas poder de decisión en esas legislaciones”, comentó, agregando que de no hacer algo frente a la situación actual “estamos hipotecando las posibilidades de vida de mucha gente en el futuro”.

Además, aseguró que de concretarse el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, este debe garantizar la inclusión de todos los glaciares y no solo de los que estén presentes en parques nacionales o ciertos territorios, como pensaba hacerlo la ley recientemente retirada.

Fuente:http://radio.uchile.cl/2018/06/25/glaciares-en-chile-expertos-analizan-su-futura-proteccion/