mineriaenlinea 12/10/2022
Perú planea formalizar a los pequeños mineros de oro, dijo el martes la ministra de Minas, Alessandra Herrera, en medio de la creciente presión internacional para arrojar luz sobre la cadena de suministro del metal precioso en el principal productor de Sudamérica.

Alrededor del 22% de la producción de oro de Perú proviene de la minería a pequeña escala, dijo Herrera en un evento organizado en Lima por la asociación sin fines de lucro Swiss Better Gold.

Suiza es el primer refinador de oro del mundo y uno de los principales destinos del oro peruano.

“Tenemos un claro compromiso de apoyar el proceso de formalización (de los pequeños mineros de oro)”, dijo Herrera en el evento.

La pequeña minería de oro en Perú suele operar de forma ilegal o con poca supervisión, especialmente en la región de la selva amazónica.

“Está claro que los problemas para determinar la procedencia legal de la pequeña minería son un riesgo para la reputación de la actividad minera”, dijo Herrera. Pero añadió que los pequeños mineros del oro deben ser vistos “no como el enemigo, sino como aliados”.

Perú quiere formalizar a los mineros artesanales de oro, dice el ministro

Foto: Miguel Gutierrez/ CooperAcción
13/10/2022
Luego de las protestas realizadas en el año 2015 en la provincia de Cotabambas, 17 dirigentes fueron acusados de supuesta autoría mediata por varios delitos. Después de 7 años de realizada la denuncia y una espera angustiante, recién el 19 de setiembre de este año, se ha dado inicio a este proceso.

El caso se encuentra actualmente etapa de juicio oral, que está siendo conducido por el Sr. Juez, Andrés Abelino Flores Aguilar, del Juzgado Penal Unipersonal de Tambobamba. La acusación contra los dirigentes consta de cinco delitos: Disturbios, daños agravados, entorpecimiento a las vías de comunicación, asociación ilícita para delinquir y usurpación agravada. Sin embargo, estas acusaciones están basadas principalmente en su participación en las protestas como dirigentes.

Como se recuerda, en el 2015 las comunidades la provincia de Cotabambas se levantó en protestas contra la empresa minera MMG Las Bambas, esto debido a las modificaciones al estudio de impacto ambiental en su territorio sin consulta previa, esto con el fin de transportar los minerales a través de una carretera sin asfaltar en vez de un mineroducto. Producto de esas protestas, hubo 3 personas fallecidas, decenas de detenidos y los 17 dirigentes criminalizados.

La persecución contra dirigentes y líderes en las zonas del llamado corredor minero del sur no es una práctica nueva. Se recuerda el caso de Espinar donde 3 dirigentes (entre ellos el ex alcalde provincial, Oscar Mollohuanca) llevaron el juicio desde el 2012 hasta que a principios de este año fueron absueltos. Sin embargo, la parte acusatoria ha apelado tal resolución. ¿Hasta cuándo puede extenderse un juicio con los defensores y defensoras ambientales?

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En Espinar quemaron llantas en la vía y pusieron piquetes para impedir el paso de vehículos de la mina.
Corredor minero se encuentra en permanente conflicto.
REDACCIÓN PERÚ21 12/10/2022
En una nueva protesta contra la minera de cobre MMG Las Bambas, comuneros de Coporaque, distrito ubicado en la provincia de Espinar, en Cusco, bloquearon ayer parcialmente el Corredor Minero del Sur y lanzaron piedras contra los vehículos de la compañía china.

El presidente de la Cámara Regional del Cusco, John Gonzáles, contó a Perú21 que las manifestaciones empezaron el domingo pero se intensificaron ayer. Según refirió, los comuneros estarían reclamando el incumplimiento de algunos compromisos por parte de la minera.

El general PNP Pedro Villanueva, jefe de la VII Macrepol Cusco, informó que los manifestantes pusieron piquetes para controlar el acceso a la vía. Dejaban pasar a todos los vehículos particulares menos a los de Las Bambas.

“Esta madrugada quemaron llantas en la vía pero se logró retirarlas, ahora están en los cerros y cada vez que ven un encapsulado de Las Bambas bajan a bloquear la vía o les tiran piedras, ya hemos levantado un acta con el representante del Ministerio Público y les hemos dicho que eso ilegal, pero ellos continúan en la zona”, señaló.

Cabe precisar que los encapsulados de las mineras Hudbay y Antapaccay sí tendrían el pase libre: solo se restringiría el tránsito a Las Bambas.

BUSCAN EJERCER PRESIÓN
Hoy estaría programada una reunión de diálogo entre comuneros de Espinar, autoridades del Minem y representantes de MMG, por lo que el bloqueo sería un modo de ejercer presión antes del encuentro. Mientras tanto, más agentes del orden se dirigen al sector, provenientes de Huincho y Espinar.

Según datos de la Defensoría del Pueblo, este es uno de 18 conflictos sociales activos en el Corredor Minero Sur, entre las regiones de Apurímac y Cusco.

Cabe recordar que el exdirector ejecutivo de la SNMPE, Pablo de la Flor, advirtió que las protestas en el Corredor Minero vienen generando una desaceleración en la economía.

Minera Las Bambas
Fuentes cercanas a Minera Las Bambas indicaron que la empresa viene cumpliendo con los compromisos asumidos con Coporaque; asimismo, que los dos tractores serán entregados este mes de octubre.
https://peru21.pe/politica/bloquean-corredor-minero-en-protesta-contra-las-bambas-noticia/

Thomson Reuters 2022
10/10/2022
LIMA, 10 oct – El gobierno peruano dijo el lunes que envió al Congreso un proyecto de ley para ampliar por cinco años un incentivo para la exploración minera, en momentos en que el sector clave para la economía del país encara conflictos con comunidades.

La iniciativa, ya anunciada en septiembre por el ministro de Economía Kurt Burneo, solicita al Legislativo prorrogar hasta fines del 2027 la devolución del Impuesto General a las Ventas (IGV) y del Impuesto de Promoción Municipal (IPM) a la actividad, dijo el Ministerio de Economía en un comunicado.

El proyecto de prórroga del incentivo también incluye a la exploración de hidrocarburos, añadió el ministerio.

Estos beneficios, creados en 2002 para promover las inversiones en el sector, vienen ampliándose consecutivamente y el Congreso dominado por la oposición discutirá su aprobación o no de la norma, que actualmente vence el 12 de diciembre.

“El país tiene que ser hoy atractivo y promover inversión en la actividad exploratoria, generando mecanismos para esta actividad que es muy riesgosa”, dijo Burneo en el comunicado.

El sector minero enfrenta constantes protestas de comunidades indígenas pobres cerca de los yacimientos, en demanda de mayores beneficios de la industria. Los conflictos han frenado temporalmente algunas operaciones.

A agosto de este año, las inversiones en exploración minera sumaron 266,5 millones de dólares, un 40% más frente al mismo periodo del año pasado, según el Ministerio de Energía y Minas.

Perú es el segundo mayor productor mundial de cobre.
https://es.euronews.com/next/2022/10/10/mineria-peru-exploracion

11/10/2022
Molino de bolas del proyecto Quellaveco. | Crédito: Anglo American
Quellaveco, ubicado en Moquegua (Perú), saltó a la palestra en las últimas semanas, no solo porque recibió la autorización de operación comercial, sino también porque se ha generado una discusión alrededor de los derechos de agua de la mina de cobre de Anglo American.

Después de que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) emitiera en agosto la Resolución Directoral N° 0624-2022 por la que se le permite a Anglo American el uso de 22 millones de metros cúbicos de agua de los ríos Titire y Vizcachas, afluentes del río Tambo, para la operación de la mina Quellaveco; representantes del Valle El Tambo se mostraron en desacuerdo con esta resolución y apelaron. Dicha apelación se encuentra en el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas de la ANA.

En un mes se dará a conocer la decisión sobre la apelación, estimó la ANA. Con esto, se conocerá si finalmente se le quitará o no agua a la mina de cobre. El plazo de un mes culminaría en la primera semana de noviembre.

Cabe destacar que en cualquier caso, el fallo podría ser llevado al Poder Judicial si las partes no están conformes.
¿Qué pasa con los derechos de agua?

A mediados de setiembre pasado, un grupo de residentes del Valle de Tambo en Arequipa bloqueó caminos para protestar por la autorización de derechos de agua porque temían que la agricultura se afecte por una supuesta contaminación por Quellaveco.

Además, la semana pasada, las autoridades de la provincia de Islay en Moquegua dieron al Gobierno una semana para decidir sobre los derechos de agua de la mina, según información de Bloomberg. Esto, después que autoridades de la región Arequipa se reunieran con la titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Patricia Ocampo, y el jefe de gabinete de asesores de Pedro Castillo, Alberto Mendieta, para abordar este tema a raíz de la resolución de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) que otorgó la licencia de agua superficial.

En este contexto, el último viernes, el Midagri señaló en un comunicado que “existe el compromiso de la conformación de una mesa técnica que evaluará, en un plazo prudencial y de acuerdo a ley, la Resolución Directoral 0624-2022 de la Autoridad Nacional del Agua (ANA)”. Sin embargo, la ministra de Energía y Minas, Alessandra Herrera, aclaró que Quellaveco cuenta con todas las autorizaciones que están previstas en el marco jurisdiccional vigente para su desarrollo. Ello luego que desde del Midagri se insista en evaluar las autorizaciones otorgadas sobre los derechos de agua dadas a la mina de cobre Quellaveco de Anglo American.

Es más, el ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, al ser consultado sobre Quellaveco, señaló que es claro que tiene que haber una base jurídica sólida para que haya confianza. “(…) las reglas de juego, la parte normativa, no está sujeta a discusión ni a cambio, esto ha significado que hayan continuado las operaciones de Quellaveco. Me informan que ya estarían en un segundo embarque de concentrado de mineral”, indicó en la Comisión de Presupuesto del Congreso.

Agregó que si hubiera una disposición para no seguir con el proceso del proyecto, eso hubiera significado -además de una denuncia en tribunales internacionales- que todo el sector minero estuviera preocupado. “Reiteramos el respeto irrestricto a la normatividad jurídica en el país. Además, por definición, un informe técnico no se puede retraer. Es un elemento fundamental para demostrar que en el Perú sí se respeta la estabilidad jurídica. No hay problemas con los procesos”, remarcó.

Perú: En un mes se definirá si se le retira permisos de agua a Quellaveco

06/10/2022
El día de hoy, el medio de comunicación “La Encerrona” reveló que hubo un hackeo masivo a las fuerzas armadas de varios países latinoamericanos, incluyendo al Perú. La información periodística muestra que el Ejército Peruano tiene como práctica irregular realizar seguimiento a organizaciones civiles, políticos de izquierda, autoridades civiles e incluso organizaciones no gubernamentales internacionales. En este sentido, en un informe de inteligencia del Comando Operacional del Sur del Ejército Peruano se identifica a CooperAcción como un agente que «infiltra» a las organizaciones sociales con una agenda «antiextractiva», junto con otras instituciones como IDL, Derechos Humanos sin Fronteras y Amnistía Internacional.

Frente a esta situación queremos expresar nuestra sorpresa y rechazo a que las instancias de inteligencia del Ejército peruano nos incluyan como un agente desestabilizador en el territorio denominado “corredor minero”. Nos parece muy grave que se pretenda tergiversar el trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad civil a favor de la vigencia y respeto de los derechos humanos.

Rechazamos que el Ejército nos incluya como un agente desestabilizador en el denominado corredor minero. Es grave que se busque tergiversar el trabajo de la sociedad civil en favor del respeto de los DD.HH.

Es evidente que los supuestos aparatos de inteligencia no están cumpliendo bien con su labor, porque su análisis sobre la situación en el llamado corredor minero es completamente errado, y no están entendiendo las razones de la conflictividad social en la zona, y como siempre buscan chivos expiatorios a los que se le pueda echar la culpa.

CooperAcción es una organización que tiene 25 años promoviendo y defendiendo los derechos humanos y de pueblos indígenas, así como el buen vivir en territorios donde se realizan actividades extractivas. A partir de ello, impulsa cambios en las políticas públicas a fin de contribuir a la construcción de un país más democrático, sostenible y justo.

En ese sentido, en el sur andino hemos sido y somos asesores del Frente de Defensa Provincial de Cotabambas para su participación en la Mesa de Diálogo provincial. En ese espacio, hemos contribuido a que las organizaciones que conforman el Frente precisen su problemática, alcancen una agenda para el diálogo y elaboren sus propias propuestas. Lamentablemente, el Estado y la empresa no le han dado relevancia a este espacio que ya tiene 6 años de existencia y que tiene muy poca vida institucional.

En Apurímac, nosotros no asesoramos a ninguna comunidad de la zona de influencia directa del proyecto minero Las Bambas. Ellas tienen sus abogados de ejercicio libre, que pertenecen al sector privado. Tenemos entendido que muchos abogados se han acercado a las comunidades a ofrecer sus servicios y aparentemente habrían sido contratados con compromisos de pagos futuros por parte de algunas comunidades. Esto no lo dice el documento del Comando Operacional del Sur del Ejército Peruano y debiera saberlo, porque es algo por todos conocido.

En Espinar (Cusco), brindamos asesoría a dos comunidades que están negociando sus tierras en el contexto del proyecto «ampliación Coroccohuayco». Nuestro propósito es que se garantice sus condiciones de existencia ya que corren el riesgo de desaparecer. Este trabajo de asesoría debería ser realizado por el Estado pero, lamentablemente, no lo hace.
Nosotros también producimos, sistematizamos y analizamos información sobre los territorios. A veces el Estado no tiene un mapa de actores claro, o no conoce las situaciones o los hechos que ocurren en detalle, y menos realiza el análisis de ellos. Nosotros hacemos este ejercicio para que el Estado tenga una intervención más eficaz. También promovemos que las comunidades campesinas participen de la gobernanza de sus territorios. Esto quiere decir, que puedan cuidarlo, recuperarlo, usarlo para su bienestar, con responsabilidad. Con ellas realizamos ordenamiento territorial comunal. También, es un desafío en estos territorios la seguridad y soberanía alimentaria y una producción sostenible. Para ello, asesoramos a las comunidades en la formulación e implementación proyectos productivos (tales como técnicas de riego, fitotoldos o crianza de cuyes) y su participación en ferias de productores, así como en concursos estatales para acceder a fondos públicos para financiar sus proyectos productivos.

Queremos enfatizar que CooperaAcción apuesta por una cultura de paz y de diálogo, por vías institucionales, pácificas y de diálogo para la resolución de conflictos. Nuestro trabajo en los territorios es de conocimiento público y transparente y estamos permanentemente abiertos al diálogo con la prensa, la sociedad civil, las empresas presentes en los territorios y las autoridades del Estado en todos sus niveles

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José De Echave 04/10/2022
Imagen: El Peruano
Hace unos días, en una entrevista[1], el ex viceministro de Economía, Enzo Defilippi[2], señaló que al inicio de este gobierno el exministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, “amenazaba por cuestiones absolutamente ideológicas subir los impuestos”.

De esta manera se refería a la propuesta de reforma tributaria que el entonces ministro Francke presentó al país, solicitando delegación de facultades al Congreso de la República. ¿Se puede sostener seriamente un argumento de este tipo, sobre todo en un país como el Perú, que presenta desde hace tiempo serios problemas en materia de recaudación y es uno de los pocos países de la región que no ha implementado una reforma tributaria de carácter estructural? Intentaremos responder a esta interrogante, al mismo tiempo que nos referiremos a los anuncios que se han hecho recientemente en materia de política tributaria.

La trayectoria preocupante de la recaudación

La evolución de la presión tributaria de nuestro país, comparada con los otros países de la región, ya estaba por lo menos desde hace 20 años por debajo del promedio, y lo más grave es que en la última década y media la diferencia se ha acrecentado como consecuencia de pésimas decisiones que se tomaron en materia tributaria. Por ejemplo, a finales del gobierno de Humala –precisamente cuando el señor Defilippi era viceministro de Economía– y a inicios del gobierno de Kuczynski.

Si en el 2000 nuestra presión tributaria estaba tres puntos por debajo del promedio latinoamericano, hoy estamos a siete puntos. Por lo tanto, mejorar la recaudación debería ser un acuerdo básico de todos los estamentos de la sociedad peruana, al margen de cualquier posición ideológica: un país con una presión tributaria por debajo del 17% o 16% del PBI tiene un Estado colapsado, y esa es nuestra realidad.

Pero además, el Perú no puede darle la espalda a las tendencias globales en materia de fiscalidad. Organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial y la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han señalado en los últimos años con insistencia que los países deben aplicar impuestos más altos para los grupos de mayores ingresos y las empresas más rentables. Las páginas de economía de diferentes medios, en el país y en el extranjero, dan cuenta de ello y cómo diferentes países implementan medidas que confirman esta tendencia.

Es importante precisar que la reforma tributaria propuesta por el exministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, no planteaba solamente la subida de algunos impuestos; en realidad se plantearon tres ejes de acción: avanzar en la formalización, luchar contra el incumplimiento tributario, aumentar la progresividad y disminuir inequidades.

Es cierto que un componente clave de la reforma tributaria se centraba en el sector minero. Cabe recordar que para ello se pidió asesoría al Departamento de Finanzas Públicas (FAD, por sus siglas en inglés) del FMI. La misión del FMI planteó elementos de diagnóstico sobre el régimen tributario vinculado a la minería, haciendo un análisis comparado con un grupo de países en los que esta actividad ocupa un rol central en sus matrices productivas.

Lo interesante es que el FMI señaló que existía espacio para aumentar la presión fiscal del sector minero sin que el país pierda competitividad internacional –lo que fue una pregunta expresa del MEF– y recomendó que solo se considere cambiar las tasas de los impuestos, de manera moderada, cuya base es la utilidad operativa (regalía e impuesto especial a la minería). También señalaron que existía espacio para un aumento del piso de la regalía hasta en un punto porcentual sin afectar mayormente la estructura progresiva del régimen actual, lo mismo que las tasas marginales del impuesto especial a la minería, incrementando así la progresividad del sistema.

Como se recordará, la propuesta de reforma tributaria enfrentó una feroz y millonaria campaña de parte del sector empresarial, en especial de las empresas mineras, a través de los principales medios de comunicación del país. Se dijo que la reforma buscaba “subir agresivamente los impuestos a la minería” y se anunciaba que “las inversiones se irían del país y se iban a perder 2 millones y medio de puestos de trabajo”.

Finalmente, el pedido de delegación de facultades fue denegado en lo sustantivo por el Congreso de la República. Lo cierto es que pese a que varios países siguen impulsando en la actualidad reformas tributarias que apuntan a aumentar los niveles de recaudación, en el Perú esta posibilidad ha sido dejada de lado.

¿Se ha enterrado cualquier posibilidad de reforma tributaria?

La semana pasada, en plena Convención Minera (Perumin) en la ciudad de Arequipa, el ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, le ha dado un mensaje claro al empresariado minero: “la normatividad tributaria se va a mantener tal cual”. No es la primera vez que lo dice. A inicios de septiembre ya lo había afirmado: “De ninguna manera [van a subir los impuestos]. No tiene sentido incrementar tasas impositivas si quiero que haya mayor actividad económica” (en El Comercio del 08/09/2022). También dijo que “Subir las tasas impositivas, eso sería dispararse al pie” (en Rumbo Minero, 25/08/2022).

Además, ha señalado cómo será el manejo del tema tributario durante su gestión: “la lógica es que se va a crecer y la recaudación tributaria se va a incrementar, [pero] no porque voy a mover las tasas, sino porque estamos hablando de más actividad económica y la tasa imponible es más grande” (El Comercio del 08/09/2022).

Pensar que la recaudación solo va a aumentar vía el crecimiento de la economía es lo que nos ha llevado a ser uno de los países con más baja presión tributaria en América Latina. Incluso, en función de la expectativa de reactivar la economía, entre el 2015 y 2016 el exministro Alonso Segura y su viceministro Defilippi bajaron la tasa del impuesto a la renta, con consecuencias desastrosas: la recaudación se cayó y la reactivación esperada nunca llegó.

Lo cierto es que, pese a que varios países siguen impulsando en la actualidad reformas tributarias que apuntan a aumentar los niveles de recaudación, en el Perú esta posibilidad ha sido dejada de lado por el ministro Burneo. Se repite la misma historia de las últimas décadas, lo que significa que el Perú seguirá estando rezagado en materia de presión tributaria en América Latina y sin recursos suficientes para financiar el gasto en materia de salud, educación, presupuesto social, saneamiento básico, entre varias otras variables. Parece que no terminamos de aprender de la realidad y le seguimos dando la espalda a las tendencias globales en materia tributaria.

[1] En RPP, programa “Todo se Sabe”, edición del 30 de septiembre de 2022-
[2] En el período 2015-2016.

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