Internacional

“Minería inteligente con los bosques”: la estrategia del Banco Mundial para maquillar de verde la destrucción de la minería

Un oxímoron describe “una frase o declaración que parece decir dos cosas opuestas”. El Banco Mundial tiene mucha experiencia con oximorones e iniciativas oximorónicas relacionadas con los bosques. Con un informe titulado “Hacer una minería inteligente con los bosques” (Making Mining Forest-Smart) y el lanzamiento de un “Fondo para la minería climáticamente inteligente» en 2019, agrega dos más a su colección. (1)

Según el comunicado de prensa del Banco Mundial, el Fondo “apoyará la extracción y el procesamiento sostenible de minerales y metales utilizados en tecnologías de energía limpia”. La motivación detrás de esta nueva iniciativa del Banco Mundial es obvia: “La transición a una energía limpia será considerablemente intensiva en el uso de minerales”, explica el Banco Mundial en su página web. (2) Y el Banco Mundial quiere ser un actor central en esta transición “intensiva en minerales». Al mismo tiempo, no quiere que se vea que está financiando una industria con un historial terrible en materia de violaciones de derechos, con una huella de carbono masiva y con enorme responsabilidad por la deforestación a gran escala y la devastación ambiental que provoca. ¿Cuál es la salida? Una nueva iniciativa que pretende que la minería industrial puede ser “climáticamente inteligente”, complementada con un informe y estudios de caso sobre “Hacer una minería inteligente con los bosques” (Making Mining Forest-Smart).

La primera parte del informe resumido de la “minería inteligente con los bosques” proporciona un panorama general de la sucia y devastadora realidad de la minería a gran escala. Pero, luego, los autores parecen olvidarse de lo que describieron en esa primera parte, al escribir la sección del informe que se refiere a lo que podría ser si tan solo las empresas y los gobiernos responsables de la devastación y las violaciones de los derechos mostraran un “comportamiento empresarial responsable”. Ni el informe ni la sección sobre “minería climáticamente inteligente” de la página web del Banco Mundial explican por qué o cómo la industria minera del mundo real vinculada a la destrucción y la violencia generalizadas se transformaría en una industria tan responsable.

 

La destrucción de los bosques como resultado de la minería industrial seguramente aumentará

Hoy en día, el siete por ciento de las minas a gran escala que afectan directamente a los bosques se encuentran en zonas de bosques tropicales. En el informe “Hacer una minería inteligente con los bosques”, el Banco Mundial señala que “el número de nuevas minas a gran escala concesionadas anualmente en zonas de bosque ha aumentado de 4 y 10 durante la década de 1980, a 20 o más en la última década”. (3) Y el porcentaje de minas a gran escala que afectan directamente a las áreas protegidas también está aumentando rápidamente. Debido a que el Banco Mundial es un importante financiador de la minería a gran escala así como de la infraestructura vinculada a tales minas, este debe asegurarse que sus propias directrices ambientales le permitan financiar las minas incluso cuando la actividad minera destruya bosques o tenga lugar en áreas protegidas.

 

La compensación para maquillar de verde la transición energética “intensiva en minerales”

Las políticas implementadas en la década de 1990 y en la primera década del siglo actual, que limitan al Banco Mundial en cuanto al financiamiento de ciertas actividades destructivas, tales como la minería en áreas protegidas, se están ajustando para permitirle que pueda financiar la transición energética “intensiva en minerales”, que causará deforestación a gran escala.

La Corporación Financiera Internacional (CFI) es el brazo del Banco Mundial que presta dinero a empresas del sector privado. En 2012, la CFI modificó su conjunto de políticas y reglamentaciones clave que rigen el financiamiento del organismo, las llamadas Normas de Desempeño. Un cambio crítico en esta revisión fue la introducción de la “compensación por la pérdida de biodiversidad” en la Norma de desempeño número 6 de la CFI, que es la norma más directamente relacionada con los problemas ambientales. Este cambio abrió la puerta para que la CFI volviera a comprometerse en el financiamiento de la destrucción causada por la minería a gran escala, incluso en áreas protegidas y bosques que caen dentro de la definición del Banco de “hábitat crítico”. Todo lo que tiene que hacer una empresa minera que solicita fondos de la CFI para la destrucción de bosques protegidos es presentar una propuesta sobre cómo “compensar” dicha destrucción (ver también el artículo del Boletín 215).

Como era de esperar, la compensación por la pérdida de la biodiversidad desempeña un papel central en el informe del Banco Mundial sobre «Minería inteligente en los bosques». Fue preparado por Flora Fauna Habitat, una ONG conservacionista internacional que ha participado activamente en iniciativas de compensación por pérdida de la biodiversidad en la industria minera. (4)

 

¿La industria minera como futura financiadora de REDD+?

El informe del Banco Mundial también conecta la expansión de la minería a gran escala con REDD+, el controvertido mecanismo que ha dominado la política forestal internacional durante los últimos 15 años. El informe afirma que en los países donde la minería desempeña un papel importante en la economía y donde el gobierno ha establecido instituciones, políticas y planes para REDD+, «REDD+ podría ser un mecanismo importante para promover resultados en materia de minería inteligente”. ¿Cómo se vería esa unión de la industria minera y REDD+ en los ojos de los consultores de la “minería inteligente con los bosques” del Banco Mundial? “En Kenia, por ejemplo, el Proyecto REDD+ del Corredor Kasigau [ofrece] un enfoque de compensación basado en el mercado, por el cual una compañía minera más pequeña podría invertir en lugar de establecer su propio proyecto”.

Ése es el mismo proyecto REDD+ que ha consolidado las desigualdades históricas sobre el acceso a la tierra y que ha sido citado como un ejemplo de cómo se exagera sobre la deforestación que supuestamente habría ocurrido sin el proyecto REDD+ en los documentos del proyecto para que éste pueda vender más créditos de carbono. (5) También es el mismo proyecto REDD+ que brindó a BHP Billiton, una de las compañías mineras más grandes del mundo, la oportunidad de “maquillarse de verde”. En 2015, el mayor accidente minero de la historia de Brasil ocurrido en la mina Samarco, en el estado brasileño de Minas Gerais, dejó un saldo de 19 personas muertas y 700 desplazadas. La mina es administrada por una compañía de propiedad conjunta de las multinacionales BHP Billiton y Vale. (6) Menos de un año después de este desastre, y con el río afectado por el derrame todavía estando rojo, la CFI promocionó a BHP Billiton como un campión de REDD+. Como parte de la iniciativa de los “Bonos Forestales” de la CFI, BHP Billiton se comprometió a comprar todos los créditos de carbono del Proyecto REDD+ del Corredor Kasigau en Kenia que los compradores de los “Bonos Forestales” de la CFI no quisieran. Uno de los propósitos de esta iniciativa de la CFI fue impulsar el financiamiento del sector privado en el proyecto REDD+ y en otras iniciativas REDD+ en otros lugares que tuvieron dificultades para vender sus créditos de carbono. Un comprador de un “bono forestal” (7) podría optar o bien por recibir su pago anual de intereses en efectivo o bien recibirlo en créditos de carbono del proyecto REDD+ del Corredor Kasigau. Y en caso de que los compradores de bonos no quisieran estos créditos REDD+, BHP Billiton los adquiriría en su lugar. Ésta fue una buena estrategia de relaciones públicas para BHP Billiton, en un momento en que la imagen de la compañía minera aún se ve deteriorada por el desastre minero.

 

«Las compensaciones se están compensando»

En la sección que describe los “desafíos”, los autores del informe señalan que “cada vez más las compensaciones se están compensando”. La organización Re:Common documentó recientemente un ejemplo de esto en Uganda. (8) Una condición para que la controvertida represa de Bujagali recibiera fondos del Banco Mundial fue que la compañía hidroeléctrica tenía que comprometerse a compensar la destrucción de una cataratas icónicas que quedaron inundadas por el embalse del proyecto, protegiendo otras cataratas en el río Nilo.

Sin embargo, unos años más tarde, otra compañía recibió la aprobación para construir una represa hidroeléctrica en el río Nilo, y la zona inundada por esa represa inundará las cataratas que debían protegerse como parte de la compensación resultante de la construcción de la represa de Bujagali – así que la compensación por pérdida de la biodiversidad se traslada a otro lugar. Como se describe en el informe de Re:Common, esta re-ubicación del proyecto de compensación a un nuevo sitio restringirá una vez más el uso comunitario de la tierra y las zonas de pesca y permitirá la expansión de instalaciones turísticas de lujo.

Una cosa queda clara incluso con un análisis superficial de la propuesta del Banco Mundial: la transición energética con un uso “considerablemente más intensivo de minerales” que adopta el enfoque del Banco Mundial en su informe “Hacer una minería inteligente con los bosques,” será nefasta para los bosques, los pueblos de los bosques y el clima. Mientras tanto, la industria de la minería puede contar con que el Banco Mundial hará todo lo posible para maquillar de verde la destrucción y la violencia inherentes a la minería a gran escala con esta nueva iniciativa oximorónica de la “minería inteligente con los bosques”, acompañada de bonitas imágenes para los informes y páginas web.

Jutta Kill, [email protected]
Integrante de la secretaría del WRM

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/12/mineria-inteligente-con-los-bosques-la-estrategia-del-banco-mundial-para-maquillar-de-verde-la-destruccion-de-la-mineria/?fbclid=IwAR1x9ppsLXlK9U4N6-kAei1jtiEqNcfU8S2mBAxsVOMtdRymrf6ao6DL60s

Internacional

Noruega da luz verde a mina de cobre con relaves para verter en el fiordo ártico

El gobierno rechazó las protestas de los indígenas sami, los pescadores locales y los grupos ecologistas.

«Permitir que esto suceda con un fiordo de salmón nacional protegido no tiene ningún sentido», dijo Silje Lundberg, directora de Naturvernforbundet. La organización es la rama noruega de Amigos de la Tierra.

Lundberg dijo que el vertido planeado de relaves desde la mina de cobre al fiordo es equivalente a 17 cargas de camiones por hora de producción. En total, eso suma hasta dos millones de toneladas de relaves cada año.

El gobierno noruego rechazó el viernes las protestas y dio el visto bueno final a la compañía minera Nussir para comenzar a explorar los recursos, estimados en alrededor de 72 millones de toneladas de mineral de cobre.

Ubicada a orillas del Repparfjord, a una hora en coche de la ciudad de Hammerfest, la mina será la más septentrional de Europa continental.

“El vertido de desechos mineros matará a todos los seres vivos en el fondo del océano en el área inmediata y perturbará las zonas de desove a una distancia mucho mayor. Los científicos han advertido repetidamente contra el dumping. Esta decisión muestra de manera concluyente que el gobierno no toma en serio la lucha para conservar la vida del océano, y preferiría priorizar las ganancias a corto plazo sobre la conservación y la sostenibilidad «, agregó Ask Lundberg.

El ministro de Comercio e Industria, Torbjørn Røe Isaksen, dijo previamente al observador de Barents que la minería realmente tendría impactos, pero asegura que se realizará de acuerdo con «estándares ambientales muy altos».

ANUNCIO

Øystein Rushfeldt, CEO de la compañía minera Nussir, dijo que «toda la minería tiene consecuencias negativas para el medio ambiente; uso de la tierra y otros efectos, y no importa si los relaves se colocan en tierra o en el mar, siempre son consecuencias «.

Un informe de 2017 del Banco Mundial sobre la necesidad mundial de metales para un futuro bajo en carbono dijo que se espera que la demanda de cobre aumente hasta en un 50 por ciento solo en los próximos 20 años.

Los vehículos eléctricos, el aumento de las fuentes de energía renovable y la eficiencia energética requieren cantidades significativas de cobre para funcionar.

El ministro Røe Isaksen dijo que la mina en Repparfjord «es necesaria para que el cambio verde aborde los cambios climáticos».

En Finnmark, la región más septentrional de Noruega, el proyecto minero ha provocado controversias.

Aunque las autoridades municipales locales en Hammerfest dan la bienvenida a la mina por traer nuevos empleos y crecimiento económico, los indígenas sami han desaprobado todo el proyecto.

El presidente del parlamento noruego de Sami, Aili Keskitalo, dijo que la mina Repparfjord se suma a una larga lista de proyectos con impacto negativo en áreas importantes para el pastoreo de renos; «Líneas eléctricas, molinos de viento, carreteras».

“El pastoreo de renos no puede soportar esto. Tampoco el ecosistema en el fiordo ”, dijo Keskitalo.

Si bien el gobierno rechazó el recurso contra el proyecto minero el viernes, es posible que aún no se haya dicho la última palabra.

4.500 noruegos se han inscrito para la desobediencia civil contra el proyecto en caso de que siga adelante, incluidos los miembros de Naturaleza y Juventud (Jóvenes Amigos de la Tierra Noruega).

«Este proyecto es un delito ambiental grave y es por eso que 4.500 personas han expresado su voluntad de participar en la desobediencia civil para proteger el fiordo», dijo Gaute Eiterjord, jefe de Naturaleza y Juventud.

Agrega que la organización «ahora irá tras los inversores» al proyecto minero y les pedirá que retiren el dinero «para que la mina no pueda realizarse».

 

Fuente:https://thebarentsobserver.com/en/industry-and-energy/2019/11/norway-greenlights-copper-mine-tailings-dump-arctic-fjord

Internacional

José Matías Peña: «Siguen los vertidos procedentes de la Sierra Minera al Mar Menor»

El investigador José Matías Peña, de la Plataforma de Afectados por los Metales Pesados de La Sierra Minera Cartagena-La Unión ha recorrido durante la mañana de este martes 29 de octubre las inmediaciones de La Rambla de La Porra, donde ha podido comprobar que desde el pasado 13 de septiembre de este año 2019 continúan los flujos de Lixiviados o drenajes ácidos de mina que desembocan en la laguna.

Matías Peña ha dicho que estos ácidos son tan agresivos como el tan conocido ‘salfumán’ y que van tanto en dirección hacia el Mar Menor como hacia la zona de El Gorguel.

Ha destacado la peligrosidad de estos drenajes, por las concentraciones de metales pesados como el plomo, cadmio, arsénico e incluso uranio.

«No se puede obviar que si estos drenajes están circulando por el subsuelo en la línea de máxima pendiente hacia el Mar Menor, están provocando la contaminación de los suelos agrícolas sobre los que se cultivan verduras y hortalizas que después se consumen por los ciudadanos».

Miembros de esta plataforma participarán este miércoles en la manifestación para salvar el Mar Menor. Irán con un castillete minero y con residuos que han cogido de la zona.

 

Fuente:https://cadenaser.com/emisora/2019/10/29/radio_cartagena/1572352389_425755.html

Internacional

Comienzan las declaraciones tras ampliarse la investigación de la mina de Aznalcóllar

La juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, la magistrada Patricia Fernández, comienza este lunes a tomar declaración como investigados a los miembros de la Comisión Técnica y de la Mesa de Contratación tras ampliar la investigación de la causa que investiga presuntas irregularidades de la adjudicación a la agrupación empresarial México Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar en 2015, unas actividades extractivas que inicialmente se adjudicó el grupo Magtel. El objetivo, ver si existen más delitos a parte del delito de prevaricación que se atribuyó inicialmente.

La primera en declarar, en calidad de testigo, será la exsubdirectora general de Minas, la presidenta de Navantia, Susana de Sarriá, y está citada a las 9,30 horas, para pasar, una hora más tarde, a tomar declaración, como investigada, a María José Asensio Coto, miembro de la Mesa y exdirectora general de Industria Energía y Minas de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, mientras que a las 11,30 horas lo hará otro miembro de la comisión, según reza en el auto, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a Europa Press.

En concreto, la magistrada amplía la investigación con respecto a los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y fraude y exacciones ilegales, que se suman al tipo inicial de prevaricación.

Además, la jueza extiende esa citación como investigado al que fuera secretario de la Consejería de Economía e Innovación, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, el 2 de diciembre, así como a los hermanos Isidro L.M. y Mario L.M., ambos representantes de Magtel, el 12 de ese mismo mes, y también a los demás miembros de la Mesa de Contratación que irán declarando hasta mediados de diciembre.

Igualmente, la juez acordó en el auto solicitar a la Junta de Andalucía, a través de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, para que informe sobre los cargos que ostentaban los miembros de la Mesa de Contratación y de la Comisión Técnica, tres meses antes de iniciarse la licitación para adjudicación de la explotación de las actividades extractivas del recinto minero de Aznalcóllar y los puestos que desempeñaron tras el mismo.

En el auto, la juez considera «necesario» discernir si existió delito de tráfico de influencias y, en su caso, de fraude y exacciones ilegales que fuera determinante de que, «formalmente, la presentación al concurso la hiciese Minorbis, sirviéndose presuntamente Grupo México de las ventajas que pudiera ofrecerle aquella entidad, consistentes en valiosos contactos en la administración pública, en particular, derivados de la buena relación que pudiera existir entre Vicente Fernández y los representantes de Magtel».

Con respecto al delito de cohecho, la magistrada amplía la investigación al sustentarse «en los posibles ascensos» de las personas relacionadas con el concurso, «a modo de recompensa por posibles actos ilícitos presuntamente cometidos».

De otra parte, se amplía la investigación con respecto al delito de malversación a tenor de que la propuesta económica de Emerita Resources, la otra empresa que se presentó al concurso, «ascendía a 641,5 millones mientras que la de Minorbis-Grupo México era de 304,6». En ese sentido, la juez hace referencia a que en el apartado de las mejoras socio-laborales Emérita «se comprometía a aportar a cambio de la adjudicación 375 millones en Andalucía para el desarrollo de su tejido industrial», frente a la propuesta de Minorbis- Grupo México que se «refería sólo mejoras valoradas en 27 millones de euros».

REAPERTURA DE LA CAUSA

Cabe recordar que el pasado 1 de octubre la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ordenó la reapertura de esta causa al estimar íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la representación legal de la sociedad Emerita Resources revocando así el auto de archivo que dictó el pasado mes de marzo el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla.

Así, la Sala estima un recurso que pedía la investigación de una presunta elección ilícita de la oferta de Minorbis-Grupo México que no cumplía los requisitos de las Bases del Concurso y que además era menos rentable económicamente para las arcas públicas, así como el presunto cohecho en tanto que determinados miembros tanto de la Comisión Técnica como de la Mesa de Contratación fueron ascendidos en fechas muy próximas al concurso.

Igualmente, el recurso señala el presunto tráfico de influencias de Isidro L.M. y Mario L.M., en virtud de las relaciones amistosas de los mismos con Vicente Fernández, «considerando igualmente que en la medida que las decisiones de la Comisión Técnica y de la Mesa de Contratación se tomaban conjuntamente serían responsables todos sus integrantes, por lo que resulta ilógico que se cite como investigados a unos y a otros no».

Además, el recurso de Emerita Resources solicita que se investigue los presuntos delitos de encubrimiento, falso testimonio, falsedad y obstrucción a la justicia respecto de determinados escritos que al presente procedimiento se han presentado por determinados funcionarios para favorecer la posición de la Administración.

De hecho, a finales de octubre la representación legal de la sociedad Emerita Resources presentó una denuncia, interpuesta por el bufete Trajano XXV, en los juzgados de Sevilla en la que reclama que se investigue una supuesta trama para «encubrir las ilegalidades» que se dieron supuestamente en esa adjudicación, en este caso por delitos tales como encubrimiento, falso testimonio, obstrucción a la justicia, usurpación de funciones públicas y desobediencia.

«NO SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS»

La Sala acepta el recurso toda vez que señala que resulta «evidente y ello no se discute» que Grupo México, como licitador, «no cumplió con los requisitos legalmente imprescindibles» para pasar a la Segunda Fase relativos a la acreditación de su personalidad jurídica y capacidad de obrar, «lo cual sin duda era exigible a ambas entidades de acuerdo con los principios generales de la contratación pública».

De este modo, la Sección Séptima indica en el auto que entiende que se «quebrantó» el principio de transparencia e igualdad de trato en el concurso y además se estaba dando cobertura con la actuación «llamativamente ambigua» de la Administración, al resultado final, «legalmente inadmisible» de que aceptara la adjudicación una entidad controlada prácticamente en su totalidad por una sociedad que «debió ser apartada del concurso, y que en definitiva no participó en él».

En esa línea, indica que en ese concurso se presentó a la licitud Minorbis no como entidad independiente sino como Minorbis-Grupo México lo que «hace dudar sólidamente» de que la mención en las citadas resoluciones del licitador como Minorbis-Grupo México sea «un simple error arrastrado».

Así, señala que puede ser una medida «intencionada» para procurar «cierta lógica» a la aceptación de la adjudicación por una entidad absolutamente controlada por Grupo México, «que realmente se limitó a presentar la oferta pero no participó en el concurso, por lo que frente a terceros era necesario mantener formalmente a Grupo México como licitador, siendo además curioso que ese error, que más bien parece un argumento creado a posteriori, solamente ocurra con dichas sociedades y no con Emérita a la que también podría habérsele denominado Emérita-Forbes Manhattan». De otra parte, la Sala sospecha de que no se cumpla los preceptos de solvencia económica y técnica.

 

Fuente:https://cadenaser.com/emisora/2019/11/11/radio_sevilla/1573456762_073416.html

 

Internacional

Japón y la ONU anuncian nuevos esfuerzos para prevenir uso indiscriminado del mercurio

Además de la red de monitoreo y el desarrollo de capacidades, el financiamiento apoyará la creación de una base de datos científica con información que los gobiernos y las instituciones pueden aplicar para una gestión eficaz del mercurio.

El Ministerio de Medio Ambiente de Japón y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente anunciaron hoy un nuevo proyecto para proteger el medio ambiente y la salud humana de los impactos adversos del mercurio. Se asignarán hasta US$3 millones para el proyecto, que ayudará a establecer una red regional de laboratorios de monitoreo de mercurio en Asia y el Pacífico y proporcionará capacitación para los países de la región.

 

Con su experiencia de primera mano de la enfermedad de Minamata, causada por envenenamiento por mercurio y que lleva el nombre de la ciudad donde se descubrió por primera vez, Japón ha desempeñado un papel importante en la reducción mundial del mercurio. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente alberga el Convenio de Minamata, un tratado mundial diseñado para proteger al planeta de los peligros del metal.

 

Dechen Tsering, Director Regional de la ONU para el Medio Ambiente para Asia y el Pacífico, dijo: “Los efectos peligrosos del mercurio en el medio ambiente y la salud humana están ahora bien documentados, y la comunidad mundial actúa para proteger a las personas y al planeta. Japón ha sido durante mucho tiempo un líder importante en este tema, y esta nueva contribución solo sirve para subrayar su compromiso”.

 

Tamami Umeda, director general del Departamento de Salud Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente de Japón, dijo: “En la implementación del Convenio de Minamata, necesitamos acciones efectivas y oportunas. También debemos incorporar a partes interesadas más amplias. Con eso en mente, Japón ha lanzado el nuevo proyecto para mejorar el monitoreo del mercurio como base para mejorar la formulación de políticas basadas en la ciencia hacia la contaminación global».

 

El mercurio se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones y se abre camino en el medio ambiente a través de emisiones industriales y canales como la extracción de oro artesanal. Desde el ambiente, puede ser acumulado por algunas especies que luego son consumidas por humanos, con preocupaciones de salud para poblaciones de alto riesgo. Aproximadamente la mitad del consumo y las emisiones mundiales de mercurio se producen en Asia y el Pacífico.

 

Además de la red de monitoreo y el desarrollo de capacidades, el financiamiento también apoyará la creación de una base de datos científica con información que los gobiernos y las instituciones pueden aplicar para una gestión eficaz del mercurio.

 

Fuente:https://tiempominero.com/contenido.php?id=1653

Internacional

Tribus nativas americanas impiden que empresa minera de cobre destruya tierras ancestrales

Durante demasiado tiempo, nuestro sistema de justicia se ha puesto del lado del gobierno y las corporaciones a expensas de los derechos de los pueblos indígenas como los nativos americanos. Pero un fallo de un juez contra una compañía minera en Arizona puede estar sentando un nuevo precedente.

Durante miles de años, la nación Tohono O’odham, la tribu Pascua Yaqui, la tribu Hopi y varios otros han enterrado a sus antepasados ​​en las montañas de Santa Rita y utilizan las áreas circundantes para mantenerse conectados con el mundo natural que veneran.

Entonces, es comprensible que cuando Hudbay Minerals trató de excavar una mina de cobre masiva en el lugar y arrojar miles de toneladas de desechos tóxicos en el agua y en las tierras públicas circundantes, las tribus se horrorizaron.

«Nuestra relación con la tierra es ante todo», dijo el presidente del Distrito de Tohono O’odham Nation San Xavier District Austin G. Nuñez en un comunicado . “Cuando nuestros ancestros Hohokam ‘dejaron a sus seres queridos en su lugar de descanso final, nunca imaginaron que los molestarían. Hacemos todo lo posible para no molestarlos. Todavía sentimos sus espíritus hoy «.

No es la primera vez que una empresa minera ha intentado violar estas tierras en busca de riquezas. Una empresa quebró en realidad tratando de excavar una mina bajo los restos de antiguos miembros de la tribu. Las compañías mineras también están tratando de explotar el área del Gran Cañón y otros Parques Nacionales y tierras públicas para su propia codicia a pesar de que estas tierras pertenecen a la gente, no a las corporaciones. La industria también quería construir una mina a las afueras del Parque Nacional de Yellowstone, solo para ser derribada por un juez porque la operación amenazaba con envenenar las vías fluviales como Hudbay lo haría en las montañas de Santa Rita. Envenenar las vías fluviales aquí daría un golpe devastador al frágil ecosistema.

Es por eso que las tribus buscaron ayuda del abogado de Justicia de la Tierra Stu Gillespie.

«Una de las partes más gratificantes de este caso fue compartir comida con los líderes de Tohono O’odham, [y] comprender sus formas culturales de vida y cuán importantes son las fuentes sagradas», dijo Gillespie. «No queremos que alguien construya una mina en el cementerio de Arlington».

De hecho, si una compañía minera construyera una mina en Arlington, los estadounidenses en todo el país perderían la cabeza, y con razón. Así es exactamente como se sienten estas tribus acerca de Hudbay tratando de construir una mina en sus cementerios sagrados.

Gillespie buscó una orden judicial preliminar para detener el proyecto, solo para que el juez fuera aún más lejos al decidir que Hudbay no tenía derechos legales para reclamar la tierra bajo una antigua ley obsoleta conocida como la Ley de Minería de 1872.

«Presentó una línea ininterrumpida de decisiones de la Corte Suprema, diciendo: ‘No, usted no tiene derechos bajo la Ley de Minería para contaminar esta tierra bajo miles de millones de toneladas de roca residual, sin evidencia de minerales valiosos'», explicó Gillespie. “El gobierno federal y Hudbay intentaron presentar la mayor cantidad de argumentos posible, pero todo era humo y espejos. El juez cortó eso muy claramente. Es una decisión poderosa que representa la proposición de que nadie debería obtener un pase gratuito para causar estragos en nuestras tierras públicas ”.

Por supuesto, la compañía minera probablemente apelará y un tribunal superior podría revocar el fallo, entregando aún más injusticia a los nativos americanos y sin respetar su historia y conexión con la Tierra.

Pero la tribu espera que se establezca un nuevo precedente.

«El fallo del juez muestra que hay esperanza en el sistema», señaló el presidente Núñez. “Hay buenas personas que creen en la soberanía de las naciones nativas y su derecho fundamental e inherente a la tierra y al agua. Ha reforzado nuestro voto de proteger y mejorar las tierras que tenemos. Oramos para que esa mina nunca se construyera. Así que sentí que nuestras oraciones habían sido respondidas «.

Con suerte, las montañas de Santa Rita y las tierras circundantes estarán protegidas para siempre de la explotación de la industria de combustibles fósiles. Es hora de que este país muestre más respeto a los nativos americanos y su cultura.

 

Fuente:https://www.greenandgrowing.org/native-american-tribes-block-copper-mining-company-destroying-ancestral-lands/

Internacional

Desechos radiactivos en Kyrgyzstan ponen en riesgo a millones de personas.

La Comisión Europea y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) informó que los vertederos de uranio cerca de la ciudad de Mailuu-Suu, descuidados por décadas por la Unión Soviética y luego Kyrgyzstan, deben reforzarse con urgencia. El objetivo es evitar que desechos radiactivos caigan en una quebrada, contaminando el suministro de agua del valle de Ferghana en el que viven 14 millones de personas. La explotación de uranio se realizó entre 1946 y 1968, produciendo más de 2 millones de metros cúbicos de relaves. Una ruptura del dique de colas en 1958 originó la contaminación del lugar, relacionándolo con una mayor incidencia de cáncer que el promedio nacional.

 

En Mailuu-suu, grupos ecologistas advirtieron sobre el peligro que corren millones de personas, debido a la posibilidad de que miles de toneladas de desechos radiactivos caigan en una quebrada en la zona de Asia Central, contaminando el suministro de agua de todo el valle de Ferghana.

La Comisión Europea y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) informó que los vertederos de uranio cerca de la ciudad de Mailuu-Suu, descuidados por décadas por la Unión Soviética y luego Kyrgyzstan, deben reforzarse con urgencia para evitar desastres. Indicaron, además, que están recaudando fondos para el proyecto.

“Hay 14 millones de personas en el valle de Ferghana y, en caso de desastre natural, el agua puede arrastrar los relaves al río Naryn (Syr Darya), lo que sería una tragedia para todo el valle”, expresó Bolotbek Karimov, investigador ambiental en Osh, en el sur de Kyrgyzstan, según una publicación de la agencia de noticias Reuters.

Historia

El área se conocía como Casilla 200 y se fundó en 1946 bajo un programa secreto de minería de uranio soviético que empleaba prisioneros de facto: personas de etnias políticamente sospechosas como alemanes y exsoldados del Ejército Rojo declarados culpables de rendirse en la Segunda Guerra Mundial.

En 1968, cuando terminaron las operaciones mineras en el área, habían producido más de dos millones de metros cúbicos de relaves, o vertederos de minas, que fueron rápidamente enterrados en las laderas de las montañas a lo largo del río Mailuu-Suu.

El peligro se presenta ante la posibilidad de que los desechos lleguen al río que desemboca en el valle de Ferghana, una de las zonas más densamente pobladas de Asia Central, ahora dividida entre Kyrgyzstán, Uzbekistán y Tayikistán. En 1958, una presa en uno de los relaves colapsó tras fuertes lluvias y un terremoto, liberando miles de toneladas de desechos radiactivos.

En aquel momento, la Unión Soviética evitó publicar un informe detallado de evaluación de daños sobre el incidente, pero ambientalistas denuncian que no solo envenenó personas, ganado y peces, sino que también contaminó los arrozales río abajo. Ese evento ilustra lo que podría pasarle al valle de Ferghana: las tasas de cáncer de la ciudad son un 50% más altas que el promedio nacional.

Por otro lado, el Poder Legislativo de Kyrgyzstan aprobó un proyecto de ley sobre la prohibición de extraer uranio y torio en la república.

 

Fuente:https://noalamina.org/mundo/asia/item/43219-desechos-radiactivos-en-kyrgyzstan-ponen-en-riesgo-a-millones-de-personas?fbclid=IwAR2U4BYjMa3L2n92KjECVbt3DAUtGJ93kRY2L-RB4yH0BFC1PK-ISzvUEQQ

Internacional

Minerales en conflicto: poca legislación y menos control

Son minerales cuya extracción se relaciona directamente con violaciones de derechos humanos. Buena parte de los beneficios económicos que se obtienen a lo largo de su cadena de extracción, transporte y comercio financiarían conflictos violentos como guerras, trabajo infantil, esclavitud y sirven para el lavado de dinero. Además, se considera que los países o áreas que pueden ser afectadas por estos conflictos poseen recursos minerales que tienen una alta demanda local, regional o global.

La Unión Europea reconoce como “minerales en conflicto” tan sólo al tantalio, al estaño, al wolframio y al oro (conocidos también como 3TG por sus siglas en inglés). Desde su punto de vista, la extracción de estos minerales supone destrucción ambiental y desmantelamiento de las economías locales de algunos países.

La responsabilidad de las empresas

Hace muchos años se hizo notoria la necesidad de contar con legislación relativa al abastecimiento de ciertas materias primas para la Unión Europea en regiones con conflictos y de exigir a las empresas que se hagan responsables de los riesgos que involucran sus cadenas de abastecimiento en términos de contaminación, destrucción y violaciones de derechos fundamentales.

Las industrias que utilizan materias primas abarcan un espectro amplio. El cambio climático y el cuestionamiento a las energías fósiles dan paso a nuevos usos para las materias primas. Para afrontar el cambio, necesitamos enormes cantidades de cada vez más materias primas metálicas y minerales para fabricar toda la estructura y aparatos que requiere la puesta en funcionamiento de las energías renovables. Lo mismo sucede con la digitalización. Estos sectores se suman a los usos de materias primas y energía en industrias más tradicionales como la automotriz, la aeroespacial y la de defensa, las telecomunicaciones, todo tipo de maquinaria pesada, etc.

El uso final que se da a estos minerales, no cambia sin embargo la naturaleza destructiva de su extracción minera.

Legislación para un mayor control sobre el aprovisionamiento de minerales

Los Estados Unidos cuentan desde 2010 con la ley de transparencia conocida como Dod Frank Act que obliga a las empresas estadounidenses y a sus proveedores a realizar verificaciones sobre la procedencia y conflictos relacionados con los mismos metales 3TG en su cadena de suministro i, en la República Democrática del Congo, República Centroafricana Sudan, Uganda, Ruanda, Burundi, Tanzania, Zambia, Angola, Congo.

Existe también el llamado Proceso Kimberly de certificación, que se refiere específicamente a la extracción y comercio de diamantes. Si estos provienen de zonas en conflicto, no pueden entrar a los Estados Unidos.

En cuanto al ámbito internacional, existe una guía de diligencia debida voluntaria dirigida a las empresas del sector extractivo, elaborada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE que constituye el estándar internacional actual para un abastecimiento responsable de minerales y a la que han adherido los gobiernos de la UE. Y que por cierto, pocas o ninguna empresa europea aplican seriamente ii. Lo mismo sucede con los Principios Rectores de las Naciones Unidas para las Empresas y los Derechos Humanos UNGPs aprobados por unanimidad en 2011 que responsabilizan a las empresas de asegurarse de que sus actividades no financien daños y abusos.

La UE se encuentra con en este ámbito por detrás de los Estados Unidos.

Pero gracias a una activa campaña en Europa sobre las circunstancias que rodean a los “minerales de conflicto”, hay nueva legislación que apunta a evitar que las empresas europeas o con sede en la Unión Europea financien con la extracción, comercialización y suministro iii de estos minerales las armas que se utilizan en zonas de conflicto. Tal legislación entrará en vigor el 1 de enero de 2021, para que las empresas “tengan tiempo de adaptarse a las nuevas normas”.

Por ser la primera normativaque existe en Europa sobre el tema, es un gran paso adelante. Pero tiene problemas.

Críticas a la legislación por insuficiente

En principio la nueva legislación europea sobre minerales en conflicto busca diligencia debida, es decir, un comercio “responsable” de minerales procedentes de zonas en conflicto, pero la misma no garantizará nada. No hay que pasar por alto que el lobby de la industria minera estuvo detrás de la Comisión para que la propuesta sea limitada y débil.

La auto-regulación de los mercados de materias primas no es una buena idea

No significa un avance real, pues al igual que la guía de la OCDE en la que también se referencia la nueva legislación europea sobre los minerales en conflicto es voluntaria. No obliga a las empresas a informar a la UE de sus cadenas de extracción y distribución. Pero sin obligación continuará habiendo comercio de minerales en conflicto en Europa. Esta ley puede tornarse en un instrumento inútil.

No abarca todas las materias primas, ni toda la cadena de abastecimiento, ni a todas las regiones conflictivas o potencialmente conflictivas.

Entonces, afecta a un número limitado de empresas, sólo a aquellas que importen algunos metales y minerales procesados y no procesados (brutos) al mercado europeo.

Se limita a los cuatro minerales llamados en conflicto, sin abarcar un rango más amplio de materias primas que también se encuentran en el centro de graves conflictos. Es decir, en otras regiones también hay conflictos con la extracción de otras materias primas que no están considerados en absoluto en esta Regulación.

La obligación de los estados de proteger los derechos humanos es muy débil

Las y los consumidores europeos no obtienen ninguna garantía real de no estar favoreciendo la violencia, inestabilidad y el abuso de los derechos humanos al dejar la puerta abierta a que se siga comerciando con minerales que financian grupos armados, trabajos forzados, etc. en esos países.

En algunos de los países de origen de las materias primas carecen de mecanismos de control

Por muy buena voluntad con la que se elabore la ley europea, lo que establece puede no tener ningún efecto en los países en los que se dan los conflictos (lo mismo sucede con similar legislación relativa a las importaciones de madera tropical). Hay que destacar que varios países africanos, como República Democrática del Congo y Ruanda cuentan con legislación específica sobre las cadenas de suministro de las empresas.

La intensidad del conflicto: cómo se decide lo que es aceptable y lo que no

Se está entonces estableciendo que los minerales y metales han de proceder únicamente de “fuentes no conflictivas” y se describen como conflictos hechos como guerras cruentas, trabajo infantil, esclavitud, corrupción y otros. Pero más allá de posibles causalidades contempladas, la actividad minera es causa de un espectro amplísimo y una lista interminable de conflictos graves no considerados que incluyen grados menores o no reconocidos de los anteriores, como corrupción, y también amenazas e intimidaciones, criminalización, desplazamiento, etc. y en los que están involucradas empresas europeas y la propia Unión Europea con sus políticas, diplomacia y cooperación al desarrollo,

Queda abierta la pregunta de qué es exactamente un “conflicto” y quién determina y cómo si este conflicto existe o no. Hay que tener en cuenta que cada vez existen más conflictos mineros a pesar no estar reconocidos y de ser sistemáticamente silenciados por los medios y las autoridades. Una ley que abarque y regule toda la extracción minera y todos los conflictos, y no limitada a una serie de metales en determinados países otorgaría mayores seguridades y efectividad para regular la minería y el comercio de materias primas y los grados de vinculación de instancias y empresas europeas.

Podría incluso llegar ser perjudicial en el caso de que, además de no lograr evitar los conflictos en los países ya afectados, sirva encima para legitimar proyectos mineros en otros lugares, en los que también existen conflictos importantes para las comunidades.

Cuál sería la manera de mejorar la situación,

La reglamentación europea tiene que encaminarse a exigir a las empresas que se responsabilicen totalmente de sus cadenas de abastecimiento. Adjuntar una lista tanto de materias primas como de regiones en las que debe aplicar no es una buena estrategia. Hacer una ley realmente fuerte que obligue a un rango más amplio de empresas a lo largo a verificar todasu cadena de suministro -diligencia debida- (en Europa y fuera de Europa). Entran en la UE cualquier cantidad de metales procedentes de áreas en grave conflicto, ya manufacturados en productos como ordenadores, teléfonos y automóviles.

En resumen, obligatoriedad y una mayor claridad y diligencia debida en toda la cadena de abastecimiento de todas las materias primas. Quienes compran estos productos también tienen que exigir esta información. Pero ahí si se vería con claridad que es imposible todo este consumo de manera sostenible. Empezáramos por ahí.

Notas:

i En su art. 1502 la Ley Dodd-Frank obliga a todas aquellas empresas que reportan a la US Securities and Exchange Comission SEC y utilizan alguno de los 4 minerales en conflicto en sus productos a elaborar un informe sobre la procedencia de los mismos. En caso de que proceda de la zona señalada por la ley, deben elaborar una auditoría. Las empresas cuentan con dos años para elaborar su informe. En caso de no hacerlo, sus productos se marcan como “no hallados libres de conflicto”.

ii Investigado por Global Witness en 2015

iii La legislación afecta a entre entre 600 y 1.000 importadores de la UE que comercian con los minerales en conflicto en forma de mineral, concentrados o metales tratados y a cerca de 500 fundiciones, pero para nada a todas las empresas mineras que pueden estar contaminando y causando graves conflictos con materias primas y en regiones no contempladas por la misma.

Fuente:https://medium.com/@ecologistadelno/minerales-en-conflicto-poca-legislaci%C3%B3n-y-menos-control-2d9fa63775ad

Internacional

Minería submarina aceleraría los efectos del cambio climático

Informe «In deep water» (‘En Aguas Profundas’) advierte que la minería submarina causaría «daños irreparables» y aceleraría los efectos del cambio climático al interrumpir las reservas de «carbono azul» en los sedimentos del fondo marino.

«Los océanos de todo el mundo mundo se pueden enfrentar a daños severos e irreversibles a menos que se establezcan salvaguardas ambientales más estrictas para protegerlos de los riesgos de la minería en aguas profundas», advierte el informe elaborado por un equipo de científicos de Greenpeace.

«En Aguas Profundas» aborda las consecuencias de la minería de fondos marinos, una industria emergente queinevitablemente dañará los ecosistemas vulnerables de las profundidades marinas en caso de avanzar con las perforaciones en los océanos.

«La minería submarina constituye una de las nuevas y más extensas amenazas para los ecosistemas marinos del planeta»

Los estudios y exploraciones que se han realizado a lo largo de nuestra historia nos han permitido conocer menos de 1% del fondo del mar a nivel mundial. A pesar de ello, en lo poco que se conoce, ya se sabe que hay grandes riquezas.

Por este motivo, la industria minera elabora planes para bajar y explotar comercialmente las profundidades marinas.

De acuerdo al informe presentado por la oenegé ambiental, actualmente existen 29 licencias que han sido concedidas. Con ellas se está autorizando la exploración minera en enormes franjas del fondo marino, muchas de las cuales son zonas con un alto índice de biodiversidad.

En este sentido, Greenpeace propone una moratoria provisional sobre la minería de los fondos marinos para garantizar que las opciones se mantengan abiertas mientras se construye una red de santuarios marinos a partir de un Tratado Global de los Océanos en Naciones Unidas.

¿Conservación por encima de la explotación?

Los permisos repartidos para realizar esta actividad corresponden, en su mayoría, a China, Corea, Reino Unido, Francia, Alemania y Rusia, países que reclaman vastas áreas de los océanos Pacífico, Atlántico e Índico.

El tamaño del área de explotación mundial abarca alrededor de 1 millón de km2, casi el tamaño de la superficie de Bolivia.

El estudio también revela que la industria minera de aguas profundas es consciente de que sus actividades podrían provocar la extinción de especies únicas y pide a los gobiernos que acuerden un sólido Tratado Mundial de los Océanos en Naciones Unidas que ponga la conservación —y no la explotación— en el centro de la gobernanza de los océanos.

«Los océanos podrían enfrentar daños severos. La minería en aguas profundas es una amenaza emergente y su actividad podría resultar en la extinción de especies únicas. Además esta práctica industrial aceleraría los efectos del cambio climático», señaló Estefanía Gonzalez, coordinadora del programa de océanos de Greenpeace Andino.

«Las regulaciones ambientales deben ser más estrictas si se pretende salvaguardar la vida de los océanos»

Según el informe, las regulaciones ambientales deben ser más estrictas si se pretende salvaguardar la vida de los océanos.

Por su parte, Louisa Casson, de la campaña de Protección de los Océanos de Greenpeace, mencionó que nuestra supervivencia depende de la salud de los océanos y que la industria codiciosa de minería submarina podría destruir maravillas que ni siquiera conocemos.

«La salud de nuestros océanos está estrechamente vinculada a nuestra propia supervivencia. A menos que actuemos para protegerlos, la minería de aguas profundas podría tener consecuencias devastadoras para la vida marina y la humanidad».

«Las profundidades marinas son el ecosistema más grande del planeta y el hogar de criaturas únicas que apenas comprendemos. Esta industria codiciosa podría destruir las maravillas de las profundidades del océano incluso antes de que tengamos la oportunidad de estudiarlas», declaró.

Así, la organización ambientalista hace un llamado a los gobiernos del mundo para que acuerden en las Naciones Unidas un tratado Global Oceánico que ponga la conservación de las aguas por encima de su explotación.

Intereses corporativos

«La ISA no es apta para el propósito de proteger nuestros océanos. Está más preocupada por promover los intereses de la industria minera de aguas profundas y hacer lobby para no lograr un firme Tratado Global de los Océanos» 

Por último, el informe destaca la debilidad de la actual fragmentación en la gobernanza de los océanos, con la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés), el organismo de la ONU responsable de regular la industria minera de aguas profundas, priorizando los intereses corporativos por encima de una protección marina firme.

«La ISA no es apta para el propósito de proteger nuestros océanos. Está más preocupada por promover los intereses de la industria minera de aguas profundas y hacer lobby para no lograr un firme Tratado Global de los Océanos», señaló Casson.

“Es fundamental que los gobiernos acuerden un Tratado en la ONU lo suficientemente sólido como para allanar el camino para la creación de una red de santuarios marinos que dejen fuera del alcance todas las formas de explotación industrial, incluida la minería en aguas profundas. También necesita hacer cumplir los más altos estándares ambientales para impedir actividades de este tipo en los santuarios”, concluyó.

Cabe destacar que el informe de Greenpeace cita a científicos, gobiernos, ecologistas y representantes de la industria pesquera, que alertan de las amenazas inevitables a la vida marina en amplias áreas de los océanos de todo el mundo debido a la maquinaria minera y a la contaminación tóxica asociada si los gobiernos permiten que comience la minería en aguas profundas.

La publicación de este informe (junio 2019) coincidió con la partida hacia la mitad del Atlántico del barco ‘Esperanza’ de Greenpeace, donde realizará una nueva investigación en la Ciudad Perdida, una formación espectacular de chimeneas hidrotermales activas que se elevan sobre el fondo marino y pueden contener pistas sobre el origen y evolución de la vida. A pesar de que esta zona ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, la Ciudad Perdida se encuentra bajo amenaza después de haber sido incluida en un área de la Cordillera del Atlántico Medio por un contrato de exploración minera en alta mar otorgado por la ISA al Gobierno polaco en febrero de 2018.

Datos:
  • Hasta la fecha, la comunidad científica sólo ha explorado o muestreado alrededor del 0,0001% del lecho marino profundo.
  • La minería de aguas profundas podría empeorar la crisis climática al interrumpir las reservas de “carbono azul” en los sedimentos del fondo marino.
  • La gigante empresa estadounidense de armas Lockheed Martin posee dos licencias de exploración patrocinadas por el Reino Unido.

Fuente:http://www.biodiversidadla.org/Noticias/Mineria-submarina-aceleraria-los-efectos-del-cambio-climatico

Internacional

Minería en África (o cuando las empresas sustituyen a los Estados)

La penetración del capital extranjero en minería durante las décadas 80 y 90 del siglo XX solo profundizó los problemas estructurales del continente.

Desde los años ochenta ha habido intentos por parte de una serie de actores que incluyen a las Instituciones Financieras Multilaterales (IFM), agencias bilaterales y compañías extractivas para abrir el sector minero en los países africanos endeudados.

No se trata de una actividad encabezada solo por las empresas mineras porque hay que tener en cuenta que los Programas de Ajuste Estructural impulsados por las IFM identifican la minería como medio de obtener recursos con los que reembolsar la deuda externa. Hay una confluencia de factores y el proceso de liberalización que se produjo bajo la presión de las IFM fue aprovechado por las compañías mineras para introducirse en el sector en África. De modo que el proceso es más complejo que simplemente unas compañías que toman la iniciativa. Hay una responsabilidad compartida entre las empresas, las IFM y los gobiernos anfitriones.

A petición de las IFM se consiguió redefinir la legislación para el sector minero ofreciendo a las empresas incentivos, reducción de impuestos o rebaja de royalties, abriendo los países a la inversión extranjera. Se dijo a los países que este proceso contribuiría a su desarrollo pero ello no ha sido así.

En los países africanos el marco legal del sector minero se ha revisado y reformado repetidamente.  Varias generaciones de  normativas han ido liberalizando progresivamente el sector. Además, se crea una competencia entre los países para atraer inversión extranjera, de modo que liberalizan sus normas más aún para hacerse más atractivos a la inversión. Este es un proceso acumulativo en el que el Estado se va replegando y ofrece cada vez más incentivos a las empresas mineras, de modo que las compañías aceleran el ritmo de extracción de recursos.

El Estado ha ido reduciendo su capacidad para hacer seguimiento de lo que ocurría y controlar el ritmo de las extracciones, mientras que cada vez tenía menos capacidad para hacer respetar las regulaciones medioambientales o mediar en el impacto social causado por las actividades mineras, que a menudo han dañado a las comunidades.   A menudo las empresas prometen pagar ciertas cantidades por su operación, pero los gobiernos no han sido capaces de obligarles a cumplirlo; esto es lo que muestra la «Iniciativa de Transparencia de la Industria Extractiva» durante la pasada década. En muchos casos, los gobiernos no han podido recuperar lo que las empresas se comprometieron a pagar de impuestos, así que las promesas no se han materializado de la forma en que deberían. Además, se han producido serios impactos ambientales y sociales a consecuencia de la actividad minera; por ejemplo, en ocasiones la población ha perdido su medio de vida y se han visto obligada a abandonar la tierra de la que vivían.

En el diseño del régimen normativo de la minería en África había una idea muy clara: que el Estado debía apartarse debido a su supuesta improductividad y que debían ser compañías privadas las que tomaran el mando como operadoras y propietarias; ellas debían liderar el proceso. En este esquema, el Estado debía ser más un “facilitador”, un regulador. Lo que ocurrió es que muchas funciones del Estado fueron transferidas a las compañías, dejando en sus manos la responsabilidad para operar según su criterio, e incluso cuestiones referidas a impactos medioambientales y sociales, como la expulsión de la población de ciertas tierras. Esto es muy problemático porque empresas que se rigen por estándares voluntarios fueron las que asumieron la función de hacer el seguimiento del proceso, de dar compensaciones a las comunidades locales, etc. Como se podía esperar, el resultado no ha sido muy satisfactorio. Con la sustitución del Estado por las compañías, estas se hicieron con la capacidad de regular. El resultado es que a la hora de determinar responsabilidades cuando surge un problema, hay un vacío. Por ejemplo, cuando se incumple el pago de las compensaciones a las comunidades o cuando se producen impactos ambientales, como la contaminación de agua por la actividad minera. Así aparece un nuevo tipo de conflicto que se desarrolla a raíz de la marginación del Estado y cuando el sector se rige con medidas voluntarias, dejando un vacío regulador que suscita problemas de legitimidad y responsabilidad. Esto no ocurre solo en África; también en América Latina, en países como Perú, donde la actividad minera es muy importante y donde han surgido numerosos conflictos, la mayoría relacionados con el sector minero.

Después de dos décadas de vigencia de esta fórmula económica para África como mero suministrador de materias primas ya está más que probado que, lejos de traer desarrollo y bienestar a sus poblaciones, trae, a lo sumo, el enriquecimiento de las compañías extractivas y de algunos dirigentes y muchos problemas estructurales para el país.

Un informe de la Comisión Económica para África de Naciones Unidas comienza diciendo que los problemas identificados en África en 2011 son los mismos que hace 30 años…

 

Fuente;https://noalamina.org/mundo/item/43223-mineria-en-africa-o-cuando-las-empresas-sustituyen-a-los-estados?fbclid=IwAR3GrQerh9jlDH1MhV_9ORsfhYJ0uPHNy297JFQoGq7Hlj7lKo5ZLZ-6UJs