Las comunidades del municipio de La Vega, en pleno corazón del Macizo Colombiano preparan la consulta popular para decidir el futuro del territorio.

Amparados en el artículo 103 de la Constitución Política y en las leyes estatutarias 134 de 1994 y 1757 de 2015, las comunidades del municipio de La Vega han echado andar la consulta popular, mecanismo ciudadano, legal y legítimo del pueblo colombiano para decidir el futuro del municipio: decidirán si  quieren o no, la minería y los proyectos mineros en su territorio.

Amenazando el corazón del Macizo Colombiano —en el sobreviven ecosistemas estratégicos para mantener las condiciones de vida de los colombianos y parte de la región suramericana— las grandes transnacionales como la Continental Gold, vienen buscando la explotación de 26.000 hectáreas, la gran mayoría en el municipio de La Vega. Ello con el objetivo de extraer principalmente oro, acrecentando las gigantescas ganancias de un puñado de individuos a costa de un territorio donde habitan comunidades campesinas, afros e indígenas.

No solo la gran minería busca acabar con la más grande estrella fluvial del país —es el Macizo Colombiano donde nacen los ríos Cauca, Magdalena, Caquetá y Patía—, también la minería mercenaria —como le llaman sus habitantes— viene explotando de manera organizada y jerarquizada, ríos y montañas.

Sin embargo, la organización comunitaria de la dignidad de sus comunidades ha logrado frenar esta manera de acabar con acuíferos, montañas, animales, plantas y culturas. Por ello, las marchas por la vida y el agua  se han vuelto recurrentes en tan importante región, acompañada de acciones de control territorial que buscan la apropiación colectiva del territorio como políticas populares nacidas del seno de los habitantes vegueños. El reflejo de esto, es el plan aurora, una política popular (encabezada del Proceso Campesino y Popular del Municipio de la Vega -PCPMV-) que recoge los sueños, iniciativas y propuestas de campesinos para convertirlas en  lineamientos estratégicos que defiendan la vida, las fuentes de agua y los acueductos, mediante lo jurídico, político, simbólico y cultural.

La tenacidad de los vegueños no termina ahí: sumado a las acciones de control territorial y la apropiación colectiva integral del territorio, esta vez, la participación ciudadana amparada en las leyes estatutarias 134 de 1994 y 1757 de 2015  busca decidir el futuro de esta estratégica región suramericana. La consulta popular —reflejo de dicha normatividad— que viene en camino, es una acción central donde las comunidades dirán si continúa la minería y los proyectos mineros, o si por el contrario defienden la vida, el agua, los ecosistemas y el futuro de sus comunidades.

Sobre la CONSULTA POPULAR

Siete han sido las consultas populares donde las comunidades han decidido si quieren o no la gran minería en sus territorios. Los resultados han sido avasalladores: en todas, han decidido conservar la vida y sus territorios.

Ayer, el turno fue para los habitantes de Pijao (Quindío) y Arbeláez (Cundinamarca), quienes acudieron a las urnas para decirle NO a la minería.

Fuente:https://www.las2orillas.co/agua-la-vida-consulta-popular-la-vega/

Con el triunfo ayer del No en las consultas populares de Pijao (Quindío) y Arbeláez (Cundinamarca) llegaron a siete los municipios que impiden el desarrollo de proyectos mineros y la exploración de hidrocarburos en su territorio.

De los 2.673 pijaenses que se manifestaron en las urnas, 2.613 le cerraron la puerta a la posibilidad de exploración en el municipio, según los datos recopilados por la Registraduría Nacional del Estado.

El otro No en Cundinamarca

Las consecuencias

Dos municipios del país le dijeron NO a la explotación minera en sus territorios. En Pijao, Quindío, con un total de 2.613 votos, ganó el NO, mientras que en Arbeláez, Cundinamarca fueron 4.312 personas quienes votaron negativo a la explotación de Hidrocarburos.

Pijao dice NO a la explotación minera de metales

En una jornada que se adelantó este domingo en el municipio de Pijao, departamento del Quindío, el 97.56% de los sufragantes votaron por el NO, tras una convocatoria que se realizó durante los últimos meses y en la que participaron la mayoría de grupos políticos y el sector administrativo de esta región del país.

La pregunta fue: Está ud de acuerdo SI o NO, con que en el municipio de Pijao se desarrollen proyectos y actividades de mineria de metales?

El liderazgo de esta actividad estuvo a cargo de organizaciones ciudadanas, que no pertenecen a ningún partido político. De esta forma se fija una posición frente a la posibilidad de que ingresen multinacionales a este territorio optando por alternativas como, el desarrollo de un turismo sostenible, la agroindustria y los cafés especiales.

El gobernador del Quindío Carlos Eduardo Osorio Buriticá se mostró muy satisfecho con los resultados de esta consulta popular minera. Se espera que en el Quindío, Calarcá y Salento también convoquen sus propias consultas.

Arbeláez también dijo NO a la explotación minera

Con un total del 98.54% de los votos los habitantes de Arbeláez le dijeron no a dos proyectos extractivos. Las votaciones para esta Consulta Popular se cerraron a las 4 de la tarde; y 51 minutos después con un total de 10 mesas escrutadas (correspondientes al 100%) los resultados fueron contundentes: 4.312 votos por el No y 38 por el sí.

La pregunta planteada fue: ¿Está ud de acuerdo, SI o NO, con que en la jurisdicción del municipio de Arbeláez, Cundinamarca se lleven a cabo procesos de sísmica, exploración, explotación de hidrocarburos, lavado de hidrocarburos y minería de gran escala?

La preocupación de los promotores del No estaba en no cumplir con el umbral requerido para validar esta consulta, el cual correspondía a 2.958, sin embargo este se logró superar y en total de esta jornada participaron 4.376 personas.

Con esta decisión quedarían en vilo dos proyectos de hidrocarburos que buscaban realizarse sobre la Provincia del Sumapaz los cuales incluyen varios municipios de Fusagasugá, Pasca, Arbeláez, San Bernardo e Icononzo, Tolima.

Uno de los proyectos fue adjudicado a la empresa Australian Drilling Associates, sucursal Colombia, y tiene un alcance en las jurisdicciones de Anapoima, Arbeláez, El Colegio, Fusagasugá, Granada, Nilo, Pasca, Sibaté, Silvania, Soacha, Tibacuy y Viotá, en el departamento de Cundinamarca.

El bloque Cor 33, por su parte, fue adjudicado en el mismo año a la empresa Alange Energy, con alcance en Bogotá, Fusagasugá, Pasca, Nilo, Arbeláez, Pandi, San Bernardo y Venecia, en Cundinamarca, y Melgar e Icononzo en Tolima.

Fuente:http://www.rcnradio.com/locales/arbelaez-cundinamarca-y-pijao-quindio-dijeron-no-a-la-explotacion-minera-y-de-hidrocarburos/

En cada esquina de Pijao, en Quindío, hay un letrero que invita a los habitantes del municipio a ir a las urnas este domingo. Hasta en la casa cural del pueblo fijaron un colorido cartel que reza: “Vote no a la minería de metales, la montaña nos une”.

Los pijaenses aseguran que asistirán masivamente a las votaciones de la primera consulta popular que se lleva a cabo en el Eje Cafetero, que busca frenar los proyectos mineros en un municipio. Su promotora y exconcejal del municipio, Mónica Flórez, espera que triunfe el ‘no’ y que al menos 3.000 personas, de las 6.076 habilitadas para votar, acudan a los puestos de votación.

El llamado ha sido bien recibido entre la población, que incluso ha salido a marchar varias veces en contra de las actividades mineras. María Ligia Villamil, líder comunitaria de Pijao señaló: “Estamos muy motivados a salir a votar, nosotros queremos mucho a nuestro municipio y no vamos a permitir que llegue la minería a nuestro pueblo, vamos a salir a votar desde muy temprano. Si defendemos el pueblo, lo hacemos también por el agua, el alimento y la comunidad”.

Flórez añadió: “Todos están preocupados y lo tienen muy claro: la minería es un riesgo muy grande. Pijao es muy frágil por el origen de la tierra, hay otros cultivos que le han hecho daño y no conozco ningún lugar donde se haga minería responsable”.

Sin embargo, entre los promotores de la consulta hay preocupación, pues la Registraduría disminuyó el número de puestos de votación. Aunque en la jornada electoral del plebiscito por la paz del pasado 2 de octubre se instalaron 17 mesas de votación y solo acudieron 2.500 votantes, para esta consulta solo tendrán nueve mesas, seis en el área urbana y tres en el área rural.

“No se está garantizando el derecho del cien por ciento de los votantes. Antes teníamos 14 mesas en la zona urbana y ahora solo instalarán seis, esto nos da que si acuden 350 personas por mesa y cada una se tarda tres minutos en la mesa, eso nos da 1.050 minutos y eso nos da mucho más de las ocho horas que dura la jornada de votación”, señaló Orlando Osma, integrante del colectivo ecológico de Pijao.

El umbral para estas elecciones es de unos 2.026 votantes, es decir, la cantidad de personas que deben asistir a la jornada para validar el resultado de la consulta

popular que indagará ¿está de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Pijao se desarrollen proyectos y actividades de minería de metales?.

Aunque en la actualidad en Pijao solo hay títulos para la explotación de material de arrastre, desde hace meses se busca blindar este municipio contra los proyectos de las multinacionales mineras.

La promotora de la consulta afirmó que tiene conocimiento de 18 solicitudes para exploración de metales. “El Gobierno todo el tiempo cambia la información, el año pasado había una solicitud de un área muy grande entre Pijao y Córdoba, nos preocupa la desinformación”

De ahí que tras varias actividades con la comunidad, incluido un cabildo abierto, hace varios años Flórez presentó la propuesta al Alcalde anterior, quien radicó en el Concejo Municipal un proyecto de acuerdo sobre la consulta popular y esta corporación lo aprobó por unanimidad.

La iniciativa llegó al Tribunal Administrativo del Quindío, que declaró inconstitucional la pregunta inicial. Luego, con el apoyo de la organización Dejusticia, Flórez formuló una acción de tutela contra el Tribunal del Quindío que radicó en el Consejo de Estado y que en primera y segunda instancia fue negada. “Sentí que el Tribunal nos había negado el derecho para que los ciudadanos de Pijao decidiéramos sobre el uso del suelo”, dijo Flórez.

Pero esto no se quedó ahí, el casó pasó a la Corte Constitucional, que el año pasado, en un fallo que puso en jaque el sector minero de todo el país, decidió proteger el derecho de los habitantes de Pijao de expresar su opinión, a través de las urnas frente a los impactos de la actividad minera en este municipio que hace parte de la red mundial Cittaslow, o ciudades sin prisa del mundo, objetivo que se consiguió después de 11 años y también de la mano del trabajo de Flórez que logró que Pijao fuera incluido en 2014 en este listado que en ese momento tenía 221 pueblos de todo el mundo.

Además de Pijao, los municipios de Calarcá, Salento y Córdoba buscan realizar una consulta popular por iniciativa de sus alcaldes para frenar la minería.

Fuente:http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/consulta-popular-minera-en-pijao-quindio-este-domingo-106590

Cundinamarca y Quindío tienen 1.021 títulos mineros, lo cual representa 12,7% del total que hay actualmente en el país (7.996).

Después de las consultas populares en Cajamarca (Tolima) y Cumaral (Meta) en marzo y junio de este año, serán dos los municipios que realizarán este tipo de votaciones. Las poblaciones de Arbeláez, en Cundinamarca, y Pijao, en Quindío, irán a las urnas este domingo para decidir si están o no de acuerdo con el desarrollo de actividades del sector mineroenergético.

Y aunque el precedente de esta fiebre de consulta minera son las victorias del no por más de 97%, ¿cuál es la importancia de Cundinamarca y Quindío para la actividad minera? Los dos departamentos suman 1.021 títulos vigentes, es decir, 12,7% del total nacional, que asciende a 7.996. Según cifras de la Agencia Nacional de Minería (ANM), Cundinamarca cuenta con 978 títulos mineros vigentes, de los cuales 70 están en exploración, 59 en construcción y montaje y 849 en explotación.

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En el municipio de Sibaté, la comunidad trabaja para realizar una consulta popular con el objetivo de frenar la minería que se realiza desde hace más de 30 años. Desde agosto empezará la recolección de firmas por parte de la comité promotor de la consulta.

De acuerdo con Camilo Rojas, integrante de la comunidad de Sibaté, desde la instalación de la Empresa Eternit se han presentado problemas ambientales en la zona, además de los las situaciones ya conocidas por el asbesto. Sin embargo, la megaminería a cielo abierto para la explotación de arena ha sido el mayor problema tanto ambiental como para la salud de la comunidad.

Rojas señala que la empresa minera Comind S.A., filial de la italiana Minerali Industriali, tiene una licencia minera por más de 30 años. Y aunque apenas llevan 8, los 35.000 habitantes de Sibaté ya sufren graves afectaciones por esa actividad, entre ellas, la contaminación de las fuentes hídricas y los daños a la salud.

Consecuencias

Desde el 2015 las comunidades afectadas por por los daños ambientales, han empezado a movilizarse en contra de la minería tras empezar a sentir los efectos de dicha actividad. Según denuncian, los títulos mineros de la empresa comprenden la vereda El Peñón y por tanto una zona de subpáramo, que además de tener un gran valor ambiental, provee de agua al municipio  de Sibaté, pero además a Fusagasugá y un sector de Silvania.

La preocupación de los  pobladores radica en que la concesión de explotación minera se ubica en la misma montaña donde nace el agua que surte los acueductos de los municipios. Además esa zona de la cordillera oriental también hace parte de la cuenca del páramo de Sumapaz, el más grande del mundo.

Los pobladores señalan que los químicos que se usan para extraer la arena están contaminando la fuentes de agua del municipio, entre ellas la quebrada Barro Blanco. Asimismo aseguran que algunas personas que viven sobre la vía por la que pasan las volquetas de la empresa sufren enfermedades pulmonares por el polvo que produce el paso de esos vehículos.

Riesgo eminente

La movilización de las comunidades logró que la CAR obligara a la empresa a actualizar su plan de manejo ambiental. No obstante, la multinacional no ha cumplido, y sin embargo las entidades ambientales continúan permitiendo la actividad minera pese a los daños ambientales.

Camilo Rojas, además denuncia que se busca dar más licencias de explotación, ya que descubrieron un yacimiento de arena. El líder de la comunidad agrega que en esa zona existen otros 12 títulos mineros en proceso de explotación y hay 22 solicitudes más en curso. 

Fuente:http://www.contagioradio.com/sibate_consulta_popular_mineria-articulo-43181/

El 9 de julio se llevará a cabo la consulta popular en el municipio de Pijao en el Quindío. Los promotores de la campaña, que busca impedir los procesos de extracción de metales en el municipio, esperan superar el umbral de 2,026 votos y así defender los recursos naturales del lugar emblema del eje cafetero.

Para Mónica Flórez, miembro del Comité Ecológico y la Fundación Pijao CittaSlow, “hemos recorrido todo el municipio, vereda por vereda para trabajar con las comunidades y que ellas comprendan la importancia de salir a votar en la consulta popular”.

Florez manifestó que buscarán que un tercio de las 6,055 personas habilitadas para votar en Pijao lo hagan respondiendo no a la pregunta “¿Está usted de acuerdo, si o no, en que en el municipio de Pijao, se lleven a cabo procesos de minería de metal?”

Flórez además manifestó que la Registraduría Nacional “hizo un recorte de 17 a 6 mesas de votación argumentando que la consulta es un derroche de dinero”. Sin embargo, ella destacó el entusiasmo general que hay en el municipio, desde las autoridades hasta los estudiantes, por el desarrollo de la consulta popular. “En conjunto con el grupo Marcha Carnaval de Quindío le estamos pidiendo a la gente que salga a votar temprano para que a pesar del recorte en las mesas logremos alcanzar el umbral”.

Adicionalmente, Pijao es un distrito minero que tiene hasta el momento 6 títulos mineros y 8 solicitudes mineras de oro, plata y Niquen de empresas relacionadas con Anglo Gold Ashanti. Ante esto Flórez aseguró que el Vice Ministro de Minas, Carlos Andrés Cante, “ha estado en Pijao planteando una campaña por el si en la consulta popular”.

Según ella, “no es gratuito que el Vice Ministro de minas venga, pues hay en cola solicitudes que necesitan del apoyo del Gobierno”.

Pijao es el primer lugar de Latinoamérica que hace parte de la red CittaSlow

La consulta popular en Pijao es especialmente importante debido a que este municipio hace parte de los 153 lugares en el mundo que pertenecen a la Red Internacional CittaSlow que significa “cuidad lenta” en italiano. Los miembros de esta Red se caracterizan por ser lugares que viven en comunión con la naturaleza, las tradiciones culturales y el patrimonio arquitectónico.

La preservación del entorno natural y la reactivación de las economías locales que se articulan alrededor de la familia, se verían fuertemente afectadas con la presencia de grandes empresas mineras. Estas afectarían el ritmo de vida desacelerado que hace parte del movimiento CittaSlow y pondrían en riesgo los ecosistemas de páramo, montaña y los afluentes hídricos.

Fuente:http://www.contagioradio.com/consulta-popular-pijao-articulo-43082/

A menos de tres años de firmarse la delimitación del páramo de Santurbán, el primero de estos ecosistemas en tener una zona demarcada para la conservación, los incumplimientos de las promesas del Gobierno para reactivar la economía de una comunidad históricamente dedicada a la minería, le han abierto el camino a una empresa multinacional que va detrás de las aproximadas 9 millones de onzas de metales preciosos que albergan estas montañas.

Buscando alejarse de los fantasmas del fallido proyecto de la empresa canadiense Greystar, que volvieron a Santurbán el símbolo de la lucha ambientalista contra la minería expansiva, la Sociedad Minera de Santander, Minesa, propiedad del grupo árabe Mubadala, presentará antes de septiembre una solicitud para adelantar un proyecto de explotación por 25 años ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla.

Mubadala es una empresa que pertenece a la familia real saudí y adquirió los títulos mineros del empresario brasileño Eike Batista en 2015.

Sin embargo, para blindarse de resultados adversos en una eventual consulta popular, como las que ha tumbado los proyectos mineros en Cumaral y Cajamarca este año, la empresa ha puesto empeño en enviar el mensaje que su idea es la de desistir del uso del cianuro y el mercurio para la extracción de los minerales y en poner a las alcaldías de la zona (Vetas, Suratá, Matanza y California) de su lado.

Para lo primero, Minesa ha desplegado una vasta estrategia comunicativa en la que explican que su interés es extraer concentrados polimetálicos, un producto que no es definitivo ni puro como un lingote de oro y lejos de la línea de páramo. Este material se enviaría a otros países donde se culminaría el proceso de extracción del metal precioso.

La apuesta del Estado

Respeto al ambiente

Para los ambientalistas, los trabajos de minería ejecutados por las grandes empresas afectarán al páramo en su totalidad, sin importar si limita o no con este ecosistema.

Aunque las empresas mineras ubicadas cerca al Páramo de Santurbán han manifestado que los proyectos están diseñados para generar un menor impacto al ecosistema, para Gonzalo Peña Ortiz, especialista en Ingeniería Ambiental, esto no es cierto y terminará afectado completamente este lugar y el agua que surte a Bucaramanga y su área metropolitana.

“El daño es irreversible para el sistema paramuno, esto se presenta por el hecho de sacar millones de toneladas de material de sus entrañas para luego procesarlos. Es físicamente imposible que vuelva a ser lo mismo”, explica Peña Ortiz.

Para el ambientalista, los trabajos de minería que se realizarán en la provincia Soto Norte (Matanza, California, Vetas, Tona, Charta y Suratá) llevarán a que el páramo pierda sus funciones primordiales de reserva de agua: “en otras palabras el daño se producirá por la rotura y extracción de los materiales, independientemente de la tecnología que utilicen y de los compuestos empleados en la actividad minera”.

Ante estas afirmaciones, José Hernán Valencia, especialista en concesiones mineras de Minesa, señala que esta empresa “elabora un estudio de impacto ambiental, el cual contempla el análisis de todos los componentes técnicos, sociales y ambientales (flora, fauna, aire, suelo e hidrología, entre otros) con el fin de evaluar y determinar el escenario más apropiado desde la prevención y mitigación. En este sentido se están evaluando alternativas con criterios de eficiencia”.

Valencia destaca que en el proyecto minero no se usará cianuro ni mercurio, y se respetarán los límites del Páramo de Santurbán, así como “la cantidad y calidad del agua que abastece al acueducto de Bucaramanga y el fortalecimiento de la minería tradicional en Soto Norte”.

Pero el especialista en Ingeniería Ambiental insiste en que el hecho de que una empresa no utilice mercurio ni cianuro en su proceso no garantiza que el ecosistema se vaya a preservar en su estado natural: “el punto es la modificación, en forma irreversible, de todo el conjunto del páramo con la pérdida irreparable de sus funciones sistémicas. El problema se presentará cuando comiencen a mover esas cantidades de material; es ahí donde estamos diciendo que no necesitamos que nos dañen la vida, para que después los incrédulos admitan que tuvimos la razón”.

¿Más temblores?

Otro de los temas que preocupa a los ambientalistas es que los trabajos de minería incrementen la sismicidad en la región, ya que la explotación subterránea podría ocasionar repetidos movimientos telúricos, que incluso generarían un terremoto, advierte Gonzalo Peña Ortiz.

Al respecto, Hernán Valencia insiste en que no hay ninguna relación entre las condiciones propias de sismicidad de la zona con la operación que desarrollará Minesa en el área.

“El sismo es un fenómeno natural impredecible y atribuible a los movimientos tectónicos de placas de extensión regional, que pueden ocurrir en la corteza terrestre, a profundidades superiores a los 70 kilómetros y cuyos efectos sobre la superficie del terreno dependen, no sólo de la profundidad, sino de la intensidad del movimiento telúrico”, reitera el especialista en concesiones mineras de Minesa.

Los recursos por minería

Las mineras que están en Soto Norte han asegurado que los trabajos de procesamiento de los minerales no serán realizados dentro del páramo, para lo cual sacarán estos recursos en forma de concentrados polimetálicos.

No obstante, esto ha generado entre la ciudadanía algunos interrogantes sobre el efecto económico que esto tendría, por ejemplo: ¿Quién controlará la cantidad de oro que saldrá del país? ¿Qué otros metales se llevarán?

“Eso deja una incertidumbre en los recursos que el Estado realmente pueda recibir por concepto de regalías, que es de sólo el 3.2% para todo el país (por concepto de oro). Es importante anotar que parte de esas regalías las descuentan como gastos de responsabilidad social empresarial, es decir que en muchos casos están sustituyendo al Estado como lo que hicieron en California donde construyeron una placa huella. Es cierto que esa obra es un beneficio para la comunidad pero es el Gobierno Nacional quien debe hacerlo; además, hasta el último peso que invierten en esa actividad lo descuentan, es por eso que la Contraloría ha elaborado estudios donde se demuestra que por cada $100 que invierten, ellos (las empresas) reciben más. Es decir que estamos entregando todos nuestros recursos minerales y les estamos pagando para que lo hagan”, denuncia el ingeniero ambiental, Gonzalo Peña Ortiz.

Por su parte, Minesa, a través de su vicepresidente financiero, Andrés Calderón, sostiene que la Minera de Santander estima que el país recibirá alrededor de US$450 millones en regalías y US$1.7 mil millones en impuestos: “además generará desarrollo, Minesa será un dinamizador de la economía regional, con una inversión de más de US$1.600 millones en las compras locales y salarios durante el avance del Proyecto Soto Norte”.

Fuente:http://www.vanguardia.com/economia/local/402353-no-habra-mineria-limpia-ni-sostenible-ambientalistas

La minería ha rasgado la piel de nuestra capital, generando impactos ambientales, sociales y económicos, difíciles de mitigar. El Alcalde Enrique Peñalosa y el Concejo de Bogotá tienen en sus manos la posibilidad de eliminar esa actividad definitivamente con el nuevo POT, de lo contrarío, tendremos minería en una extensión equivalente a 17 parques Simón Bolívar.

Cuando se habla de gran minería en Colombia, posiblemente las primeras imágenes que nos llegan a la cabeza son las de departamentos como Cesar, la Guajira o Boyacá. Pero al ingresar a Bogotá por la Autopista Norte, la Autopista Sur o la vía al Llano, inmediatamente nos cambia esa percepción y evidenciamos, visualmente, los grandes impactos de esta actividad. Por lo tanto, hay que conocer al menos 4 aspectos en los que la actividad minera en Bogotá deja más impactos negativos que beneficios:

Impactos a las finanzas distritales: Entre el año 2000 y el 2012, Bogotá recibió 1.524 millones por concepto de regalías por minería, sin embargo,  a 2012, la Contraloría Distrital anunció que dicha actividad económica sumaba hasta ese momento un pasivo ambiental[1] por 37.000 millones de pesos. En el mismo sentido, entre el año 2000 y el 2016, el Distrito invirtió 15.624 millones en intervenciones de mitigación de riesgos en zonas de antiguas canteras que en muchos casos se encuentran ocupadas por desarrollo urbano y/o viviendas de estratos 1 y 2. El aspecto económico es entonces la primer evidencia de lo costosa que resulta dicha actividad económica para la ciudad.

Impactos a la atmósfera: Para quienes viven en las zonas aledañas a la extracción minera de Usme, Tunjuelito o Ciudad Bolívar, particularmente, es usual encontrar bastante polvo en ventanas o muebles de las casas, pero también es usual ver en las estadísticas distritales, que estas localidades son las que más reportan casos de Enfermedades Respiratorias Agudas. Y no es para menos, las emisiones sólidas tienen su origen en las propias actividades extractivas, su transformación y transporte, aunque no hay que dejar de lado los gases emitidos por la combustión de la maquinaria y las emisiones naturales durante el proceso de extracción. Además, hay que sumarle el ruido y las vibraciones que generan dicha actividad.

Impactos al suelo: Como mencioné al iniciar este artículo, los daños al paisaje son los más visibles de la actividad minera puesto que son los que todos pueden percibir sin mayor esfuerzo. Pero hay que precisar que los daños en este aspecto se basan en la desertificación y la modificación del relieve. Para el primer aspecto hay que recordar que el suelo de Bogotá es de interés ecológico nacional con destinación prioritariamente agro-forestal, tal y como lo señala la Ley 99 de 1993, sin embargo, la actividad minera ha intensificado la deforestación, erosión y pérdida de suelo fértil en los territorios expuestos. En el segundo aspecto, se genera gran desestabilización de laderas por las sobrecargas y/o excavaciones y por las alteraciones en el nivel freático.

Impactos al recurso hídrico: Quienes se han visto afectados por las inundaciones del Río Tunjuelo podrían culpar -en parte-, a las actividades de extracción minera, dado que generan acciones como la incorporación de partículas sólidas en el río, el aumento de la carga de fondo y el incremento en las tasas de sedimentación aguas abajo del río. Pero la minería también ha generado importantes alteraciones en la dinámica fluvial y en el régimen hidrogeológico de la cuenca.

Ahora bien, lo preocupante es que a 2016, según la Agencia Nacional Minera en Bogotá hay 40 títulos mineros que ocupan 2.781 hectáreas, hay 10 solicitudes de contratos de concesión por un total de 3.340 hectáreas y otras ocho solicitudes de legalización por un total de 816 hectáreas, lo que finalmente plantea un potencial minero en la capital del país de 6.937 hectáreas. Si se hace una comparación, se podría decir que en Bogotá se pretende explotar un territorio 17 veces más grande que el Parque Simón Bolívar.

También a 2016, según la Corporación Autónoma Regional y la Secretaría Distrital de Ambiente, existían 134 predios afectados por la extracción de materiales de construcción y arcilla, de estos, 102 están ubicados en el perímetro urbano de la ciudad. Del total de dichos predios, 98 son de carácter ilegal y no se ha logrado el cumplimiento de los Planes de Manejo, Recuperación y Restauración Ambiental, situación que incrementa los problemas ya expuestos.

Como ordenó la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-273 de 2016, son las autoridades regionales y municipales, las que podrán establecer zonas que queden transitoria o permanentemente excluidas de la minería, particularmente, mediante la aprobación y adopción de los Planes de Ordenamiento Territorial. Es así, como en este año, el Alcalde Enrique Peñalosa y el actual Concejo de Bogotá, tienen no solo la autonomía sino el deber de decirle NO MÁS a esta actividad en el Distrito y la de generar un plan de transición para los ciudadanos que dependen de esta actividad económica.

Alcalde, juéguesela por el ambiente en Bogotá.