Julia Minners
28/05/2021
Imagen: CooperAcción
La fiebre del oro en la Amazonía viene causando graves impactos, tanto en términos sociales como ecológicos. La minería ilegal ya no se concentra únicamente en Madre de Dios, sin duda el caso más conocido y una verdadera tragedia ambiental, sino que viene creciendo también en otras regiones como Loreto y Amazonas.

Para conocer mejor sobre los impactos de esta actividad ilegal, realizamos una entrevista con el biólogo Juan Sánchez Babilonia, especialista del Centro de Rescate Amazónico (CREA). El CREA se ubica en Iquitos y se dedica a la conservación de especies. Sus ejes claves son el rescate, la rehabilitación y la subsecuente liberación de animales amazónicos. La especie de enfoque es el manatí amazónico, seguida por otros mamíferos acuáticos como nutrias y delfines de agua dulce. Aparte de eso, el CREA cuida también de otras especies de fauna silvestre como aves y monos. La educación ambiental comunitaria, antes de liberar a los animales cerca de una comunidad, y el ecoturismo con viajeros nacionales e internacionales, también están entre las actividades diarias del centro. Éstas son consideradas claves para frenar al tráfico ilegal de especies y apuntan a una interacción sostenible con la riqueza natural de la Amazonía.

La minería ilegal en la zona, que predominantemente es aurífera, trae consigo impactos ambientales críticos por la inserción de metales pesados como el mercurio a las aguas superficiales de ríos y lagos y también al agua subterránea. Por consiguiente, los organismos de los mamíferos acuáticos se ven afectados primero por niveles de alta toxicidad, y segundo por la persistente bioacumulación de metales pesados, es decir una creciente concentración de tóxicos presentes al subir la cadena alimentaria, por ejemplo de algas a crustáceos a peces. “El tiempo de vida va a disminuir, inclusive afecta algunas dinámicas poblacionales de algunas especies y por tanto a la estructura y la función del ecosistema”, afirma Sánchez. Es más, el monitoreo del número de la población de delfines puede ayudar a determinar el estado de los ecosistemas locales en la Amazonía y su respectiva degradación[1]. A nivel anatómico, los metales pesados afectan tanto al sistema nervioso central como a los riñones de ciertas especies amazónicas. Cabe destacar que la absorción de metales pesados por las plantas acuáticas, siendo fuente principal de alimento del manatí, impacta directamente a su organismo y por ende a las personas de comunidades locales que consumen carne de manatí. “Una zona donde hay minería ilegal no se podría considerar, por ejemplo, una zona de liberación de especies de fauna. Sería comprometer a los animales porque existiría esta actividad y tampoco se podría impulsar repoblamiento de estas especies en estas áreas”, nos explicó Sánchez.

Más allá de la contaminación, la alteración de los cauces de los ríos resulta en cambios de la vegetación acuática y perturbaciones de etapas tan fundamentales del ciclo de vida como el desove que se orientan en las épocas de creciente y vaciante de la Amazonía. Aparte de la confusión estacional, cambios en los cursos de los ríos por la minería ilegal o por la construcción de hidrovías o represas hidroeléctricas pueden poner en peligro a la fauna: el peligro proviene de la disminución del hábitat, en particular de los espacios de reproducción, alimentación y refugio[2]. Además, las aguas estancadas generadas por estas intervenciones humanas en la naturaleza conllevan enfermedades para los organismos. Asimismo, las rutas habituales de las especies migratorias como los manatíes se interrumpen al crear barreras artificiales, lo que puede tener consecuencias fatales para el conjunto del ecosistema amazónico.

El biólogo enumera otros impactos negativos de tipo social de la minería ilegal entre ellos el alcoholismo, la delincuencia, la focalización en el dinero, actos de violencia contra defensores del medioambiente y amenazas contra turistas.

Sánchez explica que la pandemia del Covid-19 ha tenido una influencia ambigua para la conservación. Por un lado los ecosistemas se pudieron recuperar, por ejemplo, “las poblaciones de algunas aves se han incrementado”. Por otro lado, el número de dragas de la minería ilegal en la Amazonía ha experimentado un aumento sin precedentes durante este estado de emergencia sanitaria.

Finalmente, para obtener una visión hacia el futuro le pregunté a Sánchez qué alternativas al extractivismo de la minería ilegal tuvieran potencial en la región. En su respuesta, el biólogo sostuvo que para lograr un desarrollo sostenible de la Amazonía se requerirían más centros de cría o rescate para atender a todos los animales. Sugiere que los centros podrían ser parcialmente financiados por fondos internacionales. El turismo responsable que incluye a las comunidades ofrece también un empleo alternativo y sostenible. Se considera además esencial introducir planes de manejo para el aprovechamiento de recursos naturales como el paiche y la tortuga taricaya y multiplicar los esfuerzos de educación ambiental.

Desde CooperAcción agradecemos al Centro de Rescate Amazónico, en especial a Juan Sánchez Babilonia por proporcionarnos su mirada de la situación de la minería ilegal en la Amazonía, y a Jim Ruiz Pezo por hacer posible la entrevista.

[1]Trujillo-González, F.; Mosquera-Guerra, F.; Franco, N. (2019): River dolphins: Species that indicate the state of health of the aquatic ecosystems of the Amazon and Orinoco regions. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales [online], 43:167, 199-211.

[2]Velásquez Zapata, G.Y. (2020): Problemas medioambientales de la minería aurífera ilegal

en Madre de Dios (Perú). Observatorio Medioambiental, 23, 229-241.

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21/05/2021
Redacción Wayka
Desde 1981, la provincia de Espinar del Cusco convive con la minería y sus consecuencias. Ese año, la empresa estatal ETAMINSA expropió 2.368 hectáreas de la comunidad de Anta Cama y comenzó sus operaciones extractivas en el proyecto minero Tintaya. Los reclamos de la población, sin embargo, perduran hasta la actualidad, cuarenta años después, por un Estado que no garantiza derechos básicos ni acceso a la salud especializada para los afectados por la contaminación minera, y una empresa que desata protestas en la provincia.

Las primeras protestas de la población de Espinar contra la actividad minera sucedieron durante la década de los ochenta, y no se agravaron hasta el 21 de mayo de 1990, cuando tomaron como rehenes a un grupo de trabajadores de la minera. Durante el régimen de Alberto Fujimori, según los propios comuneros de la provincia de Espinar, la situación empeoró.

“Desde 1990 los problemas han iniciado juntos con el gobierno fujimorista. Nosotros teníamos antes nuestras empresas mineras estatales, pero Fujimori todo privatizó, nos ha traído un caos. Ha vendido, ha rematado, en un año 200 empresas mineras. Nos han invadido las grandes empresas transnacionales. Junto con ese remate empezaron nuestras protestas”, cuenta Elsa Merma, integrante de la Asociación de Mujeres Defensoras del territorio K’ana, en el foro “Conflictos y espacios de diálogo en Espinar: balance y desafíos”.

Como se recuerda, en 1993 el gobierno de Alberto Fujimori inició el proceso de privatización y en 1994 le adjudica el proyecto Tintaya a la multinacional estadounidense Magma Cooper Company por US$276,8 millones. En 1996, Magma es absorbida por el grupo australiano Broken Hill Property (BHP) para posteriormente fusionarse con la empresa Billiton PLC (Reino Unido). El proyecto Tintaya termina en manos de Xstrata Copper en 2006, luego de que esta sea vendida por Billiton PLC.

Desde el lado de la población de Espinar, sin embargo, no se ha percibido el progreso que supone la actividad minera. Hasta el 2017, de acuerdo a datos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), el 46% de personas de Espinar sigue siendo pobre, el 17% vive en pobreza extrema y solo el 37% alcanzó la condición de no pobre. A su vez, el Ministerio de Salud identificó a 1621 personas con presencia de metales tóxicos en la sangre, como arsénico, cadmio, mercurio y plomo.

La afectación por metales pesados fue confirmada recientemente en un informe elaborado por Amnistía Internacional y Derechos Humanos Sin Fronteras, en donde se concluyó que de 150 personas de Espinar analizadas, el 78% tuvo altos niveles de metales y sustancias tóxicas. La mayoría de ellos guarda arsénico en la sangre.

“La empresa minera nos ha traído contaminación a nuestro medio ambiente y nuestra salud. Los ministerios ya saben que tenemos metales pesados, pero hasta ahora no somos atendidos.
Ahora estamos en mesas de diálogo, cuántos años de mesas de diálogo pero en Espinar simplemente instalamos (mesas), después semanas pasan, meses pasan, se olvidan. Y otra vez tenemos que sacar pronunciamientos, tenemos que movilizarnos, organizar otro paro”, exclama la defensora ambiental de Espinar, Elsa Merma.

Por su lado, la bióloga de Derechos Humanos Sin Fronteras, Karem Luque Ticona, enfatiza los años de ineficiencia del Estado frente a las poblaciones afectadas por metales pesados. “No se han implementado planes de atención integral efectivos en Espinar. No se ha entregado hasta ahora, seis años después, los resultados de causalidad de la contaminación por parte del Instituto Peruano de Energía Nuclear. Hasta ahora no se encuentra la causa de la contaminación, que era una de los principales pedidos de la población”.

Para José de Echave, economista y exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente durante el gobierno de Ollanta Humala, los derechos ganados por la población de Espinar se deben a su capacidad de organización. “Los mejores momentos de lucha y diálogo en Espinar han sido cuando la población ha estado organizada, porque una población organizada está en mejores condiciones para defender sus derechos. Cuando las comunidades han tenido la capacidad de convocar aliados, y cuando la población pudo hacer visible lo que pasaba en sus territorios”, dijo de Echave en el foro transmitido por Wayka.

40 años de minería en Espinar: pobreza, contaminación y conflictos sin resolver

20/05/2021
Redacción Wayka
A mediados del 2011, la región Cajamarca se levantó en protesta contra el proyecto minero Conga, a cargo de la empresa minera Yanacocha, subsidiaria de Newmont. Pese a que un estudio de impacto ambiental advirtió la destrucción de lagunas de cabeceras de cuenca, y la poca voluntad de la minera por preservar las fuentes de agua, el entonces premier Oscar Valdés intentó imponer el proyecto a sangre y fuego. La candidata Keiko Fujimori presenta actualmente a Valdés como parte de su equipo técnico.

Oscar Valdés Dancuart es un militar retirado que fue el primer ministro del Interior del gobierno de Ollanta Humala y posteriormente su Presidente del Consejo de Ministros. Durante ese periodo de tiempo, entre julio y diciembre de 2011, Valdés se pronunció y actuó a favor del proyecto minero Conga, pese a los riesgos ambientales advertidos y la sangrienta represión policial contra las protestas en Cajamarca.
Foto: Pólemos.

Como ministro del Interior, Valdés estuvo a cargo de la respuesta de las fuerzas del orden contra las protestas por el proyecto Conga que se desataron en noviembre de 2011. El resultado de su gestión contra dicho conflicto socioambiental dejó más de 20 heridos y cinco ciudadanos fallecidos, entre ellos Eleuterio García Rojas (50), José Faustino Silva (35) y un menor de edad (17) de iniciales C.M.A. El 2011, año en que Valdés fue ministro del Interior, terminó con 22 civiles muertos y otros 291 heridos en un conflicto social, mientras que por el lado de las fuerzas del orden se hirieron a 18 policías.

Pese a que un equipo de expertos internacionales analizó el estudio de impacto ambiental del proyecto y recomendó no destruir cuatro lagunas que constituyen la cabecera de tres cuencas fluviales y que abastecen de agua a los agricultores de la región, el gobierno de Humala insistió en darle luz verde a Yanacocha. Y Valdés, ya como premier de Humala, emitió una serie de declaraciones en contra de los manifestantes de Cajamarca.
Captura de Twitter.

“Los podridos quieren que este país sea una chacra, los congelados un páramo y los incendiarios una gigantesca fogata (…) los incendiarios quisieran prender explosivos y verter venenos para que surja una gigantesca fogata”, escribió Valdés en su cuenta de Twitter en pleno conflicto socioambiental. “Los congelados se han encerrado dentro de ellos. No miran sino a sus iguales y a sus dependientes, considerando que nadie más existe”.

Como se recuerda, durante el segundo periodo del aprista Alan García Pérez, un equipo del Ministerio de Energía y Minas conformado por un exfuncionario de Yanacocha, aprobó el estudio de impacto ambiental del proyecto Conga. Pese al conflicto de interés identificado en el proceso de aprobación, el expresidente Humala y su premier Oscar Valdés defendieron la viabilidad del proyecto por encima de los reclamos y muertos en represión policial.

Tras varios meses de protestas y represión policial, finalmente el gobierno de Humala suspendió el proyecto Conga en noviembre del 2011. Y pese al saldo de civiles muertos y heridos que dejó el conflicto socioambiental en Cajamarca, Humala mantuvo a Valdés hasta julio del 2012.

Las declaraciones de Oscar Valdés, sin embargo, han sido polémicas más de un vez. En enero de 2012, aún como premier del gobierno de Ollanta Humala, Valdés se refirió así del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR): «Si bien es un informe bastante completo, hay que ver que mucha gente presentaba cuadros desgarradores y hubo mucha teatralización y cosas que sobredimensionaron, como la cantidad de damnificados y el rol de las Fuerzas Armadas».

Durante las protestas del 19N contra el gobierno de facto de Manuel Merino de Lama, Valdés se pronunció a favor del gobierno, pese a que el Ministerio de Salud ya había confirmado la muerte de los ciudadanos Brian Pintado e Inti Sotelo. «Yo creo que (los congresistas golpistas) cometieron un grave error en no respaldar al señor Merino, ellos debieron mantenerse en sus trece», dijo Valdés en una entrevista para un portal digital.
https://wayka.pe/oscar-valdes-de-represor-de-protestas-en-conga-a-tecnico-del-fujimorismo/

José De Echave C.

Imagen: TVSur
¿La recaudación tributaria de un país se puede caer por eventos extraordinarios? Sin duda que sí. Se puede caer, por ejemplo, por el inicio de una pandemia que golpee a todo el planeta, como viene ocurriendo; por una recesión económica que tenga diferentes orígenes o, también, por algún fenómeno natural o no tan natural.

Pero la recaudación también se puede caer por malas decisiones de políticas. En el siguiente gráfico podemos apreciar las dos últimas caídas drásticas de la presión tributaria en el Perú, donde se mezclaron diferentes factores que jugaron en contra. Por ejemplo, el año 2017 la presión tributaria tocó fondo y fue el resultado de varios factores: el primero se inició el 2013/2014 y tuvo que ver con el fin del súper ciclo de precios de las materias primas pero que continuó agudizándose por las pésimas decisiones que tomaron, por ejemplo, los ministros de Economía, Alonso Segura (al final del gobierno de Humala) y Alfredo Thorne (al inicio del gobierno de Kuczynski)[1]. Al primero se le ocurrió la pésima idea de reducir las tasas del impuesto a la renta, sobre todo a las personas jurídicas (2014) y el segundo creó un nuevo régimen Mype tributario, lleno de deducciones, entre otras acciones, que terminaron por ahondar la caída de la recaudación. El resultado de ambas gestiones fue una presión tributaria que llegó el año 2017 a los niveles más bajos de los últimos 20 años. Por lo tanto, está claro que la presión tributaria puede caerse por malas decisiones que tomen nuestras autoridades.

La segunda caída drástica de la presión tributaria se ha producido el año pasado, en medio de la llegada y la expansión de la pandemia y su feroz impacto en la actividad económica del país. El golpe externo y las decisiones que se tuvieron que tomar (confinamiento, lo que en términos concretos significó recesar la economía), provocaron la caída de la presión tributaria, aunque no se batió el lamentable récord del año 2017, luego de las torpezas de Segura y Thorne.

Ahora bien, podemos invertir la pregunta inicial. ¿La recaudación se puede recuperar, casi automáticamente, por algún evento extraordinario? La respuesta también es sí y esa recuperación casi automática, durará lo que dure el impacto de ese evento extraordinario y después se irá esfumando si no se hace la tarea. Pasó en el momento del súper ciclo de precios de las materias primas (2003-2012) y es probable que vuelva a ocurrir en el contexto actual de precios internacionales extraordinarios del cobre, etc., sobre todo si volvemos a cometer los mismos errores.

Sin embargo, hasta acá estamos hablando sólo de piloto automático y dependencia de que los vientos soplen a nuestro favor. ¿Cuál es la tarea? Lo ideal es que la recaudación se sostenga por una política tributaria sólida y progresiva que permita generar condiciones para recaudar lo que cualquier país necesita para funcionar adecuadamente, aprovechando al máximo coyunturas favorables y haciendo control de daños en momentos adversos.

Esta es la tarea que no hemos hecho hasta ahora. Somos, desde hace tiempo, uno de los países con la más baja presión tributaria de América Latina (7 puntos por debajo del promedio regional) y el único de la Alianza del Pacífico que, en la etapa del post súper ciclo no implementó una sola reforma tributaria de carácter estructural (todos los demás países sí hicieron la tarea).

Sería un error aplicar nuevamente la política de piloto automático en un contexto en el que los precios de nuestros principales productos de exportación (minerales) están al alza. Se necesita hacer la tarea en materia tributaria. ¿Algunas pistas? Reforma tributaria estructural, apostando por una política progresiva donde predominen los impuestos directos sobre los indirectos; se luche de manera frontal contra la evasión y la elusión tributaria; se revisen y evalúen los beneficios tributarios y regímenes especiales; se cobren las deudas tributarias; se fortalezca la autoridad tributaria y se simplifiquen los registros.

En el caso de la minería y tomando en cuenta el actual contexto, es el momento de colocar un impuesto a las sobre ganancias y al mismo tiempo revisar la actual regalía (que se aplica a la utilidad operativa) y reemplazarla por una que se aplique sobre el valor de las ventas. Este tipo de regalía permitiría una mayor transparencia y trazabilidad del pago (dificulta la elusión fiscal); permite un mayor aporte durante los primeros años de operación, es menos volátil y responde de mejor manera al concepto de la regalía, es decir como contraprestación al Estado por la extracción de bienes naturales que nos pertenecen y que no son renovables.

Estas son algunas de las tareas urgentes en materia tributaria que se deben poner en marcha en el próximo quinquenio.

[1]Para el quinquenio 2016-2021 se había propuesto alcanzar una presión tributaria de 17% (línea roja).

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Luis Álvarez Guevara
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18/05/2021
La Republica
Protesta. Impiden el ingreso y salida de vehículos mineros.
Demanda. Pobladores de la comunidad de Hatum Ccollana piden ser incluidos en zona de influencia de proyecto minero.

Cusco. Por tercer día consecutivo, pobladores de la Comunidad Campesina de Hatum Ccollana, en el distrito de Velille, Chumbivilcas, mantienen bloqueado el acceso al campamento de la empresa Hudbay. Demandan ser incluidos en la zona de influencia directa del proyecto que desarrolla la minera en la localidad.

Piquetes de pobladores, a la altura del desvío Chilloroya colocaron piedras para impedir el ingreso y salida de vehículos que transportan material minero del campamento Constancia. Consideran que fueron marginados como área de influencia del proyecto. También reclaman por el componente minero o relave que viene afectando al sector de Fausi- Alto donde habitan aproximadamente 60 familias. Según indican los manifestantes este relave contamina fuentes de agua, así como el aire de toda esta zona.

“Hemos esperado pacientemente nuestra inclusión, es la tercera vez que no nos toman en cuenta, tenemos que realizar una medida de protesta para que nos escuchen” señaló Daniel Colque, presidente comunal.
Demanda

En la plataforma de lucha consignan otros cuatro puntos como, la paralización de la tercera modificación del estudio de impacto ambiental de la Unidad Minera Constancia de la transnacional Hudbay por no cumplir con los requisitos y procedimientos que manda la norma, además exigen una indemnización y compensación por daños ambientales y sociales ocasionados a la comunidad, la participación del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la firma de un convenio entre la minera y la comunidad que protesta.

Los manifestantes amenazan con tomar más zonas del corredor vial Sur de no ser atendidos a la brevedad.
https://larepublica.pe/sociedad/2021/05/18/cusco-comuneros-bloquean-ingreso-a-minera-hudbay-lrsd/

18/05/2021
Pedro Castillo
Durante los últimos días, Pedro Castillo incluso advirtió que podría avanzar en la nacionalización de las minas de ese país.

La semana pasada, los medios peruanos destacaban entre sus reportajes las ventajas que podría obtener la industria minera de ese país tras la aprobación en la Cámara de Diputados de Chile del proyecto de royalty minero, mediante el cual se busca establecer el pago de impuestos a las ventas de cobre por parte de las empresas, elevando fuertemente las tasas a las que están afectas estas compañías.

Sin embargo, estas aspiraciones podrían verse coartadas en el corto plazo, ya que ayer el candidato presidencial de la izquierda, Pedro Castillo (Perú Libre), presentó un documentó a través de su cuenta de Twitter, denominado “Plan de Gobierno Perú al Bicentenario-Sin corrupción”, en el que se incluyó una propuesta para gravar con mayores regalías a las empresas mineras en función de las ventas del mineral. “Necesitamos aumentar sustancialmente la inversión en educación y salud, para ello debemos nacionalizar nuestras riquezas, es decir, hacer que estas sirvan a los peruanos, con nuevas reglas de impuestos y regalías que resultan hoy muy necesarios y pertinentes”, dijo Castillo, quien ha ido perdiendo la ventaja con que comenzó esta carrera por la segunda vuelta presidencial.

El candidato apunta directamente al cobre, del que Perú es el segundo productor después de Chile, y aseguró que los costos de producción de la industria peruana son de los más bajos del mundo, añadiendo que “las transnacionales mineras están obteniendo sobreganancias, las que no se relacionan con nuevas inversiones o tecnología, sino solo con los vaivenes del mercado internacional. Anotemos que ya la Cámara de Diputados de Chile ha aprobado una nueva regalía cuya tasa llega al 75% si supera los US$ 4,0/lb, como hoy sucede”.

En una entrevista del fin de semana, Castillo incluso se abrió a nacionalizar las minas “si el pueblo lo requiere” y a modificar los contratos con invariabilidad tributaria con los que cuentan las empresas mineras. “Agotaremos todo tipo de diálogo primero. Si el pueblo lo quiere, las tendremos que nacionalizar. Darles a nuestros hermanos peruanos pequeños empresarios inviertan en el país”, sostuvo Castillo, quien se enfrentará en el balotaje con Keiko Fujimori, el próximo 6 de junio.
Fuente: El Mercurio

Candidato presidencial peruano propone establecer royalty minero

17/05/2021 www.conflictosmineros.org.pe
Foto: Dirigentes de Ccollana
Oficialmente, desde la madrugada del 16 de mayo la comunidad originaria de Hatun Ccollana, del distrito de Velille, provincia cusqueña de Chumbivilcas, inició un paro indefinido en contra la empresa minera HudBay. Su principal demanda es ser considerados como área de influencia directa ambiental y social de las operaciones de la Unidad Minera Constancia. Asimismo, solicitan el pago de indemnización y compensación por los daños ambientales y sociales ocasionados por la empresa minera en mención.

En diálogo con el Observatorio de Conflictos Mineros, el presidente de la comunidad, Daniel Colque, aseguró que el MEIA el proyecto ‘Constancia’ ha sido aprobado con irregularidades, ‘También estamos solicitando se declare sin efecto la Tercera Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental de la Unidad Minera Constancia, por incumplir requisitos administrativos de procedimiento, técnicos y legales por atentar al derecho a la Consulta Previa que tenemos las Comunidades. Además, los funcionarios de la empresa y del gobierno han aprovechado la pandemia para llevar adelante este proceso, sin respetar nuestros derechos como comunidad originaria’ sentenció Colque.

Respuesta del MINEM

A través de un comunicado, el Ministerio de Energía y Minas ha declarado su sorpresa ante la medida de lucha de la comunidad, pues mantuvieron una reunión el pasado 15 de mayo. “Reiteramos nuestra constante voluntad de diálogo con los actores legítimos de la comunidad, siempre que ésta se desenvuelva en un clima de paz social y promueva el desarrollo legítimo de la comunidad”, finaliza el comunicado del Minem.

Sin embargo, para la comunidad, se necesitan condiciones mínimas para continuar con el diálogo. ‘Solicitamos un proceso de fiscalización y evaluación participativo especial por parte de OEFA y los daños e impactos ambientales que ocasiona. Además, que se garantice la firma de un Convenio Marco entre la Minera HudBay y la Comunidad Hatun Ccollana. Nuestro pedido es que para mañana, o lo más pronto posible, venga a nuestra comunidad una Comisión de Alto Nivel integrada por representantes de la Presidencia de Consejo de Ministros y el Ministerio de Energía y Minas, para que vean las afectaciones a las que nos enfrentamos’
Mientras no se garantice la presencia de altos funcionarios, la comunidad mantiene firme su decisión de continuar con un paro indefinido.
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14/05/2021
Actualmente el proyecto minero se encuentra temporalmente postergado. Foto: MINEM
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Desde noviembre del 2019, el Ministerio de Energía y Minas viene implementando la consulta previa en 11 de las 13 comunidades ubicadas en el área de influencia del proyecto minero Expansión Tintaya – Integración Coroccohuayco, en la provincia cusqueña de Espinar. Se viene consultando, la autorización de inicio de operaciones, que es un acto formal y tardío, necesario para iniciar la etapa de construcción.

Las comunidades originarias que vienen participando de este proceso son Alto Huarca, Huano Huano, Alto Huancané, Huancané Bajo, Tintaya Marquiri, Cala Cala, Huarca, Suero y Cama, Huisa Collana, Huisa y Anta Ccollana. Por su parte, Huini Coroccohuayco y Pacopata, que se encuentran en el área de influencia directa, si bien inicialmente tuvieron reuniones con el Ministerio de Energía y Minas, éstas no se han retomado ya que exigen que se les consulte la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) porque consideran que es la única decisión que les permite poner condiciones a la inversión, a fin de que se respete sus derechos. Pese a esta demanda, el MEIA fue aprobado.

Ante este hecho, en el 2019 los presidentes de las comunidades originarias de Huini Coroccohuayco y Pacopata interpusieron una demanda de amparo contra SENACE por omisión de consulta previa a la modificatoria del estudio de impacto ambiental. Este proceso legal está siendo acompañado por IDL, CooperAcción y Derechos Humanos sin Fronteras.

Para Ana Leyva, abogada e investigadora de CooperAcción, en este caso el Estado debió realizar el proceso de consulta previa del MEIA para determinar los impactos del proyecto sobre los derechos colectivos y las medidas necesarias para evitar la vulneración a estos derechos.

“La consulta que se viene impulsando estos días no es sobre el MEIA, sino sobre la autorización del inicio de operaciones, una decisión tardía, que no tiene relevancia alguna. Es más, cuando esta se da, las decisiones que pueden afectar derechos colectivos ya han sido tomadas. Por otro lado, si bien los acuerdos de una consulta son vinculantes, no servirán para garantizar derechos ya que no podrán cambiar las condiciones establecidas en anteriores decisiones”.

Considera además que en este caso debió de existir consentimiento porque la implementación del proyecto implica reasentamiento poblacional. “El proyecto no solo requiere consulta previa del MEIA, sino también consentimiento porque habrá reasentamiento poblacional. En este tema, las normas internacionales de protección a pueblos indígenas son muy claras” señaló la abogada.

Una consulta sin relevancia

El último 22 de abril, en una reunión virtual, funcionarios del MINEM y del MINCUL y dirigentes comunales de las 11 comunidades mencionadas, firmaron una adenda para reafirmar su participación en el proceso de consulta previa.

En dicha reunión también se definió un nuevo cronograma para las reuniones técnicas virtuales y la sexta etapa de la consulta previa, que consiste en el “diálogo intercultural” entre el Estado y los miembros de las comunidades. Desde el 29 de abril al 10 de mayo se desarrollaron las reuniones técnicas en la modalidad virtual, para establecer la metodología del proceso y revisar las actas suscritas con anterioridad.

Exigencia de derechos en pandemia

La provincia cusqueña de Espinar convive con la actividad minera desde hace más de 30 años, sin embargo, las comunidades no se oponen a la actividad minera, pero lo que sí exigen es que tanto la empresa como el Estado garanticen el respeto de sus derechos humanos y colectivos. El único proceso para generar y promover condiciones mínimas es la consulta de los instrumentos de gestión ambiental como el EIA y el MEIA, pero como hemos señalado, esto no ocurre en el país.

Cabe señalar que frente a ello, el 26 de abril, la empresa minera a través de un comunicado señaló que respetará los acuerdos de la consulta, que el proyecto minero se encuentra suspendido y no se iniciará su construcción durante este año ni en el próximo.

Ana Leyva señaló que “esta consulta es complicada porque se da un contexto de pandemia, pero además, es un proceso que no está involucrando a las comunidades de Huini Coroccohuayco y Pacopata que serán las más afectadas con este proyecto
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