Habitantes de los poblados La Astilla y El Mameycito, en la zona limítrofe entre Jalisco y Colima, denunciaron que la minera pretende desalojarlos con ayuda de la policía
Instalaciones de la minera Peña Colorada. Foto: Especial
Por Pedro Zamora Briseño
31/10/2020
COLIMA, Col. (proceso.com.mx).– Representantes de comunidades indígenas de la Sierra de Manantlán denunciaron que los poblados La Astilla y El Mameycito, ubicados en la zona de conflicto limítrofe entre Jalisco y Colima, se encuentran desde hace más de un año bajo el asedio de la minera Peña Colorada, que pretende desalojarlos con apoyo policiaco del gobierno de la segunda entidad.

En una diligencia realizada en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) con motivo de la queja 609/2019, habitantes de esa región expusieron situaciones que consideraron violatorias de sus derechos por parte de la empresa, así como de los gobiernos del municipio de Minatitlán y del estado de Colima.

Inicialmente la queja había sido presentada el 28 de octubre de 2019 por la Red Jalisciense de Derechos Humanos (RJDH) ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero este organismo determinó que el asunto es competencia de la CDHEC y le canalizó el expediente.

Después de pedir el informe a las autoridades señaladas como responsables, la comisión estatal citó a los quejosos a la audiencia de vista, donde el visitador Pedro Alejandro Mejía Chávez les dio a conocer el informe justificado rendido por el gobierno estatal y la Dirección de la Policía Estatal Acreditable (PEA).

A través de los documentos, el gobierno estatal negó que elementos de la PEA hayan participado en los actos violatorios de los derechos humanos señalados en la queja suscrita por el presidente de la RJDH, Óscar González Garí, quien fue exhortado a aportar más datos, como números de placas de circulación o números de identificación de las unidades policiacas que habrían participado en los hechos.

Los representantes de las comunidades estuvieron acompañados por el representante legal del Consejo Autónomo de Autoridades Nahuas “Tenamaxtla” de Ayotitlán (CAANTA), Fermín Flores Elías, y por el presidente del Frente Regional Pro Manantlán y Cuenca del Marabasco (Fremmar), Mario Ciprián Flores.

Durante la diligencia ante la CDHEC, el visitador Mejía Chávez preguntó a los asistentes si estaban de acuerdo con la respuesta de la autoridad señalada como responsable, a lo que aquellos expresaron su desacuerdo.

Mario Ciprián argumentó que las patrullas de la Policía Estatal de Colima habían ingresado hasta el crucero de Cerro Prieto, aproximadamente a un kilómetro de la comunidad La Astilla, y rememoró que estas incursiones han sido comunes en los últimos años, como cuando en 2007, en el contexto del conflicto limítrofe, fueron detenidos temporalmente siete ejidatarios de la comunidad Plan de Méndez por parte de agentes de la Procuraduría General de Justicia de Colima, sin que se abriera un expediente.

Fermín Flores leyó un documento dirigido al presidente de la CDHEC, Sabino Hermilo Flores Arias, en el que señaló que desde el año pasado las localidades nahuas de El Mameycito y La Astilla se encuentran amenazadas por el Consorcio Minero Peña Colorada, que “sentenció que los desalojaría, sin tomar en cuenta que los campesinos nahuas hace siglos habitan diversos poblados que forman parte del estado de Jalisco y de la Sierra de Manantlán”.

Añadió que, en febrero de 2020, la minera “empezó a hacer la tala a matarraza de las áreas forestales de ambas localidades y la apertura de caminos para maquinaria pesada”, con “apercibimientos por el personal minero a la población indígena de que no podrían seguir realizando las actividades en sus parcelas y potreros, lo que en conjunto representa un proceso de desplazamiento forzado y cuya atención y solución compete a instancias federales relacionadas con la expedición de permisos de cambio de uso de suelo, concesiones mineras, impactos ambientales, protección del ambiente, derechos agrarios, entre otros”.

Suscrito por pobladores de La Astilla y El Mameycito, así como de las organizaciones que los respaldan, el documento consideró necesario que la CDHEC se pronuncie sobre “las cuestionables y hostiles actuaciones de la Policía Estatal contra la población indígena y sobre los procedimientos amañados de las autoridades ministeriales estatalescontra indígenas asentados en el área de conflicto territorial entre los estados de Colima y Jalisco”.

Así también, pidió que se investigue “el impedimento por la fuerza de la realización de obras y prestación de servicios públicos a la población indígena en la zona en litigio por las autoridades del estado de Jalisco para imponer en su lugar obras y servicios por parte del estado de Colima con el fin de aparentar legalidad de la imposición de actos de autoridad en la zona de conflicto”.
https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2020/10/31/habitantes-de-la-sierra-de-manantlan-denuncian-asedio-de-minera-pena-colorada-251913.html

26/10/2020 | por Otros Mundos AC
La Escuela Popular Ejidal y Comunal, reunida en el Centro Ecológico Alter Natos los días 20 al 23 de octubre de 2020, los ejidatarios y ejidatarias, comuneros y comuneras de diversas regiones de Chiapas, analizamos la situación de nuestros núcleos agrarios que pretenden ser disputados por muchos megaproyectos que amenazan nuestros Ejidos y Bienes Comunales. Los proyectos mineros, las represas, las súper carreteras, los pozos petroleros, el fracking, los gasoductos, las plantaciones de palma de aceite, los aeropuertos, los puertos marítimos, el Tren Maya, en Canal Interoceánico, las refinerías, entre otros, se abalanzan como buitres tras nuestros territorios de vida.

Ya que el 65% del territorio chiapaneco es propiedad colectiva, ejidal y comunal, seguimos siendo un estorbo para los intereses y megaproyectos neoliberales que durante la pandemia pretendieron avanzar aprovechando el confinamiento de la resistencia. Sin embargo, estamos aquí de nuevo, resistiendo y construyendo futuro para nuestros pueblos. La unidad y la fuerza de los núcleos agrarios serán un ingrediente fundamental para la defensa de nuestros territorios.

Por ello, frente a la amenazas que vivimos los ejidatarios, ejidatarias, comuneros y comuneras, manifestamos que

Nos solidarizamos con los ejidatarios y ejidatarias del Ejido Carrizalillo, Guerrero, por su resistencia en la defensa de su territorio ante los abusos e incumplimientos de la empresa minera canadiense que contamina sus aguas, viola el contrato firmado y que de no cumplirlos, nos sumamos a las demandas del Ejido de que abandonen sus tierras y exigimos todavía más, que abandonen el país.
A las autoridades agrarias exigimos que en el Municipio de Oxchuc, Chiapas, aceleren el proceso de cambio de nuestras autoridades de los bienes comunales a través de la “mano alzada” de las 132 Comunidades respetando nuestros usos y costumbres, y no por medio de urnas violentando nuestros derechos como comuneros. Denunciamos que hemos agotado todas las instancias como la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional sin respuesta.
Exigimos la liberación de los compañeros ejidatarios César Hernández Feliciano y José luis Gutiérrez Hernández detenidos arbitrariamente durante una manifestación pacífica en el Crucero Temó, Chilón.
Exigimos al Presidente Municipal de Chilón que respete los derechos y la autonomía de la Asamblea General de los ejidatarios.
Exigimos la cancelación inmediata de la construcción del Cuartel de la Guardia Nacional en el Ejido San Sebastián, Bachajón, Chilón.
Exigimos a las autoridades competentes el reconocimiento del comisariado Vicente Silvano Gutiérrez del Ejido San Jerónimo, Bachajón.
La Voz del Pueblo de la Región Costa, Llanura y Sierra de Chiapas rechazamos la construcción de presas y minas en la región. Y exigimos el respeto a los territorios de los núcleos agrarios de la región.
Exigimos la anulación de la supercarretera que atravesará territorios de los núcleos agrarios del municipio San Juan Cancuc, entre otros.

¡BASTA DEL DESPOJO A LOS TERRITORIOS EJIDALES Y COMUNALES! ¡POR EL RESPETO A LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS! ¡POR TERRITORIOS LIBRES DE MEGAPROYECTOS NEOLIBERALES!

Área de Comunicación de
Otros Mundos A.C.
San Cristóbal de las Casas; Chiapas, México

19/10/2020
Imagen referencial

Agentes del Servicio Federal de Protección (SPF) de México formarán una nueva fuerza policial cuyo único propósito será mantener seguras las operaciones mineras del país.

La nueva corporación policíaca ya se desplegó el domingo en un importante complejo minero del norte del país.

“El crimen organizado se ha convertido en una amenaza para el sector minero. Este evento representa una esperanza de tranquilidad para los empresarios”, dijo el jefe de la corporación, Manuel Espino, durante un acto en la mina de oro La Herradura, donde fueron desplegados 120 oficiales.

La Herradura, de minera Fresnillo, se encuentra en el norteño estado Sonora y es considerada actualmente la principal productora de oro del país.

Los agentes estarán dedicados al resguardo de las instalaciones mineras y sus trabajadores, así como a la vigilancia del traslado de minerales en donde sea requerido por las empresas del sector.

Según el diario El País, en las próximas horas se espera el lanzamiento oficial del grupo, con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Economía y la Cámara de Minería de México todos involucrados en el evento.

Inicialmente, a la nueva fuerza se unirán 118 oficiales del SPF que recibieron capacitación especial sobre la seguridad de las operaciones mineras en setiembre. El plan es, eventualmente, contar con un equipo de al menos 1000 personas para satisfacer la demanda de las empresas mineras.

La decisión de centrarse en el sector minero sigue a incidentes recientes en los que bandas delictivas, normalmente relacionadas con los cárteles de la droga, entraron en varias operaciones y robaron cantidades considerables de oro y plata.

Entre los incidentes más recientes y notorios se encuentran el robo de abril en la mina de oro Mulatos de Minera Alamos también en Sonora, y el ataque de marzo a las minas del estado de Fresnillo en Sonora, con muy pocos detalles proporcionados por la Asociación de Mineros de Sonora. Solo cinco meses antes de este ataque, un camión que viajaba desde la mina Noche Buena de Fresnillo en Sonora fue atravesado por criminales armados que robaron entre USD 6 millones y USD 8 millones en barras doré.
Fuente: Reuters
https://www.mineria-pa.com/noticias/mexico-crea-nueva-fuerza-policial-para-proteger-operaciones-mineras/

En Coatepec se manifestaron en defensa del Bosque de Niebla. En tanto en Plaza Lerdo de Xalapa se realizaba otra protesta en contra de la minería a cielo abierto en la zona aledaña a la planta nuclear de Laguna Verde.
Comparte esta noticia
Protectores del medio ambiente salieron a manifestarse a los municipios conurbados de Coatepec y Xalapa. (Isabel Zamudio)
Veracruz 10/10/2020
Ciudadanos y ambientalistas realizaron una manifestación en Coatepec, Veracruz, en defensa del Bosque de Niebla. En tanto en Plaza Lerdo de Xalapa se realizaba otra protesta en contra de la minería a cielo abierto en la zona aledaña a la planta nuclear de Laguna Verde.

Protectores del medio ambiente salieron a manifestarse a los municipios conurbados de Coatepec y Xalapa por diferentes motivos pero el mismo fin, evitar mayores daños a la naturaleza por cuestiones económicas.

En el parque Miguel Hidalgo de Coatepec, ciudadanos se plantaron para demandar la intervención de las autoridades municipales, estatales y federales para solucionar de una vez el problema de destrucción del bosque por las invasiones de terrenos en la sierra alta.

«No sólo se causa daño ambiental, sino que se pone en peligro el suministro de agua a la región», indicaron.

Integrantes de organizaciones diversas como la Central Independiente de Obreros y Campesinos han invadido terrenos que pretenden legalizar, a pesar de qué tienen dueños.

«Físicamente hay cuatro terrenos invadidos, dos mil hectáreas que pretenden deslindar», dijeron.

En Xalapa integrantes de organizaciones ambientalistas demandaron al Gobierno Federal y estatal parar la explotación de las minas en los municipios de Actopan y Alto Lucero, cerca de la planta núcleo eléctrica de Laguna Verde.

Allí empresas nacionales y extranjeras han hecho de las suyas en minas como Caballo Blanco, a pesar de la promesa gubernamental de no permitir la minería y el uso de explosivos.

Miembros de La Asamblea de Iniciativas y Defensa Ambiental (LA VIDA), se plantaron frente a Palacio de Gobierno para hacerse escuchar; piden el decreto con que se establezca la protección de la zona.
https://www.milenio.com/estados/ambientalistas-realizan-manifestaciones-en-coatepec-y-xalapa

07/10/2020
Lo anterior luego de que el arzobispo Hipólito Reyes Larios hiciera un llamado a la población para estar atentos y vigilantes para evitar la minería tóxica en el estado
Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa
Ariadna García | Diario de Xalapa
Xalapa, Ver.- En la Catedral Metropolitana de Xalapa fue colgada una lona con la leyenda “AMLO y CGJ no a las minas. #Vida o Mina. Pueblos de Veracruz”.
Lo anterior luego de que el arzobispo Hipólito Reyes Larios hiciera un llamado a la población para estar atentos y vigilantes para evitar la minería tóxica en el estado.

Local
Arzobispo de Xalapa llama a luchar contra la minería tóxica

Ambientalistas están convocando a una concentración el próximo sábado 10 de octubre en Plaza Lerdo a las 10 horas para defender la naturaleza.

Dijeron que en la zona del centro del estado, en los municipios de Actopan y Alto Lucero, a escasos 3 kilómetros de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, una empresa candiense-mexicana pretende desarrollar un proyecto minero a cielo abierto para la explotación de un yacimiento de oro conocido como Caballo Blanco hoy denominado El Cobre y La Paila, cuya fase de exploración está por concluir.

El área de influencia de esta mina es particularmente importante por su gran diversidad biológica y ecosistémica, su riqueza cultural y arqueológica así como su topografía de montañas, playas y planicies que son sustento de la economía de muchas comunidades campesinas.

Agregaron que colectivos, obispos, párrocos, el gobernador del estado, diputados federales y locales, senadores, así como 87 comunidades entre otros, han demostrado que en Veracruz la minería en inviable ya que representa un atentado contra el medio ambiente y el derecho de los pueblos a una vida digna.

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/colocan-manta-en-catedral-de-xalapa-para-decir-no-a-la-mina-veracruz-actopan-5857673.html

Fabiola Martínez y Alonso Urrutia | martes,
06/10/2020
mina Buenavista del Cobre, en Sonora. Foto Cristina Gómez Lima / ArchivoCiudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que su gobierno acatará la resolución judicial del conflicto entre el sindicato minero y el Grupo México, cuyo propietario, Germán Larrea, señaló, tuvo influencias en administraciones anteriores.

“Quiero recordar que este fue un diferendo, una disputa que se origina hace como 15 años, aproximadamente. Básicamente es una diferencia entre la dirección del sindicato y las empresas mineras; para ponerle nombre y apellido, diferencias, falta de entendimiento, entre Germán Larrea y Napoleón Gómez Urrutia. En ese entonces tenía más agarraderas, más influencias, Germán Larrea. Los empresarios de la minería llegaron a tener hasta una subsecretaría, en la Secretaría del Trabajo”, dijo.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, a pregunta expresa, destacó que el conflicto está aun en tribunales, en un proceso abierto.

«Todavía, al parecer, esa es la información que yo tengo, me lo acaban también de plantear en Sonora, todavía está sin resolverse en definitiva este asunto. Entonces, si hay un mandato judicial para que se actúe, lo vamos a hacer», dijo.

Explicó que al inicio de ese conflicto “le ganaron a Napoleón”, quién debió exiliarse en Canadá.»Esa es la historia».

Ante ello, el mandatario subrayó que así no deben solucionarse las diferencias sino a partir de lo que determine el Poder Judicial, cuyas resoluciones aun no son definitivas, anotó.

“Tenemos que esperar a que haya un laudo, que la autoridad dé su laudo. Vemos, pero todavía al parecer, esa es la información que yo tengo, todavía está sin resolverse en definitiva este asunto”, dijo el presidente, sobre diversos temas tratados en su reciente visita a Sonora y Chihuahua.

Recordó que desde tiempo de campaña electoral, un grupo de trabajadores se le acercaron para plantearle que era una injusticia el exilio en que vivía su dirigente. Por ese entonces, dijo, fui a Londres invitado por el líder del partido laborista, y ahí también le pidieron los obreros atendiera el caso del sindicato minero.

Con todos esos elementos, «dijimos, a ver, garanticemos que regrese Napoleón, no queremos que nadie se vaya al exilio, no se deben dirimir así las diferencias y menos el gobierno se inclina a una de las partes», debe haber imparcialidad.

Señaló, sin embargo, que las cosas se han ido arreglando, ha habido conciliación; confió en que logre un arreglo pleno, completo, que haya armonía y se resuelva el problema a los trabajadores.

«Entonces, si no hay entendimiento, conciliación, un acuerdo, lo que establezcan en este caso los jueces, el Poder Judicial, y nosotros nos vamos a ajustar a eso porque tenemos que actuar de esa manera», anotó.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/10/06/acatare-solucion-a-litigio-entre-grupo-mexico-y-mineros-amlo-8840.html

26/09/2020
*Empresa canadiense pretende extraer 2 millones 68 mil 469 metros cúbicos de hierro y un aprovechamiento gradual durante 16 años.
Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Ejidatarios de la Comunidad Indígena de Canoas, municipio de Manzanillo, rechazaron la instalación en esa Zona del Proyecto minero Rufus 5, promovido por la empresa Hematite S.A. de C.V., de capital canadiense.

Ejidatarios de Canoas realizaron en días pasados una asamblea en la que rechazaron por unanimidad el proyecto minero, cuya Manifestación de Impacto Ambiental actualmente se encuentra en evaluación por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Según información de la gaceta ecológica de la dependencia federal, difundida por la Agencia Informativa Proceso, mediante el proyecto Rufus 5 la empresa solicitante tiene el propósito de extraer 2 millones 68 mil 469 metros cúbicos de hierro, con la apertura de un tajo dividido en cuatro secciones y un aprovechamiento gradual durante 16 años.

La explotación del yacimiento se realizaría en el predio El Agostadero, con afectaciones a una superficie de vegetación de 28.6 hectáreas, para la que se requiere la autorización de cambio de uso de suelo, y la compañía ofreció que al final del proceso extractivo se realizará la restauración progresiva del sitio, en proporción de 5 a 1, en el que se integrará una plantación de café.

Según la Agencia Informativa desde 2013 ha habido varios intentos de empresas mineras por extraer hierro de este territorio de Manzanillo y desde entonces la comunidad se ha manifestado en resistencia.

A través de una carta, la mesa directiva del ejido y la comisaria municipal solicitaron el apoyo del presidente López Obrador ante el “conflicto minero muy fuerte” que enfrentan, pues de llevarse a cabo el proyecto “tendríamos una contaminación catastrófica e irreversible, ya que ese proyecto está en los afluentes del río El Cacao, que nos surte de agua potable a la comunidad y ejidos aledaños: desde Canoas, Puertecito de Lajas, Llano de la Marina, Ciruelito, Cedros, Lomas de Ávila Camacho y Paticajo, que viven de la agricultura, ganadería y cafeticultura”.

En la misiva los habitantes de Canoas expusieron al jefe del Ejecutivo federal que llevan siete años luchando contra ese tipo de proyectos y que cuentan con actas protocolizadas donde el ejido, en su calidad de pueblo indígena, se declaró libre de minería, además de que existe un punto de acuerdo del Congreso local donde se plantea desalentar la explotación minera en esa zona.

Entre los argumentos del rechazo se expone que “la preocupación del ejido de Canoas es por la contaminación del agua y del medio ambiente, que dañaría a los ejidos de Puertecito de Lajas, Llano de la Marina, El Ciruelo, Cedros, Lomas de Ávila Camacho y Paticajo”.

Rechazan los ejidatarios de Canoas explotación minera en su territorio

Ezequiel Flores Contreras 26/09/2020
El subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas. Foto: Benjamín Flores El subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas. Foto: Benjamín Flores

Pobladores de Carrizalillo denunciaron que integrantes de Guerreros Unidos llevaron a terrenos cercanos a su comunidad a una parte de los normalistas de Ayotzinapa secuestrados entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014. La denuncia la hicieron sólo un mes después de la tragedia, pero la PGR no les hizo caso. En junio pasado el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas encabezó la primera “búsqueda forense” de los estudiantes presuntamente desaparecidos en esa zona, en la que bandas criminales cometen asesinatos, amedrentan a autoridades y extorsionan a empresas mineras.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el conflicto minero que se vive en Guerrero, convergen en Carrizalillo, zona controlada en 2014 por Guerreros Unidos y lugar al que se habrían llevado a un grupo de estudiantes de la normal de Ayotzinapa secuestrados entre el 26 y 27 de septiembre de ese año. Seis años después, la comisión de Ayotzinapa acudió y, en total sigilo, realizó la primera “búsqueda forense” en el lugar.

No había transcurrido ni el mes, cuando habitantes del lugar narraron cómo, en las primeras horas de la mañana del 27 de septiembre, arribaron decenas de camionetas con jóvenes en ellas, custodiadas por miembros del grupo delincuencial.

Los padres de los 43 estudiantes de la escuela Normal Rural, Isidro Burgos, lo plantearon desde las primeras reuniones con las autoridades del gobierno de Enrique Peña Nieto. No los escucharon.

En 16 y 17 de junio pasados, a meses de cumplirse los seis años, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y cabeza de la Comisión de Ayotzinapa e integrantes de la Agencia de Investigación Criminal y de la Fiscalía General de la República, se movilizaron a Carrizalillo sin avisar a las autoridades del estado.

Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete González, estudiante desaparecido en la noche de Iguala, confirma en entrevista que ellos sabían que “se los llevaron rumbo a Carrizalillo” y ahora “se está en proceso de investigación”.

“No hemos tenido noticias de lo que encontraron y ahí, solo fueron los de la comisión”, dice Navarrete, quien acompaña a Hilda Leguideño a Mexicali para buscar a un joven en situación de calle que tiene similitud con su hijo, Jorge Antonio Tezapa Leguideño. “El sábado (26 de septiembre), cuando sea el informe (que ofrecerá el gobierno a los padres de los normalistas), nos dirán que fue lo que encontraron en Carrizalillo”, comenta.

La Comisión de Ayotzinapa que encabeza Alejandro Encinas, a diferencia del gobierno anterior, realiza dos tipos de búsqueda: la forense y en vida.

En Mexicali, la madre de Jorge Antonio Tizapa Leguideño, acompañada por la Comisión Nacional de Búsqueda, realizó una búsqueda en vida; en Carrizalillo, fue una búsqueda forense.
https://www.proceso.com.mx/650265/caso-ayotzinapa-la-pista-ninguneada-de-las-minas-de-carrizalillo