Chile

Trabajadores de Minera Escondida llaman a paro nacional y exigen fin del toque de queda

Por Gianni Davila

El Sindicato Nº1 de Trabajadores de Minera Escondida, tomó la decisión de iniciar un paro y de esta forma sumarse a las movilizaciones que ocurren en el país.

En el comunicado enviado a los trabajadores, mencionan el precario sistema de AFP, indicando que el dinero lo aprovechan los bancos y distintas Empresas.

Además, también se menciona el alto costo de la salud en el país, el cual es inaccesible para algunas personas.

El Sindicato Nº1 de Minera Escondida, es el más grande de la minería privada y hace el llamado a las otras mineras a “paralizar toda la minería de Chile, hasta que se retiren las fuerzas militares y opresoras de las calles”.

Para concluir, hacen el llamado a las autoridades del gobierno a poder dialogar luego de que realicen las acciones antes mencionadas.

Chile

Minera Los Bronces podría generar más de 3% de todas las emisiones de carbono de Chile

El impacto de la mina subterránea podría ser catastrófico para Chile, país anfitrión de la COP 25 en diciembre. Según una investigación realizada por el medio de investigación británico DeSmog -y que INTERFERENCIA reproduce en exclusiva para Chile- la multinacional ha evadido el escrutinio público al financiar a grupos medioambientales locales y a la municipalidad de Lo Barnechea.

“Este proyecto representa un riesgo para el suministro de agua potable de Santiago y sus áreas silvestres”, comenta Ezio Costa, director ejecutivo de la ONG de justicia ambiental FIMA, sobre el proyecto de expansión subterránea de Los Bronces. De llevarse a cabo, asegura, “ellos no estarían considerando el impacto sobre el sistema climático global, arriesgando los compromisos de Chile en este tema”.

La minera británica Anglo American presentó en julio de este año el estudio de impacto ambiental para este proyecto de US$ 3.000 millones, ubicado a sólo 52 km de donde Chile recibirá al mundo para la próxima reunión anual sobre la crisis climática organizada por la ONU, conocida como COP25, a celebrarse en diciembre en Santiago.

 

Continuar esta noticia en el siguente link:https://interferencia.cl/articulos/minera-los-bronces-podria-generar-mas-de-3-de-todas-las-emisiones-de-carbono-de-chile?fbclid=IwAR1htBjFZqenRdWT8WgNNtLw6AjZDbfZU1ZDxWzgJe93vcGVNoe8sQlJtKI
Chile

Se suspende comisión de Minería que votaría proyecto de glaciares

Senadores decidieron otorgarse una semana para explorar puntos de encuentro por glaciares

Si bien la Comisión de Minería estaba citada para hoy para analizar y votar el proyecto de glaciares y las indicaciones que presentó el Ejecutivo, la sesión se suspendió.

Formalmente se señaló que no hubo quórum o asistencia suficiente de senadores porque algunos de sus integrantes estaban fuera de Chile y no pudieron ser reemplazados por pares de sus partidos que ya estaban en otras comisiones, pero lo cierto es que la gran distancia entre oposición y Chile Vamos respecto de este tema, los llevó a aplazar la cita.

Fuentes parlamentarios explicaron que los bloques decidieron otorgarse una semana para que los equipos técnicos exploraran alguna posibilidad de llegar a acuerdo en torno a esta controvertida iniciativa.

No obstante los mismos senadores expresaron su escepticismo respecto de la alternativa de lograr puntos de encuentro, porque las indicaciones propuestas por el Ejecutivo distan mucho de la esencia del proyecto.

En términos generales, el texto original protege los glaciares y todo su perímetro periglacial y del permafrost, como reserva estratégica de recursos hídricos, evitando la realización de actividades económicas. Mientras que las indicaciones propuestas por el gobierno permiten la explotación de lugares cercanos a glaciares, previo informes de los reguladores correspondientes.

 

Fuente:http://www.derechoalagua.cl/2019/10/11/se-suspende-comision-de-mineria-que-votaria-proyecto-de-glaciares-2/

 

Chile

El dilema del agua, los glaciares y la minería. ¿Hasta cuándo?

Camilo Hornauer y Carolina Ruiz de Fundación Plantae nos comparten hoy una columna que habla acerca de la expansión minera y el riesgo que esta impone sobre los glaciares, abriendo la interrogante de si será hora de cambiar el modelo de desarrollo por uno acorde a los tiempos y realidades de hoy

El pasado 19 de julio, la minera Anglo American ingresó a tramitación el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de su proyecto de expansión “Los Bronces Integrado” en la cordillera de la Región Metropolitana, y a solo 40 kilómetros de la capital. Esto a pesar de que se emplazará -a todas luces- en medio de ecosistemas frágiles y necesarios para el territorio donde habita un 40% de la población del país, más precisamente en la parte alta de la cuenca de los ríos Mapocho y Colorado, este último el principal afluente del Maipo.

Como queda demostrado en el propio documento del EIA, el proyecto tendrá faenas parciales en un área protegida, el Santuario de la Naturaleza de Yerba Loca, y en zonas colindantes con glaciares rocosos, cubiertos y blancos como el Bien Nacional Protegido Rio Olivares. En concreto, la compañía incluirá faenas subterráneas (660 m profundidad promedio) con “tecnología sustentable” y una expansión del actual rajo abierto, que supuestamente no afectará los glaciares.

 

Si nos vamos al detalle y en concreto a la afectación de glaciares, vemos que poca importancia le dan a la escasa distancia de las operaciones con los glaciares infiernillo y observatorio (que por ser del tipo “Glaciares cubiertos”, pudieran no verse a simple vista) que se podrán ver duramente afectados por la evidente generación de polvo y material particulado, las vibraciones de procesos, maquinarias y tronaduras y la filtración de agua desde los mismos glaciares en la fase subterránea. Y esto no es algo que nosotros simplemente creemos, los daños históricos en glaciares, como en el infiernillo, han sido documentados por varios estudios entre 1992 y 2010, y confirman que el impacto de estos proyectos es real.

Detalle del proyecto de Expansión de Minera Los Bronces.

Si ampliamos aún más el foco, también nos encontramos con que la expansión pasará muy cerca de un Bien Nacional Protegido poniendo en riesgo los glaciares Olivares Alfa y Beta los cuales registran las mayores reducciones de superficie de la zona central de Chile. Estos glaciares se encuentran inmediatamente al norponiente de la explotación Los Bronces y Andina (de CODELCO), donde con vientos del noreste, es evidente la deposición de polvo y partículas. Una situación que no debiera ser despreciable si consideramos que estos glaciares contienen la mayor reserva de agua dulce de la región Metropolitana.

Con esto surge la duda y la preocupación de si las figuras de protección por si solas son suficientes o si requerimos de miradas e instrumentos más integrales a escala territorial para hacer conservación. En este sentido, que se sigan gestando esta clase de mega proyectos nos hace pensar que los esfuerzos de conservación aislados, como los BNP o las áreas protegidas, no son suficientes si a su alrededor se desarrollan industrias extractivas y energéticas con evidentes impactos y que, en este caso, quieren ampliarse de forma subterránea intentando convencer que de esta manera lograran la anhelada sustentabilidad. Lo más aterrador de todo esto, es que esta intención es en rigor un derecho que le otorga la ley minera a los titulares la cual les transfiere total soberanía bajo el subsuelo dotándoles de un poder que es absoluto.

Con lo anterior, queda claro que el derretimiento acelerado de los glaciares, atribuible en gran medida al cambio climático, ya no es la única amenaza para las reservas de agua de esta zona, ahora lo es también su mala gestión e incipiente protección.  La expansión minera y el riesgo que ésta impone sobre los glaciares y el agua de la alta cuenca del Rio Olivares y Mapocho (Santiago) es evidente, y lamentablemente se mantendrá latente mientras no se modifique nuestra arcaica legislación y no se materialice una protección y planificación efectiva del territorio por parte del Estado.

Por dar algunas cifras, según Sernageomin, en las cuencas Olivares y Colorado, solo Angloamerican cuenta con al menos 75 concesiones (de exploración y explotación) lo que corresponde a aproximadamente 12.000 hectáreas, de las cuales una fracción de ellas están inmediatamente bajo glaciares. La dimensión del interés y potencial minero de este territorio quedan confirmados al contabilizarse más de 200 concesiones de explotación y aproximadamente un 50% de la superficie de este territorio con algún tipo de concesión (ver foto 3).

Resulta curioso además que Aes Gener, una empresa generadora de energía y dueña de Alto Maipo, tenga gran cantidad de concesiones mineras otorgadas a su nombre (compradas a Aguas Andinas según convenio de junio 2011) principalmente en el cauce del rio Colorado. ¿Será acaso qué el código minero es usado también como mecanismo para llevar a cabo otros fines? Esto nos hace pensar que si hidroeléctricas y sanitarias también poseen concesiones mineras, lo que involucra una afectación sobre el recurso agua, la dimensión y gravedad del impacto es enorme para la soberanía sobre nuestros recursos naturales, imprescindibles para nuestra vida y para la sustentabilidad del desarrollo.

Principales empresas con Concesiones Mineras en el BNP Rio Olivares y la propiedad pública del Rio Colorado.

De concretarse la expansión minera en los territorios antes mencionados, no solo se estaría contribuyendo al deterioro y derretimiento acelerado de los glaciares, sino que además se les estaría entregando en bandeja las aguas que pudieran caer en su propiedad. Si, leyó bien, porque de acuerdo al código de agua de 1981 y al de minería de 1983, quienes sean titulares de una concesión minera tendrán el derecho de aprovechamiento de las aguas halladas en sus labores mientras sean utilizadas para sus trabajos de exploración y explotación. Un “beneficio legal” pensado justamente para fomentar la actividad minera sobretodo en el norte donde la disponibilidad de este bien preciado es escasa. Actualmente en la reforma al código de agua se busca regular el uso de este derecho, el cual se les seguiría otorgando con la salvedad de que el titular deberá justificar a la DGA que efectivamente están haciendo uso de estas aguas en sus faenas. Sin embargo, dado el escenario actual de escases hídrica que azota nuestro país – y fuertemente a la RM – pareciera ser que esta medida sigue siendo bastante débil, descontextualizada e insuficiente.

Todo lo anterior parece irónico cuando se contrasta con los resultados entregados por el Instituto Mundial de Recursos Hídricos (WRI), a un mes del ingreso del SEI del Proyecto de expansión de los Bronces, el cual sitúa a Chile en el lugar número 18 del ranking global de países con estrés hídrico lo que significa que nos encontramos en riesgo alto de vivir una gran crisis, lo que significa alta vulnerabilidad. Sumado a esto, Fundación Chile en su informe “Transición Hídrica: El futuro del agua en Chile” posiciona a la región Metropolitana en una situación extremadamente alta.

Para seguir sumando, el propio Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia (CR2) y la Dirección meteorológica de Chile (DMC), confirman la megasequía en la zona central de Chile, que se extiende por al menos 10 años, alcanzando para este año, al mes de julio, un déficit anual del 72% en las precipitaciones, y que está generando bajas en los caudales del rio Maipo en un 50% (mínimos históricos el año 2019). Y como si fuera poco, y en pleno invierno, el Ministerio de Agricultura acaba de decretar emergencia agrícola en la zona y desde el gobierno anuncian la creación de una mesa nacional de la sequía.

Con estos antecedentes, parece lógico pensar que los glaciares y su protección toman un rol absolutamente clave. ¿Tendrá sentido proyectar y operar un proyecto de extracción minera en estos territorios por las próximas décadas poniendo en riesgo un ecosistema que provee de agua a los 7 millones de personas que viven aguas abajo, y pudiendo afectar negativamente al Santuario de la naturaleza Yerba Loca y los glaciares que alberga el Bien Nacional Protegido Rio Olivares?

A nuestro parecer la respuesta es que por ningún motivo se debe aceptar mas proyectos en este territorio, y esto validado también por la ciudadanía, quien se encuentra tremendamente preocupada. La empresa propietaria de los Bronces y su proyecto de expansión recalca que ha invertido varios años de trabajo con comunidades.  Sin embargo, no han logrado convencerlos a todos ya que actualmente vecinos del sector de Farellones están llamando a través de sus redes sociales para movilizarse en contra de este proyecto y defender los glaciares. Una lucha difícil de dar dado el maratónico plan de audiencias de Anglo American, que según el portal infolobby registra en lo que va del año 140 audiencias, siendo éstas realizadas con servicios públicos, instituciones y ministerios, muchos de los cuales deben manifestarse en la evaluación ambiental del proyecto de expansión. Angloamerican es el top 1 del país en lobby.

Información audiencias y reuniones por ley de lobby en el último año.

Si vamos resumiendo, la cordillera de Santiago está viendo amenazada sus aguas y por ende nuestra seguridad hídrica, tenemos un “saludo a la bandera” con la conservación de ecosistemas frágiles y un precedente impresentable sobre la vulnerabilidad directa de un área protegida e indirecta de un Bien Nacional Protegido. Y, por otro lado, proyectos mineros con alto nivel de lobby y escaso o nulo apoyo ciudadano.

Al mismo tiempo que entra este EIA minero al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), ocurren otros tres importantes hitos para la institucionalidad ambiental y que consideramos pertinente mencionar. Por un lado, se discute el Proyecto de ley sobre protección de Glaciares y por otro lado se vota en el Senado la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y se intenta reformar el SEIA.

Según lo que se pudo observar en una de las últimas sesiones de la comisión de energía y minería del senado sobre la Ley de protección de Glaciares, hay presión minera y del propio ministerio de la cartera por limitar sus contenidos, definiciones y restricciones, e incluso relativizar su pertinencia y existencia. En simple, estamos frente a un Gobierno que no está de acuerdo con el proyecto de ley porque no quiere dificultar el camino a la actividad minera, y se escuda diciendo que conservación y minería son compatibles, y anteponiendo argumentos relativos al efecto en el empleo y la merma en los ingresos que ocasionaría la promulgación de esta ley. Esta postura viene a confirmar y mantener abierto el camino, no solo para que mineras emplazadas en áreas de alto valor de conservación (por ejemplo, aquellas cercanas a fuentes de agua) sigan operando, sino que permite la futura expansión de sus operaciones, nuevos proyectos y prospecciones en casi cualquier territorio.

La ciudadanía, al mismo tiempo que comienza a desconfiar del mito que la minería es el “Sueldo de Chile”, plantea legítimas dudas sobre los potenciales impactos de algunos proyectos mineros sobre los glaciares, áreas protegidas y ecosistemas cordilleranos, así como de la robustez y confiabilidad del actual Servicio y Sistema de Evaluación Ambiental (SEA y el SEIA respectivamente) en su tarea de preservar nuestro medio ambiente y la biodiversidad.

Es por ello que la declaración de nuevas Áreas Protegidas Oficiales -que incluyan Glaciares- se perfila como una medida real y urgente para la zona central de Chile, siempre y cuando contemple además la implementación de medidas accesorias, pero muy relevantes, como declararlas áreas de interés científico para efectos mineros – que traspasa la responsabilidad del Intendente al Presidente de la República para aprobar el uso minero dentro de estas áreas – y que se considere en su diseño zonas buffer para protegerse de externalidades generadas por industrias colindantes. Sin embargo, la real y anhelada solución sería que con el solo hecho de que un territorio tenga una categoría protegida se prohibiera explícitamente el ingreso de la minera dentro y alrededor de estas.

De modo general, la existencia de Parques Nacionales y el uso de infraestructura verde, son medidas fundamentales de mitigación y adaptación ante el cambio climático y un escenario de escasez hídrica. El gobierno debe involucrarse y hacerse cargo de su responsabilidad, pero con una visión holística, coherente e integrativa con las comunidades.

Número y superficies de glaciares en las áreas protegidas del SNASPE.

En paralelo al despertar ciudadano en lo que refiere a materias ambientales, su importancia y urgencia, y la necesidad de involucrarse ante el escaso compromiso del Estado y el desmesurado interés económico, resuenan cada día con más fuerza las iniciativas civiles que intentan cuidar y preservar estos territorios de montaña y sus recursos. Un objetivo necesario a seguir empujando y presionando -con argumentos científicos y con base en lo socioambiental- desde la ciudadanía y las ONGs debe ser redefinir el código minero y el código de agua, ambos instrumentos que no hacen otra cosa que prolongar la agonía del país y amenazar nuestra propia supervivencia. Asimismo, deben buscarse soluciones basadas en la justicia ambiental o ecológica, y en un entendimiento más profundo y ético de nuestra relación con la naturaleza.

Vemos que las autoridades enfrentan la megasequía desde una óptica cortoplacista y asistencialista, con un foco claro en infraestructura gris y tecnificación, con subsidios parche y con un claro interés en seguir aumentando los suelos agrícolas regables y otras actividades económicas con alta demanda de agua, continuando de paso con la privatización del agua. No parece razonable ni ético que, en estos días, estando en una situación de crisis hídrica alarmante, el Estado siga rematando más derechos de agua para el desarrollo de actividades económicas privadas, con un sobreotorgamiento del recurso, como el reciente caso del Rio Renaico.

En todo caso, aunque la tecnificación, la racionalización, la concientización sobre su consumo y la infraestructura son obligatorias como estrategias para la gestión del recurso, es impensable e inaceptable que el gobierno no vaya al origen, a la naturaleza misma del agua, entendiendo su ciclo, y a cuidar su fuente y a priorizar el consumo humano, que es un derecho, por sobre el uso industrial.

Es seguro que se intentará desviar la atención de la ciudadanía alejándola del real origen del problema y de las estrategias de mitigación más acertadas, y se presentarán como brillantes soluciones las carreteras hídricas y el bombardeo de nubes, o poner énfasis en la responsabilidad a la ciudadanía (y no en la agricultura e industria) como se insinúa con la cuestionada campaña “dúchate en 3 minutos”. Todas estas iniciativas son a nuestro juicio incoherentes y no atacan el problema de raíz.

Mina Los Bronces, a 40 km de Santiago. Al fondo al centro cerro La Paloma y a la izquierda Cerro Negro.

En el escenario actual de cambio climático donde se constata un severo estrés hídrico y donde la institucionalidad ambiental y el modelo económico están en crisis ¿qué opción nos queda?, ¿Estamos suficientemente informados de los proyectos que se están perfilando a solo kilómetros de nuestros hogares y sus consecuencias?, ¿Nos damos cuenta que estos proyectos están amenazando nuestros derechos, como es el agua y una naturaleza libre de contaminación?, ¿Actuamos en coherencia cuando vemos que nuestros territorios y recursos son sacrificados por el mero interés económico?, ¿No será hora de cambiar el modelo de desarrollo por uno acorde a nuestros tiempos y realidad? ¿Qué opina Ud?

Si quieres hacer seguimiento a la evaluación del EIA de los Bronces, ingresa aquí.

 

Fuente:https://www.theclinic.cl/2019/10/03/el-dilema-del-agua-los-glaciares-y-la-mineria-hasta-cuando/?fbclid=IwAR3Pd-r5Kal0nsZnwDD6zEcl5opRvck_KnkLq6NLOMdlw7YVqNOjG2YCPrc

Chile

Encuentro Regional: Crisis Climática, Transición energética y Extractivismo Minero en América Latina

El Encuentro de carácter internacional, denominado Crisis Climática, Transición energética y Extractivismo Minero en América Latina, se efectuó los días 27 y 28 de octubre en Santiago de Chile, organizado por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), War on Want y Mining Watch Canadá.

Como actividad precedente a este encuentro, se realizó un foro abierto al público en el Auditorio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, para alertar de los avances del extractivismo y la intensificación de la minería a nivel latinoamericano, bajo el discurso de las nuevas tecnologías verdes. La convocatoria a ambas actividades se realizó a través del siguiente comunicado:

“La minería, al igual que otros extractivismos como la obtención de hidrocarburos, es una de las actividades más contaminantes y contribuyentes al cambio climático, sin embargo esta estrecha y directa relación no siempre es evidente y a menudo se invisibiliza. Pero pese a ésto la gran minería, e incluso la expansión de la frontera extractivista minera, pretende posicionarse como parte de la solución a la crisis climática en el marco de las soluciones promovidas a nivel internacional basadas en nuevas tecnologías y no en un cambio profundo al patrón global de producción y consumo. A fines de este año en Chile se realizará el 41° encuentro anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) seguido por la 25 Conferencia de las Partes de Naciones Unidas (COP25). Estos espacios internacionales promueven soluciones a la crisis climática en base al capitalismo verde y una transición energética a través de la electromovilización, que requiere un alto nivel de ‘nuevos’ minerales tales como el litio, el cobalto, las tierras raras, entre otros. Esta reconversión a la electromovilidad ha agudizado aún más los conflictos socioambientales en los territorios donde son extraídos estos elementos y en donde ya existía una desregulada actividad minera. Las comunidades indígenas y campesinas que las habitan y resisten son quienes viven los perjuicios en sus quehaceres cotidianos y de sustento, así como en la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas. Ésto en el marco de una advertida conflictividad socioambiental por la profundización del modelo extractivista minero.”

Ante la inminencia de esta problemática regional y la necesidad de articular con diversas organizaciones que se encuentran involucradas en esta materia, el Observatorio de Ecología Política de Venezuela (OEP) acude a la convocatoria del Encuentro Internacional, para compartir las experiencias propias de Venezuela, en el panel denominado “Extractivismo Minero y Resistencias Comunitarias”. La presentación estuvo a cargo de Vanessa González, miembro del observatorio, quien expuso una fotografía de la situación en torno a los conflictos socioambientales existentes en el país y el avance de la minería en Venezuela, haciendo un recorrido por las formas de asimilación del petróleo hasta desembocar en la intensificación de la minería con el avance de sus fronteras, y las políticas públicas que lo sustentan. Se hizo énfasis en la creciente injusticia climática, desigualdad socioambiental y vulneración de derechos tanto humanos como de la naturaleza en estos territorios; el caso del Arco Minero del Orinoco fue un ejemplo visible de ello. También se hizo mención de las organizaciones sociales y de los pueblos que se encuentran resistiendo a las problemáticas.

El encuentro generó un debate amplio en torno a la crisis climática y el extractivismo minero, la justicia climática, las resistencias comunitarias y las estrategias necesarias para una transición post extractivista en nuestra Región Latinoamericana. Como producto final se generó una declaración que será ampliamente difundida por diversos medios.

 

Entre las organizaciones que participaron, se encuentran las siguientes: Asamblea en Defensa del Elki (Chile/Elqui), Acción Ecológica (Ecuador/Quito), Asamblea por el Agua del Guasco Alto (Chile/Huasco), Belén dice NO a la minería (Chile/Arica), CENSAT Agua Viva (Colombia/Bogotá), Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) (Bolivia/Cochabamba), Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM) (El Salvador/ San Salvador), Centro Ecológico Churque (Chile/Santiago/Lo Barnechea), Codemaa (Chile/Atacama), Comunidad Indígena Diaguita Patay Co (Chile/Huasco), CooperAcción (Perú/Lima), Coordinadora Penco-Lirquén (Chile/Penco-Lirquén), Coordinadora por la Defensa del Río Loa y la Madre Tierra (Chile/Calama), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) (Argentina/Buenos Aires), London Mining Network (Reino Unido/Londres), Mega Comunal de Turismo Monte Patria y Limarí (Chile/Monte Patria – Limarí), Mining Watch Canada (Canadá/Ottawa), Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL) (Chile/Santiago), Observatorio Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZAC) (México/Zacatecas), Observatorio de Ecología Política de Venezuela (OEPV) (Venezuela/Caracas), Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) (Chile/Santiago), Observatorio Plurinacional de Salares Andinos (OPSA) (Chile/Atacama), Putaendo Resiste (Chile/Putaendo), Red de Afectados por la Vale (Brasil/Minas Gerais, Brumadinho), Red de Mujeres El Loa (Chile/Calama), War on Want (Reino Unido/Londres).

 

Fuente:http://www.ecopoliticavenezuela.org/2019/10/11/encuentro-regional-crisis-climatica-transicion-energetica-extractivismo-minero-america-latina/?fbclid=IwAR2XYJIcXd5WZedCuwQ5MSX-ET5i6n4uiN31wEgKmYhV7ZkqOwb64cNv59o

Chile

El lobby detrás de Ley de Glaciares: el proyecto que vive en estado de congelamiento perpetuo

Seis de los siete proyectos de ley que han buscado proteger las reservas de agua dulce –contenidas en los más de 2000 glaciares que se encuentran en Chile– han fracasado rotundamente. El derrotero ha sido el mismo en los gobiernos de Bachelet y de Piñera. Los parlamentarios, que en diferentes años y contextos han presentado las mociones, atribuyen la responsabilidad en el fracaso de los proyectos al intenso lobby que ha impulsado el sector minero con gestores de interés del mundo público y privado. Hoy, sin embargo, la minería está preocupada. Tiene desconfianza de que la agenda COP del Mandatario termine por impulsar proyectos que irían en detrimento del crecimiento. La alta exposición a nivel internacional del Presidente Piñera lo ha llevado a asumir compromisos ambiciosos que hoy lo tienen entre la espada y la pared, entendiendo por espada a la sociedad civil y la comunidad internacional, y por pared, a algunos grandes empresarios.

Durante los últimos 14 años se han presentado siete proyectos que buscan dar protección a los glaciares de Chile. A excepción del que se tramita actualmente en la Comisión de Minería y Energía del Senado, todos han fracasado estrepitosamente.

Los ejercicios de lobby, desde antes de que existiera la Ley del Lobby, han hecho que las mociones parlamentarias, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado y de organizaciones socioambientales, chocaran frontalmente con un muro infranqueable: la oposición de la gran minería, representada por Consejo Minero (CM), la asociación gremial que reúne a las empresas mineras de mayor tamaño que producen en Chile, incluida Codelco.

«Nadie se atreve a enfrentarse a Codelco y a Luksic», es la frase escogida por excelencia entre los parlamentarios que han perdido la batalla, para explicar el éxito sostenido que han tenido gestores de intereses privados y públicos.

Durante los dos gobiernos de Michelle Bachelet, los proyectos de ley que se presentaron para proteger las reservas de agua dulce en Chile, compuestas por 2.215 glaciares, contaron con un sonado respaldo en periodo electoral y en los discursos para dar cuenta al país del estado de la nación. Ninguno llegó a puerto, es más, el propio Ejecutivo fue el impulsor de transformaciones en 180 grados a través de indicaciones sustitutivas, que convirtieron a los proyectos originales en su antítesis. En los gobiernos de Sebastián Piñera ha pasado exactamente lo mismo.

Si en el año 2004 la Presidenta Bachelet escuchó a las instituciones ambientales chilenas –que venían de denunciar la inminente destrucción de glaciares por el proyecto Pascua Lama de Barrick Gold– y asumió el compromiso de la protección del medio ambiente que dio origen al «Acuerdo de Chagal» y aun así no hizo nada por la presión de la minería, el devenir del Presidente Piñera sigue el mismo derrotero, pero la presión es mayor. Su alta exposición a nivel internacional, lo ha llevado a asumir compromisos incluso más ambiciosos que hoy lo tienen entre la espada y la pared, entendiendo por espada a la sociedad civil, y por pared, a algunos grandes empresarios.

«No tiene para nada la pista fácil el Presidente», reconocen desde La Moneda. Y es cierto. En Bachelet no existían movimientos globales con la fuerza de hoy ante el cambio climático, no se experimentó la escasez hídrica a la escala que se vive hoy, ni se enfrentó la mayor sequía de los últimos 40 años. Tampoco estaba bajo la mirada de todo el mundo, como sí lo estará el Jefe de Estado en diciembre, cuando se lleve a cabo en Chile la COP25.

Pero la mayor diferencia es que no tenía a los empresarios en contra. Hoy la minería siente temor de que el Gobierno se deje llevar por la agenda verde y se terminen promulgando leyes que vayan contra el crecimiento, la productividad y el empleo. No tienen confianza. «El tono político ha impedido el debate técnico», acusan. Por primera vez, el éxito sostenido que lograron con el lobby en los últimos 14 años para frenar la protección de las grandes masas de agua en estado sólido, ahora se siente amenazado. Como los glaciares.

Los frenos: del acuerdo de Chagal a la «bancada glaciar»

El primer proyecto que se presentó provino de una moción de la Cámara, impulsada por los diputados Leopoldo Sánchez, Antonio Leal, Arturo Longton y Roberto Delmastro. El proyecto, a través de un artículo único establecía la prohibición de ejecutar proyectos de inversión en glaciares, ni aún sometiéndose al sistema de evaluación de impacto ambiental.

«El proyecto no pudo seguir adelante porque hubo un lobby del mundo minero, del Consejo Minero, muy, pero muy grande», recuerda Antonio Leal. «En el fondo la derecha o sectores de la derecha lo que hicieron en ese momento fue crear una estrategia de ralentizamiento, una estrategia de que se fuera postergando al infinito. Claramente no había piso político».

A la par de esta iniciativa, que surgió luego que se levantara la oposición medioambiental al proyecto Pascua Lama –aprobado por la Conama– debido a que las faenas incluían el desplazamiento y/o deterioro de los glaciares Toro1, Toro 2 y Esperanza, en el Valle de Huasco, Región de Atacama, en el marco de un tratado binacional minero entre Chile y Argentina, grupos de ecologistas, liderados por Chile Sustentable, integraron la protección de los glaciares como una de sus demandas a los candidatos a la Presidencia de la República del 2005. Lograron con la entonces candidata Michelle Bachelet un acuerdo programático, el cual incluyó el compromiso de «proteger los glaciares y no aprobar su remoción y/o destrucción».

La iniciativa fue fuertemente resistida por el gremio minero, y una vez con Bachelet en el poder, el Gobierno de la Presidenta no la patrocinó. Entre las razones argumentadas por los mineros se esgrimió que los glaciares se sobreponían a las concesiones mineras y que los resguardos de la legislación ambiental de la época eran suficientes para proteger los glaciares.

El 2006 los senadores Antonio Horvath, Alejandro Navarro, Guido Girardi, Carlos Bianchi y Carlos Kuschel, presentaron un nuevo proyecto de ley, llamado Valoración y Protección de los Glaciares. También fracasó.

«Es que la resistencia, fundamentalmente de las mineras de la época, fue brutal», explica Bianchi. «En todo caso no es muy distinto a lo que pasa hoy día. Es más, en nada es distinto lo que existe hoy día, la única diferencia es que en ese tiempo no había una conciencia tan masiva de los costos que implica no proteger el medio ambiente».

En esta época, mientras en Chile la minería lograba imponer el criterio de producción sobre cualquier otra valoración, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático el 2007 daba sus primeros informes sobre nuestro país, en los que ya lo identificaba como una «zona crítica», donde «la disponibilidad de agua y la generación hidroeléctrica se verán mermadas seriamente debido a la reducción de los glaciares».

Al año siguiente se presentó un tercer proyecto, que establecía normas en resguardo de los glaciares, patrocinado por los senadores Guido Girardi, Nelson Ávila, Alejandro Navarro, Carlos Ominami y Roberto Muñoz. El destino fue el mismo.

«El buque insignia que frenó este proyecto, al igual que el del 2006, fue Codelco. Ana Lya Uriarte llegó a confesar que no podían enfrentar a la estatal.  Eso, porque «nadie se atreve a deshacer el sector minero en Chile. Nadie se atreve a enfrentarse a Codelco ni a Luksic», remata.

El último de los proyectos en fracasar fue el presentado en mayo de 2014 por los diputados Cristina Girardi, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Luis Lemus, Daniel Melo, Vlado Mirosevic, Andrea Molina, Leonardo Soto y Patricio Vallespín, conocidos como la «bancada glaciar».

El proyecto surgió tras una exitosa campaña de Greenpeace, que a través de un inserto en el influyente diario The New York Times fundó la República Glaciar, donde hace mención al hecho de que los glaciares no estaban incluidos en la legislación chilena, por lo que nada garantizaba su protección.

Luego de la moción de la «bancada glaciar», la entonces Presidenta Michelle Bachelet, en su segundo mandato, indicó en su primera cuenta pública del 21 de mayo que apoyaría el proyecto de ley. Un año después, sin embargo, el ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, presentó en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados un indicación sustitutiva. La ley había cambiado su sentido, ahora era pro minería y antiprotección de glaciares. Organizaciones de la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares demandaron al Estado de Chile ante la ONU por Ley de Glaciares, indicando que se ha pasado a llevar una serie de tratados que el país ha suscrito.

«El ministro Badenier parecía ministro de Minería y no del Medio Ambiente», recuerda el diputado Vlado Mirosevic.

Finalmente, el proyecto fue aprobado en la Comisión de Medio Ambiente y se traspasó a la Comisión de Hacienda, que bloqueó su tramitación y el proyecto pasó dos años más, sin ser puesto en tabla para su votación.

En junio de 2018, en el corto tiempo que alcanzó a estar como ministra del Medio Ambiente, Marcela Cubillos, en el segundo mandato de Sebastián Piñera, decidió retirarle el patrocinio del Gobierno al proyecto, indicando que los glaciares deben ser protegidos desde el sistema de áreas protegidas. Así lo mataron definitivamente.

El descontento del empresariado

El 2018, el senador Guido Girardi presentó la séptima moción que al poco tiempo coincidió con un cambio radical del discurso del Gobierno, luego que asumiera la realización de la COP25 en Chile.

Cuando uno de los principales gremios del país, la Sofofa, entregó la semana pasada al Presidente de la República el listado de proyectos que afectan el desarrollo de la economía, el de glaciares era uno de los 23 que constituyen parte de su arqueo.

El documento, titulado»Riesgos al crecimiento en la agenda legislativa», refiere que el proyecto se traduce en «limitar o arriesgar el desarrollo o ejecución de actividades productivas tales como la exploración y explotación minera e hidrocarburífera y la instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales que puedan afectar la condición natural de los glaciares, ambiente periglaciar y permafrost, o sus funciones de reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas, sin importar su tamaño o contribución hídrica y prescindiendo de los instrumentos de protección existentes, tales como el SEIA y SNASPE».

El líder de los empresarios, Bernardo Larraín, recalcó el martes, en un seminario de Sofofa y la Universidad del Desarrollo (UDD), que existe una serie de iniciativas donde el tono político ha impedido el debate, esto en relación con mostrarse «a favor o en contra» de ciertas propuestas de ley, especialmente las de la agenda verde.

«Hace unos días publicamos como Sofofa una agenda de 23 de estas mociones parlamentarias, todas con objetivos muy loables que apoyamos. Proteger glaciares, proteger humedales, proteger y garantizar el consumo humano de agua potable, entre otros bienes públicos. Pero cuyos instrumentos y contenidos consideramos que representan un riesgo para otros bienes públicos, como es el crecimiento, reactivar la inversión y la generación de empleo», apuntó el presidente de la Sofofa.

Larraín Matte puso sobre la mesa una idea que ha sido prácticamente inviable de «meter» en la agenda por parte de los privados: que regular el cuidado del medioambiente y de los bienes públicos que en ello inciden, no necesariamente pasa «por promulgar tantas leyes» y que más bien los privados están por fortalecer la institucionalidad existente y gestionarla mejor.

«Por qué entonces no modernizamos y fortalecemos, nos focalizamos en fortalecer la institucionalidad ambiental en vez de presumir que, por simplemente establecer una nueva regulación o bien un precepto constitucional, estamos mágicamente protegiendo ese bien ambiental que persigue esa iniciativa legislativa», comentó.

Los empresarios tienen  la convicción, a diferencia de años anteriores, de que el Gobierno ha hecho poco por intervenir desde el debate técnico estos proyectos.

La opinión generalizada es que el Ministerio del Medio Ambiente no tiene la profundidad para abordar estos temas, pero tampoco dotación ni presupuesto para hacerse cargo de iniciativas de esta envergadura.

En ese sentido, los cálculos de los asesores de compañías del sector industrial y minero, indican que lo que tiene más opciones de «salir» del horno es, precisamente, el proyecto de glaciares, que a ojos de los empresarios tiene, más que de la pluma del Gobierno –que ha intentado mediante indicaciones hacerle un guiño a la actividad económica–, la de parlamentarios con nombre y apellido. En este caso, de Guido Girardi.

El comentario obligado en el empresariado es que la poca intervención del Ejecutivo en la materia, la poca profundidad de la conversación ha implicado que, con toda lógica, el parlamentario haya aprovechado de avanzar con un proyecto que va en contra del desarrollo minero del país.

La desatención del Gobierno al debate –sostienen los privados–, ha dejado la cancha libre para que Girardi empuje la iniciativa antes de la COP25. De este modo, los cálculos de los actores del sector empresarial son que, sin mucho margen, este proyecto sí sea promulgado este año legislativo.

No se trata de mostrarse contrarios a la protección del medio ambiente, aseguran, sino que el Gobierno «defina la cancha donde tenemos que jugar y parece que el Gobierno y el Parlamento tienen criterios diferentes».

Así como está el proyecto, agregan, cambiará el horizonte del desarrollo de la minería en Chile.

«Las definiciones que da este proyecto de ley no se ajustan a las leyes internacionales. Se requiere de una asesoría técnica especializada que precise bien qué es lo que se quiere proteger. Si hacemos protecciones generales como las que estamos haciendo, estas se tornan en proyectos que van en directo detrimento del desarrollo de algunas actividades», sostuvo el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, ante la Comisión de Minería, poniendo sobre la mesa el punto que más irrita a los empresarios.

La ciencia y la COP25

Si bien la votación en la comisión sigue pendiente, luego que se suspendiera tras la ausencia de los senadores Alejandro Guillier y Yasna Provoste, este tiempo se ha aprovechado para presentar con más fuerza que antes las evidencias científicas, que ponen en contradicción la sobrevivencia de los ecosistemas y la disponibilidiad de agua en contra del crecimiento.

El senador Guido Girardi, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y autor de la Ley de Protección de Glaciares, junto al doctor en Química Francisco Javier Cereceda, profesor titular del Departamento de Química y director del Centro de Tecnologías Ambientales de la Universidad Técnica Federico Santa María de Valparaíso, afirmaron que “la actividad humana y la minería ya intervienen los glaciares y es imprescindible protegerlos si queremos contar con estas importantes reservas de agua para el futuro”.

Para ello presentaron el estudio “Determinación Óptica de Muestras de Concertación de Black Carbon en la Nieve, un Nuevo Método Analítico”, publicado este año y realizado por el profesor Cereceda junto a un grupo de científicos nacionales y extranjeros.

Cereceda señala que “desde 2003 junto a un equipo de científicos suizos monitoreamos diferentes cumbres y tomamos muestras de aerosoles –partículas que viajan desde las fuentes de emisión en la ciudad hasta la cordillera y se depositan sobre la nieve e impactan el glaciar–”.

“Los contaminantes de vida media corta como el black carbon se emiten por cualquier tipo de fuente, como quema de leña, vehículos, uso de carbón, y las corrientes de aire los trasladan hasta las altas cumbres y se depositan en la nieve. Por ser partículas negras absorben radiación infrarroja y aceleran el derretimiento del glaciar», detalla.

Asimismo, el científico explica que “también cambian el albedo –la radiación que reflejan las superficies blancas del planeta–, porque oscurecen la nieve y con ello incrementan el efecto invernadero y el cambio climático global”. “Estos contaminantes, que son metales pesados, hacen que el agua se congele no a 0° sino que a -5° o -10° y, por tanto, la isoterma cero se produce más arriba de los mil metros y toda el agua que queda entremedio se puede deslizar y producir aluviones”.

Y finalmente sentencia:

“Descubrimos que los glaciares que retroceden más rápidamente (son aquellos) que sufren un impacto directo desde las ciudades o de la actividad minera, como tronaduras, movimiento de áridos y uso de camiones a diésel que generan in situ grandes cantidades de material particulado y de black carbon, los que se depositan  directamente en los glaciares y aceleran su retroceso en un 20, 30 o 40 por ciento más que si solo se considera el efecto invernadero”.

Con toda el agua que ha pasado bajo el río estos últimos años, empresarios, técnicos y científicos coinciden en que finalmente la decisión es política y que el Gobierno está atrapado. En diciembre, Chile será observado por todo el mundo, especialmente por la comunidad científica y ambiental, pero también estarán presentes los empresarios, que aun cuando están preocupados por el destino de la agenda verde de La Moneda, no quieren perderse la fiesta.

Por ello es que el Consejo Minero, el gran articulador del lobby todos estos años, donó US$2 millones al Gobierno para el financiamiento de la COP, algo en todo caso que el diputado Mirosevic, de la «bancada glaciar», aprovechó de denunciar ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, en el mes de septiembre, como un acto «inmoral».

Fuente:https://www.elmostrador.cl/destacado/2019/10/11/el-lobby-detras-de-ley-de-glaciares-el-proyecto-que-vive-en-estado-de-congelamiento-perpetuo/

Chile

Líderes ambientales viajan a Londres a jornada que devela los impactos de la compañía minera BHP en América Latina

Del 14 al 22 de octubre se realizará en Londres la jornada “Desenmascarando a BHP: Mega minería y el colapso climático”, a la que asistirán líderes ambientalistas de Latinoamérica. Desde Chile viajará Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA). Este encuentro se llevará a cabo paralelamente a la reunión anual de accionistas de esta compañía minera, una de las más grandes del mundo.

BHP Billiton, al igual que otras compañías mineras, transa sus acciones en la Bolsa de Londres, por lo cual las reuniones anuales de accionistas se realizan en el Reino Unido. Actualmente opera en 13 países y mientras maximiza sus ganancias por la extracción de minerales y combustibles fósiles en el Sur Global, en paralelo devasta la vida de miles de personas en estos territorios y contribuye directamente a la crisis ecológica global.

Es por esto que los defensores y defensoras asistirán a este evento con el objetivo de poder alzar sus demandas y compartir las luchas de resistencias que se llevan en Brasil, Chile y Colombia y así resaltar que la industria minera tiene gran responsabilidad en la crisis climática que estamos viviendo.

Los líderes ambientales que participarán de esta semana son, Lucio Cuenca desde Chile por los impactos de la Minera Escondida en Antofagasta, una de las minas de cobre más grande del mundo y que esta semana anunció estar ad portas de firmar un contrato para abastecerla solo con “energía renovable”. Medida de lavado de imagen para reafirmar que la minería es una actividad estratégica en el contexto de cambio climático y de la transición energética demandada por el Norte Global y las potencias económicas, sin embargo los impactos socioambientales de estas actividades extractivas son evidentes e innegables. 

Al respecto, Cuenca señala que “Una tendencia preocupante es el lavado ecológico de nuevos proyectos mineros británicos en América Latina. Las compañías mineras como BHP o AngloAmerican dicen que sus minas serán la clave para la transición a las energías renovables como la eléctromovilidad, energía eólica y paneles solares. Pero en realidad este discurso, lejos de presentar las soluciones para la transición, simplemente resultan en más extracción, destrucción y crisis ecológica“.

Desde Colombia se harán presente Álvaro Ipuana, máxima autoridad indígena Wayuu, y Catalina Caro de Censat Agua Viva, quienes exigirán respuestas por el conflicto de Cerrejón. Por otro lado, desde Brasil, estará presente Tchenna Maso, abogada comunitaria de Mariana e integrante de la coordinación del Movimiento de Personas Afectadas por Presas (MAB), que cuestionará porqué tras 5 años del desastre de Samarco las comunidades aún no tienen justicia.

La coordinación de esta semana de arte, protesta, discusión y movilización paralela a la reunión de accionistas de BHP, es organizada por London Mining Network, Democracy Center y War or Want;con el apoyo de Colombia Solidarity Campaign, Three Penny Festival Collective y Coal Action Network, las que están convencidas de que la próxima COP25 en Chile será un momento oportuno para seguir denunciando el papel del extractivismo minero en la crisis climática, pues la industria minera global se está posicionando como actor clave en la transición energética a través de narrativas falsas y engañosas.

 

Fuente:https://www.eldesconcierto.cl/2019/10/10/lideres-ambientales-viajan-a-londres-a-jornada-que-devela-los-impactos-de-la-compania-minera-bhp-en-america-latina/

Chile

Proyecto Nueva Unión postergará ingreso de su Estudio de Impacto Ambiental

El nuevo cronograma para la presentación del Estudio de Impacto Ambiental se determinará oportunamente, conforme al resultado del estudio de optimización, y considerando las condiciones de mercado.

Nueva Unión informa que si bien espera completar su estudio de factibilidad a fines de 2019, tal como estaba planeado, ha decidido realizar un proceso de optimización del proyecto durante el 2020, incluyendo la evaluación de alternativas de puerto.

Por medio de un comunicado, detallan que como resultado de esta decisión, «se ha resuelto postergar el ingreso del Estudio de Impacto Ambiental ante el Sistema de Evaluación, por lo que no será presentado a fines de este año como estaba previsto originalmente».

«El nuevo cronograma para la presentación del Estudio de Impacto Ambiental se determinará oportunamente, conforme al resultado del estudio de optimización, y considerando las condiciones de mercado», explican desde NuevaUnión.

«Durante todo este período, NuevaUnión continuará trabajando estrechamente con la comunidad para el desarrollo de su proyecto», añade.

Cabe destacar que el proyecto NuevaUnión es una empresa conjunta de las compañías Teck y Newmont Goldcorp que combina sus proyectos anteriores Relincho y El Morro, respectivamente.

La iniciativa contempla una inversión estimada de US$7.200 millones y una vida útil de, al menos 38 años.

 

Fuente:http://www.portalminero.com/wp/proyecto-nuevaunion-posterga-ingreso-de-su-estudio-de-impacto-ambiental/

Chile

El dilema del agua, los glaciares y la minería. ¿Hasta cuándo?

Camilo Hornauer y Carolina Ruiz de Fundación Plantae nos comparten hoy una columna que habla acerca de la expansión minera y el riesgo que esta impone sobre los glaciares, abriendo la interrogante de si será hora de cambiar el modelo de desarrollo por uno acorde a los tiempos y realidades de hoy.

El pasado 19 de julio, la minera Anglo American ingresó a tramitación el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de su proyecto de expansión “Los Bronces Integrado” en la cordillera de la Región Metropolitana, y a solo 40 kilómetros de la capital. Esto a pesar de que se emplazará -a todas luces- en medio de ecosistemas frágiles y necesarios para el territorio donde habita un 40% de la población del país, más precisamente en la parte alta de la cuenca de los ríos Mapocho y Colorado, este último el principal afluente del Maipo.

Como queda demostrado en el propio documento del EIA, el proyecto tendrá faenas parciales en un área protegida, el Santuario de la Naturaleza de Yerba Loca, y en zonas colindantes con glaciares rocosos, cubiertos y blancos como el Bien Nacional Protegido Rio Olivares. En concreto, la compañía incluirá faenas subterráneas (660 m profundidad promedio) con “tecnología sustentable” y una expansión del actual rajo abierto, que supuestamente no afectará los glaciares.

Si nos vamos al detalle y en concreto a la afectación de glaciares, vemos que poca importancia le dan a la escasa distancia de las operaciones con los glaciares infiernillo y observatorio (que por ser del tipo “Glaciares cubiertos”, pudieran no verse a simple vista) que se podrán ver duramente afectados por la evidente generación de polvo y material particulado, las vibraciones de procesos, maquinarias y tronaduras y la filtración de agua desde los mismos glaciares en la fase subterránea. Y esto no es algo que nosotros simplemente creemos, los daños históricos en glaciares, como en el infiernillo, han sido documentados por varios estudios entre 1992 y 2010, y confirman que el impacto de estos proyectos es real.

Si ampliamos aún más el foco, también nos encontramos con que la expansión pasará muy cerca de un Bien Nacional Protegido poniendo en riesgo los glaciares Olivares Alfa y Beta los cuales registran las mayores reducciones de superficie de la zona central de Chile. Estos glaciares se encuentran inmediatamente al norponiente de la explotación Los Bronces y Andina (de CODELCO), donde con vientos del noreste, es evidente la deposición de polvo y partículas. Una situación que no debiera ser despreciable si consideramos que estos glaciares contienen la mayor reserva de agua dulce de la región Metropolitana.

Con esto surge la duda y la preocupación de si las figuras de protección por si solas son suficientes o si requerimos de miradas e instrumentos más integrales a escala territorial para hacer conservación. En este sentido, que se sigan gestando esta clase de mega proyectos nos hace pensar que los esfuerzos de conservación aislados, como los BNP o las áreas protegidas, no son suficientes si a su alrededor se desarrollan industrias extractivas y energéticas con evidentes impactos y que, en este caso, quieren ampliarse de forma subterránea intentando convencer que de esta manera lograran la anhelada sustentabilidad. Lo más aterrador de todo esto, es que esta intención es en rigor un derecho que le otorga la ley minera a los titulares la cual les transfiere total soberanía bajo el subsuelo dotándoles de un poder que es absoluto.

Con lo anterior, queda claro que el derretimiento acelerado de los glaciares, atribuible en gran medida al cambio climático, ya no es la única amenaza para las reservas de agua de esta zona, ahora lo es también su mala gestión e incipiente protección.  La expansión minera y el riesgo que ésta impone sobre los glaciares y el agua de la alta cuenca del Rio Olivares y Mapocho (Santiago) es evidente, y lamentablemente se mantendrá latente mientras no se modifique nuestra arcaica legislación y no se materialice una protección y planificación efectiva del territorio por parte del Estado.

Por dar algunas cifras, según Sernageomin, en las cuencas Olivares y Colorado, solo Angloamerican cuenta con al menos 75 concesiones (de exploración y explotación) lo que corresponde a aproximadamente 12.000 hectáreas, de las cuales una fracción de ellas están inmediatamente bajo glaciares. La dimensión del interés y potencial minero de este territorio quedan confirmados al contabilizarse más de 200 concesiones de explotación y aproximadamente un 50% de la superficie de este territorio con algún tipo de concesión (ver foto 3).

Resulta curioso además que Aes Gener, una empresa generadora de energía y dueña de Alto Maipo, tenga gran cantidad de concesiones mineras otorgadas a su nombre (compradas a Aguas Andinas según convenio de junio 2011) principalmente en el cauce del rio Colorado. ¿Será acaso qué el código minero es usado también como mecanismo para llevar a cabo otros fines? Esto nos hace pensar que si hidroeléctricas y sanitarias también poseen concesiones mineras, lo que involucra una afectación sobre el recurso agua, la dimensión y gravedad del impacto es enorme para la soberanía sobre nuestros recursos naturales, imprescindibles para nuestra vida y para la sustentabilidad del desarrollo.

De concretarse la expansión minera en los territorios antes mencionados, no solo se estaría contribuyendo al deterioro y derretimiento acelerado de los glaciares, sino que además se les estaría entregando en bandeja las aguas que pudieran caer en su propiedad. Si, leyó bien, porque de acuerdo al código de agua de 1981 y al de minería de 1983, quienes sean titulares de una concesión minera tendrán el derecho de aprovechamiento de las aguas halladas en sus labores mientras sean utilizadas para sus trabajos de exploración y explotación. Un “beneficio legal” pensado justamente para fomentar la actividad minera sobretodo en el norte donde la disponibilidad de este bien preciado es escasa. Actualmente en la reforma al código de agua se busca regular el uso de este derecho, el cual se les seguiría otorgando con la salvedad de que el titular deberá justificar a la DGA que efectivamente están haciendo uso de estas aguas en sus faenas. Sin embargo, dado el escenario actual de escases hídrica que azota nuestro país – y fuertemente a la RM – pareciera ser que esta medida sigue siendo bastante débil, descontextualizada e insuficiente.

Todo lo anterior parece irónico cuando se contrasta con los resultados entregados por el Instituto Mundial de Recursos Hídricos (WRI), a un mes del ingreso del SEI del Proyecto de expansión de los Bronces, el cual sitúa a Chile en el lugar número 18 del ranking global de países con estrés hídrico lo que significa que nos encontramos en riesgo alto de vivir una gran crisis, lo que significa alta vulnerabilidad. Sumado a esto, Fundación Chile en su informe “Transición Hídrica: El futuro del agua en Chile” posiciona a la región Metropolitana en una situación extremadamente alta.

Para seguir sumando, el propio Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia (CR2) y la Dirección meteorológica de Chile (DMC), confirman la megasequía en la zona central de Chile, que se extiende por al menos 10 años, alcanzando para este año, al mes de julio, un déficit anual del 72% en las precipitaciones, y que está generando bajas en los caudales del rio Maipo en un 50% (mínimos históricos el año 2019). Y como si fuera poco, y en pleno invierno, el Ministerio de Agricultura acaba de decretar emergencia agrícola en la zona y desde el gobierno anuncian la creación de una mesa nacional de la sequía.

Con estos antecedentes, parece lógico pensar que los glaciares y su protección toman un rol absolutamente clave. ¿Tendrá sentido proyectar y operar un proyecto de extracción minera en estos territorios por las próximas décadas poniendo en riesgo un ecosistema que provee de agua a los 7 millones de personas que viven aguas abajo, y pudiendo afectar negativamente al Santuario de la naturaleza Yerba Loca y los glaciares que alberga el Bien Nacional Protegido Rio Olivares?

A nuestro parecer la respuesta es que por ningún motivo se debe aceptar mas proyectos en este territorio, y esto validado también por la ciudadanía, quien se encuentra tremendamente preocupada. La empresa propietaria de los Bronces y su proyecto de expansión recalca que ha invertido varios años de trabajo con comunidades.  Sin embargo, no han logrado convencerlos a todos ya que actualmente vecinos del sector de Farellones están llamando a través de sus redes sociales para movilizarse en contra de este proyecto y defender los glaciares. Una lucha difícil de dar dado el maratónico plan de audiencias de Anglo American, que según el portal infolobby registra en lo que va del año 140 audiencias, siendo éstas realizadas con servicios públicos, instituciones y ministerios, muchos de los cuales deben manifestarse en la evaluación ambiental del proyecto de expansión. Angloamerican es el top 1 del país en lobby.

Si vamos resumiendo, la cordillera de Santiago está viendo amenazada sus aguas y por ende nuestra seguridad hídrica, tenemos un “saludo a la bandera” con la conservación de ecosistemas frágiles y un precedente impresentable sobre la vulnerabilidad directa de un área protegida e indirecta de un Bien Nacional Protegido. Y, por otro lado, proyectos mineros con alto nivel de lobby y escaso o nulo apoyo ciudadano.

Al mismo tiempo que entra este EIA minero al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), ocurren otros tres importantes hitos para la institucionalidad ambiental y que consideramos pertinente mencionar. Por un lado, se discute el Proyecto de ley sobre protección de Glaciares y por otro lado se vota en el Senado la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y se intenta reformar el SEIA.

Según lo que se pudo observar en una de las últimas sesiones de la comisión de energía y minería del senado sobre la Ley de protección de Glaciares, hay presión minera y del propio ministerio de la cartera por limitar sus contenidos, definiciones y restricciones, e incluso relativizar su pertinencia y existencia. En simple, estamos frente a un Gobierno que no está de acuerdo con el proyecto de ley porque no quiere dificultar el camino a la actividad minera, y se escuda diciendo que conservación y minería son compatibles, y anteponiendo argumentos relativos al efecto en el empleo y la merma en los ingresos que ocasionaría la promulgación de esta ley. Esta postura viene a confirmar y mantener abierto el camino, no solo para que mineras emplazadas en áreas de alto valor de conservación (por ejemplo, aquellas cercanas a fuentes de agua) sigan operando, sino que permite la futura expansión de sus operaciones, nuevos proyectos y prospecciones en casi cualquier territorio.

La ciudadanía, al mismo tiempo que comienza a desconfiar del mito que la minería es el “Sueldo de Chile”, plantea legítimas dudas sobre los potenciales impactos de algunos proyectos mineros sobre los glaciares, áreas protegidas y ecosistemas cordilleranos, así como de la robustez y confiabilidad del actual Servicio y Sistema de Evaluación Ambiental (SEA y el SEIA respectivamente) en su tarea de preservar nuestro medio ambiente y la biodiversidad.

Es por ello que la declaración de nuevas Áreas Protegidas Oficiales -que incluyan Glaciares- se perfila como una medida real y urgente para la zona central de Chile, siempre y cuando contemple además la implementación de medidas accesorias, pero muy relevantes, como declararlas áreas de interés científico para efectos mineros – que traspasa la responsabilidad del Intendente al Presidente de la República para aprobar el uso minero dentro de estas áreas – y que se considere en su diseño zonas buffer para protegerse de externalidades generadas por industrias colindantes. Sin embargo, la real y anhelada solución sería que con el solo hecho de que un territorio tenga una categoría protegida se prohibiera explícitamente el ingreso de la minera dentro y alrededor de estas.

De modo general, la existencia de Parques Nacionales y el uso de infraestructura verde, son medidas fundamentales de mitigación y adaptación ante el cambio climático y un escenario de escasez hídrica. El gobierno debe involucrarse y hacerse cargo de su responsabilidad, pero con una visión holística, coherente e integrativa con las comunidades.

Número y superficies de glaciares en las áreas protegidas del SNASPE.

En paralelo al despertar ciudadano en lo que refiere a materias ambientales, su importancia y urgencia, y la necesidad de involucrarse ante el escaso compromiso del Estado y el desmesurado interés económico, resuenan cada día con más fuerza las iniciativas civiles que intentan cuidar y preservar estos territorios de montaña y sus recursos. Un objetivo necesario a seguir empujando y presionando -con argumentos científicos y con base en lo socioambiental- desde la ciudadanía y las ONGs debe ser redefinir el código minero y el código de agua, ambos instrumentos que no hacen otra cosa que prolongar la agonía del país y amenazar nuestra propia supervivencia. Asimismo, deben buscarse soluciones basadas en la justicia ambiental o ecológica, y en un entendimiento más profundo y ético de nuestra relación con la naturaleza.

Vemos que las autoridades enfrentan la megasequía desde una óptica cortoplacista y asistencialista, con un foco claro en infraestructura gris y tecnificación, con subsidios parche y con un claro interés en seguir aumentando los suelos agrícolas regables y otras actividades económicas con alta demanda de agua, continuando de paso con la privatización del agua. No parece razonable ni ético que, en estos días, estando en una situación de crisis hídrica alarmante, el Estado siga rematando más derechos de agua para el desarrollo de actividades económicas privadas, con un sobreotorgamiento del recurso, como el reciente caso del Rio Renaico.

En todo caso, aunque la tecnificación, la racionalización, la concientización sobre su consumo y la infraestructura son obligatorias como estrategias para la gestión del recurso, es impensable e inaceptable que el gobierno no vaya al origen, a la naturaleza misma del agua, entendiendo su ciclo, y a cuidar su fuente y a priorizar el consumo humano, que es un derecho, por sobre el uso industrial.

Es seguro que se intentará desviar la atención de la ciudadanía alejándola del real origen del problema y de las estrategias de mitigación más acertadas, y se presentarán como brillantes soluciones las carreteras hídricas y el bombardeo de nubes, o poner énfasis en la responsabilidad a la ciudadanía (y no en la agricultura e industria) como se insinúa con la cuestionada campaña “dúchate en 3 minutos”. Todas estas iniciativas son a nuestro juicio incoherentes y no atacan el problema de raíz.

En el escenario actual de cambio climático donde se constata un severo estrés hídrico y donde la institucionalidad ambiental y el modelo económico están en crisis ¿qué opción nos queda?, ¿Estamos suficientemente informados de los proyectos que se están perfilando a solo kilómetros de nuestros hogares y sus consecuencias?, ¿Nos damos cuenta que estos proyectos están amenazando nuestros derechos, como es el agua y una naturaleza libre de contaminación?, ¿Actuamos en coherencia cuando vemos que nuestros territorios y recursos son sacrificados por el mero interés económico?, ¿No será hora de cambiar el modelo de desarrollo por uno acorde a nuestros tiempos y realidad? ¿Qué opina Ud?

Si quieres hacer seguimiento a la evaluación del EIA de los Bronces, ingresa aquí.

 

Fuente:https://www.theclinic.cl/2019/10/03/el-dilema-del-agua-los-glaciares-y-la-mineria-hasta-cuando/?fbclid=IwAR1RDA_gCuQIbVFtetSjo__DSvPi_mlMVP11ZvkP5nFQuewccIXws1ezfa4

Chile

Aymaras reclaman daño ambiental de la Minera Collahuasi en el Salar de Coposa

La Asociación Indígena Aymara de Coposa presentó una reclamación contra la Superintendencia de Medio Ambiente, por la resolución de esta en que aprobó el programa de cumplimiento de la minera Doña Inés de Collahuasi, mediante la cual la empresa se asegura la extracción de agua hasta 2040.

El miércoles 2 de octubre el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta realizó la audiencia de reclamación de la Asociación Indígena Aymara de Coposa contra la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) por la resolución con que esta aprobó el Programa de Cumplimiento de la Compañía Minera doña Inés de Collahuasi, suspendiendo además el procedimiento administrativo sancionatorio en su contra.

En una sesión que duró cerca de tres horas, el Primer Tribunal Ambiental -con sede en Antofagasta- escuchó los alegatos que interpuso la Asociación Indígena Aymara de Coposa que pretende dejar sin efecto la resolución exenta del 16 de mayo de 2019 que benefició a Collahuasi, puesto que considera que la decisión de la SMA no es admisible por tratarse de un infractor con imcumplimientos reiterados y graves a la normativa medio ambiental.

Collahuasi pertenece a la británica Anglo American (44%, la que también es dueña de la mina Los Bronces en conflicto con los glaciares cordilleranos frente a Santiago), la multinacional suiza Glencore (44%) y al consorcio de compañías japonesas lideradas por Mitsui & Co., Ltd. (12%). Según señala la memoria anual de 2018 de la compañía, la cual opera sus propias minas en la I Región de Tarapacá, en 2018 tuvo ingresos por 3.241 millones de dólares y utilidades netas por 1.014 millones de dólares.

En 2018, Collahuasi produjo una cantidad de cobre fino de 559.147 toneladas, “la producción más alta en sus más de 20 años de operación”, dicen en su memoria anual 2018 (el promedio del precio del cobre en 2018 fue de 2,96 dólares la libra).

Respecto a su relación con los pueblos indígenas, en el sitio web de Collahuasi se señala que su trabajo se fundamenta en una Política de Desarrollo Sustentable, en la cual enfatiza que la compañía «reconoce, valora y respeta las culturas, costumbres, patrimonio y valores de las comunidades y pueblos originarios, basándose en el cumplimiento de sus valores y de los principios voluntarios a los que adhiere, así como la legislación y los tratados y acuerdos internacionales vigentes en Chile».

El reclamo

Sin embargo, la comunidad indígena reclama lo contrario y señalan que están enfrentadas a la minera por los recursos hídricos y el daño medioambiental causado al Salar de Poposa. La reclamación representada por Wilson Challapa Choque y la abogada Carolina Sagredo Guzmán, enfatiza en que las operaciones de Collahuasi afectan directamente el territorio indígena que han habitado ancestralmente la cuenca de Coposa, ubicada en el altiplano en la comuna de Pica, Región de Tarapacá, donde históricamente los aymaras han llevado una forma de vida basada en el pastoreo, en un lugar de un ecosistema que presenta características únicas.

El reclamo destaca la importancia del vínculo de la comunidad con el ecosistema, como un ser vivo más, donde suceden sus formas de subsistencia, reproducción y organización de su cultura.

La reclamación en contra de la Superintendencia de Medio Ambiente, fue atendida por Mauricio Oviedo y los ministros Marcelo Hernández y Cristián Delpiano, mientras que Carolina Sagredo Guzmán representó a la comunidad indígena; Javier Vergara a la minera Minera doña Inés de Collahuasi y Pamela Torres Bustamante a la SMA.

Según informa el Primer Tribunal Ambiental, la abogada reclamante solicitó dejar sin efecto la «resolución del órgano fiscalizador y que se rechace el programa de cumplimiento presentado por la empresa minera con el fin de que dicho organismo continúe con el proceso sancionatorio».

En la audiencia la abogada Sagredo señaló que la resolución de la SMA es inadmisible pues se trata de un «infractor con incumplimientos reiterados y graves a la normativa medio ambiental», cuyo comportamiento infraccionado habría provocado ya grave daño ambiental al Salar de Coposa. «La compañía ofrece un nuevo plan hidrogeológico con el fin de extender sus operaciones al 2040 y seguir extrayendo agua», argumentó Sagredo.

En tanto, la abogada litigante de la SMA señaló que «es cierto que la empresa no realizó todos los monitoreos de ave y fauna», pero que la existencia de una infracción no es suficiente como para que «no se pueda presentar un programa de cumplimiento”. Por su parte, el defensor de la minera manifestó que la reclamación se presentó fuera de plazo y que Collahuasi intenta convivir adecuadamente con las comunidades indígenas.

El Primer Tribunal Ambiental ahora deberá resolver si aceptan o rechazan la reclamación, proceso que podría durar algunos meses.

 

Fuente:https://interferencia.cl/articulos/aymaras-reclaman-dano-ambiental-de-la-minera-collahuasi-en-el-salar-de-coposa?fbclid=IwAR1U6flwJuWYvxawxHBtZAJNb44fLTi6hBMJVkzhwsKJ3x7Ud_Y39luzp5k