23/11/2023
En amplia reunión de las diversas organizaciones e instituciones de Challapata entre ellos el gobierno autónomo municipal de Challapata, los Concejales de Challapata, la Asociación de Usuarios del Sistema de Riego N2 Tacagua, las autoridades Originarias de los 7 ayllus de la marka Challapata, el Suyu Jakisa, la comunidad de Malliri, la red de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra, el Colectivo CASA, Comité cívico, transportistas, entre otros, se determinó emitir la siguiente convocatoria:

CONVOCATORIA A MOVILIZACIÓN CON BLOQUEO DE CAMINOS

ANTECEDENTES
Challapata es la capital agrícola, ganadera e industrial lechera del occidente boliviano, reconocida mediante leyes nacionales, departamentales y municipales, con 63 años de producción sin contaminación y en resistencia a proyectos de exploración y explotación minera en defensa del agua, la producción y la vida. A mediados de esta gestión, debido a denuncias de la comunidad de Malliri se ha constatado que la Empresa Minera Piedrassulf SRL, se encuentra explotando minerales metálicos, sin contar con licencia ambiental, trabajando de forma ilegal, a cielo abierto, sin autorización de la comunidad, contaminando las vertientes de agua, los suelos y poniendo en riesgo de contaminación a los canales de riego, la producción y toda la actividad económica de Challapata.

El Gobierno Autónomo Municipal de Challapata, el Concejo Municipal, la Asociación de Usuarios del Sistema Nacional de Riegos N°2 Tacagua, las autoridades originarias de los 7 ayllus de la Marka Challapata, el suyu JAKISA, la RENAMAT y las instituciones representativas de Challapata, en cumplimiento de las normativas minero ambientales se ha obtenido una Resolución Administrativa emitida por el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, que determina la suspensión de la operación minera, la misma que ha sido desacatada por la empresa con total incumplimiento y que peor aún ha masificado e intensificado el trabajo de explotación.

MOVILIZACIÓN – BLOQUEO
Siendo que desde el mes de julio nos encontramos en estado de emergencia y alerta, ante la permanente contaminación que está generando la empresa minera Piedrassulf, el incumplimiento de la resolución de la gobernación de Oruro, además de acciones de intimidación de parte de la empresa contra las comunidades y los representantes del municipio, es por lo que se convoca al bloqueo indefinido a realizarse desde las cero horas del día lunes 20 de noviembre de 2023, en el Distrito de Challapata y sus comunidades, hasta tener respuestas que den solución real a nuestras demandas.
DEMANDAS

1. Demandamos a las autoridades de la gobernación y a las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente hacer cumplir la Resolución de suspensión con medidas efectivas hasta el cierre

2. Exigimos la anulación (resolución) del Contrato Minero a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y el cierre definitivo de la operación minera de la empresa Piedrassulf que trabaja de forma ilegal en la comunidad de Malliri

3. Exigimos la presencia del Ministro de Medio Ambiente y Ministro de Minería para dar una solución definitiva al conflicto minero.

4. Pedimos a la Asamblea Legislativa Departamental una la Ley de protección a la Represa de Tacagua.

5. Demandamos el cumplimiento del Acuerdo de Escazú, para dar garantías y activar mecanismos de protección a favor de los defensores del agua y de la tierra madre tierra.

Challapata, 16 de noviembre de 2023

Publicadas por OIEDC

27/11/2023
Colectivo CASA.- Tras un contundente bloqueo protagonizado por regantes y diversas organizaciones e instituciones vivas de Challapata en la carretera Oruro – Potosí el dia lunes 20 de noviembre, autoridades nacionales llegaron al lugar de bloqueo con presencia del Viceministro de Medio Ambiente, Viceministro de Minería, Director Nacional de Medio Ambiente del Ministerio de Medio Ambiente, Director Nacional de Medio Ambiente del Ministerio de Minería, Secretario de Medio Ambiente de la Gobernación y la Directora de la AJAM Oruro, luego de una amplia reunión junto al comité interinstitucional de bloqueo, acordaron acciones de cumplimiento frente a la minería ilegal y en resguardo de las fuentes de Agua, ingresando en un cuarto intermedio en las movilizaciones.

Luego de analizar la situación de empresa minera Piedrassulf, las pruebas contundentes de vulneración a la normativa ambiental, el incumplimiento a resoluciones ambientales y tras trabajar de forma Ilegal sin licencia ambiental, además de poner en riesgo la vocación productiva de Challapata y al afectar las fuentes de agua, se determinó que el Estado hará cumplir la resolución 067/2023 que ordena la suspensión de actividades de dicha empresa, además se continuaran con acciones legales hasta la revocatoria del contrato administrativo minero otorgado por la AJAM.
El comité interinstitucional de Challapata compuesto por la Asociación de Usuarios del Sistema de riego No 2 Tacagua, la comunidad de Malliri, las autoridades originarias de los Siete Ayllus de la Marka Challapata, Concejales, el gobierno municipal de Challapata, el suyu Jakisa, la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra, el Colectivo CASA, transporte, comité cívico entre otros decidieron ingresar en cuarto intermedio en la movilizaciones con posibilidad a ser retomadas en caso de incumplimiento.

Es de conocimiento público que Challapata es la capital agrícola ganadera e industrial lechera del Occidente Boliviano, reconocida mediante leyes nacionales, departamentales y municipales, además que el 70% de toda la leche de Oruro proviene de Challapata y que el motor de desarrollo productivo es la represa de Tacagua por lo tanto es necesario cuidar y proteger las fuentes de Agua y evitar su contaminación, el comité interinstitucional de bloqueo ratificó con las movilizaciones que las normas ambientales deben cumplirse Informa y Acompaña Colectivo CASA

Challapata, 21 de noviembre de 2023.

Publicadas por OIEDC

Hallaron cantidades inusuales de arsénico, cadmio y plomo en su organismo

“Exigimos que las autoridades tomen las medidas necesarias de manera inmediata para proteger la vida y el bienestar de muestras familias. Deben frenar las operaciones mineras sin licencia ambiental y dotarnos agua segura, además de forraje”, dijo el Mallku del Ayllu orureño, Prudencio Poma.
10/11/2023

Un estudio de laboratorio realizado a una cantidad de comunarios del ayllu San Agustín de Puñaca, ubicado en el municipio de Poopó del departamento de Oruro, confirmó la presencia de metales pesados como arsénico, cadmio y plomo en el organismo de esas personas y en cantidades preocupantes. Autoridades de ese sector presentaron esa evidencia de la contaminación minera y las repercusiones en la salud de la población, junto con un Recurso de Queja ante el Tribunal Constitucional.
En entrevista con EL DIARIO, el abogado ambientalista y representante de los afectados, Teodoro Blanco, la comunidad convive con los centros mineros de Huanuni y la cuenca del Poopó, por lo que consume agua que llega desde esos sectores. En los últimos años notaron daños a la salud humana, a las praderas que los animales ya no consumen y por eso activaron una acción popular.
“Porque tenemos derecho a un medio ambiente sano y saludable y cuando este derecho es vulnerado por un actividad, empresa o persona natural, activamos este recurso (…) demandando al Ministerio de Medio Ambiente, al Ministerio de Minería, a la Gobernación, para que cumplan su rol de proteger al medioambiente dañado por las actividades mineras que son casi un centenar en esta región”, explicó.
Esa acción popular tuvo una sentencia constitucional 1471/2022, en la que se determina que sí existirían serios indicios de daño al medioambiente y a la salud, por lo que dispone que se haga análisis a la salud humana y a las aguas para confirmar este hecho. Entonces, ordena que sea el Ministerio de Medio Ambiente el encargado de esos estudios.
“Se lleva adelante muestreos de las aguas, conjuntamente a un estudio del Inlasa (Instituto Nacional de Laboratorios de Salud) en La Paz y el Ministerio de Medio Ambiente, inclusive, antes de socializar los resultados, emite un informe parcializado y no a través de personas expertas, sino técnicos del ministerio y dicen: se ha cumplido con la sentencia, las aguas analizadas no tienen ningún nivel de contaminación mucho menos a la salud humana, por lo tanto piden que se emita el cumplimiento a esa sentencia constitucional y piden que se dé por cumplido”, acotó el jurista.
Posteriormente, la sala constitucional de Oruro recibe ese informe y da por cumplido la sentencia constitucional, por lo que indican que “no hay nada más que tratar en este punto”.
Ante esa situación, los comunarios acuden a entidades como el Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (Cenda) y la Fundación Pueblos de Montaña, a la que también pertenece Blanco, para activar el Recurso de Queja, con muestras de sangre y orina, que son enviadas a analizar a un laboratorio especializado de Perú, porque no hay en Bolivia.
“En este laboratorio, los resultados que arrojan son realmente preocupantes para la salud humana, por ejemplo en el tema de arsénico, las normas internacionales recomiendan que no pueden superar más de 15 miligramos por litro, pero el laboratorio ha establecido niveles que llegan hasta 215 miligramos por litro”, apuntó Blanco.
Lo mismo pasa con el cadmio y el plomo, no será en las mismas dimensiones, pero superan todos los niveles permitidos para la salud.
Con esos elementos, el miércoles presentaron ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, un dosier con toda la información y aguardan que la decisión de haber cumplido la sentencia constitucional sea revertida, se revoque esa decisión y nuevamente, “estamos pidiendo incluso una amicus curiae, que se refiere a una persona o institución especializada en el tema, para que realice una interpretación o nueva investigación imparcial del tema.
En este caso, los afectados piden que sean los expertos de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) los que hagan el análisis imparcial e interprete los resultados de los laboratorios.
RESULTADOS
En septiembre de este año, se realizaron hacer estudio en orina y sangre a 20 personas, de entre 43 a 74 años, de las más de 400 familias que viven en las comunidades Puñaca y Yuracari, del ayllu San Agustín de Puñaca de Oruro. Las pruebas confirmaron una intoxicación por arsénico en el 100% de las muestras, de cadmio en el 10% y de plomo en el 5%.
El investigador de Cenda, Yasin Peredo, detalló que el afluente al que tienen acceso el ayllu es parte del río Desaguadero y que a éste lo alimentan dos cuencas: la de Huanuni, donde está situada la empresa minera más grande del Estado, y la subcuenca minera de Poopó. Asimismo, dijo que el daño llegaría a más de un centenar de comunidades de esos sectores.
“Si bien el estudio se hizo en 20 personas, esto no quiere decir que ellas son las únicas afectadas, sino, que las fuentes de donde se alimentan la población de Poopó ha salido por encima de los límites permisibles, esto quiere decir que la población también están en riesgo por arsénico”, sostuvo.
Especificó que el arsénico también puede ser liberado en el aire y eso proviene de las minerías de fundición de minerales, práctica que realizan algunas mineras del sector.
De las 20 personas que formaron parte de los estudios, el 100% presenta concentraciones de arsénico que oscilan entre 17,6 y 215,64 µg/L (microgramo por litro). Dichos valores son superiores al límite referido por la Unión Europea (UE), que es de 15 µg/L. Tres personas presentan concentraciones que superan de 10 a 15 veces el valor referencial.
En el caso de los resultados para plomo, cuatro personas presentaron niveles detectables en sangre, con 7,20 µg/L; una de ellas supera los niveles referenciales de la UE, que son de 5 µg/L. Así mismo, se detectó a dos personas que presentan niveles detectables de Cadmio en el organismo, una duplica el valor referencial de 1 µg/L.
COMPLICACIONES
Peredo, sostuvo que los pobladores orureños se quejaban de dolores estomacales, problemas gastrointestinales y se percataron que estaban vinculados al arsénico, pues ataca a ese tipo de órganos, además los hace susceptibles a algún tipo de problemas en la piel e incluso cáncer.
“La sudoración excesiva, por ejemplo, es un síntoma muy común del arsénico porque el sudor es una manera del cuerpo para eliminar el arsénico (…) otra manera es mediante la placenta, por eso se generan abortos espontáneos”, indicó el investigador.
Al respecto, detalló que 11 de las mujeres que se han hecho el estudio, el 63% de ellas han registrado que han tenido abortos espontáneos en algún momento de su vida, algunas hasta tres. Ese hecho “te hace dar cuenta que el arsénico sí tiene una incidencia y que tienes que hacer un diagnóstico clínico asociado a que es una zona minera”.
“Queremos que se entienda que no estamos en contra de la actividad minera, pero sí pedimos que sea responsable, que el Estado regule los niveles de contaminación máximos que deben emitir”, puntualizó el abogado.

Estudio confirma que minería contamina con minerales pesados a pobladores de San Agustín de Puñaca

09/11/2023 6:24 am Portada

Parque Nacional Madidi. Foto: IRFA

El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) emitió un comunicado ayer en el que establece que está prohibido otorgar nuevas concesiones mineras en áreas protegidas; además, anunció que corregirá los “equívocos administrativos” que habrían facilitado, en anteriores gestiones, algunos permisos.

“El Sernap reafirma que, de acuerdo con los instrumentos normativos de creación de cada una de las Áreas Protegidas, como el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) Madidi y la Reserva Biológica Territorio Comunitario de Origen (TCO) Pilón Lajas, el Parque Nacional Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) Cotapata y el Área Natural de Manejo Integrado (ANMIN) Apolobamba, está prohibido el desarrollo de actividades mineras nuevas. Dicha prohibición está respaldada por la Constitución Política del Estado (Artículo 385), la Ley del Medio Ambiente (Ley No. 1333), y el Reglamento General de Áreas Protegidas (Decreto Supremo No. 24781). Por lo tanto, no es posible la otorgación de derechos mineros nuevos, ni la suscripción de Contratos Administrativos Mineros en estas áreas”, dice el comunicado que envió la institución esta mañana.

Los mineros auríferos tomaron las calles y avenidas del centro paceño desde inicios de semana en demanda de más conexiones mineras; que se les permita trabajar en áreas protegidas, que se les condone sus deudas en la Caja Nacional de Salud, que se concrete el impuesto único del 4,8% por la venta de oro, entre otras demandas.

El sector pide la anulación de la resolución administrativa de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) 06/2023 que deja sin efecto el reglamento de otorgación de derechos mineros en áreas protegidas.

Según Ramiro Balmaceda, presidente de Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas de La Paz, (Fecoman), el director nacional de la AJAM, Erick Ariñez, prometió a los auríferos que esa resolución no afectaría a los trámites previos; sin embargo, el dirigente denunció que la institución no está cumpliendo ese acuerdo.

“El Sernap asume la responsabilidad de corregir equívocos administrativos generados en gestiones pasadas que otorgaron la emisión de Certificados de Compatibilidad de Uso de Suelo (CCUs) en zonas incompatibles con la actividad minera y sin cumplir normas ambientales de protección. Estas acciones correctivas deben coordinarse con la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y se encuentran en proceso de coordinación”, dice otra parte del documento.

La institución protectora anunció que se llevará a cabo un análisis progresivo para determinar la nulidad de los CCUs que se habrían otorgado en las áreas protegidas de Madidi, Pilón Lajas, Cotapata, San Matías y Tunari. (ANF)

Prohíben derechos mineros en las áreas protegidas

09/11/2023

Glencore demandó a Bolivia para que pague por nacionalización de minas
Complejo Metalúrgico de Vinto. Foto: Internet

La empresa multinacional Glencore Financie presentó un proceso civil contra el Estado boliviano en el Tribunal de Distrito de Columbia, en Estados Unidos, para que se ejecute el fallo de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya y se cumpla con el pago de $us 253.5 millones, además de los intereses, por la nacionalización del Complejo Metalúrgico de Vinto y la mina Colquiri.

“Por lo tanto, el peticionario solicita respetuosamente que el Tribunal dicte una orden: (a) reconocer y ejecutar el Laudo contra Bolivia; (b) dictar sentencia contra Bolivia y a favor de Glencore por el monto del valor total de la Adjudicación, $253,591,796, que consiste en: $us 235.800.000 para la Mina Colquiri; $us 15.970.000 para la Fundición de Estaño Vinto; $us 694.960 para la Fundición de Antimonio; y $us 1.126.836 para el stock de Estaño”, señala el petitorio de la demanda a la que accedió la ANF.

El 8 de septiembre del año en curso, el procurador general del Estado (), César Siles, informó que la Corte Permanente de Arbitraje falló a favor de la empresa multinacional y decidió que el Estado pague una indemnización de $us 253.591.796 por cuatro conceptos: la mina de Colquiri, fundición de estaño, fundición de antimonio y reserva de estaño.

Este medio buscó conversar con el procurador general del Estado, César Siles, para conocer si fueron notificados con este proceso civil y qué acciones asumirá el Estado boliviano, pero desde la unidad de comunicación no hubo respuesta. (ANF)

Glencore demandó a Bolivia para que pague por nacionalización de minas

09/11/2023 6:28 am Portada

David R. Boyd, relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente se refirió a las más recientes exigencias de la minería cooperativizada en Bolivia. FOTO: RRSS

El relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, David R. Boyd, se pronunció respecto al reciente pedido del sector minero aurífero de explotar áreas protegidas en propio beneficio, sin tomar en cuenta el daño que se puede provocar en estas zonas de conservación.

“Nunca debe permitirse la minería en zonas protegidas. Esto viola el derecho humano a un medio ambiente limpio, sano y sostenible”, escribió Boyd en la red social X (antes Twitter), compartiendo un pronunciamiento de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap).

El relator agregó en su post que en el caso específico de Bolivia, la explotación en estas áreas naturales, “también viola los derechos de la madre naturaleza”.

Entre los pedidos de los mineros auríferos, además de la exigencia de reducciones impositivas, se encuentra la solicitud de que los Certificados de Compatibilidad Únicos (CCU’s) que les fueron entregados por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas les sirvan como permiso para realizar operaciones mineras en parques y reservas naturales.

“Es decir que el Sernap, convertido en brazo operativo para el sector minero, otorga autorizaciones cuando es una instancia que debería, más bien, impedir el ingreso de actividades extractivas a las Áreas Protegidas”, señala el pronunciamiento de la Contiocap, compartida por el relator de la ONU.

Contiocap exige que estos certificados (CCU’s) sean revocados por ser considerados inconstitucionales.

Esta organización denuncia que el sector minero quiere aprovecharse de todas las áreas fiscales, áreas protegidas y áreas forestales para su propio beneficio y sin considerar el bien común, ya que la explotación minera en esta zona pone en riesgo el cuidado del medioambiente.

El punto 9 de su pliego petitorio, los mineros exigen la “prosecución de trámites de adecuación en áreas forestales y áreas protegidas de derechos preconstituidos”. (Agencias)

“Nunca debe permitirse la minería en zonas protegidas”

Este lunes 23 de octubre, con mucha alegría festejamos nuestro 15 Aniversario del Colectivo CASA, hermanados con diferentes organizaciones y representantes de instituciones con las cuales hemos tejido complicidades en defensa de los territorios, de los derechos, de las fuentes de agua, la soberanía alimentaria y de la autodeterminación de los pueblos.

El festejo fue un espacio de compartir, de agradecer y de reconocer las diversas luchas socio ambientales, entre las mas de 15 organizaciones e instituciones presentes con la entrega de reconocimientos llenos de cariño.

Realizamos el trabajo coordinado con la Asociación de Regantes Tacagua por los 30 años de resistencia a la minería, a la comisión de medio ambiente del Consejo Municipal de Challapata con quienes impulsamos acciones en defensa de la vocación productiva, a autoridades originarias de diferentes comunidades y ayllus indígenas con quienes gestionamos conflictos ambientales y la libre determinación, a las autoridades de la comunidad de Realenga por impulsar alternativas al extractivismo minero, a defensoras de la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (RENAMAT) por sus 10 años en defensa de la vida y con quienes llegamos a mujeres de las comunidades con la escuelita Warmi Yaku, a los vecinos de Vinto y Samco con quienes defendemos la calidad ambiental, los medios de comunicación que nos acompañan en nuestro trabajo de difusión e incidencia, compartimos la alegría con las instituciones aliadas que caminan con nosotros a las redes internacionales con quienes nos tejemos.

Con sorpresa y enorme agrado recibimos una distinción al mérito institucional por el aporte del Colectivo CASA al desarrollo social del departamento de Oruro y por el acompañamiento a las luchas socioambientales otorgada por la Asamblea Legislativa Departamental de Oruro.

Consagramos nuestra celebración con un brindis y un momento de compartir la alegría de estos años de resistencias colectivas y de agradecimiento interno a nuestro equipo por florecer juntas.

Al mismo tiempo, tuvimos el gusto de presentar la cartilla denominada: «Nuestros 15 años juntas. Memorias y Aprendizajes en la Defensa de la Vida y los Territorios» un documento que refleja las principales reflexiones y estrategias políticas de estos años, principalmente en el trabajo coordinado con mujeres defensoras. y presentamos nuestro cuaderno de trabajo para continuar los procesos de educación popular, investigación comunitaria e incidencia para la defensa de la vida. Estos materiales reflejan nuestra apuesta por la justicia socio ambiental con justicia de género.

Entrevista Angela Cuenca

https://www.youtube.com/watch?v=ZKMXKEfErf0

Festejo 15 años

Palabras del coordinador del Colectivo CASA Ajax Sanhueza

https://youtu.be/vtYgvTi_tBA

https://oiedc.blogspot.com/2023/10/15-aniversario-colectivo-casa-junts-por.html?m=1

Los Urus considerados por varios historiadores como los primeros habitantes del altiplano andino.
28/10/2023

Uru Muratos defienden su cultura y resisten a contaminación minera
Edwin Conde

Los Uru Muratos que habitaron el noreste del reseco Lago Poopó, comprometidos a preservar su cultura de la nación Urus, resisten la contaminación de la región por la actividad minera con emprendimientos propios como la creación de un museo comunitario, la elaboración de artesanía utilitaria y de ornamentación, y la manufactura de sal yodada.

Uru Muratos defienden su cultura y resisten a contaminación minera

10/09/2023

Juez determina paralización de toda actividad minera ilegal en los ríos de La Paz por afectar a la salud y medio ambiente.

Después de una audiencia virtual que se prolongó por más de 15 horas, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal de Rurrenabaque (Beni), determinó ayer dar la tutela a la Acción Popular presentada por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap) con la paralización de toda actividad minera ilegal en los ríos Beni y Madre de Dios, y sus afluentes, además en los ríos Alto Beni, Kaka, Tuichi, Quiquibey y Tequeje.

La Cpilap logró demostrar que la minería aurífera ilegal está afectando negativamente a su derecho a la salud, medio ambiente y a la consulta previa libre e informada. Los representantes de los ministerios de Medio Ambiente y Agua, de Minería y Metalurgia, de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), y del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz no pudieron desvirtuar las consecuencias ocasionadas por el mercurio empleado en las operaciones mineras.

El juez Edwin Pallete estableció que la actividad minera ha vulnerado el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas y dispuso que este proceso deba alcanzar también a los derechos preconstituidos.

Determinó la suspensión de toda actividad minera que no tenga licencia ambiental y ordenó a la AJAM cumpla con verdaderos procesos de consulta previa, además de la suspensión de la otorgación de nuevos derechos mineros. Igualmente dictaminó que se garantice la participación de la Cpilap en el Plan de Acción Nacional de Control del uso de Mercurio.

Ordenó al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, repetir la realización del estudio de calidad de agua y se haga una categorización de contaminación ambiental en todos los ríos mencionados, también en sedimentos y peces, junto con la rehabilitación de aguas y peces contaminados.

Estableció remitir antecedentes a la Fiscalía sobre la contaminación con mercurio de las personas para identificar responsabilidades penales. Y decretó la instalación de un puesto de control para que la AJAM, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana realicen controles rutinarios de los ríos referidos para evitar la proliferación de actividad minera ilegal.

Suspenden actividad minera ilegal en los ríos de La Paz