Hoy 12 de octubre, 525 años después de iniciarse la invasión y despojo de Abya Yala, observamos con consternación que las prácticas coloniales asociadas a la minería siguen incólumes y solo se han perfeccionado y tecnificado creando una institucionalidad para seguir afectando a las comunidades rurales y campesinas. Quienes conformamos la Comisión de esta Audiencia, y con base de todos los testimonios y peritajes expuestos, evidenciamos que el desarrollo de los proyectos mineros Loma Larga (Kimsakocha) y Río Blanco han implicado graves vulneraciones y violaciones a los Derechos de la Naturaleza y de las comunidades que en ellos habitan.
En cuanto a la vulneración de los Derechos de la Naturaleza y según los peritajes presentados, inferimos que no existe un cumplimiento estricto de la normativa legal local (ordenanzas), leyes superiores, la misma Constitución y los acuerdos internacionales ratificados por el Estado ecuatoriano. Evidenciamos que la normativa legal en materia ambiental es obsoleta, desarticulada y que impide la defensa de los intereses del Ecuador, dejándonos vulnerables ante las empresas mineras. En el mismo sentido, encontramos que no se están acatando los principios ambientales, de incertidumbre y de precaución, hecho que se agrava al ser el páramo un ecosistema frágil, con una importante diversidad biológica (riqueza y endemismo de especies) y con funciones ecológicas clave, cuya explotación pondría en riesgo la supervivencia de especies y el desarrollo de procesos biológicos a lo largo de la Reserva de la Biósfera Macizo del Cajas. Pobladores de la zona han denunciado la afección de varios cuerpos de agua como efecto de las actividades mineras durante la fase de exploración avanzada. Los estudios ambientales para la obtención de la licencia ambiental son exiguos y no cumplen con la normativa en el ámbito formal ni en el contenido, por lo tanto, carecen de validez técnica. La ausencia de estudios técnicos integrales sobre el balance y la seguridad hídrica de la unidad hidrogeológica Cañar-Cuenca-Girón amenaza la futura gestión del patrimonio hídrico para las presentes y futuras generaciones.
La imposición de estos proyectos mineros ha generado una miríada de violencias dentro de los territorios. El centro de origen de estas violencias ha sido el Estado, a través de su aparato represor, cuya estrategia ha sido y es provocar a los habitantes de estas zonas, generar conflictos y después victimizarse e iniciar procesos judiciales para amedrentar, dividir y desgastar a los y las defensoras de la vida y del agua. Se ha afectado a la salud de las comunidades y de la naturaleza de una manera completa. La criminalización de la protesta social ha sido frecuente en el gobierno anterior, sin embargo, esta tendencia no ha variado con el cambio de mando en el país. Durante estos días hemos sido testigos de acciones de intimidación, persecución y hostigamiento a las personas de Río Blanco, que llevan 63 días de paro con la empresa minera, por el sólo hecho de negarse a aceptar un “modelo de desarrollo” incompatible con sus formas de vida (ganadería y agricultura), que depreda la naturaleza y agota el agua, que viola los derechos fundamentales y favorece el fraccionamiento familiar y comunitario. Queremos develar la imposición de un camino unívoco, en el cual el disenso está prohibido y es castigado, donde las formas de vida locales son menospreciadas, donde la emergencia de otros lenguajes de valoración es negada de forma violenta y perversa. Asimismo, existe un discurso agresivo que cuestiona y deslegitima las voces opuestas al extractivismo, que se sirve de dispositivos de control social para acallar las asimétricas disputas sociales y ocultar, mediante su aparato de propaganda, las luchas de resistencia comunitarias y de la sociedad civil.
Enfatizamos que de forma constante y permanente, el Estado y sus entidades competentes coartan el libre ejercicio de los derechos, en materia de Participación Social, obstaculizando el proceso de consulta popular en unos casos y, en otros, deslegitimando los resultados obtenidos con una notable mayoría en los territorios aledaños al proyecto Loma Larga. En esta Audiencia se ha desvelado el blindaje institucional y legal que posibilita la corrupción, hemos visto cómo se crea un entramado normativo para favorecer los emprendimientos extractivos en detrimento de los bienes comunes y de la decisión soberana de los pueblos. También hemos corroborado la opacidad estatal, al denegar el acceso a la información a través de trabas burocráticas y técnicas.
Constatamos que en Río Blanco y Kimsacocha se ejecuta el mismo libreto internacional de las empresas mineras que empieza con la división de la comunidad y termina con la criminalización de los líderes detractores de la minería.
Denunciamos que la pregunta de la Consulta Popular sobre el tema de minería no recoge el sentir de la población ni incluye todos los territorios que protegen el agua.
Caso emblemático presentado es el de la minería en plena ciudad de Zaruma, donde distintas instituciones del Estado han violado también el derecho a la ciudad por acción u omisión, destruyendo una ciudad patrimonial y anidando todo tipo de corrupciones.
Establecida la verdad, los pasos iniciales para el resarcimiento de la justicia y la reparación, se plasman en las siguientes resoluciones:
- El cese inmediato de hostigamiento, persecución y criminalización a los habitantes de Río Blanco, por parte de personas allegadas a la empresa Junefield, la policía y el Ministerio del Interior.
- La liberación inmediata de los miembros de la comunidad de Río Blanco detenidos injusta e ilegalmente. Asimismo la invalidez de las boletas de captura para algunos miembros de la comunidad de Río Blanco. Rechazamos toda la estrategia de las empresas mineras y del Ministerio de Minas de engañar a través de todo el aparato comunicacional.
- La eliminación y expulsión de los proyectos mineros Loma Larga y Río Blanco. Iniciar una veeduría integral que incluya la revisión de los Estudios de Impacto Ambiental, la revisión de los contratos, de las regalías anticipadas, los supuestos procesos de consulta previa, libre e informada efectuada en cada caso, así como la inmediata aplicación del Mandato Minero de rango constitucional.
- Exigimos, en coherencia con el Plan Nacional del Buen Vivir, los programas estatales y el proceso de la consulta, se declare la extinción de las concesiones mineras. Asimismo, denunciamos que las actividades mineras en el Azuay son parte de todo el entramado de corrupción que se ha incentivado en el país. Las trasnacionales mineras no se vinculan a temas éticos ni de cumplimiento de la normativa, la corrupción asociada a las mismas es el hecho cotidiano. No existe minería responsable.
- La reparación integral de las comunidades defensoras por las agresiones generadas por el Estado y las empresas mineras. La reparación debe incluir el reconocimiento del daño causado, programas de recuperación psicológica provocada por el ingreso de las compañías y sus impactos psicosociales.
- La restitución integral de los derechos de la Naturaleza, que incluye la remediación completa de los ecosistemas destruidos y afectados.
- Declarar los páramos y fuentes de agua libres de minería y respetar las resoluciones del Concejo Cantonal y el Consejo Provincial. Exigir que se anulen las concesiones mineras en los páramos, el Macizo del Cajas y áreas de bosques y vegetación protectora.
- Demandamos una consulta real y efectiva a las comunidades y la ciudadanía.
- El reconocimiento por parte del Estado de su responsabilidad en la violación de derechos hoy documentada, para que cumpla su rol de promover, proteger y garantizar los derechos de la población y ejecute las políticas correspondientes de defensa del territorio y sus habitantes, en lugar de apoyar los intereses corporativos transnacionales. Hacemos especial mención a la responsabilidad del Ministerio del Ambiente y de la Defensoría del Pueblo para que cumplan sus obligaciones.
- La reparación integral incluye además la garantía de no repetición y que los responsables implicados en las violaciones de derechos sean sancionados. Buscaremos todas las instancias nacionales e internacionales para que estos casos no queden en la impunidad.
Por la defensa de la naturaleza y de los pueblos, la Comisión se declara en sesión permanente y en compromiso para que estas resoluciones sean cumplidas.
Firma la Comisión formada por:
Nidia Solíz
Colectivo Yasunidos
María Cecilia Alvarado
Viceprefecta del Azuay
Isabel Anangonó
Comunidades del Valle de Intag
Arturo Quizhpe
Movimiento para la Salud de los Pueblos
Magaly Quezada
Alcaldesa de Nabón
La presencia de minería y cuidado del agua ha sido los temas centrales para las autoridades y moradores de las Pampas y Alluriquín para esto se creó el Comité de Defensa de la Naturaleza y la Vida que está integrado por diversas organizaciones sociales y la propuesta es que Cotopaxi se le declare una provincia libre de Minería.
El ‘sí’ a la sexta pregunta significará que ya no habrá excepciones para desarrollar la minería en zonas intangibles, protegidas y centros urbanos. Actualmente la Asamblea puede autorizarlas.
Según información emitida por el Ministerio de Minas, ante el pedido de Diario Opinión, en la provincia existirían 213 concesiones mineras en la provincia de El Oro.
4.600 millones de dólares se invertirán en la construcción de la mina de los proyectos mineros estratégicos Fruta del Norte, Mirador y Río Blanco, entre 2017 y 2021. Otros dos, Loma Larga y San Carlos Panantza, aún están en fase de exploración avanzada, según expectativas gubernamentales.
En 19 artículos sustentó y aprobó –por unanimidad- el Concejo Cantonal de Cuenca el pedido de que se incluya en la consulta popular dos preguntas referentes a la actividad minera.