Después de que la Guardia Nacional abandonó el territorio donde operaba la minera Penmont de Alberto Bailléres, los ejidatarios recuperaron sus tierras pero se mantienen en la incertidumbre porque no se ha ejecutado la sentencia emitida por el Tribunal Unitario Agrario desde 2014
Tomado de: Reyna Haideé Ramírez
10/04/2020

El pasado 26 de marzo, ejidatarios de El Bajío en Caborca, Sonora, recuperaron físicamente los terrenos que eran ocupados de manera ilegal por la minera Penmont. Sin embargo, viven en la incertidumbre de que la minera vuelva a irrumpir, por lo que demandan al presidente Andrés Manuel López Obrador garantías para que el Tribunal Unitario Agrario ejecute en definitiva la sentencia que es Cosa Juzgada desde 2014.

Esta semana, los ejidatarios informaron al presidente que la recuperación fue posible porque el mismo 26 de marzo se retiró la Guardia Nacional de su territorio, luego de que en la conferencia matutina él se comprometiera a revisar su denuncia.

Los ejidatarios denunciaron, en una protesta en Palacio Nacional, que la Guardia Nacional se unió a corporaciones estatales para proteger los intereses de la minera Penmont, cuyo socio mayoritario es Alberto Bailléres. Lo que impedía además restituirles sus tierras ganadas en juicio desde 2014.

Los ejidatarios entregaron a Presidencia una misiva que tiene sello de recibido el 6 de abril de este año. En ella explican que también salió de su propiedad el Ejército y la Policía Estatal.

“Sirva este escrito para hacerle saber que el jueves 26 de marzo… (sic) la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano abandonaron nuestras tierras dejando sola a la minera con la Policía Estatal, que también tuvo a bien retirarse horas más tarde”, indican en la carta sellada por Atención Ciudadana de Presidencia.

“La Guardia Nacional a semanas de existir ya se encargaba de proteger los intereses de la minera, confiamos y creemos también que dicha corrupción en la Guardia Nacional y Ejército Mexicano sólo se haya dado en los mandos más bajos y no venga desde arriba como en anteriores administraciones donde se le protegía desde el Ejecutivo Federal”, señalan en la carta.

El 26 de marzo, Pie de Página cuestionó al presidente López Obrador en su conferencia matutina respecto a la protección que las corporaciones brindaban a la minera. Días antes, el 22 de marzo, se publicó en este medio el conflicto de los ejidatarios de El Bajío.

En la carta acusan también que Bailléres ha movido sus influencias para detener la ejecución de las sentencias ante el Tribunal Unitario Agrario.

“Con influyentismo ha logrado lo que su extenso equipo de abogados no pudo. Ha logrado evadir la justicia deteniendo la ejecución de las sentencias”, exponen.

“Después de más de seis años de tener 67 sentencias firmes contra la minera Penmont S de RL de CV, de Alberto Bailleres González, no han sido ejecutadas las mencionadas sentencias por el Tribunal Unitario Agrario 28 con sede en Hermosillo. Pues los siete magistrados que han pasado por dicho Tribunal de 2015 a la fecha se han negado a ejecutar las sentencias.

“Nos oponemos a que la minera regrese pues vivíamos mucho mejor antes de que esta llegara y sólo pedimos interceda para que la Magistrada Janette Castro Lara, del Tribunal Unitario Agrario del distrito 28, en Hermosillo ejecute las 67 sentencias que se dictaron a favor y que causaron Estado desde el 28 de noviembre del 2014”, precisan.

Piden audiencia con el presidente

Los Tribunales Agrarios del país son de carácter administrativo, dependen del Ejecutivo, no del Poder Judicial. Por ello en la carta solicitan una audiencia. Mencionan la entrega de una copia de una de las 67 sentencias que son Cosa Juzgada y solicitan la intervención de López Obrador para que en forma definitiva les restituyan sus tierras.

“Anexamos a la presente, una copia simple del expediente 495/2013, una de las 67 sentencias de las que hablamos”, precisan.

Indican también la entrega de otras dos cartas dirigidas al presidente. Una es del 20 de marzo en la primera manifestación que realizaron en Palacio Nacional; otra del 28 de marzo, cuando López Obrador visitó San Luis Río Colorado, Sonora; y otra más entregada a la 45 Zona del Ejército con sede en Sonora, para solicitar que retiraran el apoyo a la minera.

Los ejidatarios rechazan que su intención sea explotar la región como mineros. Desde agosto de 1971, usan esa tierra para sembrar mezquite para el ganado.

Caborca es una zona agrícola y ganadera. Pero desde que llegó Penmont se explota la minería a cielo abierto.

“Deseamos dedicarnos a actividades agrícolas y ganaderas. Son tierras en condiciones aptas para esto, como lo eran antes de la ocupación ilícita que mantuvo la minera.

Minera rechaza acusaciones

El mismo lunes 6 de abril, la minera Penmont aseguró en un comunicado que desde el 2013 regresó los terrenos ejidales. Acusó que un grupo de personas pretende engañar a las autoridades estatales y federales. Se hacen pasar por ejidatarios y les intentan despojar de un predio denominado El Bajío que, aseguran, es de su propiedad.

“Minera Penmont reitera que siempre ha actuado legalmente y reitera su total disposición a colaborar con las autoridades competentes”, indican en el texto.

Intervención de Rafael Pavlovich

El 13 de julio del 2013, policías federales restituyeron las tierras ejidales a El Bajío, pero según acusan los ejidatarios, la empresa regresó a explotar una parte del predio en el 2015, a través de Rafael Pavlovich, tío de la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich.

La minera consiguió un título de propiedad, fechado en junio de 2017 y firmado por la entonces titular de Sedatu, Rosario Robles Berlanga. Con este documento regresó a explotar 571 hectáreas del ejido, en 2018..

Esta nueva incursión de la minera derivó en un nuevo juicio agrario, el 297/2019. Tres ejidatarios lo interpusieron el 8 de julio del 2019. Reclaman en particular esas 571 hectáreas. En este nuevo juicio la minera solicitó un amparo para continuar la explotación del lugar, pero le fue negado. Eso le impide legalmente ingresar al predio, hasta que se resuelva en definitiva esta demanda. Aunque nunca hizo caso y siguió extrayendo el oro del lugar, según denuncian los ejidatarios.

El ejido no presentó demanda, según explican, porque consideran que dicho título o es falso o se obtuvo de manera ilícita. Argumentan que el predio ya tiene como dueño al ejido y, sobre todo, está dentro de las 20 mil hectáreas que en el 2014 el Tribunal Unitario Agrario ordenó que se les restituyeran. También condenó a la minera a remediar el daño ambiental y devolver el oro que extrajo del lugar durante el juicio.

Por los hechos del 26 de marzo, la minera Penmont acusa a ejidatarios de diversos actos delincuenciales, por lo que interpuso demandas correspondientes.

“Estas incursiones criminales y violentas en terrenos de propiedad privada representan una situación insostenible para la mina que emplea 4,500 personas en la región, suma inversiones por cientos de millones de dólares y es una empresa altamente comprometida con el desarrollo sustentable, acreditada por instancias internacionales al respecto”, señala el comunicado.

En el escrito también demanda la actuación de las autoridades estatales y federales.

“Se espera su pronta intervención para brindar las garantías de seguridad necesarias para mantener la operación del complejo minero que localmente es uno de los más importantes polos de empleo de la región”.

Para los ejidatarios los presuntos “delincuentes” son los dueños de la mina. Ya que a pesar de que existe una sentencia como Cosa Juzgada, insisten en explotar ilegalmente el predio. Y mueven sus influencias para que las autoridades agrarias no ejecuten la sentencia. Esto último también se da a conocer al presidente en las cartas que le han enviado.

“La mina se amparó cuando le ordenaron no entrar y se lo negaron y aún así se mantenía explotando: ¿quiénes son los delincuentes?”, cuestiona el presidente ejidal Jesús Thomas.

Guardia Nacional rechaza proteger mina de Bailléres

El gobierno federal entregó a Pie de Página una nota informativa de la Guardia Nacional. La corporación rechaza mantener presencia en la mina Dipolo, que es el predio en disputa entre la minera Penmont y los ejidatarios de El Bajío.

Añaden que su presencia en el lugar ocurrió sólo en dos ocasiones.Obedeció, señalan, a reportes de dos hechos violentos en esa región, uno ocurrido el 1 de marzo y otro el 26 de marzo. En este último refieren que el enfrentamiento se dio entre ejidatarios y guardias de la minera Penmont.

“Se informa que la Guardia Nacional NO mantiene presencia en la mina DIPOLO, acudiendo en ambas ocasiones solamente para atender reportes del C5i respecto a los hechos mencionados (sic)”, indica la corporación.

“En ambas ocasiones, la Guardia Nacional fue alertada sobre la presencia de personas armadas en las cercanías de dicho Ejido, por lo que se atendió esta información y se realizaron patrullajes hacia el área donde se encuentra el multicitado Ejido, permaneciendo en el mismo solo el tiempo necesario para verificar la información respecto a la presencia de personas armadas, continuando con su patrullaje y posterior retorno a Caborca”, añade.

En el documento de la Guardia Nacional también se destaca que:

“La Base de Operaciones de la Guardia Nacional más cercana al Ejido El Bajío se encuentra en Caborca, Son. (90 Kms. de distancia del Ejido) (sic)”.

En su comunicado la minera también intenta desacreditar el trabajo de esta reportera con acusaciones falsas.

Ejidatarios recuperan su tierra; piden a AMLO garantías contra minera

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3/4/2020

La minera Fortuna Silver Mines anuncio suspensión temporal de las actividades mineras en México, mientras mantendrá ciertas operaciones en Perú y Argentina.

La minera que opera en San José del Progreso, en Oaxaca, hasta el día de hoy no ha presentado casos confirmados ni sospechosos de coronavirus en sus colaboradores.

El 31 de marzo de 2020, México anunció medidas extraordinarias para enfrentar el Covid-19, que incluye la suspensión de todas las actividades no esenciales, incluida la minería, hasta el 30 de abril de 2020.

En consecuencia, la minera mexicana Cuzcatlán, subsidiaria de Fortuna Silver Mines, entiende la petición de los gobiernos federal y estatal de suspender temporalmente las actividades mineras y confía en que se reanuden en el momento oportuno para salvaguardar la salud de la población y minimizar impactos negativos a la economía nacional y en particular de San José del Progreso y las comunidades en las que opera.

Asimismo, la empresa también informó que dará continuidad a sus esfuerzos ambientales en lo referente a la operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Ocotlán de Morelos con el objetivo de que el municipio disponga de agua tratada para riego de jardines y baños públicos; cuidado de las especies en su vivero interno y de las hectáreas recientemente reforestadas el pasado mes de marzo.

También mantendrá sus programas comunitarios para atacar la pandemia. Seguirá apoyando a ocho centros de salud en San José del Progreso y sus agencias con insumos médicos como guantes, tapabocas, desinfectante, sanitas y termómetros digitales, entre otros.

Igualmente, continuará su comunicación comunitaria, mediante la cual distribuye información de fuentes oficiales en las comunidades en las que opera y dona a la población local paquetes preventivos ante el Covid-19.

Fortuna Silver opera la mina Caylloma en el sur de Perú y la mina San José, en Oaxaca, México, y está construyendo una mina de lixiviación en pilas de cielo abierto en el Proyecto Lindero, en el norte de Argentina.

En 2019, la compañía produjo en mina San José 7 millones 868,478 onzas de plata, una disminución del 1 % con respecto al año 2018; y 48,880 onzas de oro, una baja de 9 % desde el año anterior, estando dentro de la guía de esa mina para la plata y ligeramente por debajo de la guía para el oro.

Fuente: Oaxaca

Fortuna Silver Mines anuncia suspensión de operaciones en México

El alto tribunal deja en manos de las autoridades un nuevo plan de remediación ambiental
ALMUDENA BARRAGÁN
5/4/2020
El río Sonora, que sufrió en 2014 el peor vertido minero de la historia de México, en julio de 2019.
El río Sonora, que sufrió en 2014 el peor vertido minero de la historia de México, en julio de 2019.TERESA DE MIGUEL
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró recientemente que el fideicomiso para las víctimas del derrame minero que afectó a los ríos Sonora y Bacanuchi en agosto de 2014 no cumplió con el proceso de reparación de los daños y se violó el derecho de participación de los afectados al no hacer una consulta pública sobre el cierre del instrumento. El tribunal hizo pública una sentencia en la que aborda el cierre precipitado del Fideicomiso Río Sonora, que supuestamente remediaría el derrame tóxico que afectó a varias poblaciones en el norteño Estado de Sonora. Grupo México, la responsable del vertido, aportó 2.000 millones de pesos (100 millones de dólares) al mecanismo. Pero solo fue ejecutado un 60% del total y después se dio por concluido de manera unilateral.

El 6 de agosto de 2014, Buenavista del Cobre, propiedad de la minera más importante de México y la tercera productora de cobre más grande del mundo, vertió 40 millones de litros de sulfato de cobre a los cauces. El derrame afectó la vida de 22.000 personas y dañó la ganadería, la agricultura y la reputación de la región. Muchos de los habitantes de aquella región arrastran problemas de salud y otros se vieron obligados a migrar. La población de Bacanuchi se redujo a la mitad en menos de seis años.

La SCJN determinó que, mientras no se lleve a cabo un proceso de participación de las representantes de los Comités de Cuenca del Río Sonora que presentaron el amparo ante el alto tribunal, y estas no queden conformes con la remediación, el fideicomiso no puede cerrarse. “Se deja sin efecto el fideicomiso por la forma en que se llevó a cabo, ya que dejaron a la población a un lado”, dice Fernanda Hopenhaym, codirectora ejecutiva de PODER, organización que da asesoramiento jurídico a los afectados.

La sentencia emplaza a celebrar una reunión pública de información. Allí debe explicarse a los afectados las medidas de remediación del fideicomiso entre 2014 y 2017 y darles la oportunidad de expresar si están de acuerdo con ello. También se tendrá que escuchar a las empresas responsables del derrame. Las autoridades tendrán que explicar cómo comprobaron que los objetivos del fideicomiso se cumplieron. “Las autoridades competentes deberán emitir una nueva determinación respecto del cumplimiento de las medidas correctivas”, señala la SCJN. “La sentencia obliga a responder las inquietudes y necesidades de las comunidades y reactivar la remediación ambiental. Las autoridades tienen que estar a la altura con acciones firmes y concretas”, afirma Hopenhaym.

Grupo México asegura que limpió la región del derrame y que el río ya no está contaminado. Investigadores de las universidades de Sonora y Arizona, sin embargo, revelaron que los pozos tienen niveles de metales pesados superiores a los de la fecha del derrame. La contaminación se ha extendido 250 kilómetros río abajo por la cuenca, afirman.

La respuesta de la Suprema Corte es recibida con esperanza pero con cansancio tras cumplirse cerca de seis años del accidente. El vacío y la negligencia con la que operaron las autoridades y la empresa no pueden borrarse. “Ya no queremos promesas. Exigimos resultados. Queremos que nos muestren qué medidas se tomaron para la remediación integral del río y el medio ambiente; que nos expliquen de qué manera se hicieron las pruebas y quién las hizo, para que vivamos tranquilos”, dice a través de un comunicado Elba Nidia Aguirre, una de las personas que presentaron el amparo.
https://elpais.com/sociedad/2020-04-05/el-supremo-mexicano-abre-una-nueva-via-para-las-victimas-de-un-derrame-minero-en-sonora.html

27/03/2020

Zacatecas.- Los organismos sociales huicholes, Los Últimos Guardianes del Peyote y Salvemos Wirikuta, lamentaron la muerte de la activista e integrante de estos dos grupos, Paulina Gómez Palacio Escudero, quien fue encontrada muerta el 22 de marzo pasado.

“Con profunda tristeza les compartimos esta terrible noticia. Querida Paulina nos duele muchísimo tu inesperada e injusta partida”, publicaron ambos grupos en sus páginas de Facebook.

La desaparición de Paulina Gómez se registró el 19 de marzo, cuando salió de Matehuala, San Luis Potosí al municipio de El Salvador, Zacatecas.

El 21 de marzo, ambos grupos difundieron una publicación en las redes sociales para solicitar el apoyo y localizar a la activista social. “Pedimos de su solidaridad para ayudar a localizar a Paulina Gómez Palacios Escudero. Ella es amiga, una guardiana del territorio sagrado de Wirikuta y amiga del pueblo wixárika”, se lee en la publicación.

También agradecen a Paulina, a quien la reconocen como guerrera, maestra y hermana de camino sagrado.

De acuerdo con la información oficial, el hallazgo del cuerpo se realizó el 22 de marzo y se dio inicio a una investigación por la probable comisión del delito de feminicidio.

Un día antes de la localización del cuerpo de Paulina Gómez, elementos de la policía municipal de El Salvador ubicaron el vehículo en el que viajaba la activista y detuvieron a un hombre de nombre Jesús, quien intentó huir de los uniformados.

A este hombre se le aseguró una navaja que presuntamente pertenecía a la víctima, al igual que 20 mil pesos, motivo por el cual está en calidad de detenido, por su presunta participación en la muerte de la activista.

Por ello, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) integró las carpetas de investigación relativas a la agresión del elemento policial y la recolección de elementos que permitan determinar si existe alguna relación entre el detenido y los hechos , por lo que la Fiscalía abrió una carpeta de investigación por el homicidio de Paulina Gómez Palacios-Escudero, una mujer campesina originaria de Matehuala, San Luis Potosí, quien fue privada de su libertad y posteriormente asesinada cuando se dirigía a la cabecera municipal de El Salvador, al noroeste del estado de Zacatecas, en los límites con Coahuila y Nuevo León.

Fuente: NTRZacatecas

COMUNICADO
25/03/2020.
Es una burla que, en plena contingencia del COVID-19, el gobierno morenista del gobernador
Rutilio Escandón Cadenas en Chiapas, por medio de la Subsecretaría de Relaciones Políticas y
Organizaciones, amenaza e intimida al “Frente Popular en Defensa del Soconusco” (FPDS) de los
municipios de Acacoyagua y Escuintla, miembros de la REMA, al citarlos para que acudan a una
mesa de trabajo llamada “Problemática entre el grupo minero El Puntal S.A. de C.V. con el grupo
denominado 20 de Junio”, cuando saben que en esa zona hay un proceso organizativo que lleva
varios años enfrentándose a los proyectos mineros.
El día 18, luego el día 20, y el 23 del presente mes, el gobierno del Estado convocó para que las
comunidades de la zona asistieran a un llamado -irresponsablemente requeridos en plena
contingencia del coronavirus-, con el propósito de garantizar la extracción del titanio por parte de
la empresa que tantos daños ha hecho a la región, entre lo que destacan acciones relacionadas con
amenazas, intimidaciones y divisiones comunitarias. En este juego, y como siempre sucede de
manera lastimosa y perversa, se han prestado al contubernio con la empresa minera tanto la Fiscalía
del Estado, como la Procuraduría Agraria, quedando en claro lo serviles que son para facilitar los
intereses empresariales y no los comunitarios y agrarios.
Tanto el gobierno federal, como estatal no acaban de entender que el modelo extractivo es
insustentable, contamina las fuentes de agua, deforesta, genera graves condiciones de despojo y
desplazamiento, lo que, en consecuencia, termina de manera definitiva con los suelos de las regiones
montañosas biodiversas de Chiapas. Peor aún, cuando de manera beligerante e irresponsable llevan
a cabo acciones en un momento de crisis pandémica de graves consecuencias económicas, en donde
los ejidos están más susceptibles para absorber prebendas o dinero por permitir el desarrollo de
actividades extractivas.
Responsabilizamos tanto al gobierno morenista de Rutilio Escandón, como al licenciado
Concepción Zavala López -Delegado Regional de Gobierno y a la Fiscalía-, de cualquier intento de
intimidación, coerción, división y conflictos que susciten bajo el pretexto de aplicar el Estado de
Derecho y criminalizar la justa demanda de los pueblos de proteger el medio ambiente, la salud, el
agua y la biodiversidad, en contra de los ambiciosos intereses de la empresa de Monterrey que
pretende devastar las montañas del sureste de México.

¡LA MINERÍA DESTRUYE LA VIDA!
¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

La empresa seguirá con la construcción de presa para depositar los residuos de material minero
Foto: Marco A. Robles | El Sol de Durango
PÁNUCO DE CORONADO, Dgo. (OEM).- Reunidos en el salón ejidal de esta comunidad, un grupo de ciudadanos originarios de la población, negaron de manera rotunda que la compañía minera canadiense ubicada en la comunidad de San José de Avino, continuará con la construcción y puesta en marcha de la presa de jales, la cual sirve para depositar los residuos del trabajo realizado con el material minero.

México asegura que los pasajeros de vuelo cancelado a El Salvador están sanos
En esta reunión asistió el subsecretario de la Secretaría de Gobierno del Estado, José Luis López Ibáñez, el alcalde Mauricio Gándara González, personal de la empresa minera y un grupo de aproximadamente 70 personas originarias de la comunidad de Pánuco de Coronado, quienes después de escuchar la explicación técnica de la empresa minera, en la cual aseguran que no habrá devastación de la naturaleza, que no se contaminarán los mantos friáticos, así como que no habrá ningún efecto negativo en la salud de la población, pero la explicación no sirvió de nada puesto que la comunidad les pidió que buscaran otro terreno donde poner su presa de jales, más no en ese lugar que queda en la parte alta cercana a la población de Pánuco de Coronado.

Comité Interestatal de Salud listo para enfrentar contingencias
Los representantes de la mina explicación que en esa empresa se tienen 480 empleos directos, tres mil 360 indirectos y una derrama económica mensual por más de cuatro millones y medio de pesos, todo lo que se pudiera llegar a perder si por esta negatividad del pueblo se cierra el trabajo permanente de la mina, a lo que los habitantes señalaron que no les interesaba, porque ellos asegura que su salud está en riesgo y esa no tiene precio, recalcaron.

El alcalde Mauricio Gándara González, fue claro al señalar que su trabajo en esta ocasión es de ser conciliador en el problema, reconociendo que de cerrarse la mina sería un golpe fuertísimo para la economía de la región, puesto que es la segunda fuente de ingresos más importante que se tiene, siendo la primera las remesas de los paisanos, pero también reiteró su compromiso de apoyo a la ciudadanía en el cuidado de la salud, aunque las dependencias de Profepa y Semarnat aseguran que no hay ningún riesgo para la salud de los pobladores.
https://www.elsoldedurango.com.mx/local/municipios/persiste-conflicto-en-minera-en-pc-4978051.html

Comunicado: Comunidades Afectadas por el Proyecto Minero Cerro del Gallo reciben a visitantes de Canadá
rema mexico a través de lists.people-link.net
04/03/2020
para rema
COMPAÑER@S,
LES ENVIAMOS COMUNICADO DE REFERENCIA. AL FINAL LES COMPARTIMOS DOS IMÁGENES. GRACIAS POR SU ATENCIÓN Y APOYO EN LA DIFUSIÓN
SALUDOS! REMA
El CISO de Canadá visita y se solidariza con las Comunidades afectadas
en su lucha contra el proyecto minero Cerro del Gallo en Dolores Hidalgo, Guanajuato

El pasado lunes 2 de marzo, las comunidades afectadas por el proyecto minero Cerro del Gallo propiedad de la minera canadiense Argonaut Gold en Dolores Hidalgo, Guanajuato, recibieron la visita de una delegación del Centre International de Solidarité Ouvrière, CISO (Centro Internacional de Solidaridad Obrera) de Quebec Canadá.

La visita de la delegación del CISO, conformada por 15 mujeres y hombres, representantes de diferentes sectores sindicales de su país tales como los de Salud, Educación e Industria Metálica, entre otros, fue posible gracias a la vinculación del Frente Auténtico del Trabajo (FAT), quien acompaña el proceso de organización de la Unión de Trabajadores de Desechos Sólidos Industrializables “Lázaro Cárdenas del Río” del Estado de Guanajuato, A.C. con las organizaciones de la Hermandad de la Cuenca de la Independencia y la Red Mexicana de Afectados/as por la Minería.

La delegación del CISO pudo conocer directamente a las y los habitantes de las comunidades que se encuentran en riesgo por la amenaza que representa el proyecto minero de la Argonaut Gold, en las inmediaciones de la comunidad de San Antón de las Minas, a pocos kilómetros al sur de la ciudad de Dolores Hidalgo.

Recordamos que apenas el pasado 17 de diciembre, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT negó la solicitud de autorización de cambio de uso de suelo e impacto ambiental del proyecto minero Cerro del Gallo; recordamos también que en los días posteriores, la canadiense Argonaut Gold, anunció que insistiría y volvería a solicitar las autorizaciones respectivas. No omitimos señalar que si el proyecto fuera autorizado y entrara en operación, afectaría una superficie de más de 20,000 hectáreas, con procedimientos altamente tóxicos ya que miles de toneladas de minerales serían tratados con grandes cantidades de cianuro de sodio por medio de la técnica de lixiviación en pila que generalmente produce graves afectaciones a la salud de las poblaciones cercanas debido a la contaminación del aire, agua y suelo, además de extraer y contaminar 1,440 millones de metros cúbicos de agua en un territorio en el que las comunidades no la tienen en suficiente cantidad y calidad como para garantizarles su derecho humano al agua.

En la visita participamos representantes del CISO, del FAT, de la Unión Lázaro Cárdenas del Río, de la Hermandad de la Cuenca de la Independencia, de Acción Colectiva y de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA). Junto a habitantes de la comunidades, realizamos un recorrido por la zona amenazada, iniciando por un diálogo con habitantes de la comunidad de El Sisote, la más directamente afectada ya que por su cercanía al Cerro del Gallo, recibiría directamente por gravedad las aguas contaminadas con cianuro de sodio; a continuación visitamos la comunidad de Santa Bárbara para encontrarnos con algunos habitantes que se encuentran en un proceso acompañado por la Fundación de Apoyo Infantil (FAI) -también integrante de la Hermandad-, para construir cisternas de ferrocemento, para la cosecha de agua de lluvia; las cisternas, con capacidad de 12,000 litros permitirán a cada familia, contar con agua potable segura, únicamente para beber y cocinar durante un año; finalmente la visita terminó con una comida sencilla pero deliciosa, en La Colmena, en la que hubo palabras de fraternidad y compromiso de los representantes de las diferentes organizaciones de alzar la voz en México y Canadá para denunciar los proyectos y empresas del modelo extractivo minero.

Cabe resaltar el enorme interés y compromiso mostrado por la delegación canadiense, cuyos integrantes tomaron nota de todas las conversaciones, para informar a sus sindicatos, su expresión de solidaridad con las y los campesinos, además de manifestar sentir vergüenza por el criminal comportamiento de las mineras originarias de su país.

Dolores Hidalgo, Guanajuato
CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO

HERMANDAD DE LA CUENCA DE LA INDEPENDENCIA
ACCIÓN COLECTIVA SOCIOAMBIENTAL, A.C.
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA
Acción Colectiva
@acolectivamx