Chile se encuentra actualmente definiendo el futuro de una de las minas de hierro más importantes del país. Se trata de la Compañía Minera del Pacífico (CMP), la que es acusada de verter sus relaves mineros al mar sin autorización ambiental.

Esta empresa opera en Huasco, ciudad portuaria ubicada en la región de Atacama, al norte de Chile, un lugar declarado como zona de sacrificio hace seis años por el Gobierno, por sus altos índices de contaminación.

La minera, que pertenece al grupo CAP (Compañía de Acero del Pacífico), que es el principal productor de minerales de hierro en toda la costa oeste americana, el mayor productor siderúrgico en Chile y el más importante procesador de acero del país, ha sido denunciada repetidas veces por la población por causar daños a la salud, al medio ambiente y a las producciones agrícolas y pesqueras.

Pero esta vez el escándalo ha tomado proporciones distintas. La organización de conservación marina Oceana ha denunciado a la Compañía Minera del Pacífico (CMP) por arrojar sus desechos mineros en la Ensenada de Chapaco, sin la autorización respectiva. La denuncia se hizo ante La Superintendencia de Medio Ambiente que es la encargada de ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y fiscalización de los permisos ambientales. Este organismo inició un proceso sancionador y ha acusado a CMP de cometer 20 infracciones. El vertimiento de relaves al mar, fuera de la norma, es una de ellas y fue catalogada de gravísima. La empresa arriesga el cierre de sus operaciones.

En respuesta, la empresa presentó al organismo un Plan de Cumplimiento. Es decir, un paquete de acciones y metas para que, dentro de un plazo fijado por la autoridad, se cumpla con la normativa ambiental. Pero mientras la Superintendencia evalúa la propuesta de la empresa, el relave minero continua siendo vertido al océano.

Relaves tóxicos

Los relaves mineros son el residuo resultante de procesos industriales generados para extraer el metal de interés —en este caso el hierro— de la roca. En dichos procesos son utilizados métodos de extracción química. Es por ello que, dependiendo del mineral procesado, los relaves pueden contener concentraciones de arsénico, cobalto, níquel, mercurio, plomo, zinc, así como residuos de procesamiento como cianuro de sodio, lima y otros ácidos.

Debido a la toxicidad de los relaves mineros, el vertimiento de estos desechos al mar está prohibido en gran parte de los países del mundo con excepción de Noruega, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Indonesia, Francia, Turquía y Chile. Según datos del Grupo de Expertos Científicos Independientes, que asesora al sistema de las Naciones Unidas, sobre los aspectos científicos de la protección del medio marino (GESAMP), solo 16 de las 2500 grandes minas industrializadas de todo el mundo vierten sus relaves mineros al mar.

En Chile, según el catastro de marzo de este año, realizado por el Servicio Nacional de Geología y Minería, existen un total de 740 depósitos de relaves en todo el territorio nacional. El depósito de CMP, en la Ensenada de Chapaco, es el único marino y existe desde hace 50 años.

Según coinciden diferentes estudios científicos, entre los principales impactos de los relaves marinos se cuenta la asfixia de organismos bentónicos —como las estrellas y soles de mar— y la alteración física del hábitat; la reducción en la abundancia de especies y biodiversidad de las comunidades marinas; toxicidad directa por el contacto de metales pesados; riesgo en la salud de las personas por consumo de peces contaminados por bioacumulación de metales. Lo anterior, ha sido reconocido y citado por el Senado de Chile, en un proyecto de ley ingresado en 2012, que busca prohibir los relaves marinos.

Una historia de contaminación sin regulación

El proceso sancionatorio iniciado por la Superintendencia del Medio Ambiente, en contra de la Compañía Minera del Pacífico (CMP), cuenta la historia de cinco décadas de contaminación marina. Según detalla el documento, las descargas al mar de los desechos de esta mina de hierro, comenzaron en 1978 cuando no existía en el país regulación ambiental. En aquella época, los desechos eran arrojados en la costa a la altura de las rocas que desaparecen bajo el agua o aparecen, según sea la marea. En 1993 empezó a operar el emisor submarino mediante el cual se depositan los relaves, hasta el día de hoy, a 350 metros de la costa y a 35 metros de profundidad.

Ese mismo año entró en vigencia la Ley de Medio Ambiente y en 2001 la autoridad de evaluación ambiental aprobó el proyecto “Mejoramiento Tecnológico para la Producción de Concentrados de Minerales de Hierro” presentado por CMP. En dicho proyecto, según señala la Superintendencia, el depósito de relaves no fue evaluado ambientalmente debido a que estaba autorizado desde 1993 y que, según había declarado la empresa, era monitoreado constantemente.

Algunos años después, CMP presentó a la autoridad de evaluación ambiental, el proyecto “Ampliación y Mejoras Operacionales en Planta de Pellets”. En 2010, dicho proyecto fue aprobado con condiciones y se autorizó mediante la Resolución de Calificación Ambiental RCA 215. La condición para autorizar las operaciones de la empresa era que esta debía presentar, en un plazo de 18 meses, “una propuesta de mejora técnica y ambiental de la disposición de sus relaves”. Además, la empresa, una vez aprobado el proyecto, debía implementar el sistema en un plazo máximo de dos años.

En 2013, para dar cumplimiento a lo que se le había exigido, CMP presentó, al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, el proyecto “Actualización del sistema de depositación de relaves de planta pellets”. Dicho proyecto proponía prolongar el emisario submarino hasta aguas profundas del mar. A 6,6 km de la costa y a una profundidad de entre 200 y 800 metros.

En esa propuesta la empresa señalaba, entre otras cosas, que “se estima que el proyecto, en fase de operación, es susceptible de generar o presentar efectos adversos significativos (…) específicamente sobre la cantidad y calidad de los recursos renovables, en virtud de la cantidad de residuos sólidos asociados al sistema de depositación de relaves mineros en el fondo del mar. Asimismo, existen en el área del proyecto, especies de flora que pudieran ser afectadas en la etapa de construcción y que se encuentran en estado de conservación (en peligro de extinción, vulnerables, raras o insuficientemente conocidas)”.

Debido a los impactos ambientales que el nuevo sistema de depositación de relaves auguraba, la autoridad evaluadora hizo 490 observaciones. La empresa debía entregar soluciones a cada una de ellas, si es que quería ver aprobada su propuesta. Pero en 2017, CMP desistió del proyecto y lo retiró del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. De esa manera, el requisito que se le había exigido dejó de ser evaluado y se dio por cerrado el capítulo.

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Las ilegalidades del relave

Sin un nuevo sistema de depositación de relaves, CMP continuó vertiendo sus residuos al mar de la misma manera en la que venía haciéndolo desde 1993. Ello, a pesar de que el permiso que se le había otorgado, por medio de la RCA 215, estaba “condicionado al cumplimiento de todos los requisitos, exigencias y obligaciones establecidas”. Juan Pablo Sanguinetti, abogado de la Fundación Relaves explicó a Mongabay Latam que “el permiso de CMP es un permiso con condiciones. Si estas no se cumplen, el permiso no existe”.

Al mismo tiempo, según se especifica en el proceso sancionatorio, el efluente que CMP vierte en el mar, sin autorización, tampoco cumple con las condiciones de flujos máximos autorizados y composición del residuo. El documento señala que este ha sido descargado al mar “con un porcentaje de sólidos inferiores al 50 % y por un caudal superior al que fue aprobado ambientalmente –en la RCA 215— correspondiente a 4.700 m3/día”. Los monitoreos publicados en el mismo documento especifican, por ejemplo, que entre el 6 y 7 de septiembre del 2016, el caudal promedio fue de 9.506 m3/día. Es decir, el doble de lo permitido.

Victoria Caroca, química de Fundación Relaves, advierte que los desechos mineros que son vertidos al mar deben cumplir con condiciones específicas en cuanto a su solidez. “Si el efluente es demasiado líquido, en lugar de decantarse en el fondo marino, se dispersa en el agua provocando mayores efectos contaminantes”.

Por otro lado, Sanguinetti señaló que “hay excepciones establecidas en diferentes decretos ley y acuerdos, donde se autoriza verter al mar. Ello, siempre y cuando se cumpla con ciertas condiciones, como que el material vertido sea inocuo” es decir que no sea dañino. Sin embargo, el abogado enfatizó en que “se ha demostrado que ese no es el caso de CMP”.

En efecto, en 2015, Bernard Dold, jefe de área en Geoquímica Aplicada de la Universidad Tecnológica de Luleå, Suecia y presidente de SUMIRCO (Sustainable Mining Research & Consultancy) realizó un estudio, para la Subsecretaría de Pesca, sobre el relave marino de CMP. Según la investigación, los óxidos de hierro, contenidos en el relave, son disueltos en el mar al entrar en contacto con ciertas materias orgánicas. En ese proceso de disolución, se liberan elementos trazas a la columna de agua. Específicamente Magnaneso, Cobre, Arsénico, Vanadio y Galio.

Las consecuencias de 50 años de relave

Héctor Zuleta, presidente de la federación de pescadores artesanales y representante de la mesa de pesca de Huasco, contó a Monagabay Latam que, en su juventud, buceaba en la Ensenada de Chapaco. Ahí, recogía los mariscos que nacían en las praderas marinas.

“Debajo del mar, es igual que arriba en la tierra. Hay cerros, cuevas, bosques… ahí está la vida. Así era la Ensenada, pero desde hace años que todo eso se tapó. Está todo cubierto de arena”. Chapaco dejó de ser, hace décadas, un sector de pesca. Hoy, los pescadores salen de la bahía, mar afuera, para poder pescar. Los más perjudicados, explica Zuleta, son los mariscadores cuya fuente laboral se encuentra en sectores cercanos a la costa. “Antes, a 10 minutos de camino encontrábamos mariscos. Hoy tenemos que andar mínimo dos horas para encontrar algo” dice. “Nuestras preocupación es esa. Que cada vez quedan menos terrenos donde ir a trabajar”.

Lo anterior es confirmado por el proceso sancionatorio de la Superintendencia de Medio Ambiente el cual señala que “se puede identificar ausencia de determinadas especies en el sector de la Ensenada Chapaco, en comparación con otros fondos marinos del sector. Se revela una disminución tal de recursos que puede ser atribuible a la permanente descarga de relaves recibida en dicho sector marino, proveniente de la actividad de la planta de pellet”.

De hecho, la misma empresa reconoció los efectos del vertimiento al señalar que, si cerrara el actual sitio de depositación de relaves, “se prevé que se produzca una mejora gradual del hábitat para las comunidades bentónicas, en un mediano largo plazo. Los efectos positivos anticipados sobre la abundancia de los peces y las comunidades de macrofauna intermareal y submareal, posiblemente tengan a su vez un efecto positivo sobre los mamíferos y las aves de la costa”.

“Las tragedias ambientales y sanitarias de Ventanas, Huasco, Coronel y Mejillones hablan mejor que mil palabras. Chile no merece esto” declaró el Presidente Sebastián Piñera durante su primer mandato. El mandatario hacía referencia a las cuatro zonas que han sido declaradas “de sacrificio”, entre ellas Huasco. Y es que los 9000 habitantes de esta ciudad puerto conviven no solo con la planta de hierro de CMP, sino también con cuatro unidades termoléctricas a carbón, pertenecientes a AES Gener. En 2012, Huasco fue declarada zona latente por material particulado (PM10) o zona de sacrificio, tras constatarse que las concentraciones anuales de PM10 estaban sobre un 80 % del límite establecido por la norma.

Miedo al desempleo

Actualmente, la Superintendencia se encuentra evaluando el Plan de Cumplimiento que presentó la empresa, en respuesta al proceso sancionatorio que se abrió en su contra. El Plan cuenta con una serie de medidas para cumplir rápidamente y satisfactoriamente con la normativa ambiental.

Carlos Pineda, Gerente General de CAP Minería, declaró a medios nacionales que “ha sido un muy buen plan de cumplimiento el que estamos presentando a la Superintendencia de Medio Ambiente, que realmente nos compromete con soluciones de largo plazo y de muy buen nivel, para poder dar una sustentabilidad a esta fuente laboral y a nuestro negocio que mantenemos en el Valle del Huasco”.

CMP se comprometió a que si dicho plan es aceptado por la autoridad, dejará de arrojar relaves al mar en un plazo de 12 meses. Si el Plan, en cambio, no es aceptado, el proceso sancionatorio continuará su curso y la autoridad podría determinar el cierre de las faenas. Ello, al menos, durante el tiempo que tome construir una infraestructura para dejar los relaves en tierra.

El Ministro de minería, Baldo Prokurica, se trasladó hasta Huasco en apoyo a los trabajadores de CMP que temen la pérdida de sus empleos, en caso de que la empresa se vea obligada a cambiar su tratamiento de residuos industriales en el corto plazo. “Hay funcionarios que extreman las disposiciones”, declaró Prokurica, a propósito de las exigencias medioambientales. “Queremos que el medio ambiente mejore, pero queremos también que los tiempos para que estos cambios se produzcan sean los necesarios para evitar efectos que nadie quiere” añadió.

La provincia de Huasco tiene actualmente una tasa de desempleo del 11 %. Una de las más altas del país. Es por ello que autoridades de gobierno han señalado que “la paralización o cierre de parte de los establecimientos de CAP, representaría una situación de enorme gravedad, dada la enorme cantidad de puestos de trabajo que aporta la compañía”.

Luego de la visita del ministro Prokurica, el alcalde de Huasco, Rodrigo Loyola, señaló en un comunicado que aunque “la comunidad de Huasco y las asociaciones ambientales son contrarias a cualquier paralización de faenas y su consecuente pérdida de fuentes laborales (…) solicitamos que el Gobierno deje a las instituciones funcionar de manera seria, exentas de presiones mediáticas (…) No nos parece razonable que mientras se evalúe técnicamente el Plan de Cumplimiento de un titular infractor ambiental, las autoridades del gobierno avalen una alarma pública de despidos para adelantarse al rigor técnico de las instituciones. Aquello no es digno de un país responsable, ni habla bien de nuestra democracia”.

Fuente:https://es.mongabay.com/2018/08/oceano-chile-minera-vierte-relaves-al-mar-sin-autorizacion/

La minería está afectando los glaciares en Chile, lugar que alberga el 82 por ciento de los cuerpos de hielo en Sudamérica.

No, no es que seamos alarmistas, pero la situación es delicada. Lo supimos el otro día al enterarnos de que el hielo más grueso del Ártico se rompió por primera vez, pero esta situación no sólo se vive en el Polo Norte, sino que existe también en el sur.

Porque ahora además del cambio climático, también la minería amenaza con acabar con los glaciares, sobre todo el Chile, país que cuenta con el 82 % de los glaciares de América del Sur.

¿Por qué la minería? 

Según Fabrice Lambert, profesor de climatología de la Universidad Católica de Chile, esto se debe al polvo que genera la actividad minera, lo cual pone, según sus palabras, en verdadero peligro a los 24 mil 114 glaciares chilenos.

“El polvo que generan las mineras se posa en los glaciares cubriendo la superficie blanca (refractaria a los rayos del sol) y esas partículas absorben la energía solar y provocan el deshielo rápido de los glaciares”.

¿Qué dice la industria minera? 

Que no, pues qué otra cosa van a decir. Joaquín Villarino, presidente del consejo Minero chileno, dijo que esto es imposible debido a que “más del 70 por ciento de la actividad minera se desarrolla en zonas donde no hay glaciares”.

Además recalcó que existe una legislación que protege e impide que las compañías mineras hagan daño a glaciares existentes.

Entre que sí y que no, Lambert reconoce que no está diciendo que se suspenda la minería y que hay que ser realistas: “hay que encontrar una manera de proteger los glaciares sin destruir la industria minera, que es esencial para la economía del país”.

Esta disminución de la superficie helada en Chile corresponde con la tendencia global según el Servicio Mundial de Vigilancia de los Glaciares, situación que puede provocar muchos más efectos negativos de los que prevemos.

Por ello, urgen políticas públicas para cuidar al medio ambiente, pues en toda Sudamérica sólo Argentina cuenta con una legislación específica para la protección de sus glaciares. ¿Hasta cuándo se tomarán cartas en el asunto?

Fuente:https://news.culturacolectiva.com/medio-ambiente/mineria-amenaza-a-los-glaciares-en-chile/

“Sales Maricunga” es el nombre del proyecto minero que busca sacar litio y potasio desde el Salar de Maricunga en la cordillera de la comuna de Copiapó, y que tiene una proyección de 24 años de vida útil.

La faena no metálica pertenece a la empresa Simco Spa perteneciente al grupo Grupo Errázuriz, quienes pretenden llegar a ser el tercer competidor en la extracción del litio, detrás de SQM y Rockwood. 

El proyecto espera tener una producción de 53 mil toneladas de potasio y litio anuales que serán exportadas por el puerto de Coquimbo. Faenas de extracción que estarán en el mismo salar donde se encuentra la Laguna Santa Rosa, la cual es parte del Parque Nacional Nevado Tres Cruces.

Según indica en su informe de impacto ambiental, se tiene contemplado sacar 275 litros por segundo desde 22 pozos ubicados en el Salar, los cuales extraerán el agua hipersalina para verter en piscinas de evaporación donde se separarán el litio del agua. Estas salmueras darán como resultado aguas sin sal que serán re inyectadas al salar. Este caudal de reintegro completará 140 litros por segundo.

El proyecto que está en su fase de evaluación de impacto ambiental y está sujeto a que la comunidad, organizaciones civiles y empresas presenten observaciones a lo que declaran sus informes de estudios ambientales.

Por lo que este lunes se realizó una consulta ciudadana en que se expusieron los principales aspectos de su proceso productivo, tanto en el impacto como en algunos aspectos de mitigaciones asociados a todas las componentes ambientales.

Sitio Ramsar

Dentro del mismo salar se encuentra la Laguna Santa Rosa, que es parte del Parque Nacional Nevado Tres Cruces, cuyo límite esta a 10 kilómetros de distancia de lo que tiene presupuestado el proyecto según indicó CONAF y 25 kilómetros según explicó la empresa en la consulta ciudadana.

Esta laguna es parte del sistema lacustre cerrado donde confluyen aguas provenientes de los deshielos y está protegida al ser parte del Parque Nacional Tres Cruces, el cual incluye a su vecina: la Laguna del Negro Francisco varios kilómetros más al sur.

Según explica  Héctor Soto Vera, Director de CONAF Región de Atacama a Tierra Culta, la laguna es importante porque “es un sitio de anidación de un sinnúmero de aves altoandinas, como la tagua cornuda (especie vulnerable) y hábitat para las 3 especies de flamencos de chile como son la parina grande, parina chilena y flamenco de james“.

Además, el directivo, agrega que: “La fauna silvestre se estructura principalmente en torno de los espejos de agua de los salares y lagunas, y de la vegetación de los humedales andinos, producidos por afloramientos de agua o meandros de los ríos. El salar de Maricunga y la laguna Santa Rosa, son áreas de concentración, alimentación y/o nidificación  de las tres especies de flamencos chilenos, Phoenicopterus chilensis, Phoenicoparrus andinus y Phoenicoparrus jamesi”.

Según explicó la empresa se detectaron algunas especies de reptiles en las cercanías de las faenas, los cuales serán reubicados. También se explicó en la consulta ciudadana que realizaron un estudio del comportamiento de la fauna correspondiente a un año (cuatro estaciones). Lapso de tiempo que generó suspicacias entre los asistentes, dado lo breve de la muestra.

Esta zona está declarada como uno de los 13 sitios Ramsar de Chile, categoría que quiere decir que tiene una importancia mundial por los servicios que presta para el funcionamiento de los ecosistemas de la Tierra. Se limpian las aguas y se mantiene la relación entre diversas especies. La empresa asegura que su estudio permite aseverar que el polígono protegido como sitio Ramsar no será afectado.

La preocupación ambiental

Sin embargo en los últimos años el sector ha sufrido importantes deterioros producto de la minería. El caso más emblemático es el del 2016, La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) sancionó con la clausura definitiva de sus faenas de extracción de agua a la minera Kinrross, esto por secar 70 hectáreas del humedal de Valle Ancho, que es parte del complejo hídrico del sector.

Este año además se conoció la denuncia del Ministerio de Medio Ambiente que acusó a la estatal CODELCO de extraer agua en el humedal de Calle Larga, secándolo por completo en Diego de Almagro. Antecedentes frescos que muestran lo delicado que es este sector de la Puna de Atacama ante el trabajo de la minería.

Hasta ahora CONAF sólo tiene relación con el proyecto mediante un Comité Técnico Intersectorial del Sitio Ramsar Complejo Lacustre Laguna del Negro Francisco – Laguna Santa Rosa, el cual este año no ha sesionado, y se espera que tenga una reunión en el último trimestre del 2018.

“Este comité, tiene entre sus principales objetivos el monitoreo de aquellas variables biológicas ambientales críticas del sitio, el cual es implementado por los diversos servicios públicos que integran dicho comité, como Seremi Medio Ambiente, CONAF, SAG, DGA, entre otros”, explica Héctor Soto Vera.

En otras palabras, los organismos técnicos que deben vigilar el sector no han recibido de forma oficial, los aspectos principales del proyecto. Desde el SEA explicaron en la consulta que algunos servicios ven desde nivel central el tema.

El geógrafo Rodrigo Arcos, fue crítico de la exposición de la empresa sobre el temá hídrico, señalando que “lo que nos acaban de explicar evidentemente produce un desequilibrio, hablan de una información estadística disponible, pero yo creo que todos vimos que no manejan información detallada de cómo va a reaccionar la cuenca, y nosotros supimos ya que la extracción de agua de una minera provocó cambios drásticos en la Laguna Santa Rosa. Me parece preocupante que haya una exposición tan pobre, sobre todo considerando que esto marca el precedente para nuevos estudios de proyectos de extracción de litio”.

Su preocupación principal está en que si bien el modelo de estudio considera los derechos que existen asignados en los acuíferos de Piedra Pómez y Ciénaga Redonda, en la práctica son muchas las variables que influyen en el sistema hídrico para que no se vea realmente afectado.

Múltiples variables

Por otro lado el sector del turismo no ve con buenos ojos este proyecto que además de poner en jaque la existencia de la Laguna Santa Rosa; también se afectará paisajísticamente uno de los principales atractivos turísticos de Atacama. Algo evidente.

Este tema preocupa a los emprendedores turísticos del sector. Hay que considerar que en la Laguna Santa Rosa existe una concesión turística de alojamiento y que los turistas de mayor poder adquisitivo ponen a la cordillera atacameña como sus prioridades a la hora de visitar el desierto.

Por otro lado existe la componente cultural. Mientras el proyecto declara tener conocimiento de algunos vestigios que están salvaguardados, desde la parte arqueológica, en lo social, la comunidad colla Paiote realizó una declaración pública donde acusan no haber sido considerados como habitantes y usuarios ancestrales del sector.

“El proyecto está muy mal. Lo revisamos en el sistema porque no contempla al medio humano, a nosotros como comunidad nos dejó fuera.“, explica Ercilia Araya, vocera de la comunidad colla Paiote.

Revisa aquí la Declaración de la Comunidad Paiote

“Nosotros le decíamos a la señorita que expuso que del dicho al hecho hay mucho trecho. Ellos nos exponen de que hay medidas contempladas que son muy bonitas, pero ya nos pasó que Kinrross nos secó los humedales donde llevamos a pastar nuestro ganado”, sentencia la dirigente indígena.

Por ahora se puede ingresar al sitio del Servicio de Evaluación Ambiental para conocer más detalles del proyecto y tanto personas naturales como jurídicas pueden presentar sus observaciones, aportar con nuevos antecedentes e informarse de este proyecto que intervendrá un sector icónico de la región.

Fuente:http://www.revistatierracultah.cl/?p=11609

La minería llevó a Antofagasta a tener un ingreso per cápita que casi dobla al del país (36,000 dólares anuales versus 20,000) y es también uno de los factores que ha llevado a su población a tener  menos de esperanza de vida que la media. La contaminación por metales pesados persigue desde hace décadas a la ciudad  que paga con creces los costos de ser la capital minera de Chile, el primer productor mundial de cobre: la mortalidad por cáncer de pulmón duplica a la media nacional (34.7 casos cada 100,000 habitantes versus el 16.1), con una alta incidencia también de cáncer de vejiga y piel.

“No es normal que todos se mueran de cáncer”, se lamenta Jaqueline Jiménez, una activista que decidió denunciar la contaminación ambiental en Antofagasta, la región con mayor índice de cáncer del país tras convivir por décadas con la contaminación por metales.

En los años 60 la ciudad vivió una grave emergencia por los altos niveles de arsénico en sus aguas, y en 1998 otra por los elevados índices de plomo en niños que vivían cerca del ferrocarril hacia Bolivia. Hoy lo que preocupa es el denso polvo negro que cubre gran parte del borde costero de una ciudad que en paralelo disfruta los beneficios de albergar a gigantes de la minería como BHP Billiton o la estatal Codelco. Se trata de un polvo espeso, que cuesta retirar de las superficies y que el viento costero expande por toda esta ciudad ubicada a unos 1,200 km al norte de Santiago y que un estudio del Instituto de Salud Pública determinó que contenía al menos 16 metales distintos y en el que  la filial de Antofagasta del Colegio Médico encontró “contenidos totales de arsénico, cadmio, zinc, cromo, cobre, plomo y manganeso que sobrepasan largamente las normas chilenas”.

“Los científicos consideran que en la zona de Antofagasta se está haciendo una experimentación biológica al tener a la población expuesta a estos niveles de contaminación”, alerta Aliro Bolados, presidente del Colegio Médico en Antofagasta. “Es toda una generación que tiene todas estas cosas y que hace que a pesar de que son los que tienen el mayor ingreso per cápita tienen la menor sobrevida en Chile”, explica.

La grave exposición al arsénico entre 1958 y 1971 -cuando en el agua potable superó 86 veces la norma- es hasta ahora el único factor comprobado que explica el incremento del cáncer y otras enfermedades cardiovasculares en la región. Especial preocupación hay sobre unas 16,000 personas que nacieron antes de 1970 y que tuvieron una alta exposición temprana al arsénico. Hoy, con 40 ó 50 años, y en su mayoría siendo grandes fumadores, tienen un alto riesgo de padecer cáncer, según las investigaciones de Catterina Ferreccio, subdirectora del Centro de Estudios Avanzados de Enfermedades Crónicas, Epidemiología y Cáncer de Chile.

El grupo Luksic, que ocupa unas 10 hectáreas en el centro de la ciudad, en los últimos 14 años ha transferido 35 millones de toneladas de carga. Pese a que suscribió un Acuerdo de Producción Limpia, en octubre la justicia lo condenó por contaminación y lo multó con 1.3 millones de dólares, ordenándole, además, limpiar la zona aledaña al puerto. Pero no cesó sus funciones.

“Prefieren sacrificar Antofagasta y evitar que Chile deje de ganar dinero”, dice Ricardo Díaz, del movimiento Este Polvo te Mata, que exige trasladar el puerto a una zona alejada de la ciudad.

Pese a la comprobada presencia de metales pesados en este polvo, las autoridades llamaron a la calma, afirmando que las poblaciones más expuestas tienen niveles de contaminación bajo la norma, ya que al tratarse de metales pesados no es respirable y debe ingerirse para una intoxicación.

A fines de 2015, a 243 niños de jardines infantiles y colegios cercanos al puerto se les midió el nivel de plomo en sangre. El 99.2% arrojó valores bajo los 5 ug/dl (microgramos en decilitro de sangre), en línea con recomendaciones internacionales.

Pero el Colegio Médico de Antofagasta cuestionó los resultados y exigió nuevas mediciones sobre metales acumulados. Desconfiada de los resultados oficiales, Jaqueline Jiménez le realizó exámenes de pelo en el extranjero a sus hijos, que arrojaron altas concentraciones de metales.

Intervenciones en sitios arqueológicos, camino tropero y afectación a la flora y fauna, son algunos de los daños producidos por la minera transnacional Río Tinto en la construcción del camino para el proyecto minero “Trinidad” en el sector de Millune, Belén, comuna de Putre, Región de Arica y Parinacota.

Así lo denuncia la comunidad de belén, quienes, en una visita al sector, realizaron una inspección a los trabajos que la minera desarrolla con el fin de llevar a cabo sondajes que, según información entregada por la empresa, se realizarían en agosto y septiembre de 2018.

De acuerdo a la comunidad, el camino minero atraviesa un asentamiento arqueológico, cercanías de antiguas habitaciones circulares, provocando un daño irreparable al patrimonio del pueblo.

Además, ocupa parte del camino tropero que une a Belén con Lupica, donde las y los antepasados se trasladaban en mulares o caballares con ganado ya sea para el pastoreo como comercio, lo que demuestra que no son “terrenos abiertos e incultos” como señala la empresa en las cartas que hizo llegar a la comunidad al consultarle por el proyecto.

Denuncian también que el camino al sondaje ha obstruido bajadas de agua, cortando el curso natural de las quebradillas, donde se evidencia que se pasa a llevar vegetación nativa y plantas medicinales como la quela quela, visibles a simple vista alrededor del camino.

“Estas intervenciones no sólo ponen en riesgo nuestra flora como patrimonio natural, sino que también nuestra fauna nativa, ya que la presencia constante del hombre y el ruido de las maquinarias han espantado a los animales silvestres propios del lugar como: zorros, perdices, tarukas, águilas y cóndores que viven en las cumbres de los cerros del sector, por nombrar algunos”, declaran en el reporte que la comunidad realizó, documento que será enviado organismos nacionales e internacionales con el fin denunciar el daño que la minera está produciendo, lo que califican como “un claro atropello a nuestros justos derechos como pueblo originario, dueños ancestrales de este territorio”.

Respecto al daño ambiental, el presidente del Comité Patrimonial de Belén, Edgardo Colque recalcó que “Belén se encuentra movilizado” y califica que la intervención de la minera “demuestra que no tiene respeto con los pueblos originarios, con nuestra naturaleza viva”, agregó.

“Belén dice no a la minería, para eso tenemos el respaldo del Convenio 169 de la OIT que en sus artículos siete, trece y catorce dice relación que el Estado debe salvaguardar los derechos de los pueblos, y conservar sus tierras y aguas de acuerdo a sus costumbres, esto ha sido complementado con la Declaración ONU sobre Derecho Humanos de los Pueblos Indígenas, en este caso Río Tinto ocasionó un tremendo daño al patrimonio de Belén”, sentenció el dirigente.

En tanto, Haylen Chang Cutipa, vocera del movimiento “Belén dice NO a la minería”, indicó que la llegada de la transnacional ha dividido al pueblo, generando expectativas laborales futuras que son inciertas. Sobre la afectación en los territorios donde se levanta el camino que usará la empresa para sus faenas de sondajes, explicó que “hay evidencia que el territorio intervenido ha sido de uso y propiedad del pueblo de Belén desde tiempo inmemoriales, por lo que no descansaremos hasta que nuestros derechos y decisión desarrollo, sean respetados”.

Masiva movilización

Cabe mencionar que el 21 de julio de 2018 la comunidad de Belén organizó y convocó a una masiva movilización en Arica donde llegaron hasta 500 personas aproximadamente, del pueblo de Belén, Socoroma, Putre, Saxamar, Chapiquiña, Lupica, Zapahuira, Guallatire, Caquena, Codpa, Pachica, comuna General Lagos, Azapa, Lluta. De Tarapacá de las localidades de: Miñe Miñe, Chiapa, Camiña.  Además, se sumaron activistas ambientales, feministas, estudiantes, medios de comunicación y ciudadanía en general que participaron, bajo la observación en terreno del INDH.

Además, la comunidad ha sostenido reuniones con parlamentarios de la Región y enviado cartas a diferentes instituciones nacionales e internacionales, junto con visitas al sector.

Fuente:http://programa-ayni.blogspot.com/

No queremos dejar pasar referirnos a dos publicaciones que leímos hace algunos días sobre la controversia acerca del Parque Nacional Patagonia.

La primera es una de esas notas emitidas seguramente desde la municipalidad de Chile Chico (“Vecinos validan consulta ciudadana sobre Parque Patagonia”) y la cual concluye diciendo que “continuarán trabajando y realizando gestiones por otros temas, por un bien común, no de forma mezquina y egoísta”.

En otras palabras: quienes objetan la consulta e insisten en estar a favor del parque serían mezquinos, egoístas y están contra el bien común. La otra, es una columna de Felipe Candia “Pensemos en Colores” en la cual opina que la controversia del parque es minería vs. turismo, que ambas actividades tienen sus contras (el turismo ocasionó los incendios en el Parque Nacional Torres del Paine) y que la disyuntiva no es blanco o negro ya que, entre otros, la industria minera tiene la posibilidad de hacer un cambio de paradigma “creando valor compartido”. Este columnista no deber ser el único en pensar de esa forma.

Por cierto que la controversia no es blanco/ negro, por más que a algunos esto les resulte más fácil. Para nosotros tampoco es una cuestión de quien se queda con la infantil Aisenia para abusar de ella, empresas de turismo o mineras. O sea, la prostitución económica, sacrificio, de un territorio, violento lenguaje y forma de pensar que parece ser lo único que se entiende en una sociedad del modelo neoliberal. Para nosotros el asunto es más profundo que eso. Cuando sabemos que los humanos estamos arrasando con la vida sobre el planeta, consiguiendo hasta que éste se haya enfermado, que los científicos nos adviertan que estamos cerca de un efecto invernadero irreversible con terribles consecuencias  y que nos estamos sobregirando en el abuso de los recursos ¿podemos insistir en el suicidio colectivo? Cuando sabemos que la vida es más valiosa que el oro y que más importante que algunos intereses particulares es el bien común, o sea lo que es de todos y para todos ¿Podemos seguir con más de lo mismo? Y en el caso del Parque Nacional Patagonia, se trata de un bien común nacional de propiedad de todos los chilenos, los de ahora y los del futuro, para restaurar la vida natural y cuidar el valiosísimo patrimonio natural y cultural que ahí existe y del cual recién estamos tomando conocimiento. De hecho, los chilenos incluso nos hemos dado leyes para proteger esos sitios patrimoniales, pero parecen ser insuficientes y además es necesario proteger sus inmediaciones y prevenir daños en aquellos aún por descubrir. De hecho, en esos lugares patrimoniales protegidos se han estado realizando prospecciones mineras y son esos lugares los que se pretende sacar del parque para beneficio de intereses particulares. Entonces ¿somos nosotros, quienes defendemos la vida, el patrimonio nacional y el bien común, los “mezquinos, egoístas y que no nos importa el bien común”? Francamente nos parece que quien piensa y escribe eso está en el mundo al revés o está desinformando de forma grotesca. Digno aprendiz de Goebels.

Ahora, en cuanto al turismo, lo vemos como posibilidad de actividad económica no consuntiva comunitaria, y no la única, asociada al parque. Y está claro que no siempre se hace bien, aunque también de que es más fácil que sea sustentable que las actividades consuntivas de recursos. Y respecto a Torres del Paine, ese es un buen ejemplo de lugar donado por un particular extranjero al estado de Chile para crear un parque nacional, donde en su momento los ganaderos lugareños  también se opusieron y donde actualmente casi todos viven del turismo. ¡Vaya a Natales a constatarlo! Y eso llevado a varios extremos, como la sobrecarga del parque y problemas consecuentes. Aparte de que el Estado chileno gusta de recibir los beneficios económicos de las áreas protegidas, pero le cuesta invertir en ellas, entre otras, para evitar incendios. Y Torres del Paine no es el único lugar con ese riesgo. A propósito,  el sospechoso incendio de hace algunos años en el Valle Chacabuco, justo cuando estaba ahí Tompkins y el ex-presidente Lagos, que se sepa, no fue ocasionado por turistas.

Y en cuanto a la minería del paradigma “del valor compartido”, si bien hay mineras mas responsables y menos egoístas que otras, esta es una actividad consuntiva de recursos no renovables que es bastante difícil que sea sustentable. El más histórico ejemplo en nuestro país es el del salitre. Menos aún cuando acá prevalece una cultura minera a la antigua, donde sus políticos dejan que las transnacionales se lleven casi todo a cambio de algunos empleos y migajas.  En todo caso, ni Laguna Gold –El Toqui, ni Mandalay Resources – Cerrro Bayo, ni Equus Mining –Southern Gold, han mostrado algún mínimo intento siquiera de ser parte de algún nuevo paradigma de minería algo mas sustentable.

Fuente:http://www.eldivisadero.cl/redac-49131

La empresa Biolantanido proyecta explotar 500 mil hectáreas en la región del Bío-Bío. La experiencia de China es crítica por los profundos daños ambientales que han producido estas faenas. El alcalde de Penco, Víctor Hugo Figueroa dice que Minera Activa propone un modelo limpio con cero impacto para el medioambiente.

Tras la decisión anunciada por la ministra de Medio Ambiente de Chile, Marcela Cubillos, de retirar el respaldo al proyecto de ley de glaciares de Bachelet, la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares no lamentaron su baja ya que se había convertido en una iniciativa que protegía la inversión y la minería en lugar de priorizar los glaciares. El gobierno actual promueve una norma de protección a través de instrumentos generales, incluyéndolos en el proyecto de ley de creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, lo que no garantiza que resuelva la inseguridad hídrica que sufre el país.

La Cámara de Diputados votará el proyecto de ley que modifica el Código de Aguas para impedir el aprovechamiento en los glaciares. Esto, en medio de la polémica por el retiro del apoyo del Gobierno a la iniciativa original de protección de glaciares de la administración de Bachelet.

Los parlamentarios ya habían manifestado sus molestias durante el pasado 3 de julio, cuando no se alcanzó a tramitar el proyecto debido al alto número de expositores. Ese día, diputados acusaron a la minería de presionar para abortar la propuesta ingresada por el Gobierno anterior, tramitada durante cuatro años en la Cámara Baja.

La ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, explicó que en La Moneda no están a favor de aprobar leyes específicas para salvaguardar ecosistemas fundamentales, sino a través de los instrumentos de conservación establecidos por el proyecto de Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. La decisión fue cuestionada por algunos y aplaudida por otros: por ejemplo, la directora de Chile Sustentable, Sara Larraín apuntó a la presión de la industria minera y señaló que seguirá “agravando la inseguridad hídrica que enfrenta el país”.

También se sumaron los parlamentarios a los cuestionamientos: “No hay ciudad de Chile que no esté asentada a orillas de un río o en un cuerpo de agua alimentado por glaciares. Si se destruyen los glaciares desaparecen varias ciudades, por eso el gobierno se equivoca cuando protege intereses económicos como la minería por sobre los glaciares”, sostuvo el diputado ecologista Félix González.

“No puede ser que el Ministerio de Medio Ambiente permanentemente esté siendo presionado para poder tener una visión mucho más laxa, mucho más flexible, en relación a los recursos naturales, y el Ministerio de Hacienda como el Ministerio de Economía permanentemente estén presionando en lo que tiene que ver con nuestros recursos naturales, que además es una visión cortoplacista y poco inteligente”, alegó la diputada Alejandra Sepúlveda.

Sin embargo, no todos comparten la misma visión sobre el proyecto fallido de Bachelet: de hecho, una buena parte de las organizaciones ambientales celebra su término, asegurando que la iniciativa nunca reflejó un interés real por la protección de los glaciares.

Desde la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares, su vocera Stefanía Vega, explicó por qué celebraron el retiro del apoyo al proyecto presentado por la administración interior.

“Lo que pasa es que el proyecto tenía ciertas carencias que eran bastante importantes. Su historia de tramitación nos remitía a un proyecto que en general parecía bueno. Sin embargo, posteriormente, el gobierno de Bachelet, por medio del Ministerio de Medio Ambiente comienzan a ingresar ciertas indicaciones que, en lugar de mejorar el proyecto, comenzaron a convertirlo en una iniciativa que protegía la inversión y la minería”, sostuvo la activista.

Además, explicó que el proyecto de Bachelet constaba de una definición de glaciar “muy pobre, donde no se consideran aspectos importantes que finalmente son los que permiten que un glaciar se sostenga y se mantenga como tal”.

A la vez, Vega aseguró que la idea de prohibición del proyecto era bastante escueta. Por ejemplo, hablaba de proteger mil metros ladera abajo después de un glaciar: “Mil metros es nada. Los enemigos de los glaciares, lejos del cambio climático, es la minería, que levantan mucho polvo y ese polvo vuela, hasta llegar a los glaciares y hacer que su derretimiento ocurra mucho más pronto”, argumentó.

Desde la coordinadora que reúne a varias organizaciones de todo el territorio en defensa de los glaciares, Vega recordó que el proyecto presentado por el pasado Gobierno primero consideraba dentro de su protección la idea de zonas vírgenes, pese a que en Chile no hay glaciares en ninguna zona de tal categoría.

“Además son muy pocos los glaciares que están dentro de parques y reservas nacionales. En el norte la gran mayoría está fuera”, añadió la activista, cuestionando también el concepto de reserva estratégica, “donde los glaciares tenían que entrar en una suerte de concurso para demostrar volumen, tamaño y porcentaje de agua para ser considerado como tal. Todos los glaciares debieron ser considerados reserva estratégica”.

Además, cualquier persona podría cuestionar el carácter de reserva estratégica del glaciar: “No era un proyecto para la protección de los glaciares, sino para la protección minera. Para este proyecto y cada una de las indicaciones que se discutieron, los principales invitados fueron el Consejo Minero y Codelco. Las comunidades logramos ingresar pero porque lo exigimos”, enfatizó Stefanía.

A juicio de los activistas, para avanzar y garantizar una real protección de los glaciares es necesario proteger de forma integral a los sistemas de alta montaña, ya que de ese modo se protege todo el ambiente que posibilita la vida de un glaciar o de un conjunto de glaciares.

Respecto a la postura del actual Gobierno, Vega recalcó que “sabemos que sus intenciones y las nuestras son diferentes. Celebramos que lo hayan bajado porque era un mal proyecto”.

En la Cámara de Diputados se votará la iniciativa que impide la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas sobre los glaciares. Sobre esto, los activistas opinan que se trata de un gesto valorable, pero que nuevamente cae en el mismo error: “Entregan una definición de glaciar que nuevamente es muy pobre y que probablemente sea así porque no existe una ley de glaciares que hable de ello. Nosotros apostamos porque se logre instalar una definición más completa para entregarles una real protección. Son territorios que habitamos y estamos próximos a las cuencas y también porque como país tenemos una responsabilidad, teniendo el 90% de los glaciares de América en contexto de cambio climático”, cerró.

La propuesta abordada hoy por los parlamentarios reconoce a los glaciares como parte del ciclo hidrológico de las aguas y prohíbe toda actividad que genere “impacto significativo o daño irreversible” sobre ellos.

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/chile/item/41803-la-manipulacion-de-una-norma-para-proteger-los-glaciares-en-chile