Hubo un plan. Quizás no fue sistemático y buena parte se fue tejiendo sobre la marcha, pero desde el minuto cero Barrick Gold hizo todo lo posible para ocultar lo que pasó y minimizar sus consecuencias, muchas veces con la complicidad del gobierno provincial. Hoy se cumple un año del mayor accidente ambiental de la minería argentina. Nada de lo que pasó fue transparente. Y todavía hay muchas preguntas sin responder y la incertidumbre tiene una sola explicación: las grandes minas son verdaderos Estados paralelos en los que el poder de las autoridades es insignificante.
Hoy se cumple un año del mayor accidente ambiental de la historia de la minería argentina, que en rigor de verdad comenzó en la noche del 12 de septiembre del año pasado, pero que se recuerda al día siguiente, cuando se filtró el dato, porque los empleados del yacimiento Veladero, en San Juan, les advirtieron a sus familias que vivían río abajo, que no tomen agua, porque se había derramado la solución con cianuro y otros metales pesados que se usa para separar la roca del metal.
Pasado, presente y futuro de un pueblo que hace un año gritó “Fuera Barrick” y hoy pide que no se instalen nuevos proyectos mineros en la zona. Lecciones sobre democracia, participación ciudadana y extractivismo, a un año del derrame de millones de litros y una consulta popular que pudo haber cambiado la historia. El WiFi que espía y otras maravillas del pueblo que ahora mismo está marchando para exigir que lo escuchen.
La XI Convención Internacional sobre Oportunidades de Negocios en Exploración, Geología y Minería, conocida como Argentina Mining 2016, se desarrolla en el Centro de Convenciones de Limache, en la provincia de Salta, los días 7 y 8 de septiembre. Allí se manifiestan grupos ambientalistas que denuncian las consecuencias que sufre la zona por esta actividad. La Policía intentó desalojarlos para no manchar la imagen del evento.
La Unión de Asamblea Ciudadanas de Chubut (UACCh) presentó en la Legislatura de Chubut un “recurso administrativo previo” para demandar que se celebre nuevamente la sesión ordinaria legislativa con el Orden del Día previsto para el 25 de noviembre de 2014 y se de tratamiento al punto 1 y apruebe el Proyecto de Ley que prohíbe la minería metalífera y de radioactivos en todas sus formas y etapas ya que nunca fue tratado por la Legislatura.
La desiciòn, surgida tras el tratamiento parlamentario en el Concejo Deliberante, convierte a Andalgalà en el primer municipio de Catamarca que regula mediante una ordenanza la negativa oficial a la minería metalífera a cielo abierto.
El debate sobre la explotación minera vuelve a resonar en la provincia. El gobierno intenta conseguir licencia social. Los datos que desmienten un proyecto económico de mayor empleo. En 12 años, los gobiernos kirchneristas impulsaron el extracivismo y dejaron que saqueadores-contaminadores entraran al país a arrasar con todo lo que pudieron. Hoy el gobierno de Cambiemos, que entre sus primeras medidas eliminó las retenciones a la minería, intenta avanzar con planes de minería contaminante, incluso donde leyes provinciales no lo permiten.
El grupo de Autoconvocados por la Vida de Tinogasta , mediante un comunicado elaborado tras asamblea, exige a las autoridades locales y provinciales «información verdadera sobre las posibilidades de ejecución de proyectos mineros en el departamento», ya que entiende que «afecta la vida de todos los habitantes tinogasteños y de las futuras generaciones».
La firma internacional Barrick Gold Corporation anunció que tomó la decisión de avanzar en la explotación de la mina de oro y plata binacional Pascua-Lama, a través de la puesta en marcha de un plan estratégico del lado argentino que permita generar los recursos que serán destinados a concretar una parte de las obras medioambientales que requiere el emprendimiento en el sector chileno, donde la explotación se encuentra frenada por exigencias en ese sentido de parte de la justicia y que tiene el rechazo de las comundades de la región.
Fernando “Pino” Solanas, senador nacional de Proyecto Sur, denunció ante el Juzgado Federal N°1 de San Juan a la minera chilena Antofagasta Minerals por «instalar un megabasurero en territorio argentino con desechos mineros contaminantes violando el artículo 41 de la Constitución y la Ley de Residuos Peligrosos (N°24051)». «La minera chilena Antofagasta Minerals, instalada a pocos kilómetros de la frontera con Argentina, creó una escombrera de material contaminante en territorio sanjuanino, en el que arrojó unas 55 millones de toneladas de residuos peligrosos entre 2007 y 2012. Son casi 52 hectáreas, que un estudio privado concluyó que ya arrasó con algunas lagunas, secó vegas y contamina con drenaje ácido un curso de agua que alimenta al río San Juan (principal cuenca de la provincia)».
Desde la puesta en funcionamiento de la mina Bajo la Alumbrera, esta fue perfeccionando a lo largo de los años la forma, el modus operandi, para lograr la tan mentada “licencia social”. Así creó un departamento destinado a ayuda social, que tenía un presupuesto de algunos millones de pesos mensuales, para ayuda inmediata. Así Alumbrera apareció a lo largo de estos años auspiciando cursos de formación docente, concursos de fotografías, solventando los gastos de reparación de la motobomba del cuerpo de bomberos de Santa María o regalando computadoras, muchas veces nuevas otras reparadas (en desuso).