Bolivia, Litio

Bolivia presenta proyecto para industrializar el litio del salar de Coipasa

8/10/2020
Proyecto para la industrialización del litio en el salar de Coipasa, ubicado en Oruro, en Bolivia, contempla la instalación de un complejo industrial para la producción anual de 25 toneladas de carbonato de litio de grado batería.

La propuesta fue presentada por el viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, José Luis Toco. “El proyecto de litio es el resultado de un arduo trabajo y esperemos que el próximo gobierno lo ejecute, para poder lograr la reactivación económica del país”, manifestó.

La construcción del complejo industrial constara de varias obras civiles, como las vías de acceso a la zona de las obras, la perforación de pozos de salmuera y agua dulce, la ingeniería, construcción, montaje y puesta en marcha de las redes de bombeo para la extracción y transporte de la salmuera desde el núcleo del Salar de Coipasa hacia la Planta de Adsorción de Litio, entre otras.

Además, el funcionario aclaró que el Gobierno transitorio no conversó ni suscribió acuerdos con empresas trasnacionales para la explotación de ese recurso estratégico para el desarrollo de Oruro y del país.

La presentación del proyecto se realizó en la Facultad de Ingeniaría de la Universidad Técnica de Oruro (UTO), con la participación de autoridades nacionales y locales, junto a representantes cívicos.
Fuente: La Razón

Bolivia presenta proyecto para industrializar el litio del salar de Coipasa

Bolivia

ARRASÓ UN ROTUNDO “NO” A EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA EN CHALLAPATA, RESULTADO DE LA CONSULTA EN LA COMUNIDAD ACALLAPU

23/09/2020
¡No a la Minería, Si a la Vida!!!
No a la explotación minera
Lechería SI, Minería NO
Agua para la Vida, No para la mina
El Pueblo pide respeto a la agricultura ecológica
Son algunos de los mensajes expresados en carteles, en un acto de Consulta convocado por la AJAM (Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera) a las comunidades indígenas, originarias y campesinas de Acallapu y Tolapujro Cepeda, estuvieron presentes también los jueces de agua, el directorio de la Asociación de Usuarios de la Represa de Tacagua, y la Corte Electoral en calidad de veedores. Hoy 23 de septiembre de 2020 en la comunidad de Acallapu – Challapata, un rotundo NO a la exploración y explotación minera fue el resultado de la primera consulta y será la constante en caso nuevas consultas.

“Nosotros como comunidad de Acallapu NO estamos de acuerdo con ninguna actividad minera, ni por muy pequeña que sea, NO queremos, queremos vivir con la agricultura y la ganadería tal como hemos vivido desde tiempos ancestrales, abuelos, tatarabuelos, que va a ser de nuestros hijos de nuestros nietos si entra la minería… nuestro rotundo rechazo a la exploración y explotación minera, nadie está de acuerdo con la minería en Challapata hace muchos años que estamos en Resistencia y va a ser muy difícil que alguien o alguna empresa transnacional o cualquiera que sea, entre a dañar el agua, la lechería y la vida con la minería, yo he crecido en un centro minero pero que ha quedado en ese lugar contaminación y ruinas, por eso No a la Minería” Sullka Kamachi de la Comunidad Acallapu Carmelo Ayala.

La empresa minera El Buen Samaritano presentó su plan de trabajo minimizando los impactos, los comunarios expresaron su rechazo, asi también los Regantes de Tacagua en la voz de su Presidente Sr. Edgar Pillco:

“Desde el año 92 estamos diciendo No a la Minería, a cuantas minas hemos rechazado desde esa época y ahora con engaños nos dice que una cuadricula nomas van a querer explotar, eso es mentira…Si la contaminación va a llegar no va a ser solo a las dos comunidades, va a ser a todo el sistema de riegos Tacagua, nosotros como regantes nos hemos movilizado con esta preocupación, con las autoridades originarias, con el alcalde y concejales hemos entregado pronunciamientos a la AJAM y a autoridades nacionales, haciendo conocer que no estamos de acuerdo con ninguna explotación minera y el rechazo es rotundo.

Las mujeres de las comunidades y que son parte de la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra, activas en toda la resistencia a la minería contaron:

En una sola voz hemos silbado, hemos gritado porque esta empresa quiere abrir el camino para otras empresas transnacionales, no necesitamos que nos explique nada este minero, has comido de la ganadería y ahora quieres traer contaminación, ahorita te vamos a llevar las mujeres como al Gabarito le hemos hecho, mejor ándate calladito ya no insistas (dirigido al empresario minero) señalo Noemy Cuizara del directorio de la RENAMAT y Regante de Tacagua.

A la conclusión de la consulta el responsable de la consulta técnico de la AJAM manifestó:

“Nosotros somos solo funcionarios públicos que velamos los intereses del Estado y de la actividad minera, por eso se ha realizado la consulta para recibir su opinión de cada uno de ustedes, al ver este rechazo rotundo es que se da por concluido el acto administrativo”

Aun se espera la resolución de la AJAM, hay emergencia permanente de los regantes de Challapata pero también hay claridad que NO quieren minería, que tiene su vocación productiva y se debe respetar su libre determinación.

Acompañamiento: Colectivo CASA – Bolivia

Acallapu, 23 de septiembre de 2020
Esta respuesta y desinterés del Órgano Legislativo y de los Tres Órganos del Estado e Instituciones del Estado que deberían proteger la ecología y biodiversidad que tenemos exuberante a la vez frágil en Panamá no nos extraña cuando tenemos gobiernos con poca o nula vocación ambientalista que apoyan y privilegian las actividades destructivas del extractivismo, evidencia inequívoca de que en lugar de proteger nuestra ecología privilegian a los empresaurios neoliberales del capitalismo salvaje.

¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos Panameños y ambientalistas que apreciamos nuestra ecología y biodiversidad? Recordarle a nuestros gobernantes que relean en la Constitución Política de la República de Panamá el capítulo VI que protege la Ecología para que actúen de manera responsable congruente con el cuidado protección de nuestra ecología y para ello hay que realizar acciones concretas para prohibir esta destructiva actividad en Panamá.

Necesitamos Volver a Leer y enterarnos del Capítulo Ecológico de la Constitución. Para Respetarlo hacerlo respetar y cumplir por todos los Panameños ciudadanos y Gobernantes.

Ante las fallidas gestiones, de nueva cuenta solicitamos a los grupos ambientalistas y a la sociedad Civil volver a entregar en La Asamblea Nacional el Proyecto de Ley que prohíbe la mega minería en Panamá, darlo a conocer por todos los medios de comunicación para que todos nos enteremos, cabildearlo y darle seguimiento hasta lograr el objetivo.

Ante la creciente -indignación de los ciudadanos panameños y ciudadanos del mundo ecologistas solidarios con Panamá y la biodiversidad el Planeta también nos apoyan en nuestra lucha contra la mega minería. De la manera más Respetuosa y solidaria le Solicitamos al Presidente de la República de Panamá Laurentino Cortizo Cohen nos escuche y realice las gestiones necesaria hasta dictar la moratoria hasta que se prohíba de manera definitiva la mega minería en todo Panamá.

Un llamado a la conciencia de todos los Panameños. Para que unidos todos sin diferencia alguna luchemos por nuestros Grandes problemas y objetivos Nacionales uno de ellos es

1.Defendamos la integridad, contribuyamos de manera responsable a la preservación de nuestra biodiversidad y luchemos hasta lograr el cierre de la mega minería en todo Panamá.

Los gobernantes de Panamá que aprobaron las exploraciones de la mega minería permitieron la posterior instalación el avances y explotación de esta minería mostraron poca conciencia ecológica, violaron el Régimen Ecológico de nuestra Constitución.

Roberto Bueno en su artículo La recolonización de América Latina el gran saqueo imperial Nos dice: “Este sistema crea las condiciones ideales para la explotación radical de todo tipo de recursos naturales, al límite de incluso comprometer el medio ambiente, cuya última frontera que no duda en cruzar es la propia imposibilidad de la vida. Este modelo cuya supremacía está ocupada por el economicismo-extractivismo ( 7 ) de la expropiación colonialista siempre ha sido extremadamente crudo y genocida, ya sea perpetrando públicamente a la vista, o mediante la supresión de todos los medios indispensables para la vida y provocando así muertes masivas a sonreír. Fuente Alainet 18 09 2020 https://www.alainet.org/es/node/208952

 

Bolivia

COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES EXIGEN AL GOBIERNO DE BOLIVIA ACCIONES URGENTES PARA PROTEGER AL LAGO POOPÓ

Colectivo CASA <[email protected]>
16/09/2020

El segundo lago más grande de Bolivia, declarado Humedal de Importancia Internacional junto con el lago Uru Uru, está en grave riesgo por el inicio de obras de un proyecto en Perú que desviará más de 500 litros de agua por segundo del río Mauri, su principal tributario.

Durante el mes de agosto, organizaciones ambientales y comunidades afectadas por la grave degradación del lago Poopó lanzaron la campaña #LagoPoopóEsVida para visibilizar la situación crítica del ecosistema y para llamar la atención de autoridades, opinión pública y comunidad internacional hacia la adopción de medidas urgentes para su recuperación.

El Poopó es el segundo lago más grande de Bolivia y, junto con el lago Uru Uru, fue declarado Humedal de Importancia Internacional bajo la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la conservación de humedales.

La conservación de los lagos Poopó y Uru Uru se encuentra en riesgo grave debido a la aprobación e inicio de obras del proyecto Vilavilani fase II en Perú, el cual consiste en el trasvase de aguas de la cuenca alta del río Mauri hacia la cuenca del Pacífico. El proyecto desviará más de 500 litros de agua por segundo del río Mauri, el tributario principal del Poopó, amenazando la estabilidad y el balance hídrico de ambos lagos.

Las obras de trasvase de aguas provocarán sin lugar a dudas un desastre ecológico permanente al reducir significativamente los caudales que alimentan la cuenca y a los humedales, provocando a su vez la disminución del espejo de agua y los consiguientes impactos negativos en las comunidades indígenas y campesinas que dependen de estas fuentes de agua para su subsistencia.

En el marco de la campaña, organizaciones y comunidades exigieron al gobierno acceder a los mecanismos otorgados por la Convención Ramsar y abrir las puertas a una Misión Ramsar de Asesoramiento, la cual permitirá la visita de expertos y expertas para la elaboración de un diagnóstico sobre la salud de los lagos, deteriorada por actividades humanas, y contar con recomendaciones técnicas especializadas para la recuperación de los ecosistemas.

Las organizaciones que promovieron y participaron de la campaña son la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales (Colectivo CASA), el Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA), la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (RENAMAT), la Delegación Departamental Defensorial de Oruro, la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático, el Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA), Agua Sustentable, Wasi Pacha y Juventud Ecologista en Acción.

Bolivia

Minera San Cristóbal de Bolivia vuelve a suspender producción

24/08/2020
Foto: Minera San Cristóbal
Por segunda vez, la minera San Cristóbal suspende actividades por un brote de COVID-19 en su campamento. La minera es la más grande de Bolivia y se ubica en el departamento de Potosí, cerca de la frontera con Chile.

“La Minera San Cristóbal determinó priorizar la vida y rediseñar el sistema de trabajo para reiniciar las operaciones en condiciones seguras sin poner en riesgo a ninguno de los más de 1.400 trabajadores, empresas contratistas y habitantes del municipio de Colcha K (en Potosi)”, señala un comunicado de la empresa de la japonesa Sumitomo.

La suspensión de actividades afecta la producción y exportación de minerales concentrados de zinc, plomo y plata.

La empresa dijo que realizó 8.093 controles médicos a los trabajadores y personal de empresas contratistas, lo que permitió identificar 168 casos sospechosos, de los cuales 41 han sido confirmados. De esos 41 casos confirmados, uno terminó en fallecimiento y 27 estaban aún activos este 24 de agosto.

Bolivia exportó en 2019 minerales en bruto y refinados por un valor de casi 4.400 millones de dólares, de los cuales poco más de la mitad correspondió a la producción de San Cristóbal.

Minera San Cristóbal de Bolivia vuelve a suspender producción

Bolivia

COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES SE UNEN POR LA DEFENSA DEL LAGO POOPÓ

10/08/2020
Bajo la etiqueta #LagoPoopóEsVida, lanzaron una campaña para visibilizar la situación de riesgo grave del ecosistema y de los sistemas de vida que dependen de este.

Organizaciones ambientales, en apoyo a comunidades afectadas por la grave degradación del Lago Poopó, lanzaron una campaña para visibilizar la situación crítica del ecosistema y para llamar la atención de autoridades, opinión pública y comunidad internacional hacia la adopción de medidas urgentes para su recuperación.

El lago Poopó —importante fuente de agua para la biodiversidad local y para comunidades campesinas e indígenas (aymaras, quechuas y el pueblo milenario Uru Murato)— ha sido gravemente dañado por actividades mineras, desvío de ríos y por la crisis climárica al punto de que su espejo de agua se redujera a niveles alarmantes en 2015, llegando incluso a ser considerado desaparecido.

La campaña se desarrollará durante todo el mes, en conmemoración del mes de la Madre Tierra y el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. De ella participan la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales (Colectivo CASA), el Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA), la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (RENAMAT), la Defensoría del Pueblo – Oruro, la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático, el Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA), Agua Sustentable, Wasi Pacha y Juventud Ecologista en Acción.

El Poopó es el segundo lago más grande de Bolivia y, junto con el lago Uru Uru, fue declarado Humedal de Importancia Internacional bajo la Convención Ramsar.

La campaña contempla el desarrollo de las siguientes actividades virtuales:

· 9 de agosto: Lanzamiento de la campaña a nivel nacional e internacional en redes sociales con testimonios de los daños que la contaminación y crisis hídrica del lago Poopó ha traído en comunidades indígenas y campesinas.

· 12 de agosto: Difusión del podcast que aborda la problemática.

· 17 de agosto: Difusión de infografías sobre el caso.

· 20 de agosto: Conversatorio virtual “El Lago Poopó es Vida: Estrategias para la Defensa de la Madre Tierra y la Madre Agua” (Inscripción sin costo en: https://bit.ly/LagoPoopóEsVida).

· 27 de agosto: Velada artística.

· 28 de agosto: Cierre de campaña.

Les invitamos a seguir cada una de las actividades y a unirse a la revalorización de nuestro lago y referente cultural porque el #LagoPoopóEsVida.

10 de Agosto de 2020

Bolivia

Apacheta se declara en emergencia ante intento de avasallamiento minero

Los indígenas en un acto ritual frente a la minera. Foto: Radio Peñas.
06/08/2020
Fuente: Cejis
Los pobladores del territorio indígena Jach’a Marka Tapacarí Cóndor Apacheta, en Oruro, se declararon en emergencia ante el avasallamiento de sus tierras por parte de un operador minero, que la pasada semana movilizó maquinaria y personal en el sector, a pesar de tener conocimiento de que el territorio se declaró netamente productor agrícola y ganadero.

La decisión se asumió durante el primer cabildo virtual que celebraron este domingo 2 de agosto, las autoridades junto a los habitantes del territorio, quienes participaron y tomaron la palabra a través de la radio local que también transmitió el encuentro.

En Oruro, indígenas buscan garantizar la soberanía y seguridad alimentaria con la construcción de galpones forrajeros
Durante el cabildo, las autoridades informaron a la población que el miércoles 29 de julio recibieron la llamada de algunos comunarios de Ticaña que alertaron de la presencia de volquetas y retroexcavadoras, por lo que en la tarde el Consejo de Autoridades se movilizó hasta el lugar, donde verificaron el avance de un camino que se abría por la parte superior del cerro.

El territorio indígena Jach’a Marka Tapacarí Cóndor Apacheta se ubica en los municipios de Pazña y Antequera, en el departamento de Oruro. Las 54 comunidades que integran la marka se dedican a la producción de leche y sus derivados como: queso, yogurt, flan y otros; a la crianza de ganado lechero, la venta de carne, cultivo de habas, papas, hortalizas, cebada y alfa alfa. Estos productos son comercializados en las ferias de Challapata, Huanuni, Bolívar, Totoral y Oruro; incluso, su producción de queso llega hasta los mercados de Potosí, Yacuiba, Villamontes y Cochabamba.

En el cabildo, las autoridades recordaron que el 2019, la marka determinó “cero minería”, razón por la cual el día que se enteraron del avasallamiento, se dirigieron al lugar donde se encontraba la minera para ejercer sus derechos como pueblo indígena, a través de un acto ritual y una ch’alla, para luego dialogar con el personal responsable de la empresa minera.
Fruto de este encuentro, las autoridades y la empresa acordaron un cuarto intermedio durante el cual la empresa iría a la oficina de las autoridades originarias a presentar los documentos que demuestren la legalidad de sus operaciones; sin embargo hasta la fecha no se hicieron presentes, según informaron las autoridades de la marka al Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas de Bolivia (ODPIB) dependiente del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis).

El conflicto se viene arrastrando desde hace más de dos años, cuando la empresa también ingresó a la misma comunidad a realizar trabajos mineros y las y los comunarios también lo impidieron; por esta primera situación, los pobladores realizaron un cabildo donde tomaron la decisión de no permitir el trabajo de ninguna empresa minera, por la naturaleza productora de la región.

A pesar de la pandemia por el COVID-19, en Bolivia las actividades extractivas continúan amenazando a los territorios correspondientes a los pueblos indígenas, las cuales suman cada vez más impactos al medio ambiente y a la salud de la población indígena, quienes en algunos casos contrajeron el Covid-19 producto del ingreso de empresas a sus comunidades sin las medidas básicas de bioseguridad.
http://www.erbol.com.bo/gente/territorio-ind%C3%ADgena-tapacar%C3%AD-c%C3%B3ndor-apacheta-se-declara-en-emergencia-ante-intento-de

Bolivia

LOS CUIDADOS NO ENTRAN EN CUARENTENA

08/07//2020
Impactos del COVID-19 en mujeres que viven en contextos de extractivismo minero en Bolivia
Angela Cuenca Sempértegui – Carmen Aliaga Monrroy
Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales (Colectivo CASA)

Fuente: Defensora RENAMAT Uncia.2020
Los pueblos del mundo estamos actualmente viviendo una contingencia y emergencia sanitaria que ha trastocado todas las cotidianidades posibles, que está además desmontando las grandes mentiras del capital y el extractivismo patriarcal en los territorios. Ante la desigualdad socioeconómica, se desnudan los proyectos de supuesto desarrollo beneficiando sólo al enriquecimiento de los poderosos e intensificando el grado de vulneración de derechos, aterrizando sobre las vidas y los cuerpos de las mujeres con mayor brutalidad.

En el caso boliviano, se registraron los primeros casos de contagios a partir del 12 de marzo, de ahí en adelante el gobierno transitorio de Jeanine Añez impuso medidas de cuarentena estricta en todo el país. Estas medidas incluyeron restricción total de movilidad y transporte, uso obligatorio de insumos de bioseguridad, medidas obligatorias de higiene y permiso para salir a abastecimiento de alimentos a una sola persona por familia en un horario determinado y con control policial que verificaba las cifras finales de las cédulas de identidad. Estas medidas tan sólo para personas mayores de 18 años y menores de 65. Los primeros dos meses de esta cuarentena total, generaron una alta vulnerabilidad en las familias de escasos recursos, a pesar de ello la población acató las medidas en el resguardo de la vida. Sin embargo, en los dos últimos meses la precariedad está afectando duramente la sobrevivencia de miles de familias, siendo que el Estado no está siendo capaz de dar una respuesta efectiva a las necesidades. Paralelamente, se han flexibilizado algunas restricciones, flexibilización que principalmente está beneficiando a la mega industria, capital privado y, por supuesto operaciones mineras que volvieron a funcionar, a pesar de los riesgos para la salud.

En los territorios afectados por la minería donde ya desde hace décadas se vienen denunciando los impactos sociales del despojo ambiental, también hemos venido denunciando los impactos diferenciados en las vidas y los cuerpos de las mujeres. Ya sean éstos, territorios donde está presente la empresa minera, territorios que se conectan con centros mineros a través de las cuencas y/o territorios en resistencia a la minería. A este daño ambiental ocasionado por las actividades mineras y que a la vez pone en riesgo la vida de las mujeres, su integridad, su salud, su economía y el ejercicio pleno de sus derechos, la consideramos una forma de violencia estructural y patriarcal, a la que denominamos en alianza con la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra, violencia medioambiental contra las mujeres[1].

Esta forma de violencia se ha visto exacerbada por la multiplicación de tareas en una lucha diaria de las mujeres del altiplano boliviano por conseguir agua limpia, implica la sobrecarga de trabajo en el cuidado del hogar, hay problemas en la salud física y emocional de las mujeres, afecta la economía local-comunitaria ya que no pueden producir porque la contaminación minera ha dañado los terrenos irreversiblemente. Por otra parte, se va confirmando que la población más vulnerable ante el virus, es precisamente la que vive en situaciones de contaminación ambiental grave, de por sí la minería estaba vulnerando el derecho a la salud y a la soberanía alimentaria, situación agravada por la amenaza de contagio que, en condiciones de escaso servicio de salud, expone a la población a una situación terrible y de emergencia humanitaria.

Con las condiciones sociales generadas por la pandemia del COVID-19, estos impactos se incrementan y se pone en evidencia más que nunca que la minería no es una actividad indispensable para la vida y en su lugar sí la producción de alimentos y la gestión comunitaria del agua.

1. Restricción de derechos y condiciones para las mujeres
Las comunidades afectadas por la minería y las mujeres responsables del sostenimiento de la vida, vienen sufriendo desde hace décadas, una serie de vulneración de sus derechos. La cuarentena como efecto de la pandemia ha intensificado esta vulneración en aspectos como el derecho al agua, al trabajo, la economía y a la salud.


Fuente: Colectivo CASA comunidad Rancho Grande.2019
Derecho al agua. Es la pregunta que se han estado haciendo las mujeres afectadas por la minería en Bolivia, y más aún con una cuarentena que les impide salir de sus hogares para buscar agua limpia. Hace algunos años publicamos que, en algunos casos, una operación minera empleaba en un día la cantidad de agua dulce que una comunidad en un año. Actualmente hay comunidades que no tienen acceso a agua como Totoral o que sus fuentes de agua han sido totalmente contaminadas como en El Choro. En el marco de la contingencia sanitaria, se exige que el lavado de manos y medidas de desinfección sean constantes, sin embargo, las condiciones de las regiones impactadas por la minería ni siquiera cuentan con agua para alimentación, menos para

la higiene necesaria en estos momentos. Estas preocupaciones por la salud de la familia, por la alimentación de los hijos, por el riesgo de contagio, va generando daños emocionales en las mujeres y se sigue incrementado de sobremanera en esta cuarentena. Una vez más resaltamos la importancia de pensar en el acceso al agua como condición imprescindible para la reproducción de la vida, los impactos del COVID-19 deben llamarnos a la reflexión y convocar a actores estatales para atender los casos de desastre ambiental donde se han afectado fuentes de agua dulce de forma irreversible.

Fuente: Defensora RENAMAT Challapata 2020
Derecho al trabajo campesino. La pandemia del COVID-19 se ha encargado de visibilizar las asimetrías económicas tanto en territorios urbanos como rurales, el famoso #QuedateEnCasa no aplica para las diferentes realidades de las comunidades campesinas e indígenas. Las compañeras en comunidades que tienen vocación productiva agroganadera y que han estado resistiendo a la minería, se han visto afectadas sin poder salir a vender sus productos agrícolas o teniendo que afrontar una serie de trámites burocráticos, exponiendo su salud para seguir alimentándose a las ciudades, pese a ello se proyectan incentivos para actores mineros y no en apoyos a los pequeños productores. La única forma de garantizar la soberanía alimentaria es el trabajo campesino, sin este trabajo las familias quedan en una absoluta vulnerabilidad y crisis alimentaria. Es necesario contemplar que el alimento necesario para la población tano urbana como rural, nace de estos territorios, que el trabajo en la tierra es imprescindible para afrontar la pandemia y que esta gestión de los alimentos debe ser dejada en manos comunitarias que están apostando a la solidaridad, el intercambio de productos y el cuidado mutuo.


Fuente: Defensoras RENAMAT Poopó.2020
Derecho a la economía local-comunitaria. Todas las medidas de rescate económico y apoyo para mitigar los impactos económicos de la pandemia por parte del Estado, se han volcado para beneficiar la macroeconomía y potenciar a los sectores económicos empresariales, uno de ellos es el sector minero, con el pretexto de que estas inyecciones de capital ayudarán a salir de la crisis. A principios de mayo se reactivó el permiso para que las actividades mineras vuelvan a funcionar con supuestos protocolos de bioseguridad, sin embargo, los contagios en los centros mineros se han disparado alarmantemente. Por otra parte, la economía de la vida, esta que se encarga de la alimentación, la necesaria para el cuidado de la salud y de la vida, ha quedado totalmente olvidada. Peor aún las mujeres de comunidades que no tienen producción a causa de la contaminación minera y que viven del día a día, en esta cuarentena sin ingresos económicos para comprar los alimentos, están atravesando dificultades para la alimentación diaria. No hay ninguna medida ni política estatal que esté beneficiando la economía que abastece de alimentos, las canastas no incluyen frutos, verduras o granos que provengan de la comunidad, por el contrario, están comprando alimentos procesados a los grandes empresarios, esto se comprueba con la amenaza de producir y comerciar semillas transgénicas en el país. Una vez más se demuestra que la minería despoja de trabajo a las mujeres y sus comunidades, daña la economía de la vida, llevando mayor pobreza para las familias.


Fuente: Defensora RENAMAT Realenga.2020
Derecho a la salud y la vida. Una vez reactivada la actividad minera, por considerarse una actividad prioritaria económicamente, se demuestra que es un atentado contra el derecho a la salud y la vida, ya que se pone en riesgo a toda la población, además de poner en riesgo a los trabajadores y a sus familias. Las comunidades rurales en general tienen serios problemas de acceso a servicios de salud básica, en los casos de comunidades impactadas por la minería la situación es todavía más grave, regiones declaradas como zonas de desastre ambiental como la cuenca Huanuni, no cuentan con laboratorios ni servicios de salud para enfrentar las enfermedades generadas por la contaminación minera. No existen las mínimas condiciones para enfrentar el coronavirus en las zonas rurales del país, y menos aún para enfrentar una contingencia en territorios impactados por la minería, donde los centros mineros puedan ser epicentro de contagios.


“… la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado de que el número de hospitales de tercer nivel por número de habitantes debería ser de uno por cada 75.000 habitantes. Ello implica que el país debería tener 149 hospitales de este tipo, frentes a los 79 que cuenta en estos momentos, incluyendo los privados, de la Iglesia Católica. Públicos son solo 34.”[2]
Se tiene ya casos confirmados en los trabajadores en Huanuni, al mismo tiempo por parte de la empresa minera San Cristóbal[3], las y los comunarios de la Nacion Originaria Pacajes en el departamento de Potosí, denuncian que el reinicio de actividades de la Empresa Minera Sinchi Wayra que además no socializó los debidos protocolos de seguridad, expone a la comunidad a serios riesgos de contagio[4].
La crisis sanitaria con el confinamiento establecido por los gobiernos, están finalmente recargando las tareas de los cuidados en las mujeres. No solo la atención de mantenimiento del hogar, sino un sin fin de preocupaciones por la salud y el acceso a derechos. Son las mujeres quienes sostener la vida, y pese a la cuarentena los cuidados ya sean remunerados o no remunerados se resienten e incrementan las preocupaciones. Por ello la reparación de daños ambientales no pueden ser postergados a titulo de la pandemia y es urgente que la perspectiva de género sea incluida tanto en las restricciones por la contingencia, como en los apoyos que se están dando. La salud de miles de familias está siendo recargadas en las espaldas de las mujeres que deben sostener la vida en condiciones de crisis, miedos y contaminación ambiental.
El confinamiento y las medidas restrictivas incrementan el grado de vulnerabilidad para las mujeres, las situaciones de violencia intrafamiliar y violencia machista son una amenaza en esta pandemia y el estado no está respondiendo oportunamente. En muchos de casos de violencia intrafamiliar, las mujeres están presionadas a convivir con los agresores, en los casos donde las comunidades acostumbran intervenir, ahora se dificulta la posibilidad de gestionar salidas desde el sentido colectivo.
2. Militarización de los territorios y nuevos riesgos para las mujeres
Una de las medidas tomadas por el gobierno boliviano que transgrede una serie de derechos, principalmente en los territorios más vulnerables, es el control mediante la fuerza policial y militar. A título de control durante la pandemia se han sacado a los militares a las calles no sólo de las ciudades, sino de todas las comunidades rurales, con un mayor control territorial con el pretexto de hacer respetar las medidas restrictivas. Esta situación está generando violencia psicológica por medio de la imposición del miedo, ya que la amenaza son multas de dinero muy altas o hasta la cárcel, este temor está presente en la cotidianidad de las mujeres que para llevar alimento a sus familias deben sortear al control. Del mismo modo, hay un excesivo control y represión frente a la venta de sus productos agrícolas, las mujeres cuentan que deben escaparse en horas de la madrugada para cuidar los campos de cultivo y dar alimentos a sus animales, esquivando el control militar.
Las mujeres en las comunidades, defensoras de la Madre Tierra, nos recuerdan que la única forma de afrontar la pandemia ante la desatención del Estado, es a través de los cuidados colectivos, tejiendo solidaridad, demandando el respeto de los derechos, con la escucha, el dialogo, la reciprocidad y luchando contra este modelo económico que mercantiliza la vida. La fuerza policial y militar en pocos casos ha colaborado en las situaciones de crisis y necesidades, solamente llevan miedo, inseguridad y nuevos riesgos para las mujeres.

3. Covid-19 y pueblos indígenas
Desde antes de la propagación de la pandemia COVID -19, los pueblos indígenas de Bolivia venían denunciando el aislamiento, no ser tomados en cuenta, y con la propagación de la pandemia la situación ha empeorado. De acuerdo a datos recabados, hay un solo médico para más de mil familias en las comunidades indígenas de la Amazonía, Valles, Chaco y Altiplano Boliviano. Los hospitales y centros de salud no cuentan con insumos ni equipos de bioseguridad para atender los casos de salud[5].
Hasta el 22 mayo, 46 territorios indígenas en Bolivia fueron registrados en riesgo de contagio por coronavirus, debido que se sobreponen a 23 municipios en los que se tiene casos 1.101 confirmados de la pandemia, según el monitoreo que desarrolla el Centro de Planificación Territorial Autonómica (CPTA) del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social[6].
Los protocolos de seguridad que ha sacado el gobierno son urbanos, en la comunidad no hay agua, los protocolos debieran ser diferenciados en las comunidades los gobiernos deben escuchar a los pueblos indígenas. En el caso del norte de La Paz, donde están ubicados Territorios Indígenas de Origen, principalmente del pueblo leco, ya se han recibido noticias de que la minería legal, como ilegal que explota oro, están cometiendo abusos y vertiendo amenazas contra indígenas en el marco de la pandemia[7], en un sector en el que además ya se denunció con anterioridad el uso indiscriminado de mercurio que está matando las fuentes de agua. En otros casos de pueblos indígenas se confirman ya casos positivos de COVID-19 entre: ayoreos, sirionó, yuquis y Yacubaba, donde ya se registran casos de contagio.
Los pueblos indígenas de Bolivia, están resintiendo con mayor intensidad la vulneración de los derechos ambientales en estos momentos de emergencia sanitaria, ya numerosos informes dan cuenta de la necesidad de atender a estas poblaciones y, por el contrario, el gobierno esta dando luz verde a la reactivación de proyectos mineros en territorios indígenas bajo pretexto de necesidad económica.

4. Reflexiones finales
Lastimosamente hasta ahora en Bolivia se supera los 40 mil casos de contagio, en los últimos días se han disparado notablemente los casos. En el centro minero Huanuni dependiente del Estado ya se habla de más de 20 mineros contagiados con COVID-19, y en la empresa transnacional minera San Cristóbal subsidiaria de la Sumitomo de Japón se registran dos trabajadores mineros contagiados. La situación se ha visto reflejada como una crisis humanitaria en el departamento de Beni, precisamente por las condiciones de servicios de salud deficientes. La ciudad de Cochabamba empieza a lamentar una serie de decesos que son cada vez más constantes. La cuarentena se ha flexibilizado en el último mes y, ahora el gobierno está considerando volver a ajustar las restricciones. Lo que nos tememos como organizaciones desde los territorios y desde las mujeres que están sosteniendo la vida en las comunidades impactadas por la minería, es que estas medidas estarán destinadas a un mayor control de la población y mayores restricciones de libertades y derechos.

La minería ya ha sido reactivada, los tramites mineros se los puede realizar vía internet con riesgo a que se impongan en los territorios sin que sepan las comunidades y la gran empresa seguirá trabajando, al parecer estas semanas de flexibilidad tan sólo se han hecho efectivas para impulsar la economía mercantilista y la depredación de los territorios con el pretexto de salida de la crisis. Las mujeres defensoras del territorio, las organizaciones indígenas y sociales, alertamos la importancia de velar por la economía verdaderamente indispensable: la producción de alimentos y el cuidado de la vida, hacemos un llamado a las autoridades exigiendo mayor atención a los sectores vulnerables, reafirmando más que nunca: mina NO, vida SÏ.

Fuente: Colectivo CASA. Defensoras RENAMAT, Challapata 2020

Julio de 2020

[1] Colectivo CASA, 2013. Minería con “M” de machismo y Madre Tierra con “M” de mujer. Percepciones femeninas sobre los impactos ambientales y los conflictos con la minería en comunidades indígenas campesinas (Sistematización de diez casos). Conexión: Fondo de Emancipación y Fundación Rosa Luxembug
[2] Notimérica, Sociedad, 2 de mayo del 2020. Obtenido de https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-coronavirus-bolivia-reanuda-actividad-minera-nuevo-protocolo-bioseguridad-20200502182835.html
[3] Radio Fides (Digital), 2 de junio del 2010. Obtenido de https://www.radiofides.com/es/2020/06/02/potosi-alcalde-de-llallagua-y-trabajadores-de-la-minera-san-cristobal-dan-positivo-a-covid-19/
[4] Chaski Clandestina, 28 de mayo del 2020. Obtenido de https://chaskiclandestina.org/2020/05/28/nacion-originaria-pacajes-en-potosi-denuncia-atropellos-de-empresa-minera-sinchi-wayra/
[5] Mongabay y LATAM, por María Mela Molina. 15 de abril del 2020. Obtenido de https://es.mongabay.com/2020/04/bolivia-pueblos-indigenas-coronavirus-covid-19-salud/
[6] CEJIS, 9 de junio del 2020. Obtenido de http://www.cejis.org/situacion-de-los-pueblos-indigenas-de-tierras-bajas-de-bolivia-frente-al-covid-19/
[7]Chaski Clandestina, 26 de mayo del 2020. Obtenido de https://chaskiclandestina.org/2020/05/26/pueblo-indigena-leco-en-el-norte-paceno-denuncia-avasallamiento-por-parte-de-minera-aurifera/
Publicadas por OIEDC

Bolivia

Especialistas advierten sobre una contaminación «descontrolada» de aire y fuentes de agua

28/06/2020
Los índices en La Paz, Cochabamba y El Alto «triplican» los límites permitidos por la OMS.
Fuente: paginasiete.bo
El pasado lunes 23 de junio, la plataforma Bolivia Debate organizó un panel sobre Calidad ambiental y salud, que tuvo como ponentes a Freddy Koch, Ana María Romero y Carola Ortuño. Entre las conclusiones a las que llegaron se encuentra el que varias regiones presentan altos niveles de contaminación, pero que las autoridades no realizan ningún monitoreo o estudio periódico al respecto.

Los índices de contaminación del aire en La Paz, Cochabamba y El Alto triplican los límites permitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS); mientras en el campo y en la ciudad la población se expone serios niveles de contaminación fecal en aguas, así como consumo de agua con metales pesados e incluso con plaguicidas, destacaron los expertos, a través de un comunicado.

Actualmente el Estado no realiza monitoreos nacionales sobre calidad del aire ni del agua, así como de los residuos sólidos, que permitan visibilizar sus impactos en la salud pública, lamentaron, antes de señalar que solo la contaminación del aire estaría asociada a infecciones respiratorias agudas, problemas cardiovasculares e incluso desarrollo de cáncer de pulmón.

Según los datos presentados durante la charla, hasta el año 2018 el país tenía más de 1,8 millones de autos, lo que supone una cifra cuatro veces mayor a la registrada en 2003.

A su vez, el uso de transporte público difiere sustancialmente de acuerdo a la región. Mientras el 71% de los habitantes de La Paz se moviliza en transporte público, en Cochabamba el número de usuarios no supera el 50% y en Santa Cruz no pasa de 36%.

Por esta y otras razones, los ponentes resaltaron la necesidad de continuar con los Informes Nacionales de Calidad del Aire, cuya última versión data de 2017,

Llevamos tres años sin tener esta información, que es tan relevante para hacer política pública, recalcó Freddy Koch, asesor regional del programa Clima y Aire Limpio para América Latina (CALAC+).

Contaminación y residuos peligrosos

Según Ana María Romero, especialista en recursos hídricos e investigadora de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), los datos que tienen sobre actividad minera en los ríos del norte de Potosí revela la presencia de elevados niveles de arsénico, cadmio, cobre, plomo, níquel, que superan los valores de la Norma Bolivia 512 para calidad de agua destinada a consumo humano. Los estudios de Romero han llegado a encontrar presencia de cadmio en la orina y la sangre de pobladores de Quila Quila, provincia Bustillo de Potosí.

Así como la minería, otra problemática son los plaguicidas que se ha encontrado en aguas y en productos agrícolas regados con esta agua, de hecho Romero advirtió sobre incrementos de nitratos en aguas subterráneas, lo que significa excesivo uso de fertilizantes o de residuos de explotaciones agroganaderas.

Fuente: paginasiete.bo

Bolivia

Huanuni: 24 casos de covid-19 corresponden a trabajadores mineros

16/06/2020
El municipio de Huanuni en el departamento de Oruro es una de las regiones que registra casos positivos de covid-19, según el último reporte epidemiológico del Servicio Departamental de Salud (Sedes), existen 85 casos registrados en el lugar, del total de diagnósticos 24 corresponden a trabajadores mineros lo que encendió las alarmas por el riesgo de contagio entre obreros.

El director del Centro Integral en Huanuni, Dr. Javier Gosalvez, informó este martes que un total de 13 mineros son pacientes activos, tres se recuperaron posteriores a tratamiento y se lamentó el deceso de dos sujetos, uno confirmado y otro bajo sospecha de covid-19.

“Aparentemente hay una influencia muy fuerte en cuanto a estos trabajadores que pueden ser como un foco de contagio en distintas secciones de la empresa ya que este mal se torna asintomático”, concluyó.

FIDES ORURO

Bolivia

Personal de salud retenido retorna de Kami tras la firma de acuerdo

09/06/2020
El conflicto se generó por la difusión de una información errónea que señalaba que un minero que era trasladado en una ambulancia y falleció en el accidente de ese vehículo tenía COVID-19.

Brenda Molina
El personal de salud que se encontraba retenido en ambientes de la Caja Nacional de Salud (CNS) en el distrito minero de Kami, provincia Ayopaya, retornó a la ciudad de Cochabamba con la mediación de la Defensora del Pueblo y tras la firma de un acuerdo para la atención de un pliego petitorio.

El conflicto se generó por la difusión de una información errónea que señalaba que un minero que era trasladado en una ambulancia y falleció en el accidente de ese vehículo tenía COVID-19.

El convenio establece que la CNS implementará en el lugar brigadas móviles de salud con equipo de rayos X, así como la asistencia de especialistas en reumatología y neumología. También incluye la reposición inmediata de la ambulancia siniestrada en un accidente reciente.

Asimismo, se acordó que la CNS dote de medicamentos de primera necesidad para pacientes del distrito minero, de acuerdo a los padecimientos comunes de la zona, entre ellos silicosis, fibrosis pulmonar y reumatismo.

El pliego petitorio exige también al Servicio Departamental de Salud (SEDES) mejorar la infraestructura y el equipamiento para el hospital de segundo nivel María Auxiliadora de Kami, kits de prueba para COVID-19, reposición de cuatro ítems e incremento de profesionales médicos especialistas, entre otras demandas.

El delegado defensorial de Cochabamba, Nelson Marcelo Cox Mayorga, manifestó que la institución hará un seguimiento minucioso a los compromisos asumidos por las autoridades presentes, hasta que se cumplan.

«En cumplimiento a la instrucción de la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, se hará seguimiento inmediato para que estos compromisos se cumplan y vamos a asumir la obligación institucional para que ustedes puedan tener la satisfacción de los puntos resueltos y quede desmentido que el fallecido era diagnosticado COVID-19», dijo Cox a los pobladores.

En el diálogo participaron la Defensoría del Pueblo en Cochabamba, SEDES, Administración de la CNS, representantes de FENCOMIN y de la Cooperativa Minera «El Progreso» de Kami, ente otras instituciones.

Fuente: https://www.opinion.com.bo

Personal de salud retenido retorna de Kami tras la firma de acuerdo