El Salvador, Honduras, Nicaragua

NO A LAS ZEDE

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO
La Red Centroamericana por la Defensa de las Aguas Transfronterizas (RedCAT)
integrada por representantes de Guatemala ,El Salvador, Nicaragua y Honduras somos una
organización que le hacemos frente a la crisis del agua en aquellas regiones que son agua
dependientes y afectadas por el cambio climático, como centroamericanos somos
responsables de velar por los intereses de nuestros hermanos Hondureños y ante los últimos
acontecimientos que vulneran la soberanía del territorio hondureño con la aprobación de las
Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) violentando el espíritu del artículo 59 de la
Constitución de la República de Honduras, se propone el respeto, la promoción y la
garantía de la dignidad humana como fin supremo, como articulación fraterna nos
pronunciamos en los siguientes términos:
1. Expresar al pueblo hondureño nuestra solidaridad ante la amenaza de la venta del
territorio hondureño y el deterioro de la soberanía a través de las “ZEDE”
2. Nos preocupa y lamentamos profundamente que sobre ese contexto de violaciones el
gobierno de Honduras mantenga una persecución judicial contra los movimientos sociales y
las dirigencias patronales quienes defienden la verdad, la justicia y los derechos humanos.
3. Como RedCAT estaremos en alerta ante este modelo ampliamente lesivo para la
sociedad que solo demuestra inconstitucionalidad, ilegitimidad y detonantes de conflictos
sociales.
4. Rechazamos la decisión tomada por los diputados y diputadas de Honduras
aprovechando que los hondureños se entretenían mirando el partido de futbol de la
selección de Honduras, ellos aprobaron exonerar de impuestos por 15 años más a las
ZEDE, castigar la protesta social hasta con 10 años de cárcel para que el pueblo no haga
uso de su derecho a la protesta, facultar para que puedan ser expropiadas las tierras rurales
e indígenas sin que estos pueblos puedan protestar.
5. Condenamos la creación de las ZEDE en Honduras porque violentan la soberanía,
perdiendo a pedazos cada día su territorio nacional creando un Estado dentro de otro Estado
ya que prevé la creación de un nuevo tipo de división administrativa -llamada «ciudadmodelo»- con un alto nivel de autonomía política, judicial, económica y administrativa,
condición que impactará de manera negativa los principales bienes naturales del país.
Centroamérica, 12 de octubre de 2021
PORQUE CENTRO AMERICA NO SE VENDE, CENTRO AMERICA LUCHA Y SE
DEFIENDE
NO A LAS ZEDE

Nicaragua

Se llevan oro, plata, cobre. Pero, ¿qué le dejan a México? Poco. Por tantas deducciones y la evasión

Por Efrén Flores, @folge_efra Twitter
SinEmbargo – 24/03/2021

SECCIÓN UNIDAD DE DATOS
El negocio de la minería en México está sujeto a muchos impuestos y pagos de derechos de extracción. Sin embargo, además de la evasión y la elusión fiscales, las deducciones hacen que las mineras paguen pocos impuestos y que a veces, también, abusen del fisco mexicano.

Ciudad de México, 24 de marzo (SinEmbargo).- México es una mina de oro para las mineras nacionales y extranjeras, no sólo porque esta actividad —sin considerar la extracción de petróleo y gas— produce una cantidad de dinero equivalente al uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, sino porque además, proporcionalmente, el Gobierno federal les devuelve seis de cada 10 pesos que pagan por impuestos (ingresos tributarios) y contraprestaciones por servicios públicos (ingresos no tributarios).

En los últimos cinco años, las empresas mineras —sin considerar las de petróleo y gas— le pagaron al Gobierno federal 189 mil 646 millones 500 mil pesos. Una cantidad equivalente, por ejemplo, al costo aproximado que tendrá la construcción de la Refinería de Dos Bocas en Tabasco. Pero en ese mismo periodo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le devolvió a las mineras 111 mil 213 millones 400 mil pesos por deducciones de impuestos.

Lo anterior implica que en realidad, las mineras nacionales y extranjeras aportaron 78 mil 433 millones 100 mil pesos entre 2015 y 2020, o bien, una cantidad de dinero equivalente a uno de cada 20 pesos que produjeron por extraer recursos naturales que pertenecen a la nación.

La situación se da en un contexto en que el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha exhortado a las mineras nacionales y extranjeras a pagar impuestos y salarios justos, para cumplir con las leyes vigentes.

El pasado 17 de marzo, López Obrador dijo que a nivel nacional han habido “algunos problemas con las mineras canadienses”, ya que éstas no pagan los impuestos que deben, no protegen al medio ambiente y/o se oponen a dar derechos sindicales a sus trabajadores. Al respecto, mencionó que hay empresas que incluso han llevado su litigio a instancias internacionales para continuar operando como lo han hecho hasta ahora.

Más allá de las mineras canadienses, que representan el 66 por ciento de las empresas privadas nacionales y extranjeras con proyectos mineros en México, según el registro vigente del Sistema Integral sobre Economía Minera (Sinem), la titular del SAT, Raquel Buenrostro Sánchez, ha dicho que además de no pagar impuestos y aparte de los casos de evasión y elusión fiscales, éstas fueron beneficiadas fiscalmente por administraciones anteriores.

Hay mineras —como la canadiense First Majestic Silver Corp— que “han acreditado impuestos en lugar de pagarlos”, ya que “abusando de la normatividad fiscal se les ha devuelto dinero”, explicó Buenrostro en febrero de este año, durante una entrevista con los periodistas Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez.

Un ejemplo de abuso fiscal está relacionado con los artículos 25 y 32 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

En ese sentido, una resolución de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), fechada al 18 de noviembre de 2020, indica que hay algunos contribuyentes sujetos al pago del derecho especial sobre minería, que “indebidamente” registran erogaciones (es decir inversiones en activo fijo y gastos o cargos diferidos) para hacerlas pasar por pagos preoperativos o costos y gastos de producción, para poder deducirlos.

“Justo hace poco, con otras organizaciones, empezamos a hacer un análisis más actualizado y lo que encontramos es que el aporte que hacen [las mineras] a las finanzas públicas es mínimo”, dijo en entrevista con SinEmbargo Beatriz Olivera, directora de la organización Energía, Género y Ambiente (Engenera).

Para la investigadora, además de que la aportación de las mineras “no es puntual, el Gobierno les ha regresado un montón de dinero” a través del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). En ese sentido, los datos de la Cuenta Pública de la SHCP indican que en el último lustro, el SAT erogó 48 mil 24 millones 100 mil pesos en devoluciones por IVA.

De acuerdo con la activista, lo anterior amerita que además de un apretón de tuercas a los incentivos fiscales que reciben las mineras, el Gobierno de México modifique la Ley Minera para obligarlas a rendir mayores cuentas, sobre todo en relación a la cantidad de minerales que extraen, la producción coligada y las utilidades que reflejan sus estados financieros.

EL NEGOCIO DE LA EXTRACCIÓN

El sector minero, es decir, aquél que incluye actividades extractivas de minerales metálicos y no metálicos, así como la obtención de gas y petróleo sin considerar servicios relacionados, aportó, entre 2015 y 2020, uno de cada 10 pesos recaudados por el Gobierno federal o el equivalente a la mitad (54.2 por ciento) del dinero producido por esta actividad económica en el periodo referido, de acuerdo con cifras de la SHCP y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi).

Sin embargo, la mayor parte de este dinero —recaudado por el fisco— no provino del pago de impuestos por parte de mineras privadas, sino de la Empresa Productiva del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex).

Ello considerando que, entre 2015 y 2020, el 97 por ciento de los ingresos tributarios y no tributarios del sector minero derivó de la extracción de gas y petróleo, siendo que en ese periodo y de acuerdo con la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), entre el 98 y 99 por ciento del gas y petróleo a nivel nacional fue producido por Pemex.

Si descontamos la obtención de gas y petróleo, la actividad minera de metálicos y no metálicos—a cargo de 242 empresas privadas nacionales y extranjeras según el Sinem— aportó el 0.3 por ciento del dinero recaudado por el Gobierno federal, o el equivalente al 5.3 por ciento del dinero producido por dicha actividad extractiva.

Por un lado, las cifras oficiales indican que la recaudación fiscal minera es baja; y por otro lado, la normatividad aplicable refiere que la minería tiene una de las cargas impositivas más altas a nivel nacional, ya que es un rubro económico con múltiples impuestos sobre sus ingresos brutos, como por ejemplo, sobre sociedades (30 por ciento), regalías (7.5 por ciento) y especiales por tipo de extracción (por ejemplo el del oro y la plata del 0.5 por ciento).

Lo anterior supone que el potencial de ingresos que el país puede obtener por la recaudación de impuestos y contraprestaciones por servicios públicos está limitado por un amplio margen de deducciones fiscales.

De acuerdo con la directora de Engenera, Beatriz Olivera, el valor de las aportaciones fiscales de la minería como proporción del valor de la producción minero-metalúrgica —que en el último año fue de 5.7 por ciento— ha sido “insignificante” por años.

Aunque entre 2019 y 2020 la proporción se duplicó, al pasar de 2.8 a 5.7 por ciento, el nivel actual es inferior al del último año del sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando las aportaciones fiscales de la minería —sin contar petróleo y gas— equivalieron al 8.2 por ciento de su PIB.

Según la Cámara Minera de México (Camimex), la aportación fiscal del sector de la minería se está recuperando del decremento que sufrió “como consecuencia principalmente de los resultados desfavorables en la dinámica productiva”, sobre todo del ISR, en un contexto de desaceleración económica por la pandemia de COVID-19 a nivel nacional e internacional.

En la siguiente tabla es posible consultar la información utilizada para la elaboración de este texto, incluidas las variaciones de ingresos gubernamentales por tipo (tributario o no tributario) o por impuesto (IEPS, ISR, IVA, entre otros).

UN CASO ICÓNICO DE ADEUDO

First Majestic Silver Corp es una minera canadiense que se estableció en México en 2004. Desde entonces ha sido denunciada en materia de derechos humanos, por violaciones y despojos en localidades mexicanas.

La empresa con sede en Vancouver, Canadá, cuenta con tres minas funcionales en el territorio nacional: la mina de oro y plata San Dimas, la mina de oro y plata Santa Elena, así como la la mina de plata La Encantada. Además, dicha compañía tiene ocho minas más en proceso de desarrollo.

De acuerdo con documentos de auditoría fiscal citados por la agencia noticiosa Reuters, First Majestic Silver Corp le debe al fisco mexicano cerca de 11 mil millones de pesos, o bien, 534 millones de dólares.

Hasta la fecha de esta publicación, el SAT solicitó a la minera canadiense el pago de 5 mil 500 millones de pesos (267 millones de dólares) correspondientes al adeudo de impuestos. El resto de los deberes todavía “no ha entrado en disputas formales”, indica Reuters.

La información disponible sobre el caso First Majestic refiere que el fisco mexicano busca procesar penalmente a la compañía extranjera por el delito de fraude fiscal relacionado con el esquema de precios.

Al respecto, la empresa ha dicho que “continúa buscando una solución amistosa de sus diferencias con el Gobierno de México” y que por ello, continuará en diálogo con las autoridades y “confiando en las vías legales disponibles bajo la ley mexicana y los acuerdos internacionales”.

El pasado 17 de marzo, el Presidente López Obrador dijo que en caso de incumplimiento, además de las consecuencias penales, First Majestic Silver Corp podría perder sus concesiones a nivel nacional.

“Ojalá nos ayude el Gobierno de Canadá para que se resuelva este asunto”, porque de lo contrario “vamos a actuar legalmente”, explicó AMLO, quien asimismo refirió que el Gobierno de México —por disposición legal— puede revocar las concesiones mineras a las empresas extractoras que incumplan con la normatividad vigente y los acuerdos suscritos con autoridades mexicanas.

Se llevan oro, plata, cobre. Pero, ¿qué le dejan a México? Poco. Por tantas deducciones y la evasión

Nicaragua

Condor Gold acelerará desarrollo del proyecto La India en Nicaragua

16/03/2021
Proyecto La India en Nicaragua/ Foto: Condor Gold

Condor Gold planea acelerar el desarrollo de su proyecto La India en Nicaragua luego de firmar un acuerdo para adquirir un nuevo molino semiautógeno o molino SAG por USD 6.5 millones a First Majestic Silver.

El explorador de oro y desarrollador de minas en Nicaragua dijo que el precio de adquisición comprende la emisión de acciones por un valor de USD 3.0 millones, a un precio de 50 centavos por acción a First Majestic, con los USD 3.5 millones restantes pagados en efectivo durante los próximos tres a cuatro meses.

Condor dijo que el paquete del molino representa un elemento “clave” de la planta que se requiere para poner en producción su proyecto La India en Nicaragua.

El grupo de soporte técnico de Metso Outotec, un fabricante de molinos y sistemas, estima que el molino SAG tiene un rendimiento de hasta 2.300 toneladas por día de forma sostenida utilizando el motor existente. Esto se basa en las características metalúrgicas del mineral y el material mineralizado en el proyecto La India, dijo Condor Gold.

“Aumentar el tamaño del motor aumentaría el rendimiento a 2.850 toneladas por día. Se espera que la producción inicial de oro sea de entre 80.000 y 100.000 onzas de oro por año. El nuevo molino SAG forma la primera etapa de producción. El objetivo es expandir materialmente la capacidad de producción después de dos a tres años “, dijo Mark Child, presidente y director ejecutivo de Condor Gold.

Condor Gold acelerará desarrollo del proyecto La India en Nicaragua

Nicaragua

Pobladores de Santa Cruz la India, son forzados a vender su tierra para dar paso a proyecto minero de la empresa de capital británico Cóndor Gold

ACAFREMIN
21/09/2020
La Alianza Centroamericana Frente a la Minería denuncia la campaña de intimidación y amenazas contra residentes de la comunidad Mina la India, por parte de la empresa minera de capital británico Cóndor Gold. Desde principios de 2020, residentes de esta comunidad han denunciado una renovada campaña de acoso por parte de oficiales del gobierno, acompañados de elementos de la Policía Nacional, para que vendan sus propiedades a dicha empresa.

Cóndor Gold, opera en Nicaragua a través de su subsidiaria La India Gold SA, desde 2008. La empresa cuenta con 11 concesiones en el distrito de La India con una extensión de 313.26 Km², donde espera establecer una operación mixta de túneles a cielo abierto/subterráneo. Sin embargo, la empresa no ha logrado obtener la licencia social por parte de residentes de la comunidad quienes han denunciado la destrucción ambiental, violación de espacios comunes, procesos viciados de consulta, irregularidades en el proceso de adjudicación de licencias, y la criminalización de pobladores que se oponen a la mina.

En el año 2015, miembros de la comunidad denunciaron que al menos 5 pozos de agua se habían secado debido a trabajos de exploración de la empresa que afectaron una vena de agua subterránea que abastece a la comunidad. En abril 2016, líderes de la comunidad organizados bajo el “Movimiento Comunal Santa Cruz de la India” determinaron que el 90% de los pobladores se oponen al proyecto minero. Tras una fuerte campaña de denuncia y movilizaciones contra el proyecto, siete miembros del movimiento fueron falsamente acusados de daño agravado al bloquear, en 2017, el acceso de trabajadores de la empresa a un lote público adquirido de manera ilegal por Cóndor Gold. El proceso legal, que fue finalmente abandonado por la empresa, se caracterizó por la falta de debido proceso y la complicidad de las instituciones del estado, como el Ministerio Público, la Policía Nacional y los juzgados locales en la criminalización de los comunitarios a favor de los intereses de la empresa.

La insurrección de abril de 2018, que llevo a Nicaragua a un estado de crisis democrática y la suspensión tácita de los derechos constitucionales, ha tenido un impacto negativo en la capacidad de los opositores de la mina de exigir sus derechos, mientras se ha recrudecido la campaña de violencia en su contra. Según reportes del Movimiento Nacional Ambientalista Frente a la Minería Industrial, MONAFMI, desde el 2018 existe una ocupación policial de la comunidad mientras se ejecuta una campaña de acoso permanente contra líderes que se oponen al proyecto y sus familias. Los comunitarios han reportado que la policía ha realizado numerosas acciones de allanamiento sin orden judicial y detenciones ilegales, lo que ha forzado a algunos de los líderes a abandonar sus viviendas debido a las amenazas contra su seguridad.

A pesar del ambiente de represión, defensores ambientales de la comunidad Mina la India, acompañados por el Centro Humboldt presentaron una denuncia ante la Oficina del Asesor/Ombudsman de Cumplimiento, CAO, del IFC- Banco Mundial y pidieron una revisión de la inversión que dicha institución hace a la empresa para el desarrollo del proyecto. La queja argumenta que la comunidad no tuvo acceso a los Estudios de Impacto Ambiental presentados por la empresa y aprobados por el Ministerio de Recursos Naturales, MARENA; que no hubo consulta con la comunidad y no existe información sobre los alcances de dicho proyecto, ni sus afectaciones ambientales y sociales. En enero del 2020, voceros del MONAFMI, anunciaron que la IFC-Banco Mundial había retirado la inversión del proyecto minero.

Seguido a este anuncio, pobladores de Mina la India denunciaron el inicio de otra campaña de acoso contra líderes que se oponen al proyecto minero por parte de funcionarios de la empresa minera acompañados por agentes de la Policía Nacional y grupos afines al gobierno, que visitan a los dueños de la tierra requerida por a la empresa para iniciar su proyecto y demandan la venta de su propiedad.

En enero de este año, miembros de la comunidad reportaron la expropiación de un terreno perteneciente al señor Julian Onel Salazar. La denuncia de este hecho ante órganos judiciales del estado no tuvo respuesta. Este mes de septiembre, el Sr. Andrés Vilches fue detenido de manera ilegal después de denunciar que los trabajadores de la empresa habían dañado la entrada de su casa con maquinaria pesada y la Sra. Juliana Urriata ha denunciado el acoso parte de representantes de la empresa y la policía al negarse a vender su propiedad.

Estas denuncias contantes de los miembros de la comunidad de Mina la India contradicen reportes de la empresa Cóndor Gold, emitidos en agosto de 2020, donde notifica haber realizado “importantes avances en la eliminación de riesgos del proyecto La India mediante la compra de terrenos en y alrededor del área permitida del sitio”; según la empresa, el 85% de la tierra dentro del sitio permitido de la mina ha sido adquirida. El reporte también menciona la adquisición de dos licencias (América y Mestiza) que le permitirían expandir el proyecto minero La India.

Lo que el reporte de la empresa convenientemente omite es que la adquisición de propiedades y nuevas licencias se hace bajo un ambiente de intimidación y suspensión de derechos de la población, el uso de amenazas, expropiaciones ilegales y el desplazamiento forzado de familias que habitan en la comunidad.

La expansión de proyectos mineros se ha acelerado en Nicaragua desde el año 2018 y se intensifica más bajo medidas sanitarias implementadas a partir de la pandemia COVID 19. Como ACAFREMIN hemos denunciado que ellos gobiernos de turno han utilizado las medidas sanitarias para aumentar la represión y criminalización contra defensores ambientales; esto ha intensificado los conflictos sociales, la falta de transparencia y el acceso a información y consulta ante procesos de concesión.

Por lo tanto, nos solidarizamos con los miembros de la comunidad Mina la India y el Movimiento Nacional Ambientalista Frente a la Minería Industrial, y demandamos a las autoridades nicaragüenses el cese a la criminalización de la organización comunitaria en pro de la defensa de los bienes naturales.

Además, demandamos:

Al Gobierno nicaragüense: Que restaure inmediatamente los derechos civiles de la población, incluyendo los derechos a la vida y la seguridad de la persona, a propiedad, y a no ser arbitrariamente privado de libertad, preso ni desterrado; y el respeto a las libertades de expresión, de asociación y protesta pacífica.
En virtud de que nicaragua es firmante del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como Acuerdo de Escazú, instamos a la comunidad internacional a velar por que el estado nicaragüense cumpla con su obligación de fortalecer la aplicación de derechos ambientales.
A la empresa minera Condor Gold: que retire inmediatamente sus inversiones de nicaragua por no contar con la licencia social para establecer su proyecto y por incurrir en ilegalidades administrativas en complicidad con autoridades nicaragüenses.

Nicaragua

Condor Gold obtiene permiso ambiental para pozo Mestiza en Nicaragua

abril 29, 2020
Condor Gold obtuvo permiso ambiental para el desarrollo y la explotación de oro del pozo abierto de alto grado Mestiza, que es complementario al proyecto La India, en Nicaragua.

El pozo Mestiza alberga 92 000 t con una ley de 12,1 g / t de oro (36 000 oz de oro contenido), en la categoría de recursos minerales indicados y 341 000 t con una ley de 7,7 g / t de oro (85 000 oz de oro contenido en los recursos inferidos.

La India alberga aproximadamente 8,4 millones de toneladas con una ley de 3,1 g / t de oro (837 000 onzas de oro contenido) en la categoría de recursos minerales indicados y 883 000 toneladas con una ley de 2,4 g / t oro (68 000 onzas contenían oro) en la categoría de recursos minerales inferidos.

Lee también: Silvercorp comprará Guyana Goldfields por C$ 105 millones

La India tiene un estudio de prefactibilidad (PFS) robusto y económicamente viable con reservas minerales de 6,9 ​​millones de toneladas a 3,0 g / t para 675 000 onzas de oro.

Tras el permiso del pozo Mestiza, Condor tiene poco más de 1 millón de onzas de recursos minerales de oro a cielo abierto permitidos para la extracción, incluida las reservas minerales permitidas para la producción.

Condor también tiene el permiso para construir y desarrollar una planta de procesamiento con capacidad de hasta 2 800 t / d en el proyecto La India.

Con los pozos alimentadores Mestiza y América en operación, Condor Gold podría producir alrededor de 120,000 onzas anualmente durante una vida útil de siete años.
La India

El proyecto de La India prevé la construcción de un pozo principal, que alberga una reserva mineral económica de 6,9 millones de toneladas con una calificación de 3,0 gramos de oro por tonelada, sobre un total de 675.000 onzas de oro.

También incluye dos pozos de alimentación satelital de alta calidad, América y Mestiza, ubicados a unos 2 km y 4 km, respectivamente, de la planta de procesamiento de La India. Condor Gold espera que los pozos aumenten la producción del pozo principal en un 50% a 120.000 onzas de oro anualmente durante una vida útil de siete años.

Fuente: Mining Weekly

Condor Gold obtiene permiso ambiental para pozo Mestiza en Nicaragua

Nicaragua

«En Nicaragua nos han violentado por defender la tierra de la amenaza minera»


Por Karla Rodas | Febrero 6, 2020
Walkiria Morales ama tanto su terruño que ha estado dispuesta a defenderlo hasta las últimas consecuencias. Defenderlo, principalmente, de la minera B2Gold, que desde 2011 amenazó ambientalmente a Santo Domingo, Nicaragua.

B2Gold es una minera canadiense, con sede en Vancouver, que se dedica, según su propia definición, a ser «el productor de oro senior del mundo». En Nicaragua tiene dos proyectos mineros: El Limón y la Libertad – Santo Domingo. Sus directivos más altos son: Clive T. Johnson, Robert Cross, Robert Gayton, Jerry Korpan, Bongani Mtshisi, Kevin Bullock, entre otros.

El 15 de octubre de 2019, la empresa anunció que se fusionó con otra empresa canadiense del mismo rubro llamada Calibre Mining Corporation. De manera que, desde esa fecha, ambas empresas se lucran del oro que extraen de Nicaragua, mientras dejan una huella de contaminación en lugares como el municipio de Santo Domingo.

Ese municipio cuenta con una extensión territorial de 717 km², tiene grandes paisajes verdes y muchas fuentes de agua. La principal es la fuente del Túnel Azul, que ha sido imprescindible, especialmente para la comunidad de Walkiria, durante décadas. El agua de esa fuente, según Walkiria e informes técnicos, es de la mejor calidad en toda Nicaragua. Abastecía a 16 mil habitantes las 24 horas. Pero todo está cambiando y coincide con la llegada de la minera.

“En 2011, la empresa minera B2Gold llegó a Santo Domingo con un proyecto denominado Tajo Jabalí Central. En ese momento reinaba la desinformación ante la presencia de esta empresa. La mayoría de las personas de Santo Domingo creíamos que iba haber desarrollo, porque esa es la imagen que ellos proyectaban, pero la realidad es otra. La empresa minera B2Gold taló más de 2,000 árboles del sector del Tajo Jabalí Central (…) Fue impresionante ver la migración de diferentes especies despojadas de su hábitat a causa de esto”, relató Walkiria a GatoEncerrado.

Cuando la minera B2Gold empezó a explorar las tierras, los habitantes de Santo Domingo comenzaron a observar supuestas ilegalidades en concesiones, explotación de tierras, desalojo de familias y criminalización de los ambientalistas.

En respuesta, los pobladores del municipio empezaron a organizarse en defensa de las quebradas, ríos y ojos de agua. Todo con el fin de evitar que el clima tropical, la belleza de las cordilleras y los recursos naturales dejaran de desaparecer, mientras la maquinaria industrial de la minera avanzaba deforestando y drenando el agua.

Esa lucha desencadenó choques entre los habitantes de Santo Domingo con los cuerpos de seguridad pública. Los que se llevaron la peor parte, como suele ocurrir en estas situaciones, fueron las mujeres, niños y ancianos.

Declaraciones de Walkiria

Represión
Uno de esos casos de represión ocurrió en 2013, en contra del coordinador del Movimiento Ambientalista Salvemos Santo Domingo, Boanerge Luna. Fue encarcelado el 9 de febrero de ese año en la Dirección de Auxilio Judicial “El Chipote”, en el departamento de Managua, según relató él mismo a GatoEncerrado.

«Estuve 40 días encarcelado. Después de obtener mi libertad, he sufrido por parte de la policía: asedio y persecución. Hasta la fecha sigo sin poder alzar la voz, porque la policía me tiene vigilado. Prácticamente estamos en un Estado de sitio en Santo Domingo, no hay libertad de expresión, no hay instituciones que respalden los derechos humanos y el medio ambiente. En varias ocasiones la policía me ha detenido y me han hecho requisa con antinarcóticos, como si fuera un narcotraficante. Esto con el fin de tardar la movilización cuando voy a alguna protesta. Esto preocupa por mi seguridad y la de mi familia”, contó Luna a GatoEncerrado.

En ese mismo año 2013, las autoridades encarcelaron a 12 defensores de derechos humanos por su involucramiento en las protestas del movimiento en contra de la actividad minera de B2 Gold.

«Toda acción de protesta o de comunicación en el tema de minería es criminalizada por el gobierno de Daniel Ortega”, dijeron a esta revista varios luchadores sociales que participaron en las marchas.

Walkiria relató a esta revista que a finales de 2015, las comunidades organizaron una marcha específicamente en contra del proyecto minero Tajo Jabalí Antena.

“Recuerdo que íbamos a realizar una marcha y solicitamos permiso a la policía nacional, con 15 días de anticipación. La respuesta de la autoridad nunca llegó. Dos días antes de la convocatoria de la marcha fuimos nuevamente a la policía y nos dijeron que no, que nos negaban el derecho a machar en contra de este proyecto”, recordó Walkiria.

Esto, sin embargo, no impidió que los defensores de Santo Domingo continuaran con la lucha y los preparativos de la marcha.

“Recuerdo también que una noche, antes de que marcháramos, llegaron a mi casa tres comisionados de la policía nacional. Dos venían procedentes de Juigalpa, Chontales, y el comisionado de Santo Domingo, acompañados con más oficiales de la policía. En ese momento estábamos en una reunión todas las personas que estábamos organizando la marcha. Y nos pidieron información personal, inclusive nos tomaron fotos dentro de mi casa”, relató Walkiria para explicar la intimidación constante que tenían de parte de los cuerpos de seguridad.

«En Nicaragua nos han violentado derechos por defender la tierra»

Nicaragua

Declaración Pública ante el Allanamiento de hogar de Olman Salazar y agresión a su familia

Nicaragua

Allanamiento de hogar de Olman Salazar y agresión a su familia
Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, OCMAL

Diciembre de 2019

El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, OCMAL, frente al allanamiento
de la vivienda del defensor de derechos socioambientales Olman Salazar y las
agresiones sufridas por su familia, declara:
1.- Que con gran consternación hemos tomado conocimiento de los hechos que indican
que nuevamente, un luchador por la defensa del ambiente, la calidad de vida, la salud de
la población, la conservación de los ecosistemas y la denuncia de su destrucción, sufre
persecución y amedrentamiento por medio de las agresiones a su familia.
2.- Que a pesar de las reiteradas denuncias realizadas en medios nacionales e
internacionales, las autoridades de Nicaragua no dudan en usar métodos ilegales como la
fuerza y la intimidación para evitar que los graves atentados a las calidad de los
ecosistemas y los ambientes que las comunidades necesitan para garantizar su bienestar,
sean dados a conocer nacional e internacionalmente.
3-.- Que la sustracción de materiales y equipos como computadoras y almacenamiento de
datos es una situación grave pues no solamente se vulnera el derecho a la privacidad sino
que dichos elementos pueden ser fuente de implantación de datos con el objeto de
criminalizar falsamente a quienes cumplen la misión de resguardar el ambiente y los
derechos humanos de las comunidades frente a las empresas extractivas
transnacionales.
4.- Que el uso y abuso de poder, fotografiando a la familia, su vivienda, incluidos niños
pequeños solo se condice con métodos autoritarios y represivos que no garantizar el libre
desenvolvimiento de los derechos de defensoras y defensores de derechos humanos.
5.- Que solidarizamos con Olman Salazar, su familia y todas aquellas personas que,
arriesgando su integridad, se ven en la obligación de desafiar el actuar autoritario e
inhumano que ejerce el Estado nicaragüense y otros Estados en América Latina
6.- Que estaremos atentos a los hechos e informaciones que acompañen este triste
episodio y no dudaremos en denunciar por todos los medios de que disponemos para que
se garantice el derecho a la defensa del ambiente, la naturaleza, las condiciones de vida
de comunidades afectadas por proyectos mineros.

 

www.ocmal.org

Nicaragua

La defensa contra las concesiones mineras aumenta la criminalización en los territorios

“Bueno inicialmente tenemos que reconocer que Nicaragua está bajo una falta de institucionalidad por lo tanto la labor y la función de las organizaciones estatales prácticamente queda en vacíos y hay nulos en los procedimientos” manifestó Heizel Torres, oficial de minería de Centro Humboldt en Nicaragua.

 

La institucionalidad en Nicaragua se debe a que el gobierno no brinda la información pertinente de los proyectos mineros que entran a las comunidades, otorgando a las empresas mineras el poder para destruir los bienes naturales y violentar los derechos humanos, unos de los casos más preocupantes es el de La Mina La India empresa de origen británico Cóndor Gold que goza de una licencia de exploración otorgada por el gobierno nicaragüense en el año 2008.

Bajo los mecanismos de denuncia y de la verificación de inversiones de la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial se afirma que el proyecto Mina La India infringe las leyes nacionales e internacionales, las normas de desempeño y la política de acceso a la información.

Debido a esta situación la población junto con organismos de defensa ambiental han intervenido en procesos de defensa, lucha y de pronunciamiento ante estos actos ilegales de las mineras, pero que han sido opacados a través de la represión, la criminalización que ostentan las empresas vinculadas con el gobierno para su accionar ilegal.

“Centro Humboldt es una organización que ha venido orientando los procesos legales y defensa de los territorios, así como el acompañamiento legal a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y sobre todo de los procesos de acceso a la información que la población no tiene por falta de la misma institucionalidad que existe en el país” agrego Torres.

El tema del asedio y la persecución son temas que son recurrentes para mujeres y hombres de la comunidad quienes reportan la presencia continua de las fuerzas policiales, el allanamiento y registro ilegal de viviendas, y la interrogación ilegal a miembros del movimiento anti-minero, por el que dicen sienten temor incluso en su propia comunidad.

 

Sara Margarita Zavala es Nicaragüense y vive en Santo Domingo en el departamento de Ochontales, municipio ubicado a 48 km de la cabecera departamental, lideresa de La Pastoral Social de la Iglesia Católica, ella cuenta como en su comunidad también son violentados los derechos humanos y el grave impacto ambiental que los proyectos mineros han hecho a su municipio.

“B2Gold Corporation es una compañía minera canadiense, extractiva de oro que tiene 8 años de estar explorando y explotando la tierra en Santo Domingo en el Departamento de Ochontales en Nicaragua, vivimos con una familia tensionada por falta de nuestros recursos, esta empresa minera no deja nada de beneficio, es todo lo contrario ha dejado desértico nuestro municipio explotando los recursos naturales principalmente el rio Artigua y generando la extinción humana” apunto Zavala.

Agregado a esto menciona la problemática de la crisis sociopolítica que ha enfrentado Nicaragua “Esto nos dificulta porque ustedes saben la crisis de Nicaragua y si nosotros nos enfrentamos a esta empresa podemos ir a parar a la cárcel, y la mayoría somos mujeres que nos hemos empoderado con una visión de hogar doméstica, nosotras venimos de familias pobres, el agua está contaminada, estamos padeciendo mucho de bacterias dentro del estómago, arboles ya no hay” agregó la lideresa.

Ante esta situación las comunidades afectadas e instancias regionales contra la minería como la Alianza Centroaméricana Frente a la Minería -ACAFREMIN- seguirán pronunciándose debido a las repercusiones ambientales y la persecución sistemática contra defensores ambientales en Nicaragua, además del incremento sigiloso de la actividad de las empresas mineras que bajo un ambiente de militarización y represión por parte del estado aprovechan para implementar sus proyectos sin los debidos procesos de información y consulta previa a las comunidades afectadas.

 

Fuente:http://acafremin.org/es/noticias-regionales/nicaragua/395-la-defensa-contra-las-concesiones-mineras-aumenta-la-criminalizacion-en-los-territorios?fbclid=IwAR1-ZsaESJ0WmWEt2p6-xJBeBTxoEzoMjJMql3qN-WXRZi39eF3FQ044JeA

Nicaragua

La resistencia por el agua y la vida

La ciencia moderna reconoce la vida en el ser humano mientras respira el cuerpo, late el corazón, circula la sangre o impulsa las neuronas. Sin embargo, el agua (femenino en la cosmovisión andina), aire, tierra, fuego y otros elementos que generan vida al ser humano o cualquier se biótico, ignora y refuta su vida propia, una expresión más del colonialismo epistemológico.

La ciencia moderna reconoce la vida en el ser humano mientras respira el cuerpo, late el corazón, circula la sangre o impulsa las neuronas. Sin embargo, el agua (femenino en la cosmovisión andina), aire, tierra, fuego y otros elementos que generan vida al ser humano o cualquier se biótico, ignora y refuta su vida propia, una expresión más del colonialismo epistemológico.

El agua que está presente en la sangre, pulmones, ojos, paladar, músculos, riñones cerebro (755 de agua), es la misma agua viva y presente en los manantiales, vertientes, ríos lagos y océanos, proporcionalmente es la misma cantidad de agua que circula en el cuerpo humano, la que circula en el planeta azul.

La epistemología colonial, arrogante adoctrina desde la escuela, obligando a repetir irreflexivamente que el agua es apenas un par de moléculas de hidrógeno y una de oxígeno representada en una fórmila HO. Y no queda ahí el conocimiento colonial, enseña que el agua es incoloro, inodora, insípeda…

Según la cosmovisión de los pueblos originarios de Abya Yala, el agua es vida y dadora de vida que viene de las entrañas de la madre tierra, como las venas que circulan en el cuerpo humano. Sus vertientes, acuíferos, quebradas, ríos, lagunas y mares son fuentes de vida es nuestra madre, nuestra matriz biótica, allí se perfiló y fecundó nuestra vida.

La contaminación minera es desbastadora para el agua. El agua termina por ser inutilizable para el consumo humano y para la agricultura. Siempre se produce una contaminación a gran escala de aguas superficiales y subterráneas por drenaje ácido de roca y con sustancias tóxicas incluyendo metales pesados como el arsénico plomo, cadmio, cromo, cianuro y mercurio, e incluso sustancias radiactivas.

El extractivismo resultante, no es un destino, es una opción política y civilizatoria que reconfigura negativamente los territorios, economías y genera una nueva dependencia, cada vez exportamos más materias primas y avanzamos en el proceso de reprimerización, concentración y extranjerización de nuestras tierras.

Hay que estar claros que la explotación minera mediante concesiones del anterior y actual gobierno, a empresas transnacionales mineras chinas, a más de poner en riesgo la vida de los defensores del agua, constituye una verdadera amenaza que acabará con las fuentes de agua, ríos, lagunas, páramos, aguas friáticas y humedales, en las zonas de alta biodiversidad, en zonas donde la vida de las comunidades está en riesgo con vestigios patrimoniales arqueológicos.

La minería es la segunda industria más contaminante del planeta, que trae megaimpactos, ecocidio y no habrá dinero que alcance para la remediación, porque después que se va la compañía minera, deja huellas imborrables, que le toma a la madre naturaleza, cientos y a veces miles de años, para remediar mientras tanto esas aguas están envenenadas y el espacio queda muerto.

El país ha sido entregado a las corporaciones chinas que están copando todas las áreas estratégicas de la economía nacional, los gobiernos se ha comprometido hasta el 2024, a cambio de préstamos con exorbitantes intereses a la banca chulquera china, que nos ha puesto en una situación de colonia dependiente del capital financiero asiático.

En este sentido, los campesinos que habitan en los sectores mineros han manifestado su irrevocable decisión de continuar en la resistencia a la invasión minera anunciando el desarrollo de acciones , como la “Marcha Nacional por el Agua y la Vida”. Y están dispuestos a defenderla, aún con su propia vida.

El derecho a la resistencia, en defensa del agua y la vida, no es una dádiva ni concesión de nadie. La resistencia nace con la vida y muere solo con quien no se atreve a resistir, así la resistencia no muere, solo trasciende.

Es un derecho connatural, es inalienable, irrenunciable, innegociable, indivisible y universal. Ningún ser humano puede limitar o peor privar a otro ser humano al goce y ejercicio pleno, como tampoco, ninguna persona puede prescindir y por extensión, tampoco pertenece solo al ser humano sino a toda epifanía de vida.

En una sociedad de dominio colonial, la resistencia es el antídoto. Por ello resiste y la resistencia nos hará libres.

 

Fuente:www.elnuevodiario.com.ni/opinion/483992-resistencia-agua-vida/

Nicaragua

Nicaragua: Defensores ambientales de la comunidad de Santa Cruz de la India temen por sus vidas

Después de la visita de un equipo de verificación designado por Oficina del Asesor de Cumplimiento / Ombudsman (CAO), del Banco Mundial al proyecto minero Mina La India, líderes del Movimiento Comunal Santa Cruz de La India reportan el recrudecimiento de la represión, de la cual han sido sujetos desde hace varios años.

La empresa de origen británico Cóndor Gold, goza de una licencia de exploración otorgada por el gobierno nicaragüense en el año 2008. Desde entonces, la empresa ha desarrollado un portafolio de 11 concesiones en el Distrito de La India con una extensión de 313.26 Km2, donde espera establecer una operación mixta de túneles a cielo abierto y subterráneo.

En julio de este año, once miembros de la comunidad Santa Cruz de La India, con el apoyo de ONG´s ambientalistas, pusieron una denuncia ante la CAO, un mecanismo de recurso independiente para la verificación de inversiones de la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial.  La denuncia afirma que el proyecto Mina La India infringe las leyes nacionales e internacionales, las normas de desempeño y la política de acceso a la información de la IFC.

También plantea inquietudes con respecto a los potenciales impactos sociales y ambientales: la falta de consulta e información sobre el proyecto, el agotamiento de las fuentes de agua subterráneas y el acceso reducido al agua para la comunidad afectada, el riesgo de desplazamiento involuntario, el riesgo de actividad sísmica, y posibles impactos a la biodiversidad y al ecosistema.

La queja también cita la criminalización sistemática de acciones de protesta que la comunidad ha llevado a cabo ante la amenaza del proyecto.

Desde el pasado 15 de noviembre Santa cruz de La India fue ocupada por efectivos policiales y miembros de las fuerzas antimotines para intimidar a la población y prevenir la participación de comunidades organizadas que se oponen al proyecto minero en las audiencias del equipo de verificación de la CAO.

Después de la visita del equipo de verificación, miembros de la comunidad reportan la presencia continua de las fuerzas policiales, el allanamiento y registro ilegal de viviendas, y la interrogación ilegal a miembros del movimiento anti-minero.

Uno de los principales afectados está el líder Olman Onel Salazar, miembro del Movimiento Comunal Santa Cruz de La India y del Movimiento Nacional frente a la Minería Industrial -MONFAMI-, y quien se encuentra actualmente en la clandestinidad por amenazas de muerte recibidas a través de redes sociales, persecución sistemática y allanamiento ilegal de morada por parte de los cuerpos de seguridad y acciones de intimidación psicológica contra su familia.

Otros miembros del Movimiento también afectados son: José Flores Valverde, Carolina Hernández Ramírez, Caren Milagro Laguna Sánchez, Rafael Penado Salazar y Nolan Laguna Sánchez.

Como miembros de la Alianza Centro Americana frente a la Minería -ACAFREMIN- manifestamos nuestra preocupación por la persecución sistemática contra defensores ambientales en Nicaragua. Nos preocupa además el incremento sigiloso de la actividad de las empresas mineras que bajo un ambiente de militarización y represión por parte del estado aprovechan para implementar sus proyectos sin los debidos procesos de información y consulta previa a las comunidades afectadas.

Por lo antes expuesto,

• Demandamos que el gobierno nicaragüense retome la ruta de la democratización y garantice la integridad física y psicológica de líderes ambientales que se encuentran bajo estado de persecución por cuerpos represivos del Estado.

• Hacemos un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos para que velen por la seguridad y tranquilidad de las defensoras y defensores ambientales de dicho país.

• Exhortamos a los países accionistas del Banco Mundial demandar que la IFC retire su inversión en Cóndor Gold por su complicidad en la violación de derechos humanos.

¡Sí a la Vida, No a la Minería!
Fuente:http://www.acafremin.org/es/prensa/pronunciamientos/326-nicaragua-defensores-ambientales-de-la-comunidad-de-santa-cruz-de-la-india-temen-por-sus-vidas