Al saber que el 6 de noviembre de 2015 el Ministerio de Ambiente otorgó la Licencia Ambiental para la explotación al megaproyecto de oro Río Blanco, el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama se pronunció el día de hoy para rechazar la falta de transparencia con que se llevan estos procesos.

“El Frente ha venido solicitando al Ministerio de Ambiente información sobre la licencia para la explotación del proyecto Río Blanco desde hace meses, pero se nos ha negado, violando nuestro derecho a acceder a la información pública” manifestó Lina Solano Ortiz, miembro de esta organización de mujeres, quien señaló además que “incluso la Dirección Nacional de Derechos Colectivos, de la Naturaleza y Ambiente de la Defensoría del Pueblo, tuvo que insistir para que se le proporcione esta información, lo que demuestra que no querían que se sepa aparentemente con el fin de evitar denuncias y reclamos”.

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El 27 de febrero de 2016, se realizaron nuevas elecciones en las comunidades de Junin y Chalguyacu Alto, convocadas por el ejecutivo (a través del Ministerio de Agricultura y Pesca, MAGAP) en las dos comunidades más sensibles dentro del proyecto minero Llurimagua (JUNIN). En el caso de Junín el Ejecutivo metió mano por no estar de acuerdo en contar con una directiva que se oponia a la minería, y de modo especial por la comunidad haber elegido a Javier Ramírez como su presidente electo.

Pero el dispario le salió por la culata

A pesar del Ejecutivo contar con el apoyo de 3 Tenientes políticos (dos de otras Parroquias que no tenían por qué estar en la Parroquia de García Moreno), el Jefe político del Cantón Cotacachi, funcionarios del Magap, policías, delegados de la gobernación y otros desconocidos, la votación dejó en claro que en Intag no se dará la minería. En las dos comunidades triunfaron candidatos opositores al proyecto minero, a pesar de intimidaciones, compra de consciencias, contratación de un alto número de trabajadores de las comunidades por las empresas mineras, y otras estrategias utilizadas por las mineras en todo el mundo.

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PRONUNCIAMIENTO

Sin consideración a una mujer anciana, ni respeto a los derechos humanos y de los pueblos indígenas, la empresa minera China  Ecuacorriente S.A junto a la policía desalojaron forzosamente a Rosario Wari, de 107 años y de nacionalidad Shuar,  de su hogar ubicado a 3 kilómetros del río Tundayme, cantón Pangui, en la provincia Zamora Chinchipe, en el sur de Ecuador.

Rosario fue obligada a salir de su casa y abandonada en el parque El Pangui, siendo la segunda vez que desalojan a esta familia ya que anteriormente su casa fue destruida y quemada por la misma empresa minera.

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El día de ayer miércoles 10 de Febrero de 2016, inició la audiencia de juicio en el Tribunal de Garantías Penales de Zamora Chinchipe, por el asesinato producido el 2 de Diciembre de 2014 del líder shuar antiminero José Tendetza, hallado muerto a la orilla del río Zamora y encontrado por un grupo de trabajadores mineros.

Durante estos días hasta el próximo sábado, se estarán presentando en la audiencia las pruebas, los datos periciales, la autopsia, así como los testimonios de la presencia de la policía en el lugar y los testigos.

El asesinato de José Tendetza ocurre en medio de una violencia creciente y conflictividad a partir de la instalación del Proyecto Minero Mirador, ubicado en la Cordillera del Cóndor, en la Parroquia de Tundayme, que es parte del territorio shuar. Lo grave de este asesinato es que ocurre inserto en una política de la empresa minera Ecuacorriente S.A. (ECSA) que ha venido recopilando información a través del mapeo de actores de la zona, de personas calificadas como opositoras al proyecto minero, siendo estigmatizados en una lista que ubica de bajo, medio y alto la oposición de comuneros y actores locales. En esas listas se encontraba el nombre de José Tendetza.

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Sociedad civil y autoridades legislativas opinan sobre los desalojos en Tundayme

Durante el último semestre se han perpetrado tres desalojos en la parroquia Tundayme, cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, con el objetivo de abrir el camino al proyecto Mirador de minería a gran escala, afectando a más de 30 familias. Los hechos no escaparon de la atención de organizaciones de derechos humanos, académicos y autoridades legislativas, que han organizado misiones de observación y veedurías.

El 30 de septiembre de 2015 ocurrió el primero de esta serie de desalojos. Trabajadores de la empresa EcuaCorriente S.A. (ECSA), con apoyo de la Policía Nacional, echaron abajo las casas de 16 familias. El 15 de diciembre y la madrugada del 16, desalojaron a 13 familias más, mientras que el 4 de febrero una anciana shuar de 107 años fue retirada del espacio que constituía su morada en la zona de San Marcos, luego de que años atrás su vivienda fuera incendiada por trabajadores de ECSA.

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Rosario Ware, mujer de alrededor de 100 años, nacida en lo que hoy conocemos como San Marcos, en la Cordillera del Cóndor, donde su familia habitó ancestralmente; corre el riesgo de ser desalojada una vez más por la empresa minera china EcuaCorriente S.A.

De acuerdo a la información recibida desde Tundayme, el día de ayer, 7 de enero a alrededor de las 10h00, fue visitada por dos empleados de la empresa, Jorge Miño, quien se presentó como relacionador comunitario, y Arcángel Juep. Ambos habrían advertido a la anciana y a su hijo Mariano Mashendo, que deben desocupar el lugar en el que viven.

Hace 13 años, cuando fue desalojado el barrio San Marcos, la casa de esta mujer indígena, fue destruida y quemada. Sin tener otro lugar para vivir, se instaló en un espacio 3 km aguas arriba de la confluencia de los ríos Tundaym, Kimi y Wawaym, cerca de donde ocurrieron los últimos desalojos.

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Ha vuelto a suceder. La madrugada del 16 de diciembre de 2015 más familias del barrio de San Marcos en Tundayme (en El Pangui, cantón de Zamora Chinchipe) han sido desalojadas, sus casas tumbadas, su vida construida durante décadas en esta parte del sur de la Amazonía, reducida a escombros y enterrada para no dejar huella.

Con el tiempo justo para recoger sus escasas pertenencias ante la atenta mirada del poder, pensando dónde podrán dormir esa noche, qué ocurrirá con sus animales una vez se desperdiguen por las colinas de la zona. La situación no se debe al estallido de un volcán ni a la llegada de un tsunami. Se debe a la actuación de la Policía Nacional de Ecuador y miembros de una compañía privada de seguridad, dirigidos por los funcionarios de la Agencia de Regulación y Control Minero del Estado ecuatoriano (Arcom), que se ha convertido en el brazo ejecutor del proyecto minero Mirador, concesionado a la empresa china Ecuacorriente, para explotar el cobre contenido en el cerro cercano a San Marcos.

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La empresa china Ecuacorriente S.A. (ECSA) planea realizar minería a cielo abierto en el corazón de la Cordillera del Cóndor, al sur de la Amazonía ecuatoriana. Para llevar a cabo su proyecto minero Mirador ha sido preciso llevar a cabo desalojos forzosos de familias y comunidades enteras con la connivencia del Estado ecuatoriano que han generado múltiples violaciones de Derechos Humanos. El presente documento: «Informe sobre desalojos forzosos realizados por el Estado ecuatoriano y la empresa minera china Ecuacorriente (ECSA) en la Cordillera del Cóndor, Parroquia Tundayme, Diciembre de 2015″ es una compilación de los hechos más relevantes sucedidos respecto al desalojo forzoso y una síntesis de la vulneración de derechos de las familias y sus comunidades.

LEER EL INFORME

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos rechaza rotundamente los nuevos desalojos de alrededor de diez familias en San Marcos, parroquía Tundayme, provincia de Zamora Chinchipe ejecutados por policías y la guardia privada de la minera china ECUACORRIENTE la madrugada del 16 de diciembre de 2015.

El megaproyecto Mirador que es actualmente el más avanzado del Ecuador, aún sin haber iniciado la fase de explotación ya está causando el desplazamiento de la población y la devastación de territorios ancestrales. Tampoco se ha acatado en la comunidad de San Marcos el requerimiento de la consulta previa, libre e informada a sus moradores.

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A partir del análisis de casos de líderes comunitarios procesados judicialmente por su oposición a proyectos extractivos mineros, hidroeléctricos , la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) concluyó que en Ecuador recrudeció la criminalización de la protesta social frente a dichos proyectos.

Así lo dio a conocer el jueves durante la presentación del informe “Criminalización de la protesta social frente a proyectos extractivos en Ecuador”, que elaboró junto con sus organismos miembros en Ecuador: la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH).

El documento analiza los casos de Javier Ramírez, presidente de la comunidad de Junín -Íntag-; Pepe Acacho, dirigente de la nacionalidad indígena Shuar; y Manuel Trujillo, presidente de la organización comunitaria de San Pablo de Amalí.

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