Peñasquito, filial del corporativo canadiense Gold Corp, es la segunda minera en todo el país que más agua extrae y utiliza para sus procesos productivos, solamente después de Cananea, ubicada en el estado de Sonora, informó Edna María Villarreal Peralta, investigadora de la Universidad de Sonora.

Expuso que en Sonora hay 202 concesiones mineras para extraer agua del subsuelo, de las cuales 116 las posee el Grupo México. Sin embargo, esta empresa acapara 80 por ciento del total del agua en ese estado.

Gold Corp, por su parte, cuenta con 67 concesiones en todo el país, pero de los 55 millones de metros cúbicos de agua que extraen en Zacatecas cada año, 43 millones son extraídos en la minera Peñasquito.

Ello significa que 90 por ciento de la extracción total de agua en la minería se concentra en dos grandes corporativos, en Sonora el Grupo México, y en Zacatecas el corporativo Gold Corp.

“Las cifras son muy preocupantes porque muy pocas empresas tienen concesiones para extraer recursos de tantos millones de metros cúbicos de agua anuales. Estos datos nada más son del permiso que les otorga la Conagua, pero en la realidad no sabemos qué tanto están extrayendo”, expresó Villarreal Peralta.

Comentó también que las empresas mineras asentadas en México utilizan en sus procesos productivos 436 millones de metros cúbicos de agua cada año, equivalente a la cantidad de agua que consumen 11 millones de personas en ese mismo periodo.

Según el Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), expuso que en el sector minero hay 417 empresas que tienen alguna concesión para extraer agua del subsuelo en México, todas están agrupadas en 230 grupos empresariales que tienen en su poder más de mil títulos de concesión de volumen por un total de 436 millones de metros cúbicos de agua cada año.

Esa cantidad de agua equivale al abastecimiento al consumo humano de alrededor de 11 millones de personas en el mismo periodo de tiempo, además que en México hay 13 millones de personas que no tienen acceso al agua potable en sus hogares.

Durante la conferencia “Minería, agua, fondo minero presupuesto participativo e ¿innovación?”, impartida en el marco de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, Villarreal Peralta manifestó que los estados que tienen mayor extracción de volumen de agua son Sonora, Zacatecas y Michoacán.

La investigadora reiteró que en Sonora se extraen más de 100 millones de metros cúbicos de agua solamente en la actividad minera, mientras que en Zacatecas se extrae alrededor de 55 millones de metros cúbicos.

Precisó que las actividades industriales y agrícolas son las que mayor consumo de agua hacen a nivel mundial y México no es la excepción por su vocación minera, especialmente en Sonora y Zacatecas, entidades donde se presenta la mayor actividad de extracción.

“La extracción minera va de la mano con el uso del recurso natural del agua y no solamente la usa en mucha cuantía, sino que también contamina el suelo y el aire. Ese es uno de los lados negativos que tiene esta actividad”, dijo.

Al respecto, mencionó el caso de Cananea en 2014, donde hubo un derrame de ácido sulfúrico de 40 mil metros cúbicos que hasta el momento ha afectado a 25 mil personas de siete municipios.

■ De 55 millones de metros cúbicos extraídos en Zacatecas, 43 corresponden a Gold Corp: investigadora

■ En México hay 13 millones de personas que no tienen acceso al agua potable en sus hogares

Fuente:http://ljz.mx/2017/10/24/penasquito-segunda-minera-en-el-pais-que-mas-agua-extrae-para-procesos-productivos/

Hoy se cumplen 5 años del fallecimiento de Ismael Solorio y Manuelita Solís, quienes fueron asesinados por estar en contra de la explotación irracional del agua y la no instalación de una empresa minera en el ejido de Benito Juárez, en el municipio de Buenaventura, Chihuahua, por lo que se ofició una ceremonia conmemorativa en la que se exigió se resuelva el doble crimen que permanece impune y se denunció que la carpeta de investigaciones tiene un año de estancamiento.

Durante la ceremonia en la que se realizó un posicionamiento por parte de Gabino, de El Barzón, Chihuahua, y Joaquín Solorio, hermano de Ismael y cuñado de Manuelita, se colocó una ofrenda floral al lado de las pancartas que sostenían los manifestantes en las que se exigía respeto a la vida de los defensores humanos, mientras diferentes voces clamaban al grito de “¡Justicia!”, en repetidas ocasiones.

Además, se manifestó Felipe Pinedo, representante de  la coordinadora nacional Plan de Ayala con sede en Zacatecas, quienes se posicionaron en contra de la devastación que provoca la explotación minera en México.

En la región del municipio de Cuauhtémoc el 22 de octubre de 2012, fueron asesinados por la lucha que habían venido encabezando al lado de su comunidad en defensa del agua y de su territorio, particularmente por el tema de oponerse a que en el ejido Benito Juárez de Buenaventura, se instalara la minera canadiense Mag Silver con método de explotación a cielo abierto, y que por decisión de la Asamblea de Ejidatarios de Benito Juárez, se restringió  por un periodo de 100 años la intervención de cualquier empresa minera en exploración o explotación.

Gabino Gómez, líder barzonista, durante su mensaje destacó que a pesar de que se tiene claridad de quiénes son los responsables tanto materiales como intelectuales, no ha sido detenida ninguna persona que responda por este crimen y destacó la vocación agrícola del lugar.

“El ejido se ha distinguido por ser un alto productor de alimentos para el beneficio de los consumidores de México, es decir, que ha sido el motor económico de la región. La comunidad ha sido un activo participante en las luchas para mejorar las condiciones del campo mexicano, por eso no se permitirá que los integrantes de la comunidad sean despojados de sus tierras por la industria minera”, destacó.

Hoy continuará el programa de actividades conmemorativas por la pérdida de Ismael Solorio y Manuelita Solís en el municipio de Buenaventura, donde se celebrará la Santa Misa en recuerdo luctuoso, además de una cabalgata y tractorada para depositar la ofrenda floral en las últimas moradas de los defensores derechohumanistas, y una exposición fotográfica en el Salón Ejidal.

“Principalmente nos interesa y hemos invitado a un grupo de compañeros que se encuentran aquí con nosotros, que  vienen de Zacatecas, donde peor que acá en Chihuahua, porque allá está la mina más grande de Latinoamérica a cielo abierto, en uno de los municipios más pobres del país, en Mazapil, Zacatecas; y que se han organizado en un frente de comunidades en contra de la minería.

“Se encuentran los compañeros Felipe Pinedo, que es dirigente de una de las organizaciones nacionales, la Coordinadora Plan de Ayala, que han venido luchando; y miembros de este frente de comunidades en contra de la minería, a quienes hemos invitado a que  vengan a compartir la experiencia de la lucha que han encaminado por las devastaciones que están siendo objeto las comunidades donde se encuentra la Mina del Peñasquito”.

Fuente:https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/chihuahua/729103-olvidada-la-investigacion-de-asesinato-de-activistas

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) exigió al gobierno canadiense detener la operación institucional y política proporcionada a través de sus aparatos diplomáticos para la inversión de activos privados canadienses que promueven el despojo, a propósito de la visita del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, a nuestro país.

Además del impacto generado por Almaden Minerals en el municipio, el Consejo Tiyat Tlali, integrante de Rema, también sumó la exigencia de dejar de impulsar políticas y proyectos con leyes laxas en cuanto el cumplimiento de la legalidad de empresas mineras canadienses, entre ellas las conocidas como Responsabilidad Social Empresarial o marcos de códigos voluntarios.

En vez de ello, urge se pondere la rendición de cuentas para detener las violaciones a los derechos humanos de pueblos y comunidades indígenas y campesinas.  “Canadá continua negándose a ratificar el convenio 169 de la OIT y respetar la auto-determinación de los pueblos indígenas en la práctica”, criticó Rema través de un comunicado.

Asimismo, se señaló que la visita del primer ministro canadiense fue anunciada como una oportunidad para fortalecer los lazos comerciales entre México y Canadá, lo que significa una mala noticia para los pueblos y comunidades indígenas afectadas por la actividad minera canadiense; se estima que del total de empresas mineras extranjeras, el 65 por ciento se encuentran inscritas en Canadá.

“Daños a la salud, contaminación y destrucción ambiental, criminalización de la protesta social, amenazas, hostigamiento, campañas de desprestigio, persecución, detenciones arbitrarias y el asesinato de defensoras y defensores son la fórmula de progreso y desarrollo que trae la inversión minera canadiense a nuestro país, aunque para contrarrestar su brutalidad, siempre están ponderando en los medios y en las estructuras de poder su compromiso con los códigos de responsabilidad social corporativa, de certificación de industria limpia, de buen uso del cianuro, o su inscripción a sus absurdos estándares de ‘oro libre de conflictos’ que son avalados y certificados por instancias que en su mayoría han sido creadas por el mismo sector empresarial”, criticó la Rema.

Fuente:http://www.elpopular.mx/2017/10/19/municipios/exigen-frenar-actividad-minera-en-ixtacamixtlan-170731

Según el Departamento de Recursos Naturales de Canadá (NRCAN por sus siglas en inglés), 52% de las empresas mineras en el mundo cotizan en las bolsas de valores de Canadá. México se ubica en segundo lugar en el mundo en términos de los bienes mineros canadienses fuera de Canadá. En 2015, 11.3% o CAD$19.4 mil millones de los bienes mineros canadienses fuera de Canadá se radicaron en México en manos de 125 empresas mineras, superado solamente por los Estados Unidos con 14.5%. Según la Secretaría de Economía de México, hasta 2013, las empresas mineras canadienses representaban 69% de las empresas mineras extranjeras operando en México.

En el estado de Chiapas existen 99 concesiones mineras – de diversas empresas entre ellas canadienses – activas en 16 municipios que abarcan un millón de hectáreas (25% de la superficie territorial de la entidad). Entre los años 2007 a 2010, la empresa minera Blackfire Exploration, con sede en Calgary, Canadá , y su filial Blackfire Exploration México S. de R. L., se encontraban en operación en el municipio de Chicomuselo para la extracción de barita, a través de la mina Payback/La Revancha, misma que se encuentra ubicada en el ejido Grecia, municipio de Chicomuselo. Para llegar al Ejido Grecia y a la mina se requiere pasar por el ejido Nueva Morelia. El municipio de Chicomuselo cuenta con casi 40 mil habitantes y con el 90% de la población en pobreza con actividades de agricultura y ganadería de subsistencia.

El líder ambientalista y coordinador local de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Mariano Abarca Roblero, fue criminalizado y posteriormente privado de la vida el 27 de noviembre de 2009 como consecuencia de su actividad en contra de los efectos negativos de la actividad de la mina Paypack/La Revancha, propiedad de la empresa canadiense Blackfire Exploration. Abarca está marcado por su trabajo en defensa de la tierra, a un medio ambiente sano y contra los efectos negativos de la mina y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Sufrió sucesivas amenazas y ataques físicos provenientes de personas vinculadas a la empresa, denuncias penales llevadas a cabo por él sin que prosperaran y concluyeran en castigo a los responsables. Por el contrario, sí prosperaban, y con extraña agilidad, acusaciones penales interpuestas por la empresa Blackfire, con el respaldo de la embajada canadiense, en contra de Mariano Abarca por delitos inverosímiles, usualmente utilizados para contrarrestar la actividad de defensores de derechos humanos, como la asociación delictuosa, delincuencia organizada y ataques al Estado, entre otros, que justificaron su detención, arraigo y posterior liberación. La impunidad para con quienes amenazaron y atacaron su integridad física, y su detención por el estado, fortalecen la presunciЧn de que su asesinato correspondió a una decisión última llevada a cabo por los dirigentes de la empresa en connivencia con las autoridades del gobierno del estado de Chiapas, que a la vez había sido presionada por la embajada canadiense a favor de los intereses de la empresa.

Antes de iniciarse la operación de la mina con los ejidos Grecia y Nueva Morelia; tanto el gobierno como la empresa violaron el derecho a la consulta previa; el primero al otorgar la concesión minera sin consultar a la población, el segundo al no realizar el proceso informativo. La empresa también violó derechos de los habitantes del ejido Grecia, al arrendar tierras ejidales sin el debido procedimiento agrario y sin acuerdo de toda la población, virtud que los efectos de la actividad minera afectan a todos los habitantes y no solo a ejidatarios. Por lo tanto, el Estado mexicano ha violado en su perjuicio los artículos 1.1 (Obligación de respetar los derechos humanos), 4 (derecho a la vida), 5 (derecho a la integridad personal), 7 (derecho a la libertad personal), 8 (garantías judiciales), 15 (derecho de reunión), y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Blackfire utilizó diversos mecanismos para asegurar su inversión y su impunidad en el asesinato y la corrupción. El gobierno mexicano garantizó por ley priorizar el uso del suelo para la explotación minera donde hubiera concesiones. Por ello las autoridades ambientales y otras dependencias gubernamentales federales y estatales facilitaran las inversiones mineras. La empresa canadiense logró obtener los favores políticos del gobierno de Chiapas, así como del presidente municipal de Chicomuselo al que le otorgó dinero a su cuenta personal para que asegurara e proyecto y controlara a la oposición. Esta demanda de corrupción fue interpuesta ante las autoridades canadienses misma que luego de algunos años desestimaron.

Los directivos de la empresa Blackfire dividieron a la comunidad. Otorgaron dinero a las autoridades para que éstos llevaran a cabo el convencimiento de la comunidad y aceptaran el proyecto minero. Lograron también el apoyo de algunos sectores económicos locales que se beneficiarían de la inversión como taxistas, hoteleros, trabajadores, transportistas, mismos que hacían eco de los hostigamientos y discursos de la empresa contra los opositores. Por otro lado, la empresa canadiense contrató a personal local dentro de su plantilla. El mismo encargado de las relaciones públicas de la empresa Blackfire poseía armas con las cuales amedrentaba y amenazaba a los opositores.

Los trabajadores de la empresa canadiense no solo amenazaron a Mariano Abarca, sino que intentaron corromperlo, los hostigaron e incluso golpearon. La empresa canadiense le inventó cargos vinculados a delitos de Asociación delictuosa y Atentados contra la Paz y la Integridad del Estado por lo que Abarca fue preso y luego liberado por la presión de la campaña nacional e internacional que implementó la organización Otros Mundos AC/ Amigos de la Tierra para su liberación. Mariano Abarca denunció ante funcionarios de la embajada de Canadá en la Ciudad de México que la empresa Blackfire le acosaba y que le amenazaban de muerte, por lo que la embajada sería responsable también si algo le pasara. Al final, fue asesinado.

La misma embajada de Canadá apoyó y asesoró a la empresa para facilitar su proyecto minero y la impunidad de sus actos. El gobierno mexicano ha otorgado todo su respaldo político y legal a las inversiones mineras pese a la sistemática violación a los derechos humanos e incluso a otros pasivos ambientales irreversibles. Luego del asesinato de Abarca Roblero el gobierno entorpeció las investigaciones, no avanzó en ellas. La investigación penal no fue llevada a cabo con la debida diligencia, puesto que no se esclarecieron debidamente los hechos ni se determinaron las responsabilidades de quienes actuaron como autores directos e indirectos en el crimen. A la fecha, la averiguación previa ha retornado al Ministerio Público para continuar con la investigación penal.

El asesinato de Mariano Abarca Roblero originó el inicio de una investigación ministerial, la número 051/FS10/2009, en la que declararon diversas personas como testigos, entre ellos Mario López Zunún y José Mariano Abarca Montejo, quienes afirmaron haber visto que quien huía de la escena del crimen portando un arma fue Jorge Carlos Sepúlveda Calvo, ex contratista de la empresa Blackfire. No obstante, la investigación penal no profundizó en el esclarecimiento de los hechos, el Ministerio Público indujo a los testigos en función de responsabilizar a una persona, diciéndoles que otras personas, que no habían aceptado declarar, vieron que el autor de los disparos fue Sepúlveda Calvo. Adicionalmente, el Ministerio Publico no llevó acabo otras diligencias, que habrían resultado importantes al momento de establecer responsabilidades, como son la identificación del arma utilizada, la trayectoria de los disparos, la altura probable del autor en función de la ubicación de los disparos en la anatomía de Abarca Roblero y Velázquez Rodríguez. La indagatoria tampoco amplió la investigación al interrogatorio de otras personas que pudieron aportar información testimonial sobre hechos previos y posteriores al crimen.

La causa penal 11/2010 del Juzgado Primero del Ramo Penal con sede en Cintalapa, Chiapas, en que constan los hechos relativos al crimen, carece de información que indique el desarrollo y agotamiento de una línea de investigación en relación a la probable participación de los directivos de la empresa Blackfire Exploration México en los hechos, pese a que los antecedentes del crimen suponen la alta probabilidad de estar involucrados. En ningún momento fueron escuchados en declaración, como no lo fue el Subsecretario de Gobierno que habría vertido expresiones de amenaza a la vida de Abarca Roblero.

Durante el año 2010 fueron aprehendidos Caralampio López Vázquez y Jorge Carlos Sepúlveda Calvo. También fueron detenidos los señores Caralampio López Vázquez y Ricardo Antonio Coutiño Velasco. Caralampio López Vázquez fue «empleado» de la empresa (gerente de personal y de seguridad de Blackfire, además de traductor y chofer de un ejecutivo de Blackfire). Ricardo Antonio Coutiño Velasco fue “contratista” y dueño de un camión que manejaba para Blackfire. Ahora, todos en libertad. Sin embargo, el gobierno utilizó el asesinato para perseguir a otros enemigos políticos.

Al privar de la vida a Mariano Abarca Roblero, el agente del Ministerio Público inicio, de oficio, la averiguación previa en Enero de 2010. El Juez Primero del Ramo Penal con sede en el municipio de Cintalapa, Chiapas, abrió el expediente penal iniciando el proceso penal. En junio de 2013, se dictó sentencia absolutoria a favor de la única persona inculpada por el crimen, Jorge Carlos Sepúlveda Calvo, ex contratista de la empresa Blackfire Exploration. En mayo de 2015, la Sala Regional Colegiada en materia Penal Zona 1, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, al resolver la apelación interpuesta en contra de la sentencia absolutoria confirma la misma sin que exista ningún otro recurso legal interpuesto en contra de la misma. Sin embargo, el Ministerio Público no siguió con la investigación.

En julio del año 2016, la esposa de Mariano Abarca Roblero solicitó que se le informara de las diligencias de investigación, pero hasta la fecha no hay respuesta. En marzo de 2017 solicitó la práctica de diligencias de prueba y que se girara citatorio para que comparecieran Horacio Culebro Borrayas, Nemesio Ponce Sánchez y Julio César Velázquez Calderón, para ampliar sus declaraciones ministeriales. En abril ella compareció ante la Fiscalía Especial de Investigación de los Delitos de Homicidio para ratificar la solicitud. Sin embargo, desde el asesinado de Mariano Abarca Roblero, y desde que fue absuelta la única persona procesada, no se ha llevado a cabo ninguna investigación adicional.

El Estado mexicano fracasó en su obligación convencional de proteger la vida de Mariano Abarca Roblero, privilegiando los intereses empresariales y respondiendo a las gestiones de la embajada canadiense. También fracasó en prevenir que su vida fuera interrumpida, y en garantizar el ejercicio del derecho, pese a conocer que se encontraba en riesgo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (la Corte o la Corte Interamericana) ha sido enfática al precisar las obligaciones de los estados con relación al derecho a la vida.

La Corte Interamericana, ha establecido que la responsabilidad del Estado surge aun cuando no existe identificación individual del agente transgresor. Para establecer que se ha producido una violación de los derechos consagrados en la Convención no se requiere determinar, como ocurre en el derecho penal interno, la culpabilidad de sus autores o su intencionalidad, y tampoco es preciso identificar individualmente a los agentes a los cuales se atribuyen los hechos violatorios. Es suficiente la demostración de que ha habido apoyo o tolerancia del poder público en la infracción de los derechos reconocidos en la Convención, u omisiones que hayan permitido la perpetración de esas violaciones.

Hay elementos para suponer la responsabilidad directa del Estado por acción de sus agentes en la privación de la vida de la víctima; sin embargo, aun suponiendo que quienes llevaron a cabo el acto fueran particulares vinculados a la empresa minera, la responsabilidad del Estado mexicano subsiste, dado el respaldo y tolerancia para sus actos que supuso la impunidad ante las denuncias de Abarca Roblero, y la detención sin causa justificada que sufriera tres meses antes del crimen. Para la Corte Interamericana, «es suficiente la demostración de que ha habido apoyo o tolerancia del poder pЬblico en la infracciЧn de los derechos reconocidos en la Convención, u omisiones que hayan permitido la perpetración de esas violaciones.»

Sin embargo, no se ha logrado establecer responsabilidades penales contra los autores corporativos intelectuales violadores de los derechos humanos allende sus fronteras. También se ponen trabas jurídicas para identificar a los empleados nacionales como empleados de la empresa transnacional. Ni siquiera el caso administrativo contra Blackfire sobre la corrupción prosperó en Canadá, el paraíso fiscal, político y de impunidad de las trasnacionales mineras en el mundo. Esta impunidad se refuerza con los Tratados de Libre Comercio que facilita esta impunidad al obligar a los estados a modificar las legislaciones y otras medidas arancelarias, de lo contrario las demandas económicas son tan enormes e en su contra como insostenibles para los gobiernos.

La estrecha vinculación de intereses entre los estados y las corporaciones, los intereses de inversiones millonarias en juego, impide acceder a la justicia plena. Por ello urge un Tratado vinculante para responsabilizar a las corporaciones trasnacionales ante tanta violación a los derechos humanos y las afectaciones irreversibles al medio ambiente.

Fuente:http://otrosmundoschiapas.org/index.php/temas-analisis/171-derechos/justicia-para-mariano-abarca/2763-la-minera-canadiense-blackfire-en-chiapas-contra-defensores-de-los-territorios-y-de-la-vida

Mensaje de la REMA a Justin Trudeau: La minería canadiense despoja a los pueblos indígenas y campesinos. Ante la visita del presidente de Canadá Justin Trudeau a México, la Red Mexicana de Afectados por la Minería,  le exige detener y retirar la invasión de las empresas mineras canadienses en ese país.

Fuente: Biodiversidad en América Latina y el Caribe

Ciudad de México, a 11 de octubre de 2017

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) exigió al primer ministro de Canadá Justin Trudeau, que detenga la protección que otorga su gobierno a las empresas extractivas de su país que han “invadido y saqueado” poblaciones de la Sierra Norte de Puebla, entre otros lugares de México.

Ante la renegociación del Tratado de Libre Comercio indicó que al tiempo que el gobierno canadiense alerta a sus ciudadanos de los “riesgos” de viajar a México, fomenta las actividades de los consorcios mineros que acumulan sus riquezas a través del despojo y la constante violación a los derechos humanos de las comunidades indígenas y campesinas mexicanas.

Las violaciones de las empresas canadienses son constantes, repetitivas y siempre apuntan por lo menos en contra de los derechos humanos al territorio, a la propiedad, al medio ambiente sano, a la participación, a la consulta y el consentimiento, a la legalidad y seguridad jurídica, señaló la REMA.

Canadá, recordaron, es el inversionista extranjero minero más importante para México. De ese país proviene el 65 por ciento de las empresas extranjeras de ese sector que hay en nuestro país y su influencia es tal que han promovido reformas legales que facilitan sus inversiones pero evaden la restitución de daños, el pago de impuestos o de plano suprimen cualquier aspecto que afecte sus ganancias, explicó la REMA.

En cambio, a causa de la actividad minera canadiense, indicó la REMA a Trudeau, en la Sierra Norte de Puebla, en comunidades del estado de Guerrero, Morelos, Zacatecas y Chiapas, entre otros, se han causado daños a la salud, contaminación y destrucción ambiental. Se ha criminalizado la protesta de los pobladores que han sido amenazados, hostigados y son perseguidos y víctimas de detenciones arbitrarias y otros han sido asesinados.

“Esa es la fórmula de progreso y desarrollo que trae la inversión minera canadiense a nuestro país, aunque para contrarrestar su brutalidad, siempre están ponderando en los medios y en las estructuras de poder, su compromiso con los códigos de responsabilidad social corporativa, de certificación de industria limpia o de buen uso del cianuro, o su inscripción a sus absurdos estándares de ‘oro libre de conflictos’ que son avalados y certificados por instancias que en su mayoría han sido creadas por el mismo sector empresarial”.

Fuente: http://municipiospuebla.mx/nota/2017-10-12/huauchinango/exigen-canad%C3%A1-frenar-mineras-en-sierra-norte-de-puebla

Investigadores del Instituto de Ecología (Inecol) y académicos de la Universidad Veracruzana (UV) exigieron a los diputados locales y federales modificar las leyes en Materia Ambiental, específicamente Minería y General de Protección y Equilibrio Ecológico, ya que actualmente son permisivas con los proyectos mineros y privilegian los intereses económicos que hay en torno a ellos.

El académico de la Facultad de Biología de la UV, Héctor Narave Flores, indicó que proyectos mineros como Caballo Blanco, en el municipio de Alto Lucero, ponen en riesgo de extinción especies que ni siquiera han sido catalogadas porque fueron recientemente descubiertas.

“La ley ha sido permisiva y son las demandas de los ciudadanos, las que en algunos casos han detenido estos proyectos. Hacen falta reformas a la ley minera, Ley General del Equilibrio Ecológico y NOM en la materia. No podemos andar tras uno y otro, hay que ir de fondo”, dijo.

Durante su participación en el Coloquio en Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Veracruz, realizado en la Facultad de Biología de la UV, comentó que además existe una riqueza natural milenaria que se perdería con el proyecto de explotación de minerales en 300 hectáreas del cerro La Paila.

“El proyecto compromete la biodiversidad, deteriora la calidad del agua y erosiona el suelo. Hay en la zona un remanente de pleistoceno y de selva baja conservada como hay pocas en el estado”, expuso.

Comentó que hay encinares tropicales de la planicie costera que convierten a este lugar en zonas de refugio para nuevas especies recientemente descubiertas.

Para ejemplificar recordó el caso de las cícadas milenarias, que están protegidas por la Norma Oficial Mexicana 059 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por estar en peligro de extinción; así como una nueva especie de agave descubierta y de la cual en la zona sólo hay diez ejemplares.

En tanto el investigador del Inecol, Javier Laborde Dovalí, señaló que las autoridades de la Secretaría de Energía y la Semarnat consideran a la minería como una actividad prioritaria por encima de la vida de los seres humanos.

Comentó que el segundo intento de la minera para poder explotar minerales en el cerro de La Paila ponen a Veracruz en serios problemas.

Exigió a los diputados y senadores actuar al respecto porque las leyes hasta ahora son muy permisivas con las empresas mineras, pese a que está en juego el futuro de los veracruzanos.

Detalló que además del proyecto Caballo Blanco hay otros dos puntos de exploración ubicados en Tinajitas, donde la empresa ya pidió permiso para la exploración con barrenos, y en la zona de la Biosfera de los Tuxtlas.

“El destrozo será fatal porque hay fragmentos de cobertura forestal. La minera será la puntilla que acabe con la biodiversidad. Actualmente 70% de la cobertura forestal en el estado se ha perdido. A esto se suma que con los tajos que pretende hacer la minera perforarían a 600 metros de profundidad y generarían un drenaje ácido de rocas que provocaría corrientes ácidas que contaminarán las aguas y matarán a los peces de la costa, porque estos ácidos son tan peligrosos como el ácido sulfúrico”, agregó.

“PROYECTOS DE MUERTE TIENEN QUE IRSE”

“Las empresas mineras con proyectos de muerte tienen que irse de Veracruz”, comentó Ascención Sánchez Vázquez, habitante de la comunidad de Los Baños, del municipio de Actopan, donde se pretende llevar a cabo el proyecto minero El Cobre, de la empresa Gavilán.

Al participar en el Coloquio en Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Veracruz, realizado en la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana, señaló que existen gobiernos con conciencias podridas y deshonestas que buscan asentar proyectos mineros a cielo abierto sin tomar en cuenta la opinión de los ciudadanos.

“Los proyectos de este tipo son una mentada de madre, no pensamos bajar la guardia ni un minuto, hasta el final seguiremos luchando por evitar el proyecto, cueste lo que cueste”, expuso.

Mencionó que tras el desistimiento de la empresa Candelaria Minning Group para la explotación de 300 hectáreas en el cerro de La Paila en Alto Lucero, el proyecto El Cobre “está bajando de intensidad a sus trabajos”.

“Se le empiezan a menear los pantalones, el problema no ha terminado, pero ya sintió el primer golpe, la fuerza de la mano, en la barrenación también le han bajado de intensidad, como que se les enfrió el almuerzo”, dijo.

Indicó que ante la primera batalla ganada por los pobladores de Actopan, desde hace 15 días alrededor de ocho pueblos más se han sumado a la lucha en contra de las mineras.

Explicó que en la comunidad Los Baños la minera Gavilán rentaba una casa y tras el desistimiento de la otra empresa, sus representantes desocuparon la vivienda.

“El ánimo no ha decaído y la gente se está animando más, cada día se están agrupando más pueblos. Veracruz no está dormido, está despierto y no necesita de extranjeros que nos vengan a decir cómo vivimos y qué necesitamos, los veracruzanos somos gente inteligente y que está dispuesta a defender su tierra y su patrimonio”, opinó.

Finalmente pidió a las autoridades y a los activistas a no dejar solos a los pobladores en la lucha porque “son proyectos amañados que llegaron a los territorios veracruzanos como ladrones, sin respetar nada, aunque ya empiezan a respetar porque ya sintieron la caña (poder del pueblo)”.

BIODIVERSIDAD DE VERACRUZ SIGUE AMENAZADA

Las amenazas a la biodiversidad de Veracruz subsistirán durante los siguientes 50 años, señaló Aarón Bueno, colaborador de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado (Sedema).

Refirió que la entidad enfrenta un escenario difícil y crítico por múltiples amenazas, entre ellas los proyectos de alto impacto como mineras a cielo abierto.

Al presentar el tema “Responsabilidad del estado en la protección del patrimonio biocultural” en el Coloquio en Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Veracruz, indicó que el proyecto minero Caballo Blanco en Alto Lucero significaría permitir más de 20 impactos negativos al medio ambiente, además de la modificación negativa de la vida de los habitantes.

Mencionó que a ello se le deben anexar las amenazas por el cambio climático, la pérdida de hábitat, el tráfico de especies, la cacería furtiva, la contaminación genética, entre otros tipos de daños.

“Esto es grave si se considera que Veracruz ocupa el tercer lugar a nivel nacional por su riqueza en biodiversidad”, dijo.

Explicó que hay más de mil 200 especies de vertebrados registradas y el mismo número de invertebrados; así como 18 tipos de vegetación, de las cuales la mayoría está amenazada, especialmente el Bosque Mesófilo de Montaña.

Fuente: https://www.diariodexalapa.com.mx/veracruz/ley-privilegia-intereses-de-mineras-exigen-reformas-en-materia-ambiental

Varios pueblos  y representantes de organizaciones sociales en México se reunieron durante dos días en Malinaltepec Guerrero, para intercambiar conocimiento y experiencias sobre la Extracción Minera en el País.

En el marco del Encuentro Nacional contra el modelo Extractivo Minero , los participantes se reunieron con el propósito de enfrentar una de las políticas globales extractivistas , que representan una «amenaza para los pueblos».

Se basan en el despojo del territorio, impulsan la legalidad del saqueo y destrucción de los bienes naturales , atentan directamente contra la integralidad de la vida , desvirtúan nuestra convivencia basada en la comunalidad , amenazan y desmantelan nuestros procesos identitarios y culturales.

Seguir esta noticia :http://www.milenio.com/estados/estados-guerrero-malinaltepec-mineria-pueblos-ongs-montana-milenio_0_1045695511.html