Resumen 28/02/2024
En noviembre de 2023 la empresa REE UNO SpA fue condenada por el Juzgado de Policía Local de Penco a pagar $14 millones por talar eucaliptos en «El Cortijo II» sin plan de manejo. La empresa -que apeló a la condena- hoy se expresa como minera Aclara y está tras el proyecto que pretende extraer tierras raras en los cerros de la comuna.
Por J. Arroyo Olea
Corría febrero de 2021 y la Corporación Nacional Forestal (CONAF) ingresaba al Juzgado de Policía Local (JPL) de Penco una denuncia por corta no autorizada. Concretamente, en el escrito -el cual fue revisado por RESUMEN– denuncia la «corta de bosque efectuada sin previo Plan de Manejo aprobado o registrado por al Corporación Nacional Forestal (corta no autorizada), ejecutada en el predio El Cortijo II, de la comuna de Penco».
La denuncia se formuló, en ese momento, contra Forestal Arauco y REE UNO SpA. La primera, conocida empresa extractiva de la región relacionada a la explotación de plantaciones forestales; la segunda, la empresa que ha pasado por distintos dueños y que cuenta con miles de concesiones mineras en el Biobío, y que hoy -en manos de Hochschild Mining- protagoniza el conflicto por la explotación de tierras raras que se pretenden hacer en la comuna, funcionando bajo el nombre artificial de «Aclara«.
Fue en diciembre de 2020 cuando CONAF verificó una infracción, que fue posteriormente judicializada, desarrollada en un «sector que corresponde a plantación de Eucalyptus globulus, de la cual se obtuvieron según cálculos técnicos 319,2 metros ruma, cuyo valor unitario (por metro ruma) es de $23.000, dando un total de $14.683.200 equivalente al doble del valor comercial», indica la denuncia del organismo.
Así las cosas, la denuncia de CONAF apuntaba contra Forestal Arauco en su calidad de propietaria, como también a REE UNO quien, en ese momento, «se encuentra, de manera pública y notaria, efectuando labores de sondaje en la propiedad (…) que es quien realizó el escarpe y corta necesario para sus labores», indica el texto.
En el acta del informe técnico, fechado al 26 de enero de 2021 -más de un mes después de la fiscalización-, se señala que la inspección de CONAF se desarrollaba en el marco de la «evaluación ambiental del proyecto BioLantánidos», indicando que «la plantación fue afectada por un fuego intenso, constatándose la existencia de árboles calcinados en algunos sectores», y que «gran parte de la superficie intervenida, había sido reforestada con eucalyptus nitens».
Sin embargo, el órgano estatal indicó que al menos 2,3 hectáreas no fueron reforestadas, las cuales correspondían a «la construcción de fajas de escarpe empleadas para la prospección del mineral» apuntando al rol de la empresa minera, y señalando que a partir de revisión satelital «la intervención del bosque quemado se habría iniciado en agosto de 2018 hasta el 26 de febrero de 2019».
En concreto, el acta de CONAF apunta al impacto negativo de la no reforestación que «constituyen pérdida de cobertura forestal e incremento de la ocurrencia de procesos erosivos del suelo» y, además, a la realización de corta de plantaciones forestales «sin plan de manejo autorizado por CONAF».
El proceso judicial ha sido extenso -cruzado por la reconfiguración de estos en general durante la pandemia de Covid-19-. En diciembre de 2021, el abogado representante de la empresa minera ingresó al JPL de Penco un escrito donde señalaba que «entre los meses de junio y julio de 2018, mi representada realizó, en sectores específicos, una corta de la plantación existente en el inmueble denominado ‘El Cortijo 2’, de propiedad, en ese entonces, de la empresa Forestal Arauco S.A.», la cual tenía como objetivo «realizar labores de mapeo geológico, construir caminos para movimiento y traslado de máquina de perforación sónica, y realizar la perforación sónica propiamente tal».
REE UNO señalaba que la superficie cortada correspondía a 0,65 hectáreas, además de plantear que intervino en otros sectores del predio entre junio-julio de 2018 y abril-mayo de 2020, «pero en estos sectores no hubo corta (…) ya que en esos sectores la plantación ya se encontraba cortada, o se traba de tareas de despeje en caminos preexistentes».
En ese momento, la empresa minera indicó que las intervenciones fueron realizadas con autorización de Forestal Arauco. Por otro lado, informó que el predio en cuestión contaba con plan de manejo «pero éste no se encontraba actualizado», además de afirmar que en noviembre de 2020 REE UNO adquirió el predio «El Cortijo II» junto a otros inmuebles de Forestal Arauco.
Entre las defensas de la minera, se establece el ítem «Falta de culpa», señalando que la denuncia no podría ser acogida «ya que en la especie no se puede formular un reproche de culpabilidad», además de enfatizar en que, al contar con autorización de la entonces propietaria del predio, esta «suponía que desde el ángulo de la regulación sectorial forestal, se encontraba todo en orden».
De igual forma, el escrito de REE UNO SpA apelaba a la prescripción de la infracción, debido a que la corta en que acepta su responsabilidad la empresa habría sido realizada entre junio y julio de 2018.
El proceso judicial vivió un punto de inflexión luego que Forestal Arauco solicitara «nulidad de lo obrado», debido a que se consideró de parte de su defensa que «su representada no ha sido correctamente emplazada en la causa» al no dirigirse contra el representante legal vigente para ese momento, cuestión que fue admitida por el JPL de Penco y fijándose para fines de junio de 2022 el «comparendo de contestación, conciliación y prueba» tras la anulación de lo obrado.
El proceso siguió su curso. Mientras REE UNO sostenía parte de los argumentos anteriores respecto a su postura frente a la denuncia de CONAF, Forestal Arauco informó que desde 2015 mantenía negociaciones con la minera «respecto de la futura venta de diversos inmuebles de su propiedad».
En su contestación de la denuncia, Forestal Arauco señaló que su conducta «no se encuentra en ninguna de las normas legales que se denuncian infringidas». Además, emplaza a CONAF al plantear que carece de lógica la denuncia cuando el mismo organismo «reconoce haberse consumido como consecuencia de un incendio forestal», y apuntando a REE UNO por la realización de escarpe y corta necesaria para trabajos mineros.
No fue sino hasta el 15 de noviembre de 2023 que el Juzgado de Policía Local de Penco resolvió rechazar la denuncia contra Forestal Arauco, pero aceptarla contra REE UNO SpA. En este sentido, la minera fue condenada a pagar una multa de $14.683.200 a beneficio municipal «por infracción al artículo 21 del DL 2.595», indica el escrito.
La condena fue finalmente notificada a las partes el 20 de noviembre de 2023 vía correo electrónico, siendo apelada por la empresa minera el 24 de noviembre del mismo año. Sin embargo, este medio constató que en el detalle de la causa figura el ingreso del recurso a la Corte de Apelaciones de Concepción el 4 de enero de 2024, toda vez que la apelación fue derivada por el JPL de Penco.
En un escrito presentado seis días después de ingresarse el recurso a la Corte de Apelaciones, Rodrigo Padilla Bernedo, abogado en representación de la empresa minera, presentó un documento solicitando que se digitalizara a color el recurso de apelación luego que éste fuera enviado en blanco y negro, por lo que «no se ha remitido copia fiel del recurso interpuesto por esta parte», señala el documento.
Al cierre de esta edición, el último movimiento registrado en la carpeta se realizó el 13 de febrero de este año, siendo una constancia de digitalización.
El vínculo entre REE UNO SpA y Aclara
¿Conoce el nombre «REE UNO SpA«? Quizá no ha sido tan difundido, pero cumple un rol esencial en el conflicto que se vive en Penco ante el interés de explotar tierras raras en los cerros de la comuna. Y es que REE UNO SpA es la empresa «originaria» que posee miles de hectáreas de concesiones mineras en la región del Biobío, lo cual ya fue informado por RESUMEN en 2019 a partir de información entregada por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA (puedes ver la información acá).
Conocer esto es de suma importancia, ya que REE UNO SpA ha sido la empresa cuya propiedad ha ido circulando entre el empresariado nacional y transnacional en distintos momentos del conflicto que se vive en Penco producto del interés por explotar tierras raras. Hoy, su dueña es la empresa Hochschild Mining, la cual llevó al proyecto minero a cotizar a la bolsa de valores de Toronto bajo el nombre de Aclara Resources.
Asimismo, REE UNO SpA ha actuado como titular de los proyectos sujetos a tramitación ambiental desde 2016, como también en las gestiones de patentes municipales o contratos relacionados tanto a Casa Aclara en Penco como también para la planta piloto ubicada en San Pedro de la Paz.
Sin embargo, en la práctica, en Chile, Aclara es un nombre de fantasía. En una respuesta entregada a este medio vía transparencia, la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) señaló que «‘Aclara Resources’ corresponde al nombre de fantasía de ‘REE UNO SpA’ (razón social), cuyo RUT es 76.181.614.4″. En este sentido, Aclara se constituye como el nombre reconocido y vinculado directamente con REE UNO SpA.
Referencia a artículo con fotos en https://resumen.cl/articulos/minera-de-tierras-raras-en-penco-esta-condenada-por-explotar-plantacion-forestal-sin-plan-de-manejo
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