Guatemala

Encuentro M4: La manipulación de la consulta y consentimiento a favor del extractivismo. Retos y desafíos de los pueblos

El origen del encuentro a realizar en Ciudad Guatemala del 15 al 17 de noviembre de este año, se gesta a partir de una añeja discusión que en toda la región Latinoamérica, así como en el Norte del continente, los pueblos originarios, tribales, afrodescendientes, campesinos y los pueblos equiparables han estado realizando para defender y reclamar el derecho a participar en todas aquellas leyes, proyectos, estrategias u obras que “afecten” sus territorios y sus vidas, misma que ha tomado dimensiones no previstas, a partir de que el modelo extractivo entró en una fase de expansión por todo el mundo.

Son varios los años en que esta discusión ha sido refrendada por los pueblos, sobre todo a partir de las definiciones establecidas tanto en El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, dos de los documentos de referencia para las luchas de los pueblos, que han sido validados/firmados por la gran mayoría de las naciones en las que se desenvuelve el M4.

Una síntesis al respecto, pero que de alguna manera nos permite mirar parte de la problemática que enfrentamos actualmente, se observa en la cita –hoy ambigua y por ende inacabada-, realizada por el ex-relator especial de los pueblos indígenas de la organización de las naciones unidas, el Sr. James Anaya, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2011).

“Los pueblos indígenas deben poder determinar sus propios destinos en pie de igualdad con los demás, participar en la toma de las decisiones que les afectan, y estar seguros en sus derechos individuales y colectivos. Todo esto implica la necesidad de mecanismos efectivos de consulta a los pueblos indígenas en los procesos de decisión que puedan afectarles en el goce de sus derechos.”

Un análisis rápido sobre esta declaratoria realizada en el contexto del sistema capitalista que hoy, y bajo el “patrocinio” de la globalización, ha modificado totalmente el anterior rol del estado/nación, hasta posicionarlo como la nación/corporativa que opera en todo el mundo, hace impensable siquiera tener esperanzas, ilusiones o acciones con alguna perspectiva de participación en igualdad y equidad de condiciones, debido a la gran asimetría que existe entre la población, los gobernantes y las políticas empresariales. Es decir, bajo la fuerza que muestra el sistema capitalista, la creación de mecanismos efectivos de o para la consulta con los pueblos, aún sin que ello haya sucedido en la mayoría de las naciones, estos mecanismos ya se encuentran cuestionados, diezmados y otros, incluso en algunos países a pesar de estar agotados, se han impuesto como norma.

En este encuentro, se propone una revisión profunda de los efectos, ventajas y desventajas que hemos tenido en cada nación, tomando en cuenta la “diversidad” de formas en la implementación de procesos de consulta o de consentimiento que, de una u otra manera, hemos asumido en cada lucha dentro del contexto de quienes integramos el M4.

Objetivos

  •  Intercambiar experiencias e identificar los retos y desafíos que se presentan en el ejercicio del derecho a la consulta, el consentimiento libre, previo e informado por parte de los pueblos que luchan en contra del Modelo Extractivo Minero en la región
  • Construir estrategias colectivas en función al ejercicio y respeto a los derechos fundamentales de los pueblos que luchan por la defensa de la vida y el territorio.

 

Fuente:http://movimientom4.org/2018/11/encuentro-m4-la-manipulacion-de-la-consulta-y-consentimiento-a-favor-del-extractivismo-retos-y-desafios-de-los-pueblos/

Guatemala

Mina San Rafael: Industriales rechazan resolución de la CC y catalogan suspensión como arbitraria

Empresarios argumentan que convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo no contempla la suspensión de actividades por falta de consulta, ni discrimina por tipo de proyecto.

En un comunicado difundido en medios impresos este jueves, la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) expresó su “enérgico rechazo a una resolución que únicamente viene a destruir la ya debilitada certeza jurídica del país debido que a ninguna empresa que esté operando legalmente se le pueden suspender sus operaciones de manera arbitraria.

El pasado 3 de septiembre, la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó una consulta a las comunidades indígenas cercanas a la Mina San Rafael, cuyo proyecto se ubica en el departamento de Santa Rosa como condición para que la minera pueda seguir operando.

Desde julio del 2017, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) otorgó un amparo provisional al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas), con el cual dejó en suspenso dos licencias de operación de la minera San Rafael.

Entre los argumentos de los demandantes estaba que la minera no había seguido los mecanismo legales para instalarse en el lugar, como el incumplimiento de la consulta a las comunidades aledañas, así como un estudio de impacto ambiental más profundo.

“Lamentable y decepcionante”

La CIG también indicó en su comunicado que “el actuar de los magistrados de la CC en este caso genera muchas dudas y más que despejar cualquier incertidumbre la resolución, se suma a la cantidad de irregularidades y anomalías que se han podido documentar desde que dio inicio el proceso”.

Añaden que “es inexplicable que esta misma corte, que hace un año emitió una resolución que supuestamente sentaba un precedente para futuras sentencias relacionadas a consultas del convenio 169 de la OIT, en esta haya decidido revertir su propio fallo”.

“Ante esta lamentable y decepcionante resolución, la Cámara de Industria de Guatemala se solidariza con todos los colaboradores y proveedores de Minera San Rafael, así como con los vecinos del lugar donde opera la empresa, ya que seguirán viéndose afectados por despidos, falta de empleo y ausencia de actividad económica, lo que generará mayor pobreza incrementará la migración” continúa el escrito.

El comunicado exige además a los magistrados de la CC “eliminar más atrasos y dejar en firme la sentencia, evitando retardos innecesarios a través del uso de medidas dilatorias, como lo son las solicitudes de aclaración interpuestas por algunos partes que únicamente buscan demorar el inicio del proceso de consulta”.

Los industriales hicieron también un llamado al Gobierno de la República para que, “de manera inmediata, inicie el proceso de consulta con el objeto de que minera San Rafael pueda continuar operando” y que “dicha consulta tiene que hacerse apegado al texto del convenio 169 de la OIT de forma independiente y sin influencia de terceros que desde ya están buscando atrasar el proceso”.

Esperan sentencia en firme

Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) fijó el pasado viernes 7 de septiembre su postura respecto la resolución de la CC por el caso de la Minera San Rafael, indicando que ya inició los preparativos para hacer la preconsulta y consulta, pero aún no pueden convocar porque no está firme el fallo 

Martín Guzmán, secretario de la CC, aseguró el pasado 3 de septiembre que el fallo responde a que se determinó la existencia de población xinca en el área de influencia de la mina, por medio de requerimientos de información a órganos técnicos especializados de las universidades San Carlos y Del Valle.

Refirió que el área de influencia  se determina según la zona de explotación que opera el proyecto El Escobal, en San Rafael Las Flores, Santa Rosa.  “Se hace ver que, aun cuando no hubiera —población xinca—, de llegar a determinar que hay comunidades indígenas de otra etnia, de igual manera se debe llevar a cabo la consulta”, aseguró el secretario.

 

Fuente:https://www.prensalibre.com/economia/mina-san-rafael-industriales-rechazan-resolucion-de-la-cc-y-catalogan-suspension-como-arbitraria

Guatemala

La Minera no lo tendrá fácil: la consulta a los xinkas es más compleja

El pueblo indígena xinka existe y tiene el derecho a ser consultado sobre los proyectos extractivos en su territorio. La Corte de Constitucionalidad resolvió ayer que para que uno de los proyectos de la Minera San Rafael siga operando deben preguntar a las comunidades en la zona si están de acuerdo. La decisión no será vinculante, pero si rechazan la mina el Estado tendrá que justificar si la empresa traerá beneficio para la población.

Cinco de siete magistrados de la Corte de Constitucionalidad, la que tiene la última palabra en temas legales y políticos del país, resolvieron que El Escobal, uno de los proyectos de la Minera San Rafael podrá seguir operando solo si el Ministerio de Energía y Minas realiza una consulta comunitaria a la población xinka. El otro proyecto, Juan Bosco, se canceló de forma definitiva.

La sentencia, un documento de 554 páginas, reconoce que los xinkas existen, señala que el Ministerio de Energía y Minas cometió una ilegalidad al no consultarlos y establece condiciones para que varias instituciones del gobierno vigilen que la Minera San Rafael opere sin causar un impacto negativo en la comunidad y el ambiente. A continuación, los detalles.

1. Cómo reconocer un pueblo indígena

El Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) es un instrumento que le da a los pueblos indígenas el derecho de participar en la toma de decisiones estatales que puedan afectarles directamente; es, además, una herramienta de preservación de su identidad cultural.

El espíritu del convenio es que con la consulta los pueblos indígenas puedan ser parte del diseño e implementación de medidas de protección del medio ambiente, cuando hay proyectos que pueden impactar su entorno.

“Los pueblos indígenas tienen una forma particular de concebir su relación con el universo”, refiere la Corte de Constitucionalidad en su resolución del caso de la Mina San Rafael, y dentro de esa concepción un aspecto relevante es la relación especial que estos colectivos humanos poseen con la tierra.

En su fallo, la Corte recordó que no es un mito que la implementación de proyectos extractivos además de desarrollo, pueden provocar impactos negativos en el ambiente, generar explotación y violaciones a los derechos humanos. En la resolución se citan estudios del Banco Mundial que han observado cómo los proyectos mineros y energéticos ponen en riesgo y afectan las vidas, recursos y medios de vida de los pueblos indígenas.

“La tecnología moderna permite intervenciones en zonas hasta ahora remotas, provocando desplazamiento significativo y daños irreparables a la tierra y a los recursos naturales de los pueblos indígenas y tribales”.

En este contexto, dice la sentencia de la Corte, aquellos pueblos que habitan en lugares remotos, son particularmente vulnerables, debido a su débil capacidad de negociación.

En el marco del respeto de los derechos de la comunidad indígena, la Corte señala que el Ministerio de Energía y Minas cometió una ilegalidad al no realizar el proceso de consulta con los xinkas.

El proceso de gestión de la licencia inició en 2011, cuando era ministro Carlos Meany, en el gobierno de Álvaro Colom; y terminó con Erick Archila, en 2012, en el gobierno de Otto Pérez Molina. Archila se encuentra prófugo de la justicia.

En el caso de la Minera San Rafael, el gobierno no hizo esa consulta bajo el argumento de que los xinkas no existen. Así impidió que pudieran opinar y decidir. Para eso se basó en un censo de población del Instituto Nacional de Estadística (INE) elaborado en el año 2002, que reportó que 0.01% de la población se identificó como parte de ese pueblo y que en el Registro Nacional de Personas (Renap), no hay una sola persona registrada como parte de esa etnia.

Pero la existencia de un pueblo no puede ser dilucidada únicamente con base en el último censo poblacional que se ha realizado, dijeron los magistrados.

“Esta Corte estima que los censos efectuados por aquel ente estatal tienen su principal valor y utilidad en otro espectro de la realidad guatemalteca; pero no son, por sí solos, parámetros para la determinación de la existencia de pueblos indígenas (…) Si bien es cierto, los informes estadísticos o registrales podrían formar parte de un estudio integral y multidisciplinario, no pueden, por sí mismos, aportar todos los elementos que se requiere para esclarecer fundadamente, de modo fidedigno y concluyente la cuestión controvertida bajo referencia”.

Un ceso realizado por la iglesia católica ubicada en la zona de impacto de la mina reportó 32 mil personas que se identificaron como xinkas. Esa encuesta tampoco fue considerada como un referente idóneo por la Corte.

Para llegar a una conclusión fueron clave los estudios antropológicos que realizaron las universidades Del Valle y San Carlos. Los elementos descritos en ese documento fueron suficientes para que la Corte de Constitucionalidad pudiera establecer la existencia del pueblo indígena en los municipios de Mataquescuintla del departamento de Jalapa, así como en Nueva Santa Rosa y Casillas del departamento de Santa Rosa, y pese a que han perdido algunas de sus costumbres, la Corte enfatiza que existen esfuerzos de la misma población xinka para rescatar su historia y sus prácticas culturales.

2. La consulta no será vinculante, pero el consentimiento del pueblo xinka tendrá efectos

Al verificar su existencia, se confirma su derecho a pronunciarse. La condición para que la Minera San Rafael pueda seguir operando es que se realice una consulta comunitaria. Si finalizado ese proceso la respuesta de los xinkas es rechazar a la minera, el Estado deberá justificar si el proyecto tendrá algún beneficio para la población. El consentimiento de la población indígena tendrá peso.

– (si no se obtiene el conocimiento) el Estado tendría que determinar y justificar por qué el proyecto de extracción es necesario para lograr un objetivo legítimo y asegurar que su diseño es necesario y proporcional para lograr tal fin.

En su resolución, la Corte de Constitucionalidad definió de forma detallada cómo el Estado debe realizar la consulta popular para que se garantice que los xinkas sean escuchados en un proceso válido y no solo como parte de un trámite.

“La consulta debe ser un verdadero diálogo en el cual priven la buena fe, la comunicación constante, la transparencia, el entendimiento y el respeto mutuos –no se agota con la sola información– (…) La consulta no debe comprenderse como un mero trámite formal. Las actividades de simple información o de socialización de una medida administrativa, o la recolección del parecer que algunos pobladores puedan tener respecto de las decisiones gubernamentales susceptibles de afectarles, no son suficientes para dar por observado ese derecho que asiste a los pueblos indígenas”.

Los magistrados enfatizaron en que, para futuros casos de petición de licencias de explotación o exploración de recursos naturales, el Ministerio de Energía y Minas, “de manera fehaciente e inexcusable, antes de conferir la autorización que se solicita, deberá establecer si en el área de influencia del proyecto residen pueblos indígenas o tribales”.

La Corte de Constitucionalidad también recalca que la Ley de Minería se encuentra desactualizada y le da al Congreso un plazo de un año para que la reforme.

Lea: La CC preguntó a la UVG si hay xinkas para decidir sobre la Mina; esta fue la respuesta.

Lea: La CC preguntó a universidades si existían xinkas (por una mina): la USAC respondió así.

3. La actividad de la minera será evaluada

La sentencia de la Corte de Constitucionalidad busca que instituciones del Estado escarben en los efectos negativos que podría tener el trabajo de la Minera San Rafael.

Además de esa condición, la Corte también ordena al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales que en los próximos días revise el área de influencia del proyecto, que le pida a la empresa que actualice su plan de gestión ambiental, que intensifique las medidas de mitigación ambiental y de reparación de los posibles daños ecológicos en el territorio xinka, que implemente medidas para evitar la contaminación del agua, y que ordene inspecciones en las instalaciones de la compañía, para verificar si sus actividades afectan las fuentes hídricas de la región. El Ministerio deberá presentarle informes a la Corte, que verificará que se cumpla con su sentencia.

Además, el Ministerio de Salud deberá realizar un estudio para verificar si la concurrencia de cierto tipo de enfermedades en esa zona, están vinculadas a la minera. También pide que realicen monitoreos trimestrales para verificar la salud de los pobladores y de los trabajadores de la mina, y sobre la calidad del agua para consumo humano.

“Deberá instruir a quien corresponda la eliminación de elementos como el arsénico, el cianuro y cualquier otro que, en niveles no permitidos, resulte nocivo para la salud de las personas, los animales y las plantas de la región”.

Los ministerios de Energía y Minas y de Ambiente, deberán crear comisiones de verificación de todas esas actividades, en las que tendrán que incluir a centros de estudios de las universidades del Valle y San Carlos. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), deberá realizar estudios para establecer si la actividad de la Mina San Rafael provoca riesgos de desastres para las personas y sus viviendas.

Uno de los argumentos de la Corte para resolver que la minera podría seguir operando con la consulta a los xinkas, es la polarización en las comunidades en la zona de impacto de la mina. En la sentencia se lee que con su decisión buscan armonía.

“La ruptura del tejido social que ha acaecido en el municipio de San Rafael Las Flores del departamento de Santa Rosa, conduce a este Tribunal a optar por conferir a su fallo efectos que conlleven a la armonización de las posturas antagónicas que han surgido dentro del propio seno de la población”.

El lunes por la noche la Corte de Constitucionalidad dio a conocer que no otorgó amparo provisional en los recursos planteados por el Procurador de los Derechos Humanos, por Marco Vinicio García y por Alfonso Carrillo en relación al trámite de la visa de Iván Velásquez.

En esta fase los magistrados no ahondan en detalles. Votaron de forma unánime Bonerge Mejía, Henry Comte, José Francisco de Mata Vela, Neftaly Aldana y Gloria Porras.

Fuente:https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/la-minera-no-lo-tendra-facil-la-consulta-a-los-xinkas-es-mas-compleja/

Guatemala

La Mina San Rafael tiene demandas en Canadá y EEUU (por agresiones y engañar a sus accionistas)

El 23 y 24 de julio del 2012, vecinos de la comunidad El Durazno, Mataquescuintla, opositores a la minería detuvieron un vehículo de la Minera San Rafael que quería llevar a cabo un programa de ayuda médica. Óscar Chávez, delegado de la mina para relación con las comunidades y un grupo de médicos que lo acompañaba denunciaron que fueron intimidados y llevados a un salón donde 200 pobladores les exigieron que firmaran un acta en la que acordaban nunca más regresar a la zona.

El jefe de seguridad de la mina, el peruano Alberto Rotondo, hizo un análisis de la situación y recomendó en el reporte No. 003/2012 de la Minera San Rafael, que la empresa implementara lo siguiente:

“De la forma más rápida una estrategia legal y publicitaria en medios de comunicación que ponga en evidencia a los líderes de los grupos que comentan estos actos, especialmente el involucramiento de la iglesia católica, a fin de que las autoridades se vean forzadas a tomar acciones legales en contra de ellos”.

La estrategia caló al menos en el Gobierno del Otto Pérez Molina, que decretó en mayo de 2013 un estado de sitio que prohibió reuniones y permitió la captura de unos 20 líderes opositores, acusó a la resistencia de estar infiltrada por el crimen organizado y el narcotráfico.

Pero el jefe de seguridad de la Minera iría más allá unos meses después.

El 27 de abril del 2013, Alberto Rotondo ordenó a sus agentes disparar contra pobladores de las comunidades de San Rafael Las Flores y La Montaña, que manifestaban de forma pacífica frente a las instalaciones de la empresa.

En las pruebas en poder del MP hay escuchas telefónicas en las que se escucha a Rotondo decir “que maten a esos hijos de la gran puta”.

Siete de ellos fueron heridos.

Rotondo intentó escapar. Fue capturado en el aeropuerto pero un juez lo benefició con prisión domiciliar y volvió a escapar. Fue capturado de nuevo en Perú en julio de 2016 y el Ministerio Púbico ya solicitó que sea extraditado. La Fiscalía de Derechos Humanos de Guatemala lo acusa de lesiones graves y leves; además de obstrucción a la justicia, porque se fugó cuando gozaba de medidas sustitutivas.

Este caso llegó al sistema de justicia de Canadá el 18 de junio de 2014, cuando la Corte Suprema de British Columbia, Canadá recibió la demanda civil de Adolfo Agustín García, Luis Fernando García Monroy, Erick Fernando Castillo Pérez, Artemio Humberto Castillo Herrera, Wilmer Francisco Pérez Martínez, Noé Aguilar Castillo y Misael Edeberto Martínez Sasvin en contra Tahoe Resources por negligencia y agresión por el tiroteo de abril del 2013. Los afectados reclaman que el caso no solo es parte de una lucha por la defensa de la tierra y el medioambiente, sino también de un proceso por responsabilidad corporativa, dado “los frecuentes abusos de los derechos humanos en relación con las operaciones de las compañías mineras canadienses en el extranjero”.

A finales de julio pasado la Corte de Apelaciones de Columbia Británica rechazó una acción de Tahoe que buscaba que el caso se desestimara. Esa resolución despejó el proceso para ir a juicio en Canadá. Los jueces ordenaron que el caso debía continuar en ese país con el siguiente argumento:

“Existe cierto riesgo medible de que los demandantes encuentren dificultades para recibir un juicio justo contra una poderosa compañía internacional cuyos intereses mineros en Guatemala se alinean con los intereses políticos del Estado guatemalteco”, señaló el fallo de un tribunal de apelaciones.

Solo cuatro de los siete afectados sigue en la demanda, ya que Tahoe logró que tres de ellos llegaran a un acuerdo económico para desistir de las denuncias.

Hace diez meses los abogados de los afectados enviaron una carta a Tahoe cuestionando por qué sus representantes negociaron el pago de una indemnización con sus clientes en medio de un proceso legal y sin su intervención. En el documento señalan que cualquier discusión sobre el caso debería detenerse y que investigarían las circunstancias que rodearon la comunicación con los comunitarios.

La respuesta de los abogados de Tahoe fue que la Minera San Rafel ha tenido una política de diálogo permanente con los miembros de la comunidad y una voluntad de escuchar sus quejas. “Algunas de estas quejas han involucrado los eventos de abril de 2013 y la Minera San Rafael ha expresado su interés en resolver estas quejas, tanto en nombre propio como en representación de Tahoe. Recientemente, ha habido discusiones que han llevado a una resolución de reclamos potenciales que algunos miembros de la comunidad. El acuerdo no cubre el litigio canadiense contra Tahoe”.

En su respuesta Tahoe afirma que han discutido la resolución de las demandas con el resto de los afectados y que no veían razón para revocar estas ofertas.

“Como usted sabe, las partes en una disputa tienen permiso para hablar directamente entre sí y para llegar a un acuerdo. Si algunos de los demandantes eligen aceptar la oferta de Tahoe, esos demandantes habrán llegado a un acuerdo vinculante”, dice la minera en la respuesta por escrito.

Tahoe Resources Inc es una compañía minera con sede en Canadá y con proyectos de extracción de plata y oro en ese país, Perú y Guatemala. Uno de sus proyectos de extracción es la Minera San Rafael, ubicada en el municipio de San Rafael Las Rosas, en el departamento de Santa Rosa.

 

Demanda en Estados Unidos, por sus accionistas

La mina de plata en San Rafael Las Flores, a 70 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, es uno de los principales activos de la minera canadiense, que la ha descrito como la tercera reserva de plata a nivel mundial.

Y muchos de sus accionistas están molestos. Consideran que fue responsabilidad de la Minera no haber cumplido con el requisito legal guatemalteco de consultar a las comunidades indígenas aledañas. Por no haber consultado a los xinkas, las cortes más altas de Guatemala frenaron la actividad de la Minera desde hace más de un año.

El 7 de julio del 2017, en la corte del Distrito de Nevada, Estados Unidos, los abogados de las firmas Levy & Korsinsky y Muehbauer Law Office, presentaron una denuncia a nombre de un grupo de accionistas de la compañía en contra Kevin McArthur, fundador de la minera, y los altos ejecutivos Mark Sadler, Ronald W. Clayton y Elizabeth McGregror. Alegaron que los informes anuales que Tahoe presentó a la Comisión de Valores de Estados Unidos (Secutities and Exchange Commission –SEC-) en los años 2015, 2016 y 2017 estaban redactados, producidos y difundidos con información falsa y engañosa.

Además, denunciaron que la mina San Rafael no obtuvo el consentimiento de la población indígena del lugar para instalar el proyecto. Los inversionistas reclamaron que, cuando la Corte Suprema de Justicia de Guatemala suspendió a la compañía por la falta de consulta comunitaria, las acciones Tahoe Resources en la Bolsa de Valores de Nueva York bajaron en un 33 por ciento. La compañía tenía más de 300 millones de acciones ordinarias en circulación. Antes de que la minera fuera suspendida cada acción tenía un valor de $8.27. Al día siguiente de la resolución de la Corte cayeron a $5.56.

La bolsa de valores es donde inversionistas compran y venden partes de empresas basándose en lo que creen que valdrán en el futuro. La de Nueva York es la más importante del mundo. Este vídeo del medio Vox explica que el objetivo de los accionistas es hacer dinero y para eso dependen de las decisiones de los directores ejecutivos.

Un grupo de inversionistas acusa a Tahoe Resources de cometer fraude y engañar a los compradores que “adquirieron valores a precios artificialmente inflados”, según reza la demanda.

La situación de la empresa

Según el informe que presentaron a la SEC, el primero y segundo año de operaciones la minera tuvo buenos resultados. En su reporte de hechos destacados del 2015 Tahoe reportó que la mina San Rafael generó ingresos de $519.7 millones, por la venta de 20.2 millones de onzas de plata, 183 mil onzas de oro, 9 mil toneladas de plomo y 13 mil toneladas de zinc. Tahoe pagó dividendos de $0.02 por acción al mes, un total anual de $49.7 millones, 94 veces más que lo pagado en 2014, $3 millones. La actividad era rentable.

En el 2017 fue todavía mejor vendieron $316.8 millones, seis veces más. Cuando las operaciones de la empresa fueron suspendidas, sus ganancias bajaron en $ 170.5 millones.

La falta de información en esos documentos sobre los conflictos de la mina con la población xinka que vive en los alrededores de la mina, es una de las quejas de los inversionistas que denunciaron a Tahoe en Estados Unidos, ya que después de casi cuatro años de estar operando, la falta de consulta a las comunidades fue la razón para que las Cortes ordenaran el cierre provisional.

En los formularios e informes hablan poco de la población xinka. Mencionan sus proyectos de responsabilidad social empresarial en el área y que en junio del 2017 un grupo de pobladores manifestó de forma violenta contra sus operaciones. También hacen referencia a la denuncia que plantearon siete de las personas afectadas en ese incidente, donde el principal sospechoso era el entonces jefe de seguridad de la mina, Alberto Rotondo, prófugo en Perú con solicitud de extradición del MP.

Uno de los puntos específicos de la denuncia de los inversionistas tiene que ver con el comunicado de prensa que Tahoe publicó el 3 de abril del 2013, donde celebraba que el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala les entregó la licencia de explotación del proyecto El Escobal, de la minera San Rafael.

En ese proceso de aprobación, la opinión de comunidad xinka fue ignorada. El gobierno no les preguntó si estaban de acuerdo con la actividad minera en su zona. Era una obligación pues el derecho a consulta previa a los pueblos indígenas está garantizado por el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo.

El grupo de inversionistas que denunció a los directores ejecutivos de Tahoe reclama que la compañía les “aseguró que cumplía con la ley y regulaciones gubernamentales, y que respetaban a la población indígena local”.

En el informe del año 2016, presentado ante la Comisión de Valores, Tahoe reportó que aunque “personas indígenas pudieron habitar el área de sus mineras en algún tiempo, en la actualidad no hay poblaciones indígenas viviendo en el área de El Escobal”, ni es sus proyectos mineros La Arena, en Perú, y Shahuindo, Canadá.

Cuando los pobladores de San Rafael Las Flores y comunidades afectadas manifestaron en contra del proyecto, la estrategia de la empresa fue cuestionar su identidad y la existencia de su etnia. A solicitud de la Corte de Constitucionalidad, las universidades Del Valle y San Carlos hicieron peritajes antropológicos en los que concluyeron, por separado, que sí hay xinkas en el área de impacto de la mina.

En marzo del 2014, cuando Tahoe entregó su reporte anual para la Comisión de Valores de Estados Unidos, trató de justificar los conflictos con la población xinka y el inicio de señalamientos por contaminación ambiental.

“Reconocemos que todo el desarrollo conlleva algunos impactos. Estamos comprometidos con los más altos estándares de responsabilidad ambiental. Honramos este compromiso cumpliendo o excediendo las regulaciones gubernamentales locales y operando nuestros proyectos a estándares norteamericanos. Tenemos procesos de revisión implementados que están diseñados para prevenir o minimizar incidentes o impactos ambientales, evaluar incidentes y prácticas operativas y crear planes de acción y procedimientos operativos para prevenir la recurrencia. En 2013, continuamos trabajando con las comunidades locales para ayudarlos a actualizar los sistemas de agua y los programas de infraestructura.”

Esas afirmaciones, señala la demanda del grupo de inversionistas, son falsas y engañosas porque los siguientes hechos:

“La explotación los activos para Tahoe de la mina San Rafael viola los derechos de los pueblos indígenas a ser consultados, se considera que se violaron los derechos de los pueblos indígenas a ser consultados; Tahoe no cumplío con las leyes y regulaciones del gobierno y como resultado de lo anterior, las declaraciones sobre los negocios, operaciones y prospectos de Tahoe fueron falsas y engañosas y carecían de fundamento razonable”.

Los inversionistas afectados argumentan que la caída del 33% en el valor de las acciones ante la Bolsa de Valores de Nueva York, fue resultado directo “de la naturaleza y el alcance del fraude de los directivos (de Tahoe)”, y no porque cambiaran las condiciones del mercado o de la industria.

“La pérdida económica, es decir, los daños sufridos por los demandantes fue resultado directo de un plan fraudulento para inflar artificialmente el precio de las acciones de la empresa y la consiguiente disminución significativa en el valor de las acciones de la compañía”.

En el formulario de información anual del 2017, Tahoe se refiere a esta denuncia, aunque no refuta el argumento de que sus altos directivos cometieron fraude, dice que dilucidarán la situación en los tribunales.

“El 7 de julio de 2017, la Compañía supo que se presentaron tres supuestos pleitos colectivos contra Tahoe y contra algunos de sus funcionarios y directores actuales y anteriores (…) Los juicios se presentaron en tres tribunales federales diferentes y, en general, todos afirman que la Compañía hizo declaraciones falsas de hechos importantes u omitió declarar hechos sustanciales o involucrarse en actos que operaron como un fraude contra los compradores de las acciones de la Compañía. Las demandas alegan daños compensatorios, intereses, honorarios y costos. La Compañía espera que los casos sean transferidos a un tribunal para que puedan ser consolidados y un demandante principal puede ser designado para representar a los supuestos miembros del grupo. La Compañía disputa las alegaciones planteadas y defenderá enérgicamente las demandas, cuyo resultado no es determinable en este momento”.

 

El pago de regalías

La Ley de Minería de Guatemala, aprobada en 1997, establece el pago de 1% de regalías por esa actividad extractiva. Desde que inició a operar la Minera San Rafael paga 4% más por un convenio de regalías voluntarias. En el 2015 Tahoe reportó a la Bolsa de Valores que los fondos eran entregados a las municipalidades de San Rafael las Flores, Casillas, Santa Rosa de Lima, Barberena, Santa Cruz Naranjo, San Carlos Alzatate y Cuilapa.

Según el formulario, en el 2015 la compañía pagó $ 12.3 millones en regalías, de los cuales $ 9.2 millones fueron regalías voluntarias.

El año pasado los alcaldes de siete ¿municipios? que se oponen a la mina y que defienden la identidad indígena xinka, firmaron un acuerdo donde se niegan a recibir esos fondos.

 

Cabildeo en Estados Unidos

Esos dos no son los únicos frentes de Tahoe fuera de Guatemala. Para convencer a políticos en Estados Unidos que después presionaran en Guatemala, Tahoe pagó $270 mil diferentes firmas de lobistas en Canadá y Estados Unidos.

Según un reporte en la Oficina de Registros Públicos del Senado de EE. UU. la compañía pagó los servicios a Nossaman LLP, Crowell & Moring LLP, Crowell & Moring International, LLC, y Brownstein Hyatt Farber Schreck, entre julio de 2017 y abril de 2018. En sus informes de cabildeos mencionan que se visitaron el Departamento de Estado de EE. UU., la Cámara de Representantes y Senado de EE. UU., la Casa Blanca, la oficina del vicepresidente Mike Pence y de representantes comerciales de EEUU.

Según una investigación de The Washington Post la oficina del vicepresidente Pence es un punto de entrada para los grupos de presión que buscan influenciar a la administración de Donald Trump. En un año Pence recibió a más lobistas que lo que hizo su antecesor Joe Biden en los ocho años de su gobierno con Barak Obama.

El resultado fue que en febrero del 2018 nueve miembros del Congreso de Estados Unidos le enviaron una carta al presidente Jimmy Morales para pedirle que hiciera más “para mejorar el clima de inversión de los negocios estadounidenses en el país”. En abril el presidente del Partido Republicano y ex funcionarios del Departamento de Estado llegaron a Guatemala a advertir que “un clima institucional inestable desinlicita a la Corte de Constitucionalidad que resuelva si la mina continuará sus operaciones”.

La embajada de Estados Unidos en Guatemala ha presionado de manera pública por la resolución del caso.

Mientras en la Corte de Constitucionalidad los magistrados analizan si la mina continuará sus operaciones en el país o quedarán suspendidas totalmente, Tahoe Resources debe responder a estas demandas mientras continúa con sus planes de expandirse en Latinoamérica.

Fuente:http://movimientom4.org/2018/09/la-mina-san-rafael-tiene-demandas-en-canada-y-eeuu-por-agresiones-y-enganar-a-sus-accionistas/

Guatemala

Corte Constitucional revoca la reinstalación de Escobal en Guatemala

Los problemas de la minera de metales preciosos Tahoe Resources en Gautemala se profundizaron el lunes luego de que la Corte Constitucional revirtiera una decisión de la Corte Suprema de restablecer la licencia de la mina Escobal y ordenó que se consulte a las comunidades cercanas.

El Ministerio de Energía y Minas debe completar una consulta de la OIT 169 con las comunidades de Xinka, dijo Tahoe, y señaló que el plazo para tal consulta era incierto. La compañía citó un caso similar de OXEC que tardó seis meses en completarse.

La licencia minera de Escobal fue suspendida en julio de 2017 luego de que una organización antiminería afirmara que no se consultó a los indígenas Xinka antes de que se otorgara la licencia para la gran mina de plata.

Tahoe advirtió el mes pasado que la falta de certeza legal sobre la licencia estaba alimentando la violencia en las cercanías de la mina. El Grupo de Resistencia Pacífica de Mataquescuintla secuestró a finales de agosto a 12 contratistas de seguridad desarmados y también instaló un bloqueo ilegal en una vía pública a la entrada del municipio de Mataquescuintla, cerca de la mina Escobal.

También ha habido informes de ataques a vehículos y helicópteros de proveedores, amenazas a miembros de la comunidad local y sus familias y otros intentos de secuestro.

Desde la suspensión de las operaciones, Tahoe ha despedido al 70% de su filial, la fuerza de trabajo de Minera San Rafael.

El jueves por la noche, Tahoe suspendió las operaciones en la mina La Arena, en Perú, en respuesta a una protesta por el impacto de la mina en la cercana comunidad de La Ramada.

La protesta solo se produjo días después de un intento de robo de oro en la misma mina. Los agujeros se cortaron en la parte superior de una tubería para extraer el oro de la solución.

El intento de robo resultó en una descarga de la solución y la contaminación del sistema de gestión de aguas pluviales.

Fuente:https://mineriaenlinea.com/2018/09/corte-constitucional-revoca-la-reinstalacion-de-escobal-en-guatemala/

Guatemala

Minera San Rafael busca retomar diálogo con opositores

El 14 de agosto directivos de minera San Rafael recibieron a representantes de la Resistencia Pacífica de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa y el Parlamento del Pueblo Xinka de Guatemala, como un gesto para retomar el diálogo con quienes se muestran en contra de la operación minera.

Un grupo de 20 personas llegaron sin aviso a las oficinas centrales de la mina, en zona 10, para entregar una carta en la cual señala que manifestación continuará hasta que el proyecto este “completamente” cerrado.

 

El grupo de personas fue atendidos por Gabriela Roca, directora de asuntos corporativos; director de sotenibilidad, John Serna; y Andrés Dávila, gerente de Comunicación de Minera San Rafael.

Dávila explicó que si bien las personas llegaron sin solicitar una audiencia, se atendió a siete de ellos. “Ellos querían entregar una carta para manifestar su molestia a lo largo de la operación de la mina”.

“Seamos claros: nuestra oposición a la minería en nuestro territorio y el futuro de la mina Escobal específicamente, no depende del resultado del caso legal actualmente ante la Corte de Constitucionalidad (CC)”.

Las personas que que entregaron la carta -al igual que su contenido- señalan que “no cambiarán de opinión”, que el “momento de diálogo ya pasó” y que lo “único” que quieren es el cierre total de la mina.

No obstante, Dávila expresó que ve una “excelente oportunidad para retomar el diálogo” y buscar consensos con los opositores para lograr una solución pacífica, pronto y que beneficie a todos.

Retomar diálogo

La minera San Rafael analiza sí, por medio de su casa matriz Tahoe Resources Inc., dan una respuesta esta semana a la carta recibida y aprovechar el acercamiento para retomar el diálogo.

“Ellos dicen que ya pasó el dialogo pero nosotros lo vemos como una forma para oportunidad de lograr consensos y encontrar soluciones“, indicó el gerente de comunicación.

Fuente:https://republica.gt/2018/08/20/minera-san-rafael-busca-retomar-dialogo-con-opositores/

Guatemala

Guatemala: La autodeterminación de los pueblos en riesgo con la ley de consulta

Está en tramitación en el Congreso Nacional de Guatemala un proyecto de ley para reglamentar la implementación de la Consulta Libre, Previa e Informada, establecida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La iniciativa fue presentada por el diputado Oliverio García Rodas ante la Dirección Legislativa del Congreso de la República, el pasado 26 de febrero. El diputado la elaboró sin consultar a los pueblos indígenas y sin someterla a la aprobación de los mismos, denunció el Consejo del Pueblo Maya (CPO), que reúne por lo menos 15 pueblos maya.

En ninguna parte de la exposición de motivos del documento enviado al parlamento guatemalteco se indica que el proyecto de ley fue construido con participación de los pueblos indígenas o sus legítimos representantes. “De esa cuenta se puede afirmar que esta iniciativa contiene varias violaciones a nuestros derechos tanto en su contenido como por la forma en que fue elaborada”, sostuvo CPO.

Dicha propuesta, así como la propuesta que está por ser aprobada por el Congreso Nacional de Honduras, son espejeadas del proyecto de Ley de Consulta a Pueblos Indígenas del Perú, donde el derecho a veto de cualquier proyecto queda en manos del Estado. “En caso de que no se alcance un acuerdo, corresponde a las entidades estatales adoptar las medidas de mitigación que resulten necesarias para garantizar los derechos de los pueblos indígenas consultados. El proceso de consulta no limita la facultad del Estado en la toma de decisiones que son de su competencia. El resultado de la consulta respecto a los acuerdos alcanzados o la falta de acuerdos sobre la medida consultada, deberá ser considerado al momento de tomar la decisión correspondiente”, dice el proyecto de ley.

Otra violación consiste en que busca prohibir consultas sobre temas que protegen intereses financieros y agroindustriales. “No serán objeto de consulta previa la construcción, inversiones con recursos de préstamos externos provenientes de operaciones de crédito público o donaciones a favor del Estado, sus dependencias, instituciones o municipalidades; (tampoco) el mantenimiento de infraestructura, así como la necesaria para la provisión de servicios públicos que estén orientados a beneficiar a la población en general”, reza el proyecto de ley.

 “El Gobierno es el que va a decidir a quienes consultar, cuando consultar, sobre que consultar. Ahí hay una manipulación muy clara con respecto a nuestros derechos. Hemos luchado por lo menos en los últimos 20 años defendiendo el agua, los bosques, la tierra. Lo que estamos denunciando es que existe una manipulación en el Congreso de la República que pretender definir por ley que los pueblos solamente serán consultados en temas culturales, de religiosidad, de espiritualidad, pero no los temas de infraestructura. Y es justamente este el punto que ha creado una grande conflictividad social en las ultimas décadas en el país y que ha criminalizado el sistema de organización propia de los pueblos indígenas. Han encarcelado, asesinado nuestra gente. Son estos proyectos que buscan anular nuestra identidad como pueblo”, dijo Francisco Morales, del CPO.

Eso provocaría que las comunidades indígenas queden desprotegidas ante conflictos generados a partir de proyectos de producción y transmisión de energía, hidroeléctricas, minería, como los que ocurrieron en el Valle de Polochic, El Estor, Cahabón, Santa Eulalia, Barillas y todos aquellos territorios en los que algunas empresas de palma de acite han despojado de sus tierras a comunidades indígenas con fines económicos, denunció el CPO.

 

Guía Operativa de Consulta

La “Guía Operativa para la Implementación de la Consulta a Pueblos Indígenas”, divulgado en 2017, fue impulsado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, dirigida por la Ministra Aura Leticia Teleguario, con el objetivo de regular la Consulta.

Esta “guía” dio paso a la iniciativa de ley 5416 “Ley de Consulta a Pueblos Indígenas conforme el Convenio 169 de la OIT. Lo que para los pueblos supone una grave violación al derecho de consulta libre, previa e informada y una amenaza al ejercicio fundamental de libre determinación para la imposición de proyectos de explotación de los bienes naturales en nuestros territorios.

El Consejo del Pueblo Maya interpuso una acción de amparo en contra de la Ministra de Trabajo y Previsión Social Aura Leticia Teleguario por presentar la guía sin el consentimiento de los Pueblos.

 

Tres violaciones a los derechos fundamentales

 

 

En el análisis realizado por el Consejo del Pueblo Maya CPO, sobre esta iniciativa de Ley, se enmarcan tres violaciones a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas:

 

 

 

  1. Violación al Derecho de Consulta contenido en literal a) del Artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, que es ley vigente en nuestro país en virtud de haber sido ratificado mediante el Decreto 9-1996 del Congreso de la República; en el Artículos 19 y 38 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; Artículo XXIII de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; y que de conformidad con lo preceptuado en los artículos 44 y 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala, constituye un Derecho Humano con preeminencia sobre el derecho interno.
  2. Violación al Derecho de Libre Determinación, contenido en el Artículo 3 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; Artículo XXI de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
  3. Violación al Derecho de Consentimiento, Libre, Previo e Informado, Artículo 32, inciso 2 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; Artículo XXIII de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas..

Auto consultas

De acuerdo con el proyecto de ley, el Estado, en el proceso de la consulta, tiene la facultad de decidir qué asuntos son materia de consulta, y a quiénes se les debe consultar, mediante una acreditación legal de organizaciones. Las auto consultas serán ilegales.

Las consultas comunitarias son una practica propia de los pueblos. “Las organizamos nosotros, las diseñamos nosotros, las ejecutamos nosotros y obedecemos nosotros la decisión de la gente”, dice Francisco Morales. “Así que no interesa al Estado y a las empresas. Lo que quieren con la reglamentación es justamente tener el control sobre el proceso. Ellos quieren la palabra final”.

“Desde 2005 hasta la fecha venimos realizando consultas comunitarias. Más de 2 millones de personas en más de 90 consultas a los pueblos han dicho no a este modelo económico de muerte, por lo tanto es deber del Estado respetarlas”, asevera Morales.

En San Mateo Ixtatán, por ejemplo, en la zona oriental de Guatemala, el diálogo se rompió desde un primer momento en que la empresa y el gobierno guatemalteco desconoció los resultados de su ejercicio de consulta realizada de buena fe en el año 2009, junto con el alcalde de San Mateo Ixtatán, que en ese momento era Andrés Alonso Pascual. Se promovió la Consulta Comunitaria con 59 aldeas y 7 caseríos que conforman el Municipio, con una participación de 25,646 personas, del cual el 99% de la población rechazó los proyectos extractivos, mineros e hidroeléctricos.

Fuente:http://movimientom4.org/2018/08/guatemala-la-autodeterminacion-de-los-pueblos-en-riesgo-con-la-ley-de-consulta/

Guatemala

Tahoe Resources quiere terminar con la disputa minera en Guatemala

El nuevo presidente ejecutivo de Tahoe Resources dijo el jueves que su máxima prioridad es poner fin a una disputa de larga duración en Guatemala que ha detenido toda la producción de plata de la compañía minera.

Jim Voorhees , que se convirtió en CEO de la compañía con sede en Reno, Nevada en junio, dijo que ha desplegado nuevo personal en la nación latinoamericana para ayudar a resolver la situación, que ha cerrado la mina de plata allí, alimentando una pérdida en el segundo trimestre.

Las acciones de Tahoe cayeron justo después de que las operaciones comenzaran el jueves, pero se recuperaron y subieron un 4 por ciento a 4,49 dólares en las operaciones de la tarde, a pesar de las caídas en los precios de la plata y el oro .

La mina de plata escobal emblemática de Tahoe en Guatemala ha estado inactiva desde el año pasado en una disputa con los líderes del país.

Guatemala provisionalmente el máximo tribunal suspendió la licencia de Tahoe para operar después de un anti- minera organización hizo un llamamiento a la corte, alegando que el Ministerio de del país de Energía y Minas no había consultado con el pueblo xinca indígenas antes de conceder la licencia a Tahoe.

Voorhees, frente a las reiteradas solicitudes de los analistas para estimar el momento de una decisión del tribunal de Guatemala , dijo que no sabe.

El nuevo CEO dijo que estaría abierto a visitar Guatemala para hablar con los manifestantes de Xinca cerca del sitio de la mina en algún momento.

La disputa ha reducido los recursos de Tahoe , llevando la deuda de la compañía a $ 78.7 millones en el segundo trimestre desde $ 5.6 millones en el primer trimestre.

Por otro lado, Tahoe espera que su expansión de la mina Shahuindo en Perú y la ampliación de un eje en su proyecto Bell Creek en Canadá se completen para fin de año, dijo Voorhees.

Fuente:https://mineriaenlinea.com/2018/08/tahoe-resources-quiere-terminar-con-la-disputa-minera-en-guatemala/

Guatemala

Asesinaron a Ángel Estuardo Quevedo opositor a la minera San Rafael

La violencia volvió a golpear a otro defensor del territorio, el día 12 julio a la una de la tarde aproximadamente, Ángel Estuardo Quevedo, fue asesinado en Santa Rosa de Lima, era opositor a la empresa Minera San Rafael y dirigente comunitario en el municipio de Casillas, Santa Rosa. El hecho ocurrió cuando viajaba en su moto, al llegar a la aldea El Salitre, recibió seis disparos[1], viajaba en dirección al municipio de Santa Rosa de Lima. Por la gravedad de las heridas perdió la vida en ese lugar.

Ángel era responsable de los turnos en el plantón pacífico frente a la Corte de Constitucionalidad (CC) y formó parte de la resistencia pacífica en Casillas exigiendo el cierre del proyecto minero “El Escobal” de la empresa minera San Rafael y la transnacional canadiense Tahoe Resources Inc.

Tenía 50 años de edad, es originario de Casillas, y era muy activo en la defensa de los bienes naturales desde la resistencia pacífica en ese municipio de Santa Rosa.

Fue amenazado

Desde el mes de febrero Ángel Quevedo había recibido amenazas, en uno de los perfiles creados en Facebook llamado “Suprema déjennos trabajar”, un perfil creado para presionar a la CC para resolver a favor de la minera, publicaron un video en el que se buscó deslegitimar la movilización de la gente en Casillas, en ese video, a Ángel Quevedo se le señaló como uno de los dirigentes de la oposición minera.

La minera lo criminalizó

El abogado Kelvin Jiménez, nos explicó que Ángel Quevedo fue acusado penalmente por la empresa Minera San Rafael por el delito de coacción y amenazas, la empresa buscó criminalizar su lucha por participar en el plantón pacífico que se instaló en Casillas, también otros comunitarios fueron señalados por la minera.  Ángel Quevedo se puso a disposición del Ministerio Público (MP), para aportar en la investigación y resolver su situación jurídica, y revertir la acusación hecha por la empresa minera.

Las reacciones

Una de las personas entrevistadas, lo recuerda como una persona muy activa en la organización comunitaria, también una persona respetuosa y alejada de cualquier tipo de problema. Era padre de familia, casado, con dos hijas y un hijo.

Para quienes forman parte de la resistencia pacífica en Santa Rosa, es un golpe fuerte, este asesinato se suma a una lista de comunitarios que fueron asesinados en los últimos años, todos opositores a la minería y todos estos casos quedaron en la impunidad.

“Es triste y lamentable el vil asesinato de Ángel Quevedo, él estaba muy entregado en la lucha, desde que se incorporó a la resistencia, él estaba presente en la organización, incluso cuando a él no le tocaba turno en la resistencia pacífica, se le veía acompañándonos ahí. Como compañeros y compañeras de él nos sentimos mal, imaginen como se puede encontrar ahora mismo su familia.”

“Son varios los compañeros asesinados, se quedaron en la impunidad, no fueron esclarecidos, por eso pedimos a los medios de comunicación, que nos acompañen en la defensa del territorio, de los cuerpos y la tierra, para esclarecer este asesinato.”

Rafael Maldonado, abogado del Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), también condenó el asesinato de Ángel Quevedo.

Este crimen contra otro opositor a la minería en Santa Rosa, ocurre a dos meses de la visita a Guatemala de Victoria Tauli Corpuz, relatora especial para pueblos indígenas de las Naciones Unidas, en el mes de mayo de este año, la relatora visitó Casillas Santa Rosa, reuniéndose con miles de personas del pueblo Xinka y mestizo.

Fuente:http://www.prensacomunitaria.org/asesinaron-a-angel-estuardo-quevedo-opositor-a-la-minera-san-rafael1/

 

Guatemala

El Estor, Izabal: gente sin tierra mientras las transnacionales la despojan y explotan

Tucurú, Panzós, Senahú del departamento de Alta Verapaz. La mayoría de la población es maya Q’eqchi’, Maya poq´omchi´ y mestiza. El río Polochic desemboca en el Lago de Izabal y es quien baña estas tierras, históricamente trabajadas por las comunidades, quienes han llevado una lucha larga por el reconocimiento de su propiedad que las ha llevado a sufrir represión, como la masacre de Panzós ocurrida el 29 de mayo de 1978, hasta la fecha.

La concentración de la propiedad de la tierra en Guatemala es un problema que supone una herida abierta. Mucha gente no la tiene y busca como salida pedir al Estado habitar las que son de su propiedad. La Finca Setal son 617 hectáreas de la reserva natural que durante el gobierno de Álvaro Colom fue otorgada para ser administrada por la empresa minera CGN. En una de sus páginas web, la anuncia como la primera Reserva Natural Privada del país, bajo la tutela de un proyecto minero. Contradictoriamente, es ella la misma empresa que destruyó varios cerros para extraer el níquel y que actualmente contamina el Lago de Izabal con desechos químicos, resultado del proceso de extracción.

La reserva fue otorgada por el Estado de Guatemala en 2010 en propiedad a la empresa Bocanueva S.A., una de las tres empresas de International Níquel Co. (INCO) en Izabal, propiedad de capitales canadienses.1

Hace dos años llegó un grupo de familias q’eqchi’ y formó la comunidad Agraria “El Gosen” en el municipio de El Estor, Izabal, donde pidió al Estado resolver su situación. Sin embargo, la Compañía de Níquel acusó penalmente a dos personas de la comunidad para forzar a la gente a salir. Días después, la empresa llegó con la Policía Nacional Civil al lugar.

Dos hogares de la comunidad fueron afectados, niños pequeños y sus madres se quedaron sin los padres de familia porque están en la prisión de Puerto Barrios, detenidos de forma arbitraria, sin ninguna autoridad que les presentara una orden de detención. Además, son los abogados con mandato legal de la empresa CGN quienes promueven las denuncias penales en los tribunales.

Don Oscar Yat fue detenido el 24 de abril y Mario Ac Cuz el 3 de mayo, ambos ndígenas q’eqchi’ y con cargos como directivos en la comunidad, pero la acusación ante un juzgado colocó a otras cinco personas más con órdenes de detención. La empresa minera es quien los acusó penalmente, aunque ahora el caso está dando un giro, pues el Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP- pretende querellarse también contra los comunitarios.

Ahora, las familias en la comunidad agraria denuncian que varios trabajadores de la empresa Compañía Guatemalteca de Níquel –CGN- los desalojaron de la tierra, con la condición de que si lo hacían iban a dejar libres a las dos personas presas.

*El Estor, Izabal es parte del Valle del Polochic junto a los municipios de Tamahú, La Tinta.

Fuente:https://desinformemonos.org/estor-izabal-gente-sin-tierra-las-transnacionales-la-despojan-explotan-2/