El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), anexo del Banco Mundial (BM), con sede en Washington D C, Estados Unidos, es escenario de la audiencia pública por la demanda que la empresa canadiense Bear Creek Mining Corporation inició contra la República del Perú por el caso del “aimarazo”.
En la demanda (caso es el Nº. ARB/14/21), según informa la organización Suma Marka ONGD, la transnacional pide al Estado peruano una suma aproximada de 1200 millones de dólares como indemnización por la cancelación del proyecto minero Santa Ana en el año 2011.
El proceso de diálogo que inició en febrero avanza lentamente y sin concretar. Los pobladores denuncian que en la Mesa no existe ni siquiera un traductor oficial de quechua que pueda facilitar la comunicación con el Gobierno y la empresa.
RED MUQUI y sus organizaciones miembro, nos dirigimos a la opinión pública a nivel nacional e internacional para expresar lo siguiente:
Ruth Luque ha logrado arrojar un poco de transparencia a uno de los asuntos que permanecen en la más completa oscuridad: los convenios por los cuales la policía de Perú presta sus servicios a las empresas mineras. Esta abogada de la ONG Derechos Humanos sin Fronteras ha tenido que esperar dos largos años hasta que la Justicia le diera la razón y pudiera conocer los convenios suscritos en la región Cusco con las mineras Xstrata, Quechua y Hubday, después de que la policía le negara esta información.
Representantes de organizaciones y federaciones indígenas amazónicas aledañas a la Zona Reservada Yaguas se reunieron para buscar consensos y establecer acuerdos respecto a la categorización de dicha zona.
El nuevo gobierno de Perú afronta una herencia de 150 conflictos socioambientales vinculados a la industria extractiva, en un listado donde destacan los reclamos de la población que convive con el proyecto minero más grande de la historia del país: Las Bambas.
Un video alerta sobre los efectos del calentamiento global y la minería en los ecosistemas peruanos. El nevado Pastoruri de Perú ha perdido entre 60 y 65% de su nieves perennes, como consecuencia del calentamiento global y la minería a gran escala que se práctica en esa zona.
Por: José De Echave C.
Tal como habíamos reportado previamente, parte de la agenda de diversas comunidades de Cotabambas era el tema del tránsito de transporte pesado relacionado a las actividades del proyecto minero Las Bambas, en Apurímac. Recientemente, el contrato de servidumbre pactado entre la comunidad de Pisacasa y la empresa minera estaba por vencer. Los pobladores estaban disgustados porque el permiso que habían concedido era para el tránsito de vehículos durante el periodo de construcción de las instalaciones de la minera MMG; sin embargo, desde que iniciaron las actividades de extracción circulan más de 300 camiones por vías autorizadas para otro uso.
Tal como lo venían anunciando a través de las redes sociales a través del perfil Defensores Ambientalistas de Llalli, los pobladores de los distritos puneños de Ocuviri (provincia Lampa) y Llalli (provincia Melgar) acatarán este miércoles 31 de agosto un paro preventivo de 24 horas en contra de las mineras que operan en la zona.