Las autoridades y la ciudadanía se han reunido en varias oportunidades para que se tomen acciones en torno a la protección del medio ambiente.

El alcalde de Santa Rosa de Cabal Henry Arias aseguró que se han adelantado varios procesos para estructurar esta consulta popular que prohíba actividades de minería a cielo abierto en el municipio.

Argumento que varios grupos ambientalistas lideran esta propuesta que ha sido bien recibida por la comunidad, pues ya se tienen ejemplos como en Pijao y Cajamarca.

Indicó el alcalde que tampoco se descarta un proyecto de acuerdo para prohibir estas prácticas en suelo santarosano. Aseguró que la opinión del pueblo es prioridad para su administración por esto se avanza de manera lenta pero segura en la estructuración de esta consulta popular.

Fuente:http://caracol.com.co/emisora/2017/07/26/pereira/1501071490_642870.html

Los proyectos minero energéticos no son únicamente un porcentaje importante del PIB, son también una actividad económica con una redistribución deficiente de la riqueza y con impactos negativos sobre la salud y el medioambiente.

Desde 2016 la Corte Constitucional permitió que las comunidades locales se pronunciaran por vía de participación directa, sobre la implementación de proyectos mineros. Hasta ahora se han realizado siete consultas en las que el “No” a los proyectos mineros ha ganado con una mayoría abrumadora. En todos los casos más del 90 por ciento, y en ocasiones cerca al 100 por ciento de los votantes han dicho no a la implementación de este tipo de proyectos, una respuesta contundente que poco se ve en las decisiones sometidas a votación en el país.

Tanto la sentencia como las consultas que se han realizado hasta ahora, y las que están programadas, han generado preocupación y debate en varios sentidos. Se discute sobre el alcance de la autonomía regional respecto de las competencias del gobierno nacional en cuanto al uso del subsuelo y los recursos naturales; se debate la pertinencia de someter este tipo de decisiones con impacto macroeconómico a procesos de participación directa; algunos cuestionan la forma en que se han llevado a cabo las consultas, la formulación de las preguntas y la manera en que se han insertado o no en los procesos formales establecidos para la formulación e implementación de estos proyectos; muchos temen la incertidumbre jurídica que pueden generar y sus consecuentes efectos sobre la inversión extranjera en Colombia.

También se ha invocado el posconflicto en muchos de los argumentos en contra de las consultas, afirmando que es un proceso que requerirá de recursos millonarios que de no provenir del sector minero energético en buena medida no estarán disponibles. Pero en Colombia nos pasa que caemos con facilidad en este tipo falsos dilemas que sobre simplifican y dividen en posiciones dicotómicas a los actores que están involucrados, y que tienen la posibilidad y la competencia para tomar acción. Las consultas son un mecanismo de participación fundamental y necesario en este tema que por fin empezamos a entender como intersectorial y determinante para el desarrollo en todas sus dimensiones.

os proyectos minero energéticos no son únicamente un porcentaje importante del PIB que financiaría el posconflicto. Son también una actividad económica con una redistribución deficientísima de la riqueza, con impactos negativos sobre la salud humana y el medioambiente, y que vale la pena repensar a la luz de la transición hacia las energías renovables que está ocurriendo a nivel mundial y que mal haría Colombia en ignorar.

Es decir, no se trata solo de si las grandes corporaciones tras los proyectos de inversión en el sector pierden o no con la decisión de la Corte y la de los habitantes de los municipios en las consultas, también es fundamental que las preguntas y la controversia que se ha generado se asuman desde una visión intersectorial de mediano y largo plazo, coherente con la necesidad de una institucionalidad fuerte en las regiones, y una planeación adecuada que entienda que esta actividad económica tiene efectos significativos en la calidad y disponibilidad de los recursos naturales, incluyendo el agua, y el bienestar de las poblaciones.

Queda claro que hay voluntad por parte de los ciudadanos de participar en este tipo de decisiones, y que además hay una posición contundente respecto de los proyectos mineros. Como siempre el mayor reto está en l

a implementación, y la pregunta es si como sociedad sabremos tomar esta coyuntura, desarrollos jurídicos y participación ciudadana como una oportunidad de aproximarnos a la implementación con una mirada integral y coherente con el desarrollo sostenible, y de avanzar en la diversificación económica a la que están llamando los colombianos y la mayoría del mundo.

^{* María Laura Rojas es co-fundadora y co-directora de Transforma, organización creada para hacer realidad el desarrollo sostenible desde la investigación, la consultoría, la incidencia y el litigio estratégico. Abogada de la Universidad de los Andes. Durante los últimos cuatro años trabajó en el Ministerio de Relaciones Exteriores como asesora para temas de cambio climático y más recientemente como Coordinadora de Asuntos Ambientales. Ha trabajado también en la oficina regional para Latinoamérica del Centro de Derechos Reproductivos.}

^{**Sobre Antropoceno:}

^{El planeta tierra tiene aproximadamente 4.500 millones de años. De todas las eras geológicas que se han sucedido desde entonces, el holoceno, que inició hace 11.700 de años, garantizó las condiciones perfectas para que prosperara la especie humana. Esas condiciones, sin embargo, están cambiando drásticamente desde hace 60 años. En un parpadear estamos entrando en una nueva era geológica: el “Antropoceno”, la era en que la civilización humana tiene impactos de escala planetaria, modelando toda la geología de la tierra. En este espacio compartimos opiniones e ideas relacionadas con la vida en esta nueva era de impactos planetarios.}

Fuente:http://sostenibilidad.semana.com/opinion/articulo/no-a-la-mineria-por-maria-laura-rojas/38272

Durante el foro Discusión de Mecanismos para la Regulación y Formalización de la Minería de Susbsistencia, Pequeña y Mediana del Departamento del Quindío, los trabajadores del sector manifestaron que el principal factor de la ilegalidad es el cambio constante de requisitos.
Luz Estela Ramírez Guevara, directora ejecutiva de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia, Conalminercol, explicó que las personas viven en un limbo pues a veces son legales y a veces no. 

“Cuando el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, existía, todos tenían carné, todos eran legales, pasamos al código de minas y dejamos de serlo. La gente no quiere hacer las cosas mal, el mismo Estado con toda la reglamentación que está sacando está generando ese conflicto”.

Agregó: “Hay mineros legales, los de ladrillo, los de arcilla también son mineros, son varias empresas las que hay acá que están viviendo el problema. Para la legalidad hay mucho ahogamiento, normas, exigencias técnicas y económicas, ellos tienen que cumplir con una cantidad de cosas y hay desconocimiento”.

Andrés Alexánder Torres Valero, minero de material de construcción, dijo que asistió al foro para hablar de la problemática que enfrentan. “En el río Santo Domingo nuestro conflicto es que el gobierno nos exige demasiadas cosas que nosotros no podemos cumplir. Somos mineros artesanales y trabajamos con cajones, ellos creen que tenemos maquinaria pero no tenemos nada de eso y lo que nos piden es demasiado para nuestros alcances económicos”.

Édier Castaño, arenero del río Santo Domingo, manifestó que constantemente la Policía ambiental los está sacando de su lugar de trabajo porque no son legales y ellos no saben cómo formalizarse.

El secretario de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Quindío, Carlos Alberto Soto Rave, indicó que el foro lo realizó la administración departamental con el objetivo de atender las solicitudes de los pequeños mineros que advierten no estar formalizados.

“La idea es dejar claras las rutas para los mineros porque allí hay otra situación y es que todas las empresas que producen ladrillo a partir de toda esta nueva reglamentación están en la informalidad porque no logran cumplir con las nuevas normas”.
Compromisos adquiridos

Beatriz Elena Gallego Mejía, ingeniera de minas de la dirección de formalización minera del ministerio de Minas y Energía, indicó que tras el foro se comprometieron a trabajar articuladamente con las diferentes instituciones del departamento, especialmente con la gobernación del Quindío.

“La idea es que en el marco de la junta de formalización con la pequeña minería del departamento podamos llevar esas problemáticas, tratar de plantear soluciones y darle desde las ofertas institucionales nuestro apoyo y capacitaciones”.

Víctor Manuel Tabares Trujillo, funcionario de la vicepresidencia  de promoción y fomento de la Agencia Nacional de Minas, señaló: “La conclusión importante es que se dejó claridad de las herramientas que hoy tiene la autoridad minera para los procesos de formalización, legalización y de solución que tienen algunos titulares mineros. Ya a los mineros de susbsistencia les quedó claro en qué posiciones se encuentran y cuáles son los pasos a seguir para poder formalizarse como es debido y ser una organización más estructurada”.
50% de material de arrastre proviene de fuentes ilegales

Una de cada dos toneladas de materiales de agregados que se usan para la fabricación de concreto, asfalto, entre otros, provienen de fuentes ilegales, así lo informó Carlos Fernando Forero, director general de la  Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos de Colombia, Asogravas.

“De acuerdo con información que recogimos el año pasado, en Colombia se produjo 140 millones de toneladas de agregados y encontramos que un porcentaje muy grande proviene de fuentes de ilegalidad. Esto es el no pago de IVA y de regalías, sobrepeso que llevan de lo que permite la ley en el país y  los incumplimientos en las zonas mineras y ambientales que tienen por explotación”.

Dijo que para contrarrestar la situación, diferentes gremios han emprendido una campaña denominada Compra formal, construye legal, que busca concienciar a los compradores, lo que significa obtener materiales que provengan de fuentes formales.

“Nosotros, bajo nuestros estatutos, tenemos la obligación de promover la formalización y que exista competencia leal. Cuando alguien vende por debajo del precio porque no paga IVA o las regalías, es lo que tenemos que de alguna manera salir a denunciar y buscar mecanismos de control”, concluyó.

El Cinturón Occidental Ambiental COA, como proceso de articulación y coordinación de organizaciones indígenas, campesinas, sociales, ambientales, de mujeres, hombres y jóvenes que construimos Territorios Sagrados para la Vida en las majestuosas montañas del suroeste de Antioquia, celebramos 6 años de resistencias y luchas por el buen vivir, la justicia socioambiental y la paz territorial.

Un 23 de julio del año 2011 unimos nuestros corazones para iniciar la construcción de una articulación de procesos, sentidos, sueños y acciones que han afianzado el reconocimiento, la valoración, apropiación y transformación de nuestros Territorios, su historia, su presente y futuro.

Con el espíritu de las montañas, ríos, semillas, animales, con la fuerza campesina e indígena, hemos definido principios de autonomía territorial en el que continuamos construyendo nuevos horizontes, guiados por el corazón de la Madre Tierra.

6 años son un momento emblemático para nuestros pueblos, es la continuidad de luchas sociales históricas que nos motivan a resistir y a construir con dignidad y persistencia nuestros propios proyectos de vida.

Con los pies sobre la tierra ratificamos nuestros mandatos por la defensa de la Vida, el Agua y el Territorio contra toda manifestación colonialista, capitalista y patriarcalista, expresada en proyectos mineros, energéticos, agroindustriales, entre otros, que perpetúan violencias históricas que afectan nuestros cuerpos y formas de vida, cooptando, capturando y destruyendo a la Madre Tierra.

La movilización social, la educación popular ambiental, las economías campesinas, la cultura Emberá, la participación social, los planes de vida comunitarios, las consultas autónomas, el patrimonio ambiental, la justicia socioambiental y la Paz Territorial, seguirán siendo nuestro horizonte político en la construcción de articulación y autonomías.

De esta manera continuamos abrazando la montaña, alimentándonos de ella, de su pureza, de la que emerge nuestro poder popular  para seguir construyendo Territorios Sagrados para la Vida

CINTURÓN OCCIDENTAL AMBIENTAL COA

Suroeste de Antioquia: Territorio Sagrado para la Vida!

Con la norma, el Gobierno no alteraría el mecanismo de participación ciudadana y al mismo tiempo facilitaría el desarrollo de proyectos extractivos.

Portafolio estableció que la estrategia del Ejecutivo se formuló luego de que desestimara , por razones de tiempo, la presentación al Legislativo de una ley de concurrencia con la que se pretendía sincronizar las competencias del uso del suelo por parte de los entes territoriales y las del subsuelo, que le corresponden a la nación.

Seguir leyendo esta noticia en el siguiente enlace: http://www.portafolio.co/economia/ley-evitaria-que-consultas-frenen-proyectos-minero-energeticos-508007

Estimados amigos-as:

Desde el Comité Ambiental en Defensa de la Vida los invitamos a respaldar desde sus organizaciones la petición al presidente de la Republica de Colombia para que respete las decisiones tomadas por las comunidades en las consultas populares como resultado de un ejercicio democrático y constitucional amparado por la ley.

La fecha máxima de recolección de las firmas es el 20 de Julio.

Puedes sumarte entrando a los siguientes enlaces:

Español: https://www.escr-net.org/es/peticiones/2017/colombia-acatar-resultados-consultas-populares

Inglés: https://www.escr-net.org/petitions/2017/colombia-comply-results-popular-consultations

Francés: https://www.escr-net.org/fr/petitions/2017/colombie-respectez-resultats-consultations-populaires

¡Muchas gracias por su solidaridad!

Saludos cordiales,

Renzo Alexander García Parra
Comité Ambiental en Defensa de la Vida

Preocupaciones sectoriales

El mandatario aseguró que «el oro es el agua», en un abierto desafío a los intentos por extraer metales preciosos, de una zona aledaña, al páramo de Santurbán.

En un abierto desafío a los proyectos mineros en una región aledaña al páramo de Santurbán, el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, anunció apoyo a las manifestaciones públicas que se preparan, durante este segundo semestre del año, en contra de compañías como MInesa.

Incluso el mandatario dijo que «el oro es el agua» en alusión a la necesidad de defender el sector donde nacen los ríos de los cuales se abastece el Acueducto de la capital de Santander. La apreciación fue hecha luego de una reunión con ambientalistas y sectores políticos que se oponen a la explotación minera en los municipios de la provincia de Soto Norte.

«Derrotar la corrupción es derrotar a Minesa; nuestro oro es el agua. Asistiremos a acompañar ese sentimiento de la ciudadanía de no permitir la explotación que a la larga hará que el páramo se convierta en un desierto», anunció el alcalde al referirse a su participación en una marcha programada para el 6 de octubre, en Bucaramanga.

Minesa buscará que la ANLA, Agencia Nacional de Licencias Ambientales, otorgue los permisos para entrar a la fase de explotación de 9 millones de onzas de oro, en el municipio de California, Santander.

Fuente:http://caracol.com.co/emisora/2017/07/20/bucaramanga/1500553729_036530.html

La Dirección de Carabineros de la Policía Nacional aseguró que trabajan en desmantelar las organizaciones ilegales que en el Valle del Cauca realizan minería ilegal, ya que los residuos de mercurio presentes en el agua han hecho desertar a los habitantes, incluso se habla de dos casos de personas que fueron diagnosticadas de cáncer estomacal.

La situación se conoció luego de varios meses de investigación y tras denuncias de la comunidad. Al llegar al lugar, las autoridades comprobaron que se estaba extrayendo oro de forma ilegal, por lo que en el momento se logró la captura de 14 personas.

Según el Coronel Henry Sandoval, Jefe Operaciones de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, las altas cantidades de mercurio en el corregimiento de Cisneros sector del río Dagua, representa un peligro para la comunidad, “el uso de químicos mortales como el mercurio, la acumulación de gases a estas profundidades y las condiciones precarias de seguridad en los entables mineros, son una bomba de tiempo”.

Un informe de la Corporación Autónoma regional del Valle del Cauca, dio fe del grave daño ambiental ocasionado por la minería ilegal en esta zona del país, generando un alto grado de contaminación por el uso de químicos como el Mercurio, tanto para la salud humana como para el medio ambiente, “un gramo de mercurio, puede contaminar un lago de 8 hectáreas equivalentes a 80.937 m2”.

Fuente:http://www.rcnradio.com/locales/valle/denuncian-habitantes-cisneros-buenaventura-estan-desertando-presencia-mercurio-agua/

La Constitución Política de Colombia comienza en su artículo primero aclarando que esta es una República “descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista”. Eso, en el papel, significa que cada región del país administra sus recursos y decide sus propios criterios para el desarrollo.
Y es en el papel porque en la práctica se ha privilegiado una visión centralista de las decisiones públicas, lo que resta iniciativa a los territorios para edificar su propio futuro.
Colombia es un país muy diverso en materia de riqueza ambiental, cultural y productiva, además, las brechas socioeconómicas de sus habitantes y de sus territorios son muy amplias, con zonas muy ricas y otras muy pobres (por no decir olvidadas), lo que hace que también sea un país bastante desigual. Todo esto se traduce en que las problemáticas, las necesidades, las prioridades, las identidades y las expectativas varían de una región a otra.
La forma de interpretar y de poner en práctica la descentralización en Colombia se ha traducido en la posibilidad de elegir a los gobernantes locales o en una mayor participación de los ingresos corrientes de la nación.

Sin embargo, la administración de recursos y la decisión de los criterios de desarrollo se construyen en Bogotá con criterios de homogeneidad geográfica que no representan la realidad de las regiones en muchos casos o con restricciones y direccionamiento administrativos, que constriñen la capacidad de actuación de los gobiernos locales y los limita a aplicar la norma, sin posibilidad de decidir autónomamente sobre la entidad territorial que gobiernan y coadministran con el Estado central.
Como escribe el profesor de la Universidad Nacional de Colombia, Víctor De Currea-Lugo: “Personalmente conozco algunos académicos de teoría de conflictos que lo más rural que conocen es su finca en las afueras de Bogotá, pero hablan con propiedad de Putumayo”.
Una de las formas previstas para otorgar autonomía a las regiones es a través de los mecanismos de participación democrática, consagrados en el artículo 103 de la Constitución Nacional, donde se establece que el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato son alternativas que tiene el pueblo en ejercicio de su soberanía.

Esa autonomía de los ciudadanos de decidir sobre el direccionamiento de sus localidades se ha visto reflejada a través de varias consultas populares sobre la explotación minera en sus territorios. Hay 44 municipios del país en los que la continuidad de proyectos mineros y petroleros se está definiendo a través de estas consultas. Esto, después de que en la sentencia SU 133 de 2017, la Corte Constitucional afirmara que las comunidades son autónomas al decidir si desean o no que se practiquen este tipo de actividades en sus territorios.
Hasta el momento se han llevado a cabo varias consultas populares, la primera de ellas fue en el municipio de Cajamarca (Tolima) donde el NO a la actividad minera en la zona ganó rotundamente con 6165 votos, frente a tan solo 76 votos por el SI. Pero el asunto no es solo de ahora, en 2013 los municipios de Piedras (Tolima) y Tauramena (Casanare) también votaron NO, con resultados de 98,8% y 96,01%, respectivamente.
Las reacciones por este resultado no se hicieron esperar, empezando por el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, quien trató de minimizar el hecho al considerar que “la consulta minera en Cajamarca no tiene la capacidad de cambiar la ley (…) no tiene el poder de hacerse retroactiva, es decir, de invalidar decisiones tomadas hacía atrás”. Sin embargo, la decisión que toma la ciudadanía en una consulta popular es vinculante y obligatoria, como lo explica la Corte Constitucional.

El turno luego fue para la consulta popular en el municipio de Cumaral (Meta), donde el No nuevamente ganó con amplia mayoría (7475 votos) frente a 183 por el SI. Posteriormente, el NO también ganó en Pijao (Quindío) y en Arbeláez (Cundinamarca).
En estos municipios los habitantes se juntaron para reclamar que se preservara el agua y los recursos naturales renovables por encima de los proyectos mineros de multinacionales como Anglogold Ashanti y Mansarovar Energy Colombia LTDA.
El sector minero, representado por el ministerio de Minas y por la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), prendió las alarmas ante estos resultados adversos y ante la posibilidad de que se repitan en más de treinta municipios del país que han convocado a consultas populares, entre ellos, Marmato (Caldas) y El Paujil (Caquetá), Ibagué (Tolima), Pasca, Cogua y Fusagasugá (Cundinamarca); Carmen de Chucurí (Santander); Oporapa (Huila); La Vega, Almaguer y Sucre (Cauca); San Lorenzo (Nariño) y Pueblorrico (Antioquia), entre otros. Pero en lugar de analizar por qué las comunidades rechazan estas explotaciones mineras o cuán adversos han sido estos proyectos para los suelos y el agua de los territorios, la salida propuesta ha sido de corte antidemocrático, al cuestionar los alcances de las consultas populares y buscar la manera de limitar los mecanismos de participación ciudadana.

Pareciera entonces que las consultas populares y otros mecanismos de participación ciudadana, como la revocatoria de alcaldes, son aplaudidos como figuras que fortalecen la democracia siempre y cuando no se pongan en práctica. Si el resultado me favorece, bienvenido sea, pero si me es adverso, entonces hay que buscar la forma de minimizar el poder de los ciudadanos de decidir sobre el futuro de sus propios territorios.
La otra salida para enfrentar estas consultas mineras ha sido la de argumentar que se puede llegar a frenar el empleo, la inversión y el desarrollo del país, como si la única posibilidad para estas localidades rurales fuera la minería, dejando en segundo plano otras alternativas importantes como el turismo, el comercio o la agricultura.
“Los municipios mineros, con excepción de algunos municipios antioqueños, tienen un Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas peor que la media nacional”, como explica la investigadora principal y coordinadora de la línea ambiental en Dejusticia, Diana Rodríguez. Entonces, ¿de qué progreso estamos hablando? ¿Qué les queda a los municipios rurales de estos proyectos de extracción?
Extracción es una palabra muy adecuada porque en ultimas lo que se hace es despojar de sus recursos a los territorios, y eso es lo que tratan de defender sus pobladores. El mensaje que está quedando de estos resultados rotundos por el NO es que una mayoría de la población está en contra de la extracción desenfrenada y a gran escala de sus recursos, y que las actividades mineras se deben conciliar con los pobladores y con la naturaleza.
La soberanía no recae exclusivamente en la presencia que el Estado, a través de sus autoridades, haga sobre cada rincón del país, los habitantes también la ejercen a través de los mecanismos de participación ciudadana que les concede la Constitución Nacional para definir el rumbo de su zona.

Fuente:http://blogs.eltiempo.com/ambiente-urbano/2017/07/18/las-consultas-mineras-y-el-ejercicio-de-la-soberania/