Hay momentos en que aspectos básicos de una política y convivencia democrática parecen deshilacharse tan lentamente, que el fenómeno pasa desapercibido. Son ocasiones en las que la atención sobre un tema no siempre permite reconocer las repercusiones en otras dimensiones de nuestra vida en común.
Algo de eso ocurrió en los últimos días alrededor de la cumbre de cambio climático en Lima. Ustedes me dirán que ese encuentro de los gobiernos por un lado, y de la sociedad civil por otro, era una cuestión de políticas ambientales, ecologistas o indígenas. Yo le responderé que eso es cierto, pero que allí también se jugaron aristas muy importantes sobre la convivencialidad democrática. Fue en este segundo aspecto, y no por su desempeño ambiental, por el cual se miró con atención al gobierno de Ecuador. Para justificar esta puntualización déjeme contarle tres de hechos que se discutieron en la capital peruana en los últimos días.
La Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático, realizada en Lima del 8 al 11 de diciembre de 2014, es expresión de los procesos de movilización y resistencia emprendidos por una diversidad de organizaciones, movimientos, plataformas, redes y colectivos sociales, sindicales, de mujeres, campesinos, indígenas, juveniles, ambientalistas, religiosos, artísticos y culturales peruanos e internacionales. Nos reunimos para seguir debatiendo y compartiendo las múltiples formas de lucha y resistencia, por la construcción de la justicia social, contra el sistema capitalista patriarcal, racista y homofóbico, por el respeto de las diversas formas de vida, sin explotación ni expoliación de los bienes de la naturaleza, por la capacidad de los pueblos de decidir sobre sus fuentes de energía, comunitaria, por la reducción de las desigualdades sociales así como promover el Buen Vivir como modelo de vida en armonía con la Naturaleza y la Madre Tierra.
Miles de participantes de la 
Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, el TPP hace público su veredicto 
En el día Internacional de los Derechos Humanos, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina-OCMAL manifiesta su preocupación por el escenario actual de desprotección y criminalización que deben enfrentar defensores y defensoras de derechos humanos y la naturaleza frente al modelo extractivista. 
Según el estudio realizado por la consultora CPI (Compañía Peruana de Estudios de Mercado), el 55% de los peruanos atribuyó a la minería, como la principal fuente de contaminación.
En presencia de mujeres de Ecuador, Peru, Chile, Bolivia, Colombia, Uruguay y muchas otras nacionalidades, ayer 9 de diciembre Maxima Acuña, valiente campesina peruana Cajamarquina quien sufre los abusos y violencia de la minera Yanacocha, recibió la solidaridad en forma de carta firmada por 116.572 personas.
Canadá lleva décadas labrándose la reputación de un país respetuoso con los derechos humanos y el medio ambiente. Sin embargo, el estado norteamericano acoge al 57% de las empresas mineras, cuya actividad se ha vinculado a violaciones sistemáticas en los países latinoamericanos. La pregunta, entonces, es qué responsabilidad tiene el país en esos conflictos, por acción u omisión.
Los problemas territoriales derivados de la explotación minera trasnacional se encuentran en el primer orden de conflictividad y lucha en América latina, ante lo cual el movimiento campesino recoge experiencias propias y traza caminos de alianza y articulación con las comunidades afectadas “en primera persona”.
El panorama de las voces que luchan en conflictos socioambientales en América Latina. En ese marco, se presentó el libro “Territorios en Disputa”, con el trabajo de Bajo Tierra ediciones y Jóvenes en Resistencia Alternativa (JRA).