Sobre los avances en políticas orientadas a la protección del medio ambiente en Colombia habló desde Cúcuta el ministro de esa cartera Luis Gilberto Murillo.

-¿Ministro, qué tanto ha avanzado el país en políticas de proyección ambiental?
En ese sentido, yo creo que vale la pena decir que este Gobierno inició unas reformas muy importantes en materia ambiental. Cuando asumió el presidente Santos el país estaba en la feria de los títulos mineros, lo cual generó desafíos ambientales enormes. Al mismo tiempo el tema ambiental tomaba más fuerza, inclusive no solo en la conciencia de los colombianos, sino en los debates internacionales. Se tomaron entonces decisiones efectivas, como restablecer el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  Se creó un sistema muy moderno de gestión de riesgos y desastres que hoy es modelo a nivel internacional, con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres  (UNGRD). Se consolidó el Fondo de Adaptación y se fortaleció la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales, así como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y el IDEAM. Eso ha permitido que hoy estemos en medio de lo que yo llamo “una gran transformación silenciosa”.

Se pasó de tener 13 millones a tener 29 millones de hectáreas protegidas hoy y vamos a dejar al país por encima de los 30 millones. Esto es mucho más del área de otros países en la región.  Estamos seis veces por encima de Costa Rica que es ejemplo en áreas de conservación. Hemos avanzado  en áreas protegidas y lo que es de mayor interés para Norte de Santander, la delimitación de páramos, para defender el agua  a perpetuidad. Antes ningún gobierno lo había hecho. En los últimos 3 años se han delimitado 30 páramos. En estos dos últimos años hemos delimitado 29 páramos y vamos a dejar todos los complejos de páramos delimitados en el país. Así mismo los humedales, de los cuales encontramos 5 de categoría internacional. Eso en gestión de activos naturales, pero también en gestión urbana. Nosotros avanzamos en instrumentos económicos y creamos unos impuestos pedagógicos, impuestos verdes ambientales como el del carbono para cumplir los compromisos en el Acuerdo de París. También creamos el de las bolsas plásticas..

-Un tema muy sensible es el de Santurbán y al respecto se han dado versiones que generan inquietud. ¿Cuál es la realidad sobre las garantías que se dan para la conservación de ese páramo como un recurso realmente protegido?
Hay que darle tranquilidad a la opinión de Norte Santander. No se puede, no vamos a dejar y no se va a hacer minería en los páramos. Lo digo porque es una preferencia de la sociedad colombiana. Es un compromiso de este Gobierno y lo ha demostrado. Además,   hay leyes que así nos lo indican y sentencias de la Corte Constitucional que así también lo han establecido y en ese sentido tenemos la Sentencia T361 de 2017 sobre delimitación del páramo de  Santurbán, que establece que se debe hacer un proceso de participación para revisar la delimitación que se hizo en el año 2014. En ese mismo sentido esa sentencia establece algo importante que la opinión pública debe saber. Esta delimitación fue muy técnica, hecha por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt. La Corte dice varias cosas: “el páramo está protegido y su mecanismo de protección está funcionando…” La Corte pudo comprobar que la calidad del agua que se genera en Santurbán y Berlín tiene óptimas condiciones. En ese sentido la Corte no ampara el derecho a un ambiente sano y el derecho al agua porque dice eso, lo que ampara la Corte es el derecho a la participación, profundizarla y eso es lo que estamos haciendo.

-¿Cómo está la deforestación en el país? ¿Se ha contenido? ¿Qué manejo se le está dando?
Es una gran preocupación,  pues la deforestación se incrementó del año 2015 al 2016. Estamos haciendo todo lo posible para reversar esta tendencia. Sin embargo, tiene que ver mucho con el cambio de la dinámica regional. La dinámica del conflicto, la dinámica institucional ha llevado a que se haya generado mucha especulación. Hay cerca de 178.000 hectáreas de deforestación que tuvimos en el año 2016. Lo cual está asociado en casi un 60 por ciento a cambios del uso del suelo, sobre todo para ganadería extensiva. Mucha gente y redes criminales se han dedicado a especular con la tierra y están induciendo a la tala de bosques y árboles y estamos enfrentando medidas de choque. Esto se relaciona con las zonas de conflictos muy intenso como la del Catatumbo con redes criminales internas. Allá hay grupos al margen de la ley  que están generando actividades de tala de bosques. El otro factor que representa casi un 20 por ciento o  un poco más es la expansión de cultivos ilícitos  y es un fenómeno que se vive en el Catatumbo de Norte de Santander. Entonces se tumban bosques para sembrar coca y eso ha aumentado la deforestación. Hay otros factores que tienen que ver con extracción ilícita de minerales y esto no solo requiere una respuesta de MinAmbiente y el sistema nacional ambiental, sino también de las Corporaciones Regionales y de toda la sociedad.

-¿En cuánto a los ríos,  cuáles son las políticas y el énfasis que se está haciendo para su protección?
El manejo de cuencas lo estamos abordando de manera integral. Lo primero es la delimitación de los páramos y la protección de fabrica de agua en la cuenca alta. Lo segundo tiene que ver con el avance de los planes de ordenación y manejo de las cuencas, los POMCAs (Planes de Ordenación y Manejos de Cuencas Hidrográficas) que realmente nos da una zonificación con una perspectiva de cuenca integral y el tercero tiene que ver con la delimitación de humedales y su protección. Dentro de ello hay temas que es importante abordar, como el  del control de la deforestación para la regulación del agua, la extracción ilícita de minerales y el uso de mercurio. En las acciones que se han tomado a partir de este año ninguna industria (legal) puede utilizar mercurio en actividades mineras y además de eso se han tomado unas medidas de control por parte de la Fuerza Pública para garantizar que cerca de 26.000 toneladas de pescado se les haya evitado su contaminación y esto ya son indicadores muy importantes pero todavía se tienen que seguir haciendo esfuerzos.

-¿Son útiles las corporaciones regionales para la protección del medio ambiente?
Claro que si y lo he vivido. Creo que no hay una institución perfecta en el país pero las corporaciones hacen un buen trabajo con las herramientas que tienen. Todas  muestran experiencias muy positivas. Hay unas buenas y otras menos buenas. Nosotros hemos tomado y aprendido de las corporaciones todo lo relacionado con los insumos para poder expedir la ley de pagos por servicios ambientales que se basa en la iniciativa de esas entidades de pagarles a  las comunidades por conservar ecosistemas. Corponor  es un buen ejemplo de eficiencia.

-¿Cuál es la participación de Colombia en las políticas internacionales de protección del medio ambiente?
Colombia tiene una participación de liderazgo. Colombia se inventó los 17 objetivos de desarrollo sostenible que tenemos y presidió la sesión del ECOSOC (Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas) que aprobó estos objetivos y hemos sido líderes en este sentido. En materia de cambio climático Colombia también es reconocida como líder a nivel internacional y hay varios factores que así lo demuestran. Nosotros en el año 2017 ya teníamos el 13.9 por ciento de nuestro territorio marino protegido, o sea que cumplimos la Meta Aichi con 3 años de anticipación y eso le da más fortaleza a Colombia en materia de liderazgo ambiental, pero también el compromiso personal del Presidente Santos con los temas ambientales. Los dividendos de la paz nos permitió ir a zonas donde no podíamos ir antes y hacer levantamientos de estudios y avanzar en áreas protegidas, por eso hemos logrado estas metas y Colombia es líder a nivel internacional. El único mandatario como jefe de estado que fue reconocido con National Geographic con su premio anual por los avances en materia de áreas protegidas, fue el presidente Santos. También fue reconocido en el Reino Unido por el Príncipe Carlos por todos los avances en manejo y gestión del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete (Región de la Amazonía – Departamentos Guaviare y Caquetá) y otros parques nacionales naturales. Además de eso ha sido el único Jefe de Estado que ha sido reconocido con el premio anual del Real Jardín Botánico de Kew de Londres (Kew Gardens), así que la sociedad colombiana a través del presidente Santos es reconocida en su liderazgo ambiental, pero eso tiene sus razones: Colombia es el primer país con mayor biodiversidad en términos de biodiversidad por kilómetro cuadrado y es el segundo país en términos generales de biodiversidad después de Brasil. Es una potencia en materia de biodiversidad. Está entre los 17 centros de biodiversidad del mundo y no es gratuito. Tenemos en nuestro territorio cerca de 54.000 especies de fauna y flora muy endémicas de Colombia. Entonces hay un reconocimiento importante.

-¿Cuáles son los avances logrados en el país en la lucha contra la minería ilegal?
Hay avances importantes. Se han hecho operativos que ha llevado a que se desmantelen redes criminales en torno a la extracción ilícita de minerales sobre todo en zonas como Chocó. Allí se han dado golpes efectivos y también en el sur del país y en el sur de Bolívar. Sin embargo,  todavía quedan muchos retos.

Fuente:http://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/new/archivos/63365.

09-02-2018.     La decisión judicial favorece a los pobladores de la cuenca del río Yurumanguí y se convierte en la segunda sentencia de restitución étnica que repara a comunidades afrodescendientes del país. El Tribunal de Cali dictó medidas que blindan su territorio de la exploración y explotación minera.  Para el consejo comunitario del río Yurumanguí es urgente que la Unidad de Restitución de Tierras, la Agencia Nacional de Tierras y el Departamento para la Prosperidad Social implementen pronto los proyectos productivos que requiere la comunidad. Foto suministrada Unidad de Restitución del Valle del Cauca.Hace apenas unos días el consejo comunitario de la Cuenca del Río Yurumanguí recibió la noticia que esperaba hace tres años: el Tribunal Especializado en Restitución de Tierras de Cali dictó una sentencia que les restituye los derechos territoriales sobre 54.776 hectáreas y, de paso, rechaza las pretensiones de la empresa Pacific Mines S.A.S., que alegaba títulos de propiedad sobre el territorio ancestral.

La decisión de los magistrados es la segunda que favorece a una comunidad negra y la octava étnica del país. Además de dictar medidas de reparación para una población de 2.918 personas en el azotado municipio de Buenaventura, Valle del Cauca, el fallo también resuelve un pleito sobre decisiones tomadas por el antiguo Incora y que llevaron a Pacific Mines S.A.S. y a la familia Dussan a oponerse durante el juicio de restitución. Aunque ambos expusieron sus argumentos, los magistrados concluyeron que todas las pruebas favorecen al consejo comunitario.

La sentencia se convierte en un espaldarazado a una comunidad que, en solitario, ha luchado porque su territorio esté libre de cultivo de hoja de coca para uso ilícito y prácticas de minería ilegal. Cansados de tocar a las puertas de diversas entidades estatales para buscar ayuda y de recibir el recurrente “no”, el año pasado sus líderes experimentaron con el crowdfunding, un sistema de recolección de dinero través de Internet. A principios de abril de 2017 lograron donaciones por 3 millones de pesos, de los 20 que se pusieron de meta, para desarrollar un proyecto productivo de arroz. Con la decisión de los magistrados, diversas agencias del Estado deben actuar con la debida diligencia.

De entrada, el fallo ordena anular las escrituras que la familia Dussan y la compañía minera hicieron sobre el territorio étnico. El Ministerio del Interior deberá aplicar la consulta previa para que la Unidad Nacional de Víctimas concerte con la comunidad un Plan Integral de Reparación Colectiva. El Ministerio de Vivienda deberá darles prioridad en el acceso a sus programas de subsidio, y la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca tendrán que implementar un plan de retorno para los yurumangueños que continúan en condiciones de desplazamiento.

Entre las 23 órdenes, el Tribunal compulsa copias a la Fiscalía para que investigue los hechos y responsables de la violencia perpetrada contra el consejo comunitario, y pide a la Unidad Nacional de Protección [UNP] estudiar el riesgo y brindar las medidas de seguridad que requieran los miembros de la Junta del consejo comunitario y de la Asociación de la Asociación Pueblos Unidos por el Río Yurumanguí (Aponury).

yurumangui 3La comunidad de Yurumanguí logró con la sentencia blindar su territorio de posibles concesiones mineras. Los magistrados ordenaron anular las escrituras realizadas por la familia Dussan y la minera Pacific Mines S.A.S., que reclamaban propiedad sobre el título colectivo. Foto suministrada Unidad de Restitución del Valle del Cauca.Por su parte, la Unidad de Restitución, la Agencia Nacional de Tierras y el Departamento para la Prosperidad Social tienen tres meses para implementar los proyectos productivos; y el Servicio Nacional de Aprendizaje deberá ofrecerles capacitación en producción agropecuaria.

Sobre la actividad minera, los magistrados solicitaron formalizar sólo la tradicional ancestral, reiterando que cualquier solicitud de concesión minera deberá surtir el trámite de consulta previa. Por su parte, las autoridades deberán impedir el ingreso de cualquier tipo de maquinaria o dragas que afecte el territorio.

“Esta es una satisfacción muy grande después de tantos años de afectaciones. La sentencia es un ‘muro de contención’ a la minería mecanizada; nosotros hemos decidido que nuestro territorio es para la producción de alimentos y el progreso del yurumangueño. Por eso esperamos que el gobierno nacional cumpla con las órdenes de la sentencia, porque hemos resistido muchos años al conflicto y porque el desplazamiento no sólo lo producen los actores armados sino la falta de oportunidades”, afirma Dalia Mina, líder del consejo comunitario.

La sentencia de Yurumanguí es relevante porque es el resultado de un proceso complejo de documentar este tipo de reclamaciones étnicas, dada la extensión de los territorios, la presencia de actores armados ilegales en varias regiones y los intereses económicos que se superponen en ellos. La tarea está bajo la responsabilidad de la Unidad de Restitución de Tierras [URT]. Paradójicamente, el anuncio del fallo hecho ayer por esta entidad no detalló el fondo de la decisión de los magistrados frente a las concesiones mineras.
A enero de 2018, la URT registra el logro de 3.664 sentencias de restitución con 234.206 hectáreas protegidas (ver datos); de ellas, la restitución étnica a través de siete sentencias ha protegido el 53 por ciento de todas las tierras restituidas en el país. Con Yurumanguí, esta última cifra asciende a por lo menos el 77 por ciento.
Tres décadas de resistencia

Los yurumangueños han sobrevivido a un conflicto armado de treinta años. El río Yurumanguí, en Buenaventura, atrajo desde finales de los años ochenta a la guerrilla de las Farc y luego a paramilitares del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). El interés de unos y otros era controlar las rutas del narcotráfico que conducen al océano Pacífico para su posterior comercialización en el centro y norte del continente.

Como quedó documentado en la sentencia, el primer desplazamiento masivo tuvo origen tras la masacre del Naya, perpetrada por paramilitares del Bloque Calima en la Semana Santa de 2001. Varios desmovilizados confesaron ante jueces y fiscales de los tribunales de Justicia y Paz que para para salir del boscoso territorio cometieron una segunda masacre, haciéndose pasar por guerrilleros de las Farc. La idea, según contaron los procesados, fue de un coronel de la Armada Nacional.
En menos de tres años, veredas como El Firme quedaron vacías. Su líder, Jorge Isaac Aramburo, conocido como Naka Mandinga, intentó dialogar entonces con los actores armados para que respetaran el territorio, pero tal defensa se tradujo en más amenazas y en el asesinato de seis de sus sobrinos y de un amigo. La comunidad, devastada, se resistió a abandonar el río y tras la desmovilización de las Auc, pensaron que los problemas habían terminado.

yurumangui 2Desde 2004, la comunidad del Río Yurumanguí firmó un mandato sobre al defensa de tu territorio, señalando que estará libre de la minería ilegal, de cultivos ilícitos, así como de proyectos agroindustriales o minero-energéticos. Foto suministrada María José La Rota.Pero no fue así. Cuando solicitaron la restitución de su territorio en aplicación del Decreto Ley 4635 de 2001, que permite la restitución para comunidades negras, supieron que Yurumanguí estaba “empapelado”: sobre el territorio que cubre su título colectivo se habían celebrado escrituras a favor de la empresa Pacific Mines S.AS. y que esta a su vez, había solicitado desde el año 2013 dos permisos de concesión minera ante la Agencia Nacional de Minería.

Los yurumangueños no entendían nada. Desde 1992, en medio del conflicto, se habían organizado como comunidad étnico-territorial en la Asociación Popular de Negros Unidos del Río Yurumanguí (Aponury) y en 1998 lograron que la Alcaldía de Buenaventura reconociera las 13 veredas que componen su territorio. Dos años después, el 23 de mayo de 2000, el antiguo Incora les entregó un título colectivo por 54.776 hectáreas.

Pero la propiedad sobre ese título colectivo fue el punto de discusión en el juicio de restitución. En 1969 el antiguo Incora realizó un proceso de extinción de dominio, por inexplotación económica sobre los predios Yurumanguí, Naja y Calambre, y San Juan de Micay, que suman más de 120 mil hectáreas. De esas tierras, es que salieron las 54 mil hectáreas que integran el título del consejo comunitario.

Durante el juicio, la familia Dussan presentó su oposición, señalando ser “víctima del Estado”: primero porque no fueron notificados del proceso de extinción sobre tierras que heredaron desde el año 1745; y segundo, porque la violencia impidió que Agrominas de Yurumanguí, Naya y Cajamabre S.AS., la empresa familiar, realizara actividades de minería en la zona. A la oposición se sumó Pacific Mines S.A.S. que alegó ante los magistrados haber comprado a los Dussan en 2011 porque estos acreditaron títulos de propiedad.

“Para nosotros fue una sorpresa saber que había solicitudes de concesiones mineras sobre nuestro territorio. Estamos contentos de que la sentencia nos haya respaldado en la defensa del Yurumanguí, sobre todo después de resistir a tantos años de conflicto. Lo mínimo era que el Estado nos apoyara”, reitera la líder Dalia Mina.

A su voz se suma la de otra líder, María Elena Arroyo Caicedo, quien explica que ahora tienen expectativa en el cumplimiento de cada una de las órdenes de los magistrados: “Estas medidas son una forma de reparar los atropellos que sufrimos durante tantos años. Es importante que el Estado cumpla con los derechos de vivienda digna y empleo. Porque el yurumangueño quiere cultivar alimentos, tener garantías para progresar en su territorio”.

Consejo comunitario de Yurumanguí le gana pulso a minera Pacific Mines S.A.S.

La solicitud se refiere especialmente al trabajo de las compañías en los páramos.
Heidy Monterrosa – hmonterrosa@larepublica.com.co 12-02-2018
Por medio de una carta, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales le pidió a la presidenta de la Agencia Nacional de Minería, Silvana Habib, que se excluyan las áreas protegidas, y especialmente de los páramos, de la explotación minera.

El procurador delegado Gilberto Blanco Zúñiga solicitó que todas las obras que se estuvieran realizando por concesionario fueran inmediatamente suspendidas y los títulos retirados sin compensación alguna, tal como lo ordena el artículo 36 de la Ley 685 de 2001.

En el caso del páramo de Santurbán, la Procuraduría está en el seguimiento de las mesas con el Ministerio de Ambiente, y están trabajando para lograr la delimitación de la zona antes de que termine el Gobierno actual.

Por otro lado, el procurador Blanco dio a conocer en el programa radial Somos Procuradores, que la entidad le pidió en noviembre a la Unesco que declare los páramos como patrimonio de la humanidad, para que puedan ser protegidos.
https://www.larepublica.co/economia/procuraduria-pide-a-agencia-nacional-de-mineria-que-excluya-las-areas-protegidas-de-la-explotacion-minera-2598888

La línea férrea de la mayor mina de carbón de Colombia, Cerrejón, sufrió un ataque con explosivos que provocó la suspensión de la circulación de los trenes, sin afectar la producción ni las exportaciones, informó el martes compañía.
Colombia, 13-02-2018
(Reuters LTA) El ataque ocurrió el lunes en la noche en el departamento de la Guajira, en el extremo norte de Colombia, donde está ubicada la mina a cielo abierto de producción de carbón término.

“A la altura del kilómetro 27, un artefacto explosivo detonó en la línea férrea causando daños en los rieles y polines. Afortunadamente, el incidente no ocasionó afectación de personas o equipos”, dijo Cerrejón en un comunicado.

Las autoridades militares y la empresa se abstuvieron de responsabilizar a alguna organización armada por el ataque que se produjo en medio de una ofensiva del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la mayor guerrilla activa en Colombia, en diferentes regiones del país.

La empresa inició de inmediato la reparación de la línea férrea de 150 kilómetros por la que circulan los trenes que transportan el carbón que se extrae de la mina hasta Puerto Bolívar, en el Mar Caribe, desde donde se exporta el mineral.

Cerrejón, que pertenece en partes iguales a BHP Billiton, Anglo American y Glencore, tiene más de 5.000 empleados y extrae anualmente más de 30 millones de toneladas de carbón térmico de la mina, alrededor de una tercera parte de la producción total de Colombia, el quinto exportador mundial del mineral.
http://www.latinomineria.com/2018/02/13/ataque-explosivo-paraliza-linea-ferrea-minera-cerrejon-colombia/

Retrato de tres personas que defienden la tierra, la vida y el agua frente a la industria minera en Filipinas, Colombia y Uganda.

Los líderes de vanguardia de la lucha minera en Filipinas, Colombia y Uganda viajaron al Reino Unido el pasado mes de noviembre para exponer los costes reales de los amplios vínculos del Reino Unido con la industria minera mundial y para oponerse al congreso Mines and Money (Minas y Dinero) que se celebró en Londres, un eje mundial de financiación y poder de la minería.

Aunque se publicita como un evento en el que «se logran acuerdos», el objetivo manifiesto de Mines and Money, que reúne a miles de empresas mineras e inversores en la capital británica, es establecer contactos entre el gran capital y las grandes minas. ‘Líderes del pensamiento’, como el financiador del Brexit, Arron Banks, y el antiguo líder del UKIP, Nigel Farage, pronunciaron discursos inaugurales en la conferencia de este año en los que aconsejaban a las empresas cómo explotar el Brexit y el ascenso de Trump para seguir obteniendo riqueza, especialmente del hemisferio sur.

Las explotaciones mineras que salen de los foros de negocios con sede en Londres, como Mines and Money, están creciendo, son más letales y son más propensas a provocar catástrofes. Hoy en día, la minería es la industria más mortífera para aquellos que se interponen en el camino de sus actividades.

En este artículo, activistas de primera línea de Filipinas, Colombia y Uganda describen las amenazas y el impacto de la minería y cómo están resistiendo y liderando alternativas a un paradigma de desarrollo neocolonial basado en la actividad minera.

María Camila Méndez es una de las organizadoras de Cosajuca, un grupo activista juvenil de Cajamarca, Colombia. Camila comparte la exitosa campaña de su comunidad para que el gigante minero AngloGold Ashanti, que opera con dinero británico, parara la excavación de la mayor mina de oro de América Latina: La Colosa.

En marzo, los cajamarcanos celebraron un referéndum en el que el 98 % de los residentes que acudieron, votaron para vetar La Colosa y todos los demás proyectos de extracción de la región.

«El impacto (de La Colosa) en la salud, la contaminación de los recursos hídricos y los cultivos, la destrucción de ecosistemas estratégicos, habría sido devastador. Sumado a todos los conflictos sociales, hubiera llevado al desplazamiento de la población. La gente habría tenido que irse porque la posibilidad de tener una vida digna ya no existiría.

Siempre hemos intentado participar y dar voz a nuestras opiniones sobre las minas, pero estábamos preocupados, porque veíamos que nos iban a imponer el proyecto minero sin escuchar a las comunidades. Ante esta situación, empezamos un proceso democrático reconocido en Colombia (a través de la Constitución), llamado consulta popular. Este dice que si un territorio es amenazado por cualquier proyecto de desarrollo, se debe hacer una consulta popular para permitir que las personas se expresen con sus votos.

Había retos para organizar un proceso como ese en las zonas rurales. Por ejemplo, hay muy poca participación de las mujeres, a pesar de la profunda conexión que tienen ellas con los territorios. Pero al final, hemos unido a todo el mundo en esta lucha, porque entendemos que todos y cada uno de los habitantes come y necesita agua. También hemos animado a la gente a pensar en las futuras generaciones. Si la mina tiene lugar, ¿qué pasaría con nuestros hijos y nietos?

El resultado de la consulta popular tardó diez años en fraguarse, y el 26 de marzo la gente votó para defender lo que siempre hemos sido. Ahora debemos analizar lo que hacemos después de decir no a la minería. Ante todo, esto implica la consolidación de lo que hemos sido y lo que somos.

En lo que respecta a las empresas, ya sea la industria minera o cualquier otro tipo de actividad que quiera destrozar estos territorios, les estamos mostrando qué les va a pasar si lo intentan. La gente ha despertado. Y aunque no estamos en igualdad de condiciones y no tenemos los recursos ni todo el poder que esas compañías pueden tener, lo que hemos demostrado es que cuando las comunidades aúnan esfuerzos, es muy difícil pararlas. Puede que tengan todo el dinero, ¡pero eso no lo es todo!».

Clemente Bautista es el coordinador nacional de Kalikasan People’s Network for the Environment (Red de personas por el Medio Ambiente Kalikasan), una organización que trabaja muy de cerca con los pueblos que se resisten a la destrucción ecológica de sus tierras a manos de las compañías mineras. Aquí, Clemente comparte cómo los intereses mineros del Reino Unido están agravando la violencia en el país asiático más peligroso para ser un defensor de los derechos humanos.

«Global Witness ha incluido a Filipinas en su lista como el lugar más peligroso del mundo para ser activista medioambiental. Los asesinatos extrajudiciales que se cometen en nombre de la llamada “Guerra contra las drogas” de Duterte, y que se estima que ha alcanzado entre siete y trece mil muertos, también se utilizan para eliminar a los activistas comunitarios y políticos. Sabemos que, desde que el presidente Duterte tomó posesión, han matado a treinta y cuatro defensores del medioambiente.

Los riesgos reales los tienen aquellos que están en las propias poblaciones. En la provincia de Batangas, los intereses mineros canadienses y británicos apuntan a iniciar operaciones en grandes minas abiertas de oro cerca del pueblo de Lobo. La población local se opone enérgicamente a la mina, que amenaza con ser un desastre medioambiental para las comunidades de granjeros y pescadores. Desde agosto de este año, tres activistas contra la actividad minera de la zona han sido asesinados y cinco defensores del medio ambiente han sido detenidos ilegalmente en Batangas.

Kalikasan ha estado trabajando con nuestro socio local, Bukal, para ayudar a la población de Lobo. Pero la comunidad se ha enfrentado a enormes presiones. En septiembre, el ejército anunció que estaba llevando a cabo operaciones contra los rebeldes comunistas. Parece que los han utilizado para aislar el pueblo de Lobo y calificar a la oposición de la mina de comunista. El área ha sido ametrallada y bombardeada por las fuerzas aéreas y la gente se ha visto obligada a huir de sus casas. Cuando Kalikasan intentó llevar ayuda humanitaria y alimentos, los militares les impidieron entrar en la zona.

¿Cómo podemos permitir que se produzcan este tipo de castigos colectivos a una comunidad entera para servir a los intereses de corporaciones extranjeras? Además, si la mina de oro abierta entra en funcionamiento en Lobo, los residuos, casi con total seguridad, se filtrarán al río Lobo, que desemboca directamente en el Paso de la Isla Verde, un tesoro de la biodiversidad marina.

El Reino Unido se ha ido interesando cada vez más en expandir sus inversiones en Filipinas, en especial en lo que se refiere a minería e infraestructuras. En abril de 2017, el ministro de Comercio Internacional del Reino Unido, Liam Fox, visitó al presidente Duterte en un encuentro que tenía por objetivo alcanzar un acuerdo comercial tras el Brexit. Declaró a los medios de comunicación locales que el Reino Unido y Filipinas estaban en las mejores condiciones para tener unas relaciones comerciales más estrechas basadas en los “valores que comparten”. Esperamos que eso no se traduzca en abusos de los derechos humanos, asesinatos extrajudiciales y destrucción del medio ambiente».

Alice Kazimura es granjera, líder comunitaria y defensora de los derechos de las mujeres de Buliisa, en Albertina Graben, Uganda. Desde 2006, se han descubierto en esta región biodiversa reservas petrolíferas que se calcula que produzcan 6,5 miles de millones de barriles de petróleo, lo que ha disparado la fiebre por apropiarse de tierras, los conflictos y los ataques a los derechos humanos.

La comunidad de Alice, Kakindo, está cerca de Kasemene 1, un pozo de petróleo descubierto por Tullow Oil, una compañía petrolífera angloirlandesa que cotiza en la bolsa de Londres (TLW) y que se ha visto implicada en múltiples polémicas en Uganda y en el Reino Unido.

«La explotación de petróleo en mi comunidad ha llevado a desplazamientos involuntarios de poblaciones y a un impacto medioambiental negativo en la Madre Tierra y en los medios de vida de la gente. Muchas de las actividades de explotación se llevan a cabo en ecosistemas sumamente frágiles, como el parque nacional de las Cataratas de Murchison. Se está destruyendo hábitats con poca, o ninguna, atenuación.

Por desgracia, el coste social y medioambiental de extraer petróleo y gas, poco a poco, está pasando a ser insoportable. Las extracciones vienen acompañadas de apropiaciones de terreno comunitario y desalojos forzosos de las poblaciones por parte de particulares, del gobierno y de las empresas. El área que rodea a Kasemene 1 ya es terreno vedado para la población porque está militarizado. Ya no podemos movernos con libertad en aquella zona.

Las mujeres siguen sufriendo más que los hombres el impacto de las explotaciones petrolíferas y las expropiaciones de tierras. Hace más de cuatro años que les dijeron a las mujeres de nuestra zona que no cultivaran alimentos en su propia tierra que tardaran más de tres meses en crecer. Los problemas que atañen a las familias y al territorio han empeorado, ya que los hombres abandonan el hogar después de recibir una pequeña compensación económica. Nuestro gobierno ha aprobado que solo se necesita el permiso de los hombres para entregar las tierras. Siempre se ignora a las mujeres en este proceso.

Nosotras, las mujeres, hemos estado concienciando a la población acerca de los problemas del petróleo y consolidando herramientas para hacer oposición. Hemos presentado una petición al gobierno, hemos utilizado el teatro para expresar nuestros mensajes de defensa y la radio verde de la comunidad para divulgar el impacto del petróleo en las poblaciones.

Estamos promoviendo fuentes de energía alternativas, como la energía solar, para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y la necesidad de extraer más petróleo y gas. Estamos creando espacios seguros para que las mujeres reflexionen sobre sus propios problemas y construyan movimientos de mujeres para promover esas alternativas.

Hemos estado haciendo intercambios y compartiendo experiencias prácticas entre mujeres sobre los métodos que se utilizan para la agricultura ecológica. Son métodos de agricultura adecuados para pequeñas porciones de terreno. Hemos evitado los organismos modificados genéticamente, plantando y recuperando nuestras semillas indígenas. Y estamos haciendo actividades económicas, como tejer, lo cual une a las mujeres».

En dos días, 4500 ciudadanos residentes acudieron a los puestos de recolección de apoyos para firmar las planillas que les exigirán a las autoridades electorales, dar vía libre a la consulta popular antiminería.

Tras la autorización que la Registraduría Nacional del Estado Civil hiciera al Comité Cívico por la Defensa del Territorio de Timaná para llevar a cabo la recolección de firmas que permitan consultar a la ciudadanía sobre el desarrollo de proyectos mineros y de generación de energía a gran escala, la respuesta a la convocatoria fue satisfactoria.

Pedro Nel Jiménez Sterling, líder del grupo ciudadano se mostró satisfecho por la amplia acogida que tuvo el llamado ciudadano para firmar los formatos puestos a disposición en los que se busca iniciar la consulta a la comunidad.

Para el líder comunitario, en el puesto de recolección de firmas que fue ubicado en el parque central de Timaná desde el sábado 27 de enero y el domingo 28, mas de 4500 personas depositaron su firma lo que se convirtió en muestra de rechazo a posibles iniciativas de alteración en el territorio.

Voceros del Comité Cívico, indicaron que en veredas y barrios de Timaná, y con el apoyo de lideres comunitarios y voluntarios, se continuará recolectando las firmas que permitan llevar a urnas la definición de implementar proyectos mineros, de generación eléctrica y otros que afecten el territorio de Timaná en aspectos sociales, ambientales y de tipo cultural.

Fuente:http://lavozdelaregion.co/masiva-respuesta-de-timanenses-a-firmaton-contra-represas-y-mineria/

El Tribunal Administrativo de Antioquia y la Gobernación de Antioquia deben presentar los argumentos que los llevaron a anular el acuerdo contra la minería firmado en Urrao. En próximos días el Consejo de Estado deberá tomar una decisión.

Los campesinos y concejales del suroeste antioqueño que han liderado la protección de sus municipios frente a la minería a gran escala lograron en las últimas horas un triunfo jurídico. El Consejo de Estado aceptó la tutela que interpusieron en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia, que el año pasado anuló el acuerdo firmado por el Concejo de Urrao con el que se prohibió la minería en su territorio.

Entre los argumentos acogidos por los magistrados del tribunal antioqueño se destaca el hecho de que el Concejo Municipal no tenía facultades para determinar los usos del suelo y que vulneraban “normas constitucionales y legales, toda vez que se extralimitó, al no respetar los parámetros establecidos en norma legal, y prohibió una actividad que es de interés nacional y de bienes que pertenecen al Estado”.

Esto fue un campanazo de alarma para los activistas y políticos de la región, pues hasta el momento son once los municipios que han firmado dichos acuerdos que buscan asegurar los territorios para la explotación agrícola y el cuidado de ecosistemas.

Según el abogado Rodrigo Negrete, quien interpuso la tutela, este tipo de acciones suelen ser rechazadas porque deben cumplir muchos requisitos y formas, pues podrían conllevar la anulación de la decisión de un juez.

“Nosotros consideramos que cuando el tribunal falló violó los derechos fundamentales de muchas personas: derechos al debido proceso, a la igualdad, a la paticiáción, el acceso a la administración de justicia, el derecho a la defensa”.

En este momento el Consejo de Estado está esperando los argumentos del Tribunal Administrativo de Antioquia y de la Gobernación, por lo que se espera que en las próximas semanas se conozca un fallo que podría irse a segunda instancia.

“El fallo del tribunal está en contra de la Constitución, porque las alcaldías pueden tomar decisiones sobre el subsuelo, además están ignorando fallos y sentencias de la Corte Constitucional. Esto sienta un precedente porque el tribunal de Antioquia ha venido tumbando estos acuerdos desde el 2011 y nadie le ha peleado. Es la primera vez que se cuestiona una decisión que viene de la Gobernación de  Antioquia, que en este caso de la minería es juez y parte”, dijo Negrete.

La decisión es un aliciente para los activistas, quienes no han dejado de trabajar en los últimos meses para proteger sus territorios. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, ha mencionado en varias ocasiones que es necesario revisar las vocaciones de las regiones para determinar si las licencias mineras se convierten en licencias ambientales. En este caso la vocación del suroeste es totalmente agropecuaria.

Fuente:http://www.semana.com/nacion/articulo/consejo-de-estado-admite–tutela-para-proteger-a-urrao-de-la-mineria/554880

El neurocientífico Rodolfo Llinas afirma que “en Colombia las cosas se hablan pero casi nunca se hacen”. Si en algún campo ello se ajusta al actual estado de cosas, es en el de la lucha contra el uso de mercurio en la explotación minera.

En 2013, mediante Ley, se implementó el Plan Nacional de Mercurio con el objetivo de erradicar su uso en los procesos industriales y productivos en un plazo de 10 años y en minería, en 5 años. Así, en julio de este año debe estar eliminado el uso de tal metal de la minería, pero como aquí las leyes se obedecen pero no se cumplen, poco se ha hecho para ello.

En abril de 2016 debía haberse realizado el registro de usuarios de mercurio, pero a esta hora, solo cerca del 4% de ellos se han inscrito. Las principales regiones mineras son Antioquia, Chocó y Nariño; en ellas se han identificado 318 puntos de emisiones de mercurio pero solo se han inscrito 13 de ellos. Antioquia tiene el 46,6% de la participación en la minería aurífera, solo una mina se ha inscrito. En el país no hay un registro único de importación y/o compra de mercurio. Las autoridades ambientales no han hecho una evaluación completa de las emisiones de mercurio, ni estudios de liberaciones de éste al suelo y al aire, pese a que sus efectos más contaminantes son las emisiones al ambiente. Hace 17 años no se cambian los límites de emisiones atmosféricas de mercurio y no hay normas sobre el máximo de mercurio permitido en el suelo.

Ello contrasta con el hecho de que acabar con el mercurio es la segunda deuda con la salud de los colombianos y con nuestro medio ambiente.

El mercurio, al entrar en contacto con las bacterias del ambiente, se vuelve metilmercurio, que es altamente tóxico. En los lechos y cuencas de los ríos Atrato y Quito hay mucha explotación minera. Allí vive la población más pobre del país, ella tiene un 98% de necesidades básicas insatisfechas y el 90% de quienes moran en dicha región están intoxicados por mercurio, que contamina peces, flora y en los seres humanos causa daños intrauterinos, en el cerebro y el sistema nervioso.

Así, se habla pero muy poco se hace.

Fuente:http://www.vanguardia.com/opinion/editorial/422890-la-raquitica-lucha-contra-el-mercurio