Imagen: CooperAcción  –  23/06/2021
El viernes 11 de junio, mediante el Decreto supremo 009-2021-JUS, se aprobó el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (PNAEDH) como resultado de un proceso inédito de construcción participativa de una herramienta cuyo objetivo es adoptar acciones para superar progresivamente las brechas de coherencia de las políticas públicas del país en relación con el marco internacional de las empresas y los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la inclusión social, la competitividad y la inversión sostenible.

En ese sentido, destacamos la participación de las centrales sindicales, organizaciones de pueblos indígenas y de la sociedad civil en este proceso, que con su voz y aportes ha permitido que el Estado y las empresas reconozcan oficialmente los impactos negativos en los derechos humanos generados por las actividades empresariales en los pueblos indígenas, comunidades originarias, defensores y defensoras ambientales, trabajadores, trabajadoras, usuarios y consumidores; y también resaltamos que a través de un diálogo multiactor hemos logrado la construcción de un plan nacional que debe guiar al Estado, con el apoyo de los titulares de estos derechos, hacia la implementación de una política pública que reduzca estas violaciones a los derechos humanos por parte de la actividad empresarial.

De la misma manera, no podemos dejar de mencionar ausencias centrales e importantes que deja el Plan aprobado.

En primer lugar, los pueblos indígenas y comunidades originarias señalamos que sólo uno de los puntos mínimos propuestos por las organizaciones indígenas ha sido incorporado. Durante el proceso, las organizaciones indígenas planteamos se incorpore mecanismos que permitan proteger nuestro derecho al territorio, a la soberanía alimentaria y a la institucionalidad indígena; sin embargo, estos derechos no han sido tomados en cuenta. Tampoco fue tomada en cuenta la jurisdicción indígena como mecanismo de reparación de nuestros pueblos frente a la violación de derechos humanos. Además, la implementación del derecho a la consulta previa, libre e informada y los estudios de impacto ambiental aún no se encuentra acorde a los estándares internacionales. Demandamos que, en el proceso de implementación, se incorpore este punto por ser de derecho, porque es necesario que se reconozca la importancia del consentimiento previo, libre e informado; así como la reparación de las afectaciones a los pueblos indígenas y las personas y poblaciones afectadas por metales, metaloides y otras sustancias químicas.

En materia laboral, los trabajadores y trabajadoras lamentamos que no se reconozca con la claridad necesaria que la legislación nacional, las políticas públicas y las prácticas empresariales se mantienen aún por debajo de los estándares internacionales y que es necesario y urgente atender todos los derechos colectivos del trabajo incluyendo la asociación y libertad sindical, la huelga y la negociación colectiva así mismo en el tema de la informalidad tantas veces mencionado en este diálogo multiactor nos ratificamos es que no debe entenderse como un fenómeno desvinculado de la actividad empresarial formal, pues muchas veces funcionas articuladas, permitiendo que las empresas relativicen sus obligaciones de respeto de los derechos humanos.

Las instituciones de derechos humanos hemos exigido en todo el proceso de elaboración del PNAEDH la adopción de una metodología adecuada y el uso de indicadores que realmente evidencien cambios en la conducta empresarial y que ayuden a reducir la vulneración de derechos humanos, así como el cierre de brechas en el disfrute y ejercicio de los derechos humanos. Así mismo, insistimos en lo que hemos mencionado en nuestros aportes al Plan ahora que se viene el proceso de implementación del Plan seguiremos haciendo incidencia sobre estos puntos, porque el desarrollo empresarial solo será sostenible si se incorpora integralmente las obligaciones internacionales de derechos humanos.

Necesitamos mirar el PNAEDH, a partir de este momento, como parte sustancial de una nueva arquitectura estatal de políticas públicas sobre empresas y derechos humanos que se deben seguir desarrollando en el país, a fin de que tanto las empresas internacionales como nacionales respeten los derechos humanos. En particular, atendiendo al hecho de que el PNAEDH no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr que el desarrollo empresarial, que todas y todos saludamos, no se haga a costa de los derechos humanos de los demás. En ese orden de cosas, el PNAEDH recientemente aprobado debe tomarse como un punto de partida para seguir mejorando los procesos en el corto y mediano plazo, en el que se elimine la estigmatización y la criminalización de las personas defensoras, y se reconozca genuinamente la labor de defensa y protección de los derechos humanos.

La implementación del PNAEDH demanda potenciar la participación empoderada de la sociedad civil en la ejecución y seguimiento, tanto de sus acciones estratégicas, como del cumplimiento de los objetivos planteados en él; y ello pasa por trasladar la información respectiva desde lo nacional a lo regional y viceversa; visibilizando las experiencias piloto de diálogo que hemos venido desarrollando en diferentes zonas del país, las mismas que deben servir de referencia del ejercicio de diálogo entre sectores empresariales, actores sociales y poblaciones ubicados en esos territorios.

La implementación del PNAEDH exige, asimismo, una iniciativa legislativa y la necesaria aprobación en el nuevo Congreso de una ley que establezca la obligatoriedad de la debida diligencia en el ámbito de las actividades empresariales, incluyendo toda la cadena de suministro y de valor, así como la reparación integral de las víctimas que se vean perjudicadas por actividades empresariales que históricamente han impactado los derechos humanos, cuyas secuelas tienen que atenderse para recuperar la confianza perdida.

Finalmente, las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, pueblos indígenas y organizaciones de la sociedad civil, que todos estos años hemos defendido los derechos humanos, nos reafirmamos en nuestro compromiso de seguir bregando, tanto desde la discusión de las políticas públicas, como ejerciendo el derecho a la incidencia, la movilización y la protesta con propuestas, para reducir la vulneración de derechos humanos y así poder construir juntos un Bicentenario en el que las empresas respeten plenamente los derechos humanos en el Perú.

Firmas:
Centrales Sindicales
Confederación General Trabajadores del Perú
Central Autónoma de Trabajadores del Perú
Central Unitario de Trabajadores del Perú
Confederación de Trabajadores del Perú
Federación Nacional de Trabajadores de Agroindustria y Afines – FENTAGRO

Organizaciones de Pueblos Indígenas
Plataforma Indígena Amazónica sobre Empresas y Derechos Humanos
Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú – ONAMIAP

Asociación en Defensa de las viviendas y medio ambiente del Puerto de Chancay
Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos
Comité de Vigilancia Ambiental del Humedal Santa Rosa de Chancay

Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos:
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)
CooperAcción
Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
Red Muqui
Red Peruana por una Globalización con Equidad -RedGE
Instituto del Bien Común – IBC
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica -CAAAP
Comisión de Derechos Humanos de ICA -CODEHICA
Earthrights International -ERI
Programa Laboral de Desarrollo – Plades
Asociación Pro Derechos Humanos -APRODEH
Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS
Derechos Humanos Sin Fronteras -DHSF
IDLADS
CIPCA
GRUFIDES
IESI
DIAKONIA
OXFAM en Perú
11.11.11
Broederlijk Delen

Otras adhesiones:
Asociación Servicios Educativos Rurales (SER)

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Foto: Comuneros de Huancuire
22/06/2021 www.conflictosmineros.org.pe
El actual contexto electoral no ha impedido que la comunidad campesina de Huancuire, del distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas, Apurímac, continúe protestando por más de 14 días en contra de la empresa minera MMG Las Bambas. Las y los comuneros han llegado a protestar hasta la zona conocida como Charcas Ccocha donde se encuentra el campamento minero.

La comunidad nuevamente ha iniciado protestas para exigir que, tanto la empresa minera en mención como las instituciones del Estado, empiecen a trabajar en el resarcimiento ambiental.

Antecedentes

El 26 de mayo, las y los comuneros de Huancuire en sus actividades cotidianas de agricultura reconocieron que los puquios, que son alimentados por la cuenca de Chalcobamba, contenían aguas turbias.

‘No solo fueron nuestros manantiales y puquios, sino también las truchas que criamos en nuestras piscigranjas aparecieron muertas. Esa agua también la consumen nuestros animales, y también nosotros, por eso tenemos miedo que estemos contaminados con metales pesados en nuestros cuerpos’ declaró para el Observatorio de Conflictos Mineros el vicepresidente de la comunidad de Huancuire, Isidro Pusaclla.

La acción inmediata de la comunidad fue informar al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, cuyos funcionarios llegaron hasta la zona el 01 de junio para tomar las muestras respectivas. Sin embargo, hasta la fecha la comunidad no ha recibido resultados.

‘No confiamos en OEFA, porque el año pasado, descubrimos que la empresa minera había arrojado sus residuos a una de las lagunas que nos abastece de agua en tiempos de sequía. Denunciamos, vinieron a sacar pruebas, y hasta la fecha no nos dan los resultados’ sentenció Isidro Pusaclla.

Debido a esta situación, de permanente contaminación y de nula respuesta de mitigación, la comunidad decide iniciar un paro indefinido el 09 de junio, que se viene desarrollando hasta la fecha.

Asimismo, a través de las redes sociales, la comunidad también ha denunciado que la empresa MMG Las Bambas viene desarrollando actividades de explotación en 132 hectáreas de terreno cedidos irregularmente, sobre los cuales pesa una medida judicial de nulidad y una medida cautelar. Sin embargo, la empresa sigue operando sobre el terreno referido.

Comunero Herido

Como se recuerda, según denunciaron los comuneros, el 11 de junio último, la camioneta de placa V7V897, de propiedad del Policlínico Santísimo Sagrado Corazón de Jesús S.A.C., quien le brinda servicios a la empresa minera, atropelló al comunero Juan Huilllca Ochoa, quien después fue retenido en el campamento minero por los miembros de la PNP y funcionarios de la empresa minera.

La comunidad ha denunciado que las truchas que crían mueren constantemente. Foto: Comuneros de Huancuire

Después de más de dos horas, el comunero fue retirado del campamento a bordo del patrullero policial. Gracias a los medios de comunicación locales, se pudo evidenciar que efectivamente se encontraba herido, y junto a su esposa e hija acudieron hasta el centro de salud de Challhuahuacho.

Actualmente, Huillca se encuentra en la clínica Max Salud en Cusco, y según nos relata Isidro Pusaclla, ha recibido dos intervenciones quirúrgicas.

Cabe señalar que la comunidad se ha pronunciado en diferentes oportunidades afirmando que no están en contra de la actividad minera, y que están dispuesto a iniciar un proceso de diálogo, pero sí exigen que la MMG Las Bambas cumpla mínimamente con los acuerdos que ha pactado con las comunidades a lo largo del corredor minero del sur.

‘Dicen que no queremos diálogo, pero eso es mentira, no hemos tenido una comunicación oficial de parte de la empresa. Nosotros estamos protestando pacíficamente, pero no vamos a bajar la guardia, el agua es un derecho, y la empresa y el gobierno tienen que garantizar la salud de nuestra comunidad’ concluye Pusaclla.
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José Caro y Daniel Huamán
“El problema de la minería informal debe ser abordado pronto, pues de no hacerlo, somos nosotros y las futuras generaciones de peruanos quienes asumiremos el costo de los daños ambientales generados en la actualidad por los mineros informales”, advierten los profesores de Derecho Penal de la Universidad del Pacífico
«¿Realmente fue una buena decisión crear y tolerar un proceso de formalización tan nocivo para tener resultados tan decepcionantes?», cuestionan los expertos. (Foto: GEC)
21/06/2021
¿Se imagina usted ser minero, no pagar impuestos, no pagar por el mineral que extrae, no ser sancionado por los daños al ambiente, y, por último, no ser perseguido penalmente por ello? Esta situación que parece surreal es la que nuestro sistema jurídico ha promovido con la creación del proceso de formalización minera, el cual –sin desearlo– incentiva a precisamente a lo contrario: ser informal y recibir por ello todos los beneficios de la formalidad.

Los orígenes del problema se remontan al año 2012, cuando el gobierno de Ollanta Humala decidió afrontar el problema de la minería ilegal. Para ello creó un sistema transitorio de formalización minera. En virtud de dicho sistema el minero informal podía alcanzar la legalidad si cumplía los siete requisitos exigidos.

Asimismo, para incentivar a que los mineros informales se acogieran a este sistema emitió el Decreto Legislativo 1102, el cual impide la sanción penal del minero ilegal que se acoja al proceso de formalización minera. Hasta la actualidad, al amparo del Decreto Legislativo 1351, dicho beneficio sigue vigente.

La legitimidad constitucional de esta exención de pena es muy discutible, pues tolerar –aunque fuere transitoriamente– la minería ilegal implica aceptar la afectación del derecho fundamental a un ambiente sano y saludable, acción que es mucho más visible en nuestra Amazonía.

Para disminuir la crítica que podría residir en el proceso de formalización el legislador intentó ponerle un límite a su duración, de forma tal que sólo tuviera una vigencia transitoria de dos años. En la práctica, esta buena intención de colocar un límite temporal ha sido sucesivamente dejada de lado, pues el proceso que inició el 2012 aún hoy se encuentra en vigor. Esto es, han pasado casi 10 años desde que el proceso de formalización minera inició y aún este no tiene un fin.

Lo que uno debería analizar es si quizá esta política tuvo algún efecto positivo al permitir que muchos mineros dejaran la informalidad y ahora se encuentren en la legalidad. Sin embargo, los resultados en cifras son bastante decepcionantes, pues según la data del Ministerio de Energía y Minas, hasta el año pasado sólo el 3% de los mineros que se incorporaron al proceso de formalización habían alcanzado la legalidad.

Entonces, nos preguntamos, ¿realmente fue una buena decisión crear y tolerar un proceso de formalización tan nocivo para tener resultados tan decepcionantes?

La respuesta es evidentemente negativa, por lo que –tal como se encuentra en el documento La insostenibilidad técnico-jurídica del proceso de formalización minera. Enfoque penal, nuestro aporte al proyecto Agenda Bicentenario del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico– corresponde una reforma inmediata de la normativa vigente, la que debe enfatizar dos puntos.

En primer lugar, poner un límite temporal inamovible al proceso de formalización minera, al cabo del cual el Estado debería poder ejercer el ius puniendi en contra del minero ilegal. En segundo lugar, a efectos de crear un verdadero incentivo en el minero en proceso de formalización, la exención de pena no debe darse por la incorporación al proceso de formalización minera, sino por la culminación de dicho proceso.

El problema de la minería informal debe ser abordado pronto, pues de no hacerlo, somos nosotros y las futuras generaciones de peruanos quienes asumiremos el costo de los daños ambientales generados en la actualidad por los mineros informales.
https://elcomercio.pe/economia/peru/el-incentivo-perverso-del-proceso-de-formalizacion-minera-por-jose-caro-y-daniel-huaman-opinion-noticia/

Vanessa Schaeffer 18/06/2021
Imagen: Agora RSC
Durante los últimos años las principales economías del mundo[2] se han comprometido a lograr ser carbono neutral para el año 2050[3]. La carrera por alcanzar las cero emisiones netas (en inglés, Net-Zero) es urgente para que la temperatura de nuestro planeta no aumente en más de 1.5°[4] y evitemos así (para ponerlo en simple) el riesgo del colapso de los ecosistemas que dan sustento y hacen posible nuestra vida.

Para alcanzar esta meta, necesitamos dar un impulso sin precedentes a la producción de energías de bajas emisiones en todo el mundo, esto es, dar paso a una transición energética global agresiva que logre dejar atrás la quema de carbón y de combustibles fósiles. Energía solar y eólica, vehículos eléctricos y sistemas de transporte electrificados, son esenciales para dar el paso definitivo hacia sistemas de energía limpia. En la base de estas tecnologías está un aspecto clave que países industrializados e inversionistas ya tienen en la mira: la transición energética global necesitará de muchos minerales, muchos más de los que extraemos ahora.

De un uso intensivo de combustible a un uso intensivo de minerales

Para alcanzar las metas climáticas del acuerdo de París, nuestros sistemas de energía pasarán de un “uso intensivo de combustibles a un uso intensivo de minerales”[5], señala Tim Gould, Jefe de la División de Suministro de Energía e Inversiones, de la Agencia Internacional de Energía (AIE)

Esto sucede, entre otras razones, porque las tecnologías de energía limpia (por la manera en la que estas producen y almacenan energía) requieren de considerablemente más materiales y minerales que nuestros actuales sistemas de energía basados en combustibles fósiles[6]. Estas tecnologías crecen rápidamente en el mundo, con lo que aumenta también su parte sobre la demanda global de minerales. Así, con las transiciones, el sector energético se va transformando en uno de los principales sectores en la demanda de minerales. En un escenario (ideal) en el que las principales economías del mundo cumplen con sus compromisos climáticos y cambian hacia sistemas de energía limpia, esta tendencia se multiplicaría con importantes consecuencias sobre la demanda de minerales a nivel global.

En su último reporte sobre minerales y transición energética[7], la Agencia Internacional de Energía calcula la demanda futura de minerales de acuerdo a dos escenarios proyectados: uno en el que los países cumplen con sus compromisos climáticos y alcanzan ser carbono neutral a tiempo, en el 2050, denominado escenario de Desarrollo Sostenible (SDS, por sus siglas en inglés); y otro en el que las medidas y planes que tenemos en la actualidad guían el sector energético, muy lejos de alcanzar las metas climáticas trazadas, denominado Escenario de Políticas Declaradas (STEPS).

Ambos escenarios coinciden: para el año 2040 la demanda total de minerales para el desarrollo de energías limpias aumenta considerablemente, esta se duplica, en el escenario STEPS y hasta cuadruplica en el escenario en el que cumplimos las metas de París (SDS).

En ambos escenarios, los vehículos eléctricos y las baterías son responsables por casi la mitad del crecimiento de la demanda de minerales para tecnologías limpias de las siguientes décadas[8]: su demanda crece de diez (STEPS) a treinta veces (SDS) hasta el 2040. Si bien el crecimiento de la demanda es mayor para aquellos minerales vinculados a la producción de baterías y almacenamiento de energía (como el litio, cobalto, níquel, manganeso), no obstante los minerales para la producción de energía (energía solar, eólica) y redes de interconexión (como el cobre o el molibdeno) también incrementan su demanda. En el caso del cobre[9], metal base e indispensable por su excepcional capacidad térmica y de conducción eléctrica (clave para las redes de tendido eléctrico) su demanda para energías limpias crece de 24% (actual) a 30% en el 2040 (STEPS) y 45% (SDS). En el caso del litio[10], esencial para baterías, en un escenario SDS su demanda para energías limpias aumenta a más del 90%.

Grandes transiciones, grandes desafíos

Transitar hacia sistemas de energía limpia durante los próximos diez años es urgente e indispensable. Para evitar el colapso de los ecosistemas que sostienen nuestra vida y la de las generaciones futuras, tenemos que dejar atrás la quema de combustibles fósiles.

Sin duda, la transición significará una mayor extracción y procesamiento de minerales. Aunque los escenarios evaluados están sujetos a un gran rango de incertidumbre (dependiente de variables tan impredecibles como las políticas que adopten los países, las decisiones de inversión, el nuevo desarrollo tecnológico, etc.), la tendencia es clara: alcanzar las metas del Acuerdo de París tendrá un efecto crítico sobre la demanda de minerales en mundo. Con ello, aumentará la presión sobre los territorios de los países productores en un contexto en el que todavía no se han superado grandes desafíos pendientes como los graves impactos ambientales y sociales que estas operaciones tienen a nivel local. Esto sucede no solo en los Andes del Perú (como segundo productor de concentrado de cobre mundial) sino también en otros países de extracción: a la fecha el 70% de los proyectos mineros de las 6 empresas mineras más grandes del mundo operan en regiones con estrés hídrico[11]. Estos proyectos operan muchas veces además en territorios indígenas, megadiversos, impactando gravemente en ecosistemas claves para la vida de la población local.

¿Cómo superar estos desafíos? La extracción minera de ahora (y con ello empresas y estados detrás) tiene que cambiar de enfoque. Sus impactos son evidentes y las estrategias basadas únicamente en Responsabilidad Social Corporativa, compromisos voluntarios y marketing corporativo son insuficientes. Mayores y mejores estándares, que protejan el agua, el aire y el territorio y su gente, son indispensables, así como mecanismos que aseguren su cumplimiento.

Al mismo tiempo, los desafíos ambientales no se pueden abordar únicamente con una transición tecnológica: es necesario también evaluarlos desde una perspectiva de suficiencia y preguntarnos ¿hasta qué punto debe y puede crecer la producción de energía, sin causar nuevos desequilibrios a los ecosistemas? Como ya muchos han apuntado, nada puede crecer infinitamente en un mundo físico con recursos finitos.

Estados, empresas y sobre todo, territorios locales deben prepararse construyendo gobernanza para las transiciones. El suministro de minerales, la transición energética y en buena cuenta, el futuro de nuestros ecosistemas y la vida como la conocemos, dependen de ello.

[1]Hund K, La Porta D, Fabregas T, Laing T, Drexhage J. Minerals for Climate Action: The Mineral Intensity of the Clean Energy Transition. World Bank. 2020. pg.11.

[2]Que en conjunto significan el 68% del PBI y el 60% de las emisiones de globales. Black, R., Cullen, K., Fay, B., Hale, T., Lang, J., Mahmood, S., Smith, S.M. (2021). Taking Stock: A global assessment of net zero targets, Energy & Climate Intelligence Unit and Oxford Net Zero.

[3]En simple, ser carbono-neutral/emisiones netas cero/Net-Zero significa que con nuestras actividades (como empresa, país o comunidad global) en balance, no estamos añadiendo más emisiones a la atmósfera. Para lograrlo, en la práctica continuaremos emitiendo pero estas nuevas emisiones deberán ser absorbidas en una cantidad equivalente.

[4]Un aumento de hasta 2° en la temperatura global es considerado el máximo que la Tierra puede soportar sin riesgo de impactos catastróficos en la producción de alimentos, el nivel del mar, la escasez de agua y la pérdida de fauna y flora. Por su importancia, casi todos los países han suscrito el Acuerdo de París, tratado internacional que busca mantener el nivel de temperatura global hasta máximo 1.5°C por encima de niveles pre- industriales.

[5]Tim Gould Head of Supply Division, World Energy Outlook · ‎International Energy Agency. Junio 2021. Presentación del Reporte The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions. Disponible en:https://www.youtube.com/watch?v=FfpuT1cvYiM&t=1124s

[6]World Bank 2020.Pg.11.

[7]The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions. World Energy Outlook Special Report. Agencia Internacional de la Energía AIE. 2021.

[8]AIE 2021. Pg.50

[9]AIE 2021. Pg.136

[10]AIE 2021. Pg.141

[11]World Bank. 2020. Pg.13.

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José De Echave C.
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No hay que ser un experto en historia económica del Perú para dar una mirada retrospectiva y darse cuenta de que cuando los precios de nuestras exportaciones han estado al alza, la economía peruana ha estado en expansión; por el contrario, cuando han estado a la baja, el país ha entrado en escenarios de estancamiento y recesión. Esa ha sido una constante en nuestros casi 200 años de vida republicana.

Para los que insisten en señalar que gracias a la Constitución del 93 hemos tenido 30 años de crecimiento económico sostenido, es bueno recordarles que en este período también pasó lo mismo: en los últimos 30 años, la economía peruana estuvo bien cuando los precios de nuestras exportaciones andaban bien y estuvimos mal cuando la situación cambió. Por ejemplo, la situación económica fue positiva en la década del 90 hasta que por los años 97 y 98 estalló una crisis internacional (lo que se conoció como la crisis rusa y asiática) y se trajo abajo los precios de los minerales. Por eso, los últimos años del fujimorismo fueron una etapa de recesión y estancamiento.

Luego, a partir del año 2003 comienza un ciclo de recuperación de los precios de las materias primas, entre ellas los minerales, que duró 10 años (2003-2012). Es el ciclo de bonanza de las materias primas de mayor duración en los últimos 70 años. Casi todos los indicadores que hoy en día se presentan como resultados del modelo y de la Constitución del 93, en realidad son consecuencia de ese período de súper ciclo de precios de las materias primas en general y de los minerales en particular. Si borrásemos ese período, la reducción de la pobreza, la evolución del PBI y otros indicadores más, mostrarían resultados bastante modestos. Además, en el período del súper ciclo de las materias primas, en América Latina crecieron países con modelos y constituciones diametralmente opuestas. Finalmente, el súper ciclo terminó y la economía peruana nuevamente entró en problemas.

Hacemos este breve recuento para subrayar que, en la actualidad, los precios de los minerales están nuevamente al alza (de repente tienen razón los que dicen que Dios es peruano) y en algunos casos a niveles muy por encima de la etapa del súper ciclo. Por ejemplo, la cotización del cobre ha batido todos los récords: es importante mencionar este metal porque en los últimos años el Perú ha duplicado su producción y con los actuales precios las empresas productoras de cobre ya deben haber recuperado sus inversiones y, por lo tanto, comenzarán a pagar impuesto a la renta.

En mayo de este año los ingresos tributarios se han recuperado a niveles pre pandemia e incluso comienzan a estar por encima de los que se recaudaba el año 2019. Todo indica que el Estado peruano comenzará a tener una mayor presión tributaria en los próximos años y si se corrigen los errores del pasado con reformas claves como la tributaria y un impuesto a las sobreganancias de las mineras, estos ingresos se pueden potenciar aún más y sobre todo sostener. Esto sería un gran alivio para la economía peruana y se podría comenzar a fortalecer los presupuestos de salud, educación, entre otros componentes.

¿Cuánto durará este nuevo ciclo de precios altos de los minerales? Difícil decirlo, quizás no será tan largo como el ciclo previo, aunque todo indica que tiene para algunos años más. Si no tuviésemos que recuperar todo lo que se perdió el año 2020 como consecuencia de la pandemia, la economía peruana ya estaría entrando de lleno a un nuevo ciclo expansivo. Por lo tanto, la primera tarea es recuperar el dinamismo económico, los puestos de trabajo que se han perdido, fortalecer la salud y la educación pública e impulsar, sobre todo, los sectores productivos intensivos en la generación de puestos de trabajo, como la agricultura y las pymes.

El próximo quinquenio se presenta favorable. De lo que se trata es hacer la tarea y no cometer los errores del pasado.

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08/06/ 2021
Cortesía de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Las mineras peruanas estuvieron entre las más afectadas en una amplia ola de ventas impulsada por la reñida contienda presidencial en la que Pedro Castillo (Perú Libre), el maestro de escuela rural que promete redistribuir la riqueza, tomó una ligera ventaja sobre Keiko Fujimori (Fuerza Popular). Perú es un país con 32 millones de habitantes.

La moneda retrocedió a un mínimo histórico, la moneda peruana se debilitaba 2.2% a 3.925 por dólar, mientras que el Índice General S&P / BVL Perú caía 6.9% a la 1:12 p.m. en Nueva York. El rendimiento de los bonos en dólares a 10 años de Perú subió 15 puntos base a 2.81% y el precio cayó 1.2 centavos a 99.6 centavos por dólar. Los swaps de incumplimiento crediticio a cinco años aumentaron 7 puntos base a 97 puntos.

Hasta ayer por la tarde, con 93.8% de los votos contados de la elección del domingo, Castillo aventaja con 50.2% de los votos contra 49.8% de Fujimori. Estos resultados representan un cambio de rumbo con respecto a las primeras horas posteriores a las elecciones, cuando Fujimori tenía una ligera ventaja. Sin embargo, a medida que avanza el día, y tras la llegada de más actas de áreas rurales, Castillo ha tomado la delantera.

“El país está prácticamente dividido por la mitad”, dijo Alfredo Torres, director de Ipsos Perú.

Alrededor de 96% de los votos emitidos en Perú ya fueron contabilizados, mientras que únicamente 21% de los votos en el extranjero se ha contado. Alrededor de 997.000 peruanos fueron autorizados a votar en el exterior y hasta el momento Fujimori se ha llevado 63% de los votos emitidos.

Para los inversionistas, un gobierno de Castillo que buscaría impuestos más altos sobre la minería se está “volviendo más una realidad”, dijo por teléfono Rohan Reddy, vicepresidente y analista de investigación de Global X.

El aumento de los impuestos elevaría los costos para las mineras y probablemente reduciría la producción de metales como el cobre en un impulso a los precios de los metales.

Volcan y Cerro Verde estuvieron entre los peores resultados en el Índice General S&P / BVL Perú en las operaciones de la tarde del lunes.

“Independientemente de quién gane, habrá movimientos descomunales en los activos peruanos y los inversionistas no quieren quedar atrapados en el lado equivocado”, dijo Brendan McKenna, estratega cambiario de Wells Fargo en Nueva York.

Durante el último año, Perú ha sufrido un episodio de volatilidad política y escándalo. El próximo presidente, que será juramentado el 28 de julio, será el cuarto mandatario de Perú desde noviembre.
Fuente: Bloomberg
https://www.mineria-pa.com/noticias/mineras-en-peru-caen-en-medio-de-incertidumbre-por-ajustada-eleccion-presidencial/

Deysi Pari
Deyzisideysi.pari@glr.pe
06/06/2021
Manifestantes se oponen al proyecto minero cuprífero Las Bambas durante un enfrentamiento con la Policía en el 2005. Foto: EFE
En Tacna, uno de los principales conflictos es el referido al proyecto Vila Vilani II, que también involucra a la región Puno. El proyecto fue paralizado, pues un juzgado concedió una medida cautelar presentada por el Gobierno Regional de Puno para que se suspenda el contrato de obra. Las comunidades fronterizas de Tacna y Puno se oponen al proyecto, pues consideran que el trasvase de aguas que se quería realizar, afectará los bofedales andinos y se quedarán sin alimento para sus animales.

Un manifestante lleva una botella con un líquido de color naranja intenso que recogió del río Coralaque. Con esas aguas contaminadas, se queja, riegan los cultivos del centro poblado Santiago de Pachas (Moquegua). La marcha recorre las calles de Moquegua a la espera de una solución. Los agricultores llegaron hasta la Panamericana Sur y bloquearon el paso de vehículos a Arequipa y Tacna.

“Sufrimos con esta agua contaminada. La consumen los animales y la usamos para la agricultura”, dijo el hombre de campo. La contaminación proviene de Florencia Tucari, unidad minera localizada en la sierra moqueguana, límite con Puno. La mina está en proceso de cierre pero sus relaves afectan a la cuenca hídrica. Aguas que llegan hasta el valle de Tambo. Ahí también los agricultores elevaron su voz de protesta. El gobierno debe invertir en este cierre de operación que le pertenece a Aruntani.

Este es uno de los recientes conflictos sociales activos en el sur del país. No es nuevo, data del 2017 y recién el martes se volvió a instalar una mesa técnica con la Presidencia del Consejo de Ministros para tratar de solucionar esta demanda.

De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, 59 de los 191 conflictos registrados en el país (entre activos y latentes) están en Cusco, Puno, Apurímac, Moquegua, Arequipa y Tacna.

Según esta misma entidad, el 64.4% de estos son de tipo socioambiental, fundamentalmente relacionados a la actividad minera.
Puno y la contaminación de ríos

En Puno, también hay contaminación de los ríos Ramis, Coata, Llallimayo y Suches. Se atribuyen a los desagües de Juliaca, relaves de la minería informal e informal.

El representante de la Defensoría del Pueblo en Puno, Jacinto Ticona Huamán, señaló que de los 15 conflictos existentes cuatro son complejos.

La contaminación del río Ramis data de hace muchos años. Ticona señaló que lo urgente es la remediación ambiental. Existe la propuesta de construir una presa de sedimentación para depositar el agua contaminada. El Ministerio de Economía debe destinar el presupuesto.

Sobre la contaminación del río Llallimayo, con metales pesados, provenientes de la actividad de la minera Aruntani, también se programaron protestas, pero fueron postergadas. Hay una mesa de diálogo estancada por la pandemia.

Respecto al problema de la cuenca del río Suches, la contaminación proviene de un relave minero de Bolivia. Son los informales. Ticona resaltó que este problema tiene que ser abordado a nivel binacional.

La cuenca del Coata representa uno de los mayores problemas. La Dirección Regional de Salud de Puno hizo tamizaje a la población y les detectó alta concentración de metales pensados. “Por ahora se lleva agua en cisternas, pero eso es un paliativo, no es la solución definitiva”, resaltó.
Corredor minero del sur

El corredor minero es una vía que atraviesa Apurímac, Cusco y llega hasta el puerto de Matarani-Arequipa. Sirve para sacar el mineral de Las Bambas, Hudbay y Antapaccay y embarcarlo al Asia. Las comunidades que viven en los alrededores de la vía se quejan de la contaminación y exigen a las empresas en compensación aportes económicos.

Según la representante de la Defensoría del Pueblo en Cusco, Rosa Santa Cruz, se requiere una mayor atención a estos reclamos. No se cierran los procesos de diálogo. Uno de los más recientes es el pedido de las autoridades y pobladores del distrito de Livitaca, provincia de Chumbivilcas, quienes exigen a la minera Hudbay, la suscripción de un nuevo convenio marco en reemplazo del firmado en 2016. La solicitud es que la minera incremente su aporte a 250 millones de soles. Según el del 2016, la mina entrega S/ 3.5 millones al año. Ahora están en proceso de retomar el diálogo.

Otro de los conflictos reportados por la Defensoría del Pueblo, data de enero de este año. El Frente Único de Intereses de la provincia de Chumbivilcas pidió a la minera Hudbay, la nulidad de la tercera modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la Unidad Minera Constancia.

Además, se encuentra la solicitud de las comunidades campesinas del distrito de Espinar, quienes exigen la consulta previa para el proyecto Antapaccay Expansión Tintaya – Integración Coroccohuayco y compensación por impactos ambientales y sociales. Sobre este, se ha aprobado un cronograma para reuniones técnicas virtuales.

El pedido de la comunidad campesina de Fuerabamba de la provincia de Chumbivilcas también se encuentra en el reporte de abril de la Defensoría. El poblado cuestiona la reclasificación como ruta nacional de la vía que cruza por el fundo Yavi Yavi. Según los pobladores, la empresa Las Bambas construyó el tramo sin tener permiso de la comunidad. Aunque se ha llegado a un acuerdo económico, varios puntos aún siguen en negociación. Las reuniones se suspendieron en abril, pues el presidente de la comunidad pidió permiso por motivos de salud.
Conflictos mineros en Arequipa

En la región Arequipa, Tía María de la empresa Southern es el conflicto latente. La población del valle de Tambo lo rechaza al considerar que contaminará el ambiente y afectará la agricultura. Recientemente, el Poder Judicial dictó sentencia en contra de varios dirigentes por el delito de entorpecimiento del funcionamiento de los servicios públicos y motín.

El representante de la Defensoría del Pueblo, Ángel María Manrique, señaló que, tras las elecciones presidenciales, las demandas sociales se van a reactivar en la región y será una situación paralela a la evolución de la pandemia del coronavirus.

Según la Defensoría otro conflicto es el relacionado al proyecto Zafranal. También hay problemas con las compañías mineras de la provincia de Caylloma. Los frentes provinciales y autoridades les pusieron una serie de condiciones a las compañías para que continúen operando.

Reporte de conflictos en el sur. Foto: La República

Reporte de conflictos en el sur. Foto: La República
https://larepublica.pe/sociedad/2021/06/06/conflictos-sociales-en-el-sur-que-le-esperan-al-proximo-gobierno-lrsd/

Escrito por Jornada
04/06/2021
En el distrito de Accomarca – Vilcashuamán.
Frank Tacuri
prensa@jornada.com.pe
Desde hace varios meses los pobladores de la comunidad campesina de Accomarca en Vilcashuamán vienen solicitando a las instancias competentes el cierre definitivo del centro minero de Pichus cucho.
Aseguran que las actividades de extracción minera están afectando los recursos naturales de la zona, situación que en cualquier momento podría generar un nuevo enfrentamiento, toda vez que aún no se ha instalado una mesa de diálogo para llegar a un acuerdo.

En un reciente trabajo de fiscalización, la comisión permanente de energía y minas e hidrocarburos del Consejo Regional, evidenció la existencia de un conflicto socio ambiental entre los miembros de la asociación minera y los comuneros del distrito de Accomarca, quienes mostraron su rechazo a estas actividades.

En esta acción de control también se constató que el personal obrero y socios de dicha empresa vienen laborando sin contar con los equipos de protección personal (EPP) infringiendo la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

De igual modo, se advirtió que incumplen con los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la Covid en el trabajo, en la cual se indica el lavado de manos, control de temperatura, llenado de la ficha de sintomatología, entre otros.

Es preciso señalar que, la ubicación de las bocaminas están muy próximas a las cuencas hídricas cerca del río Pampas y ojos de agua del valle, situación que genera una contaminación directa.

Asimismo, se comprobó que no cuentan con medidas de control ambiental; en los nuevos echaderos de desmonte y a las canchas de acumulación de mineral, por la cual se advierte riesgo de contaminación a los campos de cultivo, comunidades aledañas, etc.

Bajo ese contexto, se aguarda que la empresa pueda regularizar estas observaciones y sobre todo retirarse del lugar.

DATO: Los pobladores refieren que el centro minero pone en riesgo la salud, seguridad, daño al medio ambiente y que genera mucho conflicto social entre comuneros, puesto que cerca de 30 personas laboran en dicha empresa.
https://www.jornada.com.pe/tema-del-dia/item/3110-situacion-es-tensa-en-accomarca-por-conflicto-con-empresa-minera

Acciones se ejecutan en distrito de El Cenepa, provincia de Condorcanqui
ANDINA/Difusión
02/06/2021
El Gobierno prorrógo la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional en la lucha contra la minería ilegal en el distrito de El Cenepa, en Amazonas. ANDINA/Difusión

El Gobierno prorrogó la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP) en la lucha contra la minería ilegal y delitos conexos en el distrito de El Cenepa, ubicado en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas.

Así lo dispone la Resolución Suprema N° 096-2021-IN, publicada hoy en la separata de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, que precisa que la medida estará vigente por 30 días calendario, hasta el 1 de julio próximo.

La norma sostiene que el objetivo es asegurar el control y el mantenimiento del orden interno, así como para prestar apoyo en la ejecución de operaciones policiales especializadas de interdicción contra la minería ilegal y delitos conexos, en el distrito de El Cenepa.

En los considerandos de la norma se precisa que la medida se adopta a solicitud de la Policía Nacional que pide se amplíe la intervención de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de asegurar el control y el mantenimiento del orden interno, así como para prestar apoyo en la ejecución de operaciones policiales especializadas de interdicción contra la minería ilegal y delitos conexos en el distrito de El Cenepa.

Sostiene, asismismo, que las actividades de minería ilegal han hecho del distrito El Cenepa una zona de interés para diversos actores, generando un conflicto social y económico latente. «Si bien debido a la intervención de las Fuerzas del Orden, las actividades de extracción de mineral han cesado, no se descarta el reingreso de mineros ilegales ante la ausencia de estas, o que por el contrario, ante su permanencia, se planifiquen acciones de protesta y atentados contra la integridad del personal policial, del Ejército del Perú, del Ministerio Público y otras autoridades que se encuentren comprometidas en la lucha contra la minería y sus delitos conexos, siendo previsible que la capacidad de convocatoria y agresividad con la que puedan actuar, sobrepase la capacidad operativa de la institución policial», subraya.

Labores de apoyo

Remarca que la actuación de las Fuerzas Armadas constituye una tarea de apoyo a la misión de la Policía Nacional del Perú y no releva la activa participación de esta. El control del orden interno permanece en todo momento a cargo de la Policía Nacional del Perú.

Afirma que la actuación de las Fuerzas Armadas está dirigida a contribuir y garantizar la plena vigencia del derecho a la libertad y seguridad personales, a la libertad de tránsito por las vías y carreteras, el derecho a la paz, a la tranquilidad, al adecuado funcionamiento de los servicios públicos esenciales y resguardar puntos críticos vitales para el normal desarrollo de las actividades de la población afectada, facilitando de este modo que los efectivos de la Policía Nacional del Perú concentren su accionar en el control del orden interno y la interacción con la población.

Remarca, asimismo, que la intervención de las Fuerzas Armadas se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1095, Decreto Legislativo que establece Reglas de Empleo y Uso de la Fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el Territorio Nacional; y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2020-DE.

Subraya, además, que la intervención de las Fuerzas Armadas no implica en modo alguno la restricción, suspensión ni afectación de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Perú, las leyes y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos de los que el Perú es parte.

La Resolución Suprema lleva la firma del presidente de la República, Francisco Sagasti; y es refrendada por los ministros de Defensa, Nuria Esparch; y del Interior, José Elice.
https://andina.pe/agencia/noticia-amazonas-prorrogan-intervencion-ffaa-apoyo-a-policia-lucha-contra-mineria-ilegal-847596.aspx

02/06/2021
Mina Las Bambas en Perú. / Cortesía de MMG.

El candidato presidencial por Perú Libre, Pedro Castillo apunta a renegociar acuerdos que congelan impuestos en el sector minero, plan que podría tener un fuerte impacto en firmas de cobre chinas en el Perú, que es el segundo mayor productor mundial del metal.

Castillo ha propuesto nuevas regalías sobre ventas de las mineras y modificar contratos de estabilidad tributaria alcanzados bajo gobiernos anteriores.

El candidato ha acusado a las grandes empresas transnacionales de “saquear” las riquezas del país y quiere dar vuelta a la tortilla y retener el 70% de las ganancias mineras en el país, y usar esos fondos para invertir en salud, educación y reducir la pobreza.

La minería concentra el 60% de las exportaciones del Perú.

Un análisis de Reuters de datos actualizados del Gobierno muestra que las chinas MMG Ltd y Aluminum Corp de Chinalco figuran entre las seis importantes mineras de cobre de Perú con convenios tributarios en la mira si el candidato gana las elecciones.

Las mineras chinas se han convertido en un actor clave en la industria, mientras que China es el más grande comprador de cobre peruano.

Perú ha suscrito desde la década de 1990 hasta 25 contratos de estabilidad tributaria, que brindan a los inversionistas la seguridad de que durante el período de recuperación de su inversión no se modifiquen las condiciones tributarias, una medida que le ha permitido ejecutar grandes proyectos.

Los planes de renegociar los contratos podrían poner más nerviosos a los mercados y aumentar la incertidumbre en los principales productores de cobre en la región. En el vecino Chile, el mayor productor de cobre en el mundo, la Cámara de Diputados ya aprobó un plan para elevar la regalía minera.

MMG Ltd, que opera en Perú la mina de cobre Las Bambas, firmó en el 2011 un contrato que le garantiza que no haya cambios tributarios hasta el 31 de diciembre del 2030 de acuerdo a información del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

El acuerdo incentiva una inversión de USD 10.000 millones en Las Bambas, que entró en producción el 2016 y produce unas 350.000 toneladas anuales de cobre, según la compañía.
También futuros proyectos

Brokerage Jefferies dijo en una nota que MMG estaba altamente expuesta a Perú, dada la importancia de Las Bambas. “Por lo tanto, los aumentos de impuestos/regalías en Perú podrían ser un problema, dependiendo del resultado” de la próxima elección.

Aluminum Corp de Chinalco ha firmado un acuerdo similar para su mina peruana Toromocho que produce 200,000 toneladas de cobre anuales. Su contrato de estabilidad vence a fines del 2028.

Proyectos futuros

Los proyectos futuros también se verían afectados. Es el caso de la gigante Anglo American, que junto a la japonesa Mitsubishi como socia, desarrolla el proyecto de cobre Quellaveco con una inversión de USD 5.300 millones.

Quellaveco, que operará desde el 2022 con una producción promedio anual de 330.000 toneladas de cobre en los primeros años, ha firmado un contrato de estabilidad tributaria que vence el 31 de diciembre del 2037, dijo el Minem.

Representantes de Las Bambas, Chinalco y Quellevaco se excusaron o no estuvieron disponibles para hacer comentarios.

La incertidumbre por un triunfo de Castillo sobre la candidata Keiko Fujimori y por el debate en Chile sobre las regalías mineras está respaldando el aumento de los precios del cobre a niveles récord, mientras crece la demanda china y se expande el impulso hacia los vehículos eléctricos.

Otras compañías mineras en Perú podrían también verse envueltas en conversaciones con un posible gobierno de Castillo.

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La canadiense Hudbay Minerals, que tiene la mina Constancia que produce unas 100.000 toneladas de cobre anuales, tiene un acuerdo tributario que expira a fines del 2031.

También la Minera Cerro Verde, controlada por Freeport McMoRan, que produce 450.000 toneladas anuales; y la Minera Antapaccay, de Glencore, que produce unas 200.000 toneladas. Sus respectivos contratos de estabilidad tributaria culminan a fines del 2028, según el Minem.

Perú tiene actualmente una cartera de inversiones mineras por USD 56.000 millones, la mayoría de cobre. Algunos de ellos se encuentran retrasados por la oposición de comunidades que temen contaminación de sus tierras o reclaman mayores beneficios por la explotación de los recursos.
Fuente: Reuters

Mineras chinas en Perú podrían verse impactadas con propuesta de renegociar acuerdos tributarios