Son varios los hechos en Espinar que han exacerbado los ánimos de la población y sus autoridades. El recorte en el monto por canon minero que recibe la municipalidad sumado a la solicitud de la fiscalía de diez años de pena privativa de la libertad para el alcalde provincial Oscar Mollohuanca y otros líderes de la provincia son hechos que han generado malestar y el anuncio de posibles movilizaciones en la provincia.
A continuación presentamos los principales hechos del presente periodo:
Uno de los temas más relevantes de este período han sido las declaraciones de diversos funcionarios que han realizado una evaluación sobre la situación actual de los procesos de formalización de los mineros ilegales en la región.
Lo que se ha identificado son serios atrasos en los procesos y algunos hechos que limitan las acciones del Ministerio Público.
A continuación, las principales ocurrencias de este período:
Nuevos conflictos en torno a los proyectos mineros que se vienen ejecutando en la región presentan una agenda clara de las comunidades en las zonas de influencia de estos proyectos: demandas por mayor contratación de mano de obra local, exigencia del cumplimiento de los compromisos asumidos por las empresas, incorporación de más comunidades en las zonas de influencia de los proyectos mineros.
A continuación presentaremos los principales sucesos de este periodo:
Este periodo presenta varios hechos relevantes para el caso de la empresa Doe Run Perú: el primero de ellos es la decisión de la Junta de Acreedores de reestructurar la empresa, lo que ha dejado una serie de dudas sobre el futuro de la empresa y de sus trabajadores. Por otro lado, el MINAM ha publicado una norma que aprueba disposiciones complementarias para la aplicación de los Estándares de Calidad Ambiental del Aire.
A continuación presentaremos los principales sucesos de este periodo:
Los defensores del Cerro Condorhuain, en Ancash, exigen justicia. Hay 17 dirigentes indígenas procesados, acusados de secuestro, que enfrentan penas de 30 años. El proceso se ha dilatado con diversas maniobras y entre los acusados hay quechuahablantes mayores de 60 años y cuatro mujeres que solo ejercieron su derecho a la protesta.
Los hechos se remontan al 11 de abril del 2007, cuando las comunidades indígenas se movilizaron en defensa de su cerro sagrado contra un proyecto minero de la empresa Barrick Misquichilka. Ese día, un grupo de incondicionales de la minera provocó un enfrentamiento y fue retenido por los comuneros, quienes luego los entregaron a los fiscales.
La minera ya cuenta con luz verde por parte de las autoridades para iniciar la construcción del proyecto de cobre en Moquegua, pero también está avanzando en por lo menos otros cuatro emprendimientos.
El presidente peruano Ollanta Humala anunció hace unos meses una serie de medidas para mantener el crecimiento económico y promover la inversión privada. Dentro de estos planteamientos, el mandatario habló de hacer una revisión para poner en marcha los nuevos proyectos mineros con aprobación en sus Estudios de Impacto Ambiental (EIA); uno de los casos más emblemáticos (por lo menos hasta el cierre de esta edición) es el yacimiento cuprífero de Quellaveco, localizado en Moquegua, al sur del país.
Cientos de pobladores de las provincias cajamarquinas de San Marcos y Cajabamba iniciaron el miércoles siete de agosto, en San Marcos, la “Marcha de sensibilización por la dignidad y la defensa del valle de Condebamba” en rechazo a la empresa minera Sulliden Shahuindo y la minería informal. Durante cinco días, la movilización recorrerá varios distritos que serían afectados por la minera.
Tal como fue acordado en una asamblea a inicios de julio, el miércoles siete se inició la movilización que recorre los distritos de Ichocán, Chancay, Eduardo Villanueva (La grama), Condebamba, Cachachi y la capital de la provincia de Gloriabamba, localidades que serían afectadas por las operaciones de la minera Sulliden Shahuindo.
La situación que vive la provincia de Espinar se torna preocupante. En menos de una semana se han conocido dos noticias que han generado inquietud en sus pobladores y autoridades. En primer lugar, la drástica reducción de las transferencias del canon minero, lo que significa un recorte de más del 90% de los ingresos programados para este año y por otro lado el pedido de diez años de prisión para el alcalde Oscar Mollohuanca y otros dirigentes sociales de la zona.
¿Qué está pasando? ¿Todo es una desafortunada coincidencia? Lo lamentable es que estos hechos le añaden tensión a una zona del país en la que la población y sus autoridades han estado haciendo un enorme esfuerzo para superar el escenario de conflicto que se presentó en mayo de 2012.
Sobre el tema del canon y la reducción de las transferencias, lo menos que se le debería pedir a esa “isla de excelencia del Estado peruano” (así es como se autocalifican), que se llama Ministerio de Economía y Finanzas, es una explicación de cómo así presentaron presupuestos de apertura con datos tan errados. ¿Qué les pasó? La transferencia programada para Espinar era de 65´531,309.00 millones de soles y van a recibir apenas 5´031,688.88 millones de soles.
En el segundo trimestre, en tanto, los costos de la firma aumentaron 4,7% respecto de los tres primeros meses de este año.
Como parte de su proceso de internacionalización, que desarrolla a través de asociaciones con empresas de exploración, Antofagasta Minerals (AMSA) volverá a invertir en Perú, país que la compañía abandonó en 2006, cuando su matriz Antofagasta PLC se desprendió de los proyectos que mantenía ahí en sociedad con la brasileña Vale.
En su reporte de producción correspondiente al segundo trimestre el brazo minero del grupo Luksic informó que a fines de junio firmó un joint venture con la junior canadiense Lara Exploration, en virtud del cual AMSA podrá acceder a un 75% de la propiedad del proyecto de oro y cobre denominado Sami, que está ubicado en el sur de Perú.
Después de casi dos años de juicio, el día de hoy a las 10 de la mañana en la Sala Penal de Cajamarca se emitió sentencia sobre el caso “Chaupe”, familia acusada por Minera Yanacocha de usurpar sus propiedades en el proyecto minero Conga.
Como se recuerda, este denuncia de interpuesta por Minera Yanacocha se inició en noviembre del 2011, la empresa minera intentó desalojar por la fuerza a la familia Chaupe de su terreno ubicado en inmediaciones del proyecto minero Conga (Ver video de intento de desalojo)
Minera Yanacocha aduce que estos terrenos son de su propiedad y que fueron comprados a los directivos de la Comunidad de Sorochuco en el año 1994; sin embargo, la familia demuestra con sus títulos de posesión y contratos de compra venta que ellos son los reales propietarios y comuneros, y que han poseído estas tierras desde los años 90, además que nunca dieron su autorización ni cedieron en venta estos terrenos, y que siguen viviendo en los mismos hasta la fecha.