Ejecutivos de Minera Los Pelambres, tal como lo diéramos a conocer a través de Davidnoticias.cl, expusieron los fundamentos técnicos del proyecto que busca su eventual factibilidad a través de sondajes previos en el sector de Millahue Sur.

La información que fue canalizada través de este medio, provocó revuelo en diferentes organizaciones sociales y ambientalistas, que llegaron a la sesión del Concejo Municipal de Canela para estar presentes y escuchar los planteamientos de la Compañía Minera.

En la reunión equipos técnicos de la minera expusieron por cerca de 7 minutos para dar paso luego a diversas intervenciones de los dirigentes.

En general quedó claro en la asamblea el rechazo al proyecto, según concordaron en señalar expresamente en el encuentro, al mismo tiempo que el alcalde Bernardo Leyton con el Concejo en pleno, manifestó su compromiso de apoyar las inquietudes de la gente con la finalidad de hacer prevalecer ante todo la calidad de vida de las comunidades.

Concluido la sesión, un grupo de manifestantes de Huentelauquén Sur se tomaron la ruta 5 Norte a la altura de esta localidad de la comuna de Canela, manteniéndose cortado el tránsito en ambos sentidos en los momentos en que se dialogaba con Carabineros, provocándose una congestión vehicular por varios kilómetros.

Finalmente la toma fue depuesta pacíficamente a las 22:30 horas tras el diálogo de los manifestantes con el Gobernador de Choapa, Juan Pablo Galvez, quien llegó al lugar. Se procedió a la firma de una carta compromiso ante los manifestantes para conformar una mesa de trabajo con participación ciudadana con una primera reunión fijada para este jueves 7 de enero a las 19 horas en Huntelauquén Sur.

https://www.davidnoticias.cl/2019/02/05/se-toman-ruta-5-norte-rechazo-proyecto-tranque-relaves-huentelauquen/

08 de agosto de 2012, Minera Valle Central, ubicada en Requinoa, VI Region, dedicada a la extracción de relaves y recuperacion de cobre y molibdeno. Foto: Juan Carlos Recabal Diaz / MCH

A fin de año la autoridad espera fijar la obligación de monitorear los 101 tranques que están activos y generar alertas tempranas, para evitar una tragedia como la de hace unos días en Brasil. Inicialmente se estima que a la industria esto podría llegar a costarle hasta US$ 900 millones.

Chile, Negocios e industria
Publicado el 4 de febrero del 2019
Enviar por email Imprimir Suscribirse a newsletter Notas al editor
(El Mercurio) Con el ritmo actual de producción minera en Chile, cada 36 horas se depositan relaves equivalentes a un cerro Santa Lucía. Un volumen anual de 600 millones de toneladas -estimado con datos a 2014- ubica al país como el tercer mayor acumulador de estos desechos tras China y Estados Unidos. La proyección de incremento de la producción podría implicar que a 2035 la cantidad de relaves se duplique.

Este aumento que es inevitable preocupa a mineras y autoridades porque además se da en un ambiente de rechazo creciente por parte de las comunidades a este tipo de depósitos. El daño que podría provocar el colapso de una de estas estructuras alimenta los temores y la suspicacia. Tragedias recientes, como la de la mina de cobre Mount Polley en Canadá el 2014 -donde el vertimiento afectó severamente a dos lagos- o la de un año después en Brasil, donde la liberación de material residual de hierro de una operación de la minera Samarco (BHP y Vale) en el distrito de Mariana cobró 19 víctimas, en nada ayudan a mejorar la percepción social, pese a que la minería a nivel global resintió el impacto de estos sucesos. Las compañías revisaron sus tranques y contrataron asesorías para mejorar sus estándares de manejo y monitoreo de seguridad, comenta el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández.

De más está decir que el colapso hace unos días de otra instalación ligada a la brasileña Vale, el tranque Brumadinho, en Belo Horizonte, pone una nueva cuota de incertidumbre.

Como principal productor de cobre, Chile no se quedó al margen. Empresas de la gran minería en forma individual y en conjunto con entidades como la Fundación Chile, el programa Alta Ley o Corfo tienen planes para elevar y en alguna medida estandarizar sus sistemas de seguridad y alerta ante este tipo de emergencias. Lo complejo es que estas iniciativas apuntan a los 101 tranques que están activos, lo que representa solo el 14% de un total de 740.

Pese a que entre los 639 depósitos restantes que están inactivos (469) y abandonados (170) están los que potencialmente podrían ser más riesgosos, hasta ahora es poco lo que se ha hecho. Con esto en mente, el año pasado el Ministerio de Minería lanzó una iniciativa para agrupar en una política nacional todas las acciones en materia de relaves que están en ejecución para, eventualmente, en el mediano y largo plazo tratar de aplicarlas a todos los depósitos, sin importar su estado.

El ministerio sacará al mercado los relaves abandonados
Un primer paso fue identificar que entre los relaves abandonados, es decir, los que no tienen propietario identificado, hay 37 -distribuidos entre las regiones de Tarapacá y Valparaíso- que según explica el subsecretario de Minería, Pablo Terrazas, revisten “a lo menos un riesgo significativo” para la salud y seguridad de las personas, el medio ambiente y actividades económicas, ya sea porque están muy cerca de zonas pobladas, son muy antiguos o evidencian inestabilidad (ver mapa).

El Gobierno está caracterizando estos depósitos, lo que implica establecer su nivel de riesgo, ubicar a sus dueños, aclarar su estatus de permisos y determinar el volumen y los minerales que contienen. En paralelo, dice Terrazas, preparan cambios normativos para elevar las atribuciones de la autoridad para exigir a los propietarios que se hagan cargo de sus desechos y los contengan. Para esto se considera, incluso, la vía judicial a través del Consejo de Defensa del Estado.

El ajuste en evaluación permitiría también que el Estado pueda “poner en el mercado” los relaves que definitivamente no tienen dueño identificado. Esto implica, por ejemplo, simplificar los permisos para el traspaso o el traslado de estos materiales.

Esta última es la parte más novedosa del plan, añade el subsecretario, porque todas las ideas que se han planteado para remediar estos pasivos ambientales han chocado con la falta de recursos públicos. Esto será diferente ahora, dice Terrazas, porque el plan es que sean los privados quienes financien esta limpieza, reprocesando los relaves para sacar los metales que contienen y trasladando lo que quede a depósitos que cuenten con permisos.

La otra alternativa, para la que ya habría dos importantes mineras disponibles, es una fórmula al alero del Sistema de Evaluación Ambiental que permitirá a las empresas que tramiten proyectos compensar parte de sus emisiones por la vía de remediar algún relave abandonado que esté en la misma región del proyecto. Tras varias prórrogas, el convenio entre el ministerio y el Servicio de Evaluación Ambiental se firmaría en marzo, y ahí se liberarían las guías que establecerán las equivalencias entre emisiones y volúmenes de relaves.

“Este sistema no implica una carga mayor de recursos para la industria, porque se sustituyen otras compensaciones que se han vuelto más complejas, como la compra de terrenos para hacer reservas naturales, pero tampoco será un costo mayor para el Estado”, asegura Terrazas y añade que no fijarán de antemano lo que las empresas podrán hacer con estos relaves, sino que “dependerá mucho de la creatividad o de las distintas fórmulas que desarrollen las empresas”.

El presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, dice que la industria rescata el espíritu de estas propuestas con miras a avanzar hacia el mejoramiento continuo en materia de relaves. “Estamos disponibles para trabajar en conjunto”, adelanta, mientras que el titular de la Sonami asegura que la opción de remediar relaves abandonados como forma de compensación para proyectos nuevos “puede ser una iniciativa inteligente”, aunque plantea que no en todos los casos será posible reprocesar o dar otro uso a los desechos, y ahí es importante que entre las alternativas se considere el financiamiento de obras para estabilizar los tranques y habilitar monitoreo para reducir el riesgo asociado.

Programa piloto para futura norma de monitoreo costó casi US$ 10 millones
Otro de los ejes de la Política Nacional de Relaves es hacer obligatorio el monitoreo de la estabilidad física y química de los tranques y el acceso de la población a esos datos, para lo cual se realizará una nueva modificación al decreto que hace cuatro décadas regula la construcción de estos tranques.

La normativa surgió tras el colapso de seis tranques de relaves producto del terremoto de magnitud 7,4 Richter que en 1965 tuvo epicentro en La Ligua. El vertimiento provocó la muerte de 200 personas. Entre ese año y 2010 el país tuvo diez episodios. El último fue en El Maule y dejó cuatro muertos.

La base de este plan de medición e información es el denominado “programa Tranque”, iniciativa diseñada por la Fundación Chile con la colaboración de empresas, organismos públicos y otras entidades especialistas del sector, y funciona a partir de una plataforma centralizada que dependerá del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y recibirá la información, que será procesada para mejorar y agilizar las decisiones de operación y la reacción ante eventuales emergencias, explica Cecilia Vidal, subdirectora del programa.

El piloto de la iniciativa está en el tranque de relaves El Mauro de la mina Los Pelambres, faena propiedad de Antofagasta Minerals, el brazo minero del grupo Luksic. Se optó por este depósito, porque ya contaba con instalaciones adecuadas para estos fines.

Según datos del Ministerio de Minería, la habilitación de este sistema tuvo un costo cercano a los US$ 10 millones. Si se considera que, según Cecilia Vidal, solo 23 de los tranques de relaves activos tendrían instrumentos de un nivel más desarrollado, porque pertenecen a faenas de la gran minería, en un escenario de obligatoriedad la inversión para instalar este tipo de monitoreo en los 101 depósitos que están activos podría acercarse a los US$ 900 millones, de acuerdo con estimaciones iniciales de la industria.El subsecretario Terrazas agrega que estas pruebas en condiciones y escala real tomarán todo este año e irán a la par del ajuste normativo que preparan.

Entre 1965 y 2010 hubo 10 accidentes de tranques de relaves en el país. Seis fueron consecuencia del terremoto de 1965. Después de eso la construcción de estas estructuras se reguló.

http://www.mch.cl/2019/02/04/gobierno-detecta-37-relaves-mineros-abandonados-presentan-peligro-la-poblacion-ambiente/

El Ministerio de Bienes Nacionales explicó la redefinición de límites del Parque Nacional Patagonia, en la Región de Aysén, luego que se denunciara la reducción en casi 5.000 hectáreas de su territorio, a favor de la empresa australiana Equus Mining, que sondea yacimiento de oro y plata en la zona.

De acuerdo a un comunicado, antes de dejar su cargo como Presidenta, Michelle Bacheletfirmó el decreto que creaba el parque de 302.335 hectáreas, pero dejó en su interior terrenos particulares que se habían considerado como fiscales.

Además, la cartera aclaró que la superficie del parque, tras la decisión del Consejo de Ministros realizado en octubre de 2018, creció en 2.192 hectáreas si se compara con lo aprobado en el gobierno anterior en 2017, llegando a 304.527,75 hectáreas.

El Ministerio de Bienes Nacionales detalló que «se trabajó también en responder a las necesidades productivas de la zona y la incorporación de terrenos fiscales que no habían sido considerados en la propuesta anterior».

Al respecto, el jefe de la cartera, Felipe Ward, afirmó que «heredamos un problema y por ello tuvimos que sentarnos a redefinir los límites del parque. Tuvimos que excluir propiedad privada que había sido incluida erróneamente y aun así logramos que la cantidad de hectáreas protegidas sea mayor».

El citado proyecto de exploración estaría a cargo de la división sudamericana de Equus Mining, Southern Gold, compañía que no se ha referido a la supuesta entrega de terrenos, publicada por el medio digital Interferencia.

Aunque el propio Ward, a través de Twitter, calificó como «fake news» el reportaje, la nota de prensa del ministerio no hace mención alguna a estas cerca de 5.000 hectáreas cuestionadas.

Fuente:https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-aysen/gobierno-apunta-a-administracion-bachelet-por-parque-nacional-patagonia/2019-01-29/125829.html

El Servicio de Evaluación Ambiental resolvió iniciar el procedimiento de invalidación administrativa de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del “Proyecto Minero Quebrada Blanca Fase 2”. Ahora la compañía tiene un plazo de diez días hábiles para que se pronuncie respecto de la solicitud de invalidación presentada.

Cotinuar leyendo está noticia en el siguiente link:https://www.elmostrador.cl/mercados/2019/01/29/sea-invalida-proyecto-quebrada-blanca-de-minera-teck-tras-alegato-de-comunidades-indigenas-en-tarapaca/

El gobierno redujo en casi 5 mil hectáreas la superficie de la red de protección, que fue impulsada por el gobierno de Michelle Bachelet, para beneficiar a la empresa australiana Equus Mining.

Nuevamente un caso ambiental involucra al gobierno de Sebastián Piñera luego de que se diera a conocer que parte de los terrenos del Parque Nacional Patagonia fueron entregados a una minera australiana.

Se trata del proyecto minero Los Domos que pertenece a la empresa australiana Equus Mining, que se está impulsando a través de su división sudamericana Southern Gold, según consigna Interferencia.

La determinación del ejecutivo va en contra de un decreto que ingresó a la Contraloría General de la República el gobierno de Michelle Bachelet, donde se promulgaba el Parque Nacional Patagonia en la región de Aysén como parte de la Red de Parques de la Patagonia en la que se establece la creación de tres nuevos parques, y la ampliación de las áreas de protección entre las regiones de Los Lagos y Magallanes.

El proyecto minero se comenzó a desarrollar el 2017 cuando se tramitaron las primeras autorizaciones de concesiones mineras en el Juzgado de Letras de Chile Chico. Se trata de 19 plataformas de perforación que cuentan con 12 concesiones mineras, que se encuentran ubicadas a 18 kilómetros al suroeste de Chile Chico y a casi 400 metros de la Reserva Nacional Jeinimeni.

Las reuniones entre la minera y las autoridades, registradas bajo la ley de lobby, comenzaron en octubre 2017, momento en que seguía Bachelet en el poder. Durante el gobierno de Sebastián Piñera, ya se han dado 3 encuentros, en el primero de ellos estuvo presente el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward.

“Se detectó, por parte del ministerio, la realización de actividad minera ilegal en terrenos fiscales al interior de la Reserva Nacional Lago Jeinimeni por parte de la empresa minera Equus Mining”, dijo el ex ministro.

En la instancia, además anunció que se coordinarían con el Consejo de Defensa del Estado para interponer las acciones judiciales que fueran pertinentes.

Frente a esto, en diciembre de 2018, representantes de la Corporación Privada Para El Desarrollo de Aysén, de la Agrupación Social y Cultural Aysén Reserva de Vida y de la Corporación Para El Desarrollo Sustentable del Lago General Carrera, denunciaron el proyecto ante la Superintendencia de Medio Ambiente por incumplimiento de la normativa ambiental.

“No cabe dudas que el proyecto en cuestión debió ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en aplicación de la letra p) del artículo 10 de la Ley número 19.300; ello por tratarse de un proyecto cuyas obras o actividades se desarrollan: a) Al interior de un Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad; b) al interior de una Zona de Interés Turístico; c) y, pese a existir controversia al respecto, a no más de 160 metros de los límites de la Reserva Nacional Lago Jeinimeni”, dice la denuncia.

Un nuevo antecedente tendría que ver con el número de plataformas de perforaciones que presenta la empresa. Si bien en su información oficial habla de 19 plataformas de perforación, se contradice con una presentación de uso personal que, en inglés, presenta el proyecto con 41 perforaciones hasta septiembre de 2018. En el artículo 3 del reglamento del SEIA se indica que se debe someter al sistema todos aquellos proyectos que consideren 40 o más plataformas.

Este dato será incorporado en la investigación que actualmente encabeza la Superintendencia de Medio Ambiente.

Hoy la batalla de los ayseninos es en contra de la actividad minera que, como el proyecto Los Domos, está llegando a la región sin que la ciudadanía se entere y preocupando al sector turístico. Bajo un lema casi idéntico al que crearon en el pasado, con la amenaza de Hidroaysén, marcharon en octubre de 2018 por las calles de Coyhaique, Cochrane, Puerto Cisnes y Puerto Río Tranquilo.

Un grupo de personas sostenía un cartel que decía: “El agua vale más que el oro. Patagonia sin mineras”.

Fuente:https://www.chileokulto.cl/estan-vendiendo-chile-al-mejor-postor-jugada-de-minera-australiana-logra-reducir-terrenos-de-parque-nacional-patagonia-lugar-rico-en-oro-y-plata/?cn-reloaded=1

Solo diez años nos quedan para salvar al mundo como lo conocemos y evitar sufrir peores impactos. La explotación de la Mina Invierno en Magallanes implica más carbón, por tanto, más aumento del nivel del mar, más sequías y más ciudadanos impactados innecesariamente. Es fundamental que el tema climático y energético esté abordado seriamente en los programas de Gobierno, incluyendo el apagón fósil y la transición justa para los trabajadores de ese sector, que deberán relocalizarse en trabajos vinculados al desarrollo de energías limpias. De otra manera, deberemos enfrentarnos a un dilema existencial: o actuamos urgentemente, teniendo en cuenta el mundo que dejamos, o empecemos a armar las valijas para dejarlo antes de lo previsto.

Naciones Unidas estableció el 28 de enero, como el día Mundial por la Reducción de Emisiones de Co2, como un recordatorio de uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad en el siglo XXI. El año que dejamos atrás estuvo marcado por eventos climáticos extremos como los incendios forestales en Grecia y California , olas de calor en Medio Oriente, inundaciones de Nigeria a Japón, o un súper tifón en Filipinas. Y Chile no se queda atrás. Según un estudio de la organización Germanwatch, está entre los 10 países más afectados por los impactos del cambio climático: mayores sequías, incendios forestales y riesgo por el aumento del nivel del mar.

Continuar esta noticia en el siguiente link: https://www.elmostrador.cl/destacado/2019/01/29/tronaduras-en-isla-riesco-en-el-ano-en-que-chile-sera-anfitrion-de-la-cumbre-climatica-el-gobierno-partio-fallando/

En la jornada de este miércoles, se registró la rotura de una cañería en instalaciones de Codelco Andina hacia el río Blanco, importante afluente del río Aconcagua. Efectivos de la PDI acudieron al lugar a realizar peritajes, al igual que personal del Sernageomin. Mientras tanto, la empresa distribuidora de agua en la zona, Esval, suspendió la utilización de agua del río para consumo humano hasta contar con datos de calidad de agua. 

Según indicó La Tercera citando un comunicado de la empresa, la rotura del ducto ocurrió en el kilómetro 15 de su recorrido “Advertidos estos hechos, se activaron los protocoles de emergencia de la empresa: se detuvieron inmediatamente las operaciones de dichas instalaciones hasta no tener la certeza de que pueda operar en condiciones seguras; se informó a las autoridades regionales; las comunidades cercanas y a los regantes de la zona” indicaron.

Fuente:https://resumen.cl/articulos/derrame-relaves-mineros-rio-blanco-provoco-emergencia-ambiental-los-andes/?fbclid=IwAR30UhGOFVmGL_l1wB41r97z3BoT38wh4tdSGNI70JAJgks-GLNk7Efh6ZA

El 7 de enero, la Superintendencia de Medio Ambiente, la autoridad chilena encargada de fiscalizar los permisos ambientales, aprobó el Plan de Cumplimiento (PDC) presentado por la empresa Sociedad Química y Minera de Chile Soquimich S.A (SQM), que busca compensar las infracciones ambientales que derivaron en un proceso sancionatorio en su contra. La empresa, que desde 1993, explota las reservas de litio en el salar de Atacama, al norte de Chile, había modificado, sin autorización, las variables que permiten la activación del Plan de Contingencia destinado a prevenir impactos ambientales producto de las actividades extractivas.

A esta infracción, considerada gravísima por la autoridad ambiental, se suman otras cinco entre las que destacan la extracción de salmuera por sobre lo permitido y la afectación progresiva de algarrobos, uno de los pocos árboles que sobreviven a las inclemencias del desierto.

El Plan de Cumplimiento fue criticado por representantes de las comunidades indígenas, por científicos expertos en el estudio de ecosistemas del desierto, por Albermarle, otra empresa minera que opera en el salar y por la Corporación de Fomento a la Producción (CORFO), la agencia de gobierno con la que SQM tiene el contrato para la explotación del litio. Sin embargo, cada uno de los argumentos presentados en contra del Plan de Cumplimiento fueron desestimados por la autoridad ambiental. Dicho plan fue aprobado y el proceso sancionatorio en contra de SQM detenido.

Alonso Barros, abogado representante de la comunidad indígena de Camar, aseguró a Mongabay Latam que apelarán ante la justicia.

La fragilidad del salar y las infracciones ambientales de SQM

El salar de Atacama, ubicado en el desierto que lleva el mismo nombre y el más seco del mundo, constituye un frágil sistema ecológico conformado por su área núcleo y por una serie de lagunas de agua dulce y bofedales que lo rodean.

Son los sistemas lacustres Soncor, Aguas de Quelana y Peine, declaradas sitio Ramsar, por ser hábitat de variadas aves acuáticas y el centro reproductivo de flamencos más importante del mundo. El flamenco Andino, el Chileno y el James son las tres especies que habitan este lugar estando el primero vulnerable y los otros dos cercanos a la amenaza, según la categorización de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

El sistema de vegetación Borde Este, que bordea el extremo oriente del salar, constituye la zona más sensible al recepcionar las aguas subterráneas y superficiales que vienen desde la Cordillera de los Andes y que confluyen en la cuenca del salar.

Es así como 18 comunidades indígenas han podido habitar, desde hace 6 mil años, esta zona del desierto, beneficiándose de los bofedales y de los acuíferos para el pastoreo de camélidos y el desarrollo de la agricultura.

SQM extrae, desde el núcleo del salar, 1700 lts/s de salmuera, agua con sal, rica en litio. A partir de ella obtiene sulfato de potasio, ácido bórico y cloruro de potasio. La producción de este último producto requiere de agua dulce por lo que SQM tiene, también, derechos de aprovechamiento de agua sobre cinco pozos en los bordes del salar.

Las aguas dulces de los sistemas lagunares y las salobres del salar interactúan por canales subterráneos conformando un mismo sistema hidrológico. Es por ello que “las extracciones de salmuera desde el salar pueden afectar las lagunas”, asegura Ingrid Garcés, investigadora de la Universidad de Antofagasta y doctora en ciencias geológicas.

Para evitar cualquier impacto ambiental, derivado de la operaciones de SQM, elpermiso con el que opera la empresa está sujeto a una serie de medidas, entre las que destaca la implementación de un Plan de Contingencia. Este, se activa cuando el nivel de las lagunas que bordean el salar alcanza cierto umbral. Para ello, el permiso otorgado a la empresa establece pozos de monitoreo y reglillas de observación para los sistemas Aguas de Quelana, Soncor, Peine y el sistema vegetación Borde Este. Cuando el umbral de dichos pozos llega al mínimo histórico registrado, se activa una alerta temprana para aumentar la frecuencia de monitoreo, a fin de anticipar un potencial efecto. En una segunda fase, se reduce el caudal de bombeo de salmuera y/o de agua dulce, según corresponda.

Pero en noviembre del 2016, la Superintendencia de Medio Ambiente inició un proceso sancionatorio en contra de SQM por haber, entre otras cosas, modificado sin autorización los niveles de activación del Plan de Contingencia. Según detalla el documento, se modificaron los pozos a monitorear, las cotas de terreno de los pozos de monitoreo y se alteraron los umbrales de activación de los niveles del Plan de Contingencia.

Además, el documento detalla que la empresa retiró dos pozos de monitoreo. Es decir, desactivó los indicadores de alerta.

Otras cinco infracciones ambientales fueron cometidas por la empresa. Entre ellas, se cuenta la extracción de salmuera por sobre lo autorizado, entre agosto del 2013 y agosto del 2015. La “afectación progresiva del estado de vitalidad de los algarrobos —uno de los pocos árboles que sobreviven a las extremas condiciones del desierto— sin suspender la operación del proyecto, ni alertar a las autoridades desde el año 2013 a la fecha”. Además, se le acusó de entregar información incompleta respecto a la extracción de agua dulce, niveles de pozos y formaciones vegetales, “lo que no permite contar con información de control trazable que permita una verificación de las variables” señala el documento de la Superintendencia.

El Plan de Cumplimiento

Para dar respuesta al proceso sancionatorio, SQM presentó a la Superintendencia de Medioambiente un plan de cumplimiento que busca reivindicar cada una de las infracciones y comprometerse a cumplir con el permiso que le fue otorgado.

Representantes legales de la comunidades indígenas y científicos manifestaron desde un principio sus reparos al plan de cumplimiento. Ello, debido principalmente a que la empresa, si bien reconoce las infracciones, niega que estas hayan podido provocar un efecto negativo al medioambiente.

Para demostrar que la manipulación de las variables del Plan de Contingencia no produjeron impactos en el medioambiente, la empresa realizó una evaluación retrospectiva de los niveles del acuífero, medidos mensualmente, desde el inicio del proyecto. Estos fueron comparados con los umbrales definidos en el permiso ambiental, sin las modificaciones que luego fueron objetos de cargos. El resultado fue que “en ninguno de los tres pozos de monitoreo se detectó un registro de nivel bajo el valor del umbral”. Esto habría sido corroborado por la Dirección General de Aguas (DGA) quien realizó también un análisis, aunque a partir de los datos entregados por SQM.

Para los opositores al Plan de Cumplimiento, la propuesta de la empresa no es válida por tener una “estructura circular”. Es decir, que para descartar los efectos negativos de las infracciones, se utilizaron antecedentes que están cuestionados debido a la alteración de los datos y reportes de información incompleta.

La autoridad ambiental, sin embargo, consideró que el anterior argumento no se encuentra fundado puesto que en los análisis, tanto de la empresa como de la DGA, “se han utilizado los umbrales e indicadores de estado vigentes para el proyecto de SQM y no aquellos modificados sin autorización ambiental”.

En opinión de CORFO y las comunidades indígenas, lo anterior no bastaría para asegurar la fidelidad del análisis. “Se debiera contar con datos independientes, no procesados por la empresa, ya que (la información) carece de imparcialidad y perpetúa la situación actual en la empresa”. La autoridad sin embargo, también desestimó dicho argumento asegurando que “esta aseveración no puede ser compartida, en la medida que, pese a la comisión de infracción, la empresa continúa estando a cargo de la gestión ambiental de su proyecto y sigue siendo la responsable de informar a la autoridad de las condiciones ambientales”.

La bióloga Carolina Díaz puntualiza que, en efecto, “si bien es muy probable que la empresa esté provocando daños, los estudios los tienen ellos y una cosa es la opinión y otra es la prueba”.

Cada uno de los argumentos presentados en el intento de demostrar la insuficiencia del Plan de Cumplimiento fueron desestimados por la Superintendencia de Medioambiente. En opinión de Alonso Barros, dicha autoridad ambiental no consideró importantes argumentos que demostrarían la insuficiencia del Plan. Entre ellos, la afectación a los flamencos y el desecamiento del Borde Este del Salar.

Los hallazgos

Con el objetivo de confirmar si es que efectivamente, durante el período en el que se cometieron las infracciones ambientales, no hubo afectación al medioambiente, tal como asegura SQM, la CORFO realizó un análisis paralelo.

El resultado, según indica el alegato de la comunidad de Camar, fue que en la vegetación del Borde Este del Salar de Atacama, se observaron disminuciones significativas de follaje verde. “La relevancias de estas pruebas aportadas por CORFO, permiten constatar (…) lo que, en definitiva, corresponde al efecto negativo no deseado”, señala el documento. Alonso Barros asegura que se trata del mayor impacto visible en el salar, pero que este argumento técnico no fue considerado por la Superintendencia de Medioambiente a cargo del proceso sancionatorio.

Por otro lado, la CORFO analizó las poblaciones de flamencos e identificó aumentos del flamenco andino en el sector de Soncor, mientras que el flamenco chileno presentó “disminuciones llamativas en Aguas de Quelana”. Según señalan las alegaciones judiciales, levantadas por la comunidad indígena de Camar, la empresa no se hace cargo del impacto en la distribución de las especies producto de la creciente fragmentación del sistema de lagunas y “la gravísima desaparición de los canales y ríos que las unía previamente”. “La mejor prueba de ello, es que ahora la base alimenticia del conjunto de las lagunas está empezando a cambiar, de tal modo, que donde antes convivían especies diferentes, hoy las lagunas se han “especializado” con grave afectación a las interacciones biodiversas históricas y con consecuencias insospechadas”. Por último, agrega que la gravedad se acentúa no solo por tratarse de especies vulnerables sino de especies tope en la cadena trófica de los sistemas lacustres del salar de Atacama.

Ingrid Garcés, asegura que el salar “evidentemente está siendo mal intervenido, especialmente en la zona este, donde hay áreas que simplemente se secaron”. Además dice estar sorprendida puesto que “no pensamos que el Plan de Cumplimiento iba a ser aprobado”.

La experta explica que, durante el proceso productivo de la empresa, parte de la salmuera extraída es reinyectada al sistema. Sin embargo, “es una salmuera que no tiene las mismas condiciones” puesto que de ella fue extraído el litio que la empresa requiere. La reinyección de salmuera podría estar así alterando el ecosistema del salar puesto que los microorganismos que viven en él, lo hacen de acuerdo a ciertas condiciones, explica Garcés. “La empresa dice que la reinyección de salmuera no tiene ningún impacto, pero no existe ningún estudio científico que lo demuestre”, agrega.

Las comunidades indígenas aseguran que el salar continúa degradándose y que cada vez está más seco. Impotentes, lo que ellos perciben, no encuentra eco en los estudios a cargo de la empresa. Los científicos y representantes indígenas que buscan demostrar técnicamente los impactos de la industria minera en el salar, deberán continuar sus alegatos. Alonso Barros asegura que la comunidad de Camar apelará la decisión de la Superintendencia de Medioambiente y que Albemarle también lo hará.

Fuente:https://es.mongabay.com/2019/01/chile-detienen-sanciones-por-danos-ambientales-en-salar-de-atacama/

La discusión sobre el impacto de la actividad minera cobra fuerza en el sur de Chile ante la ausencia de los municipios de Río Ibáñez y Chile Chico en los procesos de evaluación de nuevos proyectos extractivos que pretenden desarrollarse en sectores costeros al Lago Carrera, el segundo más grande de Sudamérica.

Recientemente, un poco difundido informe del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), financiado por el Gobierno Regional de Aysén, confirmó que producto de la actividad minera que se desarrolló durante décadas en Puerto Cristal, el lago General Carrera podría estar recibiendo una importante carga de metales pesados.  El estudio, denominado “Investigación Geológica Minera Ambiental en Aysén”, fue elaborado en 2012.

El lago General Carrera/Buenos Aires es un lago localizado en la Patagonia. A cada lado de la frontera tiene nombres diferentes, ambos reconocidos a nivel internacional: en Chile es conocido como lago General Carrera ​ mientras que en Argentina se le denomina lago Buenos Aires. También es conocido con el nombre autóctono de Chelenko, que significaría “aguas tormentosas”.

En la ribera chilena hay registros de faenas mineras desde 1931 y es a partir de la década del 40 que  se extrae  plomo y zinc. Actualmente, en la región de Chile Chico hay dos empresas mineras presentes: la primera,   propiedad de la compañía minera estadounidense El Toqui y la segunda es Delia NW, a cargo de la empresa Cerro Bayo.

Recientemente, un poco difundido informe del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), financiado por el Gobierno Regional de Aysén, confirmó que producto de la actividad minera que se desarrolló durante décadas en Puerto Cristal, el lago General Carrera podría estar recibiendo una importante carga de metales pesados.  El estudio, denominado “Investigación Geológica Minera Ambiental en Aysén”, fue elaborado en 2012.

La localidad se ubica en la ribera norte del lago, 15 kilómetros al este de Puerto Sánchez en la comuna de Río Ibáñez.  En dicho sector operaba “una planta de procesamiento de minerales, botaderos y relave, así como de dos minas (Mina Silva y Mina Rosillo) que, entre otras minas del sector, abastecían a la planta de concentrados localizada en dicho poblado”, consigna el reporte de Sernageomin.

En este se señala que las “instalaciones mineras no cuentan con un debido cierre para el resguardo de visitantes y medio ambiente en general, ante la posible presencia de contaminantes, ni con medidas de mitigación por remociones en masa que podrían afectar al relave en la ribera del lago General Carrera”.

La gravedad de la situación queda de manifiesto al establecer que “el color ocre del relave oriental, los datos químicos y mineralógicos, así como el test de lixiviación indican que este relave es una fuente potencial importante de metales pesados, los que podrían estar siendo liberados bajo condiciones de drenaje ácido”

Luego de una recolección de muestras en un botadero ubicado al norte de la cancha de fútbol, se descubrieron concentraciones de plomo de un 42,2 por ciento, zinc de un 20,5 por ciento y cobre de un 0,38 por ciento. “En dicha zona se observó lixiviación por aguas superficiales. Estos líquidos podrían, bajo circunstancias favorables, aportar metales pesados al lago General Carrera” apunta.

En este sentido, el informe concluye que en el área existen “diversas remociones en masa, actuales, en la desembocadura del estero Rocillo y, antiguas, registradas entre las colas del relave. Estas observaciones indican que el relave de Puerto Cristal podría ser afectado de manera significativa, en el futuro, por remociones en masa canalizadas en el Estero Rocillo, del tipo flujos y caída de rocas, provenientes de los cerros aledaños”.

Aunque se han realizado trabajos para la contención del talud del tranque de relave, estos “no asegurarían la protección del lago General Carrera frente un eventual  colapso”. Más aún, “el relave está afectado por erosión eólica, lo cual indica una constante polución por partículas con altas concentraciones de plomo y zinc hacia el lago General Carrera y el poblado abandonado de Puerto Cristal”

La discusión sobre el impacto de la actividad minera en Aysén cobra fuerza en estos días ante la ausencia de los municipios de Río Ibáñez y Chile Chico, dirigidos hoy por los alcaldes Marcelo Santana y Ricardo Ibarra, en los procesos de evaluación de nuevos proyectos extractivos, precisamente en sectores costeros del lago, el segundo más grande de Sudamérica.  Una decisión que, en opinión de parte de la comunidad, está al debe de lo que debiera ser su responsabilidad para el cuidado de la salud de las personas y la sustentabilidad de lo ecosistemas bajo su administración.

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/chile/item/42340-informe-confirma-contaminacion-de-lago-general-carrera

El proceso de fiscalización y sanción de Pascua Lama ha sido largo y lento. Actualmente se encuentra aún pendiente a la espera de que el Primer Tribunal Ambiental se pronuncie en relación a la reclamación presentada por la empresa infractora contra la resolución de la SMA, y en particular contra los cargos que mantienen la sanción de clausura definitiva. Hace más de tres meses que la causa (Rol R-5-2018) se analizó y debatió en la audiencia de alegatos del tribunal, donde actuamos como coadyuvantes de la Superintendencia, solicitando que se deseche la reclamación de Barrick.

Todos los recuentos y evaluaciones socioambientales de hitos del 2018, consideran la Resolución Exenta Nº72 del 17 de enero de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), que impuso más de 30 sanciones administrativas, incluidas cinco que decretaban la “clausura definitiva y total” de la faena minera del Proyecto minero Pascua Lama de la Compañía Minera Nevada SpA, filial de la trasnacional canadiense Barrick Gold, como uno de los  hechos más importantes del año. Ha transcurrido un año desde que se emitiera la trascendental sanción, sin embargo esta aún no logra materializarse.

Como organización que ha colaborado y acompañado a la comunidad del Valle del Huasco por casi  20 años  en este conflicto nos parece relevante hacer un análisis a este proceso, desde una mirada de los Derechos Ambientales y  sobre la capacidad preventiva y reparatoria de la institucionalidad ambiental, proceso aún pendiente de solución.

El resultado de todo este proceso de búsqueda de justicia ambiental para las comunidades afectadas por el avasallador proyecto de Pascua Lama sólo confirma que nuestra institucionalidad, pese a declararse como un modelo que propicia el “desarrollo sustentable”,  está al servicio de concepciones extractivistas de nuestros territorios y sus ecosistemas. Y en este caso, específicamente, en lo referido a la fiscalización y sanción de mega emprendimientos empresariales mineros.

Aquí se demostró el fracaso completo de la concepción institucional que enarbola el principio de autocontrol de las empresas como eje de la evaluación y fiscalización de los proyectos. Esto se expresa en todo lo referido a la Auto Denuncia, al denominado Programa  de Cumplimiento que suspende la investigación sancionatoria o a las solicitudes de pertinencia, entre otros mecanismos.

Se debe agregar, la falta de capacidad, recursos y voluntad del Estado para fiscalizar y sancionar los reiterados y gravísimos incumplimientos a nuestra normativa ambiental, que además es débil y permisiva.

Por tanto, llegar a este punto de clausura definitiva ha significado un camino largo y dificultoso. El procedimiento ambiental (A-002-2013) sancionó incumplimientos de la empresa a los permisos ambientales, algunos acaecidos hace ya seis  años. Tuvieron que transcurrir cinco periodos presidenciales (Ricardo Lagos, ambos gobiernos de Michelle Bachelet, ambos gobiernos de Sebastián Piñera), desde el otorgamiento de la primera Resolución de Calificación Ambiental (RCA) el año 2001, tiempo en que incluso se introdujeron cambios en la ley ambiental y sus instrumentos de evaluación y fiscalización, y donde siempre hubo mucha acogida a consultoras y lobistas que buscaron debilitar y doblegar la demanda ciudadana de mayor protección ambiental por parte del Estado. Solo la voluntad, convicción y movilización comunitaria hizo posible el establecimiento de este ejemplar castigo para una faena tan contaminante y destructiva de la naturaleza y de la comunidad que históricamente ha habitado el territorio.

Lamentablemente, en este mismo sentido, el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta (TA), es otro órgano que está cumpliendo un rol dilatador y relativizado de las sanción de clausura total y definitiva. Cabe consignar que la instalación misma de los TA fue fruto de la petición efectuada por el Consejo Minero, en el marco de la tramitación y negociación legislativa para aceptar la instalación de la SMA, siendo clave la gestión de Julio Ponce Lerou, en coordinación con parlamentarios de derecha, entre ellos la diputada UDI Marcela Cubillos (2009), que fue la primera Ministra de Medio Ambiente del actual gobierno.

Lo arriba indicado se demuestra a través del tortuoso procedimiento de denuncia, investigación y sanción de las sistemáticas y reiterativas ilegalidades cometidas por la trasnacional canadiense, y que podemos sintetizar de la siguiente manera:

A pocos días de puesta en marcha la nueva institución fiscalizadora, en enero de 2013, se abrió un proceso administrativo ambiental sancionatorio (Rol A-002-2013), que  formulaba una serie de cargos por incumplimientos de Barrick Gold en la construcción del proyecto minero Pascua Lama. Por cierto, esta empresa ya había recibido multas de diversos órganos públicos por trasgredir sus compromisos los años anteriores, antecedentes que no fueron considerados en este proceso.

El 24 de mayo de 2013, la Superintendencia de Medio Ambiente por Resolución Exenta Nº 477 sancionó al titular del proyecto con una multa de 16.000 UTA (US$ 16,4 millones de dólares), incluyendo una medida cautelar de paralización total que se ha mantenido hasta hoy.

Ante una sanción tan débil, irrelevante y pro minera, colaboramos con las organizaciones de agricultores y crianceros en la elaboración, presentación y tramitación de un reclamo ciudadano ante el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago (único en funciones a esa fecha).

Finalmente, el tribunal acogiendo nuestra demanda, anula la resolución de la SMA ya que “no es suficiente para comprender de qué forma se concretaron las seis sanciones … tanto la elección de la multa como sanción específica y en el monto de ella”, determinando una falta de motivación y profundidad en la actuación del Superintendente Juan Carlos Monckeberg, que la hacia “arbitraria al no contener los razonamientos suficientes que expliquen la ponderación de la conducta anterior del infractor en la determinación de la sanción”.

Reabierto el expediente sancionatorio el 22 de abril de 2015, la SMA lo fusionó con un segundo proceso de sanción (D-011-2015), que incorporó una numerosa cantidad de nuevos incumplimientos del proyecto Pascua Lama. Los nuevos cargos fueron, en buena  parte, producto de constantes denuncias comunitarias. Las más de diez denuncias comunitarias, interpuestas, entre los años 2013 y 2016, se referían a irregularidades y colapso en las obras de construcción de los canales perimetrales, del sistema de manejo de aguas, de captación y manejo de drenaje acido; a la contaminación y alteración de las aguas y cuencas de los ríos Estrecho y El Tránsito, con alto contenido de sedimentación, turbidez, aparición de gran cantidad de espuma, sustancias químicas y olores molestos, con incluso detección de parámetros elevados de metales pesados (aguas que son  utilizadas para riego, consumo de animales y humano); y de los canales de los valles del Carmen y El Tránsito de la comuna de Alto del Carmen; a descargas ilegales desde la cámara de captación y restitución (CCR); a la afección de vegas cercanas con sedimentos; a la filtración de aguas contaminadas a las napas subterráneas por vertimiento de camiones aljibe de la compañía en los caminos contaminando el subsuelos; al incumplimiento de obligaciones de  resguardo a glaciares emplazados en el área de influencia del proyecto, entre otros. Todas estas denuncias fueron antecedentes claves a la hora de ampliar los cargos, especialmente los cinco que fueron sancionados con la clausura definitiva del proyecto a principios del 2018

En febrero de 2018, el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta dentro del proceso de consulta que debe hacer la SMA establecido en la ley (Causa S-5-2018), primero resolvió efectuar una  inspección personal al proyecto, y finalmente con fecha 12 de octubre de 2018 falló la consulta legal, eliminando cuatro de las cinco sanciones de clausura definitiva de Pascua Lama, pero confirmando la clausura total y definitiva en uno de ellos.

En definitiva, el proceso de fiscalización y sanción de Pascua Lama ha sido largo y lento. Actualmente se encuentra aún pendiente a la espera de que el Primer Tribunal Ambiental se pronuncie en relación a la reclamación presentada por la empresa infractora contra la resolución de la SMA, y en particular contra los cargos que mantienen la sanción de clausura definitiva. Hace más de tres meses que la causa (Rol R-5-2018) se analizó y debatió en la audiencia de alegatos del tribunal, donde actuamos como coadyuvantes de la Superintendencia, solicitando que se deseche la reclamación de Barrick.

El fallo aún está pendiente, pero sería inconcebible que se acogieran los argumentos de la minera reclamante que principalmente se sustentan en los recursos ya invertidos en la construcción del proyecto (según la empresa se han materializado US$ 5.000 millones) y las consecuencias que para el Estado pudiere implicar la clausura de un proyecto que está acogido al Tratado Bilateral Minero de Chile y Argentina, y también en el marco de protección que le entrega el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Chile y Canadá.

Ahora, este último argumento que no tiene ningún contenido ambiental, pudiere tener algún nivel de acogida en el Tribunal Ambiental de Antofagasta que está conformado por jueces,  donde algunos de ellos tuvieron un estrecho vínculo como asesores de la gran minera durante años (Ejemplo fallo a favor del proyecto minera Dominga).

En todo caso, sabemos que cualquiera sea lo que resuelva el Tribunal Ambiental, debido a su trascendencia, la causa terminara siendo vista, vía casación, en la Tercera sala de la Corte Suprema, donde sus nuevos integrantes han mostrado una flexibilidad para poner sobre los derechos ambientales los grandes intereses económicos empresariales.

Concordando con lo sostenido por la SMA, pues si se recogieran los sólidos argumentos jurídicos ambientales, por los que se establecieron las sanciones de cierre total y definitivo se debiera mantener la clausura como la sanción adecuada ante tan flagrantes y reiterados incumplimientos. Pero, eso con la intervención de tantos lobistas y presiones de poderes fácticos está en peligro.

El precedente que se sentaría en caso de revertir la clausura para la institucionalidad y la protección del medio ambiente y de las comunidades, luego de tan largo proceso, sería catastrófico y dejaría claro que la protección del medio ambiente es solo letra muerta. Lamentablemente, es un escenario posible bajo la enorme presión de los capitales extractivistas mineros que cuenta con estrechos vínculos de cooptación  en los diversos estamentos del Estado.

Como OLCA, seguiremos apoyando los procesos comunitarios y de defensa de los territorios,  dando la pelea para exigir, en este caso, el respeto a la sanción ejemplificadora de clausura, además de buscar la responsabilidad y reparación a los daños ambientales causados.

Fuente:http://www.eldesconcierto.cl/2019/01/17/el-letargo-de-la-institucionalidad-ambiental-para-cerrar-definitivamente-pascua-lama/