Boletín de Prensa: EL PABLO, PARROQUIA CHICAL, PROVINCIA DEL CARCHI, ECUADOR

El pasado domingo 19 de enero, moradores de la comunidad El Pablo, ubicada en la parroquia El Chical (provincia del Carchi), prohibieron el ingreso a personal de la empresa canadiense CORNERSTONE a su territorio. Dicha empresa ha sido subcontratada por la ENAMI (Empresa Nacional Minera), titular de los derechos del proyecto denominado “ESPEJO”, para realizar actividades de exploración inicial. Este proyecto cubre más del 90% del Bosque Protector Cerro Golondrinas (B.P.C.G.). La principal razón que motivó el bloqueo de las vías por parte de los moradores fue el incumplimiento de ofrecimientos por parte de la empresa.

El proyecto “ESPEJO” al ubicarse en el B.P.C.G. constituye una grave amenaza a la provisión de agua para la zona, pues todas las microcuencas nacen en este bosque. El B.P.C.G. se ubica entre las parroquias Maldonado, Goaltal, Jijón y Caamaño, y El Chical. Este importante espacio abarca las cabeceras de los ríos Blanco, Verde, Gualpí, Guapilal y Golondrinas Chico; formando 5 Cuencas Nivel 5 establecidas por la SENAGUA.

Asimismo, esta área es clave para mantener un ambiente sano y ecológicamente equilibrado para miles de familias que habitan en esta zona y corresponde a los últimos remanentes de bosque montano occidental del país (queda menos del 5% de este tipo de ecosistema en el Ecuador).

Además de las graves amenazas ambientales que este proyecto supone, la presencia de la empresa CORNERSTONE ha causado división del tejido social y conflictos entre vecinos y familias. Por otro lado, en asamblea parroquial en el 2017, con una amplia mayoría, la población se manifestó en contra de los proyectos mineros en la parroquia El Chical.

Irrespetando el derecho de la ciudadanía a decidir sobre su territorio, y con apoyo del Estado, la empresa continúa con la exploración inicial, que ha implicado la contratación de mano de obra local de forma temporal y a su vez la difamación de personas, agrupaciones y organizaciones que no están de acuerdo con los proyectos mineros en la zona.

Pese a que aún no existe una fase de explotación, la aplicación de estrategias de persuasión, entrega de regalos y el uso de discursos tergiversados, propios de las empresas mineras a nivel mundial, permiten prever como esta actividad no genera ningún tipo de “desarrollo” sino conflictos, desigualdad, constantes violaciones de derechos humanos y de la naturaleza.

Respaldamos a la población local y hacemos un llamado a las autoridades, sociedad civil, y medios de comunicación para que se visibilice el profundo malestar que el accionar la empresa canadiense CORNERSTONE está causando en la parroquia El Chical y se respete el derecho a la protesta y a la resistencia.

#FueraCORNERSTONEdeEcuador

Fuente: Observatorio Minero, Ambiental y Social del Norte del Ecuador

A través de una misiva, desde la comunidad de Cazarpamba, en Cotacachi, se informó que las “comunidades afectadas por concesiones mineras en Íntag rechazan firmemente la presencia de la empresa transnacional BHP – Cerro Quebrado”.

Según denunciaron, al medio día del martes, “hombres y mujeres de la comunidad de Cazarpamba, juntamente con moradores de comunidades aledañas, le prohibieron el paso a empleados de la poderosa empresa transnacional minera BHP, a pesar de haber estado acompañada de decenas de policías”.

Además, se expuso que en la carretera se instaló un “control comunitario”, precisamente, “para controlar la presencia de personas no deseadas”.

“En horas de la tarde, moradores informaron que los policías esperaban refuerzos para intentar de nuevo pasar por el control, con la intención de llegar a la comunidad vecina de Irubí. Sin embargo, decenas de moradores de otras comunidades ahora se encuentran junto a los comuneros de Carzarpamba, incluyendo campesinos y campesinas de Irubí, Guamirla, Puranquí y Santa Rosa”, detallaron desde la organización Decoin (Defensa y Conservación Ecológica de Íntag).

“Los comuneros afirman que el permiso para que la empresa inicie la exploración inicial se otorgó sin que el Estado consulte debidamente con las comunidades. Ya van cerca de dos años que la empresa obtuvo el permiso para la exploración minera, pero no ha logrado iniciar debido a la resistencia de las comunidades, que no hace sino fortalecerse”, finalizaron. (DLH)

Fuente:https://www.lahora.com.ec/imbabura/noticia/1102299661/comunidades-no-permitieron-ingreso-de-empresa-minera-en-intag-?fbclid=IwAR01NuHBcAMhbRIsgi6pZuWivZbuuCZqSKzIi4amShkTWHPS7dRIUkgqCKY

Dos preguntas presentó el prefecto del Azuay, Yaku Pérez, y alcaldes de varios cantones de esa provincia, a la Corte Constitucional (CC), solicitando una Consulta Popular en contra de la minería.

Acompañado de una marcha y de dirigentes de estudiantes, tocando un saxofón, cantando y bailando, Pérez llegó al organismo.

Explicó el contenido de las preguntas: ¿Está usted de acuerdo que se prohíba sin excepción actividades de exploración, explotación de minería metálica en fuentes de agua, zonas de descarga, recarga y regulación hídrica, bosques protectores, humedales, áreas sensibles en la provincia del Azuay?, y ¿está usted de acuerdo con la caducidad de títulos mineros otorgados antes de la realización de esta Consulta Popular?

Señaló que no son preguntas ni inducidas, ni confusas, ni genéricas.

«Ya no hay pretexto para que nos nieguen, esta vez estamos convencidos de que la Corte Constitucional emitirá dictamen previo y más temprano que tarde iremos a una Consulta Popular para que no sea un ministro de Estado, o presidente de la República sino sea el soberano del Azuay, quien se pronuncie por el futuro…», agregó.

Unos 20 policías antimotines custodiaron la CC para evitar incidentes.

El funcionario había ya planteado una Consulta Popular a la CC pero la negó en septiembre de 2019. El organismo consideró que la pregunta era inducida y preguntó qué iba a pasar con las concesiones ya otorgadas.

Ahora Pérez cree que se la podría realizar antes de las elecciones de febrero del 2021. Incluso considera que podría haber una Consulta Popular a nivel nacional. (I)

Fuente:https://www.eluniverso.com/noticias/2020/01/07/nota/7679517/prefecto-azuay-insiste-consulta-popular-sobre-mineria#cxrecs_s

Fuente:https://www.telesurtv.net/news/ecuador-corte-niega-consultas-populares-mineria-20190918-0022.html

Los Pueblos y Nacionalidades Sapara, Kichwa de Pastaza, Kichwa de Sarayaku, la CONFENIAE y la CONAIE realizaron una rueda de prensa para denunciar que no fueron notificados de la decisión del Estado Ecuatoriano de aceptar la “Fuerza Mayor solicitada por la empresa Andes Petroleum Ecuador Ltd.” Empresa que tiene la concesión del Bloque 79 en la Región Amazónica Ecuatoriana.

Este recurso fue solicitado por la empresa al gobierno debido a que existe “Oposición política y social generada en los últimos meses por parte de las comunidades indígenas” como consta en el documento anexado.

A esto, diferentes lideresas y líderes declararon que sumado a esta declaratoria de Fuerza Mayor en el Bloque 79, exigen que también sean rescindidos los contratos de exploración y explotación del Bloque 83, que de acuerdo a las declaraciones de Lineth Calapucha, de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza, afecta directamente los territorios de las nacionalidades Sapara, Kichwa y Sarayaku.

Los bloques 79 y 83, si bien están en la mayor parte en el territorio de la Nacionalidad Sapara del Ecuador también se encuentran ubicados en territorios de la Nacionalidad Kichwa que corresponden a 1,115.000.000 hectáreas, y son parte de éste territorio el Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku con 135.000 hectáreas, los que en ejercicio al derecho a la libre determinación son declarados como Kawsak Sacha-Selva Viviente.

Denunciaron tambien que de continuar con cualquier proyecto petrolero en el bloque 83, se estaría violando el Artículo 57 de la Constitución donde se afirma que “Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario sonde posesión ancestral irreductible e intangible y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva” ya que dentro de las concesiones firmadas en el año 2013 para explotación en el Yasuní se encuentra el grupo Chuchiyaku, quienes son indígenas en aislamiento voluntario Tagaeri Taromenane.

Jaime Vargas, Presidente de la CONAIE, exigió al gobierno que se dejen de ampliar las fronteras extractivas dentro de territorios indígenas, ya que las “Nacionalidades no hemos visto demostrado un verdadero desarrollo del que tanto hemos venido escuchando”. Haciendo mención a que a pesar de que la explotación petrolera lleva mas de 40 años en territorios indígenas en la Amazonía, los pueblos están cada vez peor, según sus declaraciones. Refiriendose a las sentencias en diferentes casos como el Sarayaku, el Sinangoe o el Waorani, el Estado no ha sido capaz de cumplir nunca con las normas y estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

El mismo Presidente de la CONAIE declaró el territorio de la Amazonía Ecuatoriana libre de extractivismo, reiterando que no se quieren mas fronteras mineras, petroleras e hidroeléctricas en sus territorios.

La declaratoria de “Fuerza Mayor” detiene momentáneamente una parte de los procesos de la empresa petrolera, pero eso no significa que sea cancelada la concesión ni que se dejen de ejecutar ciertas actividades que no entran dentro de la declaratoria. Ante esto, los pueblos indígenas dijeron que van a continuar con la lucha hasta sacar a todas las petroleras de sus territorio.

Fuente:Resolución No. MERNNR-MERNNR-2019-013-RM – Andes Petroleum

Entre ellos, está la de un dirigente de la la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE).

La Defensoría del Pueblo de Ecuador confirmó este jueves que cinco personas han perdido la vida durante las protestas, que se han extendido por ocho días, contra las medidas económicas anunciadas la semana pasada por el presidente Lenín Moreno, entre ellas el alza de los combustibles.

Entre los fallecidos está Inocencio Tucumbi, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) en la provincia de Cotopaxi, en la sierra central del país.

La muerte de Tucumbi también fue confirmada por Leonidas Iza, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), en una alocución pública esta mañana, durante una asamblea popular en la Casa de la Cultura de Quito, donde se encuentran reunido el movimiento indígena que manifiesta contra el Gobierno en la ciudad capital.

Iza confirmó, además, que otro de los fallecidos fue identificado como José Rodrígo Chaluisa. A ellos, rindieron homenaje en la asamblea popular.

Hasta el momento no se ha brindado mayores detalles sobre estas muertes. Lo que se conoce es que ocurrieron durante las jornadas de protestas de este miércoles 9 de octubre, en Quito.

«Hacemos un llamado al Gobierno a erradicar la violencia y garantizar el derecho a la protesta social de forma pacífica», dice el texto de la Defensoría.

Antes, se confirmó la muerte de otras dos personas. Uno fue identificado como Marco Oto, quien cayó de un puente en el casco histórico de la capital ecuatoriana, en medio de la represión policial del pasado lunes. Mientras, el otro fue Raúl Chilpe, quien murió al ser atropellado por un vehículo en la provincia andina de Azuay, en momentos en que participaba de una protesta pacífica.

CONAIE de luto

Poco antes, la CONAIE emitió un comunicado en el que se declara en «luto», tras confirmar que «hay compañeros que perdieron la vida»

Señalan que en los próximos días emitirán un informe donde darán detalles de todas las víctimas «mortales, heridas y desaparecidas».

«Violencia desmedida de la policía y militares»

El movimiento indígena, denunció que en la jornada de este miércoles, en Quito, hubo «violencia desmedida de la policía y militares» contra los manifestantes, pese a que la manifestación convocada por la CONAIE transcurrió de manera pacífica.

La noche de este miércoles, por ejemplo, las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos al interior de las universidades Salesiana y Católica de Quito, que funcionan como centros de acogida para el movimiento indígena que ha llegado a la capital para protestar.

En el lugar, que acoge principalmente a mujeres y niños, se les brinda comida, cobijo y primeros auxilios.

Por ello, la CONAIE ha pedido la renuncia de los ministros de Defensa, Oswaldo Jarrín; y del Interior, Maria Paula Romo.

Fuente:https://actualidad.rt.com/actualidad/329848-defensoria-pueblo-ecuador-confirma-cinco-muertos

Hace casi 25 años las comunidades de Río Blanco, Molleturo, San Pedro de Yumate y Cochapamba llevan compartiendo sus tierras con la industria minera metálica y son tres empresas distintas las que han llevado a cabo las etapas de estudio, exploración y explotación de los recursos mineros locales.

Estas comunidades vecinas y hermanadas por el tiempo y la distancia han vivido intensos meses y años que han transformado su dinámica y sobre todo sus relaciones sociales, quizás para siempre.

Primero, la quema del campamento minero de la empresa Ecuagoldmining en mayo de 2018, luego la suspensión temporal de las actividades de la empresa por parte del Tribunal de la Sala de lo Civil y Mercantil del Azuay, y el levantamiento de puntos de control por parte de los activistas antiminería.

Los moradores de la zona han venido reclamando que se vive una especie de estado de sitio sin plena libertad de tránsito y tocados por la imposibilidad de ingresar a sacar sus productos con total normalidad, todo acompañado de la incertidumbre de que “si se para o se continúa explotando el material”, como lo indica Segundo Ochoa, habitante de Río Blanco.

El Gobierno y la empresa minera china dicen que sobre su presencia no se ha podido demostrar la contaminación del recurso hídrico, mientras la comunidad antiminera, de la mano de grupos activistas como Yasunidos, insiste en que ya se afectó la zona y no permitirá que siga operando la minera en Río Blanco.

En medio de ese escenario están los miembros de las comunidades que han visto cómo su vida dio un giro de 360 grados durante este último año. Habitantes de Cochapamba afirman que en Yumate no quieren a la minera, porque ahí la gente no se vio beneficiada con puestos de trabajo, y en Yumate, en cambio, afirman que “en Cochapamba es “donde más lloran por la empresa” dado que ellos trabajaban ahí”, comenta Luisa Criollo.

Ciertamente, más allá del debate pro o antiminería, los efectos sociales de la presencia de la industria minera en la zona son muy profundos. Muchos reconocen y aplauden los aportes de las empresas en las comunidades y la contraparte asegura que se trata de una estrategia para comprarles complacencia.

Por otro lado, nativos como Etelvina Durazno presumen que la presencia de Yasunidos en la zona no es más que una pantalla para detener la minería industrial y darle paso a la artesanal. “Yo he visto muchos signos de que lo que quieren es hacer ellos mismos la minería artesanal”, asegura Durazno.

La mancomunidad y espíritu vecinal están fracturados en Río Blanco y sus adyacencias. La intimidación y la inseguridad se hicieron presentes en estos lugares tradicionalmente seguros y en el panorama no asoma una pronta solución. Más bien, por el contrario, pareciera que el clima de desconexión y revanchismo van a perdurar por muchos años, con o sin minería industrial.

Fuente:https://ww2.elmercurio.com.ec/2019/10/01/el-drama-minero-en-rio-blanco-video/?fbclid=IwAR1rdLYpzFqx3fGLIBaON8nrFZ7yoDUJMA86ihS6erP7VtpN096qIBaamJg