Isabel Reyes B.
Pedro P. Ramírez Hernández
20/02/2019

INTERFERENCIA accedió al documento que a fines del gobierno de Michelle Bachelet concedía 309,5 mil hectáreas al parque y que no fue considerado por Felipe Ward, actual ministro de Bienes Nacionales. Según Nivia Palma, la ex titular de la cartera, el asunto de fondo siempre fue la entrega o no de territorio para una minera australiana.

Tras la investigación de INTERFERENCIA que reveló la reducción del Parque Nacional Patagonia en casi 5 mil hectáreas y cuya modificación significó la instalación de exploraciones mineras por parte de la empresa australiana Equus Mining, el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, salió en su defensa y desmintió la información entregada por este medio, calificando la publicación como una fake news.

A través de su cuenta personal en Twitter y un comunicado de prensa, el secretario de Estado, explicó que la superficie final del Parque Nacional Patagonia, aprobada durante la actual administración, sería mayor a la definida por el gobierno anterior.

En su justificación, Ward aludió a que la extensión suscrita por la administración de Michelle Bachelet para el Parque Nacional Patagonia fue de 302.335 hectáreas, por lo que el decreto del gobierno actual, en este caso, sería mayor ya que alcanza 304.525,75 hectáreas.

Con esto, Ward desestimó el dato ofrecido por INTERFERENCIA, que señala que hubo un decreto que ofrecía al parque 309.445 hectáreas.

Sin embargo, el decreto existió y puede ser consultado al final de este artículo. Se trata del Decreto Supremo N°3, ingresado el 12 de febrero de 2018, el que -aunque no alcanzó a tener toma de razón por parte de Contraloría- es posterior al documento del 10 de abril de 2017, que es al que ha aludido el ministro como la propuesta del gobierno de Bachelet.

Según información solicitada a través de transparencia a Contraloría, el Decreto Nº3 fue retirado sin tramitar por el ministerio de Bienes Nacionales el 16 de noviembre de 2018. Ese mismo día, el nuevo gobierno ingresó la nueva propuesta.

Palma vs Ward

Consultado por INTERFERENCIA por este antecedente, el ministro Ward indicó que el único documento válido para él, es la resolución del Comité de Ministros del 10 de abril de 2017, pues el decreto de febrero de 2018 no cuenta con la toma de razón de Contraloría.

«Uno no puede aprobar algo en un Comité de Ministros y luego llevar un tema distinto a la Contraloría. Ahí se equivocan ellos», dice Felipe Ward sobre las dos propuestas del gobierno de Bachelet.

“Nunca he escuchado una explicación de por qué la diferencia entre 302 mil y 309 mil hectáreas [la diferencia que hay entre los dos propuestas elaboradas por la administración Bachelet]. Uno no puede aprobar algo en un Comité de Ministros y luego llevar un tema distinto a la Contraloría. Ahí se equivocan ellos. El único documento formal con el cual se crea o se intenta crear el Parque es la resolución de Comité y ahí hay una sola cifra que son 302 mil hectáreas”, asevera.

Por su parte, la ex ministra de Bienes Nacionales, Nivia Palma, acusó a Ward de “faltar a la verdad”. Según Palma no es cierto el argumento de su sucesor en el cargo. “Los decretos no deben pasar de nuevo por el Comité de Ministros. Si la tesis del ministro Ward fuera verdadera, el contralor no habría tomado razón de todos los decretos anteriores de los otros parques y el gobierno actual los habría retirado todos”, dice Palma.

«Me molesta que aquí se está mintiendo para ocultar una decisión política de favorecer un proyecto minero en una zona que estaba incluida en el Parque Patagonia», dice Nivia Palma.

“El terreno ingresado por la presidenta Bachelet era sobre las 309 mil hectáreas. El ministro Ward sacó 5 mil hectáreas básicamente para permitir que allí se lleve adelante el proyecto minero. Aquí no hubo un problema de límites, eso estaba súper claro. Me molesta, con el respeto que le tengo al ministro Ward, que aquí se está mintiendo para ocultar una decisión política del gobierno del presidente Sebastián Piñera de favorecer un proyecto minero en una zona que estaba incluida en el Parque Patagonia. Así de claro”, sentencia Palma.

Palma además asegura haber recibido presiones durante su gestión para proteger la misma zona donde hoy se encuentra la exploración minera.

“Tanto el diputado Sandoval [UDI] como autoridades locales y empresarios, hicieron un duro lobby frente a nuestro gobierno. Recibí muchas llamadas, peticiones de reuniones y fuertes presiones cuando fui a la región de Aysén para acoger la exclusión de estas cinco mil hectáreas. La decisión de la presidenta y la mía como ministra de Bienes Nacionales fue no aceptar las exigencias para llevar ahí proyectos mineros. Por eso es que el parque quedó con 309 mil hectáreas”, dice Palma.

Problemas también le ha traído a Nivia Palma los argumentos de su sucesor en el cargo, Felipe Ward, respecto a las razones para cambiar el trazado del proyecto de creación del Parque Nacional Patagonia.

“Heredamos un problema y por ello tuvimos que sentarnos a redefinir los límites del Parque. Tuvimos que excluir propiedad privada que había sido incluida erróneamente y aun así logramos que la cantidad de hectáreas protegidas sea mayor”, escribió Ward en un comunicado ampliamente difundido.

Palma se refirió a la responsabilidad que le han atribuido por los supuestos errores acusados por Ward.

“En Bienes Nacionales hay equipos técnicos permanentes, cambian los gobiernos y los equipos quedan exactamente igual. Entonces creo que no es correcto echar la culpa a un tema de imperfecciones por una decisión política. Eso es grave”, dice.

https://interferencia.cl/articulos/este-es-el-decreto-que-el-gobierno-retiro-para-reducir-parque-patagonia-y-entregar

20.02.2019 cnnchile
La compañía Newmont, actualmente posicionada como la industria de oro más grande del mundo, tiene puesta su atención en la zona de la Región de Aysén

182 solicitudes para explotar más de 50 mil hectáreas en la zona de la Patagonia de la Región de Aysén inscribió la empresa estadounidense Newmont, de acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial el pasado 10 de enero de este año.

Los terrenos que fueron inscritos por la minera se encuentran cerca de la frontera con Argentina, una zona caracterizada por sus bosques de lenga y ñire, además de su patrimonio arqueológico y paleontológico, según da cuenta el medio local Interferencia.

El 15 de enero de este año Newmont adquirió a su rival, la canadiense GoldCorp, transacción que la convirtió en la minera de oro más grande del mundo.

GoldCorp ha desarrollado en Chile los proyectos Nueva Unión (Alto del Carmen) y Norte Abierto (Tierra Amarilla), ambos en la Región de Atacama, además de mantener en la región de Aysén concesiones de exploraciones en el sector El Estero, a cerca de 15 kilómetros al noroeste de Puerto Ingeniero Ibáñez.

El medio precisa que ambas firmas han tenido que enfrentar conflictos socioambientales y denuncias por violaciones a los derechos humanos en proyectos que han impulsado en países como Perú, Guatemala, Honduras y México.

Uno de los casos más polémicos es lo que sucedió en Guatemala, país donde la compañía GoldCorp operó por más de una década a través de la mina Marlin. Tras diversos hechos, como la muerte de un hombre que fue quemado vivo por trabajadores de la empresa y episodios de contaminación de ríos, se decidió cerrar la mina en mayo de 2017.

https://www.cnnchile.com/pais/minera-newmont-hectareas-patagonia-or_20190220/

La minera sinceró sus cifras y reveló que, además, tendrá que compensar parte de un acuerdo de venta adelantada de plata, la que totaliza unos US$253 millones.
Proyecto Pascua Lama. Foto: Rayen Luna-MCH
15 de febrero del 2019
(El Mercurio) La nueva administración de la canadiense Barrick tras la fusión con la sudafricana Randgold tendrá que seguir desembolsando fondos ligados al fallido proyecto minero Pascua Lama, el cual mantiene las obras paralizadas desde 2013 y que posteriormente fue clausurado por la Superintendencia del Medio Ambiente.

Según informó ayer la compañía, en sus estados financieros, al cierre de 2018, arrastra una deuda con el Estado chileno por unos US$ 443 millones producto de reembolsos del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que suman US$ 340 millones en intereses.

Se trata de una operación común en este tipo de casos, en el que -según explican expertos tributaristas- las empresas se acogen al artículo 27 bis con el que se puede pedir al Estado que devuelva el IVA al adquirir productos y servicios que se realizan, en este caso, durante la construcción del proyecto.

Sin embargo, este dinero debe ser devuelto posteriormente por el contribuyente en operaciones en la que se cobre IVA; por ejemplo, en la extracción y venta de cobre. El problema para la minera es que esto no ocurrirá, ya que Pascua Lama se encuentra clausurado, a pesar del interés que hay en reactivarlo.

“En virtud del acuerdo actual, este monto debe reembolsarse si el proyecto no evidencia exportaciones por un monto de US$ 3.538 millones dentro de un plazo que expira el 31 de diciembre de 2026”, se consigna en los estados financieros, en donde se detalla que el acuerdo es aplicable a un diseño de mina a cielo abierto o subterráneo.

Y este no es el único compromiso financiero que mantiene la compañía, ya que en los mismos documentos se detalla un acuerdo de venta adelantada del 25% de la producción de plata del proyecto a la firma Wheaton Precious Metals Corp.

“La fecha de finalización de Pascua Lama fue originalmente el 31 de diciembre de 2015, pero posteriormente se extendió hasta el 30 de junio de 2020”, se explica. Sin embargo, si los requisitos de la garantía no se han cumplido en la fecha establecida, el acuerdo puede ser terminado por Wheaton. Esta tendría derecho a la devolución de la contraprestación en efectivo, por adelantado, pagada, menos el crédito por la plata realmente entregada, monto que al 31 de diciembre de 2018 se calcula en unos US$ 253 millones e incluye compromisos de entrega de otras tres faenas de la canadiense.

Todas estas obligaciones se suman al monto que realmente desembolsó Barrick en un proyecto que en sus inicios, hace casi 20 años, costaba unos US$ 950 millones, pero que terminó con un sobrecosto por sobre los US$ 8.000 millones. Fuentes de la industria señalan que el gasto real de la compañía alcanzó los US$ 5.000 millones a la fecha en que se suspendieron las obras.

Chile sale del mapa

Otro punto que llamó la atención de la presentación de Barrick tiene que ver con la reorganización que está impulsando la compañía, que significó la redistribución de distritos, en el que se definió el de Veladero-Lama para referirse a los proyectos que podrían desarrollarse en Chile.

Todo esto, tras eliminar el puesto de director ejecutivo en el país, lo que implicó la salida de la empresa de René Muga a comienzos de mes.

Y a pesar de que en sus primeras palabras, tras asumir en el cargo, el nuevo CEO mundial de Barrick, Mark Bristow, aseguró que el mensaje para Chile y Argentina es que la minera “estaba de vuelta”; al parecer, esto ocurre solo del otro lado de la cordillera.

Según informan en la propia página web de la minera, a 15 días de asumir en el cargo, la plana mayor de Barrick realizó un recorrido por el continente, en el que solamente incluyó visitas a Perú y Argentina, donde se reunieron con autoridades locales.

http://www.mch.cl/2019/02/15/barrick-tendra-devolver-us783-millones-impuestos-suspension-pascua-lama/

Entidad dispuso la multa por extracción irregular de agua en el sector cordillerano de la comuna de Tierra Amarilla.

Fotografía: Caserones
Publicado el 14 de febrero del 2019

(El Mercurio) La multa más alta de su historia, y una de la más grandes a nivel nacional, cursó la Dirección General de Aguas (DGA) de Atacama -organismo dependiente del Ministerio de Obras Públicas (MOP)- a la minera SCM Lumina Copper Chile, vinculada al proyecto Caserones. La entidad sancionó con un pago de $325 millones (6.748 UTM) a la empresa por extracción irregular de agua.

El seremi de Obras Públicas de Atacama, Alfredo Campbell, indicó que la principal razón de la multa es la extracción de agua natural en pozos (puntos de captación) no autorizados por la DGA. “Se pudo establecer la extracción irregular de aguas subterráneas en 7 pozos al interior de la denominada Quebrada La Brea, comuna de Tierra Amarilla, provincia de Copiapó. La empresa tiene derechos suficientes para explotar el agua, pero lo hizo desde puntos distintos a los autorizados”, detalló.

Según los antecedentes del MOP, esta sería la multa más alta que la DGA ha cursado a nivel regional en su historia, luego de que el año pasado se le entregaran mayores poderes sancionatorios.

La autoridad enfatizó que la multa “marca un hito” en el correcto ejercicio de un derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas, “estableciendo fuertes multas a quienes utilicen pozos ilegales”.

Por su parte, desde Caserones indicaron que “la sanción recae sobre pozos que fueron construidos por una necesidad técnica ambiental y que son parte de una barrera hidráulica (línea de pozos). La necesidad de su construcción y operación fue informada por la empresa a las autoridades de manera proactiva, y con anterioridad a que se iniciara el proceso sancionatorio que oficia la DGA”.

Puntualizó que la extracción de agua natural de Caserones es -en el área de la infracción- de 13 l/s, “caudal que se encuentra significativamente por debajo de los derechos con que cuenta la empresa para similar propósito, ascendente a 28 l/s, a metros de los pozos objeto de la infracción”.

La DGA explicó que se deben remitir los antecedentes a la Tesorería General de la República para dar curso al cobro de la multa, pero ello dependerá de las acciones que la empresa decida llevar a cabo en materia de reclamación ante los tribunales competentes.

Precisamente, Caserones informó que “está estudiando las acciones a seguir conforme al marco normativo vigente”.

http://www.mch.cl/2019/02/14/direccion-general-aguas-atacama-impone-mayor-sancion-historica-una-minera/

El grupo se presentó el pasado viernes en la localidad de Puerto Ingeniero Ibáñez y criticó la ofensiva minera “avalada por el Gobierno”.

Diario Uchile

Lunes 11 de febrero 2019
Illapu y Mensaje en el escenario

Una fuerte crítica a la instalación de proyectos mineros en la región de Aysén realizó el grupo Illapu el pasado viernes, durante su presentación en el Festival Voces del Viento, que se realizó en la localidad de Puerto Ingeniero Ibáñez.

Durante la actuación, el vocalista del grupo, Roberto Márquez, cuestionó los proyectos planificados en la zona: “Hemos gozado de este viaje, sobretodo lo que vimos desde Balmaceda para acá, la hermosura de esta Patagonia, que es una reserva de vida que hay que cuidar y defender, más aún cuando está recibiendo una ofensiva bien fuerte, que es avalada por este Gobierno, porque se pretende tomar territorios de áreas protegidas para destinarlos a la minería”, dijo.

En ese sentido, el músico destacó “la importancia que tiene la movilización social, sobre todo cuando se une un pueblo, para luchar contra intereses que muchas veces son muy fuertes, que tienen que ver con dinero, con cosas que definitivamente no respetan la palabra pueblo, a quienes se está pasando a llevar”.

Illapu llamó al público a manifestarse “por una Patagonia sin mineras” e interpretó la canción “La fuerza del glaciar”, grabada luego de las movilizaciones que la región de Aysén vivió en 2012.

“Por una Patagonia sin mineras”: Illapu protesta en pleno concierto en Aysén

Producto de las precipitaciones, el agua podría comenzar a movilizar gran cantidad de desechos tóxicos hacia cuerpos hídricos como ríos y lagunas.
Publicado el 12 de febrero del 2019

(El Mercurio de Antofagasta) Cerca de Calama se ubican tres relaves mineros. Uno de ellos activo. Los otros dos, aparecen como “Abandonados” en los datos oficiales del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).

Con las intensas precipitaciones que siguen potencialmente activas en la provincia de El Loa, estos desechos tóxicos representan un potencial peligro que debe ser fiscalizado y monitoreado, explican expertos.

Noticia completa en: http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2019/02/12/full/cuerpo-principal/4/?utm_source=pagina&utm_campaign=soychile&utm_medium=5

Judicatura resolvió la nulidad parcial de la RCA, ordenando a la autoridad ambiental y al titular hacerse cargo del impacto en la recuperación hídrica del humedal Pampa Lagunillas, incorporando escenarios de cambio climático.
Chile, Negocios e industria

11/02/2019
Minería Chilena
El Tribunal Ambiental de Santiago resolvió acoger parcialmente una de las reclamaciones interpuestas en contra del Comité de Ministros, asociada al proceso de evaluación ambiental que culminó con la aprobación del proyecto “Continuidad operacional Cerro Colorado”, ubicado en la Región de Tarapacá, y de propiedad de BHP.

Con esta decisión, la RCA se anula en aquella parte viciada, retrotrayéndose a la fase de evaluación ambiental sólo respecto de dicho aspecto.

“Que, al respecto, este Tribunal no comparte la conclusión del Comité de Ministros al validar que las medidas y condiciones aprobadas sean ‘apropiadas’ para hacerse cargo del impacto en comento, puesto que, de su sola adopción, sin mediar una debida evaluación técnica, no es posible establecer en qué proporción se produciría la esperada reducción en los tiempos de recuperación del ecosistema Pampa Lagunillas, dejando un impacto residual incierto. Por ello, estos Sentenciadores entienden que la resolución reclamada, en este punto, no se encuentra suficientemente fundada, ya que las condiciones impuestas y que estaban dirigidas a reducir los tiempos de recuperación debieron ser evaluadas en sus efectos”, dice la sentencia, según consigna la nota publicada por el Tribunal.
Efectos ambientales

Respecto de la reclamación acogida, los ministros consideraron como un antecedente ineludible, al momento de resolver la causa, el contexto previo en que se desarrolló el proyecto minero, cuya continuidad fue sometida al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Detallan, en primer lugar, las circunstancias que derivaron en la aplicación de una sanción en contra de la minera, debido a los efectos de su operación en los descensos de los niveles freáticos del acuífero de Pampa Lagunillas, los que a su vez provocaron la afectación del bofedal suprayacente y, en segundo término, las condiciones impuestas previamente por la autoridad ambiental de la época para recuperar ese patrimonio ambiental, las que se establecieron en la Resolución Exenta No 67/2011, de la Comisión de Evaluación Ambiental de Tarapacá.

El fallo explica que dicha situación de afectación constatada y la necesidad de lograr la recuperación de los niveles freáticos del acuífero, constituyen elementos esenciales en una adecuada evaluación ambiental de cualquier proyecto que pretenda afectar de algún modo los recursos naturales en una zona de recuperación ambiental, como sucede en este caso.

“A juicio del Tribunal, la observación ciudadana relativa al impacto ambiental que tendrá en la recuperación de los niveles de aguas subterráneas del acuífero de Pampa Lagunillas, la continuidad operacional del proyecto en comento no ha sido abordada de manera completa, precisa y suficiente durante el proceso de evaluación ambiental, no habiéndose, por tanto, considerado debidamente la observación según lo mandata la ley, lo que justifica acoger la reclamación en este punto (…)”, puntualiza la sentencia.
Criterios de conservación ambiental

El fallo discurre sobre el deber de observancia tanto del titular como del SEA respecto de la recuperación del acuífero que alimenta el bofedal afectado. Ello, a la luz de la aplicación de los principios preventivo y el que contamina paga, y de los conceptos de desarrollo sustentable, protección del medio ambiente, conservación del patrimonio ambiental y preservación de la naturaleza que están definidos en la Ley No 19.300.

“Que, en efecto, habiéndose inspirado dicho acto administrativo en la tutela de componentes ambientales -acuífero y bofedal- que habían sido objeto -al menos- de afectaciones ambientales relevantes por causa de la extracción de aguas asociada a la faena minera, el plazo de recuperación de los niveles freáticos del acuífero, que a su vez sustenta el bofedal de Pampa Lagunillas -año 2050 en el Pozo LA-2- no resultaba disponible al titular para proponer, ni a la autoridad ambiental para aprobar algo distinto sin consideraciones ambientales idóneas. En efecto, los objetivos de protección y recuperación ambiental que subyacen a la Resolución Exenta No 67/2011 imponían que su eventual modificación no se fundara únicamente en consideraciones económico-productivas de extensión de la vida útil del proyecto asociado”, señala el fallo.
Cambio climático

Asimismo, los ministros reflexionaron respecto del cambio climático y los efectos que éste tendrá en la recarga de los acuíferos a escala global, debido a la alteración de los patrones de precipitación y temperatura. En el caso específico del altiplano chileno -detalla la sentencia- las predicciones indican un aumento de entre 0.5 a 1.5°C en las temperaturas medias y una disminución de 5 a 15% de las precipitaciones anuales al año 2040.

Con estas consideraciones por delante y tras analizar las pruebas presentadas durante el proceso de reclamación del proyecto Continuidad Operacional Cerro Colorado, los ministros observaron que “las simulaciones llevadas a cabo para evaluar los efectos tanto del bombeo de agua subterránea, como de las medidas y/o condiciones establecidas para su control, no consideraron la influencia del cambio climático sobre la recarga del acuífero y, por ende, sobre los tiempos de recuperación esperados”. Situación -dijeron- que debe ser enmendada.

“En conclusión, al momento de cumplir con lo dispuesto en esta sentencia, la autoridad ambiental deberá evaluar el efecto sobre el ecosistema Lagunillas de la extracción de agua subterránea para la actividad minera de CMCC, considerando los escenarios de cambio climático utilizados por los expertos en la materia”, señala la sentencia.
Reclamación indígena

La sentencia del Tribunal Ambiental de Santiago rechazó la reclamación interpuesta por la Asociación Indígena Agrícola San Isidro de Quipisca, ya que sus alegaciones se apartaron de lo que esta había observado en el proceso de consulta indígena.

Ambas partes acudieron al Tribunal Ambiental de Santiago una vez que la autoridad ambiental rechazó los recursos que habían interpuesto cuestionando la RCA que aprobó el proyecto, pues -aseguró en su momento- que las observaciones presentadas en el proceso de evaluación ambiental del proyecto fueron debidamente consideradas.

http://www.mch.cl/2019/02/11/tribunal-ambiental-acoge-parcialmente-reclamacion-vecino-rca-proyecto-cerro-colorado/

A través de una declaración pública la Minera afirmó que ‘”no existe ningún proyecto de depósito de relaves que se encuentre presentado o que se vaya a presentar al menos en veinte años más”

De acuerdo a su modelo de relacionamiento -declara-, “que privilegia el diálogo temprano y transparente con las comunidades, Minera Los Pelambres respondiendo a una invitación del Concejo, expuso el pasado lunes 4 de febrero al Concejo Municipal de Canela, un plan de trabajo preliminar de sondajes exploratorios que la Compañía está analizando como alternativa para la construcción de un futuro depósito de relaves en 20 años más. Según se aclaró al Concejo, esta opción requiere aún de análisis y estudios que se deben realizar antes de tomar cualquier decisión, la que materializaría no antes de dos décadas”.

Explica que el lugar donde se realizarían estos sondajes se emplaza en una zona privada denominada Millahue. La ejecución de este plan implicaba actividades en terrenos de privados. Sin embargo, “la empresa actuó y seguirá actuando de acuerdo a los principios que desde hace varios años guían su forma de vincularse con el territorio, considerando la comunicación a toda la comunidad y autoridades locales”.

Agrega que como ya se expuso, Minera Los Pelambres ratifica que “no existe ningún proyecto de depósito de relaves que se encuentre presentado o que se vaya a presentar al menos en veinte años más, e informa que se ha suspendido indefinidamente el plan de sondajes al que se hace referencia al principio de esta declaración”.

Carta compromiso

Cabe señalar que los vecinos de Huentelauquén Sur, se tomaron el pasado lunes la Ruta 5 Norte en ambos sentidos, en rechazo a la iniciativa.

En la ocasión fue el propio Gobernador de Choapa, Juan Pablo Galvez, quien a través de una carta compromiso firmada ante los manifestantes, asumió la tarea de conformar una línea de trabajo que permita conocer la inquietud de los pobladores, en los momentos en que la Compañía anuncia el desistimiento de las obras.

http://www.davidnoticias.cl/2019/02/06/los-pelambres-suspende-intencion-sondajes-millahue-sur/