María del Mar Parra 14/06/2025
¿Tiene luz verde el proyecto Dominga? A la espera de sentencias de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema sobre el polémico proyecto minero, la abogada ambiental, Antonia Berríos, aclara el complejo escenario legal del caso y acusa que la empresa se aprovecha de la desinformación.
Rechazado en tres ocasiones por el Comité de Ministros, el proyecto minero portuario Dominga sigue en titulares debido a la ardua batalla judicial que lleva adelante la empresa para construir el proyecto en una de las áreas marinas más biodiversas del país y con mayor relevancia para la pesca artesanal y el turismo marino en el norte de Chile: el Archipiélago de Humboldt.

El estudio de impacto ambiental presentado por la empresa data de 2013, y fue rechazado por primera vez en 2017, tanto por la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de Coquimbo como por el Comité de Ministros. El Primer Tribunal Ambiental ordenó retrotraer el proceso y el proyecto fue calificado favorablemente en 2021 por la COEVA, pero rechazado por el Comité de Ministros en 2023.

Ante este rechazo del Comité, un fallo del Tribunal Ambiental obligó a los ministros a votar por tercera vez el proyecto, y la instancia lo volvió a rechazar en enero de 2025. El Tribunal Ambiental volvió a reclamar sobre el tercer rechazo del Comité de Ministros, ordenando que la secretaría regional del Servicio de Evaluación Ambiental se vuelva a pronunciar sobre la decisión del Comité.

¿Luz verde a Dominga?
Se han presentado diversas reclamaciones legales contra esta última decisión del tribunal. Entre ellas, una contienda de competencias llevada por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional (TC). Esta semana, el TC declaró que el procedimiento de contienda de competencias no era el adecuado para resolver el dilema, ya que se trata más bien de una contienda de legalidad, que debe ser resuelta por la Corte de Apelaciones.

Así, está pendiente una respuesta de esta corte para conocer si la reclamación del Tribunal Ambiental es legal o no. Además, está pendiente un fallo de la Corte Suprema que, durante toda la evaluación, no se ha pronunciado sobre el fondo del caso Dominga.

Sin embargo, desde la empresa han tomado el pronunciamiento del TC como una victoria o una “luz verde” al proyecto. “El proyecto Dominga no tiene un permiso ambiental, pero la empresa usa una estrategia comunicacional que trata de confundir sobre cuál es la verdadera decisión habilitante, que tiene que venir del órgano público con competencia para hacerlo. En este caso, el Comité de Ministros”, explica la abogada de la fundación FIMA, Antonia Berríos.

Según declara, el proyecto no cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental favorable y el rechazo del Comité de Ministros aún está vigente ya que no se ha impugnado su legalidad. La empresa ha difundido la calificación favorable de la COEVA en 2021 como una aprobación del proyecto, ignorando que tras ello hay un rechazo del Comité de Ministros.

Ahora, mientras se espera el pronunciamiento de la Corte de Apelaciones sobre la legalidad o no de la última resolución del Tribunal Ambiental, que pide una nueva decisión sobre el proyecto, los ojos también están puestos en la Corte Suprema.

“Es importante declarar que la Corte Suprema nunca se ha pronunciado sobre el fondo del caso, y nunca ha validado la teoría de Andes Iron de que el proyecto está suficientemente evaluado”, explica Berríos. “Hasta ahora, esta corte ha sido la gran ausente en este debate judicial”, agrega.

El actuar del Primer Tribunal Ambiental, cuestionando en reiteradas ocasiones la decisión del Comité de Ministros, ha sido clasificada como ilegal y excedente de sus competencias.
https://eldesconcierto.cl/2025/06/14/dominga-no-tiene-permiso-ambiental-pero-la-empresa-usa-una-estrategia-comunicacional-que-trata-de-confundir-explica-abogada

Alberto González 12/06/2025
Comunicado de Prensa | DGA
La Dirección General de Aguas (DGA) sancionó con dos multas que suman 51,2 millones de pesos a la minera Las Cenizas por la contaminación del río Ligua y la Quebrada Chinchorro en la comuna de Cabildo, región de Valparaíso.

Según informó el organismo en un comunicado de prensa, las sanciones se emitieron un año después del derrumbe del relave en pasta de la minera.

Al respecto, se indicó que la primera multa a la Minera Las Cenizas, de 451 UTM (31 millones), corresponde a la afectación del río Ligua, mientras que la segunda, de 403 UTM (20,9 millones), es por daños en la Quebrada Chinchorro, cercana al sector de Peñablanca.

De acuerdo a la Dirección General de Aguas, en los análisis que se realizaron tras la contaminación, se confirmó la presencia de diversos compuestos contaminantes, como arsénico, plomo, cobre y cromo, entre otros.

Así también, encontraron calcio, magnesio, potasio, sodio, cloruros, sulfatos, nitritos, nitratos, hierro y molibdeno.

En ese sentido, el organismo aseguró que mantiene un monitoreo activo de la situación y trabaja en medidas correctivas para resguardar la salud pública y los recursos hídricos de la zona.

“Desde el primer día estuvimos presentes en terreno, fiscalizando y estableciendo normas transitorias para garantizar la seguridad de la población a través de obras de contención, recirculación y comunicación constante con las autoridades”, afirmó el director regional de la DGA, Camilo Mansilla.

“Hoy, con los resultados de esta fiscalización, podemos confirmar la gravedad de la afectación sobre nuestros cauces. Esta situación pone en riesgo tanto a las personas cercanas a los cuerpos de agua como los usos vitales del agua en la región”, concluyó.

Mientras, el seremi de Obras Pública, Dennys Mendoza Castillo, apuntó que “la afectación al río Ligua y la Quebrada Chinchorro no solo compromete el ecosistema, sino también la seguridad hídrica de las comunidades”.
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2025/06/12/dga-sanciona-a-minera-las-cenizas-por-contaminar-aguas-en-cabildo-debera-pagar-multa-de-51-millones.shtml

11/06/2025
La Corte Suprema revocó un fallo que favorable para la minera Aclara, marcando un revés judicial para la empresa luego que la Corte de Apelaciones de Concepción aceptara un recurso de protección interpuesto contra defensores ambientales de Penco que criticaban su proyecto de tierras raras.

Por J. Arroyo Olea
Este martes se hizo pública la resolución de la Corte Suprema ante el recurso interpuesto en defensa de Camila Arriagada y Arnoldo Cárcamo, ambos vecinos de Penco a quienes la empresa Aclara apuntó como quienes gestionarían una cuenta de redes sociales vinculada a la organización Keule Resiste y, mediante esta, se publicaran cuestionamientos al proyecto minero como también críticas a rostros visibles de la empresa.

Para esto, la empresa minera -que pretende instalar un proyecto extractivo de tierras raras en los cerros de Penco- ingresó en febrero de este año un recurso de protección contra ambos defensores ambientales, sobre el cual la Corte de Apelaciones de Concepción falló a favor ordenando «a los recurridos la eliminación de toda publicación de mensajes o imágenes o finalmente contenido que hayan á replicado de la página de Instagram cuenta @Keuleresiste o Facebook Keule Resiste, (…) debiendo asimismo abstenerse, en lo sucesivo, de realizar actos como el que dio origen a la presente acción».

Sin embargo, el máximo tribunal del país le ha dado un portazo al fallo de la Corte de Concepción. En concreto, la Tercera Sala de la Corte Suprema revocó la sentencia apelada y, en esta línea, rechazó la acción constitucional.

Así, el fallo de la Suprema establece que considerando «los antecedentes acompañados en autos, no resulta posible tener por acreditado que los actos que se denuncian como ilegales o arbitrarios hayan sido cometidos por los recurridos, desde que en parte alguna existe referencia, mención o aparece algún elemento identificatorio de los mismos».

Esto, ante una cuestionada decisión de la Corte de Apelaciones, la cual no acreditó que los vecinos individualizados sean administradores de la página en cuestión, por lo que se interpretó como una decisión que limitaba la publicación y replicación de contenido que cuestionara al proyecto minero.

En contacto con RESUMEN, Camila Arriagada estableció como positiva la decisión de revocar el fallo «para dejar en claro que la empresa minera Aclara se equivoca y tiene malas prácticas con la comunidad de Penco al judicializar a personas con voces críticas a este proyecto minero».

De igual forma, Arriagada planteó que esta resolución «deja en evidencia el mal funcionamiento de una Corte de Apelaciones, que da un fallo sin tener pruebas, de forma arbitraria, y que claramente todo intento de censura y de acallarnos a la oposición de este proyecto no tiene lugar».
https://resumen.cl/articulos/reves-judicial-para-minera-aclara-corte-suprema-revoca-sentencia-contra-defensores-ambientales

06/06/2025
Vecinos de Penco, junto a sus abogados, apelaron ante la Corte Suprema en contra de la sentencia que acogió un recurso de protección presentado por minera Aclara, acusando censura y vulneración a la libertad de expresión. La empresa, dueña del proyecto de tierras raras que busca instalarse en Penco, los vinculó a publicaciones críticas en redes sociales, pese a no existir pruebas directas de su autoría.
J. Arroyo Olea
A fines de mayo, la Corte de Apelaciones de Concepción falló a favor de un recurso de protección interpuesto por el representante legal de REE UNO SpA -filial propiedad de la empresa minera de tierras raras Aclara Resources- contra dos vecinos de Penco, luego que la empresa los apuntara como quienes gestionaran una cuenta de redes sociales vinculada a la organización Keule Resiste y, mediante esta, se publicaran cuestionamientos al proyecto minero como también críticas a rostros visibles de la empresa.

El fallo ha sido duramente cuestionado por diversas organizaciones, como también por las partes acusadas. Esto, luego que la Corte de Concepción ordenara «a los recurridos la eliminación de toda publicación de mensajes o imágenes o finalmente contenido que hayan á replicado de la página de Instagram cuenta @Keuleresiste o Facebook Keule Resiste, (…) debiendo asimismo abstenerse, en lo sucesivo, de realizar actos como el que dio origen a la presente acción».

En la práctica, esto limitaría la publicación o replicar contenido que cuestione el proyecto minero, señalando que «si existen elementos de juicio que ponderados bajo este tipo de acción constitucional, que han permitido establecer que los ó recurridos han replicado los mensajes, publicaciones e imágenes que se á encuentran alojadas en la plataforma de la cuenta @Keuleresiste»

Aclara es llevada a la Suprema
Tras conocerse el fallo, los vecinos Arnoldo Cárcamo y Camila Arriagada apelaron a la Corte Suprema para revertir el fallo. En un punto de prensa realizado este miércoles, el hecho se dio a conocer públicamente en compañía de diversas personas, como también por su defensa jurídica.

En este contexto, Arriagada señaló que «esperamos que esta instancia revoque este fallo, y de en favor de nosotros para que no se atente a nuestros derechos de libre expresión y que pueda también corregir las incongruencias del fallo, en donde no tenemos derecho a defendernos y donde también injustamente se nos está censurando y hostigando por solo estar en oposición a este proyecto minero de larga data».

De igual forma, la exconsejera regional del Biobío y vecina de Penco enfatizó en que «esta empresa insiste en buscar recursos y figuras para poder acallarnos y para que no levantemos más las voces críticas del proyecto», caracterizando la decisión de la Corte como un fallo insólito y haciendo un llamado a que «sería prudente que se pronunciaran por los argumentos» tras no comprobarse los argumentos iniciales de la empresa.

Por su parte, en contacto con RESUMEN, Antonia Figueroa Parra, abogada representante de los vecinos, enfatizó en que estos «no tienen ninguna relación con esta cuenta de Instagram, y tampoco han hecho esas publicaciones, las cuales se les sindica como responsables, ante lo cual no se acompañó tampoco ninguna prueba que los vinculara».

En este sentido, la abogada planteó que se realizaron los alegatos y entregaron informes correspondientes para dar cuenta de esta situación, pero finalmente la Corte de Concepción «acoge el recurso de la minera sin esbozar mucha fundamentación», ordenando la eliminación de las publicaciones y, además, obliga a los vecinos involucrados a abstenerse de hacer publicaciones en línea crítica al proyecto.

Asimismo, Cristian Urrutia, también abogado representante de los vecinos, señaló que «de toda la prueba que existe, no hay prueba que pueda responsabilizar directa o indirectamente lo que se imputa a nuestros representados», quienes «son reconocidos dirigentes vecinales de la comuna de Penco, por ende consideramos que ante la falta de argumento y pruebas del recurso hay un abuso del recurso como tal e instrumentalización de las instituciones y el recurso para el objeto de silenciar la participación de dirigentes sociales en este tipo de legítimas causas contra proyectos de este estilo».

En esta línea, el abogado planteó que la oposición al proyecto de los vecinos «siempre se ha enmarcado dentro de lo que la Constitución misma garantiza, sobre la libertad de emitir opinión por cualquier forma y sin censura previa», como también de instrumentos internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica.

Por ende, enfatiza, «vamos a seguir adelante con la tramitación del recurso de apelación, y esperamos que ante la evidente falta de pruebas y el actuar de la minera se deje sin efecto la sentencia».
https://resumen.cl/articulos/ambientalistas-llevan-a-minera-aclara-a-la-corte-suprema-acusando-vulneracion-a-la-libertad-de-expresion

26/05/2025
OLCA
Algo se ha acelerado en Chile, y no son solo los proyectos de inversión. Lo que hoy vemos en una “Crónica para el futuro” es una embestida del empresariado nacional y transnacional que busca no solo avanzar con su agenda extractivista, sino que también eliminar cualquier atisbo de democracia y justicia ambiental en el país. Sin embargo, estas ideas no son nuevas y tampoco es una ofensiva espontánea: está cuidadosamente dirigida por el gran empresariado —con El Mercurio como director de orquesta para sorpresa de nadie, y Ex Ante como el nuevo medio regalón para hacer sus descargos— y respaldada, incluso, desde el Gobierno y por una “oposición” que hace tiempo dejó de disimular su comodidad con los privilegios del modelo: una alianza público-privada en todo su esplendor

Este proceso, que comenzó con un pataleo de los grandes grupos económicos, terminó convertido en proyecto de ley por parte del Ejecutivo a inicios del año pasado. ¿Cuál es el eslogan? Permisología. ¿Qué busca? Darle coherencia a sus proyectos de inversión sin trabas. ¿Cuáles son las trabas? Los derechos ambientales de las personas. ¿Qué significa en la práctica? Expandir sus ganancias a costa de los derechos de las comunidades y la naturaleza, ensalzando los supuestos beneficios, caricaturizando a los que defienden lo que va quedando, es decir, a las comunidades y organizaciones que defienden sus formas de vida y territorios. Y todo esto transcurre a vista y paciencia de los que se abrazaban con la firma de Escazú, con el silencio cómplice de los que piensan que no vienen por sus derechos.

Pero, ¿Qué es la permisología? Dícese de la ficción empresarial que señala que las normas, instituciones y trámites ambientales para la evaluación y aprobación de proyectos de inversión son el mismo demonio, la burocracia en su máxima expresión. ¿Se les olvidó que estamos viviendo una crisis climática? ¿No recuerdan los vínculos del extractivismo con la corrupción? ¿Dónde quedó el discurso del Compliance y la ética empresarial? ¿Tienen todo para ganar y aún así quieren más? El discurso de la permisología es el recurso fácil del empresariado, con el cual pretenden abultar aún más sus anhelados maletines mercantilizando, incluso, la propia crisis climática.

No es tan difícil buscar en internet, pero no está demás hacer memoria de cómo se han ido diseñando las normas e institucionalidad ambiental a nivel mundial y nacional: a costa de contaminación, pérdida de biodiversidad, desplazamiento de comunidades, sequía, criminalización y asesinatos de defensoras/es ambientales, zonas de sacrificio, entre otros. Chile no es la panacea del estándar de protección ambiental, por supuesto que se puede mejorar, pero no a costa de los derechos de la ciudadanía para que terminen en manos del empresariado, sino que mejorando el estándar de participación ambiental, incluyendo realmente la consulta indígena, mejorando el sistema de información ambiental -que no entiende nadie-, sumando más recursos y personal para las instituciones que evalúan, aprueban y fiscalizan los proyectos de inversión, tomando decisiones que realmente consideren y prioricen la riqueza de Chile y su gente y no el bolsillo de algunos.

No es de extrañar, entonces, que hoy las empresas empiecen a señalar a los que suponen están detrás de la malvada permisología, que les impide aprovechar la oportunidad de crecimiento que nos da el cambio climático, ¿se entiende la ironía?

Los derechos reconocidos a la ciudadanía, a las comunidades, a los pueblos indígenas, son las salvaguardas que nos van quedando frente al extractivismo voraz que no mira más allá de su ombligo, de sus rentas. Para las organizaciones territoriales, en un escenario adverso y con pocos recursos, no queda de otra más que seguir insistiendo. Es cosa de pensar en comunidades como la de Huasco y Elqui que llevan años defendiendo sus valles de Barrick; en quienes hoy tienen que defenderse del efecto sombra/parpadeante y ruido infernal de las eólicas; en quienes viven la amenaza que arrastra la ampliación de la explotación por parte de los añorados “minerales críticos”, en quienes están quedando debajo los “inocuos” paneles solares, de Magallanes frente a la ilusa industria del hidrógeno verde; en quienes han sido desplazados y visto sus territorios impactados por el negocio hidroeléctrico; en quienes el falso discurso de la desfosilización de la matriz energética les ha traído, a la puerta de la casa, más conflictos y menos políticas de reparación.

Caricaturizar los sistemas de vida de las comunidades, demonizar el trabajo de algunos, olvidarse de su posición favorable y la terrible asimetría en la que se encuentran organizaciones y defensoras/es ambientales, es muy bajo. Pero no es de extrañar en el contexto político mundial y nacional, que normaliza la violencia y la retórica de la derecha, y de sectores de la centro-izquierda que se suman al discurso desarrollista y de la industrialización a cualquier costo, sacando cálculos en año de elecciones.

La reconfiguración del Estado y la profundización del neoliberalismo no es solo irresponsable, es peligrosa, porque aquí no solo está en juego lo ambiental, está en juego la justicia, la democracia, los derechos humanos, la libertad, la salud, el trabajo, la vida. El nuevo rostro de esta ofensiva es elegante, técnico, ambientalmente neutro y se apellida verde o sustentable, como el de minería sustentable, un oxímoron. Pero en el fondo se trata de lo mismo: hacer negocio, ahora con la crisis climática.

Esta estrategia no es distinta, pero está más articulada y es más riesgosa. Es una disputa estructural por el tipo de democracia y de economía que veremos en los próximos años. Hoy es lo ambiental, la permisología, el rol de las ONGs o defensoras/es ambientales, mañana será otra cosa. Hay que alistarse, poner las energías en las comunidades y no retroceder en materia de derechos y democracia, porque vienen por todo, y aquí les despejan el camino.

Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales

Con un amplio respaldo nacional e internacional, y emplazamiento al gobierno de Canadá, cerró la campaña de solidaridad con Camila Arriagada y Arnoldo Cárcamo, defensoras/es ambientales de Penco (Región del Biobío en Chile), quienes están siendo objeto de hostigamiento y persecución judicial por parte de la minera ACLARA.

Así, denunciando este intento de deslegitimación a la protesta ambiental en Chile, por parte de la minera de origen canadiense, se reunieron 327 firmas en total, entre la cuales se destaca el apoyo de organizaciones internacionales, como The Gaia Foundation, Yes to Life, No to Mining global solidarity network, Canadian Network on Corporate Accountability, y MiningWatch Canada, siendo esta última la convocante para las adhesiones en el norte global.

“Exigimos al gobierno canadiense a través de su embajada en Santiago, implementar «Voces en Riesgo: Directrices de Canadá sobre el Apoyo a los Defensores de Derechos Humanos», y manifestarse públicamente en apoyo con las defensoras ambientales de Penco y su trabajo legítimo de defensa de los derechos humanos, sus territorios y las fuentes de agua”, expresaron su la declaración, las organizaciones firmantes de ese país.

Vale indicar, que las Directrices de Canadá para apoyar a los defensores de los derechos humanos, a las cuales se hace referencia en la declaración, establecen un marco de acción que debe ser implementado por funcionarios gubernamentales, especialmente por el personal de asuntos exteriores y las misiones diplomáticas en el extranjero. Este documento subraya que los jefes de misión son responsables de promover los derechos humanos, lo que incluye el respaldo activo a quienes los defienden. Para ello, las embajadas canadienses pueden adoptar diversas medidas, como el mapeo y monitoreo de la situación de los defensores, establecer relaciones directas y constantes con ellos, visibilizar su labor, reconocer sus esfuerzos mediante premios, fortalecer sus capacidades, apoyar redes de solidaridad, dialogar con autoridades locales, colaborar con actores internacionales, acompañarlos en procesos judiciales, hacer declaraciones públicas, brindar asistencia de emergencia y promover una conducta empresarial respetuosa de los derechos humanos.

Equipo OLCA
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales
Compañía de Jesús #2540, Santiago, Chile

14/04/2025
Joaquín Lavín Infante se ha convertido en uno de los fervientes impulsores del proyecto de extracción de tierras raras en Penco, liderado por la empresa Aclara Resources. A través de columnas en medios como Ex-Ante, entrevistas en Las Últimas Noticias y su rol en la Universidad del Desarrollo, el exministro y excandidato presidencial ha desplegado una intensa campaña mediática, académica y política para posicionar este proyecto minero resistido por comunidades locales. La defensa de Lavín al uso estratégico de las tierras raras en el contexto geopolítico actual ha despertado críticas por su omisión de los impactos socioambientales que denuncia la ciudadanía pencona.

Por Javier Arroyo Olea| Integrante del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA

Desde septiembre de 2022, el cuestionado político Joaquín Lavín Infante se incorporó como columnista del medio empresarial Ex-Ante. Desde esta vitrina, ha optado por buscar el posicionamiento de temáticas económicas en el debate público, emitiendo opinión sobre diversos temas. Sin embargo, uno de sus favoritos y más repetido guarda relación con la comuna de Penco y el resistido proyecto de extracción de tierras raras que la empresa minera Aclara Resources -mediante su subsidiaria REE UNO SpA- pretende instalar en sus cerros en una sexta tramitación ambiental.

Lavín Infante tiene un capital político fuertemente vinculado a la derecha y los capitales empresariales que es reconocido en el país. Ya sea como parte de la camada de los Chicago Boys, o excandidato presidencial, o exministro de Educación y de Desarrollo Social durante la primera administración del presidente Piñera, o como un criticado alcalde de la pomposa comuna de Las Condes, Lavín se ha mantenido como un punto de referencia en la discusión política.

Medios: las cajas de resonancia
En una de sus expediciones más recientes, junto al sociólogo Alberto Mayol, Lavín ha abordado la crisis climática como una oportunidad económica donde Chile juega un rol fundamental. La reproducción de este discurso ha sido uno de los «argumentos» de la clase política chilena y el empresariado para potenciar y acelerar cuestionados proyectos extractivos en el país.

En ese contexto se ha insertado la insistente promoción por parte del cuestionado exalcalde, quien ha planteado que la minería -junto a otras actividades extractivas- puede impulsar a Chile a ser «los campeones de la economía verde». Sin embargo, en las intervenciones de Lavín Infante los cuestionamientos de las organizaciones sociales y comunidades no tienen espacio; por el contrario, han sido mucha veces caricaturizados por el economista.

Un ejemplo. En el sitio web de Ex-Ante, Lavín ha publicado al menos cinco columnas[1] en las que aborda el mercado de tierras raras o directamente el proyecto en Penco; sin embargo, el hecho no es casual. El medio de comunicación dirigido por Cristián Bofill ha abordado diversos conflictos socioambientales desde una mirada centrada en la posición de las empresas, siendo caja de resonancia de los cuestionamientos hacia organizaciones y, también, del discurso sobre «permisología» que han levantado los grupos económicos nacionales y transnacionales.

En los escritos de Lavín se abordan distintos puntos, pero todos enfocados a impulsar el proyecto extractivo en la comuna de Penco. Es más, en su último escrito, publicado en Ex-Ante el 05 de abril de 2025, Lavín establece que «no podemos seguir perdiendo el tiempo dándonos el lujo de dilatar y retrasar proyectos estratégicos, sino que, al revés, tenemos aquí una nueva y poderosa carta para la negociación que se viene con Estados Unidos». Esto, en un contexto donde el proyecto minero aún se encuentra en tramitación ambiental, por lo que suma presión en su discusión.

Sin embargo, Ex Ante y los espacios de convergencia con Mayol no son los únicos espacios donde Lavín promociona este negocio. Lo más reciente ha ocurrido como portada de Las Últimas Noticias (LUN) -propiedad de El Mercurio S.A.P.- el 08 de abril de 2024, pocos días después de su más reciente columna en el medio de Boffil.

En entrevista con LUN, Lavín planteó que «en términos económicos, que las tierras raras valen plata y en términos geopolíticos: pone a Chile más en el mapa mundial porque Estados Unidos nos necesita, porque hoy dependen principalmente de China y Trump, lo que quiere es disminuir esa dependencia», respaldando la iniciativa en términos geopolíticos. De igual forma, el exministro de Piñera apuntó a que, más allá de su uso en autos eléctricos, estos minerales tienen «usos en defensa, en energías antimisiles también se ocupan esas tierras. Eso es lo valioso y Trump se da cuenta de la importancia que tienen. Y yo lo menciono porque es un elemento que Chile tiene para negociar».

Pero también el economista cuestionó el proceso ambiental anterior que hizo caer el proyecto de Penco luego que, entre los argumentos presentados, el Servicio de Evaluación Ambiental decidiera dar término anticipado por importantes deficiencias en los estudios presentados por la empresa, entre lo que se encuentra la ausencia de consideración de especies en categoría de conservación. Pero para Lavín, esto solo es «permisología», indicando que «es ridículo rechazar un proyecto por eso. Incluso, podrían haber dicho, oye, protejan estos seis naranjillos, pónganles una malla, lo que sea, entiendo que el gobierno se dio cuenta que la embarró porque la persona a cargo de la evaluación de ese proyecto por parte del servicio de evaluación ambiental, ya no está en el cargo».

La trinchera académica: Universidad del Desarrollo
No solo los medios de comunicación han sido un espacio donde Lavín ha insistido con el tema.

Conocido es el vínculo entre el político y la Universidad del Desarrollo (UDD). Fundada a inicios de la transición postdictatorial, Joaquín Lavín Infante fue parte de quienes «decidieron emprender la aventura de formar una institución académica de primer nivel», señala el portal de la casa de estudios.

El grupo compuesto por representantes de la derecha pinochetista como Ernesto Silva Bafalluy, Joaquín Lavín, Cristián Larroulet, Carlos Alberto Délano, Carlos Eugenio Lavín, Federico Valdés y Hernán Büchi, abrió las puertas de Ingeniería Comercial de la UDD en Concepción, siendo el hito que marcó el inicio de la casa de estudios.

Hoy, Lavín continúa siendo parte de la Universidad. En febrero de este año asumió como director del Instituto de Emprendimiento UDD, puesto que alcanzó mientras aún ejerce como profesor de la Facultad de Economía y Negocios.

Esa Facultad ha sido un punto central en la academia, que promueve la minería de tierras raras. En 2024 realizó el evento Conexión Empresarial entre el 4 y 5 de junio en Concepción, donde participaron como panelistas en la misma mesa Joaquín Lavín y el Gerente General de Aclara, Nelson Donoso. La misma Facultad proyecta una nueva versión del mismo evento para este 2025, donde ya ha establecido a Aclara como socio estratégico, junto a otras empresas como Arauco, Coca Cola y Buses Hualpén.

Pero este no fue el único evento. A fines de junio de 2024, la misma Facultad de Economía y Negocios -a través de su Centro de Investigación Empresa y Sociedad- realizó el evento «Reconecta Biobío», donde reunieron «a los actores económicos más relevantes de la Región del Biobío con académicos de CIES-UDD para fomentar el diálogo y la colaboración con el objetivo de facilitarle a las empresas conectarse con la sociedad en un país en constante cambio», indican en su sitio.

Lo llamativo es que el evento «se desarrolló bajo las reglas de Chatham House (se conoce quienes asistieron, pero no lo que dijo cada uno), garantizando un ambiente de confianza para un diálogo abierto y constructivo», por lo que se desconoce públicamente el alcance de las conversaciones. Lo que sí se conoce, es que en el evento nuevamente se encontró Joaquín Lavín con el Gerente General de Minera Aclara.

Además de estos eventos, la UDD ha monitoreado la situación del proyecto minero a través de su centro de pensamiento Faro UDD, en cuyo boletín de agosto del año 2023 incluyó el proyecto como una «oportunidad de inversión que están en juego», planteando en la introducción del escrito que «ha habido un retroceso importante en el número de proyectos aprobados, además de que los tiempos de evaluación podrían ser considerados extensos, lo que tiene impactos negativos sobre la inversión regional».

La insistencia
Pues bien, la insistencia de Lavín se da en un contexto donde el proyecto minero ha sido promovido por distintos actores. Ya no solo son empresas, sino que el propio Gobierno chileno y dirigencias sindicales han optado por exigir su aprobación en el contexto de implementación del Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío tras el proceso de cierre de la Siderúrgica Huachipato.

La importancia de esto recae no solo en lo que significa que un personero político como Joaquín Lavín Infante esté tan comprometido con la causa empresarial, sino que cómo los mecanismos de prensa, académicos y políticos se han articulado para respaldar un proyecto que, a todas luces, es duramente resistido por la población local.
https://resumen.cl/articulos/joaquin-lavin-el-insistente-promotor-del-proyecto-minero-de-tierras-raras-en-penco