Las mujeres indígenas del Perú agrupadas en la organización Onamiap demandaron a las autoridades del país no ignorar sus obligaciones y en cumplimiento del estado democrático de derecho garantizar los derechos colectivos de la comunidad de Cañaris.
En un comunicado público exigen respetar su derecho a un desarrollo sostenible con identidad basado en actividades como la agricultura orgánica y la ganadería, realizadas en armonía con la naturaleza, y para las cuales es imprescindible garantizar la intangibilidad de sus bosques húmedos, ecosistemas, cuencas de agua y cultura ancestral.



– Investigación revela lo perjudicial que sería para los “intereses” del gobierno que se haga pública la información.
Wilfredo Ardito Vega
– ¿Se puede dialogar con alguien que no te escucha y que no coloca en acta lo que pides con insistencia?
Cuando Ollanta Humala prometió y luego promulgó la Ley de Consulta Previa no tenía ni idea del tremendo lío en que se estaba metiendo. A casi un mes de la primera consulta y con conflictos como el de Cañaris asomándose por la ventana, el gobierno debería decidir qué peruanos pertenecen a una comunidad indígena y cuáles no. La que se viene.
Centenares de tacneños se congregaron ayer 29 en la plaza de la Mujer para participar de la denominada acción cívica y movilización «por la vida, por el diálogo y por la dignidad» en rechazo al inicio de operaciones del proyecto Pucamarca de la empresa minera Minsur. Durante la marcha de protesta la población exigió la implementación de una consulta popular.
– Un nuevo elemento de análisis aporta el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda del Instituto de Defensa Legal (IDL). El proyecto Cañariaco no puede ejecutarse sin el consentimiento de las comunidades afectadas por que el proyecto implica el desplazamiento de éstas, situación especial sobre la que existe obligatoriedad del consentimiento.