Ante la propuesta del Ejecutivo relativa al Proyecto de Ley de “protección” de glaciares, en tanto Indicaciones Sustitutivas presentadas en marzo del presente año, las comunidades movilizadas de los valles del Huasco, Aconcagua, Mapocho y Maipo sostenemos nuestro más profundo rechazo y distancia por cuanto su “fondo y forma” no son representativos de los procesos territoriales que demandan una real protección de los glaciares, como elementos centrales para la continuidad de la vida.
Como se ha hecho costumbre, tanto este gobierno como los anteriores, incurren en la mala práctica de tomar las demandas sociales que por años se han levantado en los territorios y otros sectores del mundo social, transformando su esencia y motivación original, para manipular estas ideas buscando legitimarlas a través de proyectos de ley que se discuten entre las elites parlamentarias, restando toda posibilidad para que las voces, opiniones y posturas de las comunidades y organizaciones sociales, sean consideradas. Aun más, esa posibilidad nos fue rotundamente negada por dicha comisión. Mientras el espacio le fue concedido, sin reparo, al consejo minero. Situación que nos lleva a sostener que el discurso de los parlamentarios se amolda a los requerimientos de una clase empresarial que destruye ecosistemas y comunidades en nombre “desarrollo y del progreso”.
Chile Transparente no da ninguna garantía de transparencia.
Los habitantes de la región minera de Antofagasta, en el norte de Chile, poseen en promedio el mayor ingreso interno por persona, mientras unas 4.000 de sus familias residen en precarios asentamientos informales, en una de las desigualdades más marcadas dentro del país.
Las perspectivas poco alentadoras para el precio del cobre y la baja en las leyes de los yacimientos en Chile han golpeado el ánimo de los inversionistas para seguir adelante con sus grandes proyectos mineros. A la Barrick Gold le siguen otras cuatro.
El Colegio Médico de Antofagasta anunció que están analizando la posibilidad de acudir a organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) para denunciar la contaminación ambiental por las mineras de la zona. Desde la Intendencia regional indicaron que están trabajando en la implementación de planes de sustentabilidad.
En el marco de la entrega de los resultados del primer semestre del año 2015, la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) se refirió al futuro de la expansión de la División Andina conocido como «Andina244», informando que se reformulará, lo que, en la práctiva, significa que la iniciativa se retira por completo, para dar paso a un nuevo proyecto. 
El periodo político que estamos viviendo en Chile, está marcado por el agotamiento de la política de los consensos que ha primado los últimos 25 años, que entre otras cosas, tuvo como consecuencia mantener y profundizar un marco constitucional ilegítimo creado en dictadura y un sistema político antidemocrático. Pero también, por la irrupción de ciudadanos y ciudadanas que demandan reformas estructurales al modelo chileno a nivel de su marco constitucional. La Constitución crea el Estado subsidiario, protege la libre empresa y la propiedad privada al mismo nivel que las garantías constitucionales esenciales, no garantiza los derechos sociales o colectivos, y sienta las bases para la privatización y depredación de los bienes comunes como los minerales y el agua, la biodiversidad, el aire, la memoria, entre otros.
Con enorme preocupación y molestia, la Asamblea por el Agua del Guasco Alto, denunció una serie de irregularidades que permiten suponer que el Estado ha retrasado la promulgación de la norma secundaria de aguas para el valle, aquella que establece la calidad ambiental de las aguas superficiales, por presiones fundamentalmente de Barrick Gold.
Con fuerza exigió el cierre definitivo del proyecto Pascua Lama y no seguir siendo una Zona de Sacrificio
Su nuevo director ejecutivo en Chile, René Muga, aclaró que obedece a una decisión corporativa a nivel internacional de reducir los costos, plan que incluye la suspensión de Pascua Lama teniendo en cuenta que por año gasta US$ 200 millones en mantener las instalaciones y cumplir con las exigencias de la Resolución de Calificación Ambiental(RCA). El proyecto -ubicado en las altas cumbres de los Andes entre Chile y Argentina- está paralizado desde 2013 por las autoridades chilenas y el rechazo social.