Con fecha 5 de mayo del presente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre las dos medidas cautelares solicitadas por la AIDESEP1, la CCP2, la CNA3, la CONACAMI4 y la ONAMIAP5, en el caso CONGA. La primera –medida cautelar- solicitaba la protección a las autoridades, población indígena, comunidades y rondas campesinas y población en general de las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc quienes se encontrarían en situación de riesgo debido a su oposición a la ejecución del proyecto minero.
Estas organizaciones también solicitaron que se proteja el territorio ancestral de las comunidades y rondas campesinas de la provincia de Cajamarca, Celendín y Bambamarca. Dicha solicitud guardaba relación con la petición P716-12, que presentaron a la CIDH el 12 abril de 2012.
Como es conocimiento público, existe una gran preocupación entre la población de los distritos de Huarango y San José de Lourdes (Provincia de San Ignacio, en Cajamarca), por la muerte de peces -carachamas, sardinas, pez blanco entre otros- en el río Chirinos, afluente del río Chinchipe. Desde el 28 de abril la Oficina de Asuntos Indígenas de la Municipalidad Ecológica Provincial de San Ignacio y la Organización Fronteriza Awajún de Cajamarca (ORFAC), solicitaron a las autoridades de la provincia de San Ignacio y al Fiscal de prevención del delito la realización de un estudio de aguas y un análisis de los peces, fuente principal de alimentación de la población. Como sabemos, el proyecto minero Yagku Entsa, de Águila Dorada S.A.C., está haciendo peligrar el hábitat donde viven 1500 personas que integran 16 comunidades awajún en ambas márgenes del Río Chirinos.
Relaves mineros en el cerro Tamboraque donde explota la empresa Nyrstar, ubicado en el kilómetro 90 de la Carretera Central, se encuentran muy cerca de la cabecera de cuenca del río Rímac, amenazando con contaminar el agua de la ciudad de Lima, de más de 9 millones de habitantes. Por ejemplo, ante un eventual sismo mayor a los 7 grados, esos canchones podrían venirse abajo. Cada explotación tiene uno o más relaves mineros, que consisten en un cúmulo de toneladas de desechos mineros que contienen tóxicos con alta concentración de químicos contaminantes.
Pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazara la medida cautelar presentada por diversas organizaciones sociales y ambientalistas para dejar sin efecto el proyecto Conga de la empresa Minera Yanacocha y el retiro de las fuerzas policiales destacadas en la zona, los representantes de estas organizaciones festejaron como un triunfo la resolución evacuada por la CIDH al garantizar esta la vida y la integridad de los líderes sociales y ambientalistas.
La presencia de la minera Laconia South América en los territorios del nevado Ccarhuarazo sigue generando preocupación en las comunidades de la provincia de Sucre por los posibles impactos que podría producir en el medio ambiente. Por esta razón, el pasado lunes 5 de mayo las comunidades de Huacaña, Morcolla y Querobamba (Sucre) acataron un paro preventivo de 24 horas al que se sumaron los distritos de Soras y Larcay, medida con cual mostraron su rechazo a la presencia de la empresa minera. 
Al parecer las discrepancias entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) continúan. A los dimes y diretes entre el ministro Castilla y el presidente del BCRP, Julio Velarde, le ha seguido la publicación del Marco Macroeconómico Multianual (MEF) y del Reporte de Inflación: Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2014-2015 (BCRP).
No hay experiencia exitosa de monitoreos participativos o exitosos. En el Perú los estados y gobiernos débiles o sumisos lo hacen imposible.
Comuneros de la provincia de Sucre se encuentran marchando rumbo al nevado Ccarhuarazo, en la provincia de Sucre, Ayacucho, en protesta por el intento de la minera australiana Laconia South America SAC, que pretende depredar dicho nevado, ícono mayor de la belleza del paisaje en esta provincia, además de una considerable extensión de tierras en el lugar. Las comunidades ya habían rechazado las operaciones de la empresa y denegaron la licencia social con un rotundo 90% de votos, perola minera cuenta con el respaldo del ministerio de Energía y Minas, que incluso gasta los recursos de todos los peruanos viajando a la zona intentando convencer de este atentado contra el paisaje y el ambiente.
No existe desde el Gobierno voluntad política para atacar el problema de la minería ilegal y prueba de ello es la denominada Estrategia de Saneamiento de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal, que aprobó el Ejecutivo el pasado 20 de abril.
1 de mayo de 2014