Y la mata sigue dando:en México es acusado de “homicidio industrial” (Pasta de Conchos), de ser responsable del “peor desastre ecológico de la industria minera en el país” (ríos Sonora y Bacanuchi), de permanentes violaciones a las normas laborales y de seguridad, y de dejar un río tóxico en la zona minera de Taxco, entre tantas otras gracias; en Perú es requerido por “un presunto hecho delictivo” (proyecto minero Tía María) y ahora en España se encuentra “bajo sospecha de corrupción” y es acusado por “obtener una concesión amañada”. Como el caballo de Atila, donde pisa Germán Larrea y su Grupo México no vuelve a crecer la hierba, pero sí, y de qué forma, las ganancias del barón de la minería y su corporativo.
Apenas el pasado lunes la ministra de Energía y Minas de Perú, Rosa Ortiz, requirió la presencia del empresario en ese país andino para que “aclare su responsabilidad en un presunto hecho delictivo” relacionado con el proyecto minero Tía María, al tiempo que evalúa “acusar penalmente a la empresa Southern Copper” (propiedad del susodicho), cuando 24 horas después el gobierno de Andalucía, España, decidió “suspender la adjudicación de la explotación de la mina de Aznalcóllar” (otorgado en marzo pasado al Grupo México y la empresa española Magtel), cercana a Sevilla, por presuntas “irregularidades en el proceso”, al tiempo que la autoridad judicial “investiga por qué se concedió el proyecto al consorcio Grupo México-Magtel sin el más mínimo rigor”.
Al más puro estilo de Larrea y su Grupo México, en abril de 1998 la empresa sueca Boliden AB causó el desastre ecológico de Aznalcóllar, el mayor de Europa, producto de un derrame de residuos tóxicos en el parque nacional de Doñana, Andalucía. Diecisiete años después, “aún no ha se borrado el desastre por completo”, pues “existe una pequeña proporción de suelos afectados por altos niveles de acidez y de metales pesados como arsénico, plomo, cobre y zinc” (El País, 2/3/15). Por cierto, lo españoles tendrían que asesorarse con la Semarnat, “autoridad” que apenas unas semanas después del derrame tóxico de Grupo México en los ríos Sonora y Bacanuchi declaró que la zona afectada “quedó remediada”.
Ante ese panorama, al gobierno de Andalucía no se le ocurrió mejor idea que adjudicar el proyecto de Aznalcóllar al Grupo México, el cual apenas en agosto pasado fue el responsable del “peor desastre ecológico de la industria minera en el país” (Semarnat dixit), acompañado de la española Megtel, una empresa especializada en muchas cosas, menos en minería, en medio de jaloneos políticos para armar el gobierno provincial. Y en medio de la fiesta, la empresa de Larrea aseguró que “nuestro proyecto nace sin incertidumbres”.
Eso presumió, pero, de acuerdo con la prensa andaluza, “la juez de instrucción número 3 de Sevilla, que investiga la denuncia de la empresa Emerita Resources España SLU por delitos de prevaricación y cohecho en la adjudicación de la concesión para reabrir la mina de Aznalcóllar, ha reprochado a la junta que no actuara con el más mínimo rigor en el proceso para la reapertura de la explotación minera tras el vertido tóxico de 1998. La magistrada Patricia Fernández Franco ha ordenado a la policía que tome declaración a la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta, María José Asencio, y a los técnicos que intervinieron en el proceso de adjudicación de la concesión… La magistrada subraya que de la información recabada hasta el momento y en particular del atestado elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, se desprenden irregularidades graves que vendrían a confirmar gran parte de los extremos denunciados, al no apreciarse que la entidad (ganadora) cumpliese las exigencias mínimas, ni siquiera, para superar la primera fase del concurso”.
La juez advirtió que “frente a los principios que recoge el decreto-ley 9/2013 –que articula los procedimientos para la reapertura de la mina de Aznalcóllar y en el que se adoptan dos medidas de urgencia para garantizar que la explotación se lleve a cabo por la empresa minera que ofrezca las menores condiciones científicas, técnicas, de seguridad y ambientales, y las mayores ventajas económicas y sociales–, “no se observa, en cambio, el más mínimo rigor en la actuación de la administración y ello pese a tratarse de la misma explotación minera donde se registró el desastre del vertido ecológico en el año 1998. Por ello, considera imprescindible recibir declaración a las personas responsables de que México-Minorbis (compuesto por Grupo México y Megtel) no fuese excluida en la fase inicial, a pesar de que no cumplía la exigencia de aportar informe expedido por la oficina consular de España en México, sobre la capacidad de obra del Grupo México, y no detallar tampoco el compromiso inverso de las partes asociadas. Por ello es cuestionable y llamativa la naturaleza” de la adjudicación, “absolutamente irregular y contraria a derecho”.
Con su “proyecto que nace sin incertidumbres”, según presumía, Grupo México pretendía producir anualmente 2.7 millones de toneladas de cobre, plomo y zinc, con una concesión que vencía en 2037, con una inversión de apenas 305 millones de euros y la generación de 476 empleos directos, porque “nuestra prioridad son las personas”. Megtel a su vez, cobraría regalías por ser el patiño del corporativo mexicano, porque nada sabe de minería.
Y del otro lado del charco, en Perú, Grupo México (disfrazado de Southern Copper) no ceja en su empeño de ir con todo en contra de la decisión de la población que rechaza el proyecto minero Tía María. Las manifestaciones suben de tono, y el gobierno de Ollanta Humala se ha puesto descaradamente del lado del corporativo mexicano y dejado al ejército y la policía las “relaciones” con los ciudadanos, aunque paradójicamente la ministra de Energía y Minas suspendió negociaciones con Larrea en tanto éste no comparezca para que “aclare su responsabilidad en un presunto hecho delictivo”.
Entonces, por lo visto el único país en el que el tóxico Larrea se mantiene tan campante es México, que es su paraíso. ¿Por qué será?
Las rebanadas del pastel
Hagan sus ahorros, que a la empresa verde le impusieron otra multa “por recibir aportaciones prohibidas para su ilegal campaña mediática”. Hasta ahora las sanciones que acumula suman 519 millones de pesos, y se pagarán, si en realidad sucede, íntegramente con recursos de los mexicanos. Entonces, ni duda cabe que sería mucho más barato –en todos los sentidos– cancelar el registro a ese negocio de cuates disfrazado de partido político.
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