Agobiado por la miseria y la marginación, el pueblo maya de Mesoamérica tendrá poco que celebrar el 21 de diciembre, cuando comience una nueva era. Su situación contrasta con el anuncio de fastuosas celebraciones y ofertas turísticas promovidas por gobiernos y privados.
«Es una ofensa, un insulto y un contrasentido para los indígenas que, mientras siguen debatiéndose en la pobreza, se derrochen recursos del Estado para celebrar el 13 B’aktun», cuestionó ante IPS el activista Ricardo Cajas, del no gubernamental Consejo de Organizaciones Mayas de Guatemala.
Desde marzo del presente año el Consejo de Pueblos de Occidente inició, en la corte de Constitucionalidad, una nueva batalla legal. El fundamento de este nuevo frente es sencillo.¿A quién pertenece el país, a las empresas o al pueblo?. La respuesta lógica de esta cuestión nos lleva a pensar que al país, sobre todo cuando el mandato constitucional es la búsqueda del bien común.
El obispo de la Diócesis de Huehuetenango, se convirtió en portavoz de los manifestantes.
El ministro de Energía y Minas, Érick Archila, presentó ayer una propuesta para reformar la Ley de Minería, que excluye las consultas comunitarias y crea un consejo minero que tendrá un representante de las industrias extractivas, lo que fue mal visto por opositores que consideran que las compañías serán juez y parte para otorgar licencias.
Los intereses de las multinacionales por encima de la vida. No es nuevo, pero en Guatemala suena a la historia interminable. Ayer, el Ejército masacró una protesta pacífica indígena y acabó con la vida de 7 de ellos y dejó heridos a otros 41.
EL CONSEJO DE PUEBLOS MAYAS DE OCCIDENTE MANIFIESTA: