En medio de las fiestas patrias y mientras se daba a conocer la buena noticia de la recategorización de tres Reservas en Ucayali, de Territoriales a Indígenas; contradictoriamente, se aprobaban peligrosas modificaciones al Reglamento de la Ley N° 28736 – Ley para la protección de los Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento y en situación de Contacto Inicial – PIACI.
Es así que, a través del Decreto Supremo N° 008-2016-MC se dispone en el artículo 7 que, es función del Vice Ministerio de Interculturalidad – VMI, emitir opinión técnica previa vinculante relacionada al componente social vinculada a las actividades de exploración y explotación no tradicional de recursos naturales en las reservas indígenas.
Dado que el ente rector en materia de protección de derechos de los PIACI es el Ministerio de Cultura a través del VMI, resulta contraproducente que se reduzca su capacidad de opinión técnica únicamente al componente social de los Estudios de Impacto Ambiental – EIA. Sólo en la fase de elaboración de este instrumento se generan impactos, que suman a aquellos que está destinado a identificar y prevenir. No existe voluntad de implementar estos instrumentos de manera integral, aun cuando sabemos que los impactos de dichas actividades atraviesan toda la realidad de los pueblos indígena.
Durante el mitin que Gregorio Santos sostuvo en la Plaza de Armas de Cajamarca, el suspendido gobernador regional, manifestó su clara oposición al desarrollo de las actividades extractivas, además se refirió al proyecto minero Conga y dijo que se trata de un tema zanjado.
Compartimos nuestro dossier Escenarios de transición y alternativas al modelo extractivista, que consta de 10 artículos que buscan dar una mirada global a la evolución de la extracción minera y los impactos sociales y ambientales generados en las dos últimas décadas en América Latina, y de manera especial en el Perú. El material virtual lo difunde la organización francesa Ritimo, en varios idiomas.
Pobladores del distrito de Cojata, en la provincia de Huancané, aledaños a la cuenca del río Suches, denunciaron que hace días vienen consumiendo agua turbia y contaminada producto de la actividad minera en esa jurisdicción.
Gobierno promueve minería de oro en bosque amazónico de selva norte
El pasado 19 de julio, Diego Calmet escribió un artículo titulado Verdades sobre La Oroya. En la medida que es un tema en debate, me animo a opinar y a discrepar cordialmente con el autor, con la intención de aportar y por supuesto sin sentirme dueño de la verdad. Vamos por partes.
El reasentamiento de la ciudad de Morococha es un tema que debería retomarse y colocarse en agenda. La construcción de Nueva Morococha se desarrolló en el año 2012 a cargo de la empresa minera Chinalco, que ejecuta el proyecto Toromocho. Casi mil doscientas familias fueron desplazadas en ese entonces; sin embargo, el proceso de mudanza no ha concluido. La población está literalmente dividida. Poco más de setenta familias se opusieron al desplazamiento y aún viven en la ‘Antigua Morococha’, ubicada a metros de la mina cuprífera a tajo abierto. Las familias ya reasentadas conviven con las consecuencias de un traslado no consultado, a zonas no apropiadas para habitar.
Frente a las reiteradas suspensiones de las reuniones de la Mesa de Diálogo de la Provincia de Cotabambas (Apurimac) que debe atender la problemática en torno al proyecto minero Las Bambas, organizaciones sociales de la zona publicaron hoy un importante pronunciamiento.
Son tres fechas en las que podrán encontrar nuestras publicaciones en venta y en donación: Lunes 25, sábado 30 y domingo 31 de julio.