Chile

ONG Atacama Limpia solicita clausura temporal del Puerto de Caldera

Atacama Limpia asegura que los vecinos del puerto han denunciado que las faenas de acopio, transporte y embarque de minerales se han llevado a cabo con gran negligencia.
19/10/2021
Minería Chilena
Este martes se admitió a trámite en el Primer Tribunal Ambiental una nueva reclamación de la ONG Atacama Limpia que tiene como fin que se dicte la medida provisional de clausura temporal del Puerto de Caldera y Serviport por 30 días.

Dicha medida, que fue rechazada por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) había sido solicitada por la ONG en el marco de un procedimiento sancionador llevado a cabo por el organismo fiscalizador contra Puerto de Caldera S.A. y Serviport.

En el marco de su reclamación, Atacama Limpia asegura que los vecinos del puerto han denunciado que las faenas de acopio, transporte y embarque de minerales se han llevado a cabo con gran negligencia, principalmente respecto al control de la emisión de material particulado a la atmósfera y del derrame de mineral al mar en el proceso de embarque.

“A pesar de haberse iniciado el proceso sancionatorio las faenas de acopio, transporte y embarque se han seguido ejecutando al margen de cualquier evaluación de sus impactos ambientales”, asegura el escrito.

También en el documento, el organismo no gubernamental explica que el rechazo de la medida provisional genera indefensión “debido a las irregularidades y la completa ilegalidad actual de las labores que ejecutan los titulares (Serviport y Puerto Caldera S.A.) y las consecuencias relacionadas con la inminencia de un daño ambiental producto de la falta de regulación de las actividades de acopio y embarque masivo de minerales”, dicen.

“[…] no existe la más mínima certeza científica respecto de la afectación que se pueda generar al medioambiente y a la salud de las personas por lo que la precaución es un elemento que debe primar para el otorgamiento de estas medidas”, agregan.

Para Atacama Limpia, la negativa de la SMA autoriza implícitamente el funcionamiento de faenas no sometidas al SEIA y descartan la inminencia de un daño ambiental y de la afectación a la salud de las personas sin una fiscalización asociada.

Además, aseguraron que persiste la inminencia de un daño al medioambiente y a la salud de las personas por las “deplorables” condiciones en las cuales operan tanto el acopio de mineral como el muelle y las faenas de embarque.

En el escrito se detalla que el procedimiento sancionatorio llevado adelante por el organismo fiscalizador determinó dos infracciones, tanto por el fraccionamiento del proyecto y por el incumplimiento de la medida provisional previa dictada por las emisiones de material particulado proveniente del proyecto Cancha Acopio de Minerales, por el acopio de hierro y el transporte de mineral desde la cancha hasta el Puerto Muelle Punta Caleta
Fraccionamiento

Respecto al fraccionamiento, las personas reclamantes aseguran que se ha pretendido evaluar ambientalmente por separado el proyecto de acopio, transporte y embarque con el fin evitar el ingreso del proyecto a través de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Para la ONG Atacama Limpia se trata del funcionamiento al margen del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de un puerto de embarque de hierro y otros minerales, que sigue operando sin ninguna autorización de la autoridad ambiental y bajo la pasiva supervigilancia de la SMA, el cual funcionó hasta antes de la formulación de los cargos y de la apertura del procedimiento sancionatorio, bajo la aparente legalidad otorgada por una serie de pertinencias de ingreso y que tuvieron como finalidad principal eludir el sistema fraccionando un proyecto.

Más aún indican que el titular del proyecto ha ingresado diversas consultas de pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) con el fin de que este organismo se pronuncie respecto a la vía de ingreso del proyecto, es decir a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA9, o a través de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Sin embargo, “las pertinencias no corresponden a autorizaciones de funcionamiento y corresponden a declaraciones de juicio del SEA en base exclusivamente a los antecedentes que tuvo a la vista”, detallan.

ONG Atacama Limpia solicita clausura temporal del Puerto de Caldera

Chile

El conflicto de interés en otro proyecto minero comprado por la familia Piñera: Proyecto Imán

18/10/2021
Un posible conflicto de interés en la compra de un proyecto minero en Vallenar nuevamente involucra a la familia Piñera Morel. La transacción se habría realizado en el mismo periodo de la polémica venta de Dominga, que actualmente tiene contra las cuerdas al presidente Sebastián Piñera, enfrentado a una nueva Acusación Constitucional en el Congreso. En este caso, el entonces dueño del proyecto fue nombrado por el Mandatario como su representante en el directorio de la estatal Enami.

En el mismo periodo en que se fraguó la polémica venta de la mina Dominga, que tiene al presidente Sebastián Piñera nuevamente enfrentado a un juicio político que busca su destitución, la familia Piñera Morel negoció la compra de un proyecto minero de hierro y escandio en Vallenar por 13 millones de dólares.

La operación, cuyos detalles publicó Ciper Chile este domingo, una vez más pone foco en los cuestionamientos por posibles conflictos de interés en el proceso de compra, realizado entre 2010 y 2012, cuando el Mandatario ya estaba instalado en La Moneda en su primer periodo.

En concreto, la publicación denuncia que el entonces dueño del proyecto, Arnaldo del Campo, fue nombrado por el presidente Piñera como su representante en el directorio de la estatal Empresa Nacional de Minería (Enami), justo en el momento en que se iniciaron las negociaciones para la compra.

No obstante, Nicolás Noguera, máximo ejecutivo de los negocios de la familia Piñera, y quien participó en la negociación de Imán, aseguró para ese reportaje que no se consideró que esta relación implicara un conflicto de interés.

El proyecto Imán contempla 14 concesiones mineras que contienen hierro y escandio, que suman más de 11.200 hectáreas, que actualmente están en etapa de exploración. En 2017 la unidad de investigación de Radio Bio Bío contó por primera vez sobre la existencia de este proyecto, debido a una querella que presentó la exesposa de Arnaldo Del Campo.

De este modo, dichos antecedentes siguen poniendo en la palestra los negocios de la familia presidencial, en un complicado periodo para el Gobierno de Piñera, donde incluso parlamentarios de su sector están reflexionando frente a la idea de aprobar la acusación constitucional que actualmente se tramita contra el Mandatario en la Cámara de Diputados.
https://www.canal9.cl/programas/notas/2021/10/18/el-conflicto-de-interes-en-otro-proyecto-minero-comprado-por-la-familia-pinera-proyecto-iman.shtml

 

Chile

Cambio climático: carbono neutralidad al año 2050 y senadores piden agilizar los reglamentos

Tras dos jornadas de debate y votación, la Sala del Senado despachó la iniciativa a su segundo trámite en la Cámara Baja.
Sustentabilidad
13/10/2021

Tras dos jornadas de votación y debate, la Sala del Senado despachó la ley marco que regulará la nueva institucionalidad del cambio climático y los instrumentos que permitan hacer la gestión del mismo, de modo de alcanzar y mantener la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero al año 2050 (carbono neutralidad).

De este modo, la iniciativa quedó en condiciones de cumplir su segundo trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados, dando así cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Chile, con el fin de adaptarse al cambio climático, reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia a los efectos adversos del cambio climático.

En la anterior jornada se dieron por despachadas unánimemente, todas las normas que no fueron objeto de modificaciones ni de indicaciones. Durante el debate hubo un consenso transversal sobre la necesidad de aprobar este nuevo marco normativo que definirá el futuro de nuestras generaciones, en las próximas décadas.

En tanto, en esta última sesión, se sometieron a votación las modificaciones que se aprobaron por mayoría y las solicitudes de votación separada. Todas alcanzaron los quórums requeridos con excepción de un inciso relativo a la creación de un departamento específico en la Contraloría.
Proceso

En su calidad de presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, la senadora Ximena Órdenes informó a la Sala sobre el estudio de la iniciativa y explicó que “el cambio climático es un cambio global que requiere el apoyo de todos los estados independientemente de si son desarrollados o no”. Señaló además que, en el segundo informe, de la Comisión se recibieron 847 indicaciones y se celebraron 34 sesiones a contar de noviembre de 2020 que contaron con la participación y aporte de diversos especialistas y científicos del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2.

Por su parte, la senadora Ximena Rincón dio cuenta de los aspectos financieros del proyecto tanto del gasto en régimen como de los planes y estrategias. Al respecto, señaló que, “en los primeros 3 años se consideran recursos por $5.700 millones repartidos en diversos ministerios donde se pretende actualizar las estrategias de cambios climático y diversas certificaciones, mientras que en régimen se disponen de $3.400 millones anuales”.

Asimismo, la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, valoró esta ley marco que permitirá generar un nuevo modelo de desarrollo sustentable. “El objetivo general del proyecto, es alcanzar la carbono neutralidad como máximo al año 2050 y la meta se revisará cada 10 años“, expresó.

Cambio climático: carbono neutralidad al año 2050 y senadores piden agilizar los reglamentos

Chile, Litio

Licitación del litio abre polémica: Stingo pide bajarla ante su posible nacionalización en la nueva Constitución y diputada Cicardini recurre a la Contraloría


El Mostrador 15/10/2021
Crédito: Reuters
La diputada Daniela Cicardini (PS), integrante de la Comisión de Minería, informó del envío de oficios de fiscalización de la Cámara de Diputados al ministro Juan Carlos Jobet y al Contralor General de la República. «Nos estamos enterando que ya en las últimas de su Gobierno y casi entre gallos y medianoche, parece que el Presidente Piñera pretende dejar sus propias «leyes de amarre», entregando la explotación del litio de todos los chilenos y chilenas en una licitación internacional de 400 mil toneladas, sin diálogo, sin tener claridad del impacto medioambiental y en el agua de las comunidades y sin darle valor agregado a este recurso», enfatizó la parlamentaria. Por otra parte, el constituyente Daniel Stingo (Frente Amplio) pidió bajar de inmediato la licitación y esperar una nueva Constitución, donde se va a tratar el tema de los minerales nacionales como el cobre y el litio.

La sorpresiva decisión de abrir un proceso de subasta para adjudicar contratos operativos para explorar y producir 400.000 toneladas de litio metálico para baterías, abrió un nuevo flanco para el Gobierno de Sebastián Piñera, con cuestionamientos tanto desde el Congreso como en la Convención Constitucional.

Junto al candidato a diputado por el distrito 8, Julio Salas, el constituyente por esa misma circunscripción, Daniel Stingo (Frente Amplio), denunciaron al Gobierno por acelerar la licitación internacional del litio a solo meses del término de su mandato y ante la posibilidad que Convención Constitucional nacionalice este recurso.

Salas, abogado experto en políticas públicas, explicó que «nos encontramos con la sorpresa que el gobierno ha decidido iniciar un proceso de licitación, entre gallos y medianoche, que se abre el 13 de octubre, y cierra el 22 de enero del 2022. Un proceso de licitación que claramente se produce en el momento en que está en discusión el rol subsidiario del Estado, y por lo tanto, la posibilidad de que se produzca la nacionalización efectiva del litio en la Constituyente, y más aún que en el futuro Poder Legislativo se construya una Empresa Nacional del Litio».

En ese sentido, alertó que «estamos en presencia de un intento de cercenar las facultades del poder constituyente y del futuro Congreso electo».

En tanto, Stingo pidió explicaciones: «Este Gobierno está de salida, un Gobierno ampliamente cuestionado. Hoy estamos en la Constituyente dándole vuelta a la posibilidad de que el litio pueda ser objeto de renacionalización. Sabemos que, en la Constitución, los minerales son de todos los chilenos. Pero, igualmente se busca concesionar».

Tanto Salas como Stingo pidieron bajar de inmediato la licitación y esperar una nueva Constitución, donde se va a tratar el tema de los minerales nacionales como el cobre y el litio.
«Es un amarre de última hora de este Gobierno»

A su turno, la diputada Daniella Cicardini (PS) manifestó su molestia por el decreto de llamado a licitación internacional para la exploración y producción de 400 mil toneladas de litio, calificándolo como un «amarre de última hora de este Gobierno de un negocio millonario y que entrega un recurso estratégico del país».

Al respecto, la integrante de la Comisión de Minería informó del envío de oficios de fiscalización de la Cámara de Diputados al ministro Juan Carlos Jobet y al Contralor General de la República «por las tremendas dudas que nos genera las consecuencias de este llamado a pocos meses del fin del gobierno».

«Nos estamos enterando que ya en las últimas de su gobierno y casi entre gallos y medianoche, parece que el Presidente Piñera pretende dejar sus propias «leyes de amarre», entregando la explotación del litio de todos los chilenos y chilenas en una licitación internacional de 400 mil toneladas, sin diálogo, sin tener claridad del impacto medioambiental y en el agua de las comunidades y sin darle valor agregado a este recurso», enfatizó la parlamentaria.

En esa línea, Cicardini añadió que «parece que además lo hace apurado, antes de que se le acabe el gobierno o que después la nueva Constitución se lo impida a la derecha, y para poder entregar por hasta 29 años este nuevo negocio millonario, en una licitación que podría ser hasta un traje a la medida para SQM y el tristemente recordado yerno de Pinochet, Ponce Lerou».

Debido a esto, la legisladora subrayó que «haremos lo que esté en nuestras manos por revertir este proceso que nos parece impresentable, que inquieta también a sectores y dirigentes de la minería, Y que podría significar la pérdida una vez más de un recurso estratégico, que está también en Atacama, y que nos pertenece a todas y todos».

Entre los requerimientos de los oficios solicitados por la parlamentaria destaca el que cuestiona al ministro de Minería en relación a «por qué no se han elaborado políticas públicas orientadas a que sea el propio Estado quien se haga cargo no solo de su explotación sino que además en darle un valor agregado a mineral, que permita obtener mayores recursos para el Estado de Chile».

Licitación del litio abre polémica: Stingo pide bajarla ante su posible nacionalización en la nueva Constitución y diputada Cicardini recurre a la Contraloría

Chile

Proyecto Dominga: Ministra Schmidt respondió los cuestionamientos de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara

“Como ministra no tomo la decisión de cómo avanzan o no los proyectos (…). Acá no existe la posibilidad de que un ministro decida. (…). Nunca he llamado para decir que algo se apruebe o no”, señaló la secretaria de Estado.
14/10/2021
Minería Chilena
La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados recibió en audiencia a la ministra del ramo, Carolina Schmidt. El objetivo de la cita fue conocer los detalles y su opinión respecto de la aprobación del proyecto Dominga, en la región de Coquimbo.

La secretaria de Estado detalló parte del proceso que ha tenido Dominga, desde su ingreso en el año 2013. Además, aclaró cuál ha sido el rol del ministerio en relación a este tema.

“Como ministra no tomo la decisión de cómo avanzan o no los proyectos (…). Acá no existe la posibilidad de que un ministro decida. (…). Nunca he llamado para decir que algo se apruebe o no”, señaló la personera.

Al mismo tiempo, Schmidt dijo desconocer la historia del proyecto Dominga y cuáles eran los permisos con los que contaba. “Como ministerio no podemos hacernos parte del proceso, porque somos la institucionalidad”, remarcó.

La ministra también sostuvo que no existe ningún decreto firmado por la expresidenta Michelle Bachelet para proteger el área marina de Dominga en la comuna de La Higuera.

Asimismo, agregó que el ministerio comprometió la protección de las áreas marinas para lo cual estableció una mesa interministerial. La idea es definir un polígono sobre el área marina costera protegida.
Contrato y evaluación de impacto ambiental

El grupo parlamentario se mostró interesado en conocer la opinión de la ministra sobre el contrato firmado por el Presidente Piñera sobre Dominga y lo que respecta a los procesos de evaluación de impacto ambiental.

Al respecto, la personera señaló que no cuenta con ninguna información referente a cláusulas y contratos que datan del año 2010.

“Señalar que durante todo el tiempo que me ha tocado desempeñar el cargo de ministra del Medio Ambiente jamás he recibido ninguna llamada del Presidente, ni en relación a este proyecto ni a ningún otro, en torno a su evaluación de impacto ambiental”, indicó.

Añadió que, cuando se hace un proyecto que produce impacto ambiental significativo, este ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental con un estudio.

“Tal es el caso del proyecto Dominga, que al ingresar con un estudio de impacto ambiental reconoce que genera impacto significativo. Por tanto, lo que hace el proceso de evaluación es ver cómo se hace cargo y qué medidas de mitigación y de compensación se toman para analizar el impacto que se realiza”, explicó Schmidt.

Proyecto Dominga: Ministra Schmidt respondió los cuestionamientos de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara

Chile, Litio

Litio: se da importante paso para avanzar a nueva licitación nacional e internacional

Se publicó en el Diario Oficial el decreto del Ministerio de Minería que “Establece Requisitos y Condiciones del Contrato Especial de Exploración y Explotación y Beneficio de Yacimientos de Litio (CEOL)”, para un futuro proceso licitatorio que el Estado de Chile esta preparando, con un considerable volumen.
13/10/2021
Minería Chilena
Fue publicado en el Diario Oficial el decreto del Ministerio de Minería que “Establece Requisitos y Condiciones del Contrato Especial de Exploración y Explotación y Beneficio de Yacimientos de Litio (CEOL)”, para un futuro proceso de licitación nacional e internacional que el Estado de Chile esta preparando para adjudicar la explotación de un total de 400.000 toneladas de litio en cualquier área del territorio nacional.

En el decreto se indica que este volumen a licitar se dividirá en cinco cuotas individuales de 80.000 toneladas cada una, “en la que los participantes de la licitación podrán formular ofertas por una y/o dos cuotas de litio metálico comercializable. Cada licitante solo podrá resultar adjudicatario de un máximo de dos cuotas”.

“De este modo, ningún oferente podrá adjudicarse el derecho a explotar más de ciento sesenta mil (160.000) toneladas de litio metálico comercializable en total. Las cuotas adjudicadas serán indivisibles, esto es, no podrán ser objeto de contrato alguno posterior que permita su transferencia o cesión en forma parcial. Asimismo, el contrato especial de operación de litio solo podrá ser transferido a un tercero previa autorización y bajo las condiciones que expresamente establezca el Ministerio de Minería”, se da cuenta.

“El Contratista asumirá todos los costos y riesgos inherentes a la exploración, explotación y beneficio del litio metálico comercializable que fueren necesarias. También, serán de exclusivo cargo y riesgo del Contratista, la obtención de todas las autorizaciones y/o permisos sectoriales o ambientales que sean necesarios para los efectos de llevar adelante las labores objeto del o de los Contratos”, señala el documento oficial.

El contrato tendrá una duración de 29 años, contados desde la fecha de la total tramitación del acto administrativo que apruebe el mismo, a menos que, con anterioridad al vencimiento del plazo referido, el Contratista alcance la cuota de producción de ochenta mil o una cuota de ciento sesenta mil toneladas de litio metálico comercializable.

Litio: se da importante paso para avanzar a nueva licitación nacional e internacional

 

Chile

INDH se reúne con vecinos de La Higuera para actualizar «Mapa de Conflictos Socioambientales»

10/10/2021
Durante tres días, el Instituto Nacional de Derechos Humanos se trasladó a la comuna para sostener reuniones con adherentes al proyecto minero Dominga y gente que está en contra. Sin embargo, un común denominador fue el abandono que sufren por parte del Estado.

Si bien no es interviniente en el proyecto minero portuario Dominga, el INDH entiende que por ser este uno de los conflictos socioambientales más relevantes de la actualidad en el país, algo debía hacer.

Y lo hizo. Primero presentó un informe en derecho ante la Corte Suprema, respecto de la etapa judicial en que se encuentra el proyecto, lo que finalmente fue rechazado por el máximo tribunal del país, y luego se reunió con autoridades y dirigentes de la comuna de La Higuera para actualizar el Mapa de Conflictos Socioambientales existentes en el país.

Esto, porque a juicio del Instituto Nacional de Derechos Humanos, existen varios aspectos de protección a los derechos humanos involucrados, y no sólo la conservación del medio ambiente.

«Desde ese punto de vista, el INDH ha tomado ciertas iniciativas relevantes, y sin ser intervinientes, sin ser terceros, entregamos este insumo de estándares sobre derechos humanos al tribunal para que lo considere en su determinación».

PUEBLOS INDIGENAS EN CHUNGUNGO

Fue esta semana, y con el propósito de conocer eventuales impactos del proyecto, que el equipo regional se trasladó hasta el territorio ubicado al norte de la región (profesionales de distintas disciplinas) y por tres días se entrevistó con autoridades, organizaciones de la sociedad civil y comunidades del pueblo indígena Chango.

«El objetivo principal fue actualizar los datos del mapa de Conflictos Socioambientales del INDH y contar con información imparcial y relevante sobre el ejercicio de ciertos derechos humanos, tales como el derecho a la manifestación, a la libre asociación, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el derecho a la información, al agua…», contó Tarcila Piña, jefa regional del INDH.

Una de las primeras actividades fue reunirse con el alcalde Yerko Galleguillos, luego con la Asociación Comunal de La Higuera y sus representantes, y dirigentes de distintas localidades como La Higuera, Chungungo y Totoralillo. También se juntaron con las y los dirigentes de juntas de vecinos, de los APR, de las asociaciones gremiales de pescadores de Los Choros y Punta Choros y con las comunidades indígena Changa Juan Vergara e hijos y comunidad indígena Changos Álvarez Hidalgo de la caleta Chañaral de Aceituno, toda vez que el área de influencia del proyecto minero abarca una parte de la región de Atacama.

«El mapa de conflictos se inició en el año 2012 y es una plataforma que se pone a disposición de la gente de manera actualizada, cuyo catastro hoy es de 127 conflictos en diferentes estados. Algunos están activos, latentes y otros cerrados. Y cuando la información esté actualizada, pues también nos reunimos con la gobernadora Krist Naranjo, la idea es volver a las comunidades y explicar cómo funciona el mapa».

Este mapa se elabora desde la perspectiva de los derechos humanos sobre disputas de esta índole y que tienen o han tenido lugar en el país. ¿Cómo se define un conflicto socio medioambiental?

«Para nosotros son disputas entre diversos actores y que se expresan a través de diversas opiniones, posiciones, demandas por una afectación a los derechos humanos, lo que deriva al acceso y uso de recurso naturales e impactos», dijo.

Otro punto importante del mapa, destaca Piña, es que se encuentra el involucramiento de tierras de territorios indígenas, lo que indica que si los actores involucrados en el conflicto socio medioambiental invocan afectación a tierras, o territorios indígenas, inclusive cuando estas no sean parte del registro de la Conadi (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena)».

Las reuniones fueron con adherentes al proyecto y gente que está en contra, pero en los tres días hubo un denominador común: Un abandono por parte del Estado.

«Nos manifestaron como un común denominador, todas las agrupaciones a favor y en contra con las cuales conversamos, que la comuna de La Higuera sufría hace muchos años de un abandono total por parte del Estado en cuanto al desarrollo económico, a la conectividad. De hecho, recién hace muy poco terminaron un alcantarillado, y también nos comentaron de la situación de los Cesfam o postas rurales, por lo que existe una brecha grande sobre el acceso a la salud. Es decir que todo esto respondía claramente a un abandono total por parte del Estado en esta comuna», señala la directora del INDH.

INDH se reúne con vecinos de La Higuera para actualizar «Mapa de Conflictos Socioambientales»

Chile

Proyecto Dominga: Abogados de la Alianza Humboldt presentan reclamación ante el Comité de Ministros

Se espera anular la votación que llevó adelante la comisión regional y que se declare rechazado el controvertido proyecto minero portuario.
Negocios e industria
07/10/2021
Buscando revertir la aprobación entregada por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo (COEVA) al proyecto minero portuario Dominga, los abogados de Alianza Humboldt presentaron la primera de las reclamaciones ante el Comité de Ministros, instancia presidida por la titular del Medio Ambiente, Carolina Schmidt.

“Esta primera reclamación está relacionada a la falta de consideración de las observaciones hechas por Oceana en el procedimiento de evaluación ambiental. En la aprobación que se hizo por la COEVA de Coquimbo, no cambió nada del proyecto original, que otrora fuera rechazado”, señaló Ezio Costa, director ejecutivo de FIMA y abogado de Oceana en la causa.

“Esta reclamación se produce en paralelo a las casaciones que esperamos prontamente sean oídas y resueltas por la Corte Suprema, y al recurso de protección ante la Corte de La Serena, relativo a la ilegalidad de haber votado este proyecto nuevamente, estando pendiente el pronunciamiento del máximo tribunal”, agregó.

La reclamación es la primera de varias que presentarán desde la Alianza Humboldt. De acuerdo a la ley, la resolución de la COEVA es reclamable ante el Comité de Ministros dentro de 30 días hábiles desde la publicación en el diario oficial del permiso ambiental, plazo que vence el 28 de octubre. Una de las solicitudes de la reclamación interpuesta es que se suspenda la vigencia de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), cuestión que es urgente para que Dominga no pueda comenzar las obras, según lo informado.

Por otra parte, las reclamaciones se interponen mientras se espera que la Corte Suprema resuelva los cuatro recursos de casación presentados por los abogados de la Alianza Humboldt, y que buscan invalidar la sentencia del 1° Tribunal Ambiental de Antofagasta (1TA) que ordenó que el proyecto Dominga se volviera a votar en la COEVA de Coquimbo, cuestión que finalmente ocurrió el pasado 11 de agosto.

Desde la Alianza Humboldt recalcaron que en 2017, tanto la COEVA de Coquimbo como el Comité de Ministros, definieron el rechazo del proyecto minero portuario Dominga, argumentando que éste presentaba una deficiente línea de base del medio marino, subestimaba su área de influencia y no caracterizaba las rutas de navegación, falencias técnicas de profundo riesgo para uno de los ecosistemas marinos más biodiversos de toda la corriente de Humboldt. Frente a esos rechazos, Andes Iron apeló y judicializó el caso.
Cruz Grande

Pero Dominga no es la única industria que amenaza el archipiélago de Humboldt, de acuerdo con la Alianza Humboldt. En 2015, el puerto Cruz Grande, de la Compañía Minera del Pacífico (CMP) obtuvo el permiso ambiental para construir un megapuerto en la localidad de Chungungo. En 2020, Oceana solicitó a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) caducar dicha autorización ya que la empresa no inició la ejecución del proyecto dentro del plazo de cinco años tal como lo establece la ley de bases de medio ambiente.

Sin embargo, la SMA no acogió la solicitud, ante lo cual Oceana recurrió al tribunal ambiental, donde se llevarán a cabo alegatos en noviembre de 2021.

“Al igual que Dominga, Cruz Grande pretende instalarse al medio del archipiélago de Humboldt, la zona de alimentación más importante para las especies que abundan en este lugar como las ballenas fin, los delfines nariz de botella y el pingüino de Humboldt”, señaló Liesbeth van der Meer, directora ejecutiva de Oceana.

“La evaluación del proyecto Cruz Grande no consideró los impactos en este ecosistema, y no es compatible con la protección de un área que ha sido declarada prioritaria para la conservación”, añadió.

Proyecto Dominga: Abogados de la Alianza Humboldt presentan reclamación ante el Comité de Ministros

Chile

Tribunal Ambiental acoge reclamación de vecinos de Calama contra Recimat por incumplimientos ambientales

La determinación del tribunal dejó sin efecto la resolución de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), que aprobó el Programa de Cumplimiento (PdC) de la empresa, en particular respecto al monitoreo de material particulado.
08/10/2021
Minería Chilena
El Primer Tribunal Ambiental acogió la reclamación de la Junta de Vecinos Kamac Mayu de Calama por incumplimientos ambientales de la empresa Recimat.
La determinación del tribunal dejó sin efecto la resolución de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), que aprobó el Programa de Cumplimiento (PdC) de la empresa, en particular respecto al monitoreo de material particulado.

Los ministros Mauricio Oviedo (presidente); Marcelo Hernández (hoy exministro en ciencias) y Erick Sepúlveda explicaron en la sentencia que “se evidencia la falta de sustento científico para descartar los efectos negativos de la infracción en la calidad del aire y los riesgos a la salud de la población de Calama, al menos en los sectores de la Junta de Vecinos Kamac Mayu, Teletón y comunidad indígena Yalquincha, siendo insuficiente el descarte que hace Recimat y la SMA”.

También, se da a conocer que en la visita inspectiva realizada por el tribunal a la empresa, “se apreció que en el horno rotatorio (donde se funden los materiales con plomo) se generan gases fugitivos que no son capturados por el sistema de extracción y filtrado, ni contenidos en la campana externa del horno”.

En la misma línea, los magistrados aseguran que la falta de encapsulamiento del galpón no permite capturar el 100% de los gases fugitivos. A lo que se suma que los informes, mediciones y análisis que realiza la empresa, han sido efectuados por una entidad no acreditada, “lo que genera una situación de incertidumbre y riesgo no tolerable para resguardar la calidad del aire y la salud de la población en el área de influencia de Recimat”.

A lo anterior se suma la omisión y falta de la debida incorporación, análisis y ponderación del hecho que la comuna de Calama se encuentra declarada como Zona Saturada por MP-10.

Todos estos aspectos llamaron la atención del tribunal, por lo que en el fallo se plantea la interrogante respecto a las razones por las cuales el organismo fiscalizador no ha requerido a la empresa medidas más eficientes. “Llama la atención a estos sentenciadores, por qué la SMA no ha exigido a Recimat abordar diligentemente las medidas técnicas, constructivas y operativas que permitan dar absoluto confinamiento a los gases fugitivos emanados del horno rotativo y su campana, a fin de evitar que dichos elementos contaminantes se dispersen al medio ambiente afectando la calidad del aire y poniendo en riesgo la salud de la población de Calama”, dice el documento.

El tribunal, además, reprocha que la SMA no haya advertido durante un período tan prolongado (desde 2016) la inobservancia de los compromisos ambientales de la empresa respecto al monitoreo de la calidad del aire y la falta de coordinación con las Seremi de Salud y Medio Ambiente para los efectos que la empresa establezca y opere la estación de monitoreo y calidad conforme a los estándares que exige la ley.
Aspectos descartados

Los otros dos hechos controvertidos en la reclamación tenían relación con el monitoreo del suelo y el supuesto incumplimiento al Convenio 169 de la OIT por falta de consulta indígena. Ambos fueron descartados por el tribunal.

En lo que respecta al muestreo de suelos en sectores aledaños, los ministros explicaron que las medidas comprometidas por la empresa cumplen las exigencias normativas, por lo cual desestima la alegación en este punto.

Además, estimaron que tampoco es procedente la consulta indígena porque “para que proceda la consulta indígena debe tratarse de un acto que sea susceptible de generar una afectación directa, causando un impacto significativo y específico sobre los pueblos indígenas en su calidad de tales. Debe identificarse cuál es el impacto específico que la decisión generará, para luego revisar su significancia. No basta con hacer referencia de manera genérica o vaga a la cercanía de un proyecto con el territorio de una comunidad, sino que debe precisarse la manera concreta en que dicho acto afectará”.

Tribunal Ambiental acoge reclamación de vecinos de Calama contra Recimat por incumplimientos ambientales

Chile

Comunidades de cuenca del río Huasco aseguran que proyecto NuevaUnión comenzó a realizar actividades sin ingresar a evaluación ambiental

Los reclamantes, aseguran que existe un fraccionamiento del proyecto para no ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
07/10/2021
Minería Chilena
El archivo de dos denuncias que dan cuenta de diversos hechos que evidenciarían que el proyecto minero NuevaUnión comenzó a realizar actividades sin ingresar a evaluación ambiental dieron pie a dos reclamaciones que fueron admitidas a trámite por el Primer Tribunal Ambiental.

Se trata de causas en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), organismo que archivó las denuncias efectuadas por la Comunidad Diaguita Huasco Altinos y por diversos habitantes de la cuenca del Río Huasco.

Los reclamantes aseguran que la empresa estaría efectuando sondajes sin contar con la evaluación de impacto ambiental del proyecto y que se estarían afectando sectores no evaluados ambientalmente.

Los fundamentos entregados dicen relación, por una parte, con los sondajes que realizaría la minera y el eventual fraccionamiento del proyecto para eludir el ingreso vía Estudio de Impacto Ambiental (EIA); y por otra, con el inicio de diversas obras, además del vertimiento de aguas desde el túnel de exploración, que evidenciarían que el proyecto minero comenzó a ejecutar actividades.
Fundamentos

Tanto los comuneros Huasco Altinos como los vecinos de la cuenca del Huasco afirman que para contabilizar la totalidad de los sondajes realizados se excluyeron los que fueron efectuados en plataformas antiguas relacionadas al proyecto minero El Morro. También, se denuncia que “podrían provocar o estarían provocando una grave afectación a la calidad de las aguas, a los ecosistemas frágiles como las vegas altoandinas, a la fauna protegida, sitios arqueológicos y a la vida de crianceros, entre otros”.

Lo anterior porque se advierte de la realización de, al menos, 193 sondajes que, de acuerdo a lo estipulado en ambas reclamaciones, no cuentan con evaluación ambiental a pesar de que la ley establece que dicho tipo de proyectos deben ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA, con el fin de evaluar y evitar impactos ambientales.

“Pese a la solidez y gravedad de la información, la SMA decidió desestimar toda fiscalización en terreno, de esta forma no tomó ni siquiera análisis de aguas, no corroboró en terreno el número de sondajes y sus impactos”, asegura la reclamación de los vecinos.

En ese mismo sentido, la comunidad diaguita establece en su escrito que “la SMA no ha considerado en este procedimiento el hecho de que las denuncias solo son una manera de conocer sobre posibles infracciones, recayendo en ella el deber de fiscalizar y constatar que los titulares cumplan con los compromisos contemplados en las resoluciones de calificación ambiental”.
Denuncias

La denuncia presentada ante el organismo fiscalizador por los habitantes del Río Huasco en mayo de 2019 “acusa la realización de sondajes sin pasar por un proceso de evaluación correspondiente, lo cual lleva al indeseable escenario que no es posible tomar las medidas necesarias para la preservación del ecosistema en general, y del recurso hídrico, flora y fauna en particular”.

En tanto, la comunidad indígena Huasco Altinos presentó dos denuncias ante la SMA: La primera en febrero de 2017 y la segunda en enero de 2018; y además de entregar el mismo argumento respecto a los sondajes, explica que el 2017 la comunidad tomó conocimiento de diversos trabajos que se estaban realizando en el área del antiguo proyecto El Morro -hoy proyecto Nueva Unión-, sin haber ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA.
En ese mismo ámbito, la comunidad diaguita asegura que hay un fraccionamiento del proyecto con el fin de evitar la evaluación ambiental.

Comunidades de cuenca del río Huasco aseguran que proyecto NuevaUnión comenzó a realizar actividades sin ingresar a evaluación ambiental