Hoy se cumplen 5 años del fallecimiento de Ismael Solorio y Manuelita Solís, quienes fueron asesinados por estar en contra de la explotación irracional del agua y la no instalación de una empresa minera en el ejido de Benito Juárez, en el municipio de Buenaventura, Chihuahua, por lo que se ofició una ceremonia conmemorativa en la que se exigió se resuelva el doble crimen que permanece impune y se denunció que la carpeta de investigaciones tiene un año de estancamiento.

Durante la ceremonia en la que se realizó un posicionamiento por parte de Gabino, de El Barzón, Chihuahua, y Joaquín Solorio, hermano de Ismael y cuñado de Manuelita, se colocó una ofrenda floral al lado de las pancartas que sostenían los manifestantes en las que se exigía respeto a la vida de los defensores humanos, mientras diferentes voces clamaban al grito de “¡Justicia!”, en repetidas ocasiones.

Además, se manifestó Felipe Pinedo, representante de  la coordinadora nacional Plan de Ayala con sede en Zacatecas, quienes se posicionaron en contra de la devastación que provoca la explotación minera en México.

En la región del municipio de Cuauhtémoc el 22 de octubre de 2012, fueron asesinados por la lucha que habían venido encabezando al lado de su comunidad en defensa del agua y de su territorio, particularmente por el tema de oponerse a que en el ejido Benito Juárez de Buenaventura, se instalara la minera canadiense Mag Silver con método de explotación a cielo abierto, y que por decisión de la Asamblea de Ejidatarios de Benito Juárez, se restringió  por un periodo de 100 años la intervención de cualquier empresa minera en exploración o explotación.

Gabino Gómez, líder barzonista, durante su mensaje destacó que a pesar de que se tiene claridad de quiénes son los responsables tanto materiales como intelectuales, no ha sido detenida ninguna persona que responda por este crimen y destacó la vocación agrícola del lugar.

“El ejido se ha distinguido por ser un alto productor de alimentos para el beneficio de los consumidores de México, es decir, que ha sido el motor económico de la región. La comunidad ha sido un activo participante en las luchas para mejorar las condiciones del campo mexicano, por eso no se permitirá que los integrantes de la comunidad sean despojados de sus tierras por la industria minera”, destacó.

Hoy continuará el programa de actividades conmemorativas por la pérdida de Ismael Solorio y Manuelita Solís en el municipio de Buenaventura, donde se celebrará la Santa Misa en recuerdo luctuoso, además de una cabalgata y tractorada para depositar la ofrenda floral en las últimas moradas de los defensores derechohumanistas, y una exposición fotográfica en el Salón Ejidal.

“Principalmente nos interesa y hemos invitado a un grupo de compañeros que se encuentran aquí con nosotros, que  vienen de Zacatecas, donde peor que acá en Chihuahua, porque allá está la mina más grande de Latinoamérica a cielo abierto, en uno de los municipios más pobres del país, en Mazapil, Zacatecas; y que se han organizado en un frente de comunidades en contra de la minería.

“Se encuentran los compañeros Felipe Pinedo, que es dirigente de una de las organizaciones nacionales, la Coordinadora Plan de Ayala, que han venido luchando; y miembros de este frente de comunidades en contra de la minería, a quienes hemos invitado a que  vengan a compartir la experiencia de la lucha que han encaminado por las devastaciones que están siendo objeto las comunidades donde se encuentra la Mina del Peñasquito”.

Fuente:https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/chihuahua/729103-olvidada-la-investigacion-de-asesinato-de-activistas

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) exigió al gobierno canadiense detener la operación institucional y política proporcionada a través de sus aparatos diplomáticos para la inversión de activos privados canadienses que promueven el despojo, a propósito de la visita del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, a nuestro país.

Además del impacto generado por Almaden Minerals en el municipio, el Consejo Tiyat Tlali, integrante de Rema, también sumó la exigencia de dejar de impulsar políticas y proyectos con leyes laxas en cuanto el cumplimiento de la legalidad de empresas mineras canadienses, entre ellas las conocidas como Responsabilidad Social Empresarial o marcos de códigos voluntarios.

En vez de ello, urge se pondere la rendición de cuentas para detener las violaciones a los derechos humanos de pueblos y comunidades indígenas y campesinas.  “Canadá continua negándose a ratificar el convenio 169 de la OIT y respetar la auto-determinación de los pueblos indígenas en la práctica”, criticó Rema través de un comunicado.

Asimismo, se señaló que la visita del primer ministro canadiense fue anunciada como una oportunidad para fortalecer los lazos comerciales entre México y Canadá, lo que significa una mala noticia para los pueblos y comunidades indígenas afectadas por la actividad minera canadiense; se estima que del total de empresas mineras extranjeras, el 65 por ciento se encuentran inscritas en Canadá.

“Daños a la salud, contaminación y destrucción ambiental, criminalización de la protesta social, amenazas, hostigamiento, campañas de desprestigio, persecución, detenciones arbitrarias y el asesinato de defensoras y defensores son la fórmula de progreso y desarrollo que trae la inversión minera canadiense a nuestro país, aunque para contrarrestar su brutalidad, siempre están ponderando en los medios y en las estructuras de poder su compromiso con los códigos de responsabilidad social corporativa, de certificación de industria limpia, de buen uso del cianuro, o su inscripción a sus absurdos estándares de ‘oro libre de conflictos’ que son avalados y certificados por instancias que en su mayoría han sido creadas por el mismo sector empresarial”, criticó la Rema.

Fuente:http://www.elpopular.mx/2017/10/19/municipios/exigen-frenar-actividad-minera-en-ixtacamixtlan-170731

Según el Departamento de Recursos Naturales de Canadá (NRCAN por sus siglas en inglés), 52% de las empresas mineras en el mundo cotizan en las bolsas de valores de Canadá. México se ubica en segundo lugar en el mundo en términos de los bienes mineros canadienses fuera de Canadá. En 2015, 11.3% o CAD$19.4 mil millones de los bienes mineros canadienses fuera de Canadá se radicaron en México en manos de 125 empresas mineras, superado solamente por los Estados Unidos con 14.5%. Según la Secretaría de Economía de México, hasta 2013, las empresas mineras canadienses representaban 69% de las empresas mineras extranjeras operando en México.

En el estado de Chiapas existen 99 concesiones mineras – de diversas empresas entre ellas canadienses – activas en 16 municipios que abarcan un millón de hectáreas (25% de la superficie territorial de la entidad). Entre los años 2007 a 2010, la empresa minera Blackfire Exploration, con sede en Calgary, Canadá , y su filial Blackfire Exploration México S. de R. L., se encontraban en operación en el municipio de Chicomuselo para la extracción de barita, a través de la mina Payback/La Revancha, misma que se encuentra ubicada en el ejido Grecia, municipio de Chicomuselo. Para llegar al Ejido Grecia y a la mina se requiere pasar por el ejido Nueva Morelia. El municipio de Chicomuselo cuenta con casi 40 mil habitantes y con el 90% de la población en pobreza con actividades de agricultura y ganadería de subsistencia.

El líder ambientalista y coordinador local de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Mariano Abarca Roblero, fue criminalizado y posteriormente privado de la vida el 27 de noviembre de 2009 como consecuencia de su actividad en contra de los efectos negativos de la actividad de la mina Paypack/La Revancha, propiedad de la empresa canadiense Blackfire Exploration. Abarca está marcado por su trabajo en defensa de la tierra, a un medio ambiente sano y contra los efectos negativos de la mina y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Sufrió sucesivas amenazas y ataques físicos provenientes de personas vinculadas a la empresa, denuncias penales llevadas a cabo por él sin que prosperaran y concluyeran en castigo a los responsables. Por el contrario, sí prosperaban, y con extraña agilidad, acusaciones penales interpuestas por la empresa Blackfire, con el respaldo de la embajada canadiense, en contra de Mariano Abarca por delitos inverosímiles, usualmente utilizados para contrarrestar la actividad de defensores de derechos humanos, como la asociación delictuosa, delincuencia organizada y ataques al Estado, entre otros, que justificaron su detención, arraigo y posterior liberación. La impunidad para con quienes amenazaron y atacaron su integridad física, y su detención por el estado, fortalecen la presunciЧn de que su asesinato correspondió a una decisión última llevada a cabo por los dirigentes de la empresa en connivencia con las autoridades del gobierno del estado de Chiapas, que a la vez había sido presionada por la embajada canadiense a favor de los intereses de la empresa.

Antes de iniciarse la operación de la mina con los ejidos Grecia y Nueva Morelia; tanto el gobierno como la empresa violaron el derecho a la consulta previa; el primero al otorgar la concesión minera sin consultar a la población, el segundo al no realizar el proceso informativo. La empresa también violó derechos de los habitantes del ejido Grecia, al arrendar tierras ejidales sin el debido procedimiento agrario y sin acuerdo de toda la población, virtud que los efectos de la actividad minera afectan a todos los habitantes y no solo a ejidatarios. Por lo tanto, el Estado mexicano ha violado en su perjuicio los artículos 1.1 (Obligación de respetar los derechos humanos), 4 (derecho a la vida), 5 (derecho a la integridad personal), 7 (derecho a la libertad personal), 8 (garantías judiciales), 15 (derecho de reunión), y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Blackfire utilizó diversos mecanismos para asegurar su inversión y su impunidad en el asesinato y la corrupción. El gobierno mexicano garantizó por ley priorizar el uso del suelo para la explotación minera donde hubiera concesiones. Por ello las autoridades ambientales y otras dependencias gubernamentales federales y estatales facilitaran las inversiones mineras. La empresa canadiense logró obtener los favores políticos del gobierno de Chiapas, así como del presidente municipal de Chicomuselo al que le otorgó dinero a su cuenta personal para que asegurara e proyecto y controlara a la oposición. Esta demanda de corrupción fue interpuesta ante las autoridades canadienses misma que luego de algunos años desestimaron.

Los directivos de la empresa Blackfire dividieron a la comunidad. Otorgaron dinero a las autoridades para que éstos llevaran a cabo el convencimiento de la comunidad y aceptaran el proyecto minero. Lograron también el apoyo de algunos sectores económicos locales que se beneficiarían de la inversión como taxistas, hoteleros, trabajadores, transportistas, mismos que hacían eco de los hostigamientos y discursos de la empresa contra los opositores. Por otro lado, la empresa canadiense contrató a personal local dentro de su plantilla. El mismo encargado de las relaciones públicas de la empresa Blackfire poseía armas con las cuales amedrentaba y amenazaba a los opositores.

Los trabajadores de la empresa canadiense no solo amenazaron a Mariano Abarca, sino que intentaron corromperlo, los hostigaron e incluso golpearon. La empresa canadiense le inventó cargos vinculados a delitos de Asociación delictuosa y Atentados contra la Paz y la Integridad del Estado por lo que Abarca fue preso y luego liberado por la presión de la campaña nacional e internacional que implementó la organización Otros Mundos AC/ Amigos de la Tierra para su liberación. Mariano Abarca denunció ante funcionarios de la embajada de Canadá en la Ciudad de México que la empresa Blackfire le acosaba y que le amenazaban de muerte, por lo que la embajada sería responsable también si algo le pasara. Al final, fue asesinado.

La misma embajada de Canadá apoyó y asesoró a la empresa para facilitar su proyecto minero y la impunidad de sus actos. El gobierno mexicano ha otorgado todo su respaldo político y legal a las inversiones mineras pese a la sistemática violación a los derechos humanos e incluso a otros pasivos ambientales irreversibles. Luego del asesinato de Abarca Roblero el gobierno entorpeció las investigaciones, no avanzó en ellas. La investigación penal no fue llevada a cabo con la debida diligencia, puesto que no se esclarecieron debidamente los hechos ni se determinaron las responsabilidades de quienes actuaron como autores directos e indirectos en el crimen. A la fecha, la averiguación previa ha retornado al Ministerio Público para continuar con la investigación penal.

El asesinato de Mariano Abarca Roblero originó el inicio de una investigación ministerial, la número 051/FS10/2009, en la que declararon diversas personas como testigos, entre ellos Mario López Zunún y José Mariano Abarca Montejo, quienes afirmaron haber visto que quien huía de la escena del crimen portando un arma fue Jorge Carlos Sepúlveda Calvo, ex contratista de la empresa Blackfire. No obstante, la investigación penal no profundizó en el esclarecimiento de los hechos, el Ministerio Público indujo a los testigos en función de responsabilizar a una persona, diciéndoles que otras personas, que no habían aceptado declarar, vieron que el autor de los disparos fue Sepúlveda Calvo. Adicionalmente, el Ministerio Publico no llevó acabo otras diligencias, que habrían resultado importantes al momento de establecer responsabilidades, como son la identificación del arma utilizada, la trayectoria de los disparos, la altura probable del autor en función de la ubicación de los disparos en la anatomía de Abarca Roblero y Velázquez Rodríguez. La indagatoria tampoco amplió la investigación al interrogatorio de otras personas que pudieron aportar información testimonial sobre hechos previos y posteriores al crimen.

La causa penal 11/2010 del Juzgado Primero del Ramo Penal con sede en Cintalapa, Chiapas, en que constan los hechos relativos al crimen, carece de información que indique el desarrollo y agotamiento de una línea de investigación en relación a la probable participación de los directivos de la empresa Blackfire Exploration México en los hechos, pese a que los antecedentes del crimen suponen la alta probabilidad de estar involucrados. En ningún momento fueron escuchados en declaración, como no lo fue el Subsecretario de Gobierno que habría vertido expresiones de amenaza a la vida de Abarca Roblero.

Durante el año 2010 fueron aprehendidos Caralampio López Vázquez y Jorge Carlos Sepúlveda Calvo. También fueron detenidos los señores Caralampio López Vázquez y Ricardo Antonio Coutiño Velasco. Caralampio López Vázquez fue «empleado» de la empresa (gerente de personal y de seguridad de Blackfire, además de traductor y chofer de un ejecutivo de Blackfire). Ricardo Antonio Coutiño Velasco fue “contratista” y dueño de un camión que manejaba para Blackfire. Ahora, todos en libertad. Sin embargo, el gobierno utilizó el asesinato para perseguir a otros enemigos políticos.

Al privar de la vida a Mariano Abarca Roblero, el agente del Ministerio Público inicio, de oficio, la averiguación previa en Enero de 2010. El Juez Primero del Ramo Penal con sede en el municipio de Cintalapa, Chiapas, abrió el expediente penal iniciando el proceso penal. En junio de 2013, se dictó sentencia absolutoria a favor de la única persona inculpada por el crimen, Jorge Carlos Sepúlveda Calvo, ex contratista de la empresa Blackfire Exploration. En mayo de 2015, la Sala Regional Colegiada en materia Penal Zona 1, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, al resolver la apelación interpuesta en contra de la sentencia absolutoria confirma la misma sin que exista ningún otro recurso legal interpuesto en contra de la misma. Sin embargo, el Ministerio Público no siguió con la investigación.

En julio del año 2016, la esposa de Mariano Abarca Roblero solicitó que se le informara de las diligencias de investigación, pero hasta la fecha no hay respuesta. En marzo de 2017 solicitó la práctica de diligencias de prueba y que se girara citatorio para que comparecieran Horacio Culebro Borrayas, Nemesio Ponce Sánchez y Julio César Velázquez Calderón, para ampliar sus declaraciones ministeriales. En abril ella compareció ante la Fiscalía Especial de Investigación de los Delitos de Homicidio para ratificar la solicitud. Sin embargo, desde el asesinado de Mariano Abarca Roblero, y desde que fue absuelta la única persona procesada, no se ha llevado a cabo ninguna investigación adicional.

El Estado mexicano fracasó en su obligación convencional de proteger la vida de Mariano Abarca Roblero, privilegiando los intereses empresariales y respondiendo a las gestiones de la embajada canadiense. También fracasó en prevenir que su vida fuera interrumpida, y en garantizar el ejercicio del derecho, pese a conocer que se encontraba en riesgo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (la Corte o la Corte Interamericana) ha sido enfática al precisar las obligaciones de los estados con relación al derecho a la vida.

La Corte Interamericana, ha establecido que la responsabilidad del Estado surge aun cuando no existe identificación individual del agente transgresor. Para establecer que se ha producido una violación de los derechos consagrados en la Convención no se requiere determinar, como ocurre en el derecho penal interno, la culpabilidad de sus autores o su intencionalidad, y tampoco es preciso identificar individualmente a los agentes a los cuales se atribuyen los hechos violatorios. Es suficiente la demostración de que ha habido apoyo o tolerancia del poder público en la infracción de los derechos reconocidos en la Convención, u omisiones que hayan permitido la perpetración de esas violaciones.

Hay elementos para suponer la responsabilidad directa del Estado por acción de sus agentes en la privación de la vida de la víctima; sin embargo, aun suponiendo que quienes llevaron a cabo el acto fueran particulares vinculados a la empresa minera, la responsabilidad del Estado mexicano subsiste, dado el respaldo y tolerancia para sus actos que supuso la impunidad ante las denuncias de Abarca Roblero, y la detención sin causa justificada que sufriera tres meses antes del crimen. Para la Corte Interamericana, «es suficiente la demostración de que ha habido apoyo o tolerancia del poder pЬblico en la infracciЧn de los derechos reconocidos en la Convención, u omisiones que hayan permitido la perpetración de esas violaciones.»

Sin embargo, no se ha logrado establecer responsabilidades penales contra los autores corporativos intelectuales violadores de los derechos humanos allende sus fronteras. También se ponen trabas jurídicas para identificar a los empleados nacionales como empleados de la empresa transnacional. Ni siquiera el caso administrativo contra Blackfire sobre la corrupción prosperó en Canadá, el paraíso fiscal, político y de impunidad de las trasnacionales mineras en el mundo. Esta impunidad se refuerza con los Tratados de Libre Comercio que facilita esta impunidad al obligar a los estados a modificar las legislaciones y otras medidas arancelarias, de lo contrario las demandas económicas son tan enormes e en su contra como insostenibles para los gobiernos.

La estrecha vinculación de intereses entre los estados y las corporaciones, los intereses de inversiones millonarias en juego, impide acceder a la justicia plena. Por ello urge un Tratado vinculante para responsabilizar a las corporaciones trasnacionales ante tanta violación a los derechos humanos y las afectaciones irreversibles al medio ambiente.

Fuente:http://otrosmundoschiapas.org/index.php/temas-analisis/171-derechos/justicia-para-mariano-abarca/2763-la-minera-canadiense-blackfire-en-chiapas-contra-defensores-de-los-territorios-y-de-la-vida

Mensaje de la REMA a Justin Trudeau: La minería canadiense despoja a los pueblos indígenas y campesinos. Ante la visita del presidente de Canadá Justin Trudeau a México, la Red Mexicana de Afectados por la Minería,  le exige detener y retirar la invasión de las empresas mineras canadienses en ese país.

Fuente: Biodiversidad en América Latina y el Caribe

Ciudad de México, a 11 de octubre de 2017

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) exigió al primer ministro de Canadá Justin Trudeau, que detenga la protección que otorga su gobierno a las empresas extractivas de su país que han “invadido y saqueado” poblaciones de la Sierra Norte de Puebla, entre otros lugares de México.

Ante la renegociación del Tratado de Libre Comercio indicó que al tiempo que el gobierno canadiense alerta a sus ciudadanos de los “riesgos” de viajar a México, fomenta las actividades de los consorcios mineros que acumulan sus riquezas a través del despojo y la constante violación a los derechos humanos de las comunidades indígenas y campesinas mexicanas.

Las violaciones de las empresas canadienses son constantes, repetitivas y siempre apuntan por lo menos en contra de los derechos humanos al territorio, a la propiedad, al medio ambiente sano, a la participación, a la consulta y el consentimiento, a la legalidad y seguridad jurídica, señaló la REMA.

Canadá, recordaron, es el inversionista extranjero minero más importante para México. De ese país proviene el 65 por ciento de las empresas extranjeras de ese sector que hay en nuestro país y su influencia es tal que han promovido reformas legales que facilitan sus inversiones pero evaden la restitución de daños, el pago de impuestos o de plano suprimen cualquier aspecto que afecte sus ganancias, explicó la REMA.

En cambio, a causa de la actividad minera canadiense, indicó la REMA a Trudeau, en la Sierra Norte de Puebla, en comunidades del estado de Guerrero, Morelos, Zacatecas y Chiapas, entre otros, se han causado daños a la salud, contaminación y destrucción ambiental. Se ha criminalizado la protesta de los pobladores que han sido amenazados, hostigados y son perseguidos y víctimas de detenciones arbitrarias y otros han sido asesinados.

“Esa es la fórmula de progreso y desarrollo que trae la inversión minera canadiense a nuestro país, aunque para contrarrestar su brutalidad, siempre están ponderando en los medios y en las estructuras de poder, su compromiso con los códigos de responsabilidad social corporativa, de certificación de industria limpia o de buen uso del cianuro, o su inscripción a sus absurdos estándares de ‘oro libre de conflictos’ que son avalados y certificados por instancias que en su mayoría han sido creadas por el mismo sector empresarial”.

Fuente: http://municipiospuebla.mx/nota/2017-10-12/huauchinango/exigen-canad%C3%A1-frenar-mineras-en-sierra-norte-de-puebla

Investigadores del Instituto de Ecología (Inecol) y académicos de la Universidad Veracruzana (UV) exigieron a los diputados locales y federales modificar las leyes en Materia Ambiental, específicamente Minería y General de Protección y Equilibrio Ecológico, ya que actualmente son permisivas con los proyectos mineros y privilegian los intereses económicos que hay en torno a ellos.

El académico de la Facultad de Biología de la UV, Héctor Narave Flores, indicó que proyectos mineros como Caballo Blanco, en el municipio de Alto Lucero, ponen en riesgo de extinción especies que ni siquiera han sido catalogadas porque fueron recientemente descubiertas.

“La ley ha sido permisiva y son las demandas de los ciudadanos, las que en algunos casos han detenido estos proyectos. Hacen falta reformas a la ley minera, Ley General del Equilibrio Ecológico y NOM en la materia. No podemos andar tras uno y otro, hay que ir de fondo”, dijo.

Durante su participación en el Coloquio en Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Veracruz, realizado en la Facultad de Biología de la UV, comentó que además existe una riqueza natural milenaria que se perdería con el proyecto de explotación de minerales en 300 hectáreas del cerro La Paila.

“El proyecto compromete la biodiversidad, deteriora la calidad del agua y erosiona el suelo. Hay en la zona un remanente de pleistoceno y de selva baja conservada como hay pocas en el estado”, expuso.

Comentó que hay encinares tropicales de la planicie costera que convierten a este lugar en zonas de refugio para nuevas especies recientemente descubiertas.

Para ejemplificar recordó el caso de las cícadas milenarias, que están protegidas por la Norma Oficial Mexicana 059 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por estar en peligro de extinción; así como una nueva especie de agave descubierta y de la cual en la zona sólo hay diez ejemplares.

En tanto el investigador del Inecol, Javier Laborde Dovalí, señaló que las autoridades de la Secretaría de Energía y la Semarnat consideran a la minería como una actividad prioritaria por encima de la vida de los seres humanos.

Comentó que el segundo intento de la minera para poder explotar minerales en el cerro de La Paila ponen a Veracruz en serios problemas.

Exigió a los diputados y senadores actuar al respecto porque las leyes hasta ahora son muy permisivas con las empresas mineras, pese a que está en juego el futuro de los veracruzanos.

Detalló que además del proyecto Caballo Blanco hay otros dos puntos de exploración ubicados en Tinajitas, donde la empresa ya pidió permiso para la exploración con barrenos, y en la zona de la Biosfera de los Tuxtlas.

“El destrozo será fatal porque hay fragmentos de cobertura forestal. La minera será la puntilla que acabe con la biodiversidad. Actualmente 70% de la cobertura forestal en el estado se ha perdido. A esto se suma que con los tajos que pretende hacer la minera perforarían a 600 metros de profundidad y generarían un drenaje ácido de rocas que provocaría corrientes ácidas que contaminarán las aguas y matarán a los peces de la costa, porque estos ácidos son tan peligrosos como el ácido sulfúrico”, agregó.

“PROYECTOS DE MUERTE TIENEN QUE IRSE”

“Las empresas mineras con proyectos de muerte tienen que irse de Veracruz”, comentó Ascención Sánchez Vázquez, habitante de la comunidad de Los Baños, del municipio de Actopan, donde se pretende llevar a cabo el proyecto minero El Cobre, de la empresa Gavilán.

Al participar en el Coloquio en Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Veracruz, realizado en la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana, señaló que existen gobiernos con conciencias podridas y deshonestas que buscan asentar proyectos mineros a cielo abierto sin tomar en cuenta la opinión de los ciudadanos.

“Los proyectos de este tipo son una mentada de madre, no pensamos bajar la guardia ni un minuto, hasta el final seguiremos luchando por evitar el proyecto, cueste lo que cueste”, expuso.

Mencionó que tras el desistimiento de la empresa Candelaria Minning Group para la explotación de 300 hectáreas en el cerro de La Paila en Alto Lucero, el proyecto El Cobre “está bajando de intensidad a sus trabajos”.

“Se le empiezan a menear los pantalones, el problema no ha terminado, pero ya sintió el primer golpe, la fuerza de la mano, en la barrenación también le han bajado de intensidad, como que se les enfrió el almuerzo”, dijo.

Indicó que ante la primera batalla ganada por los pobladores de Actopan, desde hace 15 días alrededor de ocho pueblos más se han sumado a la lucha en contra de las mineras.

Explicó que en la comunidad Los Baños la minera Gavilán rentaba una casa y tras el desistimiento de la otra empresa, sus representantes desocuparon la vivienda.

“El ánimo no ha decaído y la gente se está animando más, cada día se están agrupando más pueblos. Veracruz no está dormido, está despierto y no necesita de extranjeros que nos vengan a decir cómo vivimos y qué necesitamos, los veracruzanos somos gente inteligente y que está dispuesta a defender su tierra y su patrimonio”, opinó.

Finalmente pidió a las autoridades y a los activistas a no dejar solos a los pobladores en la lucha porque “son proyectos amañados que llegaron a los territorios veracruzanos como ladrones, sin respetar nada, aunque ya empiezan a respetar porque ya sintieron la caña (poder del pueblo)”.

BIODIVERSIDAD DE VERACRUZ SIGUE AMENAZADA

Las amenazas a la biodiversidad de Veracruz subsistirán durante los siguientes 50 años, señaló Aarón Bueno, colaborador de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado (Sedema).

Refirió que la entidad enfrenta un escenario difícil y crítico por múltiples amenazas, entre ellas los proyectos de alto impacto como mineras a cielo abierto.

Al presentar el tema “Responsabilidad del estado en la protección del patrimonio biocultural” en el Coloquio en Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Veracruz, indicó que el proyecto minero Caballo Blanco en Alto Lucero significaría permitir más de 20 impactos negativos al medio ambiente, además de la modificación negativa de la vida de los habitantes.

Mencionó que a ello se le deben anexar las amenazas por el cambio climático, la pérdida de hábitat, el tráfico de especies, la cacería furtiva, la contaminación genética, entre otros tipos de daños.

“Esto es grave si se considera que Veracruz ocupa el tercer lugar a nivel nacional por su riqueza en biodiversidad”, dijo.

Explicó que hay más de mil 200 especies de vertebrados registradas y el mismo número de invertebrados; así como 18 tipos de vegetación, de las cuales la mayoría está amenazada, especialmente el Bosque Mesófilo de Montaña.

Fuente: https://www.diariodexalapa.com.mx/veracruz/ley-privilegia-intereses-de-mineras-exigen-reformas-en-materia-ambiental

Varios pueblos  y representantes de organizaciones sociales en México se reunieron durante dos días en Malinaltepec Guerrero, para intercambiar conocimiento y experiencias sobre la Extracción Minera en el País.

En el marco del Encuentro Nacional contra el modelo Extractivo Minero , los participantes se reunieron con el propósito de enfrentar una de las políticas globales extractivistas , que representan una «amenaza para los pueblos».

Se basan en el despojo del territorio, impulsan la legalidad del saqueo y destrucción de los bienes naturales , atentan directamente contra la integralidad de la vida , desvirtúan nuestra convivencia basada en la comunalidad , amenazan y desmantelan nuestros procesos identitarios y culturales.

Seguir esta noticia :http://www.milenio.com/estados/estados-guerrero-malinaltepec-mineria-pueblos-ongs-montana-milenio_0_1045695511.html

Antes que llegara la minería extractiva de la mano del progreso y la modernidad, Miguel vivía su infancia junto a sus padres, hermanos y abuelos en una de esas casas típicas construidas sobre el paisaje árido de la sierra zacatecana. Nunca imaginó que dos décadas después, su casa construida por sus antepasados y todas las del pueblo serán destruidas con maquinaria cuando la empresa canadiense “Pan Américan Silver” decidió instalar sobre el casco del pueblo la planta para extraer y procesar las vetas de oro y plata del subsuelo.

Sentado sobre un sillón, en espera de ser atendido por uno de los visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos, Humanos, Miguel González Fernández, un campesino de 38 años, vestido con pantalón y camisa de mezclilla azul y un sombrero que le rinde honor a su oficio, platica que en su pueblo La Colorada, se dedicaba a sembrar frijol, maíz y criaba vacas y marranos, actividad que combinaba con el cuidado de árboles frutales en el patio de su choza, donde vivía con su mujer Ámbar de 27 años y sus hijas de uno y tres.

La tragedia de los habitantes de la Colorada se remonta dos años atrás, cuando la minera canadiense decidió desalojarlos de sus chozas por la fuerza con el respaldo del gobierno estatal, municipal y el ministerio público de la región, bajo el argumento de que “legalmente no son dueños de los predios y no tienen papeles que acrediten la propiedad”, porque sobre una parte del polígono de la comunidad se había construido la planta.

Con esa nostalgia enfermiza que deja la sensación de haber perdido todo lo que había en su pueblo, y aferrado a recuperar lo que quedó cercado sobre ese espacio que alguna vez fue su comunidad y la de sus antepasados, despotrica contra las autoridades de los tres niveles de gobierno, porque en ninguna instancia han hecho valer sus derechos y por el contrario, han sido complacientes con el despojo de sus pertenencias y el desplazamiento de decenas de familias que ahora viven en casas prestadas que la minera construyó premeditadamente, a medio kilómetro sobre las faldas de la montaña.

Recuerda que hace dos años, guardias encapuchados al servicio de la empresa llegaron casa por casa para avisarles que tendrían que sacar sus pertenencias porque atrás venía la maquinaria derribándolas. La primera vez que sacaron a las familias de sus chozas, muchos sacaron sus cosas porque les dijeron que se irían a vivir en los cuartos que había construido la Minera. Los que se resistían, les llegaban por sorpresa y debían salir porque ya estaba la maquinaria destruyendo las paredes. Así le ocurrió a Alfonso Guerrero Casillas y a sus hijos, que casi fueron aplastados por las piedras porque la máquina les empezó a tumbar paredes, contra su voluntad.

Platica Miguel que al principio ni él ni nadie se quería salir, pero llegaba la máquina y tumbaba la casa, estuviera quien estuviera. La casa que él y su familia habitaban era muy amplia. Tenía un corral grande de una hectárea donde había árboles frutales que les daban uvas, membrillos y aguacates. Ahí criaban gallinas, patos, marranos y borregos.

Era como un paraíso, dice. A mí me dolió mucho abandonarla porque sentía que debía defender mis derechos y lo que es de mis padres y mis hijas. En esa casa nací y ahí vivieron y murieron mis abuelos, por eso me aferré a defenderla, pero me di cuenta que en estas luchas la ley aquí no vale, está de parte de los ricos, igual que la autoridad.

La licenciada Patricia, que trabaja en el Gobierno del Estado intentó convencernos que dejáramos el lugar porque no teníamos papeles que nos dijera que somos dueños y teníamos las de perder. En cambio, si insistíamos en seguir allí nos obligarían a firmar un papel donde los padres nos hacíamos responsables de nuestras vidas y la de nuestros hijos.

A Miguel y su familia que encabezaban la resistencia en la comunidad comenzaron a acosarlos. Primero, el gerente de la mina amenazó con expulsar de las casas de la empresa, a las familias que compraran los panecillos y empanadas que tradicionalmente elabora y vende Ámbar, su esposa.

De las 18 vacas que llegó a tener, solo le quedaron tres. Los guardias de la minera le tumbaron sus corrales y se llevaron las reses, el alambre y hasta los postes para no levantarlos de nuevo. A los días aparecían muertas  en el pozo donde arrojaban los residuos de jale. Todo esto se le dijo al Ministerio Público de Sombrerete, pero respondió que no podía hacer nada porque no tenía papeles para comprobar el abigeato. Igual ocurrió con las gallinas y marranos que criaba su madre.

Los estragos del “progreso”

Para el campesino zacatecano, las heridas que más calan en lo que llama una tragedia para los pobladores es que el pueblo y las casi 150 familias que lo integraban, ahora están divididas porque la mayor parte fue contratada por la minera y los que resisten, temen ser expulsados en cualquier momento de las viviendas que ahora ocupan, porque así lo ha advertido el gerente administrativo de la multinacional.

Con frecuencia se presentan connatos de violencia entre los mismos vecinos que habitaban el poblado y la presión contra los que se suman al movimiento de resistencia contra el despojo, han sido víctimas de vejaciones y amenazas contra sus familias por parte de los Guardias “encapuchados” que la minera contrató a través de una compañía de seguridad privada con sede en Chihuahua.

“Mire, desde que nos tumbaron nuestras casas y nos sacaron de ahí, se acabó todo el pueblo. Había dos manantiales donde bebíamos agua desde que se fundó hace más de cien años. Ahí acudían las mujeres a lavar la ropa y los pequeños acarreaban en botes para el uso doméstico. La minera los contaminó y desaparecieron. Ahora debemos acarrear agua en burros a distancias de hasta cinco o  más kilómetros”.

Comenta Miguel que esos manantiales eran el punto de reunión de la comunidad: “Había piedras para lavar la ropa. Pero ahora ya no se puede entrar porque todo quedó cercado y vigilado. Y eso da rabia porque muchos dejamos cosas muy nuestras que no pudimos traernos.

“Al principio, cuando teníamos problemas de abasto, la empresa transportaba el agua en pipas pero solo a los que estaban de su lado. Nosotros —unas 20 familias o más— seguíamos con la idea de seguir viviendo en las casas nuestras, pero ellos insistían en que no eran de nuestra propiedad, aun cuando teníamos por muchos años la posesión.

Aparte, remarca con una ira más acentuada, estamos peleando nuestros derechos como mexicanos. Fuimos despojados de nuestras tierras por una empresa extranjera y terminamos sintiéndonos como si fuéramos los forasteros. Ellos vienen —los inversionistas extranjeros—, nos despojan de nuestros bienes, pisotean nuestros derechos, nos amedrentan, nos humillan, hacen lo que quieren con nosotros y el gobierno mexicano no hace nada.

—¿Qué pasó con los demás espacios comunes?

—La escuela primaria ahí está  todavía pero no funciona porque quedó cercada. Nos hicieron otra de material de lámina galvanizada. La otra era de piedra cantera, techada con lámina galvanizada, era de estructura muy buena. Y había todo lo que debe tener una escuela rural. Un día sacaron a los niños diciendo que ya estaba muy vieja y era un riesgo seguir ahí.

Cuando era niño, recuerda que jugaban en el patio de honores. La escuela llevaba el nombre de Miguel Hidalgo y Costilla;  tenía una cancha de básquet, área de juegos;  columpios, bebederos, acá solo hay un patiecillo y las aulas, pero hay peligro porque la escuela está pegada a un barranco de cinco a siete metros protegido con una valla. Los niños se suben.

—¿Y que pasó con la iglesia?

Hace una ligera pausa y suspira. Luego comenta con suma indignación: “ahí está. La minera ha querido tumbarla como hizo con las casas, pero no hemos permitido porque sentimos que ese era el lugar donde vamos todos desde que somos niños. La vemos como si fuera la casa de todos porque ahí nos bautizaron y ahí despedimos a nuestros muertos cuando se van. Es el lugar donde orábamos, íbamos al catecismo

celebrábamos  nuestra fiesta al Sagrado Corazón de Jesús y ahí le pedimos muchas veces a Dios por nuestras familias.

—¿Ya no celebran al Santo Patrón?

No, ya no celebramos nada de eso porque la Iglesia también quedó cercada por la empresa. Cambiaron chapas y todo para que ya no entráramos. Nos construyeron una capilla muy chica entre sus casas, pero el gerente tiene la llave y cada vez que necesitamos algo las pedimos, pero él decide a quién, como lo hizo con todo bien común que había en la comunidad.

—¿Tenían clínica de salud?

—Sí, pero esta quedó alambrada pero con acceso a la gente de la colonia.

—¿De qué se enferma la gente en el lugar?

—Pues de todo, pero las causas de muertes más comunes son por infecciones porque se supone que agua está contaminada. Y de cáncer.

—¿Cáncer?

—Sí, yo tenía una niña la más chiquita, de año y medio, se me murió de cáncer. Tenía cáncer en todo su cuerpo. Yo cuando la tuve en Torreón internada el médico solo me dijo: “Pues mire, desafortunadamente tiene cáncer y es de los más agresivos que hemos visto. No sé  dónde vivas, que hagas o a que te dedicas. Le respondí que soy mecánico, tengo ganado y soy agricultor, pero que vivo en una mina. Cuando le dije eso, se sorprendió y me dijo: “No sé pero ahí está la respuesta”.

El médico le preguntó qué tipo de metales extraían y le dijo todo sobre el manejo de reactivos y químicos al aire libre para separar los minerales. El proceso de cianuración y fundición. Le dijo que la muerte de su hija era el costo de vivir ahí.

“A la media hora de estar platicando mi hija murió en mis brazos, no pude decirle nada ni platicar con ella, era muy pequeñita y no hablaba bien. La vimos cuando cerró sus ojos para siempre. Se llamaba Valentina”.

—¿Como la que tienes ahora en tu casa?

—No, ahora solo tengo una y se llama Paloma, la otra fue la que falleció.

—¿Falleció la otra niña?

—Así es —de repente agacha la cabeza, guarda silencio y se pone a llorar. Al cabo de un minuto, recuerda que su esposa solo le decía que era la voluntad de Dios.

“Yo sigo luchando por recuperar la dignidad, pero no puedo superar la frustración, no se puede”, dice aún con la voz quebrada por la ira y la tristeza. “No se puede”, repite entre sollozos.

“Sé que es la voluntad de Dios pero también la ira me hace pensar que fue la Mina la que provocó la muerte de mi hija. El médico no me dio un papel pero me dijo que era la consecuencia de vivir cerca de una mina. Me recalcó que era un cáncer muy agresivo. A ella se le consumió todo su cuerpo, se quedó muy delgada  y le estallaron sus vísceras. Tenía muchas bolitas en todo su cuerpo y cuando murió, su manita quedó pegada del dedo meñique de su mamá. Ahora está sepultada en un panteón improvisado que está cerca de La Colorada.

Miguel Guerrero Casils, otro de los campesinos que alimentan la protesta contra la minera, asegura que mu madre, después de haber abandonado su casa por la fuerza, fue internada en el hospital próximo y a los días de darle de alta por no encontrarle nada, empezó a aislarse, dejó de comer, y se mantenía encerrada todo el día hasta que una mañana amaneció muerta. Al parecer, murió por depresión.

Fuente:http://riodoce.mx/noticias/en-zacatecas-una-minera-canadiense-desmantela-comunidad-y-se-apropia-de-todo