30 mayo, 2016
El pasado viernes 27 de mayo el Consejo de Pueblos de Occidente -CPO- de Guatemala dio a conocer la resolución de la Corte de Constitucionalidad guatemalteca en relación los amparos presentados para hacer valer el derecho fundamental a la consulta de los pueblos indígenas.
Desde 2010 CPO mantiene una lucha jurídica para hacer valer la decisión de las comunidades. Así, la semana pasada la Corte resolvió 6 amparos a favor de los pueblos, lo que obliga la anulación de 6 licencias mineras en el occidente de Guatemala; específicamente alrededor de la mina Marlin.
“Consideramos este paso como importante, porque sienta jurisprudencia y ayuda al debate nacional e internacional sobre el derecho fundamental de la consulta. Estamos conscientes que al leer las resoluciones hay algunos puntos que debemos analizar, pero en general es un triunfo a favor de los pueblos”, declararon.
Estaba sola. Su marido estaba en el campo cuando llegó el camión de soldados, policías y guardias de seguridad. Media docena de hombres armados entraron en su casa de una sola habitación. No la dejaban salir y se comieron la comida que había hecho para los niños.
Cientos de personas participaron en una protesta en quesada Jutiapa, los inconformes exigen el cese de cualquier actividad minera en la región, específicamente en contra del proyecto denominado “Bosque Ecológico”, afirman que no cesarán sus manifestaciones hasta ser escuchados.
Pese a que la Corte Suprema de Justicia resolvió que el proyecto minero no es viable y que deben suspenderse sus operaciones, el MEM no ha acatado la orden. Pobladores de La Puya que desde hace 7 días protestan frente al Ministerio de Energía y Minas (MEM), intensificaron su malestar luego que se reportara un posible conflicto en su comunidad con personal del proyecto minero «El Tambor», ubicado en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, pues según la denuncia, la mina sigue operando pese a el fallo judicial.
El dirigente quiché Pedro Tzicá denuncia una ofensiva de los macroproyectos mineros en Guatemala. Fue a partir de la firma de los acuerdos de paz de Guatemala, en 1996, que pusieron fin a 36 años de guerra civil, cuando Pedro Tzicá empezó a movilizarse. Hoy es uno de los dirigentes del Consejo de Comunidades de Cunén, municipio de 40.000 habitantes ubicado a 1.200 metros de altura en el departamento del Quiché. 
Justicia suspendió provisionalmente las operaciones de explotación de una mina de oro y plata en el departamento de Guatemala por no haber consultado a pueblos indígenas sobre sus operaciones. El proyecto minero es Progreso VII Derivadas, propiedad de Exploraciones Mineras de Guatemala, S. A.,Exmingua, se ubica «La Puya», donde se han instalado cientos de pobladores, especialmente mujeres que hacen resistencia pacífica y que han enfrentado desalojos por parte de la fuerza pública.
El ministro de Ambiente de Guatemala, Sydney Samuels, advirtió este martes que suspenderá los proyectos mineros y otros vinculados a la extracción de recursos naturales si se determina que provocan daños ecológicos.
El abogado Rafael Maldonado, del Centro de Acción Legal Ambiental y Social (Calas), denuncia la supuesta fuga del exjefe de Seguridad de la Mina San Rafael, Alberto Rotondo, de nacionalidad peruana.
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala confirmó en forma definitiva el viernes un amparo otorgado por una corte de apelaciones a una organización ambiental que alega se violentaron sus derechos cuando no se atendió la oposición que tenía a la concesión de una licencia minera.