En mayo pasado distintos medios de comunicación escritos de nuestro país rebotaron un artículo[1] de BBC Mundo, que subraya las razones científicas de la particular belleza de la Montaña de Siete Colores (Vinicunca) ubicada entre los distritos de Pitumarca (provincia de Canchis) y Cusipata (provincia de Quispicanchi) en el departamento del Cusco. Así mismo, a inicios del mes de mayo The Associated Press (AP News, por sus siglas en inglés) publicó un artículo[2] bastante completo sobre el espectacular atractivo geográfico, del cual hicieron eco también el New York Times a través de una publicación[3] titulada “la montaña de colores peruana está en peligro” y algunos medios de comunicación nacionales.

Desde CooperAcción, queremos ahondar en la línea de análisis abierta por el artículo de AP News acerca de la presión sobre los recursos naturales que actualmente afronta este singular paisaje natural, problemática que no es aislada, sino que ejemplifica lo que viene ocurriendo en todo el Perú (AP News, 2018). Una de las amenazas más preocupantes sobre la cual que hemos prestado mayor atención, es la posibilidad del desarrollo de la actividad minera en un área recientemente concesionada a la minería que incluye la mismísima Montaña de Siete Colores.

¿Bajo qué procedimiento se ha concesionado el área que comprende la Montaña de Siete Colores?

El 30 de marzo de 2015 en Lima, la empresa de exploración minera Minquest Perú S.A.C de propiedad de la empresa canadiense Camino Minerals Corporation presentó ante el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) el petitorio minero Red Beds 2[4] ubicado en el ámbito territorial de los distritos de Cusipata (provincia de Quispicanchi) y Pitumarca (provincia de Canchis) en el Cusco, cuya área de 400 hectáreas abarca la totalidad de la famosa Montaña de Siete Colores (ver imagen 1), la que también se superpone con los territorios de las comunidades campesinas de Chillihuani y Pampachiri.

En el procedimiento de aprobación del derecho minero, el 30 de marzo de 2015 la Dirección de Concesiones Mineras del INGEMMET advirtió de la superposición parcial del petitorio minero con la propuesta de Área de Conservación Regional Ausangate (ver imagen 2), que comprende la Montaña de Siete Colores. Dicha área junto a otras 17 áreas, fueron declaradas de interés público para su protección y conservación ambiental por el Gobierno Regional del Cusco mediante la Ordenanza Regional 050-2009-GR/GRC.CUSCO publicada en el diario El Peruano el 22 de mayo de 2009. En dicha Ordenanza, el Gobierno Regional propone al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) la creación de las áreas de conservación regional.

En vista de la mencionada superposición el 15 de julio de 2015 el INGEMMET remitió un oficio al SERNANP solicitando información sobre el estado actual de la propuesta de creación del Área de Conservación Regional Ausangate, y pidiendo opinión técnica respecto a la compatibilidad del petitorio minero Red Beds 2 y la citada área. En respuesta el SERNANP, el 04 de setiembre de 2015, señaló que no le corresponde emitir opinión técnica de compatibilidad del mencionado petitorio minero, ya que no se superpone a ningún área natural protegida, pues la propuesta de Área de Conservación Regional Ausangate no cumple con los requisitos solicitados.

Por otro lado la Municipalidad Distrital de Cusipata, el 15 de junio de 2015, presentó a la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional del Cusco un recurso de oposición a la solicitud de derecho minero Red Beds 2, el cual fue derivado al INGEMMET. Debido a que la Municipalidad Distrital no realizó el pago de S/. 209 soles por el derecho de trámite en el plazo de 10 días hábiles, el 08 de setiembre de 2016 el recurso de oposición fue declarado como no presentado. No habiendo otras oposiciones y restricciones al petitorio minero, el INGEMMET continuó con el procedimiento. Finalmente, el 16 de marzo de 2018 mediante la Resolución de Presidencia N° 042-2018-INGEMMET/PCD/PM INGEMMET otorgó el título de concesión minera metálica Red Beds [5]  a la empresa de exploración minera Minquest Perú S.A.C, en la totalidad del área de la Montaña de Siete Colores.

El divorcio entre el procedimiento de otorgamiento de concesiones mineras y la planificación territorial

El caso de la concesión minera Red Beds 2 nos permite apreciar cómo la existencia de instrumentos de planificación territorial termina siendo completamente desechados por los actores con capacidad de decisión e instituciones del aparato estatal (de nivel central) cuando se tiene que decidir sobre los usos del suelo y otorgar títulos habilitantes para el aprovechamiento de un recurso natural.

Vemos, así, las situaciones absurdas a las que lleva la poca coherencia y claridad de la normatividad sobre la función reguladora del uso de suelo que cumple el ordenamiento territorial, proceso que debería ser la “sombrilla” y soporte técnico para la toma de decisiones en la gestión pública en general sobre el territorio para los tres niveles de administración del Estado, apoyado en la Zonificación Ecológica Económica – ZEE como instrumento de diagnóstico.

Proceso de ordenamiento territorial del departamento del Cusco

En noviembre de 2005, el Ministerio de Energía y Minas, el Gobierno Regional del Cusco, el Grupo Técnico de Coordinación Interinstitucional y el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA), presentaron el “Plan Base de Ordenamiento Territorial de la Región Cusco” cuyo objetivo general era permitir “una mejor ocupación, articulación y aprovechamiento del territorio y sus recursos, en concertación con los agentes y actores sociales, que sirven como instrumento de gestión a los diversos agentes regionales” (IMA, 2005).

Posteriormente, el Gobierno Regional del Cuzco, aprobó la ZEE regional mediante la Ordenanza Regional N° 047-2008-CR/GRC.CUSCO [6] (El Peruano, 06/01/2009) modificada por la Ordenanza Regional N° 063-2008-CR/GRC.CUSCO (El Peruano, 18/03/2009).

A nivel provincial, en noviembre de 2007, la Asociación de Municipalidades de la Provincia de Quispicanchi, el Gobierno Regional del Cusco y otras organizaciones, publicaron el estudio de Zonificación Económica Ecológica de la Provincia de Quispicanchi.

A nivel distrital, sobre el territorio de Pitumarca (distrito perteneciente a la provincia de Canchis, territorio sobre el cual también se extiende parte de la concesión minera Red Beds 2) se desarrolló la Microzonificación Ecológica Económica (proceso liderado por Instituto de Manejo del Agua y Medio Ambiente – IMA, 2006) y la Propuesta de Ordenamiento Territorial de la Sub Cuenca del río Pitumarca – Checacupe (IMA).

Vale entonces preguntarnos por qué estos instrumentos de planificación del territorio departamental fueron descartados en la evaluación previa que se realizó para el otorgamiento de la concesión minera Red Beds 2. Esta situación llama la atención porque en la superposición de las 400 hectáreas concesionadas a la empresa Camino Minerals (ver imagen 3), con zonas de protección nival, protección de laderas montañosas (Montaña de Siete Colores) y recuperación que establece la ZEE regional es clara; así mismo, el área concesionada se superpone a usos de conservación y manejo pecuario extensivo señalados en el mapa de uso de suelos del Plan Base de Ordenamiento Territorial.

Además, sobre la base de la Macrozonificación Ecológica Económica departamental, el Gobierno Regional del Cusco propuso[7] al SERNANP, la creación de 18 áreas de conservación regional[8], entre ellas la de Ausangate (superpuesta parcialmente con la concesión minera Red Beds 2), la misma que sería desestimada por dicha entidad, tal como lo informó a INGEMMET. Paradójicamente, el proceso de creación del Área de Conservación Regional Ausangate continuó, y en la actualidad el Ministerio de Cultura ha culminado con la etapa de consulta previa para su creación (MINCUL, 15/03/2018), sin embargo, el titular minero ya obtuvo el derecho real sobre el área superpuesta y este derecho primará sobre los futuros usos del suelo que se le den al área, debido a que normas reglamentarias del SERNANP así lo establecen.

En la Zonificación Económica Ecológica de la Provincia de Quispicanchi podemos apreciar que en el área parcial de la concesión minera Red Beds 2 que se encuentra en Cusipata, existen zonas asignadas a la protección ecológica sobre las que se recomienda que sean excluidas de los usos incompatibles con sus características, pues deben ser conservadas para el mantenimiento de los procesos ecológicos de la provincia (IMA, 2007).

El mapa de usos del suelo[9] de la Microzonificación Ecológica Económica y la Propuesta de Ordenamiento Territorial de la Sub Cuenca del Río Pitumarca – Checacupe (IMA), en la zona que corresponde parcialmente al área concesionada se establecen usos distintos al minero. Aparecen como zonas vulnerables destinadas a la protección de flora y fauna y como zonas de producción pecuaria.

Así, siempre se critica al Estado y sus órganos de gobierno (con mayor dureza a los gobiernos regionales y locales) debido a la ausencia de planificación territorial en sus intervenciones o se reclama mayor conocimiento de la realidad para un mejor ejercicio de sus competencias y funciones de gobernanza territorial. Sin embargo, en el caso analizado, vemos que existen instrumentos y procesos de planificación del territorio ejecutados por diferentes niveles de gobierno, desde la escala general hasta la de detalle. Estos procesos han costado y siguen costando millones de soles a todos los peruanos; y han involucrado distintos actores (estatales, privados y la sociedad civil) con la finalidad de construir una visión compartida de desarrollo sostenible. La gran pregunta es por qué esta desconexión, por qué los instrumentos de planificación territorial no tienen valor al momento del otorgamiento de un título habilitante para el aprovechamiento de un recurso natural. Cómo y por qué llegamos a esta situación. Todo parece empezar en la negativa a aceptar que el rol del ordenamiento territorial en la regulación del uso del suelo y la confusión que se genera sobre este aspecto en las normas. ¿Es vinculante o solo orientador? ¿Qué significa que sea orientador, que si quiero le hago caso o no? Finalmente, si depende de la voluntad de los ministerios sectoriales darle un valor o no, la pregunta es para qué se realizan estudios tan costosos si no servirán de nada.

Habría que preguntarnos finalmente si los enormes esfuerzos realizados por los gobiernos subnacionales por tratar de ordenar y planificar las intervenciones en el territorio deben servir para darle gobernanza a la explotación de recursos naturales, o si debemos seguir dejando que sean particulares, refrendados por los ministerios sectoriales, quienes tomen estas decisiones ¿usted qué opina?

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/incoherencia-del-sistema-de-planificacion-territorial/

Este 13 de junio se presentará en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya la Investigación de universidad de Humboldt titulado “Alternativas de desarrollo en las regiones mineras del Perú”. Los resultados del estudio serán expuestos por el geógrafo alemán Constantin Bittner cinco de la tarde en el Aula 3 del Instituto Superior de Estudios Teológicos Juan XXII, ubicado en Jirón Alfredo Cadenas 290, Pueblo Libre, altura de la cuadra 18 de la Av. Bolívar.

La presentación del estudio estará a cargo del geógrafo Constantin Bittner, quien formó parte del equipo interdisciplinario de la Universidad Humboldt de Berlín, encargado de elaborar la investigación: Alternativas de desarrollo en las regiones mineras de Perú.  Fue miembro del equipo de seis post graduados que a fines del año 2016 realizó dicho estudio en las regiones de Cajamarca en la zona de Celendín vinculada con el proyecto Conga, y en Junín, en la zona del Valle del Mantaro, cuya cuenca está seriamente impactada por la actividad minera.

Bittner destacó que se evidencian “graves afectaciones ambientales generados por la actividad minera, que impactan en las actividades económicas locales como la agricultura y la ganadería”. El investigador remarcó que “el Estado no genera información sobre contaminación e impactos ambientales. Hay una falta de transparencia que exige la necesidad de procesar información periódica y continua que permita evidenciar las causas de los impactos”.

La publicación, que se encuentra en el portal de Red Muqui para su descarga libre, evalúa los impactos ocasionados por la minería: escasez de gua, contaminación, daños a la salud, pérdida de cosechas, perdida de servicios ecosistémicos. De todo esto, se hace una valoración económica para medir los costos ambientales de la minería y conocer los verdaderos impactos.

Durante la elaboración del libro, se analizó el caso de Conga en Cajamarca y el Valle del Mantaro en Junín. En Cajamarca se analizó los riesgos de la minería en la cabecera de cuenca como se planteaba en el proyecto minero. Por su parte, en Junín, que es una región que tiene años de minería a gran escala, se evaluó los impactos y los pasivos ambientales dejados y su afectación en otras actividades como la agricultura. “Solo así podemos visibilizar los verdaderos costos ambientales”, remarcó el investigador Constantin Bittner a Red Muqui.

El documento también plantea analizar las potencialidades de otras actividades económicas que pueden ser fuente de ingreso para la economía familiar local. “Siendo un país tan diverso en agricultura, habría que apostar por la seguridad alimenticia”, aseveró el investigador. La investigación nos lleva a cuestionar el modelo de desarrollo que está basado en la exportación de minerales y materias primas

Fuente:http://muqui.org/comunicaciones/noticias/item/760-estudio-sobre-alternativas-al-desarrollo-en-regiones-mineras-del-peru-se-presentara-en-la-uarm

Minería no ha mejorado la situación de Cajamarca

Nuestro entrevistado resalta el hecho que la región “ya tiene experiencia” en cuanto al rubro minero. “No solo tenemos a la minera Yanacocha, tenemos a la minera La Zanja, a Tantahuatay, y ahora también en el valle de Cajabamba”, refirió.

Recordó que antes de que ingresen las empresas mineras en la región, Cajamarca se ubicaba en el cuarto puesto en nivel de pobreza a escala nacional. “Y ahora que tenemos varias empresas mineras en la región, estamos primeros en la pobreza. En ese sentido, a nosotros los cajamarquinos casi no nos ha beneficiado las empresas mineras”, sentenció.

Sobre el caso del proyecto Michiquillay, ratificó su escepticismo en que la futura explotación y recursos que genere alivien o mejoren la situación actual. En ese sentido, comentó que las empresas mineras “siempre ingresan a nuestro territorio y no se ve el desarrollo”. Refirió que una vez que se instalan, estas buscan todo tipo de mecanismos para no cumplir con sus obligaciones para con los pueblos.

“Cuando se tengan que licitar productos mineros no solo se debe consultar a la población que vive en los lugares donde se van a dar los proyectos, sino también se debe consultar a la población que vive a orillas de los ríos”, que serán afectados, más aún si se trata de cabeceras de cuenca, consideró.

Conga es un caso cerrado

“Para nosotros Conga es un tema cerrado.  Conga no va por que, uno, se ha respetado la libre determinación de los pueblos originarios que habitan en esa zona. Dos, Conga está ubicado en la cabecera hídrica más importante de la región Cajamarca. Y al sacar adelante este proyecto, prácticamente, se estaría atentando contra la vida e integridad física, cultural y espiritual de los pueblos originarios de Cajamarca”, enfatizó Ramos.

Destacó que “Conga representa una amenaza porque se trata de una zona agrícola y ganadera que se convertiría en un distrito minero. Un reservorio artificial jamás reemplazará a una laguna natural. Conga no tendrá la licencia social. Si detectamos que hay maquinaria, Fuente Ovejuna, todos a una”.

Aseguró que el proyecto produciría unas 92 mil toneladas de desechos tóxicos. “¿Quién de los limeños o las personas que impulsan este proyecto está dispuesto a recibir esa contaminación en su jardín o en su casa?”, preguntó. El proyecto comprende 700 hectáreas de relaves mineros, representa en tamaño a media ciudad de Cajamarca, y con un altura de 100 a 130 metros, según el EIA, aseguró.

La ganadería, la agricultura y la minería no pueden convivir

Citó que en la localidad en la que reside (El Tambo, en la provincia de Halgayoc), pronto se realizará una audiencia pública con candidatos municipales y regidores. Además, se invitará a candidatos a gobierno regional. A ellos se les invitará a firmar un acta en defensa de las cabeceras hídricas que alimentan a las partes bajas.

En la zona, “nosotros nunca hemos necesitado a la minería. La ganadería y la agricultura con la minería no pueden convivir. Puesto que la minería utiliza el agua como la ganadería y agricultura también.  Nosotros hemos heredado la cultura de nuestros ancestros que fueron netamente agrícolas y ganaderos. Seguimos defendiendo nuestros territorios heredados de nuestros antepasados”, acotó.

“Para nosotros, tanto la minería informal como la formal, ambas contaminan”, destacó Ramos. Citó oportunidades en que la misma población, por ejemplo en Celendín, se organiza para darle un plazo de retiro a intentos de personas que quieren desarrollar la minería informal.

Fuente:http://www.inforegion.pe/251638/aseguran-que-mineria-no-impulso-desarrollo-en-cajamarca/

El viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina, visitó la provincia de Cotabambas para sostener una primera reunión con las autoridades y organizaciones sociales de esta zona, donde se desarrolla el megaproyecto minero Las Bambas. Luego de meses de búsqueda de diálogo por parte de la población, teniendo como única respuesta por parte del Gobierno el estado de emergencia prolongado y preventivo, este es el primer paso concreto para un acercamiento.

Según informó al Observatorio de Conflictos Mineros el secretario general del Frente de Defensa de Cotabambas, Víctor Limaypuma, el ánimo del viceministro Molina ha sido positivo y abierto al diálogo.

En la reunión, en la que participaron alcaldes, dirigentes sociales de diversos distritos de la provincia de Cotabambas, del Frente de Defensa, de organizaciones de mujeres y de otras instituciones de la sociedad civil, se conversó sobre la necesidad de un Plan de Desarrollo que promueva la sostenibilidad de la provincia, más allá de la actividad minera. “Le hemos dicho que no queremos siembra de cemento, queremos proyectos productivos porque somos una provincia eminentemente agropecuaria”, explicó Limaypuma.

Además, se habló del tema ambiental y de los impactos que viene percibiendo la población.

Ante la solicitud de los dirigentes de levantar el estado de emergencia, que viene restringiendo los derechos ciudadanos de unas 50 mil personas en el Corredor Minero, Molina se mostró abierto a plantear el tema ante las autoridades de la Presidencia del Consejo de Ministros.

En los próximos días, los dirigentes apurimeños realizarán una visita de trabajo a Lima para reunirse con diversas autoridades y preparar este camino de diálogo en torno al desarrollo de esta provincia.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/06/08/podria-retomarse-el-dialogo-en-las-bambas/

Este 12 de junio se llevó a cabo en la Corte Superior de Justicia de Lima, la audiencia de vista de la causa por la apelación del Ministerio de Energía y Minas (MEM), contra la sentencia que declaró fundada la demanda de amparo interpuesta por la comunidad indígena awajún de Supayaku, por haberse afectado su derecho a la consulta previa cuando el MEM autorizó las actividades de exploración del proyecto minero “Yagku Entsa” de la empresa Águila Dorada SAC.

Albercio Bazán Jempekit, presidente de la Organización Regional Fronteriza Awajún de Cajamarca (ORFAC) y representante de la comunidad awajún de Supayaku, realizó el informe de hecho, explicando que la afectación más importante fue la muerte de peces durante la fase de exploración minera que Águila Dorada realizaba en la cabecera de cuenca del río Chirinos. Esto les obligó a dejar de pescar, comer pescado y realizar actividades en el río, impactando seriamente en su alimentación, poniendo en riesgo su salud y generando un clima de miedo y tensión generalizado. Bazán invocó a respetar a los pueblos originarios por ser parte del Perú, como también lo señaló en un medio radial.

El procurador del MEM, parte demandada, aludió a tres cuestiones para defender la apelación. La primera fue que una demanda de amparo no es el mecanismo idóneo para que esta comunidad defienda sus derechos supuestamente afectados. La segunda, que las operaciones mineras se realizan en territorios de la comunidad de Naranjos y que Supayaku no es parte de la zona de influencia, por lo que cuestionó la sentencia favorable fundamentada en que Supayaku es comunidad colindante. En tercer lugar, cuestionó la competencia de los órganos judiciales de Lima, señalando que los competentes son los de Cajamarca.

David Velazco, director de FEDEPAZ y abogado defensor de Supayaku, contestó los cuestionamientos del procurador del MEM durante su informe técnico. Primero, que para prever la inminente afectación de un derecho no hay otra vía idónea que la demanda de amparo, por lo que correspondía recurrir a ella. Segundo, si bien la concesión y actividad del proyecto minero Yagku Entsa se sitúa en Naranjos, ambas comunidades utilizan recursos del mismo bosque y río; por lo tanto, la salvaguarda de aspectos ambientales, culturales y espirituales del pueblo awajún de Cajamarca incluyen a ambas comunidades, únicas en la región. Finalmente, señaló que el acto lesivo cometido por el MEM, al emitir autorización para este proyecto minero de manera inconsulta, se concretó en Lima; de ahí que la competencia sea de los tribunales de Lima.

Desde el Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM) confiamos que la sentencia emitida en primera instancia, favorable a que se respete el derecho a la consulta previa de la comunidad awajún de Supayaku, sea ratificada por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. Se trata de un caso emblemático por ser la primera sentencia que declara fundada una demanda de amparo por violación al derecho a la consulta previa en actividades de minería metálica, un precedente importante para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas del Perú, especialmente en lo que concierne a la consulta previa, derecho protegido por el Convenio 169 de la OIT.

15 de junio de 2018

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/06/15/supayaku-en-alerta-por-consulta-previa-sobre-mineria/

Cumplido ya el plazo de 60 días de prórroga del estado de emergencia en el corredor minero Apurímac – Cusco – Arequipa, esta medida no ha vuelto a ser ampliada. Esta semana venció la prórroga al estado de emergencia, dictada el 11 de abril pasado mediante Decreto Supremo Nº 037-2018-PCM. Hasta el momento, si bien el Gobierno no se ha pronunciado oficialmente al respecto, no ha habido una nueva renovación y por lo tanto la zona ya no se encuentra bajo estado de excepción.

Como informamos días atrás, la semana pasada el viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina, visitó la provincia de Cotabambas y se reunió con dirigentes, autoridades locales y representantes de la sociedad civil. Ante la solicitud de los dirigentes de levantar el estado de emergencia, que en algunas zonas ya estaba a punto de cumplir un año de vigencia, Molina ofreció interceder ante las autoridades de la Presidencia del Consejo de Ministros.

La no renovación de esta medida, que venía restringiendo derechos ciudadanos al libre tránsito y reunión, a la inviolabilidad del domicilio y a la libertad y seguridad personales de unas 50 mil personas en tres regiones del país, abre una posibilidad para que se retome el diálogo, tal como solicitan las organizaciones sociales.

El estado de emergencia se decretó en agosto del año pasado en diversos distritos de Apurímac y Cusco, tras las protestas de la población por los impactos de la carretera por la que transitan cientos de vehículos mineros diariamente, generando incesantemente vibraciones y polvareda que perjudican las viviendas, los sembríos y la salud humana. La medida fue ampliada una y otra vez, y a inicios de este año se amplió a lo largo de todo el corredor vial Apurímac – Cusco – Arequipa, donde se ubican grandes proyectos mineros como Las Bambas, Constancia, Antapaccay, entre otros.

Hacemos votos para que la decisión de no volver a prorrogar el estado de emergencia permita retomar el diálogo, suspendido unilateralmente por el Estado, y resolver las demandas legítimas de la ciudadanía en el marco del respeto a la democracia y el estado de derecho.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/06/13/no-se-prorrogo-estado-de-emergencia-en-el-corredor-minero/

La Libertad

Nuestro entrevistado remarcó la necesidad de multiplicar canales de información a la población sobre temas mineros. Además, refirió que la población ha expresado su negativa a ver minería formal en la zona y que la minería informal se ha expandido a sus anchas.

Población demanda información confiable sobre minería

Para contrarrestar la desinformación de la población sobre temas mineros, “nosotros lo que hemos pensado es sacar programas radiales para ir concientizando a la gente para que en lo sucesivo podamos levantarnos pero con una base”. Esto es importante “porque tampoco podemos ir contra la norma. La minería formal, según ellos, cumplen la parte legal”, acotó.

Esa información se tiene que difundir en los medios. En Santiago de Chuco, por más que se hagan gestiones para solicitar medios de comunicación, con respecto al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, “no pasa nada”, dijo. Citó el caso de solicitud para el uso de una emisora desde el 2009 sin obtener resultados. “¿Cómo se va informar a la población?”, se pregunta.

Informó que actualmente cuentan con las ondas de radio Nor Andino. Sin embargo, expresó su desconfianza ante los contenidos que  puedan ser divulgados desde las autoridades ediles ya que “informan según su conveniencia”.

“Nos sentimos desbordados”

Alegó que en las funciones de defensa del medio ambiente encargadas a su grupo de trabajo, integrado por 16 personas, se sienten desbordados, ya que Santiago de Chuco en cuanto al tema minero es prácticamente “tierra de nadie”. A mucho, precisó que “lo que estamos haciendo es convocar al pueblo para que tomen consciencia” de la situación.

García Gelderes nos asegura que, en verdad, no es mucho lo que se pueda hacer desde el Comité de Defensa del Agua y Medio Ambiente – Santiago de Chuco. Esto debido a que “no tenemos ni la parte logística para poder movilizarnos”, lamentó.

La población rechaza actividad minera

Actualmente, “la preocupación más grande de la población se da con la situación de la cabecera de cuenca del Huacamarcanga. Se está por instalar una empresa de nombre Newmont. Ya tiene todos los permisos necesarios del Ministerio de Energía y Minas, y ya se encuentra en la primera etapa de la exploración”, dijo.

Al respecto, resaltó que “el 80% de la población no quiere la minería debido a que en esa zona baja el canal Vicente Jiménez que va a la población de Santiago de Chuco. La minera ha convocado a talleres, pero la gente no quiere saber nada de la minería formal”.

Sabemos que la minería trae desarrollo con el canon minero, pero en tanto tiempo Santiago de Chuco se ha mantenido retrasado. Las empresas mineras hacen daños porque no son fiscalizadas por las autoridades. Hay arbitrajes, hicieron mal y aun así las empresas ganan. “¿Entonces para qué queremos minería?”. Si administraran bien los recursos estas mineras, pues bienvenidos, acotó.

“Nosotros como desconocemos de la parte técnica de la minería, pensamos que van a malograr los acuíferos. Aunque ellos (representantes de la minera) nos explican que eso no va a ser así y de que van a cuidar el medio ambiente. Pero la gente no quiere saber nada”.

En cuanto a la minería informal en la zona, nuestro entrevistado calificó la situación de caótica. Y esto se debe a que, según él, sus preocupaciones y demandas en este tema no son escuchados por quienes detentan el poder. “No pasa nada con las autoridades que han sido elegidas para velar por el pueblo”, expresó.

Minería no existe para los candidatos

Los candidatos no se pronuncian acerca del tema minero ni la defensa al medio ambiente, aseguró García Gelderes. En un encuentro importante como el último taller del presupuesto participativo, allí solo acudió un solo candidato, que solo estuvo el primer día para luego retirarse, reveló nuestro entrevistado.

Fuente:http://www.inforegion.pe/251600/santiago-de-chuco-hay-desinformacion-sobre-temas-mineros/

La minera Southern Copper, del Grupo México, buscará reactivar la actividad minera en la norteña región peruana de Cajamarca, la de mayor pobreza del país, con la explotación de la mina de cobre Michiquillay, cuyo contrato de concesión fue suscrito hoy con el Ministerio de Energía y Minas de Perú.

El yacimiento, que requiere invertir 2.500 millones de dólares para su explotación, está en la misma región donde el proyecto para operar la mina de oro Conga, pendiente de una inversión de 4.800 millones de dólares, está paralizado por un marcado conflicto social, que dejó cinco muertos en 2012.

Entre el 43,1 % y el 52 % de la población de Cajamarca, eminentemente rural, vive bajo el umbral de la pobreza, al vivir con menos de 338 soles (101,4 dólares) al mes, según el último el informe de la evolución de la pobreza monetaria 2007-2017 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Sin embargo, Cajamarca es junto a la sureña región de Apurímac la región con mayor potencial minero, principal pilar de la economía peruana.

“Cajamarca es una región que a pesar de la minería que se ha desarrollado en los últimos años aún está en niveles de pobreza que no debiera encontrarse actualmente”, reconoció el ministro peruano de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, durante la ceremonia de suscripción del contrato con Southern.

“El Estado, particularmente a través de este Gobierno, promoveremos que la minería realmente genere un cambio y pueda reducir los niveles de pobreza y las brechas que hoy existen en muchas zonas mineras. Trabajaremos especialmente con este enfoque en Cajamarca”, agregó.

Ísmodes recordó que la inversión minera es “fundamental” para Perú, y anticipó que el Gobierno hará un seguimiento muy cercano a Michiquillay para garantizar su éxito.

Prometió trabajar junto a la empresa y la población para promover “un buen diálogo y una buena actividad responsable, que respete los estándares ambientales”.

Por su parte, el presidente de Southern Perú, Óscar González, afirmó que Michiquillay tendrá una producción anual de 225.000 toneladas de cobre, lo que a su criterio consolidará la expansión cuprífera de Perú, actualmente segundo producto mundial de este metal.

González aseguró que su compañía utilizará “tecnología punta amigable con el medioambiente” y deseó contribuir al desarrollo de la región como ya lo hace la minera en las sureñas regiones de Moquegua y Tacna con la producción de las minas de Toquepala y Cuajone.

No obstante, Southern tiene paralizado su proyecto para explotar la mina Tía María, en la también sureña región de Arequipa, por las protestas de los campesinos del cercano valle del río Tambo, un conflicto que en 2015 dejó cuatro fallecidos, entre ellos un policía.

En la ceremonia de suscripción del contrato de Michiquillay también participó el viceministro de Minas, Miguel Incháustegui, el director ejecutivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), Alberto Ñecco, y el gerente general de Activos Mineros, Antonio Montenegro.

El pasado 6 de junio se desarrolló en Espinar el taller de validación de la “Propuesta para el desarrollo de una Política de Salud Ambiental y Humana para la atención de poblaciones afectadas por metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas”. Este taller es parte de un proceso de validación social de la propuesta técnica, y talleres similares se vienen organizando en otras zonas afectadas, tales como Hualgayoc, Cerro de Pasco, La Oroya y Cuninico.

En diversos lugares en el Perú, miles de personas se encuentran expuestas e intoxicadas de forma crónica por metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas presentes en el ambiente, en muchos casos asociadas a actividades mineras o petroleras. Ciertamente, es una problemática sustancial que el Estado debe enfrentar con la mayor celeridad.

Frente a ello, las víctimas de contaminación se vienen organizando. En noviembre pasado tuvo lugar el Primer Encuentro de Afectados, en el que participaron personas provenientes de nueve zonas del país (Cajamarca, Loreto, Amazonas, Pasco, Junín, Cusco, Puno, Región Lima y El Callao). En dicho ecuentro surgió la Plataforma Nacional de Pueblos Afectados por Exposición a Metales Tóxicos, conformada por los afectados y representada por nueve delegados, uno de cada zona. Esta Plataforma Nacional está en proceso de consolidación. Además, surgió el Grupo de Salud Ambiental y Humana, conformado por diversas organizaciones para dar apoyo técnico a la plataforma y para seguir reflexionando y buscando soluciones para abordar la problemática.

Luego del Encuentro, se ha venido avanzando en la elaboración de lineamientos de política pública de Salud Ambiental y Humana para la atención de poblaciones afectadas, a fin de que pueda ser discutida y consensuada con la Plataforma de Afectados.

Como parte de ese proceso, el pasado 6 de junio se desarrolló en Espinar el taller de validación de la “Propuesta para el desarrollo de una Política de Salud Ambiental y Humana para la atención de poblaciones afectadas por metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas”. El taller fue facilitado por Derechos Humanos Sin Fronteras y CooperAcción. Este taller es parte de un proceso de validación social de la propuesta técnica, y talleres similares se vienen organizando en otras zonas afectadas, tales como Hualgayoc, Cerro de Pasco, La Oroya y Cuninico.

En primer lugar, se desarrolló un diálogo en donde los participantes compartieron sus distintos malestares, resaltando la inacción del Estado frente al comportamiento de la empresa Glencore que hoy gestiona el proyecto Antapaccay.

Una de las problemáticas más sentidas por los participantes es la falta de resultados. Se sienten desprotegidos y señalan la inacción del Estado frente al comportamiento de las empresas. Asimismo, otra preocupación se centra en la salud de los pobladores producto de los impactos ambientales de las actividades extractivas. Los participantes son conscientes de encontrarse afectados por sustancias químicas en su organismo, pero lamentan no conocer la gravedad de la exposición y/o intoxicación del mismo. Ello se debe, en gran medida, a que el sistema nacional de salud no responde a la magnitud de la situación.

Por todas estas razones, el taller buscó, en principio, informar de los avances en materia de salud y de los diálogos sostenidos con el Ministerio de Salud tras el Primer Encuentro Nacional de Afectados. Del mismo modo, en el taller se buscó fortalecer las capacidades de los participantes sobre los conceptos más usados en materia de salud ambiental y humana.

El grupo técnico que acompaña a los afectados presentó la propuesta de Política de Salud Ambiental y Humana para su validación por parte de la comunidad de Espinar. El objetivo es que los propios voceros de las comunidades afectadas presenten la propuesta de política a la Ministra de Salud, Silvia Pessah, y los miembros que conforman la Comisión Sectorial. De esta manera, se está contribuyendo en la construcción de una política que realmente incluya a la sociedad civil en este tipo de procesos.

Finalmente, se acordó enviar una carta al Ministerio de Salud, para pedir los resultados de los exámenes del dosaje a un grupo de pobladores de Espinar realizado en diciembre pasado. También, se acordó una próxima reunión a mediados de julio y establecer otros mecanismos para dar a conocer la problemática de las personas afectadas.