El actual senador de MORENA, Napoleón Gómez Urrutia, pretende tomar el caso de la muerte de 65 mineros para legitimarse, dice Cristina Auerbach, directora de la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC) a su paso por Holanda, gracias al programa de Protección a Defensores de derechos humanos, Peace Brigades International.

En la madrugada del 19 de febrero de 2006, colapsaron varios túneles en la mina de carbón Pasta de Conchos, propiedad de Grupo México, la compañía minera más grande del país.

En entrevista exclusiva, la defensora de derechos humanos de la zona carbonífera de Coahuila y directora de OFPC, resume así las causas de la tragedia: “La empresa quería ganar dinero, el Estado quería que vinieran las mineras canadienses y, frente a esos dos factores, lo único que tenían los trabajadores era el sindicato. Y el sindicato no hizo nada para evitar la tragedia de Pasta de Conchos”.

Auerbach ha sido amenazada y golpeada por no abandonar esta lucha que lleva ya doce años; años donde han visto pasar a tres presidentes que no sólo no han hecho nada para llevar verdad y justicia a las familias de los mineros, si no que además el Estado ha combatido legalmente todos los recursos interpuestos por las familias ante diferentes instancias.

De los 65 mineros atrapados, solo recuperaron dos cuerpos; hay 63 familias sin una tumba donde llorar a sus muertos. “Fue una decisión política, no económica”, declaró Auerbach sobre la resolución de no seguir adelante con las tareas de recuperación de los restos.

El caso se hizo muy mediático, recordó; era imposible que pudieran solo recuperar los cuerpos sin que alguien recibiera un castigo. Su manera de eludir su responsabilidad fue detener el rescate. “Cuando sucede la tragedia, México se está abriendo a la inversión extranjera para la extracción y es cuando llegan las empresas canadienses al sur del país y no querían asustarlos”.

En el informe “El carbon rojo de Coahuila”, elaborado por OFPC, se explica que Grupo México mandó a hacer dos peritajes, conocidos por los apellidos de los peritos Wooton y McBride. Ambos peritajes coinciden en que la mina estaba inundada y contaminada con diversos patógenos que hacían el rescate muy peligroso.

El Estado no iba a castigar a la empresa porque se le espantaba la inversión y para evitar que se siguiera hablando del caso el Estado y la empresa utilizaron a grupos de trabajadores para demandar al sindicato y acusarlo de malversación de fondos, explicó, lo cual es una acusación falsa porque el sindicato no necesita robarse a sí mismo, las leyes en México son absolutamente discrecionales. Los sindicatos no están obligados a rendir cuentas, a hacer declaraciones de impuestos, pueden pagar todo en efectivo y nadie supervisa. Acusarlos de que se estaban robando a sí mismos no tenía sentido.

En lo que sucede todo eso, las familias se van quedando solas. “No hubo ningún recurso que interpusiéramos a nivel nacional que no nos combatiera el mismo Estado. Es increíble, pero la Secretaría del Trabajo combatía legalmente a las familias para que se les negara justicia”, comentó la defensora de derechos humanos.

Javier Lozano Alarcón

“La Secretaría del Trabajo, ya con Felipe Calderón y Javier Lozano, dice nosotros vamos a hacer nuestro propio dictamen. Nunca en la historia de la minería del carbón, se ha hecho un dictamen para determinar si rescatas o no. En Pasta de Conchos se inauguró el tema de hacer dictámenes, pero todos los que han muerto después de Pasta de Conchos, nunca hay dictámenes” declaró.

La directora de OFPC apuntó que este dictamen de la Secretaría del Trabajo, dice que las condiciones son muy peligrosas y que no se puede hacer el rescate hasta que se reviertan las condiciones de seguridad. Entonces como no se pueden revertir las condiciones de seguridad porque no se puede entrar, no se puede hacer el rescate. “Nos dejan en el limbo; las familias se quedan solas, con mucha claridad sobre la responsabilidad de la empresa, con mucha claridad de la responsabilidad del estado, pero también del Sindicato Minero.

Rompimiento con el Sindicato Minero

Las familias se agruparon en la OFPC tomando distancia del Sindicato Minero. Cuando sucede el derrumbe en Pasta de Conchos en 2006, la gente ya sabía que la mina estaba en malas condiciones; lo sabía el Sindicato Minero y sin embargo ni la empresa, ni el sindicato, ni la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que supuestamente inspeccionaba la mina, hicieron nada para evitar la tragedia, recuerda Auerbach.

Cuando sucede la tragedia en la mina, el Estado era sumamente tolerante con las empresas mineras para que obtuvieran cada vez más ganancias, aseguró Auerbach. Y en la obtención de ganancias fueron quitando medidas de seguridad a costa de la vida de los trabajadores.

El informe “El carbon rojo de Coahuila”, señala que el siniestro en Pasta de Conchos se debió a la no contención de los riesgos que supone la extracción de carbón, entre los que se encuentran los siguientes.

• Fugas en el circuito de ventilación (documentado desde 2001)
• Falta de “polveo”: impregnar paredes y techos con una mezcla de carbonato de calico y magnesio para disminuir la combustibilidad del polvo de carbón  (documentado en inspecciones en 2000, 2001 y 2004)
• Suficientes soportes y separadores dentro de la mina para evitar su derrumbe
• Uso de equipos de soldadura y corte al interior de la mina

La corrección de estas fallas hubiera significado una pequeña inversión a cambio de la vida de 65 mineros. El propietario de Grupo México, operadora de la mina Pasta de Conchos es Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México y el número 72 a nivel mundial.

Napoleón Gómez Urrutia

Ahora el problema es que regresa Napoleón Gómez Urrutia como senador de Morena, con todo el poder y toda la impunidad que le rodea, y él necesitaba el caso de Pasta de Conchos para legitimarse, porque en cuanto hace su primera rueda de prensa le empiezan a preguntar por el dinero, y él dice, no me pregunten por el dinero, pregúntenme por los 65 mineros de Pasta de Conchos, explicó Auerbach.

Añadió: “Anuncia que va a ir a Pasta de Conchos a abrir el caso y a nosotros nos enoja mucho y empieza un golpeteo muy fuerte en redes sociales porque dicen, muy bien tú vas a venir, y cuando vengas nos traes las pruebas de que hiciste algo. ¿Dónde están las denuncias que hiciste? No tiene nada”.

La directora de OFPC manifestó que tienen la firma del acta de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, integrada por personal de la empresa y del sindicato, de los recorridos que hacían cada mes. El 7 de febrero de 2006, ellos firman el acta diciendo que la mina cumple con las condiciones para operar y el 12 de febrero firman un acta, con la Secretaría del Trabajo, la empresa y el sindicato diciendo que la mina cumple.

“Napoleón creía que nosotros no sabíamos todo esto ni que teníamos estos documentos. Ha sido una embestida muy fuerte, pero afortunadamente habíamos publicado este informe (El carbón rojo de Coahuila) y viene todo un capítulo dedicado al Sindicato Minero. De muy mala leche creo yo, Andrés Manuel anuncia que Napoleón va a ser senador plurinominal el día del memorial de Pasta de Conchos. Se nos hizo una ofensa terrible para las familias”, indicó.

Los Moreira y los Zetas

Los Zetas llegaron a Coahuila cuando llegó Humberto Moreira, comentó Cristina Auerbach. El consejo directivo de la Promotora para el Desarrollo Minero (PRODEMI) fue presidido por el propio gobernador del Estado. Este organismo y la CFE, quien le compraba carbón a la PRODEMI, no pedían que las empresas comprobaran que efectivamente tenían minas de carbón, lo que da lugar a la presunción de que los contratos de carbón son elaborados para que el mismo Gobierno del Estado adjudique contratos para el coyotaje del carbón, como lo señala el informe “EL carbón rojo de Coahuila”.

Tampoco era indispensable presentar la última inspección de las condiciones de seguridad e higiene, ni de condiciones de trabajo, ni de capacitación, ni de que los trabajadores estuviesen afiliados al Seguro Social. También asienta el informe que muchos empresarios mineros atribuían la propiedad de sus minas –muchas ilegales-, a los Zetas, para poder explotar yacimientos que estaban en poblados, y que por lo mismo nunca hubieran podido operar legalmente.

Los empresarios con este tipo de minas se hicieron de un grupo de seguridad que aterrorizaba a la gente para obligarla a callar ante los atropellos o en el peor de los casos, a abandonar sus casas. “Los empresarios, el sindicato, la empresa y el Gobernador eran del PRI, la gente no tenía a dónde acudir”, dijo Cristina.

Esperanza de justicia

El 26 de marzo de este año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le da admisión al caso. Nosotros lo metimos el 17 de febrero de 2010, recuerda Auerbach; ocho años tardó en darle admisión y actualmente representamos a casi mil 100 familiares directos de los mineros.

“Desde 2009 me fui a vivir en la zona carbonífera de Coahuila, porque me di cuenta que después de Pasta de Conchos seguían muriendo. El 6 de agosto de 2009, mueren dos trabajadores en una mina y yo empiezo a leer que la empresa dice que la mina contaba con todas las medidas de seguridad, y empiezo a ver toda la película de Pasta de Conchos de nuevo y me da rabia” dijo.

La Secretaría del Trabajo dijo que había sido una explosión de aire comprimido. No hay aire comprimido adentro de las minas, explicó. “El 7 de agosto estaba yo ahí y fue la primera vez que entré a una mina sin permiso de las empresas. Me metí con un trabajador y estaba desastrosa. Caí en la cuenta de que no bastaba con atender el caso de Pasta de Conchos, si no que había que empezar a acumular lo que estaba sucediendo en esa región. Para noviembre ya estaba viviendo yo allá. Esa vez me disfracé de policía para poder entrar a la mina. Yo conocía al cura del lugar, y el cura a la policía que tenía la mina bajo su resguardo. Después la estrategia fue ir a las minas los sábados en la tarde que no trabajan y hablar con los veladores para que me dejaran entrar y así empecé a conocer las  minas”.

Desde 2006, a diez días de la tragedia, señaló que metieron un reclamo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por violaciones a convenios internacionales, al de salud y al de inspección. En 2009 la OIT respondió que de los 27 alegatos que presentaron tenían razón en 26. “El caso está abierto en la OIT, es un caso del que también habla el sindicato pero no lo firmó el sindicato, lo firmamos nosotros. El sindicato nunca puso ninguna queja”.

La OIT empieza a presional al Estado mexicano para que me reconozca como un interlocutor válido en el tema de la minería del carbón, precisa la defensora de derechos humanos; eso deriva en cuanto se va Lozano, en que la Secretaría del Trabajo me reconozca como experta en la materia y eso hace que las cosas cambien.

“Había pasado que en un pozo murieron 7 trabajadores en una explosión y cuando yo llegué me dice un trabajador es que está muy bien que vengas y documentes todo lo que nos hacen, pero siempre vienes cuando ya estamos muertos. Tienes que venir antes, porque si no, nos matan. Se me hizo fuertísimo” indicó.

“Con cada denuncia yo pido a la Secretaría del Trabajo que se haga una inspección extraordinaria, es decir, no hay que avisarle a la empresa y que me anoten a mi como experta en la materia. Yo voy a las inspecciones y se acabó la corrupción”. Recordó que el primer año corrieron a 14 inspectores, dos delegados y todo el jurídico, porque se dieron cuenta de la corrupción.

“Llegaban a la mina y decían, no tienes salida de emergencia es tanto, no traen equipo de seguridad, es tanto, no tienes medidores de gas, es tanto. Como si fuera un bufet, donde te vas echando comida al plato y al final les decían, tu cuenta es de tanto. Las empresas pagaban la multa a la Secretaría del Trabajo, y ésta les permitía trabajar un año sin volverlas a inspeccionar y por eso moría tanta gente”.

Cuando me reconoce la Secretaría del trabajo le pido que me entregue copia de todas las inspecciones a minas de carbón del año 2006 a 2013, recordó. Nos pusimos a estudiar y aprendimos a inspeccionar. El resultado de eso, es que hemos logrado bajar en 97 por ciento las muertes en las minas de carbón. Parte del reclamo al sindicato es que esto lo hicimos nosotros, no lo hicieron ellos, ellos nunca lo hicieron”, apuntó. El sindicato existe desde 1934 y a los mineros del carbón los registran en el Seguro Social hasta 1972, cuando el Seguro Social existía desde 1943. Para entonces ya habían muerto más de mil 500 mineros del carbón y sin seguridad social las familias no podían reclamar una pensión.

“En ese periodo que trabajó el Sindicato Minero y era el sindicato de las empresas, el que representaba a los trabajadores, murieron casi 800 mineros sin Seguro Social y con la presencia del sindicato muy activa en esa región. Cuando se va Napoleón a Canada acusado de fraude, se hace canadiense y por Skype dirige el sindicato, entramos nosotros a las minas y disminuyen las muertes. ¿Cuántas muertes se pudieron haber evitado si el sindicato hubiera hecho su trabajo?, cuestionó.

Gómez Urrutia dice que es una víctima por defender a los mineros y argumenta que hacía emplazamientos a huelga porque la vida de los mineros corría peligro. “Entonces pedimos al Instituto de Transparencia la información de los emplazamientos en Pasta de Conchos. Él toma posesión como dirigente del sindicato en 2002, en 2003 emplaza en Pasta de Conchos por violaciones al contrato colectivo. Supusimos que era por cuestiones de seguridad, pero era cuando estaba presionando a Grupo México para que le pagara lo de Cananea. Emplazó y hubo huelgas en muchos lugares del país proque era una medida de presión contra Grupo México. Luego se desiste de la huelga. A partir de ahí todas fueron por salario. Por salario nada más, no por las condiciones de seguridad”, manifestó Auerbach.

Cuando viene a México, cree que todos nos creemos el discurso de que él es la víctima, y no. Ha sido una embestida brutal por parte de él. Cristina cuenta que hace unos días empezó a circular en la región carbonífera en Coahuila una foto de un cheque falsificado de Grupo México a su nombre por 350 mil pesos. No trae sellos, no fue cobrado y su nombre está mal escrito. Empiezan a decir que  Grupo México le paga, para no ganarle los casos. “Es un juego sucio, se les acaban los argumentos, no tienen pruebas de nada. Les duelen nuestras acciones; pusimos el antimonumento en febrero de este año frente a la Bolsa de Valores; hemos hecho siete informes sobre la región carbonífera. Ahorita hay una confrontación muy fuerte porque él es senador y necesita el caso de Pasta de Conchos para legitimarse”.

“No se cuántos amparos promovimos, no se cuántas denuncias, nunca se nos otorgó nada. Por eso decidimos llevar el caso a un tribunal imparcial, en este caso la CIDH, porque en México si la Secretaría del Trabajo te está litigando, si el sindicato te está acusando y la empresa dice que el agua tiene enfermedades, no hay manera de que avancemos. Las familias y la región carbonífera están felices por la aceptación del caso porque hay una tradición de recuperar a los muertos. Han muerto más de 3 mil desde que se empezó a sacar carbón y a todos los han recuperado, excepto a un ingeniero inglés en 1973 y a los mineros de Pasta de Conchos. Ambos en proyectos de Grupo México”.

“Nunca se ha castigado a nadie por las tragedias mineras. Queremos un castigo a los culpables y la recuperación de los restos. Yo estoy segura que si las familias no pidieran castigo a los culpables, les entregan los restos, pero se volvió mediático y documentamos que la mina estaba mal que ya no era posible entregar los restos sin que se castigara a los culpables: a la empresa, al Estado, a la Secretaría del Trabajo y al sindicato”, dijo.

La directora de OFPC está satisfecha porque la CIDH admitió el caso porque considera que se violó el derecho a la vida, se violó el derecho a la integridad física, y se violaron los derechos económicos, sociales y culturales. Les pidieron entregar un informe de fondo que incluya a las condiciones de todos los mineros del país. “Ahora resulta que el caso de una mina en Coahuila va a ser un parteaguas porque por primera vez se lleva a juicio a una empresa extractiva mexicana”.

“Nos tienen que entregar los restos y luego nos senatmos a discutir a quienes van a investigar. Tenemos la lista de todos quienes por omisión por negligencia o por comisión generaron ese sufrimiento que como dice la CIDH se mantiene permanente y hasta que se solucione, porque mientras no entreguen los restos de las víctimas, se mantiene la violación a los derechos humanos de las familias. Es urgente que digan que son culpables”.

“Creo que si hay voluntad por parte del presidente electo de atender los casos emblemáticos como el del Ayotzinapa, creo que lo hará con el caso de la guardería ABC y lo hará con el caso de Pasta de Conchos. Yo espero. Es una señal para el país de que hay voluntad y ganas de hacer justicia”, concluyó.

Fuente:http://www.remamx.org/2018/10/napoleon-gomez-urrutia-tendra-que-responder-por-pasta-de-conchos-auerbach/

Oaxaca de Juárez. El diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Manuel García Corpus anunció que presentará la iniciativa de reforma de la “Ley de Minería y general del equilibrio ecológico y protección al medio ambiente”.

Informó que propone se cancelen concesiones a mineras por daño ambiental.

El legislador federal señaló que, de aprobarse su iniciativa, las concesiones se someterán a consulta previa e informada; para que se obligue a las empresas a reparar daños a la naturaleza; además plantea que se permita la asociación de los pueblos con las mineras.

Esta reforma, explicó García, obligaría a las mineras a aportar al desarrollo económico de las comunidades en donde están asentadas; ya que actualmente, no brindan apoyo alguno.

El diputado del PRD expresó que también se abre la posibilidad de que pueda haber sanciones aparte de la reparación del daño; de tipo penal y administrativa por no cumplir acuerdos derivados con la explotación minera.

Fuente:https://www.rioaxaca.com/2018/10/08/anuncia-diputado-del-prd-iniciativa-para-sancionar-a-mineras/

**First Majestic, con sede en Vancouver, Canadá, cuenta con 18 concesiones en México, lo que cubre 2 mil 237 hectáreas. Ha sido acusada de evadir impuestos una vez obtenidos los derechos de explotación.

La minera que derramó cianuro, puso en alerta a Sinaloa debido al riesgo de que la contaminación repercuta en actividades económicas en la región.

El derrame de cianuro al río Piaxtla en San Dimas, Durango, a causa de un supuesto descuido en el cierre de la válvula de una pipa que transportaba el remanente, mantuvo en alerta a activistas por defensa del agua en Sinaloa, durante los meses de marzo, abril y mayo.

Comunidades de Chiapas y Puebla lograron frenar cuatro importantes proyectos mineros a los que venían oponiéndose desde el año 2015 por considerar que violaron sus derechos al no ser consultados cuando se otorgaron las concesiones.

Este domingo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) suspendió de manera total las actividades del proyecto denominado: “Aprovechamiento Integral de Recursos Minerales ubicado en el Ejido Nueva Francia” del municipio de Escuintla, Chiapas. La Profepa decidió sancionar a la empresa minera Obras y proyectos Mazapa SA de CV, extractora de titanio, por carecer de autorización en materia de cambio de uso de suelo de terrenos forestales que expide la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), además de la apertura de brechas y caminos de acceso con una afectación aproximada de 5 mil 629 metros cuadrados, donde se removió suelo y vegetación forestal.

Desde 2015, habitantes de Nueva Francia se unieron al Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS), que se mantiene en resistencia de 21 concesiones mineras promovidas por el Gobierno estatal y federal en los municipios de Acacoyagua y Escuintla.

El Frente conformado por habitantes de los dos municipios afectados se comprometieron a defender la tierra y proteger ecosistemas importantes para la biodiversidad chiapaneca como lo son: los ríos Cacaluta y Jalapa, el Bosque de Niebla de la Reserva de la Biósfera del Triunfo y de los manglares de la Encrucijada.

Los habitantes desde hace tres años han demandado la presencia de la Profepa y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que verificar el impacto ambiental que ocasionan cada una de estas empresas en su territorio.

A tres años de protesta, la Profepa realizó una inspección el 14 de febrero del 2018 a Nueva Francia, en la que constató que el Proyecto no cuenta con autorización en materia de cambio de uso de suelo expedida. Además, observó la afectación de aproximadamente 5 mil 629 metros cuadrados.“Se considera hubo remoción de suelo y vegetación hubo remoción de suelo y vegetación de las especies Tepenahuaste, Laurel (Hormiguillo), Capulín (Prunus salicifolia), Chile Blanco, Castaño (Castanea sativa), Hormiguillo (Cordia alliodora) y Zacate insurgente”, indicó el comunicado.

El Proyecto consta de una superficie de 3.3 hectáreas, dentro de las cuales se llevó a cabo la apertura de brechas o caminos de acceso, con una longitud aproximada de 804 metros y un ancho promedio de 7 metros.

EN PUEBLA AMPARAN A COMUNIDADES

Integrantes del pueblo Maseual (nahua) de la Sierra Nororiental de Puebla obtuvieron un amparo y protección de la justicia en contra de las concesiones mineras Atexcaco I, Atexcaco II y Macuilquila, que afectan principalmente sobre los municipios de Tlatlauquietepec, Yahonoahua y Cuetzalan.

La sentencia, otorgada el pasado 26 de septiembre por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, sienta un precedente importante respecto de la minería en territorios indígenas.De acuerdo con un comunicado difundido por el Centro Nacional de Comunicación Social AC (Cencos), en marzo del 2015 el pueblo Maseual interpuso una demanda de amparo después de varios procesos de reflexión colectiva y por mandato de la Asamblea, que determinó defender el territorio ancestral y por lo mismo reclamar los actos de autoridad.

La decisión de interponer esta demanda de amparo fue por considerar que estos actos de autoridad constituyen una grave violación al derecho del pueblo maseual a la libre determinación y control de su territorio, derechos de los pueblos indígenas consagrados en la Constitución Mexicana y en varios tratados internacionales ratificados por México.

Después de varios años de litigio, el pueblo maseual obtuvo una sentencia favorable donde se le ordena a la Secretaría de Economía (SE): dejar sin efectos las tres concesiones mineras, así como su inscripción en el Registro Público de Minería; llevar a cabo una consulta previa, informada, culturalmente adecuada, y de buena fe; y emitir un nuevo pronunciamiento respecto la procedencia de las concesiones.En septiembre de 2014, tres mil indígenas maseual reunidos en asamblea en la comunidad de Zacatipan, municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla, ejercieron su derecho a la autonomía y encomendaron al Consejo Maseual Altepetajpianij llevar a cabo las acciones necesarias para la defensa del territorio.

Con la asesoría del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), se presentó la demanda de amparo alegando la inconstitucionalidad de la Ley Minera, así como la violación de los derechos del pueblo maseual a la autodeterminación y al control de los recursos naturales por la expedición de las concesiones mineras referidas.

En la sentencia, el Juzgado reconoció tal ejercicio de autodeterminación, junto con los peritajes en antropología, impacto ambiental y topografía y agrimensura, para corroborar el interés legítimo para acudir al juicio de amparo del pueblo Maseual.Con base en el peritaje en impacto ambiental, la Jueza reconoció que la actividad minera “conlleva afectaciones en el ecosistema y sus habitantes, que transitan desde un impacto negativo en la biodiversidad, flora, fauna, en el ciclo hidrológico, sistema hidrogeológico, (subterráneo y superficial), calidad del agua, composición del suelo, agricultura, servicios de aprovisionamiento, de regulación de clima, de crecidas, de inundaciones, de control de erosión, depositación de sedimentos, sequías, regulación de enfermedades, purificación del agua y fertilización de suelos; hasta influencia relevante en la calidad del aire, ruido y modificación de la topografía y del paisaje”.

Indígenas nahuas de la Sierra Norte de Puebla ganaron un amparo que ordena el alto de actividades por parte de tres concesiones mineras ubicadas en los municipios de Tlatlauquitepec, Yahonoahua y Cuetzalan, resolución que, además, sienta un precedente para otras causas similares en el territorio poblano, según información confiada por indígenas consultados.

A través de un comunicado difundido por el Centro Nacional de Comunicación Social AC (Cencos) la noche del pasado domingo, los promotores de esta causa señalaron que el pasado 26 de septiembre, integrantes del pueblo maseual obtuvieron un amparo y protección de la justicia, en contra de las concesiones mineras.

De esta forma, las concesiones mineras Atexcaco I, Atexcaco II y Macuilquila, ya no tienen efecto e los tres municipios ya mencionados, luego de la resolución del juzgado quinto de distrito en materia de amparo civil, administrativa y de trabajo y de juicios federales en el estado de Puebla, que concedió el amparo y protección de la justicia al pueblo maseual.

La sentencia ordena a la Secretaría de Economía dejar sin efectos las tres concesiones mineras, así como su inscripción en el Registro Público de Minería; también ordena llevar a cabo una consulta previa, informada, culturalmente adecuada, y de buena fe; y, por último, emitir un nuevo pronunciamiento respecto la procedencia de las concesiones.

En la sentencia, el juzgado reconoció el ejercicio de autodeterminación, junto con los peritajes en antropología, impacto ambiental y topografía y agrimensura, para corroborar el interés legítimo para acudir al juicio de amparo de la comunidad de la Sierra Norte de Puebla.

Asimismo, con base en el peritaje en impacto ambiental, la jueza reconoció que la actividad minera “conlleva afectaciones en el ecosistema y sus habitantes, que transitan desde un impacto negativo en la biodiversidad, flora, fauna, en el ciclo hidrológico, sistema hidrogeológico, (subterráneo y superficial), calidad del agua, composición del suelo, agricultura, servicios de aprovisionamiento, de regulación de clima, de crecidas, de inundaciones, de control de erosión, depositación (sic) de sedimentos, sequías, regulación de enfermedades, purificación del agua y fertilización de suelos; hasta influencia relevante en la calidad del aire, ruido y modificación de la topografía y del paisaje”.

Desde marzo del 2015 el pueblo maseual interpuso esta demanda de amparo después de varios procesos de reflexión colectiva, que determinó defender el territorio ancestral y por lo mismo reclamar los actos de autoridad.

La decisión de interponer esta demanda de amparo fue por considerar que estos actos de autoridad constituyen una grave violación al derecho del pueblo maseual a la libre determinación y control de su territorio, derechos de los pueblos indígenas consagrados en la Constitución Mexicana y en varios tratados internacionales ratificados por México.

«Este fallo judicial deja en claro que el marco jurídico de la minería en México debe ser revisado y modificados, pues es imprescindible que: se garantice la autonomía de los pueblos indígenas y comunidades equiparables y no se interfiera con el control cultural de los recursos naturales tradicionalmente manejados”, destacó la fuente.

Fuente:https://www.elpopular.mx/2018/10/01/municipios/logran-pueblos-frenar-proyectos-de-mineras-190713

La empresa minera Candelaria Mining Group podría aprovechar el “vacío de poder” para buscar el permiso que le permita la explotación minera en Veracruz, denunció el integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativa y Defensa Ambiental (La Vida), Guillermo Rodríguez Curiel.

El activista ambiental Guillermo Rodriguez señaló que la empresa canadiense aprovecharía el tiempo del cambio de administración para que su trámite pase desapercibido y no sea suspendido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

La empresa realizó una solicitud – mediante una de sus filiales- para la barrendación y búsqueda de este mineral

“Ingresas la solicitud y corre la ley a partir de eso, y en ese tránsito es que se puede dar un albazo y que nos levantemos con la sorpresa de que el actual secretario de SEMARNAT firme para entregar todos los bienes como lo hizo Peña Nieto con los decretos del agua”, aseguró.

Esto luego de conocerse que la empresa Roca Verde Exploración de México SA de CV, filial de Gold Group, solicitó a SEMARNAT un permiso para la barrendación en búsqueda de oro en el municipio de Las Minas.

Además recordó que en dos ocasiones la sociedad civil, científicos, académicos e incluso la iglesia católica han mostrado que Veracruz no es viable para los trabajos de minería, pues en la zona que se pretende instalar existe una biodiversidad de 350 especies de flora y fauna.

El cabildo de Alto Lucero mencionó que tampoco darán facilidades para la explotación con fines de lucro de agua

Aunado a ello 17 municipios veracruzanos se han pronunciado libres de minería tóxica, además se está en espera que otros tres ayuntamientos se sumen a esta causa.

En el mismo sentido, mencionó que el próximo 4 de octubre se reunirán con el gobernador electo, Cuitláhuac García Jiménez para solicitarle que toda la entidad se pronuncie libre de minería tóxica.

Una de las voces que se han declarado en contra de la explotación minera es el escritor y periodista Juan Villoro, quien criticó a los gobiernos locales, quienes aseguró, son cómplices de las empresas norteamericanas al permitir su establecimiento en zonas que dañan a la naturaleza a cambio de ganancias a corto plazo, pero «terribles para el futuro».

Fuente:http://www.e-veracruz.mx/nota/2018-09-30/ecologia/mineras-aprovecharian-transicion-para-obtener-permisos-de-semarnat

Integrantes del Pueblo Maseual (nahua) de la Sierra Nororiental de Puebla obtuvieron un amparo y protección de la justicia en contra de las concesiones mineras Atexcaco I, Atexcaco II y Macuilquila, que inciden principalmente sobre los municipios de Tlatlauquietepec, Yahonoahua y Cuetzalan; informó Altepetajpianij Consejo Maseual.

El Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla concedió el pasado 26 de septiembre la protección de la justicia a las comunidades de esa región, lo cual sienta un precedente importante respecto de la minería en territorios indígenas.

En marzo del 2015, el Pueblo Maseual interpuso dicha demanda de amparo después de varios procesos de reflexión colectiva y por mandato de la Asamblea, que determinó defender el territorio ancestral y por lo mismo reclamar los actos de autoridad.

La decisión de interponer esta demanda de amparo, fue por considerar que estos actos de autoridad constituyen una grave violación al derecho del pueblo maseual a la libre determinación y control de su territorio, derechos de los pueblos indígenas consagrados en la Constitución Mexicana y en varios tratados internacionales ratificados por México.

Después de varios años de litigio, el pueblo maseual obtuvo una sentencia favorable donde se le ordena a la Secretaría de Economía:

(I) dejar sin efectos las tres concesiones mineras, así como su inscripción en el Registro Público de Minería;

(II) llevar a cabo una consulta previa, informada, culturalmente adecuada, y de buena fe; y,

(III) emitir un nuevo pronunciamiento respecto la procedencia de las concesiones.

En septiembre de 2014, tres mil indígenas maseual reunidos en asamblea en la comunidad de Zacatipan, municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla, ejercieron su derecho a la autonomía y encomendaron al Consejo Maseual Altepetajpianij llevar a cabo las acciones necesarias para la defensa del territorio.

Con la asesoría del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), se presentó la demanda de amparo alegando la inconstitucionalidad de la Ley Minera, así como la violación de los derechos del pueblo maseual a la autodeterminación y al control de los recursos naturales por la expedición de las concesiones mineras referidas.

En la sentencia, el Juzgado reconoció tal ejercicio de autodeterminación, junto con los peritajes en antropología, impacto ambiental y topografía y agrimensura, para corroborar el interés legítimo para acudir al juicio de amparo del Pueblo Maseual.

Con base en el peritaje en impacto ambiental, la Jueza reconoció que la actividad minera:

“conlleva afectaciones en el ecosistema y sus habitantes, que transitan desde un impacto negativo en la biodiversidad, flora, fauna, en el ciclo hidrológico, sistema hidrogeológico, (subterráneo y superficial), calidad del agua, composición del suelo, agricultura, servicios de aprovisionamiento, de regulación de clima, de crecidas, de inundaciones, de control de erosión, depositación de sedimentos, sequías, regulación de enfermedades, purificación del agua y fertilización de suelos; hasta influencia relevante en la calidad del aire, ruido y modificación de la topografía y del paisaje”.

Para el Consejo Maseual “la sentencia sienta un precedente importante respecto a la minería en territorios indígenas”.

Los defensores de los pueblos indígenas  señalaron que “el marco jurídico de la minería en México debe ser revisado para garantizar la autonomía de los pueblos indígenas y comunidades equiparables y para no interferir con el control cultural de los recursos naturales tradicionalmente manejados”.

Subrayaron que este “fallo judicial deja en claro que el marco jurídico de la minería en México debe ser revisado y revisado, pues es imprescindible que:

1.- Se garantice la autonomía de los pueblos indígenas y comunidades equiparables;

2.-No se interfiera con el control cultural de los recursos naturales tradicionalmente manejados”.

Igualmente este fallo “se una a otras decisiones del Poder Judicial de la Federación, que han contribuido a la construcción del Estado pluricultural en México y que los poderes Legislativos y Ejecutivos están llamados a atender”; precisaron.

Fuente:https://regeneracion.mx/ganan-amparo-contra-mineras-en-sierra-norte-de-puebla/

México es una excepción en el mundo. Alrededor de 50% de su territorio nacional es compuesto por propiedad colectiva, o sea, tierras ejidales o comunales. “Esta proporción no se repite en ningún otro país del mundo. El país que más se acerca a México es Bolivia, que tiene 33% de propiedad social”, aclara para Avispa Midia la abogada Claudia Gómez Godoy, especialista en Derechos Humanos y Pueblos Indígena e integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

“La función de los ejidos y comunidades no es solamente para la producción de alimentos sino como lugares de residencia y sustento de las poblaciones indígenas y campesinas, así como espacios de reproducción cultural, identitaria y de organización político-administrativa”, así describe el Informe llamado Jurisdicción Agraria y los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y Campesinos en México, que tiene como coautora a Godoy.

La figura de los ejidos y de las comunidades surgieron en México con el reparto agrario impulsado tras la lucha revolucionaria iniciada en 1910 y nacieron con el carácter inalienable, intrasmisible, imprescriptible, inembargable e indivisible.

La protección a la propiedad social empezó a vulnerarse en 1992, con la reforma del artículo 27 de la Constitución mexicana que rige los bienes y recursos de la nación, incluyendo la tierra, el subsuelo y las aguas. La reforma tuvo varios objetivos, entre ellos finalizar el reparto de tierras vía la reforma agraria iniciada en 1915 tras la revolución mexicana. La argumentación para la titulación parcelaria de las tierras se basó en ofrecer la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra.

La abogada especializada Godoy asume que las leyes y políticas del Estado mexicano, llevadas a cabo desde entonces, están promoviendo la privatización de las tierras.

“Cuando en 1992 se hace la reforma al artículo 27, se le quita la protección a una de estas formas de propiedad colectiva, la ejidal. Y se queda solamente con una protección especial la propiedad comunal”, explica Godoy.

La principal herramienta de la privatización, prevista por la Ley Agraria, son los programas de certificación de las tierras, del gobierno federal, inicialmente llamado Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede).

Tanto Godoy como el abogado Armando Cruz Cortés de Tequio Jurídico AC en Oaxaca, afirman de forma separada para Avispa Midia, que estos programas de privatización de la tierra tienen un objetivo claro y amañado. “Se hace un censo de los ejidatarios. Se delimita la superficie general del ejido; se otorga un plan general; se hacen las parcelas y se le da a los ejidatarios su certificado de derecho parcelario; parcelan los solares y se entrega un titulo sobre el solar. Cuando ya se otorgó a todos un certificado de derecho parcelario, un titulo, es común que se provoque una asamblea para que la propia comunidad termine pidiendo que se les otorgue el dominio pleno”, explica Cruz.

El dominio pleno lo que hace es deshacer el ejido y fragmenta la parcela en una propiedad privada. “La cuestión es que percibimos mucha desinformación entre los ejidatarios sobre lo que de verdad significa declarar dominio pleno”, sostiene el abogado.

El objetivo del programa de certificación es facilitar la entrada en los territorios indígenas y campesinos a los proyectos extractivistas. “A estos proyectos les interesan negociar con individuos. No es lo mismo combatir una asamblea, que tiene una propiedad colectiva, a tener que hablar con un individuo que tiene propiedad privada, que puede vender su tierra fácilmente. La asamblea pierde su importancia”, señala el abogado Cruz.

Godoy aclara que el programa de certificación es voluntario, o sea, los ejidatarios no son obligados a hacerlo y, además, no necesariamente se tienen que ajustar a todos los recursos determinados por los diversos programas de regularización de la tierra. “Un ejemplo es que pueden delimitar las tierras del ejido en su conjunto para tener la limitación definida con comunidades vecinas, pero pueden decidir no parcelar las tierras internamente en el ejido. Otro ejemplo es que pueden parcelar la tierra, pero pueden decidir no declarar el dominio pleno”, dice Godoy.

Otorgar dominio pleno, explica el abogado, significa que el certificado que tienen registrado en el Registro Agrario Nacional (RAN) se cancela porque ya no es propiedad agraria y pasa a ser propiedad privada. Entonces la tierra que esta registrada en el registro publico de la propiedad pierde su carácter. “Así ya empiezan a cobrar impuestos sobre ella. Entonces ya se puede notoriar esta escritura. Ya no es un asunto agrario, pasa a ser propiedad privada”, explica. “Todo este proceso es hecho de forma voluntaria por los ejidatarios, que muchas veces no tienen plena conciencia de las consecuencias.

Una vez convertidas las tierras colectivas en propiedad privada, pierden competencia en los tribunales agrarios, que son los facultados para los temas de propiedad colectiva agraria. “Entonces, en caso de inconformidad, todo lo van a tener que resolver individualmente con un juez mixto de primera instancia o juez civil. Los indígenas y campesinos van a necesitar un abogado civilista, que cobra mucho y esto los pondrá en desventaja frente a los megaproyectos, porque ellos tienen un ejercito de abogados”.

Las comunidades

Las tierras comunales continúan con protección especial, o sea, no se puede vender o usar para prestamos. “La comunidad para llegar a un dominio pleno de la tierra comunal primero tendrán que convertirla en un ejido. Así lo plantea la Ley Agraria, como también plantea la posibilidad de que un ejido puede volverse comunidad”, explica Godoy.

Diferencia entre tierras comunales y tierras ejidales

Las formas de acceso a la tierra para grupos campesinos e indígenas en el marco de la reforma agraria (1915 y 1992), de acuerdo con el Informe, eran:

> Restitución, Reconocimiento y conformación de tierras: El derecho a las tierras comunales tiene su origen en la época colonial cuando por disposición de la Corona española, las poblaciones indígenas adquirieron derecho sobre las tierras donde se encontraban asentadas. El artículo 27 de la Constitución de 1917, promovió la restitución de tierras para aquellos que demostraran haber sido despojados de sus legítimos derechos. Para ello, debían presentar los títulos de propiedad otorgados durante el periodo colonial, así como demostrar su despojo durante el periodo de las Leyes de desamortización o “leyes Lerdo” (1857-1910). Esta vía fue un proceso complicado y de imposible cumplimiento para muchos pueblos. En 1934 se incorpora al Código agrario, la acción agraria de reconocimiento y confirmación de aquellas comunidades de hecho a fin de darles certeza jurídica sobre sus posesiones (la acción agraria se conoce como reconocimiento y titulación de bienes comunales). La forma legal de tenencia obtenida a través de la restitución y reconocimiento de tierras fue la de bienes comunales o comunidad.

>> La dotación de tierras: Es la acción mediante la cual se otorgaba tierras a los núcleos de población carentes de estas. Para la dotación de tierras era requisito formar un grupo de al menos 20 campesinos que cumplieran con los siguientes requisitos: para los hombres era necesario ser mayor de edad, mexicano y campesino, para las mujeres ser jefa de familia, mexicana y campesina. La gestión podía tardar varios años ya que la solicitud pasaba por distintas instancias gubernamentales y el Presidente de la República tenía que firmar la resolución definitiva. La forma legal de tenencia, es el ejido.

La vía de restitución fue un proceso complicado y de difícil cumplimiento, que en términos de control político no fue de interés para el Estado, de ahí que la mayoría de pueblos que iniciaron sus peticiones en términos de restitución, recibieron ejidos en dotación. “Por eso es que tenemos muchos pueblos indígenas en tierras privadas o ejidales”, explica Godoy.

Entre 1916 y 1980 solo el 17% de las solicitudes de restituciones fueron concedidas, lo cual contrasta con el 79% de solicitudes de dotación ejidal otorgadas, de acuerdo con el Informe.

¿Cómo evoluciona el Procede?

La mayoría de los que entraron al Procede – lo que representa 92% de los núcleos agrarios del país – no llegaron al Dominio Pleno, no se volvieron propiedad privada.

“Entraron solamente para medir su perímetro y hacer el censo de ejidatarios. Muchos de los que entraron no parcelaron, se mantuvieron con la propiedad de uso común. Otros entraron al Procede a penas para delimitar la tierra con sus vecinos y al interior de la comunidad se quedo todo como uso común”, explica Godoy.

Según el Registro Agrario Nacional (RAN), afirma el abogado de Tequio Juridico, el porcentaje de dominio pleno apenas es el 1,2%. “Eso es alentador porque no han cumplido con el programa de certificación. Pero sí hay que quedarse alerta pues nada impide que todavía lleguen al dominio pleno, sobre eso van y no van a descansar hasta que todas las tierras colectivas pasen a ser privadas”.

El abogado alerta que el programa RRaja, implementado a través de la Procuraduría Agraria, está presionando muy fuertemente a las asambleas y a las comunidades para que acepten el programa. “Hay que hacer frente a la Procuraduría Agraria. Su función es de acompañamiento estrictamente social, es decir, de orientar, acompañar, asesorar el campesino. No de imponer un programa como ese, que va a poner en riesgo la integralidad de sus tierras”.

“Una opinión extendida entre comunidades, organizaciones de sociedad civil y usuarios en general, es que estas instituciones han dado un giro en cuanto a su propósito institucional hacia el impulso y protección de la propiedad privada de las nuevas inversiones nacionales o extranjeras sobre la tierra agraria en México”, corrobora el informe.

¿Voluntarias?

Numerosas organizaciones campesinas e indígenas denunciaron la implementación forzada del Procede. A pesar de que en su estatuto la participación en el Procede se presentaba como “libre y voluntaria”, en la realidad, el programa establecía cierta obligatoriedad al generar restricciones en el acceso a programas de desarrollo rural, en particular provenientes de la Secretaria de Agricultura Federal (Sagarpa), y de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Efectos negativos

El Informe especifica una serie de efectos negativos con el Procede. “Estos efectos fueron identificados por múltiples académicos y activistas: conflictos, en ocasiones violentos entre ejidos y comunidades que surgieron al proponerse trazar los límites entre núcleos agrarios vecinos, sobre todo en los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero; la parcelación de tierras de uso común con cubierta forestal y el consecuente proceso de deforestación; la fragmentación de la unidad de dotación que conllevó hacia un mayor minifundismo; la acumulación de tierras o formalización de la acumulación de estas por caciques o acaparadores locales y el debilitamiento de la asamblea ejidal como órgano de gobernanza local”.

Y más: “En ciertos contextos donde el valor de la tierra es alto, en particular en ejidos y comunidades idóneos para el desarrollo urbano y turístico, el Procede permitió la incorporación de empresarios que no eran residentes de los ejidos”.

La certificación individualizada de las tierras ejidales ha generado un “nuevo mercado de tierras ejidales en el que participan empresarios foráneos. Este mercado, aunque legalmente permitido, significa el despojo del patrimonio comunitario principalmente para las mujeres, jóvenes y niños residentes de los ejidos y comunidades que no tienen derecho a participar en la toma de decisiones sobre el destino de las tierras ejidales y comunales, que por lo general son poco beneficiados de los ingresos monetarios obtenidos con la venta de tierras”, señala el informe.

Fuente:http://movimientom4.org/2018/09/alertan-abogados-estrategias-de-privatizacion-de-tierras-colectivas-en-mexico/