En Asamblea Popular llevada a cabo el día 10 de febrero de 2015, en esta Agencia Municipal, los abajo firmantes, después de dialogar, analizar y reflexionar, sobre los graves impacto a la salud, la irreversible Contaminación del Aire, el Agua, la Tierra, Bosques, Flore y Fauna en general, que provocaría el modelo extractivo minero, a la vez compartimos información sobre el despojo y de la ocupación territorial de las empresas eólicas, sobre los habitantes del Istmo de Tehuantepec, y revisado los impactos negativos que para los pueblos de oriente tendrán la reforma energética y que se relaciona con la omisión y discriminatoria de toda reforma de participación y el derecho de ser consultados.
Derivado de nuestra discusión emitimos la siguiente declaración de la Agencia Municipal de Río Ostuta, Municipios de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca.
Rechazamos contundentemente la forma descarada en la que el gobierno federal ha estado entregado el patrimonio de todas y todos los mexicanos, a la vez que rechazaremos de forma categórica el ingreso a nuestras tierras de cualquier empresa minera sea de capital nacional, extranjero o trasnacional.
La Comunidad Seri se encuentra en “pie de guerra” contra una minera de capia coreano que saquea y causa destrucción del territorio conocido como sierra “La Peineta”, en las cercanías de Punta Chueca, en Sonora.
En el ejercicio de su derecho a la autonomía, el día 17 de marzo de 2009 pobladores de los municipios de San José del Progreso y Magdalena Ocotlán 
El Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina señala a México como uno de los países latinoamericanos con más problemas en cuanto a la relación que mantienen los poblados con las empresas mineras, desde la contaminación de acuíferos hasta la usurpación de tierras.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente inició el protocolo de atención para cuantificar el derrame de una solución con baja concentración de cianuro, en piletas de contingencia de la planta Merrill Crowe de Minera Penmont, S. de R.L. de C.V., unidad La Herradura, ubicada en el municipio de Caborca, Sonora.
Mediante un grupo en redes sociales llamado “NO a la explotación minera de Samalayuca” se denuncia que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) dejó fuera a esta zona que anteriormente se encontraba dentro de la protección con el fin de iniciar un proyecto minero de una empresa canadiense.
Organizaciones civiles como el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida y el Agua Vale más que Oro, denunciaron que el proyecto minero Los Cardones, en Baja California Sur, pretende instalarse en las inmediaciones de la Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna “violando derechos mediante argucias legaloides, e incluso violando flagrantemente leyes y reglamentos federales y estatales”.
Lo quieren todo. No se conforman con tener a su favor las leyes, el aparato estatal que las aplica y las políticas gubernamentales para hacerlo posible. Con el argumento de que necesitan garantizar la seguridad jurídica de sus inversiones en el sector energético, en la industria minera e incluso en proyectos de agua, a los que los pueblos indígenas y comunidades campesinas se oponen porque violan sus derechos al territorio y al acceso preferente a los recursos naturales, entre otros el señor Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en una reunión con la Unión Social de Empresarios de México, expresó su interés de que las consultas a los pueblos indígenas, reguladas en la Constitución federal y el derecho internacional, no sean de cumplimiento obligatorio.
El 30 por ciento del territorio mexicano está en manos de 293 empresas de capital extranjero que extrae, explora y transforma los recursos minerales, así lo destacan cifras oficiales y grupos ambientalistas que defienden el derecho de los ciudadanos a su tierra y a la propiedad de lo que ésta genera. A la par del crecimiento de la industria minera, también han aumentado las violaciones a los derechos de las comunidades y a las garantías laborales de quienes trabajan en la extracción, así como la cada vez más preocupante “devastación” al medio ambiente que, de acuerdo con diversas organizaciones, ha generado daños irreversibles que afectan a todo el país.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) advirtió que Grupo México está obligado a indemnizar, ofrecer consultas médicas y dar seguimiento durante 15 años a todas las personas con daños a la salud por el derrame de la mina Buenavista del Cobre, denunciada por las comunidades aledañas al río Sonora.