Casi sin que la opinión pública se enterara, se produjo una operación que amplió la explotación privada y transnacional del litio chileno. El consorcio beneficiado fue Soquimich, SQM, empresa que financió irregularmente campañas electorales, pagó de manera ilegal dineros a políticos y violó contratos con el Estado.

La decisión estuvo en manos de altos personeros del actual Gobierno y se materializó en un acuerdo de la Corporación de Fomento (COREO), dirigida por el vicepresidente ejecutivo, Eduardo Bitran, con SQM, cuyo gerente general es el empresario Patricio de Solminihac.

Detrás de esta operación estaría el aval de varios ministerios, entre ellos el de Minería, cuya titular es Aurora Williams.

Esto se produjo después de más de tres años de un duro conflicto precisamente entre CORFO y SQM, por violación o alteración de condiciones acordadas de parte del consorcio privado en el arrendarniento y la explotación del mineral en el Salar de Atacama.

Todo quedó atrás ahora, después de un proceso que incluyó la actuación del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago.

Más atrás todavía quedaron los análisis y conclusiones de la Comisión Nacional del Litio, generada en esta administración, y que debía avara ir en el diseño de una política nacional del mineral y de gobemanza de los salares.

Un punto cardinal resuelto por esa instancia, fue que el Estado debe ser el “auténtico dueño de estas riquezas” que “son estratégicas para el país”. En ese camino, desde la Comisión se habló de establecer una empresa nacional del litio que asumiera todas las funciones ejecutoras, de gestión, regulación y fiscalización.

La idea era reforzar el papel del sector público en el manejo de una de las materias primas más importantes pan el país y su desarrollo.

Todo quedó en el tintero y lejos de aquello, desde este Gobierno, con un papel preponderante de CORFO, se perfiló y fortaleció la tesis de abrir aun más el espacio y las opciones a compañías privadas, nacionales y extranjeras, mantener la institucionalidad actual y el papel acotado del Estado, sobre todo respecto a ser más proactivo en una política de industrialización y potenciamiento del “oro blanco”.

En defititiva, el Gobierno, a través de CORFO, dio luz verde a que el cuestionado consorcio Soquimich aumente la explotación del “oro blanco”, en la línea de reforzar que el sector privado y transnacional hegemonice este rubro.

Además, se cerró la opción de crear una empresa nacional que se haga cargo de este mineral estratégico para el país.

Expertos insisten en que este recurso natural permite la industrialización del país, la materialización de un modelo de desarrollo alejado del extractivismo, generación de recursos para metas sociales, abordar el tema de creación de energía y productos terminados, es decir, lo que se define como avanzar hacia el desarrollo.

Hoy, eso es imposible y la riqueza se la llevan grandes compañías privadas y extranjeras.

Se abrió más espacio a SQM

Así las cosas, en un acuerdo suscrito el 17 de enero pasado, se aumentó la cuota de sacada del mineral a 349.553 toneladas de litio metálico hasta el 2030. Se suma a un remanente del convenio de explotación con SQM, de 64.816 toneladas, con lo que la extracción o disponibilidad aumenta en más de cinco veces. Para eso, la empresa debería invertir mil millones de dólares.

Se dijo que esto podrá implicar el ingreso al Estado de 12 mil millones de dólares entre este año y el 2030, incluyendo eso sí, el acuerdo que se tiene con la transnacional Albemarle (ex Rockwood Lithium), que es el otro consorcio que saca y vende el litio chileno. No quedó claro en información disponible, el nivel de ganancias de SQM gracias a este convenio.

De esta manera, dos grandes consorcios privados, SQM y Albemarle, explotan mayoritariamente el mineral chileno, en una línea de reforzar que este ámbito de la economía y la producción, esté hegemonizado por el sector privado y extranjero.

De hecho, el reciente acuerdo que suscribió CORFO, significó de parte del Gobierno el cerrar la puerta para avanzar en la iniciativa de creación de una empresa nacional del litio, que pudiera dedicarse a la extracción, producción, comercialización del mineral blanco, incluso llegando a convenios con empresas privadas, pero donde la hegemonía la tuviera el Estado.

Uno de los pocos en reaccionar rápido ante este escenario, fue el diputado comunista Daniel Núñez, quien en esa linea dijo que el acuerdo CORFO-SQM, “pone fin a la posibilidad de usar el litio para industrializar a Chile”.

CORFO lo ve bien

Claro que para Eduardo Bitran, y quienes lo acompañaron en este paso, las cosas son positivas porque SQM hará un aporte a la Región de Antofagasta y localidades de la zona, aumentará el nivel de costo de arrendamiento, la empresa tendrá que aportar a la investigación y habría un 25% de producción del mineral destinado a la venta en Chile.

Además, se indicó que está la posibilidad futura de que CODELCO pueda meterse a la explotación del litio…pero claro, asociándose también con SQM, en la sacada del producto del Salar de Maricunga, donde la compañía estatal de cobre tiene terrenos.

Por el incumplimiento en el contrato de arrendamiento, SQM desembolsará al Estado algo más de 20 millones de dólares. Eso, en la lógica prevaleciente en Chile de que cuando los grandes consorcios cometen ilícitos o irregularidades, el pago de una multa -casi siempre baja para sus niveles de ingreso- arregla todo.

Como en este caso que CORFO reincidió en pactar con SQM pese a incumplimientos graves de la compañía. También se expuso ante los medios de prensa como un logro, que el antiguo yerno de Augusto Pinochet, y quien pudo apropiarse de la privatizada Soquimich en dictadura, Julio Ponce Lerou, quedara fuera del directorio de la empresa, cambiando la estructura de gobierno corporativo, como una medida de garantía…

Umbral de dudas

Lo concreto es que, al igual como sucede con el cobre, este pacto entre el Estado y Soquimich coloca en manos de otro poderoso grupo económico de la minería, el destino de uno de los principales recursos estratégicos de Chile, abriendo un umbral de dudas respecto a un uso adecuado de esa materia prima.

Dada la poca información pública -en la revisión del Portal de CORFO y otras entidades del Gobierno, así como de los medios de prensa- sobre cómo se fue incubando este convenio ya materializado, los efectos reales o limitados para el desarrollo del país, los índices de ganancias que tendrá SQM, y las dudas sobre el futuro soberano o no de la explotación del litio, y por qué se postergan decisiones estratégicas que beneficiarían al largo plazo al país, también se instalan incertidumbres ante declaraciones del vicepresidente de CORFO cuando estimó que esa entidad “ha sido exitosa con su compromiso de establecer las condiciones que cautelen el interés público, ayudando a restablecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones de la República”.

¿Este convenio con SQM cautela el interés público?
¿Este proceso restablece la confianza ciudadana en el Estado y, más aun, en Soquimich?
¿Está todo claro respecto a cómo se entrega el litio?

Muchas preguntas transitan en tomo del presente y el futuro del litio chileno.

Qué tanto con el litio

El litio es clave para que Chile pueda avanzar hacia el desarrollo. Así de simple. Otra cosa es que el país, o sus autoridades, hayan decidido otra cosa. Como se sabe, el mineral blan-co es estratégico por el uso que tiene en diversidad de productos que son esenciales para las sociedades modernas.

Dicho de manera simple, el litio es esencial para fabricar pilas y bate-rías, medicinas, automóviles eléctricos (que las grandes corporaciones automovilísticas van a fabricar masivamente en unos años más), celulares, lubricantes, acumuladores termosolares, aleaciones en la fabricación de aviones o barcos, combustible para energía nuclear, y en la generación de energía.

Aquellos países que tienen industrias o caminan a crearlas, necesitan litio y por eso lo compran. En el caso de Chile, se dispone la venta, pero no el crear una industria aprovechando el valor del mineral. Así, como ocurre con el cobre, quienes están mandando en esta materia, mantienen la tesis de vender el recurso, es decir, exportar la materia prima para, luego, importar los productos manufacturados o terminados…con litio chileno.

Algo crucial es que Chile posee el 52% mundial de las reservas de litio en forma de salmuera y tiene el 30% de la oferta mundial. El 90% de las reservas de litio chileno está en el salar de Atacama, el cual es explotado por la trasnacional Albemarle (ex Rockwood Lithium) y por Soquimich.

La actual hegemonía del sector privado y transnacional se explica fundamentalmente en la preponderancia de un modelo extractivista, es decir, de priorización de explotación y exportación de la materia prima, y no de uso priorizado para una industria y desarrollo nacional.

En esa línea, el experto Nicolás Chacón, de la Comisión de Minería del Partido Comunista, escribió:

“Se trata de crear el valor necesario y justo para el país, generando encadenamientos productivos y cadenas de valor en sus procesos, dejando de lado el modelo extractivista y centrando el desarrollo del litio en las potencialidades respecto a la energía, tanto de almacenamiento como generación”.

El contrapunto lo explicó el senador Alejandro Guillier, precisamente representante de la región donde está la reserva del “oro blanco”:

“Los grupos rentistas (sector privado y trasnacional) no tienen interés en hacer cadena de valor o generar industrialización en Chile”.

Añadió:

“Como controlan el acceso a los recursos naturales les basta eso para hacer su riqueza y cuando saturan el mercado prefieren irse del país a seguir haciendo negocios, en vez de encadenar a Chile en una dinámica de crecimiento más diversificada, sustentable, basada en ciencia, tecnología e innovación”.

Esto, evidentemente, está asociado a la concepción que se estima para el camino de fortaleza del país, más allá de generar recursos vendiendo materias primas agotables o metiéndose de lleno a la especulación financiera. Es el paradigma del modelo. Es así que hoy hay uno de corte extractivista, mercantilizado y privatizador, y varios economistas sostienen la posibilidad de avanzar hacia otro de desarrollo sustentable, solidario, productivo.

Según la opción, el papel que se le asigna al litio.

En ese sentido, el ingeniero y estudioso del tema, Patricio Palma, sostuvo:

“No podemos repetir historias como la del salitre, donde esa riqueza no fue usada en beneficio de todos, ni en el desarrollo del país. Un nuevo modelo de desarrollo debe tener como base la buena utilización de los recursos naturales. Hablamos del cobre, del litio, del mar de la agricultura”.

Añadió:

“Por ejemplo, grandes empresas europeas del automóvil van a comenzar en unos años a hacer solo autos eléctricos y ¿cuáles son los componentes más importantes?, el cobre y el litio. Y los chilenos somos abundantes en ambos recursos. Pero los tienen los privados y las transnacionales”.

Se sabe, por ejemplo, que transnacionales como Mercedes Benz, Wolkswagen, Rosatom y Samsung están muy interesadas en obtener el mineral blanco. En cuanto a la posibilidad de crear una empresa nacional, varios especialistas indican que el Estado tendría como invertir, y afirman que hay profesionales y técnicos chilenos capacitados.

Habría, por cierto, que entrar al tema del uso y la inversión en tecnología.

Por lo demás, quienes propician ese camino, plantean que no es descartable que esa empresa de sector público llegase a convenios comerciales y de inversión con compañías privadas, pero todo sujeto a la planificación del consorcio estatal. En este marco, varios parlamentarios y organizaciones sociales plantearon declarar a Soquimich “empresa de interés nacional”, que significaría devolverla al Estado.

En una columna de opinión, un grupo de expertos (R. Briones, H. Bosselin, G. Gutiérrez y J. Zagal) sostuvo:

“Desgraciadamente, hasta ahora los productos del salar -como el litio- se exportan sin o escaso valor agregado, perdiendo así el país la posibilidad de generar ingresos muchísimo más altos que los obtenidos actualmente. Ha faltado una política de Estado ambiciosa y con mirada de futuro, que cautele el interés público con respecto a las enormes riquezas que tenemos en los salares. Estos fueron cedidos a la explotación de privados, sin control del Estado, sin captura de su renta, y peor aún, como el caso de SQM, realizando acciones al margen de toda regulación. Es el momento de pensar en el país”.

SQM sigue ganando

De acuerdo a reportes financieros, en el tercer trimestre del año pasado, Soquimich continuó obteniendo suculentas ganancias, sobre todo por su participación en el mercado del litio. De acuerdo a la estadística conocida, el consorcio tuvo utilidades por más de 112 millones de dólares en el periodo julio-septiembre de 2017. Eso significó un aumento de los ingresos del 10.8%.

Según información divulgada, las ventas de litio que hizo Soquimich le habían reportado el año pasado casi 470 millones de dólares de ganancias, un alza de 37.7%, vendiendo el litio chileno al extranjero.

Optimista, el gerente general de la compañía, Patricio de Solminihac, indicó que “en el mercado del litio seguimos observando un fuerte crecimiento de la demanda y hemos visto que los precios continuaron creciendo. Creemos que esta tendencia de precios debería continuar durante el resto del año hasta principios del 2018”, contexto en el que se produce el auspicioso convenio alcanzando hace unos días con lCORFO.

Soquimich tiene negocios en Australia y Argentina, en el rubro minero.

El Sigo, edición N° 1908

Fuente:http://reddigital.cl/2018/01/30/usurpacion-litio/

Dentro de las empresas que lideran las sanciones se ubican las mineras. Entre ellas, Caserones, Pascua Lama y Anglo American Sur.

Unos US$60 millones en multas medioambientales ha cursado la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) en los últimos cuatro años, es decir, entre 2014 a 2017, siendo el principal destinatario la minería. Sin embargo, en el mismo período los planes de cumplimiento han triplicado dicho monto. Se trata de herramientas que los infractores pueden utilizar para enmendar sus infracciones y corregir los efectos negativos derivados de éstas, a cambio de una exención o rebaja en el monto de multas.

Y es que parte importante de las empresas optan por este mecanismo cuando se les formula cargos. Dentro de los casos más recientes está Alto Maipo, que presentó un plan de cumplimiento a principios de 2017 luego de que la autoridad ambiental formulara 14 cargos por incumplimientos en las condiciones, normas y medidas establecidas en la resolución de calificación ambiental (RCA) del proyecto hidroeléctrico. A este se suma SQM, que está trabajando en un plan para evitar la multa de hasta US$23 millones que se le podría cursar por la serie de infracciones sobre el Salar de Atacama. En el caso de esta última, el plan inicialmente propuesto incluía el desembolso de unos US$18 millones, el monto más alto que se ha considerado para estos fines.

“Los programas de cumplimiento los estamos fiscalizando más que la RCA, desde el primer día que comenzamos a potenciar el cumplimiento de los programas. Es una herramienta muy virtuosa que tenemos que cuidarla y eso significa que no pierda su reputación (…) si los programas los dejan caer los titulares, los incumplen, la herramienta hasta ahí llega, muere”, comentó el Superintendente del Medio Ambiente, Cristián Franz.

Desde que se comenzó a implementar la Ley 20.417 que creó la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) en 2012, el organismo ha finalizado 158 procedimientos sancionatorios, de los cuales 118 han concluido con multas.

Por sectores, el principal destinatario es la minero, que suma 37.956 UTA (US$35,2 millones), es decir 63% del total. Le siguen energía y acuicultura con 18% y 10% del total, respectivamente.

Minería lidera además el ranking de las mayores multas: de las 10 sanciones más altas, seis son operaciones de extracción de mineral. Caserones lidera el listado, con una multa de 14.745 UTA. Le sigue la recién cursada multa a Pascua Lama de unos 12.360 UTA.

Multas impagas

De acuerdo a los datos recopilados por la superintendencia, el 18% de las multas cursadas no han sido pagadas a la fecha, lo que equivale a unos 10.813 UTA.

De ellos, casi la mitad corresponde a la sanción de 5.049 UTA a Minera Candelaria en 2015. Esta fue por diversas infracciones a las resoluciones de calificación ambiental del complejo minero, ubicado en la comuna de Tierra Amarilla, Región de Atacama, y concretó luego que plan de cumplimiento fuese rechazado por la SMA.

Le sigue la sanción a Pampa Camarones y en tercer lugar, al Ministerio de Obras Públicas (MOP) por los incumplimientos ambientales detectados en el proceso de fiscalización del proyecto Embalse Ancoa, ubicado en la Región del Maule.

Fuente:http://www.pulso.cl/empresas-mercados/planes-cumplimiento-firmas-faltas-ambientales-triplican-monto-multas-4-anos/

Sin esta aprobación, el proyecto es “inviable”. Durante febrero, presentarán reclamación ante el SEA.

Una nueva advertencia realizó ayer la plana ejecutiva de Mina Invierno, proyecto relacionado a las familias Angelini y Von Appen, luego del rechazo al sistema de tronaduras por parte de la Comisión de Evaluación de Magallanes, anunciada hace dos semanas.

Según explicó el gerente regional de la compañía, Guillermo Irarrázaval, de no ser factible revertir en corto plazo la decisión de rechazo a la incorporación de tronaduras de baja carga en la extracción del estéril, la operación no podría proyectarse más allá de dos años, con la excepción de las tareas que tienen que ver con un posible cierre ambiental de la minera.

“Estamos trabajando en la preparación de un recurso de reclamación ante el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, ya que tenemos la convicción de que la evaluación ambiental del proyecto de tronaduras cuenta con suficientes y sólidos argumentos que avalan la incorporación de esta técnica de fracturamiento de la roca, ampliamente utilizada en la minería nacional e internacional”, comentó Hernández.

Respecto a la fecha de presentación de los recursos, el ejecutivo explicó que el plazo máximo es a fines de febrero, “estamos trabajando con nuestro equipo de abogados, elaborando el documento y en el momento que esté listo se pide la autorización del directorio para hacer la presentación”.

El ejecutivo comentó que no hay posibilidad de que se desarrolle un cierre inminente, pero en el corto plazo, “de no revertir la decisión a pesar de contar con un ICE favorable sin condición, Mina Invierno no es viable. Esa no es una situación deseada por nosotros, vamos a poner todos nuestros recursos y talentos para que podamos revocar la decisión lo más temprano posible”.

Fuente:http://www.mch.cl/2018/01/30/mina-invierno-cerraria-dos-anos-no-contar-tronaduras/

La acción protesta respaldada por otras organizaciones y dirigentes sindicales, pretende presionar para revertir el acuerdo entre Corfo y Soquimich para la explotación del Litio.

Gerente regional de la compañía manifestó que se está trabajando en la preparación de un recurso de reclamación.

Mediante un comunicado de prensa de Minera Invierno, el gerente regional Guillermo Hernández manifestó que si no llega a ser factible revertir -en el corto plazo- la determinación de rechazo a la incorporación de tronaduras como método de extracción mecánica de material estéril, haría que la operación no pueda ser proyectada más de dos años.

“Estamos trabajando en la preparación de un recurso de reclamación ante el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, ya que tenemos la convicción de que la evaluación ambiental del proyecto de tronaduras cuenta con suficientes y sólidos argumentos que avalan la incorporación de esta técnica de fracturamiento de la roca, ampliamente utilizada en la minería nacional e internacional. Así quedó demostrado en el pronunciamiento favorable de todos los organismos sectoriales, incluyendo al Consejo de Monumentos Nacionales que se pronunció conforme respecto de las materias de arqueología y paleontología, en las respuestas que se dieron a las consultas ciudadanas y en el hecho que se contara con un informe de evaluación favorable del Servicio de Evaluación Ambiental, que recomendaba su aprobación sin condiciones”, enfatizó el encargado de la compañía en Magallanes.

Igualmente, Minera Invierno agregó que el rechazo de las tronaduras ha postergado de forma indefinida el hecho de contratar a 103 personas que iban a ser parte de la empresa a partir del primer semestre de 2018. Sin embargo, aseguran que si no se revierte la situación legal, comprometen la continuidad laboral de mil personas, de las cuales casi el total de ellos son de Magallanes.

Fuente:https://laprensaaustral.cl/cronica/minera-invierno-dice-que-el-rechazo-definitivo-a-la-incorporacion-de-tronaduras-determinaria-el-cierre-de-sus-operaciones-2/

Tras dos rechazos formales y oficiales al proyecto de Minera Dominga –primero, por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, y después, por el Comité de Ministros- hoy se presentan los alegatos frente al Tribunal Ambiental de Antofagasta. Por lo mismo, comunidades de la zona se alinearon y se hicieron parte ante este organismo, ya que para ellos la instalación de las dos minas a rajo abierto y el megapuerto sería “nefasto” y el supuesto desarrollo que traería sería a costa de la rica biodiversidad de uno de los lugares más únicos del mundo que ha sido declarado sitio prioritario para la conservación por el Estado de Chile.

La Higuera, 23 de enero.- Distintas asociaciones y vecinos de la comuna de La Higuera se hicieron parte ante el Tribunal Ambiental de Antofagasta buscando que se confirme el rechazo técnico ambiental al proyecto minero portuario Dominga, el cual ya fue calificado desfavorablemente por el Comité de Ministros y por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo.

Es importante destacar que el asunto que se discutirá en los alegatos tiene que ver con la reclamación que hizo Andes Iron al rechazo que se dio al Proyecto Dominga por parte del Comité de Ministros en octubre pasado, si éste fue ajustado en Derecho o no.

Por tanto, lo que está en juego es si en este caso en particular, el rechazo del Proyecto Dominga  ha cumplido o no con la Ley. En otras palabras, no se trata de oponerse o no a un Proyecto, si no que la discusión está dada por el Respeto a la Institucional Ambiental  y el Cuidado al Medioambiente contenido en sus principios inspiradores.

Marcela Rey, abogada de Geute Conservación Sur, señala que “como Organización, realizamos múltiples observaciones técnicas al proyecto y somos reclamantes ante el Tribunal Ambiental, porque estas persisten. Es inaceptable concebir que un proyecto tan mal evaluado y con una línea de base deficiente sea aprobado. El riesgo es demasiado alto, considerando que se emplaza en una zona de alta biodiversidad y que –además- el titular omite señalar que el puerto se pretende utilizar más y por mayor cantidad de años que lo señalado en su estudio».

Por otra parte, Pablo Sanguinetti en representación de la vocería del Movimiento Chao Pescao, comentó que, «Hoy en día estamos acá y nos interesan los alegatos porque queremos comprender los motivos técnico ambientales por cual el comité de ministros rechazó el proyecto. Debido a que al ser deficiente la línea base ambiental y no dejar en claro los impactos de la planta desaladora, no se garantiza el cuidado del medio ambiente, entonces estaríamos en un absurdo de estar aprobando proyectos que en su proceso de calificación ambiental está afirmando que no se hacen cargo de los impactos ambientales y que más que hacerse cargo proponen monitoreos a futuro, lo cual a todas luces no garantiza el cuidado del medio ambiente.

De igual forma, la abogada de Oceana Chile, Javiera Calisto,  se refirió a los alegatos, «Nos hicimos parte del procedimiento judicial, apoyando los argumentos del Comité de Ministros que rechazaron el proyecto dominga. Este rechazo se llevó a cabo conforme a la ley, ya que el proyecto no contemplaba los requisitos básicos contemplados en la normativa y en definitiva, presentó una línea de base deficiente», «Un proyecto que considera dos minas de rajo abierto y un megapuerto es incompatible con el medioambiente de uno de los lugares con mayor biodiversidad de Chile», sentenció Calisto.

Finalmente, la manera en que las 13 partes del alegato de este 23 de enero se configuran ante el Tribunal  Ambiental de Antofagasta de la siguiente manera:

• 2 principales (Andes Iron – SEA)

• 2 amicus curiae científicos a favor del rechazo  (Andres Moreira y Armando Mujica)

• 3 terceros coadyuvantes a favor de Dominga (Claudio Galleguillos – Sindicato Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales Totoralillo Norte – Asociación Gremial Minera de La Higuera)

• 4 terceros coadyuvantes del SEA a favor del rechazo (Cristóbal Díaz de Valdés- Movimiento Chao Pescao – Oceana – Marcela Rey y Javiera Calisto)

• 2 terceros independientes a favor del Rechazo (Asociación Gremial de Mariscadores y Pescadores de los Choros – Andrés Álvarez – MODEMA)  

Es el blanco elegido por el gobierno nacional y los medios oficialistas. Todos los pueblos indígenas de Argentina exigen lo mismo: territorio. Tienen distintas metodologías de lucha, pero ninguna provoca tanto recelo (político, judicial, mediático, social) como el accionar del Pueblo Mapuche. “Terroristas”, “chilenos”, “mataron a los tehuelches”, son algunas de las definiciones que la voz oficial instaló en distintos momentos de la historia y se repiten hasta la actualidad. A dos meses del asesinato por la espalda de Rafael Nahuel y luego de la creación de un “comando unificado”, mérito de la ministra Patricia Bullrich, avanza en la criminalización. Racismo, derechos vulnerados y el fondo: el territorio en disputa.

Enero, agosto y noviembre de 2017. Tres momentos: feroz represión contra el Pu Lof en Resistencia de Cushamen (Chubut), desaparición de Santiago Maldonado y asesinato de Rafael Nahuel (en Villa Mascardi, Río Negro). Como nunca antes, los medios de comunicación hicieron foco en “los mapuches”. La situación mapuche se instaló, de la peor forma, en la agenda nacional.

Diana Lenton, doctora en antropología y docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, señala que la avanzada contra el Pueblo Mapuche tiene una base fundamental en el racismo. Explica que las comunidades mapuches tienen los mismos reclamos que el Pueblo Qom, pero expresan su mensaje de manera diferente, “de igual a igual” frente al no mapuche. “La mirada racista no tolera que un indígena se posicione de igual a igual”, afirma.

Lenton destaca que muchas personas suelen decir que nos son racistas porque “ayudan” a un grupo determinado, pero cuando el destinatario sale de esa situación todo cambia. “Toleran al ‘otro’ cuando está debajo de uno, pero no toleran que ese otro lo trate de igual a igual”.

Integrante de la Red de Investigadores en Genocidio y Político Indígena, agrega que existe una generación de dirigentes mapuches muy preparada, con formación política y universitaria, y eso aumenta el recelo racista. Y esos líderes mapuches tienen buen manejo de oratoria y de los medios de comunicación, con lo cual su discurso es más efectivo que quizá otros pueblos.

Territorios y corporaciones

Existe una coincidencia en que un elemento central es la disputa por el territorio, con actores que avanzan sobre los derechos indígenas (petroleras, mineras, grandes estancias; siempre en articulación con sectores políticos y judiciales). “Hay que tener presente qué empresas y qué actividades económicos quieren desarrollarse en los territorios donde viven las comunidades mapuches”, alerta Lenton.

Lefxaru Nawel, integrante de la zonal Xawvnko de la Confederación Mapuche de Neuquén, confirma el rechazo al fracking (en particular en Vaca Muerta), a la minería y a las represas, que desalojan e inundan territorios ancestrales. Y destaca otro factor particular del Pueblo Mapuche, las “recuperaciones territoriales”, cuando las comunidades identifican un lugar ancestral hoy en manos de grandes empresas o terratenientes, y deciden volver. Si bien existen algunas experiencias de recuperaciones territoriales de otros pueblos (comunidades pilagá en Formosa), es mucho más propio del Pueblo Mapuche. “Hace más de 25 años que las comunidades decidimos hacer uso efectivo de nuestros derechos y volver a los territorios que nos pertenecen”, aclara Nawel.

Colonización tardía

Lefxaru Nawel no duda de que en los últimos meses hubo una campaña política y mediática para criminalizar y reprimir a las comunidades originarias de la Patagonia. “Recién han pasado 130 años de la finalización de la conquista, en manos del Estado argentino, mientras los pueblos indígenas del norte argentino lo sufrieron hace 300 o 400 años, en manos de los españoles”, recuerda. Y, por otro lado, puntualiza que el Pueblo Mapuche tiene la particularidad de plantear la necesidad de una nación, no en términos secesionista, sino de soberanía en territorios, autonomías, con autoridades propias. “Es un planteo que lleva a un debate profundo sobre el estado plurinacional, quizá otros pueblos no lo proponen tan abiertamente y eso lleva a que sectores reaccionarios tomen posturas represivas”, afirma.

Tras la decisión de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) de decretar el cierre definitivo del proyecto minero Pascua-Lama y de cursarle a la empresa a cargo de las obras, Barrick Gold, una sanción de $7 mil millones, su posible reconfiguración como mina subterránea ya genera rechazo entre los habitantes de la Provincia del Huasco, en la región de Atacama.

En conversación con El Mercurio, director ejecutivo de la empresa canadiense en Chile, René Muga, señaló que el rediseño de la iniciativa binacional debe considerar una minimización total de los impactos sociales y medioambientales y que, además, debe “incorporar necesidades de comunidades”, motivo por el cual no descartó un cambio de nombre.

En esa línea, Muga precisó que dentro de la gama de opciones que tienen en evaluación destaca la alternativa de una mina subterránea, la cual “tiene mucho mérito y está corriendo con ventaja”.

Muga también indicó que en los próximos meses se deberá decidir cuáles son los estudios que más se ajustan a sus necesidades, lo que generará una modificación a su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) debido a que todas las opciones tienen “desarrollos mineros distintos”.

La opción de soterramiento ya cuenta con apoyos, como el del presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández, quien -en conversación con Diario El Día, detalló que la alternativa podría ser “ser más grande y más rentable” a hacerlo con tajo abierto.

Sin embargo, “con todos los problemas que han tenido, hacerlo en forma subterránea en una minería más selectiva y probablemente tratando menos mineral, pero de mejor ley, sí puede ser una solución para ese proyecto”, sostuvo Hernández.

Rechazo categórico

La mañana de este lunes, la vocera de la Asamblea por el Agua de Huasco Alto, Constanza San Juan, manifestó que pese a todo lo anterior, los vecinos de la zona afectada rechazarán cualquier forma que tome el ya cerrado proyecto, acusando que los daños que dejó Pascua-Lama fueron irreparables.

San Juan dijo que, como comunidad, celebran el fallo judicial, ya que el dictamen aseguró que el proyecto era inviable y contaminador, especialmente en vegas altoandinas, ecosistemas que limpian y decantan las aguas que llegan a la cuenca de 70 mil habitantes.

A juicio de la vocera, otro de los daños que ha perpetrado la empresa tiene que ver con los monitoreos a glaciares, a lo que se sumó que la minera norteamericana contaminó aguas con metales pesados, como manganeso, y que la población más afectada fue aquella entre los 0 y los 4 años.

Aún así, San Juan valoró el cierre definitivo decretado por la SMA, pero si clarificó que gran parte del trabajo contra Barrick se logró gracias a la comunidad y a la presión que se puso sobre el superintendente, Cristián Franz.

“La resolución si bien es una buena resolución, la cual vamos a defender, hay infracciones que se han absuelto. También hay que recordar a todo el mundo una cosa que hemos denunciado: acá el Estado con Barrick Gold cambiaron la RCA en julio de 2016 para viabilizar el proyecto (…), pero está quedando oculto porque se realizó un cambio que subió los índices o los límites que puede lanzar la empresa de metales pesados en el río”, acusó San Juan.

Ante la posibilidad de realizar un nuevo proyecto, con nuevas directrices y que tiene que pasar por todas las instancias medioambientales de rigor, San Juan negó aprobar tal iniciativa.

“Para nosotros el proyecto nombre nuevo que tenga, como venga, va a ser Pascua-Lama igual. Es la misma fuente, el mismo metal y la mina subterránea va a contaminar igual y peor de lo que ya hicieron”, añadió.

“Nosotros como comunidad no vamos a parar de estar en contra de este proyecto y de cualquier megaproyecto en la naciente de nuestras aguas y sobre nuestros ecosistema glaciar”, disparó San Juan.

Fuente:http://www.biobiochile.cl/noticias/economia/negocios-y-empresas/2018/01/22/posible-reconfiguracion-de-pascua-lama-como-mina-subterranea-ya-genera-rechazo.shtml

«La amenaza que representan este tipo de proyectos mineros altamente contaminantes sobre ecosistemas frágiles, únicos y de gran valor para sus habitantes, continúa, amparada por la legislación ambiental chilena, que permite su ingreso al país, y en muchos casos, como éste, las sanciones interpuestas llegan cuando el daño ambiental es ya irreversible», señalaron.

La Comunidad Agrícola de Diaguitas Huasco Altinos difundió un comunicado en el que si bien valoran el procedimiento sancionatorio de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) en contra de la compañía Minera Nevada SpA, por el proyecto Pascua Lama, indicaron tener “la certeza” de que se trata sólo de un triunfo “pasajero”,“La amenaza que representan este tipo de proyectos mineros altamente contaminantes sobre ecosistemas frágiles, únicos y de gran valor para sus habitantes, continúa, amparada por la legislación ambiental chilena, que permite su ingreso al país, y en muchos casos, como éste, las sanciones interpuestas llegan cuando el daño ambiental es ya irreversible. En efecto, el daño originado por Pascual Lama ya está hecho; los glaciares, el agua y las vegas alto andinas no volverán a su estado original”, expresa el comunicado.

“Alertamos sobre la necesidad de no bajar la guardia ante esta noticia que ha salido a la luz pública con un titular que puede dejar a muchos ciudadanas y ciudadanos de este país contentos, conformes y tranquilos, pero que debemos analizar considerando la experiencia que nos deja la irrupción de otros proyectos de la misma naturaleza. Lo que está pasando con las alianzas entre gigantes mineros como Gold Corp y Teck, quienes han decidido enterrar el proyecto El Morro pero reactivándolo como “Proyecto Nueva Unión”, con los mismos dueños, en el mismo lugar, pero con otro nombre, es un claro ejemplo de ello”, añade el texto.

Un punto importante que se toca en el comunicado es la existencia de otro proyecto minero cerca de Pascua Lama: la mina El Encierro, que está a punto de ser de propiedad de Antofagasta Minerals (Luksic) junto a su aliada la empresa Barrick Gold, ambos titulares y con un extenso prontuario de contaminación ambiental, tanto a nivel nacional como internacional.