Nicaragua

Pobladores de Santa Cruz la India, son forzados a vender su tierra para dar paso a proyecto minero de la empresa de capital británico Cóndor Gold

ACAFREMIN
21/09/2020
La Alianza Centroamericana Frente a la Minería denuncia la campaña de intimidación y amenazas contra residentes de la comunidad Mina la India, por parte de la empresa minera de capital británico Cóndor Gold. Desde principios de 2020, residentes de esta comunidad han denunciado una renovada campaña de acoso por parte de oficiales del gobierno, acompañados de elementos de la Policía Nacional, para que vendan sus propiedades a dicha empresa.

Cóndor Gold, opera en Nicaragua a través de su subsidiaria La India Gold SA, desde 2008. La empresa cuenta con 11 concesiones en el distrito de La India con una extensión de 313.26 Km², donde espera establecer una operación mixta de túneles a cielo abierto/subterráneo. Sin embargo, la empresa no ha logrado obtener la licencia social por parte de residentes de la comunidad quienes han denunciado la destrucción ambiental, violación de espacios comunes, procesos viciados de consulta, irregularidades en el proceso de adjudicación de licencias, y la criminalización de pobladores que se oponen a la mina.

En el año 2015, miembros de la comunidad denunciaron que al menos 5 pozos de agua se habían secado debido a trabajos de exploración de la empresa que afectaron una vena de agua subterránea que abastece a la comunidad. En abril 2016, líderes de la comunidad organizados bajo el “Movimiento Comunal Santa Cruz de la India” determinaron que el 90% de los pobladores se oponen al proyecto minero. Tras una fuerte campaña de denuncia y movilizaciones contra el proyecto, siete miembros del movimiento fueron falsamente acusados de daño agravado al bloquear, en 2017, el acceso de trabajadores de la empresa a un lote público adquirido de manera ilegal por Cóndor Gold. El proceso legal, que fue finalmente abandonado por la empresa, se caracterizó por la falta de debido proceso y la complicidad de las instituciones del estado, como el Ministerio Público, la Policía Nacional y los juzgados locales en la criminalización de los comunitarios a favor de los intereses de la empresa.

La insurrección de abril de 2018, que llevo a Nicaragua a un estado de crisis democrática y la suspensión tácita de los derechos constitucionales, ha tenido un impacto negativo en la capacidad de los opositores de la mina de exigir sus derechos, mientras se ha recrudecido la campaña de violencia en su contra. Según reportes del Movimiento Nacional Ambientalista Frente a la Minería Industrial, MONAFMI, desde el 2018 existe una ocupación policial de la comunidad mientras se ejecuta una campaña de acoso permanente contra líderes que se oponen al proyecto y sus familias. Los comunitarios han reportado que la policía ha realizado numerosas acciones de allanamiento sin orden judicial y detenciones ilegales, lo que ha forzado a algunos de los líderes a abandonar sus viviendas debido a las amenazas contra su seguridad.

A pesar del ambiente de represión, defensores ambientales de la comunidad Mina la India, acompañados por el Centro Humboldt presentaron una denuncia ante la Oficina del Asesor/Ombudsman de Cumplimiento, CAO, del IFC- Banco Mundial y pidieron una revisión de la inversión que dicha institución hace a la empresa para el desarrollo del proyecto. La queja argumenta que la comunidad no tuvo acceso a los Estudios de Impacto Ambiental presentados por la empresa y aprobados por el Ministerio de Recursos Naturales, MARENA; que no hubo consulta con la comunidad y no existe información sobre los alcances de dicho proyecto, ni sus afectaciones ambientales y sociales. En enero del 2020, voceros del MONAFMI, anunciaron que la IFC-Banco Mundial había retirado la inversión del proyecto minero.

Seguido a este anuncio, pobladores de Mina la India denunciaron el inicio de otra campaña de acoso contra líderes que se oponen al proyecto minero por parte de funcionarios de la empresa minera acompañados por agentes de la Policía Nacional y grupos afines al gobierno, que visitan a los dueños de la tierra requerida por a la empresa para iniciar su proyecto y demandan la venta de su propiedad.

En enero de este año, miembros de la comunidad reportaron la expropiación de un terreno perteneciente al señor Julian Onel Salazar. La denuncia de este hecho ante órganos judiciales del estado no tuvo respuesta. Este mes de septiembre, el Sr. Andrés Vilches fue detenido de manera ilegal después de denunciar que los trabajadores de la empresa habían dañado la entrada de su casa con maquinaria pesada y la Sra. Juliana Urriata ha denunciado el acoso parte de representantes de la empresa y la policía al negarse a vender su propiedad.

Estas denuncias contantes de los miembros de la comunidad de Mina la India contradicen reportes de la empresa Cóndor Gold, emitidos en agosto de 2020, donde notifica haber realizado “importantes avances en la eliminación de riesgos del proyecto La India mediante la compra de terrenos en y alrededor del área permitida del sitio”; según la empresa, el 85% de la tierra dentro del sitio permitido de la mina ha sido adquirida. El reporte también menciona la adquisición de dos licencias (América y Mestiza) que le permitirían expandir el proyecto minero La India.

Lo que el reporte de la empresa convenientemente omite es que la adquisición de propiedades y nuevas licencias se hace bajo un ambiente de intimidación y suspensión de derechos de la población, el uso de amenazas, expropiaciones ilegales y el desplazamiento forzado de familias que habitan en la comunidad.

La expansión de proyectos mineros se ha acelerado en Nicaragua desde el año 2018 y se intensifica más bajo medidas sanitarias implementadas a partir de la pandemia COVID 19. Como ACAFREMIN hemos denunciado que ellos gobiernos de turno han utilizado las medidas sanitarias para aumentar la represión y criminalización contra defensores ambientales; esto ha intensificado los conflictos sociales, la falta de transparencia y el acceso a información y consulta ante procesos de concesión.

Por lo tanto, nos solidarizamos con los miembros de la comunidad Mina la India y el Movimiento Nacional Ambientalista Frente a la Minería Industrial, y demandamos a las autoridades nicaragüenses el cese a la criminalización de la organización comunitaria en pro de la defensa de los bienes naturales.

Además, demandamos:

Al Gobierno nicaragüense: Que restaure inmediatamente los derechos civiles de la población, incluyendo los derechos a la vida y la seguridad de la persona, a propiedad, y a no ser arbitrariamente privado de libertad, preso ni desterrado; y el respeto a las libertades de expresión, de asociación y protesta pacífica.
En virtud de que nicaragua es firmante del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como Acuerdo de Escazú, instamos a la comunidad internacional a velar por que el estado nicaragüense cumpla con su obligación de fortalecer la aplicación de derechos ambientales.
A la empresa minera Condor Gold: que retire inmediatamente sus inversiones de nicaragua por no contar con la licencia social para establecer su proyecto y por incurrir en ilegalidades administrativas en complicidad con autoridades nicaragüenses.

Nicaragua

Condor Gold obtiene permiso ambiental para pozo Mestiza en Nicaragua

abril 29, 2020
Condor Gold obtuvo permiso ambiental para el desarrollo y la explotación de oro del pozo abierto de alto grado Mestiza, que es complementario al proyecto La India, en Nicaragua.

El pozo Mestiza alberga 92 000 t con una ley de 12,1 g / t de oro (36 000 oz de oro contenido), en la categoría de recursos minerales indicados y 341 000 t con una ley de 7,7 g / t de oro (85 000 oz de oro contenido en los recursos inferidos.

La India alberga aproximadamente 8,4 millones de toneladas con una ley de 3,1 g / t de oro (837 000 onzas de oro contenido) en la categoría de recursos minerales indicados y 883 000 toneladas con una ley de 2,4 g / t oro (68 000 onzas contenían oro) en la categoría de recursos minerales inferidos.

Lee también: Silvercorp comprará Guyana Goldfields por C$ 105 millones

La India tiene un estudio de prefactibilidad (PFS) robusto y económicamente viable con reservas minerales de 6,9 ​​millones de toneladas a 3,0 g / t para 675 000 onzas de oro.

Tras el permiso del pozo Mestiza, Condor tiene poco más de 1 millón de onzas de recursos minerales de oro a cielo abierto permitidos para la extracción, incluida las reservas minerales permitidas para la producción.

Condor también tiene el permiso para construir y desarrollar una planta de procesamiento con capacidad de hasta 2 800 t / d en el proyecto La India.

Con los pozos alimentadores Mestiza y América en operación, Condor Gold podría producir alrededor de 120,000 onzas anualmente durante una vida útil de siete años.
La India

El proyecto de La India prevé la construcción de un pozo principal, que alberga una reserva mineral económica de 6,9 millones de toneladas con una calificación de 3,0 gramos de oro por tonelada, sobre un total de 675.000 onzas de oro.

También incluye dos pozos de alimentación satelital de alta calidad, América y Mestiza, ubicados a unos 2 km y 4 km, respectivamente, de la planta de procesamiento de La India. Condor Gold espera que los pozos aumenten la producción del pozo principal en un 50% a 120.000 onzas de oro anualmente durante una vida útil de siete años.

Fuente: Mining Weekly

Condor Gold obtiene permiso ambiental para pozo Mestiza en Nicaragua

Nicaragua

«En Nicaragua nos han violentado por defender la tierra de la amenaza minera»


Por Karla Rodas | Febrero 6, 2020
Walkiria Morales ama tanto su terruño que ha estado dispuesta a defenderlo hasta las últimas consecuencias. Defenderlo, principalmente, de la minera B2Gold, que desde 2011 amenazó ambientalmente a Santo Domingo, Nicaragua.

B2Gold es una minera canadiense, con sede en Vancouver, que se dedica, según su propia definición, a ser «el productor de oro senior del mundo». En Nicaragua tiene dos proyectos mineros: El Limón y la Libertad – Santo Domingo. Sus directivos más altos son: Clive T. Johnson, Robert Cross, Robert Gayton, Jerry Korpan, Bongani Mtshisi, Kevin Bullock, entre otros.

El 15 de octubre de 2019, la empresa anunció que se fusionó con otra empresa canadiense del mismo rubro llamada Calibre Mining Corporation. De manera que, desde esa fecha, ambas empresas se lucran del oro que extraen de Nicaragua, mientras dejan una huella de contaminación en lugares como el municipio de Santo Domingo.

Ese municipio cuenta con una extensión territorial de 717 km², tiene grandes paisajes verdes y muchas fuentes de agua. La principal es la fuente del Túnel Azul, que ha sido imprescindible, especialmente para la comunidad de Walkiria, durante décadas. El agua de esa fuente, según Walkiria e informes técnicos, es de la mejor calidad en toda Nicaragua. Abastecía a 16 mil habitantes las 24 horas. Pero todo está cambiando y coincide con la llegada de la minera.

“En 2011, la empresa minera B2Gold llegó a Santo Domingo con un proyecto denominado Tajo Jabalí Central. En ese momento reinaba la desinformación ante la presencia de esta empresa. La mayoría de las personas de Santo Domingo creíamos que iba haber desarrollo, porque esa es la imagen que ellos proyectaban, pero la realidad es otra. La empresa minera B2Gold taló más de 2,000 árboles del sector del Tajo Jabalí Central (…) Fue impresionante ver la migración de diferentes especies despojadas de su hábitat a causa de esto”, relató Walkiria a GatoEncerrado.

Cuando la minera B2Gold empezó a explorar las tierras, los habitantes de Santo Domingo comenzaron a observar supuestas ilegalidades en concesiones, explotación de tierras, desalojo de familias y criminalización de los ambientalistas.

En respuesta, los pobladores del municipio empezaron a organizarse en defensa de las quebradas, ríos y ojos de agua. Todo con el fin de evitar que el clima tropical, la belleza de las cordilleras y los recursos naturales dejaran de desaparecer, mientras la maquinaria industrial de la minera avanzaba deforestando y drenando el agua.

Esa lucha desencadenó choques entre los habitantes de Santo Domingo con los cuerpos de seguridad pública. Los que se llevaron la peor parte, como suele ocurrir en estas situaciones, fueron las mujeres, niños y ancianos.

Declaraciones de Walkiria

Represión
Uno de esos casos de represión ocurrió en 2013, en contra del coordinador del Movimiento Ambientalista Salvemos Santo Domingo, Boanerge Luna. Fue encarcelado el 9 de febrero de ese año en la Dirección de Auxilio Judicial “El Chipote”, en el departamento de Managua, según relató él mismo a GatoEncerrado.

«Estuve 40 días encarcelado. Después de obtener mi libertad, he sufrido por parte de la policía: asedio y persecución. Hasta la fecha sigo sin poder alzar la voz, porque la policía me tiene vigilado. Prácticamente estamos en un Estado de sitio en Santo Domingo, no hay libertad de expresión, no hay instituciones que respalden los derechos humanos y el medio ambiente. En varias ocasiones la policía me ha detenido y me han hecho requisa con antinarcóticos, como si fuera un narcotraficante. Esto con el fin de tardar la movilización cuando voy a alguna protesta. Esto preocupa por mi seguridad y la de mi familia”, contó Luna a GatoEncerrado.

En ese mismo año 2013, las autoridades encarcelaron a 12 defensores de derechos humanos por su involucramiento en las protestas del movimiento en contra de la actividad minera de B2 Gold.

«Toda acción de protesta o de comunicación en el tema de minería es criminalizada por el gobierno de Daniel Ortega”, dijeron a esta revista varios luchadores sociales que participaron en las marchas.

Walkiria relató a esta revista que a finales de 2015, las comunidades organizaron una marcha específicamente en contra del proyecto minero Tajo Jabalí Antena.

“Recuerdo que íbamos a realizar una marcha y solicitamos permiso a la policía nacional, con 15 días de anticipación. La respuesta de la autoridad nunca llegó. Dos días antes de la convocatoria de la marcha fuimos nuevamente a la policía y nos dijeron que no, que nos negaban el derecho a machar en contra de este proyecto”, recordó Walkiria.

Esto, sin embargo, no impidió que los defensores de Santo Domingo continuaran con la lucha y los preparativos de la marcha.

“Recuerdo también que una noche, antes de que marcháramos, llegaron a mi casa tres comisionados de la policía nacional. Dos venían procedentes de Juigalpa, Chontales, y el comisionado de Santo Domingo, acompañados con más oficiales de la policía. En ese momento estábamos en una reunión todas las personas que estábamos organizando la marcha. Y nos pidieron información personal, inclusive nos tomaron fotos dentro de mi casa”, relató Walkiria para explicar la intimidación constante que tenían de parte de los cuerpos de seguridad.

«En Nicaragua nos han violentado derechos por defender la tierra»

Nicaragua

Declaración Pública ante el Allanamiento de hogar de Olman Salazar y agresión a su familia

Nicaragua

Allanamiento de hogar de Olman Salazar y agresión a su familia
Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, OCMAL

Diciembre de 2019

El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, OCMAL, frente al allanamiento
de la vivienda del defensor de derechos socioambientales Olman Salazar y las
agresiones sufridas por su familia, declara:
1.- Que con gran consternación hemos tomado conocimiento de los hechos que indican
que nuevamente, un luchador por la defensa del ambiente, la calidad de vida, la salud de
la población, la conservación de los ecosistemas y la denuncia de su destrucción, sufre
persecución y amedrentamiento por medio de las agresiones a su familia.
2.- Que a pesar de las reiteradas denuncias realizadas en medios nacionales e
internacionales, las autoridades de Nicaragua no dudan en usar métodos ilegales como la
fuerza y la intimidación para evitar que los graves atentados a las calidad de los
ecosistemas y los ambientes que las comunidades necesitan para garantizar su bienestar,
sean dados a conocer nacional e internacionalmente.
3-.- Que la sustracción de materiales y equipos como computadoras y almacenamiento de
datos es una situación grave pues no solamente se vulnera el derecho a la privacidad sino
que dichos elementos pueden ser fuente de implantación de datos con el objeto de
criminalizar falsamente a quienes cumplen la misión de resguardar el ambiente y los
derechos humanos de las comunidades frente a las empresas extractivas
transnacionales.
4.- Que el uso y abuso de poder, fotografiando a la familia, su vivienda, incluidos niños
pequeños solo se condice con métodos autoritarios y represivos que no garantizar el libre
desenvolvimiento de los derechos de defensoras y defensores de derechos humanos.
5.- Que solidarizamos con Olman Salazar, su familia y todas aquellas personas que,
arriesgando su integridad, se ven en la obligación de desafiar el actuar autoritario e
inhumano que ejerce el Estado nicaragüense y otros Estados en América Latina
6.- Que estaremos atentos a los hechos e informaciones que acompañen este triste
episodio y no dudaremos en denunciar por todos los medios de que disponemos para que
se garantice el derecho a la defensa del ambiente, la naturaleza, las condiciones de vida
de comunidades afectadas por proyectos mineros.

 

www.ocmal.org

Nicaragua

La defensa contra las concesiones mineras aumenta la criminalización en los territorios

“Bueno inicialmente tenemos que reconocer que Nicaragua está bajo una falta de institucionalidad por lo tanto la labor y la función de las organizaciones estatales prácticamente queda en vacíos y hay nulos en los procedimientos” manifestó Heizel Torres, oficial de minería de Centro Humboldt en Nicaragua.

 

La institucionalidad en Nicaragua se debe a que el gobierno no brinda la información pertinente de los proyectos mineros que entran a las comunidades, otorgando a las empresas mineras el poder para destruir los bienes naturales y violentar los derechos humanos, unos de los casos más preocupantes es el de La Mina La India empresa de origen británico Cóndor Gold que goza de una licencia de exploración otorgada por el gobierno nicaragüense en el año 2008.

Bajo los mecanismos de denuncia y de la verificación de inversiones de la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial se afirma que el proyecto Mina La India infringe las leyes nacionales e internacionales, las normas de desempeño y la política de acceso a la información.

Debido a esta situación la población junto con organismos de defensa ambiental han intervenido en procesos de defensa, lucha y de pronunciamiento ante estos actos ilegales de las mineras, pero que han sido opacados a través de la represión, la criminalización que ostentan las empresas vinculadas con el gobierno para su accionar ilegal.

“Centro Humboldt es una organización que ha venido orientando los procesos legales y defensa de los territorios, así como el acompañamiento legal a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y sobre todo de los procesos de acceso a la información que la población no tiene por falta de la misma institucionalidad que existe en el país” agrego Torres.

El tema del asedio y la persecución son temas que son recurrentes para mujeres y hombres de la comunidad quienes reportan la presencia continua de las fuerzas policiales, el allanamiento y registro ilegal de viviendas, y la interrogación ilegal a miembros del movimiento anti-minero, por el que dicen sienten temor incluso en su propia comunidad.

 

Sara Margarita Zavala es Nicaragüense y vive en Santo Domingo en el departamento de Ochontales, municipio ubicado a 48 km de la cabecera departamental, lideresa de La Pastoral Social de la Iglesia Católica, ella cuenta como en su comunidad también son violentados los derechos humanos y el grave impacto ambiental que los proyectos mineros han hecho a su municipio.

“B2Gold Corporation es una compañía minera canadiense, extractiva de oro que tiene 8 años de estar explorando y explotando la tierra en Santo Domingo en el Departamento de Ochontales en Nicaragua, vivimos con una familia tensionada por falta de nuestros recursos, esta empresa minera no deja nada de beneficio, es todo lo contrario ha dejado desértico nuestro municipio explotando los recursos naturales principalmente el rio Artigua y generando la extinción humana” apunto Zavala.

Agregado a esto menciona la problemática de la crisis sociopolítica que ha enfrentado Nicaragua “Esto nos dificulta porque ustedes saben la crisis de Nicaragua y si nosotros nos enfrentamos a esta empresa podemos ir a parar a la cárcel, y la mayoría somos mujeres que nos hemos empoderado con una visión de hogar doméstica, nosotras venimos de familias pobres, el agua está contaminada, estamos padeciendo mucho de bacterias dentro del estómago, arboles ya no hay” agregó la lideresa.

Ante esta situación las comunidades afectadas e instancias regionales contra la minería como la Alianza Centroaméricana Frente a la Minería -ACAFREMIN- seguirán pronunciándose debido a las repercusiones ambientales y la persecución sistemática contra defensores ambientales en Nicaragua, además del incremento sigiloso de la actividad de las empresas mineras que bajo un ambiente de militarización y represión por parte del estado aprovechan para implementar sus proyectos sin los debidos procesos de información y consulta previa a las comunidades afectadas.

 

Fuente:http://acafremin.org/es/noticias-regionales/nicaragua/395-la-defensa-contra-las-concesiones-mineras-aumenta-la-criminalizacion-en-los-territorios?fbclid=IwAR1-ZsaESJ0WmWEt2p6-xJBeBTxoEzoMjJMql3qN-WXRZi39eF3FQ044JeA

Nicaragua

La resistencia por el agua y la vida

La ciencia moderna reconoce la vida en el ser humano mientras respira el cuerpo, late el corazón, circula la sangre o impulsa las neuronas. Sin embargo, el agua (femenino en la cosmovisión andina), aire, tierra, fuego y otros elementos que generan vida al ser humano o cualquier se biótico, ignora y refuta su vida propia, una expresión más del colonialismo epistemológico.

La ciencia moderna reconoce la vida en el ser humano mientras respira el cuerpo, late el corazón, circula la sangre o impulsa las neuronas. Sin embargo, el agua (femenino en la cosmovisión andina), aire, tierra, fuego y otros elementos que generan vida al ser humano o cualquier se biótico, ignora y refuta su vida propia, una expresión más del colonialismo epistemológico.

El agua que está presente en la sangre, pulmones, ojos, paladar, músculos, riñones cerebro (755 de agua), es la misma agua viva y presente en los manantiales, vertientes, ríos lagos y océanos, proporcionalmente es la misma cantidad de agua que circula en el cuerpo humano, la que circula en el planeta azul.

La epistemología colonial, arrogante adoctrina desde la escuela, obligando a repetir irreflexivamente que el agua es apenas un par de moléculas de hidrógeno y una de oxígeno representada en una fórmila HO. Y no queda ahí el conocimiento colonial, enseña que el agua es incoloro, inodora, insípeda…

Según la cosmovisión de los pueblos originarios de Abya Yala, el agua es vida y dadora de vida que viene de las entrañas de la madre tierra, como las venas que circulan en el cuerpo humano. Sus vertientes, acuíferos, quebradas, ríos, lagunas y mares son fuentes de vida es nuestra madre, nuestra matriz biótica, allí se perfiló y fecundó nuestra vida.

La contaminación minera es desbastadora para el agua. El agua termina por ser inutilizable para el consumo humano y para la agricultura. Siempre se produce una contaminación a gran escala de aguas superficiales y subterráneas por drenaje ácido de roca y con sustancias tóxicas incluyendo metales pesados como el arsénico plomo, cadmio, cromo, cianuro y mercurio, e incluso sustancias radiactivas.

El extractivismo resultante, no es un destino, es una opción política y civilizatoria que reconfigura negativamente los territorios, economías y genera una nueva dependencia, cada vez exportamos más materias primas y avanzamos en el proceso de reprimerización, concentración y extranjerización de nuestras tierras.

Hay que estar claros que la explotación minera mediante concesiones del anterior y actual gobierno, a empresas transnacionales mineras chinas, a más de poner en riesgo la vida de los defensores del agua, constituye una verdadera amenaza que acabará con las fuentes de agua, ríos, lagunas, páramos, aguas friáticas y humedales, en las zonas de alta biodiversidad, en zonas donde la vida de las comunidades está en riesgo con vestigios patrimoniales arqueológicos.

La minería es la segunda industria más contaminante del planeta, que trae megaimpactos, ecocidio y no habrá dinero que alcance para la remediación, porque después que se va la compañía minera, deja huellas imborrables, que le toma a la madre naturaleza, cientos y a veces miles de años, para remediar mientras tanto esas aguas están envenenadas y el espacio queda muerto.

El país ha sido entregado a las corporaciones chinas que están copando todas las áreas estratégicas de la economía nacional, los gobiernos se ha comprometido hasta el 2024, a cambio de préstamos con exorbitantes intereses a la banca chulquera china, que nos ha puesto en una situación de colonia dependiente del capital financiero asiático.

En este sentido, los campesinos que habitan en los sectores mineros han manifestado su irrevocable decisión de continuar en la resistencia a la invasión minera anunciando el desarrollo de acciones , como la “Marcha Nacional por el Agua y la Vida”. Y están dispuestos a defenderla, aún con su propia vida.

El derecho a la resistencia, en defensa del agua y la vida, no es una dádiva ni concesión de nadie. La resistencia nace con la vida y muere solo con quien no se atreve a resistir, así la resistencia no muere, solo trasciende.

Es un derecho connatural, es inalienable, irrenunciable, innegociable, indivisible y universal. Ningún ser humano puede limitar o peor privar a otro ser humano al goce y ejercicio pleno, como tampoco, ninguna persona puede prescindir y por extensión, tampoco pertenece solo al ser humano sino a toda epifanía de vida.

En una sociedad de dominio colonial, la resistencia es el antídoto. Por ello resiste y la resistencia nos hará libres.

 

Fuente:www.elnuevodiario.com.ni/opinion/483992-resistencia-agua-vida/

Nicaragua

Nicaragua: Defensores ambientales de la comunidad de Santa Cruz de la India temen por sus vidas

Después de la visita de un equipo de verificación designado por Oficina del Asesor de Cumplimiento / Ombudsman (CAO), del Banco Mundial al proyecto minero Mina La India, líderes del Movimiento Comunal Santa Cruz de La India reportan el recrudecimiento de la represión, de la cual han sido sujetos desde hace varios años.

La empresa de origen británico Cóndor Gold, goza de una licencia de exploración otorgada por el gobierno nicaragüense en el año 2008. Desde entonces, la empresa ha desarrollado un portafolio de 11 concesiones en el Distrito de La India con una extensión de 313.26 Km2, donde espera establecer una operación mixta de túneles a cielo abierto y subterráneo.

En julio de este año, once miembros de la comunidad Santa Cruz de La India, con el apoyo de ONG´s ambientalistas, pusieron una denuncia ante la CAO, un mecanismo de recurso independiente para la verificación de inversiones de la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial.  La denuncia afirma que el proyecto Mina La India infringe las leyes nacionales e internacionales, las normas de desempeño y la política de acceso a la información de la IFC.

También plantea inquietudes con respecto a los potenciales impactos sociales y ambientales: la falta de consulta e información sobre el proyecto, el agotamiento de las fuentes de agua subterráneas y el acceso reducido al agua para la comunidad afectada, el riesgo de desplazamiento involuntario, el riesgo de actividad sísmica, y posibles impactos a la biodiversidad y al ecosistema.

La queja también cita la criminalización sistemática de acciones de protesta que la comunidad ha llevado a cabo ante la amenaza del proyecto.

Desde el pasado 15 de noviembre Santa cruz de La India fue ocupada por efectivos policiales y miembros de las fuerzas antimotines para intimidar a la población y prevenir la participación de comunidades organizadas que se oponen al proyecto minero en las audiencias del equipo de verificación de la CAO.

Después de la visita del equipo de verificación, miembros de la comunidad reportan la presencia continua de las fuerzas policiales, el allanamiento y registro ilegal de viviendas, y la interrogación ilegal a miembros del movimiento anti-minero.

Uno de los principales afectados está el líder Olman Onel Salazar, miembro del Movimiento Comunal Santa Cruz de La India y del Movimiento Nacional frente a la Minería Industrial -MONFAMI-, y quien se encuentra actualmente en la clandestinidad por amenazas de muerte recibidas a través de redes sociales, persecución sistemática y allanamiento ilegal de morada por parte de los cuerpos de seguridad y acciones de intimidación psicológica contra su familia.

Otros miembros del Movimiento también afectados son: José Flores Valverde, Carolina Hernández Ramírez, Caren Milagro Laguna Sánchez, Rafael Penado Salazar y Nolan Laguna Sánchez.

Como miembros de la Alianza Centro Americana frente a la Minería -ACAFREMIN- manifestamos nuestra preocupación por la persecución sistemática contra defensores ambientales en Nicaragua. Nos preocupa además el incremento sigiloso de la actividad de las empresas mineras que bajo un ambiente de militarización y represión por parte del estado aprovechan para implementar sus proyectos sin los debidos procesos de información y consulta previa a las comunidades afectadas.

Por lo antes expuesto,

• Demandamos que el gobierno nicaragüense retome la ruta de la democratización y garantice la integridad física y psicológica de líderes ambientales que se encuentran bajo estado de persecución por cuerpos represivos del Estado.

• Hacemos un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos para que velen por la seguridad y tranquilidad de las defensoras y defensores ambientales de dicho país.

• Exhortamos a los países accionistas del Banco Mundial demandar que la IFC retire su inversión en Cóndor Gold por su complicidad en la violación de derechos humanos.

¡Sí a la Vida, No a la Minería!
Fuente:http://www.acafremin.org/es/prensa/pronunciamientos/326-nicaragua-defensores-ambientales-de-la-comunidad-de-santa-cruz-de-la-india-temen-por-sus-vidas
Nicaragua

Empresa minera aprovecha crisis en Nicaragua

En medio de la crisis socio política que afronta Nicaragua la empresa minera «Cóndor Gold» aprovecha un supuesto tráfico de influencias, vacíos legales y logra obtener el permiso ambiental para continuar explotando los bienes naturales en la comunidad Santa Cruz de la India.

Ante esta situación la población de la comunidad de Mina La India, no reconocen el dudoso proceso de audiencia pública realizado por la empresa Cóndor Gold, en el que pretende validar la apertura de un tajo a cielo abierto aproximadamente a 600 metros en la zona, mismo que pondría en riesgo la seguridad de las familias que habitan actualmente en la zona.

“Una vez más la población de Santa Cruz de la india, no se rinde ni se vende, por eso decimos: fuera Cóndor Gold, nuestra conciencia es más fuerte a promesas falsas”, manifiesto Olman Varela representante del Movimiento Nacional Ambientalista frente a la Minería Industrial -MONAFMI.

A pesar del rechazo de la comunidad mostrado ante el proyecto minero, la empresa minera ha recibido el permiso ambiental por parte de las autoridades nicaragüenses para la construcción y operación de una planta de procesamiento que tendrá una capacidad de 2,800 toneladas por día, autorización considerada poco transparente por la comunidad.

En su oportunidad Heizel Torres oficial de minería del Centro Humboldt denuncio que el gobierno de Nicaragua modificó las normas ambientales en beneficio de las empresas mineras, con la eliminación de los procesos de estudio para el impacto ambiental, como se evidencia en este caso de la Mina la India.

Este acto arbitrario que ha realizado el gobierno violento el debido proceso que debe gozar la comunidad en establecer una consulta previa libre e informada y con consentimiento o no de la nuestra comunidad ante un proyecto extractivo que atenta contra la salud y los ecosistemas en la localidad.

En consecuencia, la población de Santa Cruz de la india, ha expresado su rechazo de la aprobación del permiso ambiental otorgado a la empresa minera Cóndor Gold y reiteraron la salida inmediata de esta empresa de la comunidad, emitido en un pronunciamiento público.

La resistencia de la comunidad Mina la India data desde el año 2015, desde que la empresa extractiva invadió la zona provocando un conflicto social entre los pobladores y la empresa misma, suscitándose enfrentamientos de protestas pacíficas, marchas masivas hasta persecución y criminalización de defensores ambientales por parte de las autoridades locales por órdenes de la compañía.

El conflicto social y ambiental ha trascendido a las instancias internacionales ante la denuncia interpuesta por MONAFMI ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde expusieron que han sido son objeto de amenazas y hostigamiento por defender sus comunidades, dicha petición se produce frente a la falta de una resolución interna a la problemática por parte del Estado nicaragüense.

Fuente:http://www.acafremin.org/es/?option=com_content&view=article&id=284:empresa-minera-aprovecha-crisis-en-nicaragua&catid=19:nicaragua&idU=2&utm_source=newsletter_75&utm_medium=email&utm_campaign=comunidades-de-centroamerica-demandan-ser-consultadas-ante-proyectos-extractivos

Nicaragua

Cóndor completa proceso de permisos para nueva mina en Nicaragua

A pesar de las protestas políticas en Nicaragua , en las que murieron más de 300 personas desde mediados de abril , la firma británica Condor Gold reiteró su compromiso de construir y operar una mina de oro de 120 millones de dólares , anunciando el lunes que había completado un período de tres años. proceso de permisos.

A la compañía que cotiza en Aim y TSX-V se le ha otorgado un permiso ambiental para la mina La India y la planta de procesamiento, que tendrá la capacidad de procesar hasta 2 800 t / d, produciendo alrededor de 80 000 oz/a

Luego de recibir el permiso, Condor ahora avanzará la rediseñada infraestructura del sitio de la mina para el sitio abierto de La India a un estudio de factibilidad de nivel bancable (BFS), informó el lunes el presidente y gerente general, Mark Child .

Sujeto a financiamiento, finalización de un BFS y finalización de los diseños finales de ingeniería , se espera que la construcción comience en 18 meses a partir de la concesión del permiso ambiental y se espera que tome entre 18 y 24 meses.

“La recepción del permiso ambiental es un tributo al arduo trabajo y la dedicación del equipo de Condor Gold sobre el terreno, son ciudadanos 100% nicaragüenses; Estoy orgulloso de sus logros. También marca la culminación de 11 años de trabajo geológico científico detallado y estudios de minería técnica en el Proyecto La India , incluidos tres años del proceso de obtención de permisos “, dijo Child.

Condor emplea a unos 70 empleados en Nicaragua y la firma dijo que se mantuvo enfocada en apoyar a su personal, a pesar de la situación política en la nación centroamericana.

Cóndor también afirmó que celebró reuniones constructivas en los últimos meses con ministerios clave, lo que resultó en la aprobación de los estudios técnicos, una consulta pública exitosa y la concesión del permiso ambiental .

En la consulta pública de mediados de julio, casi 500 personas asistieron y Condor dijo que se expresó un apoyo abrumador para una nueva mina. La India se encuentra en una antigua zona minera , adyacente a una antigua comunidad minera .

La construcción y operación de una nueva mina de oro creará 1 000 puestos de trabajo y la compañía señaló que por cada trabajo en la mina hay entre tres y cinco veces más empleos indirectos que prestan servicios a la mina.

Fuente:https://mineriaenlinea.com/2018/08/condor-completa-proceso-de-permisos-para-nueva-mina-en-nicaragua/

Nicaragua

NICARAGUA: “Los bienes de la nación son sagrados y deben de respetarse”

Con esta frase Augusto César Sandino rechazó en 1926 la explotación minera extranjera, mientras que el gobierno de Daniel Ortega continúa entregando la minería al capital transnacional.

Infiel al legado de Augusto César Sandino, quién en 1926 logró que se cerrara la emblemática mina San Albino, de propiedad estadounidense, ubicada al norte del país, el presidente Daniel Ortega ahora intenta reabrirla; en los últimos 10 años de gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se han ampliado las concesiones de la minería industrial hasta en un 10%, alcanzando un 22% a la fecha de la capacidad total.

“Los bienes de la nación son sagrados y deben de respetarse”, dijo Sandino cuando le propusieron conceder permiso para la explotación minera en el municipio El Jícaro, departamento de Nueva Segovia, que estaba bajo control de los insurgentes.

A pesar de ello, el régimen del FSLN ha legislado en favor de las transnacionales extractivas, a las que ya no se les exige el estudio de impacto ambiental; el 44% de las aprobaciones extractivas están en zonas de reservas forestales; ha reprimido militarmente a las comunidades en resistencia; y ha decidido que únicamente el 10% de las ganancias extractivas queden para el país, esto sin reparo a los daños ambientales y sociales que deja la empresa cuando decide retirarse, entre otras medidas.

“En esta expansión de la minería industrial extractivita metálica en el país, podemos considerar tres tipos de implicaciones: económicas, socioculturales y ecológicas, sin que los territorios y las comunidades obtengan por ello beneficio visible alguno, pues se otorgan bajísimas tasas de transferencia de la renta a las municipalidades, sin transparencia del uso de estos recursos fiscales y por el contrario lo único que cosechan son impactos de destrucción socioambiental y económicos muy significativos, pasando a ser localidades colonizadas y en decadencia sostenida, hasta la salida de la empresa por agotamiento del medio, relegando a las comunidades a un oscuro y triste final”, expresó a Noticias Aliadas, el sociólogo, Roland Membreño.

Nicaragua, desde inicios del siglo pasado, ha estado en la mira de la explotación minera extranjera bajo sistema de enclave. En la actualidad, con el aumento de los precios internacionales del oro y la plata las solicitudes han proliferado, encontrándose estos metales entre los principales rubros de exportación, aun cuando el porcentaje que queda para el país no llega en muchos casos ni al 10% del total obtenido por la mayoría de empresas extranjeras.

En el 2013 el oro ocupó el primer lugar en las exportaciones de Nicaragua, por encima del café y la carne, con US$435.87 millones, de los cuales solo le quedaron al país $13 millones, según datos oficiales.

Sin protección ambiental
El país tiene un área total de 71,000 km² de disponibilidad para concesiones mineras, según el Ministerio de Energía y Minas, casi 55% de los 130,000 km² que mide el territorio nacional. Actualmente 10,000 km² se encuentran bajo concesión y 1,500 km² en proceso de aprobación.

A fin de acelerar la aprobación de las concesiones, el gobierno aprobó en agosto del 2017 el Decreto Ley No.15-2917 “Derogación del decreto No. 76-2006 Sistema de Evaluación Ambiental”, que elimina los estudios de impacto ambiental de la actividad minera, la consulta territorial o permiso municipal para las operaciones mineras, la declaración de territorios locales como de utilidad nacional, entre otras medidas.

“El nuevo decreto, además de contravenir todos los convenios internacionales en materia ambiental, es una maquinaria de premeditación y alevosía en el asalto de los recursos locales a favor del consorcio Estado-transnacionales mineras, dejando el terreno libre de los obstáculos legales e institucionales que anteriormente protegían a las comunidades de la depredación de sus recursos. Ese nuevo marco para la depredación, debilita de manera exponencial la soberanía de las comunidades sobre sus recursos y territorios”, considera Membreño.

“La legislación nicaragüense está ideada para favorecer a las empresas mineras transnacionales. Gozan de beneficios fiscales y de apoyo político del gobierno para imponer este tipo de inversiones en los territorios, aunque el soberano, que es el pueblo, no esté de acuerdo. No se puede hablar de soberanía, cuando en la práctica persiste un Estado Corporativista, que pone primero sus intereses en detrimento de los intereses de la población”, expresó a Noticias Aliadas, Julio César López, comunicador, experto en concesiones mineras del programa radial Onda Local.

En Nicaragua los recursos minerales no están nacionalizados. Con la creación de la Empresa Nicaragüense de Minas (ENIMINAS) en junio del 2017, si bien se permite la participación del Estado en asociación con empresas privadas, en el caso de las concesiones mineras, el modelo de intervención en el territorio es el mismo que para las transnacionales.

A pesar de los abusos del gobierno, institucionalizando en favor de las grandes corporaciones extranjeras y de capital mixto Estado-privadas, las voces de las comunidades afectadas no se han hecho esperar. Ha habido represión y mineros presos, pero también se han revertido procesos de concesión como el caso de una mina ubicada en el municipio de Rancho Grande, a 180 km al norte centro de Managua, que luego de marchas, plantones, paro de la actividad económica territorial, entre otras actividades de presión, culminó en octubre del 2017 con la declaratoria gubernamental de no viabilidad de la minería en Rancho Grande hecha llegar a Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, departamento al que pertenece el municipio.

“En el caso de Rancho Grande fue decisiva como instrumento de lucha, la marcha, la cantidad de movilizaciones realizadas por la población que contuvo de manera eficaz la intervención minera. La lección que ello deja es que ante un entorno de baja o ninguna institucionalidad local y estatal, lo único efectivo es la movilización directa de la gente, la toma de las calles. El paro cívico tuvo en Rancho Grande la ingeniosidad de focalizarse como paro escolar territorial. Los padres de familia decidieron no enviar más a sus hijos e hijas a clases hasta que el gobierno negara concesiones mineras en el territorio”, cuenta Membreño.

Lucha de las comunidades
Otra lucha emblemática de las comunidades para evitar las concesiones mineras, es el caso de la Mina La India, ubicada en el noroccidental departamento de León. Sepultada hace 40 años, La India es desde entonces explotada por la comunidad de manera artesanal. Líderes comunitarios cuentan que a pesar de los riesgos que implica este tipo de explotación, no han tenido ningún accidente que lamentar.

“El año pasado, durante tres meses y medio resistimos para no dejar que la empresa Condor Gold de capital inglés, dinamitara la mina para convertirla en modalidad de cielo abierto, pues hace 40 años quedó sepultada. Estuvimos sitiados por 400 policías antimotines y no les dejamos entrar, en ese tiempo, de 6 de la mañana a 6 de la tarde las mujeres protegíamos la entrada; y los hombres cuidaban las siguientes 12 horas. Las madres se negaron durante ese tiempo a enviar a sus hijos a la escuela, todo proyecto del gobierno estaba paralizado, y por eso tuvieron que salir. Siempre estamos custodiando aunque el gobierno nos trate como delincuentes, somos nacidos aquí, estamos en defensa permanente de nuestro territorio”, cuenta a Noticias Aliadas, Carolina Hernández, de la Plataforma Nacional de Comunidades Contra la Minería Industrial.

Recientemente, el gobierno anunció que reabriría la Mina San Albino, ubicada en el municipio de El Jícaro, ubicado a más de 250 km al noreste de Managua, donde en 1926 Sandino se levantó en contra de la empresa minera de la propiedad del estadunidense Charles Butter, hasta lograr su salida del país. Desde entonces esta comunidad es considerada el bastión de la lucha de Sandino, pues es allí que conforma el primer grupo de su “pequeño ejército loco” que lucharía contra la intervención de marines estadunidenses entre 1927 y 1932, cuando estos últimos dejaron el país.

Noventa años después, en agosto del 2017, el régimen de Ortega aprobó la concesión a las empresas Nicoz Resourses, subsidiaria de la canadiense Golden Reign y de Condor Gold, para dinamitar la emblemática mina San Albino, encontrándose estas empresas con la resistencia de sus pobladores quienes a la fecha no han dejado ingresar a estas empresas.

“En memoria de Sandino no se está haciendo nada en mi comunidad a pesar que fue un bastión sandinista. Estamos amenazados con hacer la mina a cielo abierto, o sea ¿la memoria de Sandino en que queda? La comunidad es la que vive la cruda realidad, sabemos lo que es tener el agua contaminada. La mina está cerrada desde 1927 cuando Sandino se levantó en armas con muchos mineros, hace 90 años, contra la intervención de tropas extranjeras que llegaron al país en ese año. No queremos que se reabra porque eso acarrea problemas ambientales a las comunidades”, expresa a Noticias Aliadas Luisa Rodríguez de la comunidad San Albino.

“Nosotros sembramos café y granos básicos aquí y queremos seguir en esa dinámica productiva”, agrega. “Dicen que la comunidad no va a ser afectada, pero cómo no va a ser afectada si donde van a explotar es en los bosques de San Albino. El gobierno se siente el dueño de Nicaragua, pero allá arriba se puede decir una cosa y acá abajo, en las comunidades, decidimos otra”. –Carmen Herrera desde Managua / Noticias Aliadas.

 

Fuente:http://www.comunicacionesaliadas.com/nicaragua-los-bienes-de-la-nacion-son-sagrados-y-deben-de-respetarse/