La empresa solicitó la prórroga hasta diciembre de 2026 para responder más de 2.600 observaciones sectoriales y ciudadanas a su planta concentradora y desalinizadora.

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) resolvió suspender hasta el 17 de diciembre de 2026 la tramitación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de continuidad operacional y expansión de Minera El Abra, faena que contempla una inversión de 7.500 millones de dólares en la Región de Antofagasta. La pausa administrativa fue requerida por la propia compañía —propiedad de Freeport-McMoRan (51%) y Codelco (49%)— con el propósito de elaborar la Adenda complementaria, realizar adecuaciones ingenieriles y dar respuesta a 1.894 requerimientos de organismos técnicos y 738 observaciones ciudadanas.

La iniciativa contempla extender las operaciones del yacimiento por aproximadamente cuatro décadas mediante la construcción de una planta concentradora con capacidad de procesamiento de hasta 300 mil toneladas diarias de mineral sulfurado, la ampliación del rajo y un depósito de relaves espesados. En el ámbito hídrico, la empresa proyecta una planta desalinizadora al sur de Tocopilla y un acueducto de 146 kilómetros, infraestructura diseñada para sustituir gradualmente la extracción de agua industrial desde el Salar de Ascotán.

Desde la autoridad ambiental precisaron que la medida no constituye un rechazo del expediente y que los plazos de tramitación podrían reanudarse con anterioridad si la titular presenta el documento técnico antes de la fecha límite. La firma había solicitado originalmente aplazar el proceso hasta mayo de 2027, plazo que fue acotado por el SEA para garantizar la celeridad en la evaluación del mayor proyecto de inversión actualmente en revisión ambiental en el país.
https://www.reporteminero.cl/noticia/videos/2026/09/sea-suspende-evaluacion-ambiental-expansion-minera-el-abra-antofagasta

Yerko Roa Núñez 27/09/2026
En un hecho sin precedentes, los tres ministros titulares del Primer Tribunal Ambiental se inhabilitaron, luego de que en la misma página del órgano se anunciara el rechazo a las medidas cautelares solicitadas respecto del proyecto Prospección Minera El Alto —más conocido como Pascua Lama 2.0—. El artículo fue subido sin ninguna resolución conocida que lo respaldara y bajado horas después. Los litigantes también apuntan a un posible conflicto de interés del relator de las causas, quien trabajó para Minera Zaldívar, empresa de la cual Barrick Gold es dueña del 50%.

El proyecto pertenece a Compañía Minera Nevada SpA, filial de Barrick Gold, y contempla 62 pozos de sondaje de diamantina sobre 43 plataformas en la alta cordillera de Alto del Carmen, a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar. Con una inversión de US$35 millones, la prospección busca, según la propia declaración de impacto ambiental, “determinar la factibilidad técnica de una explotación minera” en los mismos terrenos del clausurado Pascua Lama.

La aprobación ambiental de El Alto fue impugnada ante el tribunal antofagastino mediante tres reclamaciones. La tarde del miércoles 23 de septiembre, cuando las comunidades aún esperaban un pronunciamiento, el sitio web del Primer Tribunal Ambiental publicó sorpresivamente una nota sobre el rechazo de las solicitudes de medidas cautelares vinculadas a la prospección. En el expediente, sin embargo, no existía ninguna resolución en ese sentido.

Pero horas después la noticia fue bajada. Al día siguiente todos los ministros titulares se inhabilitaron.

EL FANTASMA DE PASCUA LAMA
El proyecto El Alto se ubica en los mismos terrenos en que Barrick Gold intentó llevar a cabo, a inicios de los 2000, el proyecto Pascua Lama. Esa iniciativa buscaba explotar un yacimiento de casi 18 millones de onzas de oro y 635 millones de onzas de plata durante alrededor de 25 años, pero en 2013 la autoridad ambiental detuvo la construcción: la firma no había terminado su plan de manejo de aguas, había realizado descargas contaminadas al río Estrecho y había ocultado información de monitoreo de los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza.

En 2018, la Superintendencia del Medio Ambiente determinó la clausura total y definitiva del proyecto, lo que fue ratificado en 2020 por el propio Primer Tribunal Ambiental. Pese a ello, entre 2020 y 2021 la empresa realizó sondajes ocupando plataformas del mismo proyecto que se suponía debía cerrar, labores que la Corte Suprema declaró “ilegales y arbitrarias” en febrero de 2022:

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—Las únicas faenas u obras permitidas son aquellas que conduzcan al fin pretendido: la citada clausura —concluyó entonces el máximo tribunal, que dio por acreditado que la minera había utilizado “plataformas existentes del proyecto, incluso rehabilitándolas estructuralmente de ser necesario”.

Por eso, las comunidades sostienen que El Alto es un nuevo intento de Barrick de levantar un proyecto en la misma zona, que vulnera lo que resolvió la Corte Suprema. Con ese argumento, la Comunidad Indígena Diaguita Alta Cordillera, el Comité Ambiental Comunal de Alto del Carmen y la Comunidad Agrícola Diaguita Los Huascoaltinos pidieron suspender los efectos de la resolución que aprobó la prospección antes del inicio de las obras, programado para septiembre.

La nota del tribunal que anunciaba el rechazo de esas cautelares fue replicada por el Portal Minería Chilena, que también la bajó después. Al día siguiente, en menos de dos minutos, entre las 18:53 y las 18:55 horas, el relator de la causa R-174-2026 certificó la inhabilidad de los tres ministros titulares: el juez presidente del tribunal, Alamiro Alfaro Zepeda, y los ministros Sandra Álvarez Torres y Marcelo Hernández Rojas.

Todos invocaron la misma causal: haber “manifestado de cualquier modo dictamen sobre la cuestión pendiente, con conocimiento de ella, vinculada con la solicitud de medida cautelar”.

—Llamamos al tribunal consultando por qué estaba esta noticia, si en ninguna parte constaba esa resolución, no aparecía en el expediente, no nos habían notificado. Entonces, por qué estaban publicando algo que todavía no era oficial ni constaba en ninguna parte. Nos dijeron que era muy raro, que era preocupante, y después bajaron la noticia —relata Bruno Barrientos, abogado de la Comunidad Indígena Diaguita Alta Cordillera.

Por otro lado, Karinna Fernández, abogada que representó a vecinos de Alto del Carmen en una solicitud de cumplimiento estricto del fallo del recurso de protección —que fue rechazada—, opina que la filtración “no sólo erosiona gravemente la confianza pública en la administración de justicia, sino que vulnera los estándares mínimos de imparcialidad y el debido proceso”. A su juicio, la Corte Suprema tiene “el deber inexcusable de fiscalizar estas anomalías” y adoptar “medidas drásticas para garantizar que la justicia ambiental actúe libre de presiones y con absoluta transparencia”.

CINCO AÑOS EN BARRICK
El relator que certificó las inhabilidades fue Álvaro Funes Palacios, abogado titulado en la Universidad Católica del Norte que se desempeña en el Primer Tribunal Ambiental desde octubre de 2018. Según su perfil de LinkedIn, antes de llegar al tribunal fue durante cinco años jefe de Asuntos Legales de Barrick Gold Corporation en la Compañía Minera Zaldívar, en Antofagasta.

Para los reclamantes, la asignación de Funes a una causa en que está involucrada una filial de Barrick corona una serie de irregularidades, entre ellas que el tribunal contaba desde principios de agosto con los informes de Sernageomin y la Dirección General de Aguas que había pedido para resolver las cautelares, y finalmente nunca llegó a decidir el asunto. Mientras tanto, según las comunidades, ya hay movimiento de obras en el territorio.

—Se agrava cuando nos enteramos, por investigación propia, que el relator que tiene encargada la causa, habiendo otros relatores disponibles en el tribunal, es un abogado que antes de trabajar en el Tribunal Ambiental trabajó en Barrick cinco años —afirma Barrientos—. Eso solamente aumenta la sospecha que tenemos a esta altura, y los miedos de que toda la demora haya sido deliberada.

Barrientos añade que el viernes pasado estaba programada la vista de un recurso de protección presentado por las comunidades contra la Superintendencia del Medio Ambiente, por la demora de ese organismo en investigar y tramitar las denuncias contra el proyecto. La filtración de la noticia se produjo apenas dos días antes de esa audiencia, lo que para el abogado vuelve todo “preocupante” y “muy irregular desde el comienzo”.

El jueves, el secretario abogado del Primer Tribunal Ambiental, Gonzalo Vergara Araya, certificó el envío de las causas al Segundo Tribunal Ambiental, con asiento en Santiago, en aplicación del artículo 10 de la Ley N° 20.600, que regula los casos en que un tribunal ambiental no puede reunir a sus integrantes.

En esa sede podría ocurrir una nueva inhabilitación, ya que su jueza presidenta, Marcela Godoy, está casada con Gonzalo Montoya Cisterna, gerente legal de Compañía Minera Zaldívar, la misma firma en que trabajó Funes.

La Unidad de Investigación de Bío Bío contactó al juez presidente del Primer Tribunal Ambiental, Alamiro Alfaro Zepeda, para consultar sobre la filtración de la noticia, la inhabilitación de los ministros y la conexión del relator con Barrick. Luego de canalizar las dudas por los canales internos, desde el Primer Tribunal Ambiental enviaron una respuesta vía mail.

En dicho correo, mencionaron que el Colegiado de Ministros había acordado por mayoría que no correspondía “emitir pronunciamientos adicionales a aquellos que constan formalmente en los respectivos expedientes”, dado que las consultas “se encuentran vinculadas a causas judiciales actualmente en tramitación”:

–Sin perjuicio de lo anterior, cabe consignar que esta judicatura ha reforzado sus protocolos y procedimientos internos asociados a la comunicación de decisiones jurisdiccionales y al debido resguardo de los deberes y garantías inherentes al ejercicio de su función jurisdiccional –señalaron.

Así las cosas, tras lo sucedido, los litigantes deberán seguir esperando hasta que el Segundo Tribunal Ambiental resuelva finalmente la disputa.
https://www.biobiochile.cl/especial/bbcl-investiga/noticias/articulos/2026/09/27/desastre-en-tribunal-ambiental-ministros-se-inhabilitan-tras-filtrarse-decision-sobre-pascua-lama-2-0.shtml

10/09/2026
La semana pasada, en Juego Limpio, nos detuvimos en el pingüino de Humboldt y en una paradoja difícil de ignorar: mientras en Alemania se destinan recursos y esfuerzos a promover la conservación de esta especie chilena –incluso desde instituciones dedicadas a la conservación–, en su propio territorio todavía no conseguimos asegurar su protección. Ahora aparece un nuevo episodio que vuelve a poner esa contradicción sobre la mesa.

Un informe técnico de fiscalización de Conaf, obtenido por la Alianza Humboldt mediante Ley de Transparencia, constató en terreno la intervención y destrucción de vegetación nativa protegida vinculada a faenas de sondaje de Andes Iron, titular de Dominga, sin contar con un Plan de Trabajo aprobado, en infracción a la Ley N° 20.283 sobre Bosque Nativo.

El asunto adquiere especial interés porque el tema Dominga continúa judicializado y no cuenta con una decisión definitiva que habilite la ejecución de sus obras. La fiscalización, realizada el 26 de febrero de 2026, constató la remoción de vegetación en un sector de quebrada de alta sensibilidad hídrica, afectando especies como la flor de San Juan, la Copiapoa coquimbana, el quisco y el copao. Conaf advirtió que la intervención expone el suelo directamente al viento y las precipitaciones, además de disminuir la infiltración hídrica.
https://www.elmostrador.cl/juego-limpio/2026/09/08/tala-de-vegetacion-protegida-conaf-apunta-a-dominga/

Agustín de Vicente , 07/09/2026
El Segundo Tribunal Ambiental validó acuerdo entre el Consejo de Defensa del Estado y Compañía Minera Maricunga para restaurar ecosistemas altoandinos afectados por operaciones mineras durante 15 años.

El Segundo Tribunal Ambiental aprobó un acuerdo de reparación ambiental que obliga a Compañía Minera Maricunga a ejecutar un plan de restauración valorizado en US$ 19.785.000 en los humedales del Corredor Biológico Pantanillo-Ciénaga Redonda, en el altiplano de la Región de Atacama.

La resolución, suscrita por la ministra Marcela Godoy Flores (presidenta s.), el ministro Cristian López Montecinos y el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Matías de la Noi Merino, resuelve dos demandas por daño ambiental presentadas por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra de la minera por la afectación de las vegas Pantanillo y Valle Ancho, que registraron pérdidas estimadas de 89 hectáreas de humedales.

El tribunal concluyó que el plan de reparación resulta idóneo para reponer el ecosistema afectado a una condición equivalente a la previa, cumpliendo así con los estándares de indemnidad establecidos en la Ley N° 20.600 de Tribunales Ambientales. La sentencia precisa que no exime al autor de implementar medidas de reparación efectivas.
Alcance operacional del plan de recuperación

El plan aprobado, elaborado en conjunto por el CDE y Minera Maricunga, abarca los humedales de Pantanillo, Valle Ancho Sur, Valle Ancho Centro y Valle Ancho Oeste con una duración de 15 años e incluye 14 medidas específicas de intervención agrupadas bajo dos objetivos estratégicos.

Las primeras seis medidas (RN-1 a RN-6) buscan «apoyar, monitorear y manejar adaptativamente la recuperación de los humedales» e incluyen: delineación de límites, establecimiento de área de monitoreo, definición de imagen objetivo, monitoreo integral, análisis de factores limitantes, evaluación de métodos de revegetación y gestión de nieve y caminos.

Las ocho medidas complementarias (AV-1 a AV-8) apuntan a «aumentar el valor y mantener la recuperación» mediante estudios avanzados de hidrología, ecología y carbono; delineación del acuífero; publicación de hallazgos científicos; educación ambiental y becas de posgrado; capacitación profesional; infraestructura de sitios Ramsar; y modificación de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas.
Antecedentes del caso y resolución jurisdiccional

El conflicto se originó tras comprobarse que operaciones de extracción de agua del proyecto minero Refugio desecaron al menos 70 hectáreas en el complejo lacustre Laguna del Negro Francisco y Laguna Santa Rosa. La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) clausuró definitivamente los pozos de extracción (RA-1, RA-2 y RA-3) el 17 de marzo de 2016.

Las demandas del CDE fueron interpuestas el 28 de abril de 2016. El Tribunal dictó sentencias en ambas causas durante noviembre de 2018; sin embargo, la Corte Suprema anuló de oficio ambos fallos el 7 de enero de 2022 y ordenó retrotraer los procedimientos para iniciar un proceso de conciliación que culminó con este acuerdo.
Mecanismos de seguimiento y cumplimiento

El tribunal aclaró que la aprobación del acuerdo no agota su función jurisdiccional, sino que abre una fase de verificación del cumplimiento de lo acordado. Ambas partes reconocen la autoridad del tribunal para supervisar la ejecución, recibir reportes anuales validados por una Mesa Técnica y autorizar modificaciones cuando sea necesario.

La magistratura especializada estableció que los términos indicados en los cronogramas se entienden como plazos establecidos y no preliminares, sin perjuicio de tiempos adicionales atribuibles a causas ajenas a las partes que serán considerados al evaluar cumplimiento.

El tribunal también verificó que los estándares de cumplimiento previstos para cada medida resulten suficientes para validar el logro de resultados y que los mecanismos incluidos en el plan permitan ejercer, si es necesario, las facultades de ejecución conferidas por ley.
https://www.reporteminero.cl/noticia/noticias/2026/09/tribunal-ambiental-aprueba-plan-reparacion-20-millones-humedales-atacama

El Ciudadano  24/08/2026

«Nosotros contamos con una de las mejores napas en la región y para nosotros es un reservorio de agua para el futuro y hoy día no sabemos las condiciones que se puedan presentar», señalaron desde el Comité de Agua Potable Rural del sector. Según informaron medios locales, la situación ocurrió después de las intensas lluvias que cayeron en la zona.

Acidificación y concentraciones de metales pesados como hierro, aluminio, cobre y manganeso, en niveles que superan totalmente las normas legales, son algunos de los resultados de las mediciones realizadas por la Dirección General de Aguas (DGA) en el estero Quilmenco de Chuchiñí (Región de Coquimbo), tras un derrame ocasionado por la minera Tres Valles.

Según informaron medios locales, la situación ocurrió después de las intensas lluvias que cayeron en la zona: «El escurrimiento de piscinas asociadas a la faena afectó la quebrada de Quilmenco, estero que atraviesa Chuchiñí y desemboca en el río Choapa. Los vecinos expresaron su alta preocupación ante el uso cotidiano de esta fuente hídrica, reportando alteración en el color del agua y un olor perceptible en el ambiente», informó Veetv.cl en una nota publicada el 25 de julio.

La empresa minera, en tanto, había confirmado a este mismo medio que realizaron una «autodenuncia» ante la Superintendencia del Medioambiente (SMA) por estos hechos.

Ahora, conocidos los resultados de las mediciones, el senador Daniel Núñez (PC) exigió «a la Superintendencia de Medioambiente que actúe. Es el organismo público que debe evaluar el comportamiento que está teniendo esta minera y como está incumpliendo su Resolución de Calificación Ambiental».

«También debe exigir que se adopten medidas inmediatas, urgentes, que eviten cualquier riesgo de nuevos derrames y evite también filtraciones que la propia minera ha reconocido que tiene donde se tratan los minerales», remarcó el senador Núñez.

Por su parte, Milca Ulloa, presidenta del comité de Agua Potable Rural (APR) de Chuchiñí, explicó que «los últimos resultados han dado que una vez más minera Tres Valles ha caído en el tema de la contaminación hacia el estero Quilmenco y por lo tanto también es tributario hacia Choapa, y eso significa que desde Chuchiñí hacia abajo las aguas están todas con problema de contaminación».

La dirigente manifestó que «el problema de nosotros como APR es la preocupación por nuestras napas subterráneas. Nosotros contamos con una de las mejores napas en la región y para nosotros es un reservorio de agua para el futuro y hoy día no sabemos las condiciones que se puedan presentar respecto a minera Tres Valles».

«Ya van tres veces que ha hecho lo mismo, contaminar el estero Quilmenco, por lo tanto el río Choapa y nuestros suelos también», cuestionó la representante de la comunidad, quien preguntó: «¿Qué pasa en el futuro si esta contaminación empieza a acumularse?»
https://www.elciudadano.com/chile/minera-tres-valles-contamino-aguas-del-estero-quilmenco-en-chuchini-preocupacion-por-situacion-de-napas-subterraneas/08/24/

En Cartas a Resumen, Opinión
24 ago 2026
Relave de minera Las Cenizas dejó a Peñablanca sin agua potable tras lluvias de julio

En la comuna de Cabildo, ubicada en la Región de Valparaíso, provincia de Petorca, los 700 habitantes de la localidad de Peñablanca están desde fines de julio sin disponer del agua de sus pozos de uso masivo, ya que ahora deben recibir el agua potable que aporta el sistema de APR (Agua Potable Rural) de otras comunidades. Durante los temporales hubo un escape de desechos tóxicos del Tranque 4, ubicado en la ladera norte de la quebrada Chinchorro. Se trata de un relave, un sumidero de pasta proveniente del proceso que genera cobre concentrado por flotación. La minera Las Cenizas, dueña del relave, afirmó que el escape nocturno era un “despiche”, una maniobra de vertimiento coordinada con SERNAGEOMIN para evitar el derrumbe de sus muros.

El vertido tóxico que los vecinos vieron deslizarse por sus calles en forma de pasta, agua turbia y otros materiales llegó a la quebrada Chinchorro y de ahí al río La Ligua, que es la fuente de agua de la APR de Peñablanca. Se repetía así este año lo ocurrido el 13 de junio de 2024. En esa oportunidad la Superintendencia del Medio Ambiente confirmó que los relaves sobrepasaron las piscinas de emergencia y alcanzaron la citada quebrada Rincón del Chinchorro. Por ello en 2025 la Dirección General de Aguas aplicó a Minera Las Cenizas multas por más de 51 millones de pesos.

Cinco Infracciones y un Plan de Cumplimiento hasta fin de 2026

La Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) anunció que ha abierto esta temporada una nueva investigación. El año pasado, la entidad estableció en el expediente D 176 – 2025, cinco infracciones graves de la minera Las Cenizas y le exigió cumplir con lo legal. Entre las infracciones destacamos una: “la piscina de aguas recuperadas de la planta de espesado (el tranque 4) presenta menores dimensiones, volumen total y efectivo respecto de lo contemplado en la evaluación ambiental, operando con una menor revancha que la establecida ambientalmente”. Asimismo el manejo de las aguas de lluvia no correspondía a lo declarado en el proyecto ambiental. El análisis de las aguas del río La Ligua mostró, según la SMA que al contrario de lo que afirmaba la minera, se habían excedido temporalmente los límites máximos permitidos para aluminio, cobre, manganeso y plomo, tal como denunciaron los vecinos organizados en No Más Relaves. La minera debió agrandar el muro y prometió contar con protocolos de emergencia y otras medidas de cumplimiento a lo largo de 2026. Sin embargo ahora se vio que igualmente la piscina se desbordó. Sigue en curso una demanda por daño ambiental interpuesta en 2024 por dos familias del sector contra la minera Las Cenizas.

Cuatro sistemas de APR en riesgo

Mientras desde la Seremi de Valparaíso presidida por la doctora Mariol Luan Rivas no se dé a conocer un análisis que descarte la temida contaminación de las aguas subterráneas y por tanto de los pozos de la localidad, como las aguas del río La Ligua, los usuarios de la APR de Peñablanca deben usar el agua que llega por cañerías instaladas años atrás por el proyecto Aducción del sector Alicahue, que alimenta otras APR, de cuya calidad de agua no tienen pruebas. Igualmente afectadas están las APR de las localidades La Higuera, El Carmen y Valle Hermoso, todas de la provincia de Petorca. Recibir el agua generada por el proyecto Aducción significa un gasto importante para los vecinos de Peñablanca y podría ocasionar más problemas si la situación se prolonga. El alcalde de Cabildo, Patricio Aliaga, no ha tomado medidas al respecto.

Este relave abandonado hace tres años, habría empezado a funcionar alrededor de 2007 y contiene una pasta proveniente de los desechos de la explotación de cobre sulfurado para convertirlo en concentrado de cobre, constituyendo un peligro inminente por los contenidos tóxicos no retirados.

Dueños del relave 4 Las Cenizas

Pocos habitantes de Peñablanca conocen a la empresa dueña del Tranque 4. El directorio de la Minera Las Cenizas está presidido por Juan Ignacio Langlois, fundador de la financiera Tyndle, y tiene como vicepresidente a Rodrigo del Fierro. Tiene faenas mineras en Cabildo y Taltal. La minera ha repartido donaciones logrando que tanto la junta de vecinos de Peñablanca como algunas personas se encarguen de lavar la imagen de la empresa, restándole importancia al peligro en que viven.

Los hechos relatados configuran una situación de sumo estrés para la mayoría de la población. Ante ello el movimiento local “No más relaves” está realizando gestiones para denunciar y exigir el retiro del material. En el ámbito municipal sólo el concejal y docente Sebastián Carvajal los apoya y es sensible al tema. También lo hacen la Fundación Humedales y la diputada por el distrito Sofía González. La parlamentaria plantea que debe generarse un amplio radio de protección de estas familias. Además del daño ya producido hay una posible afectación a la agricultura y daño a los animales, así como las consecuencias para sus vidas, si reventara el relave, especialmente dada la presencia de personas mayores con inmovilidad o enfermas, que sería muy difícil de evacuar en una catástrofe de ese tipo.

El MAT, Movimiento por el Agua en los Territorios, expresa su apoyo y solidaridad quienes enfrentan la situación y exige a las autoridades de la región competentes en el tema, adoptar en forma urgente las medidas necesarias para proteger a la población. Al igual que lo que ocurre en otros territorios con relaves, la organización local no cuenta con recursos que le permitan fortalecer la defensa de Peñablanca que tuvo una buena calidad de vida hasta la instalación de los relaves de la Minera Las Cenizas.

Movimiento por el Agua en los Territorios (MAT)
https://resumen.cl/articulos/relave-de-minera-las-cenizas-dejo-a-penablanca-sin-agua-potable-tras-lluvias-de-julio