Luego de anunciarse el retiro del proyecto, la ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, aseguró que estos serán incluidos en el proyecto de ley que creará el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, sin embargo, su creación aún está en trámite en el Congreso y no se ha definido la jerarquía que tendrá la institución ante otros cuerpos legales que regulan inversiones, como lo son proyectos mineros o concesiones eléctricas.

Por ahora, los más de 24 mil glaciares del país, que en total abarcan cerca de 23.641 km2 de superficie, no cuentan con ninguna política pública que regule de forma concreta su cuidado, mantención y protección para evitar que puedan ser vulnerados por proyectos extractivitas.

Desde la ONG Greenpeace fueron enfáticos en rechazar el proyecto desde que este sufrió indicaciones que desviaron su intención de protección inicial, pues consideraban que los cambios aplicados ya no aseguraban la conservación de los glaciares.

Esta acusación fue reafirmada también por la Corte Suprema y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pues ambas instituciones habían manifestado que de aprobarse la ley esta permitiría su explotación.

En conversación con Radio Universidad de Chile, Estefanía González, coordinadora de océanos de Greenpeace, comentó que luego de este apropiado retiro se debe hacer pronto una nueva política pública, pero incluyendo a la comunidad.

Además, señaló que un nuevo proyecto debe hacerse cargo de los daños que está generando la minería a estas reservas de agua: “Cuando uno propone medidas de protección no nacen porque sí, es porque hay una amenaza inminente que genera un peligro de destrucción en las zonas, como el caso de la minería en el norte del país (…) Hoy cualquier proyecto se debe hacer cargo de esa amenaza que significa la minería en el norte, cualquier tipo de proyecto que no nazca desde ahí, que no sea consultado, no va a tener ningún tipo de beneficio para el medio ambiente ni para quienes están afectados”.

Por otra parte, señaló que se debe estar atentos a la inclusión de los glaciares en el proyecto de ley sobre el Servicio de Biodiversidad, porque si bien se ha ofrecido su incorporación, esta medida sigue paralizada por presentar cientos de indicaciones a su documento original.

Respecto al panorama a nivel político, González aseguró que, si bien el gobierno actual está trabajando bajo una agenda pro inversión, la protección del medio ambiente no ha sido prioridad para ningún gobierno anterior, por lo que el problema no radica solo en el mandato actual, sino que ha sido continuado en el tiempo. Por esto, manifestó que es vital que las comunidades se sigan haciendo escuchar para poder proteger sus territorios.

El glaciólogo de la Universidad de Chile, Fernando Ferrando, también se manifestó a favor del retiro del proyecto y afirmó que se debe generar otro pero, que esta vez, incluya algo más que solo a los glaciares, pues el entorno que los rodea también es muy importante de preservar.

Sobre un nuevo proyecto de protección, Ferrando afirmó que este debe dejar de distinguir entre ciertas reservas estratégicas u otras, pues todas deben serlo y, por lo tanto, todos los glaciares deben estar protegidos. En ese contexto, afirmó que se debe incluir el cuidado de los entornos y ecosistemas que dependen de los glaciares, pues todo en su conjunto es lo que garantiza el correcto funcionamiento del medio.

El académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo indicó que bajo el contexto medioambiental que enfrenta el mundo hoy, estas reservas de agua podrían ser claves si se continua con la sequía que se viene desarrollando hasta ahora.

“Estamos en un contexto climático global en que las reservas de agua se transforman en una zona estratégica para todo el mundo, y proteger los glaciares significa tener un regulador natural de los suministros de agua a los sistemas naturales”, aseguró, agregando que su mantención garantiza la disponibilidad de recursos cuando no hay agua o se desarrollan periodos de sequía.

Por su parte, ante la posibilidad de crear políticas de protección, las organizaciones mineras han sido críticas, argumentando que esto podría imposibilitar la tarea de la minera, perjudicando así la actividad económica del país.

Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, manifestó que de concretarse una ley esto no sería así, y que los reclamos solo responden al deseo de las organizaciones mineras de seguir actuando libremente, pero aseguró que no se puede seguir en la misma dirección que hasta ahora.

Según comentó, el sector minero está acostumbrado a tener libertad de acción sobre los territorios y, aunque una ley de protección podría limitar cierta parte de la minería, esto no acabaría de ninguna forma con ella, por lo que los argumentos empleados no deben sobreponerse a los de las comunidades que buscan mejorar las políticas actuales.

“Yo creo que estamos en una situación donde el país debe recuperar poder decisión para decir que en estas zonas no se puede desarrollar minería y eso es lo que debemos hacer prevalecer, donde los ciudadanos y los territorios vayan teniendo mas poder de decisión en esas legislaciones”, comentó, agregando que de no hacer algo frente a la situación actual “estamos hipotecando las posibilidades de vida de mucha gente en el futuro”.

Además, aseguró que de concretarse el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, este debe garantizar la inclusión de todos los glaciares y no solo de los que estén presentes en parques nacionales o ciertos territorios, como pensaba hacerlo la ley recientemente retirada.

Fuente:http://radio.uchile.cl/2018/06/25/glaciares-en-chile-expertos-analizan-su-futura-proteccion/

Luego de varios meses de discusión y de diversas críticas de organizaciones medioambientales y sociales por el trasfondo del proyecto, la iniciativa fue revisada por la Comisión de Hacienda de la Cámara de diputados, donde luego del anuncio del gobierno de que no habría recursos, esta se retiró.

El proyecto de Ley de Protección de Glaciares impulsado por un amplio grupo de diputados, y que llevaba cuatro años de tramitación en el Congreso, enfrentando una férrea oposición del Consejo Minero, fue retirado ayer por la Ministra Cubillos, en coherencia con la lógica del gobierno de favorecer la inversión a cualquier costo.

En la misma línea, el gobierno de Sebastián Piñera eliminó la Unidad de Glaciología y Nieves de la Dirección General de Aguas, para crear el Registro Nacional de Glaciares e identificar potenciales efectos de actividades humanas en los glaciares.

La minería pública y privada – división Andina de Codelco, Los Bronces de Anglo American, Pascua Lama de Barrick Gold y Pelambres de Antofagasta Minerals, entre otras están desde la década de los 90 destruyendo glaciares en la Cordillera de Los Andes en el norte y centro del país.

El proyecto de ley constituía un avance hacia el reconocimiento jurídico de este patrimonio natural y podía ser mejorado en la sala de la Cámara a través de la reposición de indicaciones y en el Senado. Pero la voluntad del gobierno implicó un corte en el camino avanzado. Hoy nos quedamos como estábamos el año 2005, época en que se aprobó Pascua Lama. Los glaciares siguen en tierra de nadie, por tanto explotables y destruibles.

Los gobiernos no han estado a la altura para proteger este patrimonio de reservas hídricas. Hoy, en un contexto de cambio climático, los glaciares se tornan indispensables para los ecosistemas y el acceso al agua de las comunidades, las ciudades y la agricultura. Esperamos que la Cámara apruebe la moción para la protección de glaciares que están por votarse en el Congreso. De lo contrario estaremos agravando la inseguridad hídrica que enfrenta el país.

Fuente:http://www.latercera.com/opinion/noticia/pinera-mineros-glaciares/216286/

Su cercanía con Rafael Guilisasti, presidente del directorio de las sociedades Cascadas de Julio Ponce Lerou, y su paso por la agencia Paréntesis, siguen causándole un gran dolor de cabeza al vicepresidente ejecutivo de Corfo. Ahora fue el turno de los diputados de la Comisión de Minería y Energía, quienes lo emplazaron a transparentar sus nexos y a inhabilitarse en caso de haber conflictos de intereses, solicitud que provino hasta desde parlamentarios de Chile Vamos. La Corfo en tanto confirmó que encargará un informe en derecho, redoblando el blindaje ante eventuales críticas.

La sombra de los conflictos de intereses con Soquimich le sigue penando al Vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) Sebastián Sichel. Este miércoles llegó junto al Fiscal Nacional Económico , Felipe Irarrázabal Philippi y la fiscal de Corfo María Elina Cruz hasta la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados…

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La empresa, que pertenece a grupo Luksic, pretende operar hasta el 2031, alcanzando los 176 mil toneladas anuales de cobre. Si sabemos que por una tonelada de cobre genera 100 toneladas de relaves mineros, esperamos que también informen a la comunidad cómo esperar tratar la sideral cantidad de relaves que se producirán y cómo esperan remediar la contaminación que se generará.

Ya han ingresado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), donde exponen que el objetivo es extender las operaciones hasta 2031. Lunes 04 de Junio de 2018.- Una inversión estimada en US$100 millones es lo que Antofagasta Minerals y Barrick esperan destinar para la continuidad operacional de Zaldívar, mina de cobre operada por la minera del grupo Luksic.

Así lo comunicaron en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que este jueves 31 ingresaron a trámite y donde explican que el objetivo es extender las operaciones hasta 2031, manteniendo el ritmo actual de extracción de 260 mil toneladas diarias de material, para producir 176 mil toneladas anuales de cobre. Para lograr este objetivo, requieren elevar el muro del depósito actual de relaves; elevar la altura y la capacidad del botadero principal de estéril, ampliando, a su vez, la pila de lixiviación secundaria de ripios y el relleno sanitario.

El proyecto considera extender extracción de agua desde el campo de pozos de Negrillar. La estimación es estar en condiciones de iniciar esta nueva etapa en 2022, considerando una dotación de 1.700 personas. Los dos primeros años corresponderán a la fase de construcción de obras necesarias para el proyecto. Posteriormente, la operación tendrá una duración de ocho años.

Fuente:http://relaves.org/Posts/2018-06-05.html

Su más rotundo rechazo manifestó la Comunidad Indígena Territorial de Belén, comuna de Putre, Región Arica y Parinacota, frente la realización de exploraciones mineras en el sector de Millune y su entorno, por parte de la transnacional Río Tinto, empresa de capitales anglo australianos.

La situación alertó a la organización territorial, que en asamblea rechazó este tipo de intervención por el inminente daño socioambiental que provocaría la actividad minera en la precordillera, solicitando información formalmente sobre el proyecto a Río Tinto.

“La Comunidad Indígena Territorial de Belén, como dueña, protectora y defensora de su territorio y patrimonio, cuidadosa y respetuosa de nuestra Pachamama (Madre Tierra) se opone firme e irrevocablemente al desarrollo de la industria minera en el territorio de Belén, la comunidad conoce el daño irreparable e invaluable que esta actividad económica provoca al medio ambiente, sus recursos naturales, al patrimonio y a la salud de las personas”, señala la comunidad en la carta enviada a la sede Chile de la transnacional minera.

Sin embargo, la empresa respondió sin entregar el proyecto, indicando que el Código Minero permite al concesionario “catar y cavar libremente en terrenos abiertos e incultos, cualquiera sea su dueño”.  Añade en la misiva que se hallan en una etapa temprana de exploraciones, que implica perforar cuatro plataformas de sondajes.

Ante esta situación la comunidad de Belén se mantiene en alerta y no descartando nuevas acciones para conocer el detalle del proyecto que se despliega en su territorio ancestral.

Cabe destacar que Río Tinto posee el 30% de la propiedad de Escondida y lleva más de 20 años realizando exploraciones en Chile, con iniciativas como Palmani, Mamuta en la Región.

Eduardo Bitran, exvicepresidente de Corfo y responsable de negociar con Soquimich el contrato para la explotación del litio en el Salar de Atacama, enfrentó en las comisiones de Minería del Senado y la Cámara, los cuestionamientos surgidos por el rol de asesores que tendrán los hermanos Ponce Lerou al interior de la minera no metálica.

Bitran aseguró en el Senado que el acuerdo entre Corfo y SQM es “nuestro propio viaje a la luna”, por los beneficios que implica haber pactado con la minera no metálica aumentar su cuota de explotación y aseguró que no es posible retrotraer dicho contrato porque se ajusta a derecho.

Más tarde, en la comisión de minería de la Cámara de Diputados, Bitran fue confrontado duramente por los parlamentarios de dicha instancia, y ante ellos aseguró que Julio Ponce Lerou es la representación de la corrupción y del actuar al margen de la ley.

Pero el diputado comunista Daniel Núñez fustigó a Bitran por no haber denunciado ante la justicia las supuestas presiones que personeros de la Nueva Mayoría habrían ejercido para mantener a Ponce Lerou como controlador de la minera no metálica, lo que a juicio de Núñez podría implicar un acto de soborno y cohecho.

Desde el oficialismo, el diputado de RN Jorge Durán, acusó a Bitran de reirse en la cara de los parlamentarios al insistir en las presiones de políticos respecto a Ponce Lerou, pero sin dar los nombres de dichos personajes.

El ministro de Economía, José Ramón Valente, no asistió a ninguna de las dos comisiones para abordar el contrato Corfo-SQM, pese a estar en el Congreso durante la jornada de este miércoles. Tampoco concurrió el actual vicepresidente de Corfo, Sebastián Sichel.

Fuente:https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2018/06/13/bitran-enfrento-a-comisiones-de-mineria-por-criticas-a-presencia-de-ponce-lerou-en-sqm.shtml

Fuente:http://www.elmostrador.cl/mercados/2018/06/05/quienes-son-los-directores-de-sqm-detras-del-regreso-de-julio-y-eugenio-ponce/

Senadora DC Yasna Provoste aseguró que la contratación del ex directivo como asesor incumple un acuerdo con el Gobierno, por lo que citará a la Comisión de Minería al ministro de Economía y al vicepresidente ejecutivo de Corfo. Junto con esto, parlamentarios del bloque ingresaron un oficio que pide al Presidente Piñera requerir al CDE que estudie acciones legales.

Este martes se dio a conocer el nombramiento por parte de la minera no metálica Soquimich (SQM) de su ex presidente, Julio Ponce Lerou, como asesor estratégico de la compañía.

El anuncio del regreso del empresario junto a su hermano Eugenio, ocurre sólo cinco meses después del acuerdo alcanzado entre Corfo y SQM para la explotación de litio del Salar de Atacama y que consideraba la salida de Ponce Lerou de la presidencia, tras el caso SQM, donde se investigó el presunto financiamiento irregular de campañas políticas. 

Una vez confirmado el nuevo cargo del empresario, la presidenta de la Comisión de Minería del Senado, Yasna Provoste, anunció que citarán a la comisión al ministro de Economía, José Ramón Valente, al vicepresidente de Corfo, Sebastián Sichel y al ex vicepresidente de esta misma entidad, Eduardo Bitrán.

«Debemos decir con mucha claridad de que no nos parece que frente a un situación tan importante para el país como es el litio tengamos en la vicepresidencia de Corfo a una persona que ha estado vinculada a los negocios de SQM… le hemos pedido al Ministro de Economía que pueda concurrir a la Comisión de Minería para poder conocer los aspectos que dicen relación con la noticia que se ha conocido recientemente y que es la reincorporación de aquellos que han estado vinculados a la situación de SQM y una serie de situaciones de financiamiento irregular de la política», explicó.