Perú

Southern Peaks Mining, entre Quiruvilca y Ariana

15 enero, 2020 Autor: OcmPe.org
Conflicto Relacionado: Southern Peaks Mining-Ariana-Lima-Rimac

Southern Peaks Mining, que pretende llevar adelante el proyecto minero Ariana (distrito de Marcapomacocha, provincia de Yauli, región Junín), en la principal zona productora de agua para Lima y Callao, tiene antecedentes que preocupan. Uno de estos antecedentes tiene que ver con la Unidad Minera Quiruvilca (La Libertad) cuando precisamente Southern Peaks era la empresa operadora. Vamos a detallar algunos de los hechos más importantes.

Hasta donde hemos podido confirmar, Southern Peaks Mining tuvo a su cargo la Compañía Minera Quiruvilca desde el 20 de septiembre de 2012 hasta el 26 de julio de 2015. En ese período el Organismo de Evaluación Fiscalización Ambiental (OEFA) sancionó a la minera dos veces por falta de medidas de previsión y control sobre los depósitos de relaves y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) la sancionó una vez por infringir condiciones de estabilidad física.

Los hechos fueron los siguientes:

En octubre de 2012, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental inspeccionó la Unidad Minera Quiruvilca y constató que la empresa “no evitó ni impidió que las aguas provenientes de la bocamina Almirvilca del drenaje de la desmontera Codiciada y del laboratorio químico y metalúrgico, se acumulen en la poza de grandes eventos, la cual no se encuentra impermeabilizada”, tal como señala la Resolución Directoral N° 988-2015-OEFA-DFSAI[1]. El OEFA declaró la responsabilidad administrativa de la Compañía Minera Quiruvilca.
La empresa fue inspeccionada en junio de 2014 por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y en la Resolución Directoral que emitió años después (N° 85-2016-OEFA/DFSAI[2]) declara: “la existencia de responsabilidad administrativa de Compañía Minera Quiruvilca S.A. al haberse acreditado que no adoptó las medidas de previsión y control a fin de evitar o impedir que el agua del subdrenaje, proveniente del depósito de relaves Santa Catalina, discurra sobre suelo, luego sobre la quebrada Santa Catalina y finalmente al río Shorey. Nuevamente, el OEFA declaró la responsabilidad administrativa de la Compañía Minera Quiruvilca.
En febrero de 2014, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) constató en la Resolución de Gerencia de Supervisión Minera N° 1096-2016[3] el incumplimiento con las normas técnicas requeridas para garantizar la estabilidad física del depósito de relaves Santa Catalina determinando que “existe la certeza de que el incumplimiento de Quiruvilca no asegura la estabilidad física del depósito de relaves”.

Esto significa que la empresa habría infringido dos veces el Artículo 5° del Reglamento para la Protección Ambiental en la Actividad Minero-Metalúrgica, aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-93-EM. La empresa también habría infringido el artículo 335° del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería y su principio de prevención de riesgos. Si bien el proceso de sanción terminó después de la venta de Quiruvilca y la empresa puede ejercer los derechos de apelación que la legislación le confiere, la normativa indica que las acciones posteriores a la detección de la infracción no eximen de la responsabilidad administrativa correspondiente.

Como se sabe, en la actualidad la zona donde se ubica Quiruvilca ha sido declarada en emergencia. Autoridades de todos los niveles de gobierno han intervenido para declarar emergencia al Río Moche, dado que se ha seguido vertiendo aguas ácidas provenientes de la Unidad Minera Quiruvilca. Esta es la quinta declaratoria de emergencia en la zona, que presenta indicadores muy por encima de los Estándares de Calidad Ambiental (4 veces en cromo, 17 veces en arsénico y 24 veces en cadmio).

Como señala un reciente artículo publicado en el diario El Comercio (6 de enero de 2020): “Quiruvilca no solo ha sido invadida por centenares de mineros informales de La Libertad y Cajamarca, sino que se ha convertido en una fuente visible de contaminación para el río Moche, debido al abandono de las labores de remediación ambiental que debieron ejecutar los dos últimos operadores de la mina: Southerns Peaks y el boliviano Luis Sáenz”.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2020/01/15/southern-peaks-mining-entre-quiruvilca-y-ariana/

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Espinar: comunidades de zona de influencia del proyecto Coroccohuayco suspenden paro ante ofrecimiento del SENACE

15 enero, 2020 Autor: OcmPe.org
Conflicto Relacionado: Tintaya - Antapaccay - Espinar

En un comunicado del 8 de enero, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones sostenibles (SENACE) anunció que presentará en Pallpata, provincia cusqueña de Espinar su resolución sobre la evaluación de la Modificatoria de Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) del proyecto Antapaccay, expansión Tintaya, integración Coroccohuayco, perteneciente a la empresa minera transnacional Glencore. Ante el ofrecimiento de una reunión para tratar el tema, las comunidades de la zona influencia suspendieron el paro que iniciaron el 9 de enero en protesta por la aprobación del MEIA.

Se debe recordar que, el Ministerio de Energía y Minas acordó desarrollar la consulta previa con las comunidades originarias de la zona de influencia. Diversos voceros de la provincia se pronunciaron en un video exigiendo que esta consulta sea sobre la MEIA y que se modifique la Ley de consulta previa para que esta se realice antes de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, con el fin de determinar los impactos de los proyectos mineros y las obligaciones de las empresas para evitar o mitigar realmente los daños de las operaciones a los derechos colectivos de las comunidades.

La fecha de la presentación a cargo del SENACE será el 20 de enero a las 10:00 a.m. en el local de la Municipalidad distrital de Pallpata.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2020/01/15/espinar-comunidades-de-zona-de-influencia-del-proyecto-coroccohuayco-suspenden-paro-ante-ofrecimiento-del-senace/?fbclid=IwAR0wECnnTqR6kgaIkgO1J1c1s82aUKEyQudulpXoZLSXh6jpzSWAsF0FDYg

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Espinar: Comunidades originarias rechazan proyecto minero de transnacional Glencore

14 enero, 2020 Autor: DSHF.pe
Conflicto Relacionado: Tintaya - Antapaccay - Espinar

Tal como lo anunciaron a través de un pronunciamiento, los distritos de la provincia cusqueña de Espinar: Condoroma, Ocoruro, Pallpata, Alto Pichigua, realizaron el 09 de enero una protesta para exigir la anulación de la resolución del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) que aprueba la Modificatoria de Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Coroccohuayco, que sería ejecutado por la transnacional Glencore. Las principales comunidades originarias que acataron la medida de lucha fueron Huacroyuta Marquiri, Huarcapata, Chorrillo, Antacama, Pallpata, Canlletera, Cruz Pampa, Pirhuayani, Mamanocca, Jaruma Alccasana, Kanamarka y Molloccahua.

El paro iniciado desde tempranas horas de la mañana, y que concluyó al promediar las 6:00 p.m., consistió en una marcha sobre las y un tramo del corredor minero del sur, por donde transitan hasta más de 500 vehículos encapsulados transportando minerales o material tóxico.

Cabe señalar que SENACE, el pasado 17 de diciembre del 2019, emitió una resolución aprobando el MEIA, sin haber considerado a las comunidades y distritos de influencia directa e indirecta del proyecto minero en mención. Además, como lo señalan los dirigentes, es totalmente contradictorio, que se dé la aprobación días después de que el el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) se comprometa a promover un proceso de consulta previa.

Por otro lado, el director general de la Oficina de Asuntos Socio-Ambientales, Hernán José Cuba Chávez, envió una carta al alcalde distrital de Pallpata, Alfonso Villagra, que llegó formalmente hoy, solicitando una reunión para el 20 de enero, en la cual funcionarios del SENACE sustentarían la razón de la aprobación del MEIA. Según información de funcionarios de la Municipalidad de Pallpata, el lunes 13 del presente mes, dirigentes y autoridades sostendrán una reunión para evaluar condiciones mínimas para que el espacio de diálogo se realice.

Pero lo que las comunidades están exigiendo es la nulidad de la MEIA que fue aprobado el 17 de diciembre. Al respecto, el presidente del Comité de Lucha, Fredy Llaique, señaló que levantaron el paro para dar una tregua al gobierno y den respuesta a la impugnación que estaban presentando junto al alcalde de Pallpata en rechazo a la aprobación de la MEIA. Precisó que la carta enviada por el MINAM hasta ahora no llega formalmente y que evaluarán junto a los presidentes de las comunidades si acuden o no a esa reunión.

Datos.

*La Municipalidad distrital de Pallpata y las comunidades que protestaron, presentaron formalmente hoy, 10 de enero, un recurso de impugnación ante SENACE, para que deje sin efecto la resolución N°00196-2019 que aprueba el MEIA del proyecto minero Coroccohuayco.

*Las comunidades han decidido dar una tregua de diez días al gobierno, para que se pronuncien sobre el pedido de nulidad.

Fuente:https://derechosinfronteras.pe/espinar-comunidades-originarias-rechazan-proyecto-minero-de-transnacional-glencore/

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‘‘Todos los ministerios son responsables de nuestra afectación por metales tóxicos’’ – Entrevista a Yolanda Zurita, Vocera de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos

14 enero, 2020 Autor: DSHF.pe

Yolanda Zurita, tiene 60 años y es natural de Junín. Es una de las voceras de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos. En su sangre tiene metales tóxicos, principalmente Plomo, Cadmio y Arsénico. Desde que estaba en la Universidad se ha involucrado en la defensa del medio ambiente y salud humana. Su capacidad de indignación no es gratuita, su formación católica y su compromiso con la pastoral social de su parroquia la ha empujado a luchar por una vida digna y por el respeto de la creación.

Yolanda, ¿Desde cuándo sabes que vives con metales tóxicos en tu cuerpo?

Era universitaria cuando empecé a tener convulsiones. En el Hospital me dijeron que era pequeña lesión en el cerebro y que no era grave. A comienzos del 2000 la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), junto a otras instituciones, realizaron una conferencia sobre las consecuencias de los metales pesados, desde ese momento empecé a relacionar mis malestares con la posibilidad de tener metales a causa de la actividad extractiva. Por esas fechas la Universidad inicia una investigación, y me invitan a hacerme un dosaje, cuando me entregan los resultados confirmo que tengo metales en mi sangre.

La iglesia ha cumplido un rol importante frente a la afectación de la salud humana por metales tóxicos…

En Huancayo han cumplido un rol importante. En el 2000 se realizó un encuentro de la Arquidiócesis, y empezaron a conformar pastorales específicas con énfasis en los derechos, porque si hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, merecemos una vida digna, y esto implica que respeten todos nuestros derechos. Desde entonces, en mi parroquia hicimos una evaluación del contexto que vivíamos, nosotros ya sentíamos efectos a nuestra salud, pero no todos sabían si era consecuencia de la actividad del complejo metalúrgico, por ello decidimos conformar una pastoral que aborde los temas de salud, y conformamos el Comité de Derechos Humanos – Eje Ecología y Medio Ambiente de la Pastoral Social

Supongo que el proceso no ha sido fácil, más cuando es la iglesia quien se involucra…

Sabíamos que no iba a ser fácil, porque al comienzo no sabíamos nada, afortunadamente CEAS nos ayudó con capacitaciones. Después reflexionamos que de nada serviría que solo la Pastoral esté informada, así que empezamos a invitar a juntas vecinales, comunidades, frentes de defensa y organizaciones. Muchas ONG’s nacionales e internacionales nos visitaban permanentemente. Doe Run ya administraba el complejo metalúrgico, y gracias a estas instituciones vinculadas a iglesia nos enteramos de los antecedentes que tenía esta empresa.

¿Y qué acciones empezaron a realizar?

Después de la experiencia de la pastoral, en el 2001 se conforma el Movimiento por la Salud de La Oroya, donde varias organizaciones se suman. El espacio se fortaleció aún más cuando se hacen públicos los resultados de un estudio que la elaboró la Comisión Ambiental Municipal, que determinó que el aire de La Oroya estaba contaminado a un 99 % a consecuencia de la actividad de Doe Run.

¿Es en este momento cuando deciden tomar acciones legales?

Decidimos denunciar al Ministerio de Salud, y afortunadamente, en el 2007, la sentencia sale a nuestro favor, le ordenan al Ministerio iniciar una atención especializada y gratuita a las personas afectadas por metales tóxicos. Sin embargo, pasan los años y el Estado no cumple la sentencia, por eso fuimos hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el 2009 deciden atender nuestras denuncias, y hemos asistido a muchas audiencias más de 60 afectados, ahora estamos esperando el informe que la Comisión debe enviar al Estado Peruano.

¿Y Qué ha hecho el gobierno regional frente a esta situación?

En el 2012, el gobierno regional emitió una ordenanza para crear un registro de afectados, promover atención integral e implementar un programa de prevención, pero solo han sido buenas intenciones, no han destinado prepuesto, y cuando han venido profesionales, ninguno ha sido especialista. Esto nos empujó a formar la Plataforma Regional de Salud Ambiental y Humana, donde se articulan representantes de Junín, Yauli, La Oroya, Parroquias, La Pastoral Social de Arquidiócesis; organizaciones de Jauja, Concepción y Huancayo.

Se convirtió en una preocupación regional…

Es que se realizó un estudio para evaluar la contaminación del aire, y se determinó que la contaminación de Doe Run llega a 180 Km a la redonda, dependiendo de la velocidad del viento, porque puede ser más, entonces las otras provincias entendieron que también se estaban afectando. Además, Doe Run tiene su depósito de dióxido de arsénico que afecta al río Mantaro, y existen otras empresas como Volcan o Chinalco que contaminan nuestro suelo y agua, así que la problemática se empezó asumir como regional.

Es una situación que enfrentan varias regiones, por eso ahora se articulan en una plataforma nacional…

La Plataforma Regional de Junín, es acompañada por la Red Uniendo Manos contra la Pobreza y CEAS, que a su vez articulan a la Red Muqui, así que en noviembre del 2017 nos invitaron a un encuentro para presentar la experiencia de nuestra plataforma. Al reconocer que somos varios lugares con las mismas exigencias, nace la Plataforma Nacional de afectados por metales tóxicos, y me escogen como una de sus representantes, en mi caso soy la vocera de la zona andina.

¿Qué acciones han realizando en este tiempo?

Principalmente acciones de incidencia para exigir la implementación de una política especializada, multisectorial e integral que atienda a todas las personas afectadas. Exigimos la creación de una Comisión Multisectorial permanente. El Ejecutivo nos afirmó que en noviembre se creaba esta comisión, pero es una mentira más. Hemos tenido reuniones con el Ministerio de Salud, del Ambiente, de Energía y Minas y con la PCM, porque todos los ministerios son responsables de nuestra afectación por metales tóxicos. De qué sirve que el Ministerio de Salud nos atienda, si el Ministerio de Minas no fiscaliza las actividades extractivas.

La Plataforma Nacional les ha ayudado también a acompañarse entre mujeres…

Eso es cierto, porque tenemos afectaciones particulares, incluso más, tenemos que cuidar a nuestros esposos, a nuestros hijos, a pesar que también estamos enfermas. En mi caso, y de otras compañeras, hemos sufrido acoso y amenazas de los trabajadores de las empresas, estas cosas que te comento, han sido compartidas en un encuentro que tuvimos solo las mujeres que pertenecemos a la plataforma.

¿Cuál es la apuesta a largo plazo de la Plataforma Nacional?

Vamos a insistir en que se cree la Comisión Multisectorial, pero vamos a exigir que nos incluyan a las personas afectadas para elaborar juntos el programa de atención, de lo contrario no tendría sentido tener una comisión que no incluya a quienes viven día a día las consecuencias de la contaminación. Es tiempo de que las autoridades sean coherentes, no podemos hablar de desarrollo sostenible, si nuestra salud está siendo seriamente afectada, solo por darle prioridad a las actividades extractivas y empresas transnacionales•

Fuente:https://derechosinfronteras.pe/todos-los-ministerios-son-responsables-de-nuestra-afectacion-por-metales-toxicos-entrevista-a-yolanda-zurita-vocera-de-la-plataforma-nacional-de-afectados-y-afec/

Perú

Cusco: Conforman Comisión para analizar resolución que clasifica como vía nacional el corredor minero del sur

13 enero, 2020 Autor: DSHF.pe
Conflicto Relacionado: Chumbivilcas-Constancia

08.01.2020. A convocatoria del Gobernador Regional de Cusco, Jean Paul Benavente, para hoy se instaló y conformó la Comisión Técnica encargada de exigir la nulidad de la Resolución Ministerial N° 372-2018-MTC que clasifica como vía nacional parte de la ruta del corredor minero del sur, sin haber consultado previamente a las comunidades que conforman este territorio. A la cita asistieron alcaldes distritales y provinciales de Espinar, Chumbivilcas, Paruro, presidentes de comunidades campesinas afectadas por la contaminación de los vehículos que hacen uso del corredor minero, dirigentes de frentes de defensa, entre otros.

Funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones realizaron una presentación sobre los mecanismos y procedimientos de aprobación de la reclasificación de rutas del corredor minero casi justificando su decisión. Los dirigentes presentes cuestionaron que el MTC no ha respetado el derecho de propiedad, la autonomía de la comunidad, se ha vulnerado derechos como la omisión de consulta previa.

Después del debate acalorado que se desarrolló en las instalaciones del Gobierno Regional, se acordó implementar un plan de trabajo, así como evaluar un eventual pronunciamiento para solicitar la derogatoria del Decreto de Urgencia que dispone la expropiación y adquisición de tierras comunales, del mismo modo se hará entrega de un ejemplar del expediente administrativo a cada presidente comunal.

En la próxima reunión tendrá lugar la exposición del Gobierno Regional sobre el procedimiento administrativo seguido en el año 2018 para solicitar la reclasificación de rutas al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Así mismo, las organizaciones sociales plantearan los argumentos y procedimientos para plantear quede sin efecto Resolución Ministerial N° 372-2018-MTC.

Fuente:https://derechosinfronteras.pe/cusco-conforman-comision-para-analizar-resolucion-que-clasifica-como-via-nacional-el-corredor-minero-del-sur/

Perú

Los DD.HH. en el corredor minero: entre vulneración, garantía limitada y restricciones permanentes

13 enero, 2020 Autor: DSHF.pe
Conflicto Relacionado: Chumbivilcas-Constancia

, Las Bambas- Apurimac-Corredor Minero

El Estado es garante de los derechos humanos, mientras que las empresas en el corredor minero cuentan o se han adherido a Políticas de Derechos Humanos, Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos y Código de Conducta. Este reconocimiento ‘ideal’ de los derechos humanos contrasta con el movimiento real de los derechos en los escenarios que mostraremos en las siguientes líneas.

1. Poder Minero y Estado Pro-Empresa

En el 2016 se trasladaron 684,207 TMF (Toneladas Métricas Finas), y en el 2017 781,224 TMF de cobre de las transnacionales MMG Las Bambas (China), Hudbay (Canadá) y Glencore (Suiza), que generaron más de 10 mil millones de soles anuales¹. Por ejemplo, para el 2016: S/. 4’ 131,613,000 de Las Bambas, S/. 3’ 690,612,000 Antapaccay y S/. 2, 257,050 de Constancia. Esta estructuración económica ha constituido un poder minero hegemónico en cada uno de los escenarios locales donde operan y que se extienden a nivel nacional a través de sus gremios empresariales que los reafirman como los mandantes del Perú.
En dicho escenario, el Estado ha priorizado su brazo represivo, y su brazo social en lógica de inversión estatal para desmovilizar conflictos en contra del capital minero. Estructuración y acción estatal que promueve escenarios donde los derechos terminan siendo una segunda prioridad, postergable y hasta negable, versus los intereses empresariales.

2. Doble campo restrictivo para ejercicio y la defensa de derechos

En el corredor minero el ejercicio, exigencia y garantía de derechos de las poblaciones locales, comunidades campesinas y defensores/as de derechos se desarrolla en un doble campo restrictivo que tiende a reducirse y endurecerse en relación con gobiernos favorables a la inversión minera, la estrategia empresarial y la correlación de fuerzas locales. Por un lado, dentro de un campo donde las instituciones estatales nacionales y locales actúan a favor de los intereses del capital minero: Policía que actúa “eficientemente” cuando están afectados los intereses de la empresa, Policía que tiene convenios con la empresa, Poder Judicial que acelera o dilata los procesos contra dirigentes. Por otro lado, el campo donde el poder hegemónico minero despliega mecanismos de control social, político e ideológico: financiamiento a medios y/o programas radiales para deslegitimar a defensoras/es, fragmentación social, influencia en las elecciones comunales, distritales y provinciales, “trabajo” con aliados/informantes en comunidades y distritos, financiamiento de proyectos de distritos y/o comunidades.

3. Criminalización y privatización del uso de la fuerza

Un primer patrón extendido en el corredor minero es la criminalización. La garantía del Estado de los intereses del capital minero ha generado como efecto político que haya más de 500 criminalizados por situaciones de conflictos sociales y movilizaciones de las poblaciones locales: 500 por las protestas contra la minera MMG Las Bambas de 2011 a la fecha², en Espinar se tiene 3 ciudadanos criminalizados (durante y luego del conflicto del 2012) y decenas de denunciados por la empresa minera, y en Chumbivilcas más de 50 (luego del 2011, 2012 y 2014). Sin considerar los cientos de detenidos y heridos que dejaron los conflictos y movilizaciones.

Un segundo patrón está relacionado a la estigmatización de defensoras/es de derechos que se despliega como mecanismo desde las empresas mineras y también desde el Estado. En el caso de las empresas mineras, el control y/o influencia sobre medios de comunicación transforman a los medios en aparatos de deslegitimación y ataque a quienes identifican como contrarios a sus intereses, mostrándolos como “radicales”, “antimineros” ó “terroristas”. En Espinar por ejemplo, “los dirigentes que tienen posición son desacreditados a través del medio de comunicación. Que son radicales, que son enemigos del pueblo, porque había dirigentes que se han hecho de la vista gorda y no decían nada y los que si reclamamos nos ganamos todo el pleito”³; mientras que es extendido la práctica de deslegitimar a los defensores de derechos humanos relacionándolos con las ONGs “y que dichas ONGs manejan millones de dólares en nombre de la pobreza y que los dirigentes cercanos a ellos deben tener beneficios personales y por lo tanto no hay que darle credibilidad, es el mensaje que dan”⁴. Dicho patrón se muestra en Chumbivilcas y en el caso de Hudbay con lo sucedido el 22 abril de 2017 en el caso de la activista canadiense Jennifer Moore de MiningWatch Canadá, y el periodista estadounidense John Dougherty, quienes fueron detenidos en cumplimiento de un supuesto procedimiento “habitual” de la policía de migraciones, luego de la presentación del documental sobre el Fraude de Flin Flon, que en palabras de un dirigente que conversó con un funcionario de la empresa manifestaba: “yo les pregunté de frente, ¿por qué la empresa tiene tanto miedo a Jennifer Moore?, y me dijeron que es una persona radical, que viene desde Canadá, que las debilidades pequeñas que tiene la empresa eso lo agrandan y ahí es que comentaron que han coordinado con el Ministerio del Interior, y que ya lo habían expulsado porque estaba mal informando a la población, ellos se sentían satisfechos”⁵. Siendo claro el objetivo político de deslegitimarlos, generar desconfianza y fragmentarlos para reducir o anular las posibilidades de oposición.

Un tercer patrón extendido es la privatización del uso de la fuerza pública a través de los convenios Policía-Empresa que parcializa la actuación de los aparatos del Estado y legitima los intereses empresariales, abriendo un campo para vulneración de derechos: 50 efectivos policiales en Las Bambas, 20 en Hudbay y 22 en Tintaya (20 efectivos y 2 de inteligencia). La actuación parcializada de los aparatos coercitivos del Estado se mostró claramente en el caso del conflicto de Espinar (2012) y Cotabambas (2016-2017) cuando la Policía operaba desde las instalaciones de las empresas mineras (dormían, se alimentaban y se movilizan); y en el caso de Chumbivilcas se mostró en el caso de la activista canadiense Jennifer Moore y el periodista John Dougherty donde la actuación de la Policía fue claramente parcializada a favor de la empresa, deslegitimando la labor de los defensores de derechos y legitimando los intereses de la empresa por parte del máximo representante de la Policía en Cusco: “Estaban realizando reuniones en las que estaban alentando los actos de protesta contra la actividad minera. Está sancionado administrativamente participar en actividades que pongan en riesgo el orden público”⁶.

Un cuarto patrón extendido son los estados de emergencia. Así, el corredor minero ha sido, es y será escenario de permanentes conflictos por los impactos ambientales que genera el transporte minero, la débil o nula articulación económica de las comunidades y poblaciones por donde atraviesa, la sobreexpectativa de las comunidades y distritos de “ser beneficiados”, y la no expropiación ni compensación de las tierras por parte del Estado y la empresa por la vía por donde transita el transporte minero: Coporaque (2017), Velille (2018), Nueva Fuerabamba (2019), Mara (2019), Ccapacmarca (2019), y Colquemarca (2019). En efecto, los estados de emergencia han sido un mecanismo de uso permanente: el 2018 se ha tenido 6 meses de estado de emergencia en el corredor minero y 4 meses en Colquemarca; mientras que en el 2019 por los conflictos de Yavi Yavi y Capacmarca se ha tenido 2 meses de estado de excepción. Es indudable que el objetivo político no es resolver el conflicto sino desmovilizarlo restringiendo derechos para dar condiciones de estabilidad al capital minero•

1 Las 50 Primeras Compañías Mineras. The Top Mining Companies. En Miles de Soles-Dólares. Perú Top Publicaciones 2017.
2 PERU21. Comuneros buscan una amnistía para 500 dirigentes denunciados. 23 de abril de 2019. Consulta: 9 de dic. De 2019. bit.ly/344Q51j
3 Entrevista a dirigente de Espinar.
4 Entrevista a dirigenta de Espinar.
5 Entrevista a dirigente de Chumbivilcas.
6 Cusco en portada. General Iglesias: Periodistas intervenidos alentaban a protestar contra Hudbay. 24 de abril De 2017. Consulta: 2 de agosto de 2019. bit.ly/2YFxxn1

Fuente:https://derechosinfronteras.pe/los-dd-hh-en-el-corredor-minero-entre-vulneracion-garantia-limitada-y-restricciones-permanentes/?fbclid=IwAR0trXDqI5PdSVmb8TSQYITPsD-6p8sWVbXtnKuiUcHaCCw9QbCfsMoeWkk

Perú

Cusco: Más de 12 comunidades de Espinar exigen nulidad de Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) de Glencore aprobado por SENACE

13 enero, 2020 Autor: Red Muqui.org
Conflicto Relacionado: Tintaya - Antapaccay - Espinar

El día de hoy por la mañana, 9 de enero, se desarrolló el paro de más 12 comunidades de Espinar, que posteriormente levantaron a las 6pm, pertenecientes a los distritos de Condoroma, Ocoruro, Pallpata, Alto Pichigua y Pichigua, entre las que se encuentras las comunidades de Huacroyuta Marquiri, Huarcapata, Chorrillo, Antacama, Pallpata, Canlletera, Cruz Pampa, Pirhuayani, Mamanocca, Jaruma Alccasana, Kanamarka y Molloccahua. Las comunidades de Espinar señaladas exigen la anulación de la resolución del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) que aprueba la Modificatoria de Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Coroccohuayco, que es la ampliación del proyecto minero Tintaya-Antapaccay perteneciente a la empresa minera suiza Glencore. Se estiman 25 años de vida del proyecto minero Coroccohuayco, sumado al proyecto minero en funcionamiento actual, Antapacay, que también operará 25 años.

¿Por qué exigen la anulación?

Las comunidades en protesta no han sido consideradas dentro de la Modificatoria de Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) del proyecto minero, por lo que no existen medidas de mitigación de los impactos ambientales, económicos, sociales y en materia de salud, que sufrirían cuando se desarrolle el proyecto minero, que se desarrollará en los territorios que se encuentran frente a ellos, cruzando el río salado. El río salado divide a estas comunidades de las otras comunidades que sí son consideradas parte del área de influencia directa e indirecta de la mina. ¿Por qué estas comunidades no han sido consideradas parte del área de influencia indirecta? No hay una respuesta clara de la empresa Glencore y de SENACE.

En comunicación con el presidente del Comité de Lucha, Fredy Llaique, señaló que, en anteriores mesas de diálogo con el Estado en Espinar, las comunidades habían presentado estudios técnicos que mostraban que también serían afectados por la actividad minera.

Por estos motivos, las 12 comunidades mencionadas iniciaron protestas en rechazo a la aprobación de la MEIA y de la consulta previa que pretende realizar el gobierno a las otras 13 comunidades que sí son consideradas parte del área de influencia directa e indirecta de la ampliación del proyecto minero; que tampoco conocen las implicancias de la MEIA, al no haberse realizado audiencias públicas por el SENACE para dar a conocer el MEIA del proyecto minero Coroccohuayco, tal como lo mandata la ley, y finalmente se puedan hacer objeciones y correcciones.

¿Cuál es la estrategia del gobierno?

El 8 de enero, el director general de la Oficina de Asuntos Socio-Ambientales, Hernán José Cuba Chávez, haciéndose enterado del paro del día de hoy, envió una carta al alcalde distrital de Pallpata, Alfonso Villagra, planteándole una reunión técnica en la que el SENACE daría a conocer el resultado de la evaluación del MEIA del proyecto minero Coroccohuayco para el lunes 20 de enero.

Consulta previa en cuestión

A la par que el gobierno ya tenía conocimiento del reclamo de estas comunidades que rechazan el MEIA aprobado por SENACE; el gobierno está ya desarrollando reuniones con las otras 13 comunidades para implementar la consulta previa sobre el inicio de operaciones del proyecto minero Coroccohuayco.

El próximo 29, 30 y 31 de enero, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) sostendrá una reunión con representantes de las 13 comunidades consideradas como parte del área de influencia directa e indirecta en la que se presentarán propuestas de planes de consulta y luego se consensuará y aprobará el plan de consulta previa.

Lo llamativo del acta aprobada el 19 de diciembre para sostener esta reunión, es que en el acta se menciona la resolución ministerial emitida ese mismo día, RM 403-2019 MINEM, que precisa en el artículo N°3 Oportunidad de la Consulta Previa: “el proceso de consulta previa puede ser iniciado luego de la admisión a trámite del instrumento de gestión ambiental necesario para los procedimientos identificados (..)” en los que corresponde realizar el proceso de consulta previa, en la que se incluye la autorización de las actividades de explotación.

Ello quiere decir, tal como ya lo han denunciado varias instituciones, que se restringe el derecho a la consulta previa al imposibilitar que las comunidades puedan ser consultadas antes del otorgamiento de una concesión minera, antes de la exploración minera y respecto a los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y Modificatoria de Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) aprobados.

Perú

Candidatos al Congreso por Lima suscriben pacto en defensa del AGUA frente a intento de privatización y amenaza de actividades mineras y relaves

13 enero, 2020 Autor: Red Muqui.org

El día de ayer, jueves 9 de enero, a partir de las 10am, se desarrolló en las instalaciones de El Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – Sutesal- en Breña, el Foro Electoral: Pacto por el agua. La apertura del Foro electoral estuvo a cargo de la secretaria general de Sutesal, Luisa Eyzaguirre y contó con la participación de diversos candidatos de los partidos políticos postulantes: Juntos por el Perú, Podemos Perú, Apra, Perú Libre, Frente Amplio, Unión por el Perú, Renacimiento Unido Nacional, Alianza para el Progreso. El foro lo organizó el Frente Pueblos en Defensa del Agua, la Vida y Sedapal, que impulsa el sindicato de trabajadores de Sedapal (Sutesal), el Frente Unitario de los Pueblos del Perú y diversos colectivos que luchan por el agua como bien común.

Compromiso de los candidatos

En la presentación, los candidatos tuvieron 4 minutos para expresar su compromiso con la agenda de la defensa del agua, debido a que actualmente existe el peligro de la privatización de Sedapal a través del Decreto Supremo 214-2019-EF, emitido por el presidente Vizcarra en julio del año pasado, que promueve la venta de hasta 100% de las acciones de la empresa pública.

Asimismo, algunos candidatos señalaron su compromiso en la lucha por la remediación de pasivos ambientales, debido a que en la cuenca alta del río Rímac, existen relaves mineros en Tamboraque, Chinchán, y San Mateo, que aún no han sido remediados y son un peligro para el agua que toman los limeños.

Posteriormente, se realizaron preguntas y comentarios del público dirigido a los partidos políticos presentes en el debate. Entre los candidatos más conocidos y que pudieron contestar las preguntas en representación del partido, estaban la ex congresista aprista Nidia Vilchez, el ex congresista Manuel Dammert por Juntos por el Perú y Samuel Yáñez del Frente Amplio. También contestaron los candidatos de Perú Libre, Podemos Perú, RUNA, y Unión por el Perú

Firma del pacto

El Foro culminó con la firma del pacto por los candidatos, en defensa del agua, de Sedapal, y EPS como bien común y de servicio público, que entre los 11 puntos resalta el compromiso en “defender el agua como derecho humano y bien público, en que el Estado tiene la obligación de resguardad el derecho a la vida y la salud de millones de peruanos, mediante el fortalecimiento de políticas públicas de saneamiento en donde el eje principal sea el factor humano, la vida”; y, que “a la fecha la ciudad de Lima y Callao cuentan con serias amenazadas de contaminación de las cuencas y ríos por implementación de operaciones mineras”, en referencia al proyecto minero Ariana que pone en peligro el agua para Lima; y, agrega, “así como la presencia de relaves mineros que afectarían las cuencas y ríos que abastecen de agua en la capital, poniendo en serio riesgo la vida de millones de personas”.

Como se recuerda, durante los últimos meses se ha presenciado en lima grandes movilizaciones en defensa del agua frente a la posibilidad de privatización de Sedapal, y por consiguiente del agua. Asimismo, parte de la plataforma de las movilizaciones ha sido el rechazo al proyecto minero Ariana, que se ubicará a pocos metros del Túnel Trasandino Cuevas Milloc, que transporta el agua de la laguna Marcapomacocha hacia la cuenca del Rímac, para finalmente abastecer de agua a las y los limeños.

Pacto por el agua

Fuente:https://muqui.org/noticias/candidatos-al-congreso-por-lima-suscriben-pacto-en-defensa-del-agua-frente-a-intento-de-privatizacion-y-amenaza-de-actividades-mineras-y-relaves/

Perú

#SinDefensorxsNoHayDemocracia: Firma petición por defensorxs del territorio en Cusco

10 enero, 2020 Autor: DSHF.pe

Defensores del territorio y del ambiente en riesgo de ser condenados a más de 20 años de cárcel

Entre noviembre del 2011 y febrero del 2012, pobladores de la provincia cusqueña de Chumbivilcas, a través de sus organizaciones sociales como el Frente de Defensa de los Intereses de LLusco, el Frente de Defensa de Chumbivilcas, las comunidades campesinas del distrito de Llusco, La Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru de Cusco (FARTAC), entre otras, ejercieron su derecho de libertad de expresión, opinión y de reunión, exigiendo diálogo con el Estado por la visible contaminación ambiental en la cuenca del río Yahuarmayo, conocido como Molino, y por las afectaciones negativas causadas por el paso de camiones mineros de gran tonelaje generada por la empresa minera ANABI SAC.

Pese a múltiples pedidos ante las instancias del Estado, los dirigentes y las comunidades no fueron escuchadas, sin embargo a partir de las medidas de movilización y protesta social en el mes de enero de 2012 se instaló una mesa de diálogo integrada por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministerio de Energía y Minas, la Autoridad Nacional del Agua, Autoridades locales y regionales; y representantes de la empresa minera ANABI SAC. Uno de los compromisos acordados en este espacio de diálogo, fue la realización de un monitoreo ambiental, cuyos resultados debían presentarse públicamente ante la población, dicho acuerdo que no fue cumplido.

Lamentablemente el conflicto social se desbordó en distintos momentos, siendo uno de los hechos más graves el incendio del campamento minero ocurrido el 05 de febrero de 2012, por lo cual la empresa minera ANABI SAC denunció a varios dirigentes de organizaciones sociales por diversos delitos. Sin hacer mayor investigación penal, la fiscalía formalizo la denuncia penal contra nueve varones y una mujer, defensores del territorio y del medio ambiente, de Llusco, Chumbivilcas y Cusco, por delitos de secuestro, robo agravado, disturbios, daños agravados a la propiedad privada, entre otros.

El juicio contra dirigentes sociales está en las últimas etapas, y se estima que en las siguientes semanas de enero del 2020, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial B de Cusco se pronuncie con una sentencia condenatoria.

Lxs defensorxs están en grave peligro de ser encarcelados por 20 años, o más, considerando que esta es la pena mínima por el delito de secuestro, y la fiscalía ha pedido 30 años de cárcel. El elemento común entre los acusados es su condición de dirigentes de organizaciones sociales y/o autoridades, pues no existe evidencia confirmando su participación en los actos. Igualmente, las acusaciones están basadas únicamente en testimonios de ex-trabajadores de la empresa minera ANABI SAC.

La sentencia de 20 años o más de los 10 acusados no solo significaría que ellos pasaran el resto de sus vidas adultas encarcelados por defender su territorio y medio ambiente, también marcaría un precedente para procesos judiciales contra hombres y mujeres que deciden ejercer su derecho constitucional de denunciar contaminación ambiental y demás vulneraciones de sus derechos por empresas extractivas.

Por tanto, desde la sociedad civil solicitamos al “Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial B de Cusco” encargado de este caso, que:

– Desarrolle el juicio de manera imparcial, acorde a la Carta Magna en la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole. En este sentido, la sentencia del colegiado tiene que fundamentarse en el derecho a una decisión justa como elemento esencial de un proceso justo y sano.

– La decisión final debe versar en derechos fundamentales tal cual la Carta Magna hace mención “…gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida” y no basándose meramente en lo que la empresa contaminadora minera alega. Hubo protestas porque los territorios de las comunidades están siendo depredados de manera irreversible.

(Puedes leer el contenido completo del petitorio aquí)

Trayectoria en la empresa minera ANABI SAC

La empresa minera ANABI SAC no es reconocida por tener buenas prácticas ambientales y que en diversas ocasiones ha sido sancionada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por contaminación generada por los proyectos mineros que viene ejecutando en distintas partes del país. En el caso de Llusco, Cusco, habría sido sancionada en el año 2011, antes de que los pobladores se levanten y denuncien las afectaciones negativas en su territorio.. Información que se puede encontrar en la página web de OEFA (https://www.oefa.gob.pe/?s=anabi).

Los defensores del territorio que podrían recibir una pena de cárcel tan alta son: Jaime Mantilla Chancuaña, en ese entonces Alcalde de LLusco; Julian Alejo Ataucuri, ex Secretario General del Frente de Defensa de los intereses de Llusco; Victoria Quispesivana Corrales, ex Secretaria General del Frente de Defensa de los intereses de Chumbivilcas; Luciano Ataucuri Chavez , quien era Presidente del Comité de Lucha del Distrito de Llusco; Samuel Acero Hurtado, representante de la FARTAC en ese entonces; Urbano Cjulca Caceres ex Secretario General de los Intereses de Quiñota; Esteban Alvis Cahuana, ex Presidente de la comunidad campesina de San Sebatian Llusco; Wilber Garcia Huaycani, en ese entonces Presidente de la Liga Agraria provincial de Santo Tomás de Chumbivilcas; Grimaldo Asto Puma en ese entonces chofer de la Municipalidad Distrital de LLusco; y finalmente Edgardo Aguirre Pacheco, ex Secretario de actas del Frente Único de Defensa e Intereses de Chumbivilcas.

Petitorio ante el Sistema de Justicia Peruano

Petitorio Defensores Ambientales de Cusco by Derechos Humanos Cusco on Scribd

Fuente:https://derechosinfronteras.pe/sindefensorxsnohaydemocracia-firma-peticion-por-defensorxs-del-territorio-en-cusco/?fbclid=IwAR2vS7BMmHHGOWI_QKVcpNheyqoeDPGyoHO7Xv1HvAqZq8DbRwftTi8iYeo

Perú

Cusco: Espinar rechaza proyecto minero Ccoroccohuayco

10 enero, 2020 Autor: José Víctor Salcedo, La República.pe
Conflicto Relacionado: Tintaya - Antapaccay - Espinar

Con bloqueo de vías y un tramo del Corredor Minero del Sur, ayer empezó una huelga en las comunidades campesinas de los distritos de Condoroma, Ocoruro, Pallpata, Alto Pichigua y Pichigua, de la provincia cusqueña de Espinar. Rechazan la aprobación de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado (MEIA) del proyecto minero Expansión Tintaya Integración-Ccoroccohuayco. Dirigentes y autoridades exigen la “nulidad de la resolución directoral” que aprobó el MEIA.

Algunas de las comunidades que acatan la protesta son Huacroyuta Marquiri, Huarcapata, Chorrillo, Antacama, Pallpata, Canlletera, Cruz Pampa, Pirhuayani, Mamanocca, Jaruma Alccasana, Kanamarka y Molloccahua.

Hay que recordar que el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) aprobó el MEIA sin considerar a las comunidades de influencia directa e indirecta del proyecto. Además, la aprobación se dio días después de que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) asumiera el compromiso de aplicar la consulta previa para continuar con el proyecto cuprífero.

En abril de 2018, Glencore presentó al Senace el Estudio de Impacto Ambiental Modificado (MEIA) de Antapaccay, que incluye el nuevo proyecto de Ccoroccohuayco. El 17 de diciembre de 2019 ese pedido fue aprobado. La mina se ubicará en territorio de la comunidad Huini Coroccohuayco, pueblo originario según el Ministerio de Cultura.

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/2020/01/10/cusco-espinar-rechaza-proyecto-minero-ccoroccohuayco-lrsd/?fbclid=IwAR003JfPIMTB6z1qOKADYIIw_qrqAQcqj3DKseLy8SvKrOuf8DJcLDjPoJM