Ayer en la mañana, la pobladora cajamarquina Máxima Acuña, conocida por mantener un litigio de tierras con la empresa Yanacocha, denunció que decenas de policías la agredieron junto a su familia en un intento de desalojo. Asimismo, afirmó que la policía desmanteló el campamento de los “Guardianes de las Lagunas”.
Máxima Acuña vive frente a la Laguna Azul -uno de los cuerpos de agua que sería afectado por el proyecto minero Conga- y se resiste a entregar las tierras que ocupa a la empresa minera Yanacocha.
Los efectivos de la División de Operaciones Especiales (DINOES) desmantelaron el campamento de los Guardianes de las Lagunas, ronderos que acampan en la zona del proyecto minero en señal de protesta, y que no se encontraban en el lugar en esos momentos pues de madrugada, se fueron a Celendín, desde donde debían llegar otros comuneros para reemplazarlos.
El enfrentamiento que sostuvieron comuneros y efectivos policiales el pasado viernes por la viabilidad o no del proyecto Cañariaco en Lambayeque dejó más de treinta heridos, cuatro de ellos de gravedad. Fotografías demuestran que efectivos hicieron uso de armas letales.
El Defensor del Pueblo (encargado) Eduardo Vega Luna recordó al Poder Ejecutivo que la Comunidad San Juan de Cañaris tiene existencia legal y personería jurídica como “comunidad de indígenas” y en consecuencia “debería ser sujeta al procedicimiento de consulta previa” ante cualquier medida administrativa que la afecte.
Por Luis Hallazi Méndez*
Durante las últimas semanas hemos sido testigos de cómo ha ido escalando en intensidad el primer conflicto socio ambiental del 2013. El conflicto en Kañaris se inició con la marcha pacífica de más de 400 comuneros hacia el campamento minero de la empresa Candente Copper, ubicado en el distrito de Kañaris, en la sierra de Lambayeque. El escenario de conflicto es claro, y a la luz de los hechos violentos del 25 de enero, queda claro que las estrategias de comunicación adoptadas entre las autoridades correspondientes y las poblaciones de impacto de estos proyectos, no están dando los resultados esperados.
La evolución de los conflictos sociales vinculados a la actividad minera en el segundo semestre del año pasado, provocó aparentemente una suerte de sensación de triunfalismo en las esferas gubernamentales. Para algunos funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la relativa calma en los últimos meses del año pasado, era el resultado casi inmediato y hasta mágico de una supuesta nueva estrategia en el abordaje de los conflictos.
La protesta de la comunidad San Juan de Cañaris contra el proyecto minero Cañariaco intenta ser desvirtuada con el manido argumento de que se trata de una “minoría” azuzada por “radicales antimineros”. Como este argumento ya no lo cree nadie ahora se pretende negar que les asista el derecho a la consulta previa. Para esclarecer este tema compartimos dos artículos con posición opuesta sobre el tema.
– Entrevista al abogado Juan Carlos Ruiz Molleda donde explica que toda decisión que viole un derecho fundamental debe declararse nula.
El conflicto en torno al proyecto Cañariaco, a cargo de Candente Cooper, en el distrito de San Juan de Cañaris, región Lambayeque, obliga a tratar nuevamente la importancia que tienen los procesos de consulta previa en nuestro país. Juan Carlos Ruiz Molleda del Instituto de Defensa Legal (IDL) trató este tema en entrevista con Radio San Borja.