Comunidades indígenas celebran decisión de la CIDH en la que otorga medidas cautelares a comunidades Wayuú además de solicitar al Estado colombiano “Asegurar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de salud, con un enfoque integral y culturalmente adecuado, con el fin de atender la desnutrición infantil, así como tomar medidas inmediatas para que las comunidades beneficiarias puedan tener, a la brevedad posible, acceso al agua potable y a alimentos en calidad y cantidad suficientes”.
Compartimos la resolución: http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2015/MC51-15-Es.pdf
Desde que en 2013 el municipio de Piedras rechazó por medio de una consulta popular la minería de oro que estaba promoviendo la empresa Anglogold Ashanti en el Tolima, a través de sus operaciones en la gran mina de La Colosa, varios territorios han tratado de mostrar su descontento con acciones similares. Lo hizo Tauramena, en Casanare, en diciembre de ese año para detener la explotación petrolera; lo intentó Monterrey, también en Casanare, a principios de 2014, para salvar el río Túa, su principal afluente, y lo ha intentado en varias ocasiones Cajamarca, en el Tolima, porque sobre sus tierras está La Colosa y temen que sus aguas y su producción agrícola se vean mermadas. Ahora, después de muchas discusiones y polémicas, le llegó el turno a Ibagué.
Con el firme propósito de rechazar los actos de minería que afectan el recurso natural del norte de Nariño, la comunidad de San Lorenzo participó de la Minga por la construcción del territorio campesino agroalimentario.
La muerte de 13 mineros en Santander de Quilichao (Cauca), en mayo del año pasado, volvió a poner en evidencia el problema de la minería ilegal en el país -de los 55 millones de toneladas de oro que produce Colombia, sólo 7 millones son legales-. Sin embargo, ni el dolor por esa tragedia ha cesado en las familias de las víctimas ni la búsqueda de los responsables del hecho se ha detenido.
La Corte Constitucional levantó la suspensión que le había impuesto por una tutela hace seis meses. El planteo fue hecho por mineros artesanales, afros e indígenas de la zona quienes habían conseguido que la Corte Constitucional suspendiera la actividad de la mina hace seis meses.
Con protesta pacífica, un numeroso grupo de personas le dijeron “no” a funcionarios de la Anla y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que iban a realizar un taller de socialización en temas mineros. Bloquearon el acceso como protesta.
Graves daños al medio ambiente, impactos negativos sobre las comunidades, desigualdad en el pago de salarios, confinamiento de trabajadores enfermos e insensibilidad frente a violaciones de derechos humanos son algunos de los señalamientos que acaban de lanzar dos ONG (una colombiana y otra colombo-suiza) contra la gigante de la minería Glencore. La empresa, poco publicitada, lleva 20 años extrayendo carbón en el departamento del Cesar y es la propietaria del grupo Prodeco, que aglutina las operaciones de Carbones de la Jagua, Consorcio Minero Unido y Carbones El Tesoro.
La Organización Pensamiento y Acción Social PAS, en articulación con el Grupo de Trabajo Suiza-Colombia, lanzan el informe ‘Sombra de Sostenibilidad de las Operaciones de Glencore en Colombia’ una investigación sobre los impactos tributarios, ambientales, laborales, sociales y en derechos humanos del accionar de la multinacional Suiza en la región del centro del Cesar.
Un análisis acuífero realizado por la Mesa Ambiental de Jericó, Suroeste antioqueño, con apoyo de la Universidad de Antioquia, reveló que la quebrada Quebradona y sus afluentes Higuerillos, La Fea y La Poleal, están contaminadas con cianuro, un químico altamente tóxico.