Guatemala

En Guatemala, demanda de minera norteamericana por caso La Puya

El 11 de diciembre de 2018, la empresa minera norteamericana Kappes Cassiday & Associates presentó una demanda de arbitraje internacional por 300 millones de dólares en contra del Estado de Guatemala ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones (CIADI) bajo el amparo del tratado de libre comercio DR-CAFTA, firmado entre los países centroamericanos y EEUU.

El recurso jurídico refiere al proyecto minero Progreso Derivado VII el cual fue suspendido el 22 de febrero de 2016 por la Corte de Constitucionalidad, debido al incumplimiento de la empresa al no realizar consulta a las poblaciones de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, antes de implementar el proyecto.

Desde 2011, mujeres, niños y hombres ha articulado acciones de resistencia contra la operación de la mina en una región campesina y con escasez de agua en el país centroamericano. A pesar de una campaña de criminalización y difamación, y una renovada presencia militar en la región, el campamento de resistencia se mantiene de forma permanente, durante las 24 horas del día.

Para hacer efectivo el rechazo a la mina, los habitantes colocaron un campamento para bloquear el camino a la maquinaria. Sin embargo, diversas denuncias señalaron la operación de la empresa utilizando otras vías para la extracción de los minerales, incluso después de la orden de la corte, lo cual derivó en la apertura de una carpeta de investigación por el delito de explotación legal.

Guatemala, con anterioridad, pagó 249 millones de quetzales (32.4 millones dólares) a dos empresas noretamericanas (RDV y TECO) que le demandaron internacionalmente y se abstuvo a suspender los trabajos de la Mina Marlin (propiedad del gigante GoldCorp) para evitar una demanda similar durante el gobierno de Álvaro Colóm.

 

El juicio, un abuso más contra las comunidades

El pasado 23 de julio de 2019, durante una citación realizada a diversos funcionarios de Gobierno, estos no informaron sobre la estrategia que utilizará el Estado guatemalteco en su defensa legal.

Durante la citación, realizada por el diputado Leocadio Juracán, la abogada Jennifer Moore del Centro de Estudios Políticos, presentó el estudio “Casino del Extractivismo: Las empresas mineras apuestan con la vida de los pueblos y la soberanía de los países de América Latina usando el arbitraje supranacional”.

Moore, resaltó como estas demandas permiten a las empresas ganar millones de dolores gracias a un sistema unilateral, en el que solo las empresas pueden demandar y quienes dictan sentencias son allegados suyos.

 

Despojo legalizado

El CAFTA-DR, al igual que los miles de otros acuerdos internacionales de inversión, otorga a las empresas transnacionales un recurso vinculante a un sistema de arbitraje internacional perverso conocido como Solución de Controversias Inversionista – Estado Estado-Inversor (ISDS, por sus siglas en inglés). Los reclamos de ISDS se escuchan en tribunales como el CIADI y han sido ampliamente condenados por privilegiar los intereses corporativos en detrimento de las comunidades locales y el medio ambiente. Este mecanismo permite a las corporaciones transnacionales pasar por encima de los tribunales nacionales y socavar a la soberanía de las naciones. Tribunales como el CIADI no son cortes de justicia, sino paneles secretos de abogados corporativos altamente pagados cuyas decisiones no tienen la obligación de respetar ningún precedente.

“Es una tergiversación del concepto de justicia, en donde se permite que empresas interpongan sus intereses mezquinos por encima y sin cumplir con la ley en el país”, expresó la abogada.

En la misma sintonía, la resistencia pacífica de La Puya expresó su preocupación por el hecho de que proceda una demanda de “esta empresa que a criminalizado, ha alterado la paz social de las comunidades, está atentando contra la vida de los ecosistemas de la zona y la calidad de vida humana”.

A su vez las comunidades en resistencia pacífica de La Puya demandaron “Que declare lesivo el Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA y lo denuncie tal como se lo permite la Constitución Política de la República en el artículo 183 inciso o)”, pro lo cual actualmente se encuentra sujetos a demandas de arbitraje por cientos de millones de dólares.

 

Fuente:https://avispa.org/en-guatemala-demanda-de-minera-norteamericana-por-caso-la-puya/

Guatemala

¿Es posible alcanzar la justicia en Canadá o en Guatemala por la represión vinculada a la minería de Hudbay Minerals/CGN?

Cada cierto tiempo, la lucha de una comunidad en defensa del medio ambiente, del territorio y de los derechos humanos logra romper con las barreras complejas y fortificadas de la criminalidad, impunidad, corrupción y el engaño de las corporaciones multi-nacionales y los gobiernos que las apoyan.

Las demandas en contra de Hudbay Minerals/CGN (Compañía Guatemalteca de Níquel) interpuestas en Canadá en 2010, y el juicio penal paralelo en contra de Mynor Padilla que se lleva en Guatemala desde 2015, son un ejemplo de este tipo de lucha.

Y aun si han pasado muchos años desde la comisión de estos crímenes vinculados a la Hudbay Minerals y CGN, ambos luchas siguen avanzando.

Lo que está en cuestión en estas luchas – represión causada por la minería (un asesinato, un atentado con disparos que causó parálisis, violaciones sexuales); desalojos forzosos con amplia destrucción; corrupción y colusión con gobiernos, fuerzas de seguridad privadas, policías y fuerzas armadas – son parecidos a tantos otros casos de criminalidad, impunidad, corrupción y engaño corporativos que se vienen produciendo en Guatemala y a través del mundo.

Por varios razones generales y particulares – desde el valor, la dignidad y la fortaleza de las víctimas-querellantes Maya-Q’eqchi’, hasta la astucia, pasión y compromiso de los abogados en Canadá y Guatemala –, estos juicios en Canadá y Guatemala han superado, hasta ahora, todos los obstáculos legales, políticos y tácticos, y se están llevando adelante.

Aunque podría demorar años más, un eventual juicio en Canadá y un eventual nuevo juicio en Guatemala – si es que se llega a eso – estas demandas ya están cambiando la realidad legal y política de la impunidad e inmunidad corporativas de asumir responsabilidades legales.

Los procesos judiciales en Canada y Guatemala
Trece querellantes Q’eqchi’ están demandando a Hudbay Minerales y la CGN por represión vinculada a la minería.  Representados por los abogados Murray Klippenstein y Cory Wanless, las tres demandas interrelacionadas fueron interpuestas por:

  • Angélica Choc, viuda de Adolfo Ich, con cinco hijos, un dirigente comunal y profesor que en un ataque dirigido el 27 de setiembre de 2009 fue asesinado a machetazos y disparos realizados por personal de seguridad de Hudbay;
  • German Chub, un joven padre, que fue víctima de un ataque con disparos por parte de personal de seguridad de Hudbay que lo dejó paralizado, el mismo día en que mataron a Adolfo Ich;
  • Margarita Caal, Rosa Elbira Ich Coc y otras nueve mujeres de la aldea de Lote Ocho, quienes fueron violadas por las fuerzas de seguridad de Hudbay Minerals (en ese entonces Skye Resources) y CGN, y por miembros de la policía y de las fuerzas armadas en enero de 2007, durante un desalojo ilegal y violento y la destrucción de su pueblo.
  • Dos de estas víctimas (Angelica Choc y German Chub) son partes en el juicio penal que se lleva en Guatemala en contra de Mynor Padilla, el ex jefe de seguridad de Hudbay/CGN.
  • Dada la historia de impunidad que las empresas mineras canadienses han gozado en Canadá, y dada la impunidad, corrupción y represión endémicas en Guatemala (que las empresas multi-nacionales conocen y del que se benefician), la pregunta sigue siendo, ¿será posible alcanzar la justicia en Canadá y/o Guatemala por la represión vinculada a la minería de Hudbay Minerals/CGN?
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    La minería Canadiense en el territorio Q’eqchi’ desde los años 1960
    Desde los años 1960, y sobre todo a partir de los años 1970, la población Q’eqchi’ de El Estor, en el oriente de Guatemala, ha sufrido actos reiterados de represión vinculados a una serie de empresas de extracción de níquel de propiedad canadiense: INCO (Compañía Minera Internacional), 1964-2004; Skye Resources, 2004-2008; y Hudbay Minerals, 2008-2011.
    Dicha represión recurrente incluye: desalojos ilegales y violentos y destrucción de comunidades; atentados con disparos y ataques que causan discapacidad; asesinatos selectivos de dirigentes comunitarios; violaciones sexuales; criminalización de los defensores comunitarios, etc.

    Aclaraciones sobre las empresas: EXMIBAL era la subsidiaria de INCO. Cuando INCO vendió sus intereses a Skye Resources, cambiaron el nombre de EXMIBAL a CGN.  La CGN era propiedad de Skye Resources (2004-2008) y luego de Hudbay Minerals (2008-2011).  Skye Resources fue incorporado por ex funcionarios de la empresa INCO, y la empresa INCO transfirió su empresa subsidiaria EXMIBAL y la concesión minera que INCO había recibido del gobierno militar de turno durante la década de 1960.

    En 2008, Hudbay Minerales compró Skye, incluso todos sus activos (CGN) y sus pasivos.

    En 2011, Hudbay vendió la CGN al Solway Investment Group (de la Suiza), pero sigue siendo responsable por los procesos judiciales en Canada.

    Ni en Canada, ni en Guatemala, se hizo justicia por las violaciones y represión cometidos por INCO/EXMIBAL, juntos con el ejército Guatemalteco, en los años 70 y entrando en los años 80.  Varios de esos casos de represión minera son documentados en el informe final (1999) de la “comisión de la verdad” de las Naciones Unidas – la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.

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    Las demandas en Canadá son las primeras en la historia judicial canadiense.  Es la primera vez que un tribunal ha dictaminado que se juzgue a una empresa canadiense ante un tribunal canadiense por los daños y violaciones cometidos en otros países.

    Aunque el juicio penal llevado adelante en Guatemala no sienta precedentes legales de la misma manera que el de Canadá, es aún más riesgoso y valeroso en lo político.  Mynor Padilla, el ex-jefe de seguridad de Hudbay, es un ex teniente coronel de las fuerzas armadas.  Participó como miembro del régimen militar respaldado por los EE.UU. desde el año 1981, durante algunos de los peores años de desapariciones forzosas, tortura y violaciones, asesinatos, masacres y genocidio auspiciados por las fuerzas del estado.

    No es poca cosa cuando personas sin recursos económicos de origen Maya hacen frente a y se enfrentan a un oficial de las fuerzas armadas en un tribunal, que además es un oficial que está siendo representado por un equipo de conocidos abogados guatemaltecos quienes, con toda probabilidad, están siendo pagados por Hudbay desde Canadá.

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    Demandas contra Hudbay/CGN en Canadá:
    Cronología y temas relacionados
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    A continuación, presento un resumen detallado de varios aspectos claves de las demandas en Canadá y el juicio penal en Guatemala.  Hay que recordar que estos procesos judiciales son independientes.  Ninguno de los dos procesos tiene un impacto directo en el otro en el terreno estrictamente legal, aunque los dos abarcan muchos de los mismos hechos en relación al asesinato en contra de Adolfo Ich y el ataque con disparos que dejó paralizado a German Chub.

    Demandas interpuestas – 2010
    Presentaron estas demandas en Toronto en el año 2010.  Es de importancia legal que se incluye la empresa guatemalteca CGN en el juicio en Canadá, no solo por ser la ex empresa subsidiaria de Hudbay Minerals (y Skye Resources), sino también, en el caso de Angélica Choc, al considerársele un co-inculpado.

    Fallo que dejó precedentes – Julio 2013
    Luego de tres años de una batalla legal contra los intentos de Hudbay Minerals de desestimar las 3 demandas antes de llegar a juicio, en Julio 2013 un tribunal de Ontario determinó que estas demandas deberían verse en un juicio en Canadá.  Dicho fallo constituyó un salto para adelante en el terreno legal, una victoria largamente esperada para los derechos humanos y el inicio de los esfuerzos de hacer que las corporaciones multi-nacionales asuman su responsabilidad.

    Desde que se abrió el camino con estas demandas, se han presentado otras demandas similares en Canadá en contra de empresas canadienses que cometieron violaciones de derechos humanos en el extranjero:

    • Caso de Nevsun Resources, en relación al trabajo forzoso y esclavitud en una mina en Eritrea;
    • Caso de Tahoe Resources (ahora Pan American Silver), en relación a atentados con disparos realizados por personal de seguridad de la minera en Guatemala, que dejaron con discapacidad a las víctimas;
    • Caso Loblaws/Joe Fresh en relación al colapso de la fábrica de confecciones de Rana Plaza en Bangladesh, que provocó la muerte de más de 1.000 personas.
    Reacciones corporativas
    Un abogado de la oficina jurídica canadiense Gowling WLG advierte a la industria minera que si el litigio de Hudbay es exitoso “entonces tendremos una nueva y muy importante ley y es explosiva.” (http://business.financialpost.com/legal-post/canadian-mining-companies-face-lawsuits-over-foreign-activities)

    Otras oficinas jurídicas notan que “Hudbay sirve como una advertencia importante para las corporaciones canadienses que operan en otros países, que podrían tener responsabilidades civiles en Canadá por las malas acciones cometidas en otros países.” (https://www.bennettjones.com/Publications/Updates/A_Warning_for_Canadian_Corporations_with_Foreign_Subsidiaries/)

    Y, “Choc v. Hudbay puede traer consigo el aumento de riesgos y responsabilidades para las corporaciones canadienses trabajando en el exterior, no solo en el sector de recursos naturales pero también para otros sectores tales como la banca, la manufactura, la venta minorista y las telecomunicaciones.” (https://www.osler.com/en/resources/cross-border/2013/ontario-court-gives-green-light-to-international-h)

    Revelación de información
    Desde 2013, la ley requiere que las dos partes divulguen toda documentación e información relacionada a las demandas.  Dada la práctica de Hudbay Minerals de demorar y obstruir las cosas, los abogados Klippenstein y Wanless tuvieron que ir ante un tribunal en 2015 para obtener una orden judicial exigiendo que Hudbay Minerals haga lo que está en la obligación de hacer – divulgar documentos internos y comunicaciones de la empresa que normalmente son confidenciales.

    A partir de 2016 y 2017, Hudbay Minerals les entrego unos 19 mil documentos internos y otras informaciones de Hudbay Minerals/ Skye Resources/ CGN.  Durante meses, los abogados revisaron cada página de esos documentos internos.

    (Es posible que Wanless y Klippenstein tendrán que obtener una orden judicial del tribunal si descubren que Hudbay no ha entregado todos los documentos e información a los que tienen derecho los querellantes, o si los ejecutivos de Hudbay Minerals se nieguen a responder preguntas válidas en el transcurso de la interpelación.)

    Declaraciones/ Interpelaciones
    A medida que el proceso de revelación de información viene llegando a su fin, el proceso entro en la fase de las declaraciones juradas.  En Noviembre 2017 y Julio 2018, los trece querellantes viajaron a Toronto para responder – una por una – a las interrogaciones de los abogados de Hudbay. De igual manera, Klippenstein y Wanless interpelaron a varios ejecutivos de Hudbay Minerals/ Skye Resources/ CGN.

    Aquí, vínculos a unos foto-essais (http://rightsaction.org/hudbay-minerals-lawsuits-media/) que prepare en base a los viajes a Toronto que realizaron las once mujeres de Lote 8 (Noviembre 2017) y German Chub y Angelica Choc (Julio 2018) a Toronto.

    Próxima audiencia – Septiembre 17, 2019
    El próximo paso en los casos en Canada es una audiencia ante un tribunal en Toronto, el 17 de septiembre de 2019, para resolver una diferencia entre las posiciones de ambos partes. De repente, después de nuevo anos de litigación, Hudbay Minerals argumenta ahora – en referencia a las violaciones de las mujeres de Lote Ocho en 2007 – que Hudbay Minerals es responsable legalmente solamente por las acciones de sus agentes de seguridad, y no por las acciones de la policía y soldados.

    La posición de los abogados de los demandantes es que Hudbay Minerals es responsable por las acciones de todos los agentes que participaron en los desalojos, incluyendo a las violaciones.

    En preparación para esta audiencia, abogados Klippenstein y Wanless entregaron al expediente judicial varios de los documentos internos/confidenciales de Hudbay Minerals/ Skye Resources /CGN, que Hudbay había entregado como parte de la revelación de informaciones.

    “Ropa socia” – Revelaciones desalentadoras
    Estos documentos corporativos presentados ante el Tribunal Superior de Justicia de Ontario revelan y ratifican verdades muy desalentadoras.

    Pagos ilegítimos de cientos de miles de dólares
    Ahora se ha confirmado que Skye Resources /CGN habían realizado pagos ilegítimos de cientos de miles de dólares a personas para que sirvan de enlace entre la compañía y la policía y militares de Guatemala, quienes a su vez habrían entregado estos fondos a las fuerzas armadas y la policía por planificar y llevar a cabo los desalojos forzosos violentos (e incluso ilegales) de las poblaciones Q’eqchi’ en el año 2007, incluyendo los desalojos de fechas 9 y 17 de Enero en la comunidad Lote Ocho.  Se realizaron dichos pagos sin que exista contrato de por medio, acuerdo escrito, ni recibo alguno.

    Sobrevuelos para aterrorizar
    Ahora se ha confirmado que funcionarios de Skye Resources /CGN aprobaron la decisión de realizar sobrevuelos a baja altura sobre la comunidad de Lote Ocho, en helicópteros de la empresa, con la intención de aterrorizar e intimidar a los miembros de la comunidad, en vísperas de los dos desalojos forzosos violentos (e incluso ilegales) de Enero de 2007. Decidieron hacerlo porque habían conocido por personas allegadas a ellos que durante los años 1980, el régimen guatemalteco respaldado por EE.UU. había amenazado, atacado y aterrorizado a las comunidades mayas utilizando helicópteros durante los peores años de masacres y genocidio en Guatemala.

    Asimismo, ahora sabemos que los funcionarios corporativos decidieron utilizar esta táctica con las personas de Lote Ocho procurando aterrorizarlos para que salgan huyendo de sus tierras.

    “No negociar” tenencia de la tierra
    Ahora se ha confirmado que en vísperas de y durante los desalojos de Enero de 2007 – que incluye los desalojos de la comunidad Lote Ocho que resultaron en la violación sexual en grupo de 11 mujeres de dicha comunidad – Skye Resources /CGN había sostenido una postura de “no negociar” con los habitantes Q’eqchi’ originarios de dichas tierras.  Sabemos que la compañía adoptó medidas para obstaculizar o bloquear cualquier proceso legal en respaldo a las demandas de la comunidad Q’eqchi’ de ser los dueños legítimos de las tierras en cuestión.

    Asimismo sabemos que Skye Resources /CGN tomó medidas para impedir o bloquear cualquier esfuerzo que realizaban las agencias gubernamentales, la iglesia católica y/o organizaciones no gubernamentales para negociar una solución pacífica al problema de fondo: la disputa sobre las tierras entre los habitantes Q’eqchi’ y la empresa minera.

    Segunda posible audiencia
    Después de que termine esta audiencia de Septiembre 2019, es posible que nuestros abogados tendrán que volver a un tribunal para obtener una orden judicial obligando a Hudbay Minerals a divulgar ciertos documentos internos que faltan.  Si se procede con esta segunda audiencia, nuestros abogados entregaran al expediente judicial otro paquete de documentos internos de Hudbay/Skye/CGN… a saber que nueva “ropa sucia” será divulgada?

    ¿Fecha para el juicio?
    Luego de acabar con las fases de divulgación e interpelación, y estas audiencias, los 13 querellantes y sus abogados tendrán que prepararse para el juicio que se llevará a cabo delante un jurado, y que será prolongado, algo de dos o más años.

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    Juicio penal contra Mynor Padilla en Guatemala:
    Cronología y temas relacionados
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    Recuerden: El juicio penal en Guatemala es por el asesinato de Adolfo Ich y el atentado con disparos en contra de German Chub, pero no contempla la violación en grupo sufrido por las mujeres del Lote Ocho

    Aclaración legal: Abogados de CICIG y Angelica Choc (como querellante adhesiva) están directamente involucrados en la prosecución, a la par de fiscales del Ministerio Publico.

    Absolución legal y criminalización de los victimas!
    El 6 de abril de 2017, Mynor Padilla fue absuelto de los cargos de asesinato y asalto agravado vinculados a la minería.  La jueza ordenó la liberación inmediata de Padilla y, en nombre del sistema judicial, se disculpó con él por su detención.

    Luego, para el colmo, como parte de la sentencia la jueza ordenó la apertura de una investigación criminal por los cargos de obstrucción de la justicia, perjurio y coerción de testigos en contra de: Angelica Choc (viuda de Adolfo Ich) y sus hijos y hermana (testigos del asesinato de Adolfo); otras víctimas de la violencia de las fuerzas de seguridad de Hudbay/CGN; contra los peritos invitados; y en contra de los fiscales del MP.

    Sí, lo ha leído bien.  Después de liberar al asesino, la jueza buscó convertir en inculpados a las víctimas de la represión minera de Hudbay/CGN.

    Pero no hay que preocuparse todavía: se anuló el fallo atroz de la jueza en setiembre de 2017 (vea a más abajo).

    Represión mortífera – 27 de Septiembre de 2009
    Ese día, las fuerzas de seguridad de Hudbay Minerals/CGN, bajo el mando de Padilla, entraron de manera ilegal a la comunidad de La Unión en la municipalidad de El Estor.  Realizaron disparos que pasaron encima de las cabezas de miembros de la comunidad.  En un momento, Padilla miró por un costado y vio a German Chub de pie, y le disparó con su pistola.

    German había estado mirando el habitual partido de fútbol dominical en el campo deportivo de La Unión.  La bala le dejó a German paralizado de la cintura para abajo y también perdió el uso de un pulmón.

    Luego de dispararle a German, Padilla y sus guardias identificaron y agarraron a Adolfo Ich, padre de cinco, además de ser dirigente comunal respetado y profesor.  Lo machetearon y luego le dispararon hasta matarlo.

    Prófugo de la justicia – En la planilla de Hudbay Minerals/CGN!
    A pesar de la orden de captura en su contra después del 27 de setiembre de 2009, Padilla continuó trabajando abiertamente como jefe de seguridad de la Hudbay/CGN durante al menos un año.

  • Preguntas pendientes: No se sabe por cuánto tiempo mantuvieron a Padilla dentro de la planilla de Hudbay/CGN, ¿aún tendrán un compromiso financiero con él hasta ahora?

    Detención de Padilla – Septiembre de 2012
    En momentos de un mayor interés de activistas sobre el tema, en parte debido a las demandas interpuestas en Canadá, finalmente capturaron a Padilla, manteniéndolo detenido sin derecho a fianza ya que había estado prófugo de la justicia durante 3 años.

    Continúan los actos de intimidación, amenazas y ataques
    Desde el año 2013, Rights Action y, por separado, los abogados Klippenstein y Wanless, han enviado cartas a Hudbay Minerals, la CGN y funcionarios gubernamentales de Canadá y Guatemala, denunciando los actos de amenazas y ataques sufridos por Angélica, German y las 11 mujeres y sus familiares, por parte de personas con vínculos directos o que trabajan para la empresa minera y los familiares de Padilla.

    Dichas amenazas y ataques son ilegales, obviamente, pero en el contexto de la represión e impunidad históricas y permanentes en Guatemala, son también un mensaje ominoso.

    “Historias inventadas”
    Las personas que amenazan e intimidan a Angélica, German y las 11 mujeres dicen que los demandantes han “inventado” las historias de represión minera buscando alcanzar acuerdos lucrativos en las demandas en Canadá – una versión que se asemeja mucho a las declaraciones que brindan los abogados de Padilla en Guatemala y los abogados de Hudbay Minerals en Canadá.

    Se inicia el juicio oral – Abril de 2015
    Tres años y medio después de la detención de Padilla (y seis años y medio después de los crímenes), la fase oral del juicio penal se inició en un tribunal de Puerto Barrios, presidido por la jueza Ana Leticia Peña Ayala.

    ¿Quién paga a los abogados de Padilla? ¿Quién establece su estrategia legal?
    Se sospecha que Hudbay Minerals financia el conocido equipo de abogados que defiende a Padilla, aunque Hudbay se niega a decirlo públicamente. Cuando el periódico el Toronto Star se le preguntó, Hudbay divagó, “no vamos a realizar declaraciones que luego pueden ser distorsionadas en el internet o usados para interferir con la presunción de inocencia del Sr. Padilla, o su derecho a un juicio justo.” (Scott Brubacher, comunicaciones corporativas de Hudbay, https://www.thestar.com/news/world/2016/06/20/how-a-guatemalan-murder-trial-could-forever-change-canadian-overseas-mining.html)

    Preguntas pendientes: ¿Será que Hudbay Minerals costea la defensa legal de Padilla? ¿Por qué interviene Hudbay en el juicio penal en Guatemala cuando su resultado no tendría que tener implicación alguna para Hudbay?

    Abogado de Padilla asesinado por sicarios – 3 de Junio de 2015
    Al mediodía de este día en la Ciudad de Guatemala, uno de los abogados de Padilla, Francisco José Palomo Tejada, fue disparado 12 veces.  Además de representar a Padilla, Palomo ejerció la defensa legal del General Ríos Montt, a quien encontraron culpable del genocidio en contra del pueblo Maya Ixil durante los peores años (1978-1983) de la represión y genocidio, respaldados por los EE.UU.

    Se dice que el asesinato de Palomo estaba vinculado a su trabajo en defensa de una traficante de drogas guatemalteca (Marllory Chacón, la “Reina del Sur” que hoy está encarcelada en los EE.UU. por cargos relacionados al tráfico de drogas) que estaba involucrada en el lavado de dinero para el cartel Sinaloa de México.

    Hudbay Minerals interviene en el juicio penal a Padilla – 1 de Septiembre de 2015
    En esta fecha, John Terry – un socio principal de la oficina jurídica “Torys” (http://www.torys.com/people/terry-john-a) – llegó a Puerto Barrios para acudir al tribunal donde se realizaba el juicio, a fin de brindar “testimonio como experto” por parte de Hudbay y Padilla, en lo referente a las demandas contra Hudbay en Canadá. Tal como lo dijo en el tribunal en Puerto Barrios, a Terry le pagaron por muchas horas de trabajo para comparecer en el juicio en representación de Hudbay.  El testimonio de Terry resultó ser engañoso y selectivo, según las personas que conocen los procesos judiciales en Guatemala y Canadá.

    Preguntas pendientes: ¿Por qué intervino Hudbay Minerals tan directamente y de esta manera en el juicio penal en Guatemala?

    Petición para remoción de la jueza – 20 de Enero de 2016
    Las abogadas de Angélica presentaron una petición para la remoción de la jueza Ana Leticia Peña Ayala por razones de discriminación racial y parcialidad en contra de las víctimas/ testigos/ denunciantes Q’eqchi’.

  • Se desestima la moción por cuestión técnica – 27 de Enero de 2016
    Citando un aspecto técnico del procedimiento en la presentación de la petición de remoción, y no en base en los méritos de los cargos, una corte de apelaciones falló en contra de la petición de Angélica.

    Juicio cerrado al público – 8 de Febrero de 2016
    La jueza Peña determinó continuar el juicio tras puertas cerradas debido a presuntas “amenazas contra la seguridad” de ella y la fiscalía!  Angélica y German, quienes en realidad han sido víctimas de muchas amenazas, nunca habían solicitado esta medida y no concordaban con la “justificación” de la jueza.  El juicio prosiguió tras puertas cerradas hasta su conclusión en Abril 2017.

    Abogado de Padilla acusado de crímenes – 12 de Febrero de 2016
    Otro abogado defensor de Padilla, Frank Manuel Trujillo Aldana, fue acusado por crímenes de asociación ilícita, soborno, tráfico de influencias, obstrucción de justicia y colusión, en relación a “la línea”, la red de crimen organizada que había robado $120.000.000,00 en fondos públicos y estaba liderada por el ex presidente Otto Pérez Molina y la vice presidenta Roxana Baldetti. Pérez Molina y Baldetti se vieron obligados a renunciar a sus cargos y hoy se encuentran en la cárcel.

    Ataque contra Angélica Choc – 17 de Septiembre de 2016
    Pasada la medianoche, hombres desconocidos abrieron fuego contra la vivienda pequeña de Angélica, una casa hecha de bloques de cemento en El Estor, cuando ella se hallaba durmiendo adentro junto con dos niños pequeños.  A la mañana siguiente, encontraron huellas de bala en las paredes y casquillos de bala 12 y 22 fueron encontrados en los alrededores.

    Nadie sufrió daños físicos, pero nuevamente, luego de años de amenazas e intimidaciones, el acto enviaba un mensaje claro.  Aunque la policía investigó el hecho en un inicio, nunca se le dio seguimiento.

    Luego de este ataque, el abogado canadiense Murray Klippenstein comentó:
    “No es coincidencia que se dispare a la casa de Angélica justo cuando un tribunal penal guatemalteco está por decidir si el ex jefe de seguridad de la mina tiene responsabilidad criminal en el asesinato brutal de su esposo. Dicho acto era un mensaje dirigido a todas las personas que son parte del proceso, incluyéndole a la jueza que tiene que determinar si el Señor Padilla es culpable.

    “Me preocupa de sobremanera que la defensa irresponsable de Hudbay Minerals, tanto en las demandas en Canadá como en el proceso criminal en Guatemala, no ha hecho nada para evitar este tipo de ataque en Guatemala en contra de nuestros patrocinados.  De hecho, la falta de disposición de reconocer lo ocurrido en el pasado y a tomar medidas para castigar a los responsables, hace más probable no solo que vuelvan a ocurrir hechos similares, sino que quizá podrían ocurrir cosas mucho peores.”

    ¿Hudbay colaboraba con las fuerzas especiales “Kaibil” del ejército? – Diciembre de 2016
    Durante el transcurso del juicio a Padilla, se abrió una nueva investigación criminal acerca de la posibilidad que las fuerzas especiales “Kaibil” del ejército habrían trabajado con los funcionarios y las fuerzas de seguridad de Hudbay Minerals /CGN para planificar y montar una operación de inteligencia militar y control de la población, durante y después del día de la represión que resultó en el asesinato de Adolfo Ich, el ataque con disparos que dejó paralizado a German y las lesiones contra de otros miembros de la comunidad (el 27 de Septiembre de 2009).

    Al igual que muchos de los temas relacionados a las acciones y operaciones de Hudbay Minerals en Guatemala, esto podría constituir un caso explosivo de colusión ilícita, si existiera suficiente presión política y mediática para asegurar una investigación adecuada.

    Amenazas y actos intimidatorios – 7-8 de Marzo de 2017
    Los alegatos finales de Angélica y German ante el tribunal fueron una experiencia complicada en sí.  Tuvieron que salir del tribunal de Puerto Barrios con escolta policial luego de informar que personas desconocidas los habían estado siguiendo.  Angélica y German fueron acompañados por abogados y observadores de derechos humanos.  En su hotel, el grupo había visto a un hombre que los observaba de modo inusual.  Este hombre pasó la noche en el hotel en una habitación contigua a las que ocupaban personas allegadas a Angélica y German, y siguió observándoles la mañana siguiente.  Se pudo observar a dos hombres más que estaban observando al grupo frente al tribunal, mientras que un vehículo Toyota Hilux – un modelo utilizado por la seguridad de la empresa minera – estuvo dando vueltas por la cuadra por el lugar donde esperaba la persona que trasladaba a German y Angélica.

    A la policía se le entregó las fotos de los hombres y del vehículo con su número de placa que había manejado el hombre del hotel.  Al igual que los otros casos en que no dieron seguimiento a los ataques, actos de intimidación y amenazas, tampoco lo hubo en este caso.

    El nombre verdadero de Padilla
    En Junio de 2017, Luis Solano publicó un artículo exhaustivo sobre el juicio a Padilla, en el que reveló que Mynor Ronaldo Padilla González (de la promoción 102 de las Fuerzas Armadas de Guatemala) había cambiado su nombre.  En 1981, se había inscrito en el ejército con el nombre Jaime Rolando Padilla González y cambió su nombre en 1982. (https://cmiguate.org/mp-y-cicig-accionan-contra-libertad-de-militar-vinculado-a-minera-en-el-estor/)

    No es un crimen cambiar el nombre, pero provoca pensar ¿de qué se quisiera ocultar? ¿De qué se escondería?

    Tribunal de apelaciones anula el fallo – Septiembre de 2017
    En una decisión correcta, pero sorprendente (dada la corrupción, racismo e impunidad arraigados en Guatemala), el 14 de Septiembre de 2017, un Tribunal de Apelaciones de Guatemala anuló en su totalidad la absolución de Padilla, que incluye ordenando que se vuelva a juzgar los hechos ante un nuevo tribunal con 3 jueces.

    El juicio continua – 10 de septiembre de 2019
    Padilla se enfrentara al segundo juzgamiento por el asesinato de Adolfo Ich y el atentado con disparos en contra de German Chub.  Está programado para empezar el 10 de septiembre de 2019.

    ¡Estamos atentos!

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    ¿La justicia?
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    Cuando estas valientes víctimas Q’eqchi’ de la represión minera decidieron buscar la justicia en Guatemala y Canadá, su máxima aspiración era que sus luchas por alcanzar la justicia pudieran generar cambios políticos y legales fundamentales en Guatemala y Canadá para que otras comunidades no tuvieran que sufrir los mismos daños y violaciones, corrupción e impunidad.

    Aún a pesar de los avances arrolladores alcanzados por los querellantes a lo largo de los últimos siete años en Guatemala y Canadá, el hecho cierto es que han pasado 12 años desde las violaciones sexuales y 10 años desde el asesinato y ataque con disparos y no se ha logrado justicia, ni en Guatemala ni en Canadá.  Cualquiera de los dos juicios, sino ambos, podría demorar años en resolverse, mientras que queda un riesgo latente e inminente de sufrir otros actos de represión en su contra.

    Sin embargo, con el corazón y la mente claros y mucha determinación, los querellantes siguen adelante, poniendo los hechos de manifestó, y retando e intentando romper las barreras históricas, complejas y fortificadas de la criminalidad, impunidad, corrupción y engaño corporativos que goza Hudbay y le da beneficios – al igual que otras empresas que operan en todo el mundo.

Fuente:https://mailchi.mp/rightsaction/es-posible-alcanzar-la-justicia-en-canad-o-en-guatemala-por-la-represin-vinculada-a-la-minera-de-hudbay-mineralscgn

Guatemala

CC suspende temporalmente operaciones de la mina Fénix

La Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió de manera temporal la licencia de derecho de explotación de la minera Fénix, frente al Lago de Izabal, que opera la Compañía Guatemalteca de Níquel.

Ese efecto causa una apelación contra el Ministerio de Energía y Minas (MEM), con lo cual los magistrados otorgaron un amparo a vecinos que actúan como solicitantes.

La suspensión de operaciones durará hasta que haya una resolución definitiva en torno al amparo, para lo cual no hay plazo.

La licencia es la número 1208 y data del 17 de abril de 2016.

Los vecinos reclaman que no se agotó el proceso de consulta comunitaria en torno al proyecto, a lo cual la compañía responde que sí lo hubo.

En un fallo previo a esta instancia, la Corte Suprema de Justicia había otorgado un amparo a los vecinos en febrero último, pero no suspendió a la minera, a lo cual apelaron ante el tribunal constitucional.

El proyecto permite la explotación del mineral durante 25 años, para lo cual la empresa ha invertido US$580 millones -unos Q4 mil 400 millones-.

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/07/cc-suspende-temporalmente-operaciones-de-la-mina-fenix/?fbclid=IwAR3i5xYGmB8whlzpsAumW1yeIZwNDStqB-I_XWr9ufdWGr-YW2APm7zi1KM

Guatemala

Carta con firmas de mas de 65 organizaciones guatemaltecas e internacionales presentado al Fiscal General exigiendo protección para abogado Xinca y comunidades opuestos a la mina Escobal

El 3 de Julio, 2019, la coordinadora de la red Rompiendo el Silencio presentó una carta firmada por sesenta y siete organizaciones gualtematecas e internacionales al fiscal general del ministerio publico de Guatemala. En la carta, las organizaciones expresan su solidaridad y exigen que se cumpla con las medidas de proteccion para el abogado Xinca, Lic. Quelvin Jimenez y las comunidades en resistencia pacifica contra la mina Escobal en Guatemala.

La mina Escobal, actualmente suspendido, fue comprado recientemente por la minera canadiense Pan American Silver

 

25 de junio de 2019

Sra. María Consuelo Porras Argueta, Fiscal General del Ministerio Publico de Guatemala

CC: Sr. Jordán Rodas Andrade, Procurador de Derechos Humanos de Guatemala Sr. Carlos Tohom Escobar, Director de la Policia Nacional Civil Sr. Enrique Degenhart, Ministro de Gobernación

Estimada Sra. Porras Argueta,

Las organizaciones nacionales e internacionales abajo firmantes nos dirigimos a usted con suma preocupación por incidentes de violencia y de intimidación durante los últimos días en contra del abogado del Parlamento Xinka, Lic. Quelvin Jiménez, representante del Parlamento Xinka, autoridades Xinkas, y miembros de las comunidades en resistencia pacífica en contra del proyecto minero Escobal. Exigimos que el Ministerio Público de Guatemala cumpla con las medidas cautelares otorgados al Lic. Jiménez y que el Estado proteja miembros de la comunidad y autoridades Indígenas Xinkas en resistencia pacifica a la mina Escobal en Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa.

Durante la mañana de domingo 23 de junio, el Lic. Quelvin Jiménez, fue detenido por la Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC) mientras regresaba de una asamblea comunitaria en su pueblo natal de Jumaytepeque, Nueva Santa Rosa. En respuesta, pobladores de la zona, junto como organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales contactaron la policía para preguntar sobre el motivo de su detención y expresar preocupación por su seguridad y libertad. La policía respondió repetidamente que el Lic. Jiménez no estaba detenido. Unas cinco horas después, el Lic. Jiménez fue liberado sin cargos. 

La siguiente noche a las 9pm, Lic. Jiménez reportó que un pickup estaba rodeando su residencia en Jumaytepeque. Dado que el Ministerio Público de Guatemala ha otorgado medidas de seguridad para la casa y oficina del Sr. Jiménez en base de anteriores amenazas y actos de intimidación, Lic. Jiménez llamó a la policía de la subestación de Nueva Santa Rosa quienes dijeron que no tenían conocimiento de las medidas precautelares y que no pudieron responder por falta de vehículo disponible. Unos 40 minutos después, el pickup se retiró del lugar. Unos 20 minutos después de eso, llegó la PNC. El Lic. Jiménez les proporcionó información del registro y la placa del vehículo pero la policía no tomó ninguna acción.

Las medidas de seguridad otorgadas para proteger al Lic. Jiménez de amenazas, criminalización y violencia no están siendo cumplidas adecuadamente. Entretanto, los actos de intimidación, tal como su detención arbitraria el día domingo y el incidente durante la noche del lunes, van aumentando en frecuencia e intensidad. Estos actos de violencia e intimidación son sumamente preocupantes dado que suceden dentro del contexto de la consulta mandado por la Corte de Constitucionalidad con el pueblo Xinka, lo cual incluye Jumaytepeque.

Otras autoridades Xinkas y diversos miembros de la resistencia pacifica en contra de la mina Escobal, la cual pertenece a la empresa minera canadiense Pan American Silver, también están bajo amenaza de violencia e intimidación por estar exigiendo el cumplimiento de sus derechos durante el proceso de consulta sobre el futuro del proyecto Escobal. Este contexto pone en riesgo la integridad del proceso dado a que la consulta no puede ser ‘libre’ si la población están siendo intimidados, o si están bajo amenaza de violencia o encarcelamiento.

Exigimos que tome acción inmediata para resguardar la seguridad, integridad y libertad de Lic. Quelvin Jiménez, los miembros del Parlamento Xinka, las principales autoridades de la comunidad Xinka de Jumaytepeque y los miembros de la Resistencia Pacifica de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa quienes están sufriendo amenazas y actos de intimidación y criminalización por defender sus derechos.

  • Cumplir de forma inmediato las medidas cautelares otorgados al Lic. Quelvin Otoniel Jiménez el 14 de marzo de 2019;
  • Velar por la seguridad e integridad de los Principales Autoridades Xinkas de San Francisco Jumaytepeque, todos los miembros de la Junta del Parlamento Xinka y de los pueblos Xinka en Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa;
  • Asegurar la seguridad y la integridad de todos los miembros de la Resistencia Pacifica de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa;
  • Llevar a cabo una investigación plena e imparcial sobre los hechos del 23 de junio del 2019 según la solicitud enviado en la carta con fecha 25 de junio del Parlamento Xinka a la oficina del Ministerio Público del Distrito de Santa Rosa en donde el Parlamento explica la serie de sucesos y brinda evidencia audiovisual para fundamentar su carta.

Atentamente,

ACODET
Asamblea Departamental de Huehuetenango ADH 
AID/WATCH 
Amnesty International 
Asociación Ambiental Petón do Lobo 
Asociación Galega Cova Crea 
Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad CEIBA 
Asociación Q’anil 
BC CASA/Café Justicia 
CAREA 
Center for International Environmental Law (CIEL) 
Chicago Religious Leadership Network on Latin America 
Colectivo Tajtolmej Taltipa A.C. 
Collectif Causse Méjean – Gaz de Schiste NON ! 
Common Frontiers 
Consejo del Pueblo Maya CPO 
Consejo Maya Mam saq Tx’otx’
Consejo Wuhxtaj 
ContraMINAcción (Galicia)
Denver Justice and Peace Committee 
EarthNexus 
Earthworks 
Estonian Forest Aid 
Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca 
Frente Nacional por la Salud de los Pueblos – Azuay 
Front Line Defenders 
Geocomunes 
Grupo Belga ‘Solidair met Guatemala’ 
Guatemala Human Rights Commission (GHRC) 
Guatemala Partnership Committee, Congregational Church of Needham 
Guatemala Research Group, University of Northern BC 
Guatemala Solidarity Network (GSN) 
H.I.J.O.S. Guatemala 
Institute for Policy Studies – Global Economy Program 
Kickapoo-Guatemala Accompaniment Project 
London Minining

Maritimes- Guatemala Breaking the Silence Network
Mining Injustice Solidarity Network (MISN) 
Mining Justice Alliance 
MiningWatch Canada 
Movimiento Ecologista de Mujeres del Sur 
Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4- 
Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA) 
Oberlin Students in Solidarity with Guatemala 
Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas 
Otros Mundos AC/Chiapas 
OXFAM 
Peace Watch Switzerland 
PIAP, AC 
Plataforma Internacional contra la Impunidad 
Projet Accompagnement Québec-Guatemala 
Protection International Mesoamérica 
Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) 
Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala -REDSAG-
REDAGUA
Resistencia Pacífica La Puya 
Revista electrónica Memorial de Guatemala 
Salva la Selva 
SHARE Foundation 
Skylight Pictures and Engagement 
SOA Watch-LA 
Society of Friends 
Solidaridad con Guatemala de Austria 
SweFOR 
Unifor 
United Steelworkers 
YLNM Network

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/07/carta-con-firmas-de-mas-de-65-organizaciones-guatemaltecas-e-internacionales-presentado-al-fiscal-general-exigiendo-proteccion-para-abogado-xinca-y-comunidades-opuestos-a-la-mina-escobal/

Guatemala

SEMINARIO VIRTUAL: Nuevas Amenazas y Próximos Pasos: Resistencia a la Mina Escobal en Guatemala

Representantes del Parlamento Xinka y Rompiendo el Silencio dirigirán una conversación sobre la situación local actual dos años desde de la suspensión de la mina, y como se puede mostrar solidaridad con las comunidades en resistencia.

Durante dos años, desde junio del 2017, la Resistencia Pacífica de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa junto con el Parlamento Xinka de Guatemala han logrado una victoria poco común: la suspensión de la muy rentable mina Escobal ubicada en la sureste de Guatemala, a través de campamentos comunitarios mantenidos 24 horas al dia y decisiones de las cortes nacionales que establecieron precedentes importantes.

Hoy día, los campamentos siguen de pie y la Corte de Constitucionalidad, según su decisión del septiembre 2018, ha ordenado al Ministerio de Energía y Minas llevar a cabo una consulta con el Pueblo Xinka.

Sin capacidad económica de aguantar la suspensión de su mina principal, Tahoe Resources vendió su empresa y todas sus minas a Pan American Silver, una empresa con sede en Vancouver, Canadá, a principios del 2019.

A pesar del discurso conciliatorio de Pan American Silver y su promesa que va aprender de los errores de Tahoe, la lucha sigue: Pan American Silver ha sido claro que busca reabrir la mina. Durante su reunión de accionistas el 8 de mayo, el Presidente de la Junta Directiva , Ross J. Beaty, dijo “no hay motivo sensato – sea social, ambiental o político – de no hacerlo”, descartando la resistencia comunitaria amplia que se ha levantado en contra la mina desde 2011.

Ahora, las amenazas e actos de intimidación en contra de líderes del movimiento están aumentando otra vez, lo cual hace necesario fortalecer la solidaridad con la Resistencia Pacífica de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa, y el Parlamento Xinka.

 

Organizado por:
Rompiendo el Silencio Canadá, Earthworks, Instituto para los Estudios Políticos – Proyecto de Economía Global, Red de Solidaridad Contra la Minería Injusta (MISN por sus siglas en inglés), Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala, y Alerta Minera Canadá

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/06/seminario-virtual-nuevas-amenazas-y-proximos-pasos-resistencia-a-la-mina-escobal-en-guatemala/?fbclid=IwAR2X9Wd0meY1WviAoA0DADT2QClN3hXeSJlFg6EMQ3ZDYAvpVf96OyFwMUk

Guatemala

En Guatemala, una foto compromete una mina ruso-suiza

Un grupo de pescadores de una comunidad indígena en Guatemala exigió conocer el impacto ambiental de una mina de ferroníquel implantada en sus tierras ancestrales. Uno de ellos fue asesinado, y un periodista local fue criminalizado por cubrir la historia. Forbidden Stories, un consorcio internacional de 40 periodistas que publican en 30 medios de comunicación, unió fuerzas para continuar el trabajo del reportero. Este artículo forma parte de la serie “Green Blood”, un proyecto que sigue indagando las historias de periodistas amenazados, encarcelados o asesinados mientras investigaban temas medioambientales.

Si no fuera por un periodista que tomó fotos ese día, algunos podrían decir que no está claro cómo ocurrieron los últimos momentos de Carlos Maaz. Había una nube de gas lacrimógeno, el caos de una protesta improvisada, el eco de balas y rocas volando entre la multitud. En una fotografía, sin embargo, se le ve parado, en medio de la calle, entre los manifestantes, con las manos en los costados, sin arma. Un minuto después, el cuerpo del pescador yace sobre el pavimento y un policía, echado atrás en la parte trasera de una camioneta pickup, con la pistola en la mano, apunta hacia la cámara. Las imponentes montañas verdes de la Sierra de Santa Cruz permanecen impasibles en el fondo, testigas de un asesinato cometido por un hombre en uniforme. La serie de fotografías, durante mucho tiempo la única prueba concreta de lo que sucedió ese día.

Según su esposa, Maaz fue abandonado durante medio día antes de que los aldeanos, conscientes de que las autoridades no iban a mover el cuerpo, lo recogieran y lo enterraran. Carlos Maaz era miembro de la comunidad Maya, Q’eqchi, de Guatemala, un grupo indígena con un apego especial a la tierra. Era un pescador artesanal, preocupado por la sospecha de contaminación del lago que era su medio de vida. También era padre y esposo.

“Él nos proveyó y nos cuidó”, dice su viuda Cristina Maaz Pop. “Cuando fue asesinado, ni siquiera pensé en ser feliz. Desde ese día ya no me siento segura en ningún lugar. Y ahora no hay quién me ayude”.

La sociedad que está en la raíz de las preocupaciones de los pescadores es Solway, un grupo con dirección rusa, con sede en Suiza y una sociedad de cartera en Malta. Se instaló en 2011 en El Estor, un municipio remoto oculto en medio de montañas y colinas, para tomar el control de una mina de ferroníquel llamada Fenix Project, que vende el precioso mineral a diversas industrias, como la construcción o la electrónica.

Impunidad policial

Durante la conferencia de prensa posterior a la protesta, la policía negó que alguien haya muerto. Era simplemente una mentira, según Carlos Choc, periodista de la página web de noticias mayas Prensa Comunitaria, quien tomó la foto del cuerpo sin vida de Maaz. El periódico digital de la comunidad acababa de iniciar un proyecto, de un año de duración, que iba a cubrir el impacto social y ambiental de la mina. El proyecto quedó detenido ese día. La investigación criminal sobre la muerte de Maaz estaba paralizada, mientras que las autoridades llegaron incluso a abrir una causa penal contra Carlos Choc.

Forbidden Stories, un consorcio de 40 periodistas que publican en 30 medios de comunicación en el mundo, incluyendo Prensa Comunitaria, han retomado el trabajo de Choc. Después de una investigación de ocho meses, descubrimos que tanto las autoridades guatemaltecas como la compañía han mentido de forma repetida sobre lo que le sucedió a Maaz, así como sobre el impacto ambiental de la mina. También descubrimos que los reporteros que investigan estos hechos han sido criminalizados erróneamente por hacer su trabajo. Y que las comunidades Maya Q’eqchi que viven en El Estor tienen razón al preocuparse por su tierra y salud.

 

Una mancha roja “misteriosa”

El día que murió, Carlos Maaz, participaba a una protesta con un grupo de pescadores. La causa de su preocupación: una mancha roja que apareció en marzo de 2017 en el lago Izabal, el lago más grande de Guatemala, y que atribuyeron a la mina de ferroníquel.

Pidieron un estudio ambiental. Un mes después, el gobierno tomó muestras de agua y concluyó que la maleza acuática era la culpable de la coloración del lago.

Aquella era causada por la Hydrilla, una planta acuática invasiva, dijo Alfonso Alonzo, el ministro del Medio Ambiente, “que es roja, la mancha roja es parte del ecosistema del lago. Esa Hydrilla creció gracias al agua contaminada por bacterias, por causa de la falta de plantas de tratamiento de aguas residuales en el río Polochic”.

Sin embargo, los expertos que consultamos llegan a una conclusión diferente. Según el biólogo brasileño especializado en contaminación del agua, Lucas Barreto Correa, “todos los resultados de los análisis existentes muestran una clara evidencia de los elementos característicos de las actividades mineras. Hay inconsistencias en las declaraciones oficiales, y se necesita una información gubernamental más consolidada con respecto a la contaminación presente en el lago”.

Niegan daños ambientales

Durante una visita a la mina realizada por los reporteros de Forbidden Stories, la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), que opera en la mina, negó categóricamente cualquier daño al medio ambiente. “No daña al lago porque, de hecho, tanto Pronico [la planta de procesamiento de metales]como CGN tienen programas de monitoreo ambiental”, dijo Carlos Fernández, director de una reserva natural administrada por la mina.

“Tenemos certificaciones [de la Organización Internacional de Normalización], y estamos comprometidos con los estudios de impacto ambiental autorizados por el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas, y esos compromisos son una gran responsabilidad que cumplimos como empresa”. La empresa matriz Solway dijo que los niveles de contaminación no habían cambiado desde que la planta comenzó a operar.

Los pescadores no lo creyeron y afirmaron que la sospecha de contaminación les estaba afectando significativamente.

“No podremos vivir de los peces si continúan contaminando nuestra agua”, dijo Alfredo Maquin, uno de los pescadores. “¿De qué vamos a vivir, qué les daremos a nuestros hijos? ¿Dónde vamos a trabajar?”

Finalmente, el Ministerio de Medio Ambiente anunció en una nota sumamente corta que se celebraría una reunión a 60 kilómetros de distancia del pueblo para abordar las inquietudes de los pescadores según el padre Ernesto Rueda Moreno, sacerdote que ejercía como contacto local para las autoridades.

Sin embargo, había rumores de que se inciaban procedimientos penales contra ellos por bloquear el paso de los camiones desde la mina unas semanas antes. “Los pescadores temían ser arrestados”, recuerda el padre Ernesto.

 

David y Goliath

Cuando se reunieron al amanecer del 27 de mayo de 2017, se dieron cuenta que las autoridades guatemaltecas los habían abandonado. La respuesta de los pescadores fue organizar un bloqueo. No era el primero que armaban. Por su parte, la policía ya estaba de camino. Cuando los pescadores comenzaron a tirar piedras, los policías respondieron con balas. Una hora y media después, Maaz yacía sangrando y muerto en el suelo, herido en el pecho por un policía.

Dos años y un informe de balística más tarde, el ministro de Medio Ambiente todavía niega que una persona haya muerto. Cuando periodistas de Expresso (Portugal) y Le Monde (Francia) lo enfrentaron en su oficina de la ciudad de Guatemala, él continuó dándole vueltas a un tecnicismo: “No se hizo ninguna investigación, no se pudo hacer ninguna investigación, ningún fiscal ni nadie del estado oficialmente estuvo ahí para verificar si esa persona había muerto”, dijo.

Por ende, nadie ha sido responsabilizado por el asesinato de Carlos Maaz. En cambio, han sido criminalizados tanto los pescadores como los periodistas. Las órdenes de detención emitidas en agosto de 2017 acusaron a siete de ellos de “amenazas”, “incitación a cometer delitos” y “asociación ilícita”.

Los pescadores fueron inicialmente procesados por una manifestación anterior durante la cual bloquearon una carretera en El Estor y acusados por detener en su coche a empleados de la mina. Choc y su colega Jerson Xitumul solo fueron mencionados en los expedientes judiciales posteriormente.

“Creemos que los hechos presentados por la compañía como acusación no fueron suficientes para justificar una orden de arresto”, dijo el abogado de Choc. “De lo que hemos analizado en el expediente, hemos visto que se basa en identificaciones hechas por el abogado de la empresa que no estaba presente en el momento de los hechos”.

Según José Felipe Baquiax, un juez que preside la sala de lo criminal del Tribunal de Guatemala, los tipos de cargos presentados contra los pescadores y los periodistas suelen ser los que se usan contra el crimen organizado, no contra los manifestantes. “La libertad de expresión está reconocida en la Constitución, por lo que esto no constituye un delito”, subrayó Baquiax. “Debo decirle que no he visto aquí, desde que empecé como juez hasta ahora que soy magistrado, a nadie condenado por haber participado en una manifestación”.

Para los dos reporteros de Prensa Comunitaria, estos cargos significaban la amenaza de arresto. Jerson Xitumul pasó un mes en una de las cárceles más peligrosas del país antes de que se le permitiera regresar a casa bajo arresto domiciliario. En julio de 2018 se retiraron todos los cargos contra él, pero decidió abandonar el periodismo.

Cuando Carlos Choc vio lo que le había pasado a su colega, decidió esconderse. “Tenía que vivir clandestinamente”, recuerda. “Todo mi corazón está en mi ciudad, mi pasión por mi trabajo periodístico está en El Estor, pero hubo momentos en los que me desesperé”. Durante ese tiempo, Choc se separó de sus hijos y tuvo que vender la mayor parte de sus posesiones al no poder trabajar.

Choc comenzó a trabajar en el mundo del periodismo hace 12 años y se unió a Prensa Comunitariaen diciembre de 2016. Prensa Comunitaria es la página web de noticias mayas en Guatemala cuyo objetivo es “documentar la voz de la comunidad y sus diferentes luchas”.

Choc describe su trabajo simplemente como “decir la verdad”. Su pasión por el periodismo se remonta a su adolescencia. “Cuando tenía 15 años, recuerdo que a mi padre realmente le gustaba escuchar fútbol”, recuerda sonriendo. “Recuerdo que cuando él ponía la radio, a veces me gustaba narrar el juego. Ahí es donde nació mi trabajo como periodista. Luego, fui conociendo un poco más y también descubrí la necesidad que existe en nuestras ciudades y en nuestro pueblo de poder informar de la realidad de las cosas”.

Las tensiones entre las comunidades maya Q’eqchi, las autoridades y la mina han ido aumentando durante décadas. En El Estor, la operación minera de ferroníquel ha significado una reducción del gigantesco pulmón verde que era el bosque. Desde el cielo, ahora se puede ver una mancha de color naranja allí donde estaban los árboles: edificios y tuberías cubiertas de polvo de mineral.

En 2007 y 2009, las expropiaciones originales, necesarias para el establecimiento de la mina, provocaron acusaciones de violaciones y asesinatos por parte de la policía y las fuerzas de seguridad de la mina. En ese entonces, la mina era propiedad de una compañía canadiense, Skye Ressources, antes de que la compraran otros canadienses, la compañía, Hudbay, quienes finalmente la vendieron a Solway.

 

Empleados arriesgan sus vidas

En El Estor, los rusos reemplazaron a los canadienses en 2011, pero la compañía operadora sigue siendo la Compañía Guatemalteca de Níquel. La seguridad industrial de la empresa ha sido cuestionada repetidamente. En 2016, la explosión de una caldera mató a cinco trabajadores. “Muchos de nosotros les advertimos que esta caldera era peligrosa y lo ignoraron”, explicaba Manuel Ramos Ochoa, exempleado. “Están interesados en producir, producir, producir… ¡No les importa la vida de nadie!”

La viuda de uno de los trabajadores muertos en el accidente cuenta una historia similar. Ella desea permanecer en el anonimato por temor a que, al hablar, la compañía pueda quitarle la compensación financiera que recibe como resultado de la muerte de su esposo.

“Cuando él murió, siguieron trabajando”, dice. Su esposo había advertido varias veces sobre los problemas con la caldera hasta el día fatal de la explosión. “Su jefe dijo que no importaba, que siguiera trabajando, que nada iba a suceder. Incluso dijo que había más muertos [en Rusia]y que eso no era nada, que estaban acostumbrados a perder personas”.

En una declaración, el presidente del Consejo de Solway, Dan Bronstein, confirmó que en la mañana del 13 de agosto de 2016, el día que explotó la caldera, ocurrieron problemas en un almacén temporal de desperdicio, una unidad auxiliar de la caldera. “El personal de la planta térmica detectó que el muro de la tolva se había descompuesto”, dijo.

Pero “de acuerdo a la documentación del diseño de una caldera de este tipo, este tipo de desviación no requiere detener el trabajo”, señaló sobre la decisión de no apagarla. Agregó que la compañía está reemplazando la caldera dañada con otra de un fabricante diferente y que otra caldera, idéntica a la que explotó ha sido apagada. Expertos contratados por la compañía operadora y una investigación gubernamental fueron incapaces de establecer la causa de la explosión, aseguró.

Contaminan de noche

Fuera de la mina, las preocupaciones sobre su impacto ambiental están creciendo. Si bien no hay pruebas definitivas de que las operaciones mineras hayan causado problemas a los pescadores y a las personas, existen pruebas de un daño ambiental creciente. Los aldeanos reportaron haber visto humo rojo saliendo de la mina de noche.

“Por la noche, quitan los filtros, cuando están procesando sus productos”, dijo Ochoa. “Piensan que la gente no lo ve, y al final, nadie dice nada al respecto”. Un portavoz de la mina negó que su planta de procesamiento emitiera vapores rojos por la noche, a pesar de la evidencia fotográfica de lo contrario.

Forbidden Stories probó la calidad del aire durante un mes con un sensor ambiental. Los resultados muestran picos de concentraciones de partículas finas seis veces más altas que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. “Estos son los niveles que se pueden medir en China durante los principales episodios de contaminación”, dijo el científico atmosférico Boris Quennehen.

En un comunicado, Solway dijo que “las concentraciones excesivas de [partículas finas] en las comunidades están asociadas con fuentes de polvo no relacionadas con las plantas: polvo de la carretera, incineración de residuos en los campos y madera utilizada para cocinar”.

“Estamos preocupados porque eso tiene un impacto a largo plazo”, dice Anibal Coti, director de un centro médico en El Estor. “Hay personas que ingresan con problemas bronquiales, problemas de asma, bronquitis, neumonía”.

 

Confrontan a ministro

Durante una visita a la mina en abril, los reporteros de Le Monde y Expresso enfrentaron a Maynor Alvarez, gerente de asuntos comunitarios de la CGN. Él simplemente les respondió: “El monitoreo se lleva a cabo, no solo para el agua: para el agua, el polvo y el ruido. Y el monitoreo se lleva a cabo periódicamente de acuerdo con lo que la ley ordena. Tenemos fe, yo como Pronico, yo como autoridad, yo como comunidad, tenemos fe en estos monitoreos”.

En cuanto al gobierno, los aldeanos sienten que se han ignorado en gran medida sus preocupaciones. “Los gobiernos nunca piensan realmente en los pueblos indígenas”, explica Cristóbal Pop, el líder de la asociación de pescadores. “Lo que les importa son solo los intereses, dónde hacer dinero con las empresas, que les puede dar buenas ganancias, independientemente de la vida de la gente, del campesino, de los indígenas”.

Después de pasar un año y medio escondido, el periodista Carlos Choc finalmente pudo ver a un juez en enero y logró evitar la prisión preventiva. Ahora está esperando una audiencia sobre su caso.

“Nunca pensé, durante los 12 años que trabajé como periodista, que algún día pasaría por esto debido a mi trabajo”, dijo. “Sé que las falsas acusaciones van a terminar. Y cuando todo esto termine, no quiero llorar”.

 

Fuente:https://www.proceso.com.mx/588937/en-guatemala-una-foto-compromete-una-mina-ruso-suiza?fbclid=IwAR189-AhPRpzvbDshSY_Z4_Rc22u2TiG1MwUEXaRad2jVurnbqyMHIb_wNg

Guatemala

Más de 200 organizaciones denuncian demanda multimillonaria por empresa minera estadounidense contra Guatemala

227 organizaciones y redes guatemaltecas e internacionales firmaron la carta que fue entregada hoy a instancias del gobierno guatemalteco y la embajada de los Estados Unidos en Guatemala. En ella se denuncia la demanda de US$300 millones de dólares de la empresa minera estadounidense Kappes, Cassiday & Associates (KCA) en contra del estado centroamericano por ser un intento descarado de socavar la voluntad de las comunidades afectadas por su proyecto así como la decisión de las cortes en Guatemala. La empresa presentó su demanda en diciembre de 2018 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por supuestas violaciones al Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA).

Miembros de la resistencia pacífica ‘La Puya’ presentaron la carta a representantes del gobierno durante una cita en el Congreso, incluyendo representantes de los Ministerios de Energía y Minas, de Ambiente y Recursos Naturales, y de Economía, además del Procurador de los Derechos Humanos, entre otros.

Las organizaciones firmantes constatan que la demanda “representa un nuevo ataque al sistema judicial de Guatemala”. Señalando un aumento de presión sobre la Corte Constitucional por parte del Presidente Jimmy Morales por decisiones judiciales tomadas en torno a proyectos mineros, además de su intención de frenar investigaciones sobre corrupción en los altos niveles del gobierno.

“Nos preocupa que con esta demanda, KCA intenta presionar a las autoridades en Guatemala para lograr un arreglo y desestimar los múltiples problemas judiciales y la oposición social que le han prevenido operar su mina de oro Progreso VII Derivada. Esto sería otro claro ejemplo del ‘efecto escalofriante’ de las políticas regulatorias que tratados como el DR-CAFTA conllevan”, dijo Manuel Pérez-Rocha del Institute for Policy Studies de Washington D.C.

La suspensión de la mina de KCA fue ordenada por la Corte Suprema de Justicia en Guatemala en el 2016 por falta de consulta previa con las comunidades indígenas de los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, al norte de la ciudad de Guatemala. Dicha suspensión sigue vigente, mientras que la decisión final de la Corte Constitucional está pendiente.

Sin embargo, aún y cuando la Suprema Corte ordenó la suspensión, la empresa siguió operando la mina. A consecuencia de ello, el propietario Daniel Kappes y el representante legal de la compañía también se encuentran bajo investigación penal en Guatemala por el delito de explotación ilegal de recursos naturales. Además, la empresa fue condenada por haber operado sin licencia de construcción.

“El proyecto de KCA está plagado de ilegalidades y aún así los dueños se sienten libres para entablar un arbitraje en contra de Guatemala. Este tipo de chantaje, el cual busca socavar las decisiones de la Corte, así como la resistencia pacífica y los derechos de las comunidades no se debería permitir. Desgraciadamente, ya hemos visto antes que se utilice este tipo de arbitraje por las mismas razones”, dijo Carla García Zendejas del Centro de Derecho Ambiental Internacional (CIEL por sus siglas en inglés).

En marzo de este año, la resistencia pacífica ‘La Puya’ celebró siete años de mantener un plantón las 24 horas al día, los 7 días de la semana afuera de la entrada de la mina. La oposición se ha centrado en los posibles impactos de la mina en el agua y el ecosistema de esta zona seca, la cual pone en perjuicio la salud pública y el ambiente. Por su lucha persistente, miembros de la resistencia han sufrido intimidaciones, amenazas y criminalización, además del intento de asesinato de un miembro del grupo en junio de 2012. Desde que KCA presentó su demanda surgieron preocupaciones por la militarización de la zona, además de nuevas amenazas y actos de intimidación en contra de miembros de la resistencia. El gobierno guatemalteco ha fichado a la resistencia pacífica ‘La Puya’ por estar en contra del desarrollo, acusando a las comunidades de ser las responsables de la demanda multimillonaria.

“La demanda de KCA es un ejemplo actual de colonialismo empresarial. Un miembro del elite de interés extranjero espera beneficiarse a costa del pueblo y del planeta empleando la violencia junto con maniobras legales y políticas”, comentó Laura Martin, Directora Ejecutiva de la Alianza de Liderazgo Progresista de Nevada (PLAN por sus siglas en inglés).

Los representantes de PLAN también entregaron la carta a la empresa en sus oficinas en la ciudad de Reno en el estado de Nevada este miércoles.

En solidaridad con ‘La Puya’ y los residentes de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, las 227 organizaciones hacen un llamado a KCA y al Gobierno guatemalteco para que se abstenga de intimidar a los jueces de la Corte Constitucional, y se permita no solo la independencia del proceso judicial, sino la toma de decisiones conforme a derecho. Al respecto, exigen que la empresa KCA desista de su demanda.

Ver una copia completa de la carta y la lista de adhesiones acá.
To read the letter in english please click here.

Para más información:
Ellen Moore, Earthworks, emoore at earthworks.org, 202-887-1872×128
Laura Martin, PLAN, lmartin at planevada.org, 702-791-1965
Carla García Zendejas, CIEL, cgarcia at ciel.org, 202-374-2550
Manuel Perez Rocha, Institute for Policy Studies, manuel at ips-dc.org, 240-838-6623

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/04/mas-de-200-organizaciones-denuncian-demanda-multimillonaria-por-empresa-minera-estadounidense-contra-guatemala/

Guatemala

Organizaciones denuncian amenazas de muerte contra el abogado del pueblo Xinka en Guatemala

Organizaciones denuncian amenazas de muerte contra el abogado que representa al Parlamento Xinka en consulta sobre la mina Escobal

El 15 de marzo, el Parlamento Xinka denunció el incumplimiento continuo de la decisión emitida por la Corte Constitucional respecto a la obligación de las empresas mineras de consultar al pueblo Xinka, así como las amenazas e intimidaciones contra Quelvin Otoniel Jiménez Villalta, abogado del Parlamento Xinka. El Parlamento de Xinka estuvo acompañado por representantes de la Resistencia Pacífica de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa durante su conferencia de prensa en la ciudad de Guatemala.

En su comunicado de prensa, declaran: “Tememos por la seguridad del abogado Quelvin Jiménez Villalta, víctima de amenazas telefónicas, y por la seguridad de todas las autoridades y líderes Xinka que participan en el proceso de consulta. Declaramos al estado de Guatemala y a la Minera San Rafael directamente responsables por nuestra seguridad e integridad física”.

El Sr. Jiménez presentó una denuncia penal ante las autoridades guatemaltecas luego de recibir amenazas de muerte por teléfono. Jiménez también ha sido objeto de acciones legales espurias por su trabajo en nombre de las comunidades Xinka para exigir su plena participación en el proceso de consulta, así como la transparencia y el debido proceso. La petición, presentada por la Minera San Rafael a fines de diciembre de 2018, más de un mes después de que Pan American Silver anunció la adquisición de la empresa Tahoe Resources, acusa a Jiménez de actuar de mala fe y solicita a la Corte Suprema y al Colegio de Abogados de Guatemala que apliquen sanciones contra Jiménez por su trabajo defendiendo los derechos de las personas Xinka durante la primera etapa del proceso de consulta. La denuncia fue desestimada por la Corte Suprema que determinó que Jiménez no había actuado de mala fe.

Doce grupos guatemaltecos e internacionales se hicieron eco de la preocupación por la seguridad física de Jiménez y de todxs lxs involucradxs en el proceso de consulta. Hacen así un llamado a las autoridades guatemaltecas para garantizar que el proceso de consulta se lleve a cabo sin coerción, intimidación ni amenazas.

Los alcaldes de cuatro municipios en el entorno de la mina Escobal también se unieron al Parlamento Xinka en la conferencia de prensa emitiendo su propia declaración, que condena el incumplimiento por parte del estado de la orden de la Corte Constitucional para consultar con las comunidades Xinka afectadas e insta a la Corte Suprema a tomar medidas para garantizar el cumplimiento estricto de dicha decisión, libre de coerción, amenazas e intimidación.

La compañía canadiense Pan American Silver se ha comprometido a poner en operación la mina Escobal a pesar de la amplia y bien documentada oposición del proyecto. Pan American adquirió la mina Escobal como parte de su compra de Tahoe Resources en febrero de 2019. El Proyecto Justicia y Responsabilidad (Justice and Accountability Project) presentó una queja ante la Comisión de Bolsa de Valores de EE. UU. y la Comisión de Bolsa de Valores de la Columbia Británica en nombre de Earthworks, BTS y MiningWatch Canadá antes de que se realizara la reunión de accionistas de la compañía el 8 de enero. La queja resaltó una serie de problemas con el proyecto, incluyendo la falta de divulgación de problemas graves y conflictos que ya están surgiendo con el proceso de consulta.

Este blog fue escrito en colaboración con Earthworks.

 

Fuente:http://www.cdhal.org/es/des-organisations-denoncent-les-menaces-de-mort-envers-lavocat-qui-represente-le-parlement-xinka-dans-la-consultation-sur-la-mine-escobal/?fbclid=IwAR3UToPzKJfhe1MW7Ojorikdx_doKyG69E4Gsx9nOisUPjNIrcvmB4w9e6o

Guatemala

El botín de las transnacionales está en Guatemala

A la Guatemala profunda, la que cultiva caña y café como se hacía hace mil años, se llega por carreteras endiabladas. Más de 4 horas en camioneta han empleado María Lucas, de 64 años, su hija y otros dos vecinos de Sipacapa, un municipio del departamento de San Marcos fronterizo con México, para recorrer los 65 kilómetros que separan sus casas de Santa Cruz. Acuden porque el Consejo de Pueblos del Quiché (CPK) ha convocado una asamblea con los líderes y lideresas indígenas que aun aguantan la presión de las todopoderosas oligarquías locales. Los datos de los siete primeros meses de este año alumbran el desastre: 137 dirigentes comunitarios agredidos, otros 22 asesinados y un número indeterminado de detenidos, todos bajo acusaciones que las élites utilizan para aplastar una cultura confrontada con el orden del mercado libre que engorda sus insaciables bolsillos. María, su hija y los dos vecinos de Sicapaca son cuatro rostros más entre los cuatro millones de indígenas sentenciados a vivir en la pobreza extrema.

La matriarca, cara arrugada y los ojos brillantes, participa activamente en la asamblea. Es un debate muy vivo, reflejo de los temores y la desconfianza que quedaron atrapadas en el alma de estos mayas en la noche de los tiempos. Uno de los portavoces pide que “se evite cualquier resistencia violencia” en las protestas periódicas que diferentes comunidades y aldeas realizan contra la construcción de las grandes infraestructuras proyectadas. En Huehuetenango, en Alta Verapaz, en Izabal, Solol o en el propio departamento del Quiché. “Porque, compañeros, ese será el motivo que utilicen para reprimirnos aun más”, suelta a viva a voz. La cuestión se despacha con dilación porque lo que más inquieta, de momento, son las consecuencias de esas inmensas instalaciones cuando echan a andar. “En San Marcos tuvimos la mina Marlin y fue terrible. Extendieron el miedo, el paramilitarismo, la muerte y la desigualdad”, comenta María en un castellano frágil que no le impide repetir con fuerza el nombre del engendro. “Mina Marlin”.

En 2005, la empresa canadiense Goldcorp puso sus ojos en el subsuelo de San Miguel Ixtahuacán, una aldea pobre, fría e inhóspita cerca de la frontera con México, para extraer oro puro de la base de una montaña. Para ganarse el apoyo de la población, unos 35.000 habitantes, la transnacional minera forjó una suerte de jerarquía comunitaria a base de regalos y dinero que algunas autoridades locales aceptaron de buen grado. Otros, como María, vieron en aquellas dádivas los ingredientes inflamables de la codicia, la influencia y la corrupción que siempre ha utilizado el poder en estas tierras y lo rechazaron. Quienes la siguieron, perdieron su trabajo. La aldea enmudeció. El equilibrio social, ya debilitado desde el genocidio perpetrado en los años 80, se rompió del todo y la singular relación que las comunidades mayas mantienen con sus tierras quedó marcada con fuego. La bomba que escondían aquellos gestos filantrópicos no tardó en estallar. Cuando comenzaron a horadar la mina a cielo abierto, las humildes casas de adobe se resquebrajaron y los ríos que abastecían de agua se contaminaron con arsénico. Los árboles se marchitaron como si un otoño perpetuo se hubiera apoderado de ellos y varias especies de animales desaparecieron o simplemente sufrieron un declive tristísimo del que aún no se han recuperado. La salud de la población se resintió tanto que a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no le quedó otro remedio que ordenar en 2010 la suspensión temporal de la actividad minera.

Pero la dolorosa suerte de San Miguel Ixtahuacán ya se había trazado. El coste de la cesta básica no dejó de aumentar y el precio de la tierra se triplicó. Y con la especulación cabalgando libre por estos caminos polvorientos llegaron las cantinas, las armas, la violencia y el miedo. “¿Sabe usted lo que se llevaron los canadienses de allí? ¡200 libras de oro puro al día durante 9 años! Calcule, pues. Y de cada 100 dólares que la mina producía pagaban uno al Estado. Imagínese”, interviene Domingo Hernández, 64 años y antiguo miembro del Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP) que combatió a la sangrienta dictadura de Efraín Ríos Montt que gobernó el país a sangre y fuego entre 1982 y 1983. Para muchos, San Miguel sigue siendo hoy el ejemplo palmario de la explotación desenfrenada que gobierna Guatemala.

“Sepa usted que la guerra se acabó en 1996 con los Acuerdos de Paz pero el terror ha seguido igualito. Sigue bien vivito porque en Guatemala se eliminan a los indígenas que denuncian el modelo de convivencia, de malconvivencia, que tratan de imponernos. La cultura de la violencia no se terminó con la paz”, añade Domingo bajando el tono de voz y apretando los dientes. Recuerda a su amiga Lolita Chávez, a la que ametrallaron por impedir el paso de las máquinas madereras dispuestas a arrasar los bosques milenarios que rodean Santa Cruz del Quiché, y a Bernardo Caal. Pero tampoco de Berta Cáceres, la activista lenca asesinada en Honduras por oponerse al proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca; ni de Ovidio Xol, un joven de 20 años desaparecido en 2014 durante la tensa expropiación de tierras ejecutada en el departamento de Alta Verapaz para construir Renace, una de las mayores plantas hidroeléctricas de toda Centroamérica en la que participó a la empresa Cobra, la filial guatemalteca de ACS. Este complejo acaba de ser premiado por S&P Global Platts, la biblia de la información energética y extractivista a nivel planetario, “por el valor social compartido que desarrolla desde hace siete años en Alta Verapaz”. Un contrasentido a tenor de los datos oficiales. Un informe sobre violencia del PNUD certificó que en lugar de un aumento del desarrollo humano, la paz firmada en 1996 trajo un agravamiento de la inseguridad en la población indígena. Según datos de la propia policía nacional guatemalteca, la violencia homicida se ha incrementado un 120% entre 1999 y 2006. Y la peor parte, de nuevo, se la llevan las mujeres.

Nadie duda de que el patriarcado racista es la gasolina que alimenta la maquinaria de la desigualdad y amordaza a las víctimas. Una investigación realizada por el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) en el área rural de San Pedro de Carchá reportó en 2016 una veintena de violaciones sexuales perpetradas por los trabajadores de la central Renace que andaban reparando unas torretas de alta tensión. “La ausencia de más denuncias por parte de las mujeres violadas se debe a que, además de vivir un fuerte trauma psicológico, sufren el drama personal de ser las causantes de la deshonra familiar ante la comunidad”, concluyeron sus autores. El drama no cesa. Algunas mujeres cuentan a la asamblea relatos estremecedores de conocidos o familiares.

Sus testimonios se suceden, espontáneos. Algunas lo hacen en lengua quiché, uno de los dialectos mayas más extendidos; otras se esfuerzan por expresarse en castellano. Priscilla toma la palabra y habla en ambos idiomas con precisión y soltura. En su discurso hace una defensa encendida de la educación “porque la cultura es el mejor antídoto contra el engaño histórico. Lean, compañeros, lean y también escriban, por favor”, proclama. Priscilla es joven y culta. Conoce el Popol Vuh, la biblia Q’eqchí, cuya parte mitológica se desarrolla cerca de su casa. “La tierra, el aire, la lluvia, los árboles, la energía. Esos son los referentes de nuestra cosmovisión y los que las oligarquías están destruyendo”, explica. Ella, como casi todos los asistentes al concurrido consejo, perdió un familiar en el genocidio perpetrado por el ejército hace tres décadas.

Pese a recordar con todo lujo de detalles la espeluznante noche que impuso el general Ríos Montt en estas tierras –400 aldeas arrasadas, miles de personas reubicadas a la fuerza en los llamados “Polos de Desarrollo” que en realidad eran auténticos campos de concentración, un millón de desplazados internos, más de 250.000 refugiados, 200.000 muertes, incalculables desapariciones– Priscilla dice que aquello solo fue el primer cimiento de lo que ha venido después. “Hoy somos un país entregado al dinero extranjero por un gobierno corrupto que bajo el pretexto de modernizar el país impone leyes que defiendan sus intereses: el saqueo de nuestras tierras y el sometimiento a la pobreza extrema”, clama. Hay unanimidad hacia sus palabras.

La gran aportación de los Acuerdos de Paz en Guatemala fue la liberalización absoluta del país. Cierto es que para el Banco Mundial sigue siendo la primera economía del istmo pero también la más desigual. Si durante años se habló de que 22 grandes familias, todas mestizas, controlaban la vida política, social y económica del país, la selección natural ejecutada por el sistema financiero mundial en los últimos años lo ha reducido a ocho. No es difícil conocer el motivo. En las negociaciones de paz olvidaron detallar quién y cómo se debía gobernar un territorio poco más grande que Andalucía donde el 50% de la población es de etnia maya, xinca y garífuna, abiertamente contrarios a un mercado libre que les condena. En este escenario, la trayectoria de las élites guatemaltecas, todos multimillonarios y muchos evangelistas, ha sido compartir beneficios con grandes transnacionales extranjeras. Canadienses, italianas y, sobre todo, españolas. Según el Directorio de empresas asentadas en Guatemala que elabora el ICEX hay más de 120 firmas asentadas en este pequeño país centroamericano. Y el abanico de sectores que abarcan es extenso y variado. Desde las telecomunicaciones y el turismo al financiero y el energético. “Encuentran muchas facilidades porque los sectores estratégicos han sido desregularizados y, por lo tanto, son fáciles de apropiar y explotar”, explica Jesús González Pazos, miembro de la organización Mugarik Gabe y autor de un exhaustivo estudio sobre la realidad socioeconómica guatemalteca.

El informe también detalla las relaciones íntimas que algunos de estos poderosos terratenientes guatemaltecos, como la familia Gutiérrez-Bosch propietaria de la Corporación Multi Inversiones (CMI) que agrupa a 300 empresas y es la aliada corporativa de ACS en el país, con el Partido Popular y FAES. Fruto de estos estrechos vínculos es el nombramiento en 2006 de José María Aznar como doctor honoris causa en la Universidad Francisco Marroquín, cuna de formación del liberalismo guatemalteco. “En 2008 se produjo la muestra más evidente de esta confluencia de intereses cuando Aznar llegó al Congreso que el PP celebraba en Valencia a bordo de un jet privado que puso a su disposición precisamente el dueño de la CMI Dionisio Gutiérrez, interesado en acudir la convención de los populares para aprender de la excelente experiencia inmobiliaria de la Comunidad Valenciana y exportarla a su país”, afirma González Pazos. El corolario de la gran amistad llegó en 2015 cuando la embajada de España premió a Gutiérrez con la Orden del Mérito Civil.

Una delegación del Parlamento europeo, entre los que se encontraba el miembro de Podemos Xabier Benito, acaba de visitar el país para conocer de primera mano la situación de los derechos humanos. Tras la cadena de reuniones oficiales concertadas con miembros del Gobierno que preside el humorista Jimmy Morales, Benito visitó Santa Cruz de Quiché y Alta Verapaz, dos de los enclaves más golpeados por la depredación industrial. Su conclusión es desoladora. “Hay un incumplimiento sistemático por parte del gobierno del derecho a la consulta de los pueblos indígenas sobre la construcción de grandes infraestructuras que afecten los recursos comunitarios y alteren la vida recogido en el Convenio 169 de la OIT y que Guatemala ha ratificado. Y la negación de estas consultas se asocia a la invasión, marginación y desposesión que han sufrido a lo largo de la historia y que ahora se reproduce”, comenta. A todo esto se le puede unir la ausencia de títulos sobre la propiedad de las tierras. Es un factor de conflicto y también de abuso.

Mauro Vay tiene 64 años y es agricultor aunque lleve seis años sin sembrar nada. La explotación en los campos de algodón le convencieron de que debía dedicarse a otros “cultivos”. Almas rebeldes, por ejemplo. Formado por un jesuita belga en el compromiso cristiano con los pobres terminó levantando al campesinado “porque vivían en unas condiciones deplorables”. Herido durante la guerra, fue encarcelado años después en Huehuetenango “por denunciar los atropellos de las multinacionales eléctricas que nos secan los ríos y no garantizan la luz”. Vay habla del caso de Cambalam I y II, en Santa Cruz Barillas, las dos centrales fantasma que la empresa gallega Hidralia Energía-Hidro Santa Cruz iba a construir en 2008 avalado por un consorcio financiero en el que figuraban Bankia y el Banco Mundial. También cita a sus propietarios, Luís y David Castro Valdivia, cuyos caminos empresariales por Galicia están plagados de oscuras sombras. “La protesta fue tan fuerte que en 2016 renunciaron el proyecto. Pese a todo hubo detenciones de compañeros, órdenes de capturas, gente que huyó por las montañas a México y un estado de sitio general”, rememora. No hay que olvidar que esto es Guatemala, el país donde priman los intereses económicos por encima de cualquier otro. Para las transnacionales españolas es un valor seguro.

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/01/el-botin-de-las-transnacionales-esta-en-guatemala/

Guatemala

Indígenas guatemaltecos mantienen defensa de sus tierras contra la explotación minera

|La resistencia indígena contra la explotación de una mina de plata de Guatemala, obligada a cerrar por los tribunales, es una advertencia a todas las empresas mineras internacionales para que consideren las perspectivas indígenas con más cautela o sufran las consecuencias.

Las operaciones de explotación en la mina Escobal, en la que la minera estadounidense Tahoe Resources invirtió más de 500 millones de dólares, fueron suspendidas en 2017 mediante mandato judicial en espera de los resultados de una consulta de las comunidades indígenas cercanas, una decisión confirmada por el máximo tribunal de Guatemala en septiembre.

Los líderes Xinca, una comunidad principalmente agrícola que reúne a unas 400,000 personas, rechaza la presencia de la mina en sus territorios debido a que sus actividades dañarán la tierra y agua en sus tierras ancestrales, poniendo en peligro su existencia.

El tribunal ordenó al ministerio de Energía y Minas que empiece “inmediatamente” las consultas, aunque el proceso se encuentra atascado en un litigio para definir cuáles son las comunidades que deben participar en la consulta.

Esta pugna entre las ambiciones de las mineras transnacionales y el derecho de los pueblos indígenas ilustra el tipo de conflictos en los que se pueden enfrentar los capitales internacionales con rivales cada vez más sofisticados, a menudo una combinación de activistas ambientales y comunidades locales, según ejecutivos de la compañía y analistas del sector.

“Recuerda que una inversión minera segura requiere lograr primero una licencia social”, dijo Luis Rivera, un ejecutivo de la minera sudafricana Gold Fields en Lima.

El Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina, con sede en Santiago, estima que hay 256 disputas activas en 20 países, con el número más alto en México, Chile y Perú.

Hablando en condición de anonimato debido a la sensibilidad del asunto, un ejecutivo de una empresa minera con sede en Canadá se quejó señalando que “En todas partes del mundo, los pueblos indígenas tienen mucha influencia sobre los políticos y cuando uno se enfrenta a algunos de estos grupos (…) casi no se puede ganar”.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), invocado en la decisión de la corte de Guatemala, requiere que las empresas entren en un diálogo con las comunidades indígenas afectadas en las primeras fases de los proyectos, algo que no ocurrió antes de la construcción de Escobal, hogar del segundo depósito de plata más grande del mundo.

En México, unos 10 proyectos de minería y energía sufrieron retrasos importantes solo este año debido a problemas con las consultas indígenas, dijo Gabino Fraga, un consultor que ayudó a empresas como la minera Peñoles y la petrolera estatal Pemex a realizar consultas.

Fraga dijo que es probable que haya más choques en la región si los gobiernos y las empresas no gastan más tiempo y recursos en las consultas, un problema que ya están enfrentando las empresas de energía limpia en México.

Desde 2013, año en que obtuvo su licencia de extracción, la mina Escobal produjo unos 20 millones de onzas de plata anuales hasta 2017. La decisión de la Justicia guatemalteca de reconocer el valor de los argumentos de los indígenas Xinca y de los defensores del medioambiente, significó la primera vez que los jueces guatemaltecos detuvieron una mina operativa debido a las consultas indígenas.

Las acciones de la minera Tahoe Resources cayeron en más de la mitad desde el año pasado, y las pérdidas han aumentado desde el fallo de septiembre.

En un nuevo giro, la minera canadiense Pan American Silver Corp ofreció comprar Tahoe el mes pasado, incluyendo un pago condicional por el reinicio del envío de concentrado de plata de Escobal.

Gabriela Roca, ejecutiva y abogada de la unidad local de Tahoe Resources, Minera San Rafael, sugirió que las consultas ordenadas por el tribunal podrían tomar tan solo unos meses si todas las partes actúan de “buena fe”. Si no, podrían prolongarse hasta cinco años.

Según la interpretación de esta abogada, “La consulta no es un voto, no es veto, no es un plebiscito. Es un dialogo”, dijo.

Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), publicado en 2017 sostuvo que la falta de consultas adecuadas por parte de las empresas extractivas causó la gran mayoría de los 200 conflictos en proyectos extractivos en América Latina y el Caribe.

El BID concluyó que en casi nueve de cada 10 casos los conflictos que involucraban a las comunidades indígenas empeoraron cuando no se consultó a la población afectada por las operaciones extractivas y contaminantes.

Lejos de aliviar las tensiones, el fallo judicial parece haber galvanizado a los indígenas guatemaltecos que no quieren que la mina Escobal afecte negativamente sus tierras y sus condiciones de vida.

Al lado de la propiedad de la mina en la ciudad de Casillas, los camiones que se aproximan son inspeccionados por miembros de la comunidad que buscan hacer cumplir la suspensión en lo que denominan un “campo de resistencia”.

Mientras el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala se prepara para iniciar las consultas el próximo año, el liderazgo Xinca se muestra firme en que no participará en ningún diálogo futuro sobre la mina, dijo el presidente de su parlamento, Aleisar Arana, en una entrevista reciente.

Arana, quien celebró el fallo de la corte, busca inspirar a otros pueblos indígenas a unirse en la lucha contra proyectos transnacionales de explotación como la mina Escobal, que según él, causan grandes daños medioambientales en sus tierras y son una amenaza para las culturas indígenas.

“La mina ha alterado nuestras formas de vida. Es algo que nosotros lo vemos como una amenaza y una invasión”, dijo el líder indígena guatemalteco.

 

Fuente:http://www.rcinet.ca/es/2018/12/25/indigenas-guatemaltecos-mantienen-defensa-de-sus-tierras-contra-la-explotacion-minera/