La Familia Pasta de Conchos revitalizará su petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que admita su demanda de rescate de los 65 mineros muertos y la justa reparación del daño a los deudos, señaló el sacerdote Carlos Rodríguez, integrante del equipo de apoyo legal a esta organización y fundador del Centro de Reflexión y Acción Laboral.
En el contexto de las acciones que se llevarán a cabo a propósito del décimo aniversario de la muerte de los mineros, esta organización volverá a plantear su solicitud ante la CIDH, basada principalmente en que el gobierno mexicano –junto con la empresa Grupo México– les negó su derecho humano a recuperar los restos de los fallecidos para darles una digna sepultura, y no garantizó el acceso a la justicia a las viudas, huérfanos y demás familiares, con lo que los revictimizó.
Este 19 de febrero se cumplen diez años de impunidad e injusticia por el homicidio industrial de 65 mineros de Pasta de Conchos y los cuerpos de los trabajadores siguen abandonados.
Vecinos de la colonia Los Filtros en la zona de Valenciana, denunciaron que alrededor de 50 casas han presentado daños estructurarles a consecuencia de las explosiones de barrenos que produce la mina Villaseca (Cata), perteneciente a la compañía Great Panther Silver.
El próximo 19 de febrero se cumple una década del colapso en la mina 8 de Pasta de Pasta de Conchos que dejó 65 obreros muertos, 63 de ellos aun sepultados en ese punto de la región carbonífera de Coahuila, pese a las exigencias de los familiares de que les sean entregados los cuerpos de sus seres queridos para darles sepultura.
Tras la inspección de las más de 1 mil minas que operan legalmente en el país, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) reportó irregularidades e incumplimiento de la normatividad ambiental en el 65 por ciento de los proyectos mineros. Derivado de los trabajos, 71 establecimientos que cuentan con registro oficial –ubicados en los estados de Puebla, Querétaro, Colima, Tabasco, Jalisco, Chiapas, Baja California Sur y Sonora– fueron temporalmente clausurados. Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México y responsable, en agosto de 2014, del derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado a los ríos Bacanuchi y Sonora, en el municipio de Cananea, Sonora, forma parte de la lista negra de la Profepa.
La minería y sus impactos negativos, así como el análisis de activistas, organizaciones sociales y miembros de la academia, han estado cada vez más presentes los últimos años en los debates públicos, y han sido motivo de protestas y diversas acciones de los pueblos y comunidades a los que afecta. Aunque el tema ocupa cada vez más el espacio de nuestras discusiones, poco hemos conocido de los efectos perniciosos de la actividad minera desde una visión de género. Por ello es muy oportuna la publicación que ha realizado recientemente la organización Mujer y Medio Ambiente, en colaboración con la alemana Fundación Heinrich Böll, titulada Miradas en el territorio: cómo mujeres y hombres enfrentan a la minería en México.
Un rotundo «no» a cualquier proyecto minero que intente entrar al municipio de Loreto, expresaron de manera abierta la alcaldesa Arely Arce Peralta y el diputado local Rodolfo Davis Osuna, durante el Primer Foro «Impactos de la Minería Metálica» organizado por el Frente Común por la Defensa de Loreto A.C. (Frecodel).
El proyecto de mina cercana a la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, representaría mayor riesgo para la población, expresó Claudia Gutiérrez de Vivanco, integrante de la asociación civil Madres Veracruzanas.
La minera trasnacional Peña Colorada enfrenta una denuncia por las vías penal y administrativa bajo el cargo de despojo e invasión del rancho Los Potros, ubicado en la franja de conflicto limítrofe entre los estados de Colima y Jalisco.
Pobladores e integrantes de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), anunciaron que la empresa minera Hochschild Mining, propietaria del proyecto minero Corazón de las Tinieblas que desde hace años se encuentra en fase de exploración de oro y plata principalmente, en La Montaña de Guerrero, desistió de su concesión al tener un juicio en su contra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que se ha retirado ya de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec.