Honduras, Mexico

BERTA CÁCERES… Vive, Volverá y Será Millones.

“Cuando iniciamos la lucha contra Agua Zarca, yo sabía lo duro que iba a ser.
Pero también sabía que íbamos a triunfar. Me lo dijo el río”
Berta Cáceres
2 de marzo 2020.
Hoy se cumplen 4 años en que Berta Cáceres fue sembrada en su tierra natal “La Esperanza” en
Intibucá, Honduras. Su cobarde asesinato se conjuro al mismo momento del atentado que sufrió
nuestro compañero Gustavo Castro, sobreviviente y testigo a quien durante sus testimoniales le
fueron violados sus derechos por parte del gobierno hondureño, lo cual, en ese momento ya
mostraba que la injusticia e impunidad sería parte del colofón de esta historia tan recurrente para
quienes se atreven a defender la vida en toda América Latina.
Berta Cáceres fue, es y sigue siendo una mujer Lenca a quien se le arrebató la vida por como vivió,
por como resistió y luchó durante toda su vida y porque su fuerza combativa desafió a los intereses
del poder capitalista y patriarcal, ambos principales culpables del despojo de la vida, de la
destrucción de los bienes naturales y del saqueo del territorio.
A Berta, la ambientalista, madre de cuatro hijos, abuela, hija, hermana, co-fundadora y vocera del
Consejo Cívico de las Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), le quitaron la
vida muchos actores; los sicarios envalentonados y serviles al modelo global. También participaron
las instituciones económicas y políticas del estado hondureño que, por encima de la vida de su
población, obedece y se alía con corporaciones globales que explotan, despojan y se enriquecen de
manera enfermiza a partir de la depredación de los bienes naturales de aquellos países que gracias
a sus pueblos originarios los tienen en abundancia. Fue asesinada por la colonialidad, la cual, como
un patrón de clasificación y ordenamiento de la población y territorios, refuerza el racismo contra los
pueblos indígenas y afrodescendientes de Honduras y del resto de América Latina. Fue asesinada
por la violencia patriarcal, la cual ha oprimido históricamente la integridad de las mujeres.
También se cumplen 4 años en que las resistencias le han mostrado al mundo entero que el estado
hondureño y toda su clase política incluyendo el congreso, el ejecutivo, el ejército, la policía y el
poder judicial es corrupta, agresiva y violatoria de derechos, quienes además continúan asesinando
a defensores de los derechos.
Para la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería, la muerte de Berta también ha tenido
un efecto simbólico, ya que su acción política como defensora de la naturaleza, de las mujeres, de
los derechos de los pueblos indígenas, sin duda continúa siendo un ejemplo para miles de personas
que somos conscientes sobre la importancia de unificar esfuerzos para concretar transformaciones
sociales frente a este modelo globalizador que es avasallador.
Berta vivió, resistió y luchó porque otro mundo sea posible. La claridad de su lucha y de su visión
ilumina el compromiso de los pueblos para con sus territorios y protegerlos y conservarlos a través
de su comunalidad y respeto por la vida y la naturaleza. Berta continúa siendo la voz y la fuerza de
todas y todos. Berta es la primera línea de paz, ante la guerra de la reivindicación de las luchas
indígenas que avanzan de la mano de nuevos procesos anti patriarcales y descolonizadores.

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Honduras

Exigen cancelación de permisos de operación

COMUNICADO PUBLICO

El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, ante la opinión pública local, regional, nacional e internacional, hace de conocimiento público lo siguiente:

1. Que las comunidades y población aglutinada en el Comité, siguen en resistencia y en oposición a los proyectos mineros ASP1 y ASP2 dados en concesión a Inversiones los Pinares en la zona núcleo del Parque Nacional Montaña Botaderos. Tales proyectos son la expresión más evidente de la corrupción y amenazan literalmente con desaparecer al rio San Pedro y Guapinol y las comunidades ubicadas en las microcuencas de los ríos mencionados.

2. La resistencia y oposición es también contra la empresa Inversiones ECOTECK que construye el proyecto “Planta de Beneficio y Peletizado de Óxido de Hierro” y pretende mover ochocientas mil toneladas de material anualmente, admite que necesita cien galones de agua por minuto, consumiendo en un año 52 millones quinientos sesenta mil galones de agua. La cantidad de agua que consume toda la comunidad de Guapinol en cuatro años. Ambas empresas están bajo la representación legal de Lenir Pérez.

3. Inversiones ECOTECK recibió el 13 de febrero de 2018 la licencia provisional para el proyecto “Planta de Beneficio y Peletizado de Óxido de Hierro” debiendo entregar a MiAmbiente el punto de acta de socialización del proyecto en cabildo abierto para obtener licencia funcional. Al no lograrlo, Inversiones ECOTECK ha seguido un proceso perverso, corrupto y ha engañado a la secretaria del Ambiente, a las autoridades locales, a las comunidades y medios de comunicación porque entregó a MiAmbiente el punto de acta certificado #083-2016 del “Cabildo Abierto de consulta” celebrado en la Comunidad de Ceibita el 30 de junio 2016 y adjunta constancias y listados de asistencia de 2016 y 2017 donde Inversiones los Pinares engañó a dirigentes de Patronato y Juntas de Agua con proyectos de desarrollo suplantando al gobierno local y nacional. Dicha información no se relaciona con socialización ni consulta alguna.

4. El Comité mantiene firme posición en defensa del agua, el ambiente, el territorio y la paz. El gobierno Municipal no puede renovar el permiso de operación y MIAMBIENTE no puede renovar licencia ambiental a Inversiones los Pinares ni otorgar licencia ambiental a Inversiones ECOTECK. Son proyectos violatorios de la soberanía territorial, ambiental, destruyen los ríos San Pedro y Guapinol, son amenaza y potencial de desplazamiento forzoso de las comunidades del sector San Pedro, Guapinol, Ceibita, Cayo Campo y Asentamiento la Lempira, entre otras del sector Zamora.

5. La oposición está sustentada en la voluntad popular a través de diferentes actividades públicas y administrativas apegadas al derecho constitucional y Municipal. La voluntad popular soberana está plasmada en el acta de Cabildo Abierto #079-2019 donde se declaró al “Municipio de Tocoa libre de minería” el 29 de noviembre de 2019. El Comité repudia la corrupción, la campaña permanente de criminalización, intimidación, judicialización y encarcelamiento de personas en resistencia y responsabiliza a ambas empresas por cualquier hecho lamentable contra miembras o miembros del Comité, de las comunidades o de sus organizaciones miembras.

6. El Comité llama a todas las comunidades, organizaciones, instituciones y personas de buena voluntad a mantener la resistencia y la oposición con firmeza pacifica, mantener la serenidad ante la campaña de mentiras y no firmar ningún documento que les comprometa con la corrupción.

7. Exigimos libertad para la Montaña Botaderos, libertad para los ríos, libertad para el ambiente, libertad para el territorio. Exigimos libertad para las nueve personas, defensores presos políticos encarcelados por mandato de las empresas extractivas. Un día que está pronto la verdad, la justicia y la libertad se impondrán sobre el dinero que corrompe y el sol brillará sobre la casa común. ¡Alto a la corrupción, la mentira y la impunidad de Inversiones los Pinares e Inversiones ECOTECK!

¡Por el agua, el ambiente, el territorio, la paz y la libertad de los presos, justicia ya!

Tocoa, 04 de febrero de 2020
Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.

Honduras

Tocoa: lucha contra modelo que explota, desplaza y criminaliza

La declaratoria “libre de minería”, de Tocoa, Colón, representa un logro importante para el pueblo organizado y no organizado que, desde hace más de 4 años viene denunciando las concesiones mineras otorgadas por el Estado de Honduras, en la montaña “Parque Nacional Carlos Escaleras”, dijo en Radio Progreso la líder social Esly Banegas, de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (Copa) y el Comité Municipal Ambiental.

Más de 6 solicitudes escritas y una cumbre por el agua que reunió a más de 5 mil personas en el municipio el pasado 20 de enero de 2019, obligaron a las autoridades municipales a convocar a un cabildo abierto para hacer la declaratoria.

El cabildo se realizó el 29 de noviembre, bajo la demanda “Fuera Minas”, “Tocoa libre de minería”, “Fuera Adán”, haciendo referencia al actual alcalde municipal Adán Fúnez, denunciado por supuestos vínculos con la empresa Minera “Inversiones Los Pinares”.

Las comunidades de Tocoa que se oponen públicamente a la explotación minera, acusan al alcalde de tener fuertes intereses económicos en las concesiones ASP 01 y ASP 02, así como en la fábrica peletizadora Ecotek, que construye el empresario minero Lenir Pérez en el Sector de Ceibita, para procesar la piedra con hierro que extraerá de la montaña.

Inversiones Los Pinares ha publicitado que esa fábrica será la más grande de Centroamérica en la producción de hierro. El terreno donde se construye la fábrica pertenecía a la cooperativa de Guapinol, quien vendió cada manzana de tierra a 2 millones de lempiras, evidenciando el poder adquisitivo del empresario.

“Desde la municipalidad se renuevan los permisos de operación”, a pesar que las comunidades han exigido al alcalde no otorgarlos más, porque se está violentando el legítimo derecho al agua y la libertad de la gente que vive en Guapinol y Ceibita, dice Esly Banegas afirmando que, son millones de lempiras los que están en juego con esa concesión, por ende, las autoridades municipales y del gobierno central han dejado clara su postura a favor de la empresa, a pesar que se está pasando por encima de la dignidad y vida de la gente.

La concesión minera en la montaña Carlos Escaleras se dio en 2013, cuando era presidente del Congreso Nacional Juan Orlando Hernández, actual gobernante inconstitucional de Honduras. Previo a la concesión, ese congreso aprobó la reducción de la zona núcleo del parque en 217 hectáreas, las que fueron entregadas en concesión a Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé propietarios de Inversiones Los Pinares.

 

El primer permiso de operación municipal la empresa lo obtuvo el 20 de enero de 2014. Adán Fúnez se justifica diciendo que él asumió el cargo 5 días después del hecho. Si bien es cierta su justificación, también es cierto que él era regidor en ese tiempo, y guardó información al no advertirle al pueblo sobre la concesión minera que amenaza las fuentes de agua en el municipio. “También ha renovado los permisos de operación anuales a la empresa”, apunta Esly.

En Tocoa desde el 2012 reina la incertidumbre por las amenazas de explotación minera. En ese año las comunidades de la Abisinia comenzaron a organizarse ante los rumores que tomaron fuerza con la visita de algunos empresarios mineros en la zona y de políticos del Partido Nacional.

Pero fue hasta 2016, cuando se publicó la investigación “Impacto socio ambiental de la minería en la región noroccidental de Honduras, a la luz de tres estudios de casos: Montaña de Botaderos (Aguán), Nueva Esperanza (Atlántida) y Locomapa (Yoro) “, del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (Eric) en coordinación con el Colegio para la Salud Pública y la Justicia Social de la Universidad de Saint Louis Missouri, que las comunidades se informaron sobre la cantidad de concesiones mineras que el Estado ha otorgado en el departamento de Colón.

El estudio refleja que hasta 2016, solo en departamento de Colón existen 28 concesiones mineras en etapa de exploración, 25 en solicitud y 7 en operación. Siendo el municipio de Tocoa el más afectado con un total de 34 concesiones para la explotación minera a cielo abierto.

 

Fuente:https://wp.radioprogresohn.net/tocoa-la-lucha-contra-un-modelo-que-explota-desplaza-y-criminaliza/?fbclid=IwAR3RN2SXO-qNQbdEbvumD4VvcTggvICvQBtuhiIveKVorCGSnDBaK2p8lkA

 

Honduras

Tras lucha sangrienta, Tocoa se declara libre de minería

Libre de minería, así se  declaró hoy el municipio de Tocoa durante un Cabildo abierto que se celebró en esa localidad.

Ante la presencia del expresidente Manuel Zelaya Rosales, el Comité por la Defensa de los Bienes Comunes, donde participan distintos partidos políticos, exigió a la autoridad municipal no tener empresas mineras en su ciudad.

De tal forma, que el acta que firmó el alcalde Adán Fúnez y el resto de la Corporación Municipal será llevada al Congreso Nacional. El objetivo es que los diputados ordenen a la empresa Inversiones Los Pinares de Guapinol, y a cualquier otra que pretenda proceder, retirarse de la zona.

Lo anterior, lo exigieron habitantes de la comunidad antes mencionada, de San Pedro y otros sectores que aseguran que el afluente de agua está siendo contaminado por dicha compañía minera.

Es por eso, que los miembros de esas comunidades manifestaron que la «empresa minera ya no representa los intereses de la población».

Alcalde no da declaraciones

Durante muchos meses, el alcalde Adán Fúnez -del Partido Libertad y Refundación- fue duramente criticado porque no quería hacer el cabildo abierto.

Además, de que él apoyó la instalación de la maquinaria de Inversiones Los Pinares en Guapinol, una zona en conflicto por la causa minera y la defensa del agua y la vida.

Es así que este día, optó por aprobar lo que todos los presentes exigieron en el cabildo abierto. Sin embargo, prefirió no dar declaraciones a los medios de comunicación.

Por su parte, la presencia de «Mel» Zelaya» fue contradictoria para algunas personas. La razón: por el protagonismo que obtuvo. Ya que supuestamente el pueblo «no pudo expresarse ni ser escuchado como esperaban» según informaron.

Lucha sangrienta

La comunidad de Guapinol ha sido la principal afectada en una lucha sangrienta entre fuerzas militares y policiales y pobladores.

Lo anterior, por la represión que hubo en distintas fechas pasadas ante las protestas que habían en contra de Los Pinares.

Además, hay defensores criminalizados y encarcelados, a quienes se les ha negado la libertad por un proceso legal que sus abogados y familiares consideran arbitrario.

 

Fuente:https://tiempo.hn/tras-lucha-sangrienta-tocoa-se-declara-libre-de-mineria/?fbclid=IwAR2E0QEdyqXx7KIyJ_kAGPEHse8-fbsL_-M7b5tfzuf2JnwSgKjffXQ0pM4

Honduras

En Consulta Soberana Namasigüe, Choluteca rechaza proyectos mineros y fotovoltaicos

A través de una consulta soberana realizada el domingo 17 de noviembre, la población de Namasigüe, Choluteca, al sur de Honduras, dejó clara su postura de rechazar los proyectos extractivos; las concesiones mineras y los parques fotovoltaicos.

Con un padrón electoral de 15,860 votantes, todos mayores de 18 años, el 97% de la población, es decir; 11,673 personas rechazaron rotundamente las mineras y fotovoltaicas. A favor de los proyectos votó únicamente el 1%, lo que equivale a 78 votos. 150 en blanco y 91 nulos. Para un total de participación de 11,992 personas.

Félix Pedro Pastrana, líder comunitario y director de la radio comunitaria Namasigüe, calificó como exitoso el ejercicio soberano. Explicó que, ahora se inicia un proceso donde se solicitará a la alcaldía municipal que de alguna forma valide la decisión expresada en la consulta. Además de iniciar acciones para que, a nivel central, se tomen decisiones encaminadas a proteger los bienes naturales del municipio.

“Este resultado es muy importante para nuestras comunidades, porque se ve reflejada la opinión de la ciudadanía que rechaza las mineras y fotovoltaicas. Esperamos que este sea el inicio para que nuestra palabra se respete por las autoridades.

Las mineras y las fotovoltaicas únicamente han traído contaminación, destrucción, muerte y división en las comunidades. Estos proyectos son los responsables de que año con año nuestras fuentes de agua se contaminen y en casos extremos desaparezcan”, expresa el líder comunitario.

Consultas

Las consultas ciudadanas se han convertido en una alternativa para que la población opine sobre sus bienes naturales. Desde el 2016, 8 municipios del país han desarrollado las encuestas soberanas.

Carlos Padilla, representante del Centro Hondureño para el Desarrollo Comunitario, CEHPRODEC, dice que los procesos han sido bastante fructíferos y han permitido desarrollar estrategias de lucha una vez se ha concluido con las consultas. Señala que, el simple hecho que las convocatorias sean masivas, significa un mensaje para las autoridades, quienes deben tomar en cuenta la opinión de las comunidades que se ven afectadas por los proyectos de muerte.

“Los resultados de las consultas son muy importantes, porque a corto plazo son un instrumento para obligar a las municipalidades a tomar decisiones. En El Triunfo, Choluteca y la Unión, Olancho, sirvieron para convocar a un cabildo abierto donde los resultados fueron ratificados por la población”, recuerda Padilla.

El experto dice que, el pueblo tiene derecho a ser consultado. Además, señala qué el origen de los conflictos socio ambientales en el país es la falta de consulta a la ciudadanía.

La primera consulta ciudadana realizada fue desarrollada en Santa Elena, departamento de La Paz, con el tema de las hidroeléctricas y el catastro.  Luego en San José del Potrero y Minas de Oro, en el departamento de Comayagua, con una consulta de sobre la minería. En Nahuaterique, La Paz, la población fue consultada si estaba de acuerdo con ser declarado como el municipio número 20 del departamento de La Paz. En la Unión, Olancho y El Triunfo, Choluteca se consultó sobre la minería y en el municipio de El Porvenir, Atlántida la ciudadanía fue consultada sobre las hidroeléctricas.

Amenazas en el sur

La minería y las fotovoltaicas nos son la única amenaza que tienen las comunidades en el sur de Honduras. El monocultivo de la ocra, melón, plantaciones de caña de azúcar y la entrega del territorio para la construcción de las Zonas Especiales de Desarrollo, (ZEDES), forman parte de la problemática que agobia a la ciudadanía.

La instalación de empresas extractivas golpea con fuerza a la población de Choluteca y Valle, que ancestralmente se han dedicado a la pesca y cultivo de granos básicos para sobrevivir. Esta zona está plagada de empresas camaroneras, agroindustriales, fotovoltaicas y mineras que con el aval del gobierno extraen las riquezas de la zona dejando a la gente sumergida en la miseria.

La implementación del modelo extractivo avanza a pesar de la oposición de las comunidades, quienes denuncian los daños ambientales y sociales que se presentan en sus regiones. Una clara muestra de esa apuesta gubernamental es la implementación de un parque minero industrial en la zona sur de Honduras, una región que ha pagado con sangre y miseria la extracción de los minerales.

 

Fuente:https://wp.radioprogresohn.net/en-consulta-soberana-namasigue-choluteca-rechaza-proyectos-mineros-y-fotovoltaicos/

Honduras

«Hay que seguir articulando la organización y el pensamiento»

Con las energías renovadas, los rayos de un sol resplandeciente y la esperanza de seguir construyendo en colectividad, se continuo con el segundo día del Encuentro de Pueblos y Comunidades: Hacia un Estado Intercultural  en Honduras.

La jornada dio inicio con el panel: El impacto del modelo extractivista y estrategias de lucha y resistencias desde las organizaciones territoriales, acompañados por Gustavo Irías, director del Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), Diego Aguilar del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)  y Esly Banegas, de la Coordinadora Popular del Aguán (COPA).

Para Gustavo, los dueños del poder, llamados élite u oligarquía, le temen a la articulación de las organizaciones territoriales y en algunas instancias han tenido que ceder derechos pero en otras ocasiones deciden cancelarlos.

“Han venido pisoteando cantidad de derechos conquistados, por ejemplo: el estatuto del docente, el derecho a la protesta, criminalizada fuertemente, no solo en el presente. Además buscan convertir los bienes comunes en mercancías».

De igual manera recalcó que el papel protagónico que desempeña el Estado es para entregar concesiones a favor de las empresas y esto genera un choque entre dos proyectos: el de la vida y la muerte y frente a esta muerta que genera la industria extractiva, la resistencia que ha nacido desde los territorio contiene la potencialidad  de un proyecto transformador y alternativo.

Por su parte, Esly hizo un recuento de la lucha que han sostenido desde la recuperación de tierras por grupos campesinos del bajo Aguán y la defensa del río en los sectores de San Pedro y Guapinol.

“Hemos estados inmersos en una lucha que se refiere a la agraria. Más de 500 campesinos asesinados desde el golpe de estado y acá campea la impunidad. Y no se resuelve el conflicto agrario y ahora nos llevan al ambiental. Concesiones que han sido otorgadas mediante un proceso corrupto”.

Además recalcó que la postura de las organizaciones es firme en contra de la minería y que han deicidio defender el agua y la vida de las comunidades afectadas y la urgencia de seguir articulando a nivel nacional.

De la misma forma, Diego compartió las experiencias vividas desde el MADJ. “Lo de Guapinol, no es aislado de lo que sucede en Pajuiles y Arizona. Está forma de operar, es la forma más estructural”.

Y cuestionó el trato diferenciado que viven las mujeres y hombres de las pueblos indígenas y  garifunas y la hegemonía del conocimiento que se produce en las aulas de la universidad y ante esto se están formando abogados y economistas que solo están pensando en responder a los interés del capital.

 

Apuestas en común

Los diálogos, el debate, el intercambio de ideas, las experiencias compartidas y las apuestas en común retornaron a cada uno de los grupos que se formaron el día anterior para concretar y definir las posibles acciones que responda a las dinámicas de las organizaciones presentes.

Para la mesa uno,  el avanzar en los procesos de alianza y articulación de movimientos socio-territorial desde la visión de las mujeres, debe pasar por: la organización, capacitación, aliados estratégicos, incidencias, fortalecimiento de los liderazgos, relevo generacional, visibilizar las luchas, construcción de alianzas, la sororidad y recuperar los saberes y practicas ancestrales.

“Hemos concluido que lo primero es la organización de nosotras como mujeres, como nos agrupamos, nos aliamos entre nosotras. Aparte de eso la capacitación que viene a la par, una mujer empoderada, con conocimientos. Saber con quienes nos vamos aliar y para qué objetivos. Debemos acudir a todos los medios, así como lo hace el gobierno para invisibilizar las acciones que nosotras hacemos, nosotras tenemos que tener nuestras propias estrategias”,  indicó Kenia Zerón de la Mesa Nacional de Incidencia para la Gestión del Riesgo.

Para Ada Díaz las alternativas que se plantearon en la mesa dos, son las incidencia con otras organizaciones nacionales y locales a las que no se ha logrado llegar, por ejemplo trabajar con los patronatos y las juntas de agua que se han mostrado indiferentes a los proceso organizativos. Y la articulación por regiones, que concluya en una Confederación Nacional.

Emilia Gómez del Movimiento Indígena Lenca Independiente de la Paz (MILPAH), hace un llamado a las organizaciones no gubernamentales para que acompañen de manera continua las luchas de los territorios y a la universidad a no seguir indiferente y gestionar becas para los jóvenes de las organizaciones.

Las propuestas de la mesa tres  y cuatro se enfocaron en desligar el fundamentalismo religioso que se muestra intolerante a las diferencias culturales. También replantearse un cambio radical en el modelo educativo con la creación de de nuevos contenidos con los saberes de cada cultura, diseñar materiales didácticos con las lenguas maternas, re-elaborar la malla curricular, permitir el intercambio de estudiantes con integrantes organizaciones como COPINH y OFRANEH, y la creación de centros educativos gestionados por las comunidades.

“Recordemos que la educación intercultural bilingüe es el modelo educativo que los pueblos indígenas y afrohondureños están procurando implementar en sus comunidades desde los años 90. En realidad hasta el momento no ha llenado las expectativas de los pueblos indígenas. Se necesita repensar el modelo y eso fue lo que discutimos en la mesa. Reconstruir esas expectativas”,  mencionó Scott , del pueblo Misquito.

En el caso de la mesa cinco y seis, establecer alianzas, organizar a las comunidades para defender su patrimonio, realizar acciones que frenen los proyectos que quieran instalarse en las zonas y la creación de nuevas radios comunitarias, permitirá mantener el patrimonio cultural y ancestral de los pueblos originarios.

A modo de conclusión final del encuentro, las organizaciones presentes acordaron seguir encontrándose en espacios que le permitan evidenciar el trabajo, mostrar los logros y buscar las estrategias conjuntas para construir autonomía desde sus visiones. El Encuentro finalizó en el Parque de Santa Rosa de Copán con la lectura del comunicado construido entre todos y todas las participantes.

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/11/hay-que-seguir-articulando-la-organizacion-y-el-pensamiento/

Honduras

ALERTA | En Azacualpa: Aura Minerals continúa exhumando cementerio en busca de más oro

En complicidad con autoridades estatales y el acompañamiento de elementos policiales y militares, la Empresa canadiense Aura Minerals (MINOSA), comenzó nuevamente la exhumación de cadáveres del Cementerio de Azacualpa, La Unión, Copán en busca de más oro.

Ante la oposición y resistencia de los familiares, vecinos y autoridades de la comunidad, que previamente declararon mediante cabildo abierto “NO CERRAR NI TRASLADAR EL CEMENTERIO”, la empresa MINOSA ha estado  provocado con reiteradas detonaciones el derrumbamiento del cerro del cementerio, con el objeto de obligar a las familias a aceptar el proceso. Ha amenazado, además, con presentarse junto a personal del Sistema Nacional de Gestión de riesgos (SINAGER) y seguridad del Estado, quienes avalarían la necesidad de decretar el área como zona de riesgo, y evitar, a la vez, que el pueblo se manifieste en contra.

La ambición de MINOSA ha provocado daños ambientales severos provocados por las excavaciones. Sin embargo, la oposición de la comunidad ha dejado: procesos judiciales en contra de líderes locales, daño a las estructuras físicas de las viviendas, la escuela, del centro comunitario y de la iglesia; destrucción y desaparición de la flora y fauna. Al igual que de 13 fuentes de agua que abastecen a las comunidades contaminadas.

Frente a este contexto de abusos y violación de derechos humanos, el Centro de Estudio Para la Democracia (CESPAD), exigimos:

  1. Al Estado y Gobierno de Honduras, respetar la voluntad del pueblo de Azacualpa y evitar que se continúen las exhumaciones de los cuerpos que aún quedan en el cementerio de la comunidad.
  2. A MINOSA, cesar sus actividades de abuso a la dignidad humana de las comunidades y reparar los daños causados a los familiares.
  3. A INHGEOMIN, incidir para poner un alto a los enormes daños ambientales que han generado en la zona las detonaciones de los cerros y montañas de la comunidad de Azacualpa, al igual que el uso de químicos para la extracción minera.
  4. A la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), vigilar y garantizar el cumplimiento efectivo de las recomendaciones realizadas al Estado de Honduras por mecanismos de protección de derechos humanos, teniendo en cuenta la relación entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos.

Finalmente, hacemos un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales a solidarizarse con la defensa del derecho a la paz y autodeterminación de los pueblos.

 

Fuente:http://cespad.org.hn/2019/11/04/alerta-en-azacualpa-aura-minerals-continua-exhumando-cementerio-en-busca-de-mas-oro/?fbclid=IwAR0ACb7we-GD2u1rWA2bD1NL9orBQxpeKVk7zz90exjH8CeOl_cWVeu_w_g

Honduras

Aura Minerals/MINOSA está por volver a exhumar ilegamente cádaveres del camposanto de Azacualpa

La minera Aura Minerals/MINOSA,  está intentando de nuevo,  a pesar de la indignación de los familiares de los muertos y de demandas en los tribunales en su contra,exhumar ilegalmente todos los cadáveres del camposanto de Azacualpa, en la Unión, Copán, en el Occidente de Honduras, para minar el oro abajo, y de ahí seguir cerro entero hasta destruir la aldea de Azacualpa, denunció la organización Rights Action en un extenso reportaje publicado este 22 de octubre de 2019.

 De acuerdo a la información de Rights Action despues de años de operacion destruyendo la economía local y el cerro de San Andres, ubicado en La Union, Copan, Aura Minerals/MINOSA,  tiene aislado al camposanto de Azacualpa pero el pueblo sigue defendiendo su cementerio y la aldea de Azacualpa.

El 15 Octubre 2019, Héctor Antonio Trigueros, defensor ‘criminalizado’ de Azacualpa, y Lisbeth Jimenez  de ASONOG, llevaron a Grahame Russell, de Rights Action a pasar por la mina y la comunidad de Azacualpa.

Por la defensa de su territorio la minera tiene criminalizados a unos 20 pobladores de Azaculapa, algunos tienen orden de captura. «La empresa minera está arrasando con nuestro territorio, destruyendo fuentes de agua, contaminando nuestros ríos, talando nuestros bosques y acabando con la paz y tranquilidad que un día disfrutabamos», dijo a Rights Action, Héctor Antonio Trigueros.

Lea el reportaje completo de Rights Action en este link

 

Fuente:http://pasosdeanimalgrande.com/index.php/es/denuncias/item/2589-honduras-aura-minerals-minosa-esta-por-volver-a-exhumar-ilegamente-cadaveres-del-camposanto-de-azacualpa?fbclid=IwAR0UIAN_oKmyjZy3A7dqsAv-Q6g3rqM_YUZm0gvYZG7QZHaYPpoitkz_tgU

Honduras

Municipios de La Paz se suman a declaratorias de zonas libres de minería e hidroeléctricas

Las luchas por la defensa de los bienes comunes de la naturaleza están brotando desde las comunidades más humildes del país. Los pobladores y pobladoras han comprendido, porque lo viven día a día, que los bienes comunes de la naturaleza representan la vida de está humanidad cada vez más devastada ambientalmente.

A pesar de la criminalización y persecución que el Estado hondureño ha montado contra los luchadores y luchadoras que defienden el medio ambiente, las comunidades organizadas de varios municipios del país continúan con el proceso para evitar que estos proyectos de muerte se instalen y acaben con sus bienes naturales.

En el país más de 45 municipios, en las distintas regiones han realizado declaratorias contra los proyectos mineros e hidroeléctricos.

La declaratoria más reciente se realizó en el municipio de Santiago de Puringla en el departamento de La Paz, a través de un cabildo abierto donde decenas de comunidades indígenas lencas dijeron: No a los proyectos mineros e hidroeléctricos. La decisión se ratificará a través de una consulta que se desarrollará en los meses próximos.

Félix Vázquez, secretario general de la Unión de Trabajadores del Campo UTC, asegura que el cabildo abierto fue convocado por las organizaciones campesinas e indígenas, en el mismo se movilizaron al menos 2,000 personas de las diferentes comunidades.

Dijo que, la consulta soberana se realizará posiblemente en enero porque durante el tiempo restante se trabajará en una propuesta que será consensuada con todas las comunidades.

El líder comunitario dice que la iniciativa de la declaratoria surge a raíz de las intenciones que tiene una empresa minera de instalarse en la zona, asimismo, existe la amenaza de construir represas hidroeléctricas en los principales ríos que abastecen de agua a las comunidades.

 

Guajiquiro

Cansados que sus recursos naturales sean entregados a manos de empresarios y políticos de la zona, al menos 45 comunidades presionaron a las autoridades municipales de Guajiquiro, La Paz, para declarar al municipio libre de proyectos hidroeléctricos y mineros.

Julián Mendoza representante del Comité para la Protección de la Microcuenca Cancire, dice que en la zona la diputada Gladys Aurora López, a través de su empresa “Inversiones Aurora”, ha intentado convencer a las comunidades para instalar un nuevo proyecto hidroeléctrico, en una de las principales fuentes de agua del municipio.

Agregó que, aunque ya ha quedado plasmado en actas municipales que se prohíben las concesiones en el municipio, las comunidades y organizaciones continuarán con el proceso de organización.

La Paz es uno de los departamentos con mayor cantidad de municipios que se han declarado libres de proyectos mineros e hidroeléctricos.

 

Campaña de estigmatización

Las comunidades indígenas Lencas del departamento de La Paz enfrentan una oleada de conflictos generados por la defensa de sus territorios amenazado constantemente por el gran capital que, en nombre del desarrollo, busca despojarlos de sus bienes comunes.

En la zona continúa imparable la persecución, criminalización y las campañas de desprestigio contra los defensores y defensoras del ambiente.

Martín Gómez Vásquez representante del Movimiento Independiente Lenca La Paz Honduras MILPAH, asegura en las últimas semanas, a raíz de la lucha contra la instalación de represas hidroeléctricas, en Guajiquiro, se han incrementado los ataques y las campañas de odio contra líderes ambientalistas.

El líder comunitario asegura que los ataques vienen de gente ligada con los proyectos mineros e hidroeléctricos, liderados por la diputada nacionalista Gladys Aurora López.

Según del Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz, Milpa, son unos 40 conflictos que hasta ahora han documentado, todos relacionados a su defensa de la autodeterminación del Lenca.

Según Global Witness, Honduras es el país más peligroso para defender el planeta. Desde 2010 han muerto más de 120 personas. Las víctimas eran personas que se opusieron a las represas, las minas, la tala o la agricultura en sus tierras y murieron asesinadas por fuerzas del Estado, guardias de seguridad o asesinos a sueldo. Muchos otros han sido amenazados, atacados o encarcelados.

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/09/municipios-de-la-paz-se-suman-a-declaratorias-de-zonas-libres-de-mineria-e-hidroelectricas/

Honduras

Coyuntura desde los territorios | ¿Qué estrategias utiliza la empresa minera para criminalizar a las y los defensores del agua en Guapinol y San Pedro?

I. El contexto de la criminalización contra defensores y defensoras de Guapinol y San Pedro

En marzo de 2019, el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), realizó un análisis de coyuntura sobre la lucha por la defensa de su territorio y de sus ríos, que desde el año 2018 comenzaron a hacer visible los habitantes de los sectores conocidos como San pedro y Guapinol[1], comunidades del departamento de Colón, Honduras, que defienden sus ríos de la irrupción de  una empresa minera que pretende explotarlos.

En ese análisis se puntualizaron tres escenarios que podían suscitarse en los siguientes meses: 1) Cancelación de la concesión minera, 2) Radicalización del conflicto y profundización de la criminalización y, 3) Militarización del territorio, la continuidad de proyecto minero y la desaparición del movimiento territorial.

La coyuntura territorial en las comunidades de Guapinol y San Pedro durante el período de abril a septiembre de 2019, se ha movido en los tres escenarios arriba mencionados. Sin embargo, los escenarios 2 y 3 son los que marcan el contexto actual. Las acciones de criminalización, judicialización y militarización acontecen en un clima social de rechazo generalizado hacia la instalación de una empresa minera en el Parque Nacional Carlos Escalera, ubicado entre las comunidades de Guapinol y San Pedro.

En un reciente estudio publicado por el CESPAD[2], el 96% de la población encuestada expresó estar en contra del proyecto minero, un 39.4% afirmó que las causas que originaron el conflicto están relacionadas con los daños al medio ambiente. Para el 30.7% el conflicto se debió a la ausencia de consulta ciudadana para la instalación de la empresa minera y el 22.8% estableció que se debió a la ilegalidad en el proceso de concesión en favor de Empresas Los Pinares.

En ese marco, entre abril y mayo del 2019, el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y su cuerpo de abogados, presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que declare inconstitucional la concesión minera otorgada a Empresa Los Pinares, y de esa manera acabar con el origen del conflicto, por estar dentro del perímetro del área protegida donde está ubicado el Parque Nacional Carlos Escaleras.

Hasta la fecha, la CSJ no se ha pronunciado sobre ese recurso y la lucha territorial se ha mantenido en medio de ese limbo judicial. Entre junio, julio y agosto se realizaron diversas acciones de protestas que estuvieron orientadas a:

  • Presionar a la Corporación Municipal de Tocoa (toma de la municipalidad)
  • Evidenciar públicamente el descontento por el accionar de Empresa Los Pinares (toma del plantel de dicha empresa)
  • Caminata de manifestantes de Tocoa a Progreso (posicionando el conflicto territorial en los medios de comunicación) y.
  • La instalación de un campamento de resistencia frente al Ministerio Publico (MP) (exigiendo un juicio transparente contra los defensores de Guapinol y San Pedro).

En ese contexto de resistencia, el desalojo de los pobladores estuvo acuerpado por las fuerzas policiales y militares. Entre abril y julio la intimidación, hostigamiento, estigmatización y persecución encontraron su punto más álgido, mediante campañas de desprestigio por las redes sociales, patrullajes permanentes por las comunidades, retenes que controlan las entradas y salidas de las comunidades, la militarización del territorio, persecución y vigilancia hacia los defensores y defensoras[3].

En ese contexto adverso para la lucha territorial, la criminalización, durante los meses de agosto y septiembre, alcanzó altos niveles de tensión política: asesinatos y prisión preventiva. El 28 de agosto fueron asesinados los defensores Roberto Argueta y José Mario Rivera. Los crímenes provocaron que la Secretaría de Derechos Humanos[4], Karla Cueva, exigiera públicamente investigar los crímenes y reconociera la contribución de los ambientalistas en la protección del medio ambiente[5]. Hasta la fecha de realización de este análisis los entes policiales y judiciales no se han pronunciado al respecto.

El viacrucis carcelario de los defensores de Guapinol

El 26 de agosto del 2019, ocho defensores acusados de asociación ilícita, incendio agravado y privación de libertad se presentan voluntariamente a los juzgados. El 1 de septiembre, una jueza de jurisdicción nacional dictó prisión preventiva contra esos 8 defensores, únicamente por el delito de incendio agravado, a pesar que en marzo de 2019, a 13 defensores imputados por los mismos delitos, un juez de jurisdicción nacional les dictó sobreseimiento definitivo, por falta de pruebas contundentes.

El dictamen de la jueza estableció que los defensores se trasladaran al centro penal de Olanchito, departamento de Yoro. Sin embargo, permanecieron recluidos en la Penitenciaría Nacional ubicada en Támara, Francisco Morazán, hasta que el  5 de septiembre, por órdenes del Instituto Nacional Penitenciario (desobedeciéndose la orden de la jueza), los defensores fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad denominada “La Tolva”, en Morocelí, El Paraíso. En esta prisión se ha denunciado la práctica de torturar a los privados de libertad, en especial a quienes se han llevado a prisión por pertenecer a la oposición política y social del país.

En ese marco de lucha territorial, el Gobierno de Honduras ha puesto en marcha una política de criminalización, presuntamente para apoyar a la empresa Pinares, que trata a los defensores y defensoras como criminales con una pretensión clara de convertirlos legalmente en delincuentes para eliminarlos de la escena político-social.

El actual proceso en contra los defensores y defensoras de Guapinol y San Pedro, presenta al menos 4 estrategias: estrategia política (criminalización de la protesta social), estrategia de desinformación (estigmatización y desprestigio), estrategia mediática (discursos de odio y violencia) y estrategia de persecución penal (judicialización y cárcel).

En este análisis se desarrollan ampliamente esas estrategias. Previamente se indaga sobre el marco legal que se utiliza para judicializar a las y los defensores, las características y la lógica de política de criminalizaron, las principales modalidades represivas y los actores involucrados en el actual proceso de criminalización y judicialización.

 

II. El marco legal y las principales características de la estrategia de criminalización en Guapinol y San Pedro

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), establece en sus distintos informes que la criminalización significa “atribuir carácter criminal a alguien o algo”. También enfatiza, que la criminalización no solo es la represión, es una política más compleja, que incluye el entramado político/ jurídico/ social y hasta el cerco mediático comunicacional que permite que la protesta social sea mirada como un factor de delito.

A. El marco legal

En Guapinol y San Pedro, las figuras utilizadas para la judicialización de los defensores y defensoras del medio ambiente son: delitos de usurpación, daños, secuestro, incendio agravado, asociación ilícita, portación ilegal de armas y privación injusta de la libertad, los cuales están contenidos en el Código Penal. El marco legal utilizado para judicializarlo/as presentan dos características principales: la instrumentalización del sistema de justicia y las irregularidades en la aplicación del derecho penal.

En relación con la instrumentalización del sistema de justicia, es el primer caso de ambientalistas acusados en juzgados de jurisdicción nacional, en los que se juzgan delitos relacionados al crimen organizado y asociación ilícita, ubicando a los defensores y defensoras en la categoría de delincuentes de alta peligrosidad.

También resalta la manera en que el Ministerio Público (MP) y la Dirección Policial de Investigación (DPI), al grado más cínico, han sido los entes encargados de fabricar pruebas falsas para judicializar a los defensores y defensoras a nivel nacional[6]. En este punto resalta el hecho de cómo la DPI usurpa funciones al realizar labores de inteligencia que solo pueden realizarse a través de la Dirección de Investigación Policial (DIPOL).

Asimismo, sobresale la manera en que la CSJ y el MP no actúan de oficio contra las denuncias y peticiones presentadas por las organizaciones territoriales.

En lo referente a las irregularidades en la aplicación del derecho penal, sobresale la manera en la que no se ha respetado el debido proceso, la presunción de inocencia, la igualdad ante la ley, la proporcionalidad del castigo, la legalidad del derecho, el respecto al debido proceso y el respeto a los derechos humanos

Además de un Código Penal que facilita los procesos de judicialización, hay todo un marco normativo que favorece los intereses del capital nacional y extranjero. Entre ellas sobresale la Ley General de Minería (Decreto 238-2012), la que no obliga a las empresas extractivistas a respetar los derechos humanos de las comunidades.

B. Características y principios de acción de la política de criminalización

Las actuales estrategias de criminalización contienen un carácter contrainsurgente. Dos son sus características principales: acciones encaminadas a debilitar la acción de resistencia y lucha territorial a través de “operaciones de tipo militar, policiales y de inteligencia” y acciones encaminadas a influir en los ánimos de la población, a través de propaganda y campañas de desinformación, estigmatización y desprestigio que funcionan como una especie de “guerra psicológica”que buscan confundir y generar división en las comunidades.

Alrededor de esas dos características se desprenden tres principios de acción sobre los que se materializa la política de criminalización. Principio acción estratégica, busca debilitar/desaparecer el actual proceso de expansión y radicalización de la lucha socioambiental. Principio de acción represivo, el Estado y la empresa intentan imponer el proyecto extractivo a través de la violencia y el uso excesivo de la fuerza. Principio de acción institucional, se instrumentaliza gran parte de la institucionalidad pública para emprender acciones de criminalización y judicialización.

Esos principios de acción tienen grandes implicaciones políticas para el trabajo de defensoría que realizan los defensores y defensoras. Las implicaciones del principio estratégico, las y los defensores son considerados como enemigos políticos que perturban el orden público y atentan contra la seguridad del Estado. Sobre el principio represivo, una de las mayores implicaciones es que los defensores y defensoras son considerados como subversivos, criminales y delincuentes de alta peligrosidad. Y respecto al principio de acción institucional, se promueve un tipo ideal de control social, mediante modalidades represivas que operan como mecanismos de control funcionales a los intereses de las empresas extractivistas.

Las características y los principios básicos de acción, como elementos rectores de la criminalización, están poniendo en riesgo la vida y la integridad física de los defensores y defensoras, lo cual se evidencia mediante las acciones de represión que se han venido recrudeciendo entre los meses de abril y septiembre del 2019.

C. Principales modalidades represivas

Por modalidad represiva vamos a entender aquellos mecanismos sobre los cuales se llevan a cabo los principios de acción de la estrategia política de criminalización. En el caso de Guapinol y San Pedro, identificamos las siguientes modalidades represivas:

  1. Creación de enemigos públicos y políticos: Estado y empresa han convertido a los defensores y defensoras en enemigos públicos, sosteniendo que se oponen al desarrollo de las comunidades y como personas que perturban el orden público y atentan contra la seguridad del Estado.
  2. Vigilancia individual y colectiva: Como manifestación de la persecución política, los defensores y defensoras son vigilados constantemente en el plano individual (labores diarias) y en el plano colectivo (quehacer organizativo).
  3. Vigilancia comunitaria: En el afán de mantener el control y generar miedo en las comunidades, las fuerzas policiales y militares realizan constantemente patrullajes por las comunidades Acciones que buscan infundir miedo y terror hacia los pobladores.
  4. Intimidaciones: Se han manifestado a través de hostigamiento, amenazas persecución, ataques y atendados, como mecanismos de advertencia que busca que los defensores y defensoras desistan de sus acciones de defensoría (el derecho a defender derechos).
  5. División y enfrentamientos en las comunidades: Ante la solidez y legitimidad de la organización territorial, las empresas emprenden acciones orientadas a generar división en las comunidades, por ejemplo, la conformación de grupos armados.
  6. Represión policial y militar: La violencia y uso de la fuerza como modalidad represiva para contrarrestar los procesos de resistencia territorial, las que en la mayoría de los casos es acompañada por los guardias de seguridad de la empresa minera.
  7. Acoso hacia las mujeres:  Las mujeres participan activamente en acciones de defensoría y cumplen un rol estratégico en el actual proceso de lucha territorial. Eso ha conllevado a que las fuerzas policiales y militares, viertan expresiones (intimidación, sexuales) que ponen en peligro su vida y labor de defensoría.
  8. Uso indebido del derecho penal: Procesos de persecución penal que no respetan el debido proceso y violentan los derechos humanos de las y los defensores.
  9. Asesinatos selectivos: Cuando las anteriores modalidades represivas no logran apagar las voces de las y los defensores, se opta por poner en práctica el asesinato selectivo de líderes territoriales.

Estas modalidades represivas son mecanismos de control social que en el corto plazo buscan los siguientes objetivos: desaparecer la actual lucha socioambiental, asegurar la instalación/operación del proyecto minero e infundir miedo y terror hacia otras comunidades del territorio nacional que en el corto plazo intenten sublevarse contra la actual política extractivista.

D. Los actores de la criminalización

Las modalidades represivas son ejecutadas por una serie de actores, los que haciendo uso de la institucionalidad pública son los responsables de la actual infracción de derechos humanos hacia los defensores y defensoras.

El actor principal es el Estado, a través de sus diferentes órganos tales como las secretarías de Estado, Presidencia, Fiscalías, alcaldes y juzgados. La empresa Inversiones Los Pinares es otro actor significativo.

Los miembros de la fuerza pública, la policía y los militares, aunque son parte del Estado, son un actor particular y determinante en este fenómeno, pues actúa con una lógica diferente a la de los demás sectores del Estado, priorizando el uso de la violencia.

 

III. Estrategias de criminalización presentes en el caso de Guapinol y San Pedro

En el caso de Guapinol y San Pedro están presentes las siguientes estrategias de criminalización:

A. Estrategia política: la protesta social

La protesta social es una forma de reclamo, como una vía no institucional, es un derecho constitucional. Es un derecho constitucional que no está reconocido con ese nombre, pero que está implícitamente reconocido en la libertad de pensamiento, en la libertad de conciencia, en la libertad de expresión, en la libertad de reunión, en la libertad de opinión y en la libertad de asociación.

Principal objetivo

El objetivo político de esta estrategia de criminalización es debilitar la fuerza creciente de la lucha territorial, inmovilizar las denuncias y demandas de las organizaciones territoriales. De igual forma, se busca mandar un mensaje de terror y temor hacia las comunidades y a todos aquellos territorios que actualmente resisten contra la instalación de proyectos extractivos.

Métodos utilizados

Para criminalizar la protesta social, el Estado e Inversiones Pinares han hecho uso del marco normativo legal existente, han recurrido a las principales instituciones públicas y solicitado apoyo de las fuerzas militares y policiales, además de empresas de seguridad privada, para ejercer acciones de represión de protestas, persecución, intimidación, hostigamiento, vigilancia comunitaria y militarización del territorio.

B. Estrategia de desinformación: estigmatización y desprestigio

Gozar de información objetiva y transparente es un elemento básico para la construcción de ciudadanía y el fortalecimiento de la vida democrática. Lo anterior permite la solución de los conflictos mediante mecanismo de diálogo y participación de los actores involucrados, en el marco de la deliberación política, respeto y tolerancia.

Principal objetivo

El objetivo de esta estrategia de criminalización ha sido la estigmatización y desprestigio de los defensores y defensoras de los bienes comunes. Con esta acción ha quedado clara la política de terror que se esconde detrás del proyecto minero, a través de fines concretos: generar rechazo por parte de la población hacia el trabajo de defensoría; desacreditar, discriminar, excluir y exponer de manera pública a los defensores como enemigos del desarrollo y del Estado.

Métodos utilizados

En las sociedades democráticas los medios de comunicación son generadores de opinión pública y el puente sobre el cual llegan los problemas sociales a los representantes del pueblo. En ese marco los conflictos se gestionan democráticamente y la opinión pública abre el debate sobre los temas de fondos que generan los conflictos y expone objetivamente las principales demandas de los actores en disputa.

C. Estrategia mediática: discursos de odio y violencia

Principal objetivo

El objetivo político de la criminalización mediática, ha sido pretender desplazar el tratamiento del conflicto socioambiental hacia lo judicial, como una estrategia de control social por parte del poder dominante. En ese marco, el discurso mediático ha estado orientado en mostrar dos aspectos: la violencia y el temor de alterar la paz social, que se le atribuye a la protesta social y a las acciones del movimiento socioambiental.

La cobertura mediática del conflicto en Guapinol y San Pedro han estado marcadas por una presentación de carácter violenta, construyendo una imagen del conflicto “callejero y vandálico”, obviando el tema de fondo: la cancelación de la concesión minera y los impactos ambientales. La segunda vía, mediante un discurso mediático que se trasmitió a través de columnas de opinión, notas periodísticas, programas televisivos y noticieros con mensajes que hacían referencia al caos, desorden y alteración de la paz social y obviando los planteamientos y demandas de las comunidades.

Métodos utilizados

Para la criminalización mediática se ha movilizado a algún sector de los medios de comunicación al igual que al sector privado empresarial, el que mediante sus discursos y posicionamientos han profundizado la criminalización mediática.

D. Estrategia de persecución penal: la judicialización y cárcel

El derecho penal cumple con la función de proteger a la sociedad de sí misma, mediante la aplicación de una serie de leyes que regulan la vida del hombre en sociedad. En el derecho penal la aplicación de la ley no es arbitraria ni antojadiza ya que se encuentra regulada por una serie de principios:  la presunción de inocencia, la igualdad ante la ley, la proporcionalidad del castigo, la legalidad del derecho, el respecto al debido proceso y el respeto a los derechos humanos.

Principal objetivo

La criminalización encuentra su punto político más alto en el tema de la judicialización de defensores y defensoras. En el caso de Guapinol y San Pedro, se ha caracterizado por violentar los principios básicos del derecho penal y por la manipulación del sistema de justicia penal. Entre los aspectos más importantes podemos mencionar: la imputación de delitos (asociación ilícita, incendio agravado, usurpación), la realización de audiencias en juzgados de competencia nacional (ventilan casos de crimen organizado) y por la construcción de pruebas falsas por parte del Ministerio Público.

El objetivo detrás de esta estrategia de criminalización ha sido impedir el ejercicio legítimo de los defensores y defensoras al derecho a defender los derechos humanos y desacreditar las causas que motivan el ejercicio de resistencia territorial.

Métodos utilizados

La CIDH establece que el principal método utilizado es el derecho penal, en el que se presentan una serie de actores estatales que intervienen en el proceso, como legisladores, jueces, fiscales, ministros, policías y militares. También intervienen actores no estatales como las empresas privadas nacionales y guardias de seguridad privada.

 

IV. Demandas al Estado y recomendaciones al Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa

Se le demanda al Estado de Honduras que asuma su responsabilidad política y le dé respuesta a las causas de fondo que han generado el conflicto socioambiental en las comunidades y los actuales procesos de criminalización, judicialización y asesinatos.

Primera demanda. La derogación del Decreto No. 252-2013, que reduce la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escalera y la cancelación de los permisos de operación a Inversiones Los Pinares para las concesiones ASP1 y ASP2.

Segunda demanda. Reconocer públicamente el papel fundamental que ejercen las defensoras y defensores de derechos humanos para la garantía de la democracia y del Estado de Derecho. De igual forma, velar por que los tipos penales la legislación estén formulados de manera conforme con el principio de legalidad.

La tercera demanda. Abstenerse de hacer declaraciones que estigmaticen a las defensoras y defensores y que sugieren que así como las organizaciones de derechos humanos, actúan de manera indebida o ilegal solo por el hecho de realizar sus labores de promoción o protección de derechos humanos.

La cuarta demanda. El Estado debe asegurar que el Sistema de Justicia trámite diligentemente las denuncias interpuestas por defensores y defensoras, con el objetivo de judicializar a los actores responsables de generar el conflicto en las comunidades en resistencia. De igual forma, investigar los asesinatos ocurridos en el marco del conflicto.

La quinta demanda. El Estado, mediante los entes encargados, debe de promover la cultura de diálogo y respeto a través de acciones vinculantes encaminadas a detener las actuales campañas de estigmatización y desprestigio promovidas desde los diferentes espacios de generación de información y opinión pública.

A continuación, se proponen una serie de recomendaciones al Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, con el objetivo de fortalecer el actual proceso político y legal contra la criminalización de las y los defensores.

Primera recomendación. El reciente encarcelamiento en “La Tolva” de los 8 defensores del agua y vida, obligan al Comité de Bienes Comunes realizar un replanteamiento estratégico de su lucha y consolidar las redes de apoyo al conflicto. El replanteamiento puede girar en tres vías: organizativo-estratégico, hegemónico- político y colectivo-mediático.

  1. Organizativo- estratégico: es importante promover espacios de encuentro y articulación entre las distintas organizaciones territoriales y organizaciones que acompañan el actual proceso de lucha socioambiental en Honduras. Obtener “consenso crítico” sobre los actuales retos y desafíos que enfrentan las organizaciones territoriales es el punto de partida para pensar acciones nacionales orientadas a frenar la ola creciente de criminalización, judicialización y asesinatos.
  2. En lo hegemónico-político: es pertinente unificar en una propuesta global todas las reivindicaciones, o al menos las más urgentes para todos, con el objetivo de establecer agendas hegemónicas de lucha en común orientadas a darle respuestas a las causas de fondo que generan las actuales políticas de criminalización contra las y los defensores de los bienes comunes en el país. El “consenso hegemónico”, orienta las acciones políticas y permite el logro los objetivos trazados en cada uno de los procesos de resistencia territorial.
  3. En lo colectivo-mediático: la acción política debe de trascender el carácter vanguardista y coyuntural, sino que debe de enfocarse en los problemas de fondo que generan las actuales políticas de criminalización y judicialización. Las autonomías políticas fragmentan y las fragmentaciones aíslan las luchas, es por ello que es necesario la constitución de un solo bloque social que actúe colectivamente: solos y aislados lo mediático es débil.

Segunda recomendación. Ante el actual “Estado de excepción”, producto de las actuales políticas extractivistas, es de suma importancia la construcción de redes comunitarias de vigilancia, resguardo y cuidado, orientadas a preservar la vida y la integridad física de las y los defensores que actualmente se encuentran en riesgo y peligro de ser asesinados.

Tercera recomendación. Reforzar el actual proceso de incidencia política que se realiza a nivel nacional e internacional, como un móvil encaminado a presionar al Estado para que tome medidas políticas vinculantes encaminadas a darle respuesta a los problemas de fondo que han generado el conflicto y el actual proceso de criminalización.

Cuarta recomendación. Es de suma importancia darle mayor fuerza y consistencia a la acciones políticas y legales encaminadas a detener los principales actores que promueven las distintas estrategias de criminalización presentadas en el actual conflicto, como medida de presión orientada a disminuir los riesgos que presentan las y los defensores en su trabajo de defensoría.

AnálisisCoyuntura – CESPADGuapinol

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/09/coyuntura-desde-los-territorios-que-estrategias-utiliza-la-empresa-minera-para-criminalizar-a-las-y-los-defensores-del-agua-en-guapinol-y-san-pedro/?fbclid=IwAR3rDUJofz5LPghKUtq-njAJH0vlto3uCelbvqrOZWRNJPWHCStdwnM7XPA