Lo vienen diciendo los investigadores desde hace décadas ya.  Se han sumado políticos, líderes intelectuales, sociales, filósofos e incluso empresarios. El modelo de desarrollo global nos ha hecho avanzar hacia el antropoceno, era geológica de la Tierra donde los cambios globales ya no son producidos por agentes naturales sino por la acción humana.

Un modelo donde la naturaleza es vista principalmente como una despensa, en el proceso de extracción, y un vertedero, luego de la transformación.  Y así se mide el éxito y fracaso de continentes, naciones, regiones, territorios, mientras mayor es la producción, mejor para la sociedad.  Si es bueno para la economía (una economía de corto plazo, claro está) es bueno para la gente, es el mantra.

Así lo hemos visto últimamente con la crisis de Quintero-Puchuncaví, los contaminados por el plomo en Arica, la salmonicultura en la zona sur-austral del país.  Productividad que mata y que atenta día a día contra la fábrica más importante del mundo: la naturaleza, que lleva años fabricando vida.  La nuestra y la de las demás especies.

Las zonas de sacrificio desperdigadas por doquier son el mejor ejemplo de aquello.  Realidad que ciertos medios, empresarios y políticos pretenden revertir señalando que quienes se quejan y ahí viven responden a la clasificación nimby (del inglés “not in my backyard”, es decir, “no en mi patio trasero”): personas que quieren las soluciones a los problemas sociales y materiales pero no asumir los costos de éstas.  Insensatez, plantean los adalides del modelo, porque para que todos vivan bien alguien debe pagar la factura.

El problema es la doble trampa de esta visión.

Primero, porque ningún modelo de sociedad debiera permitir, mediante su institucionalidad, la vulneración de los derechos más básicos de las personas. Ninguna termoeléctrica debiera poder contaminar el aire a niveles de intoxicación, ninguna salmonera vaciar sus desechos en las costas usadas por la pesca artesanal afectando su sustento, ninguna minera destruir glaciares y afectar las reservas de agua que permiten la vida de las comunidades.

Y segundo, porque cuando nos hablan de que alguien debe sacrificarse por el modelo de sociedad normalmente los que asumen los costos son los mismos.  Poblaciones carenciadas, que por necesidad de trabajo están dispuestas a sacrificar su presente y futuro porque los mismos que esto argumentan no están disponibles para apoyar el que sea la sociedad en su conjunto, el Estado por ejemplo, la que garantice los mínimos básicos en educación, salud, vivienda, previsión social y todo lo que definamos como fundamental para vivir con dignidad.

Por ello el concepto de “compartir beneficios” que se utiliza para justificar que industrias alta y negativamente impactantes se instalen en los territorios tiene un déficit.  Sus controladores no debieran solo compartir beneficios.  Tendrían, en justicia, que compartir los perjuicios de sus actividades.

¿Quiere instalar una termoeléctrica en un pueblo?  Pues bien, que sus hijos vayan a sus escuelas.  ¿Quiere verter desechos de salmón en las costas del sur? Pues bien, que sus hijos se bañen en esas aguas. ¿Quiere contaminar el agua con la extracción de oro? Pues bien, que sus hijos beban de esas fuentes.

Hace pocos días el gobierno anunció su decisión de dejar fuera del futuro Parque Patagonia el área fiscal donde la australiana Equus Mining, a través de la sociedad Southern Gold, busca instalar su mega proyecto minero de oro y plata “Los Domos”.  Sociedad constituida por Sergio Romero Guzmán, cuyo padre fue presidente del Senado por Renovación Nacional -partido matriz del Presidente Sebastián Piñera- y la cual ha hecho un intenso lobby para avanzar en sus pretensiones.

“Los Domos” ya fue priorizado por el gobierno (es la única iniciativa en Aysén consignada en la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables), adyacente a la nueva área silvestre protegida, en el área de un rico patrimonio arqueológico, paleontológico y geológico como el caso del circuito Cueva de las Manos/Piedra Clavada/Valle Lunar.

Una nueva zona de sacrificio es lo que proyectan.  En la cuenca del lago General Carrera, la principal reserva de agua dulce del país.

Pero la historia, incluso de Aysén, nos ha demostrado que no necesariamente anhelos hoy serán realidades mañana.  Más aún cuando se despejaron las intenciones del Ejecutivo, señal fundamental para enfrentar los procesos sociales que vendrán.  Procesos que, definitivamente, están anclados en el sentido de responsabilidad territorial local y, también, global.

Fuente:http://www.eldivisadero.cl/redac-49790

Finalmente, el monitoreo al daño a los glaciares de la zona fue uno de los detonantes de la determinación.

El Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta aprobó el cierre definitivo de Pascua Lama, tras la solicitud realizada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), debido a varias faltas en las que incurrió la empresa, cuyas faenas se ubican en Alto del Carmen y que habrían afectado la condición de los glaciares de la zona, provocando un daño irreparable para el lugar.

Al respecto, el ministro Mauricio Oviedo comentó que «finalmente lo que hace el tribunal en esta sentencia es aprobar la sanción de clausura definitiva, decretada por la SMA».

«La resolución dictada no es impugnable, pero lo que en rigor podría ocurrir es que una vez notificada la determinación se interpongan un recurso de reclamación por parte de la empresa afectada o por las comunidades que no se sostienen, conforme a lo decretado por la SMA», detalló.

Vale decir que la solicitud fue hecha en enero de 2018 por la SMA, la que decretaba 33 sanciones, donde cinco de ellas solicitaban el cierre definitivo, siendo el monitoreo de glaciares la que motivó el cierre de la faena Pascualama.

Fuente:http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/tribunal-ambiental-de-antofagasta-aprobo-el-cierre-de-pascua-lama/20181012/nota/3811438.aspx

Poco a poco, el fondo marino de la Ensenada de Chapaco comenzó a cubrirse con un manto arenoso. Héctor Zuleta ya no podía mariscar entre las cuevas, los cerros y los bosques, que “al igual como existen en la tierra, existen en el mar” porque “todo eso quedó tapado” y los pescadores y mariscadores tuvieron que ir a buscar otros lugares donde trabajar. Cuando Héctor Zuleta escuchó decir a la autoridad ambiental que “tal disminución de recursos puede ser atribuible a la permanente descarga de relaves recibida en dicho sector marino, proveniente de la actividad de la planta de pellet”, él solo confirmo algo que ya sospechaba.

Desde 1978 que la Compañía Minera del Pacífico (CMP), miembro del grupo CAP Compañía de Acero del Pacífico, vierte sus relaves mineros al mar en la ciudad portuaria de Huasco, al norte de Chile. Un pedazo del desierto más árido del mundo que, en 2012, fue declarado zona de sacrificio por sus altos índices de contaminación.

Para nadie nunca fue un secreto que el mar de Huasco recibe los desechos de la minera. Pero lo que los habitantes no sabían era que la empresa —la principal productora de minerales de hierro en toda la costa oeste americana, la mayor productora siderúrgica en Chile y la más importante procesadora de acero del país— lo hacía sin autorización ambiental.

Cuando, en agosto del año pasado, la organización de conservación marina Oceana denunció los hechos, ante la Superintendencia de Medio ambiente, esta autoridad ambiental inició un proceso sancionatorio en contra de la empresa por veinte infracciones. CMP arriesga hoy el cierre de sus faenas, pero mientras se desarrolla el procedimiento para acabar con la contaminación de 50 años los relaves estos continúan siendo arrojados al mar.

La toxicidad de los relaves

Los relaves mineros son el residuo resultante de procesos industriales, donde son utilizados métodos químicos, para extraer el metal de interés —en este caso el hierro— de la roca. Debido a la toxicidad de los relaves mineros, el vertimiento de estos desechos al mar está prohibido en gran parte de los países del mundo con excepción de Noruega, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Indonesia, Francia, Turquía y Chile.

Asfixia de organismos bentónicos —como las estrellas y soles de mar— y la alteración física del hábitat; la reducción en la abundancia de especies y biodiversidad de las comunidades marinas; toxicidad directa por el contacto de metales pesados; riesgo en la salud de las personas por consumo de peces contaminados por bioacumulación de metales son los principales impactos. El Senado de Chile los enumeró todos en un proyecto de ley ingresado en 2012, que busca prohibir los relaves marinos.

En 1993 empezó a operar el emisor submarino mediante el cual CMP deposita los relaves, hasta el día de hoy, a 350 metros de la costa y a 35 metros de profundidad en la Ensenada de Chapaco.

En 2010, la autoridad de evaluación ambiental aprobó un proyecto presentando por CMP para ampliar su planta aunque con la condición de presentar, en un plazo de 18 meses, “una propuesta de mejora técnica y ambiental de la disposición de sus relaves”. Ese sistema, una vez que fuera aprobado, debía además comenzar a operar en un plazo máximo de dos años.

Tres años más tarde, CMP presentó, al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, el proyecto que se le había solicitado. Tras ser estudiado, la autoridad evaluadora hizo 490 observaciones a las que la empresa debía entregar soluciones. Pero en 2017, CMP desistió del proyecto y lo retiró del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. De esa manera, el requisito que se le había exigido dejó de ser evaluado y se dio por cerrado el capítulo.

Las ilegalidades del relave

Sin un nuevo sistema de depositación de relaves, CMP continuó vertiendo sus residuos al mar de la misma manera en la que venía haciéndolo desde 1993. Ello, a pesar de que el permiso que se le había otorgado estaba “condicionado al cumplimiento de todos los requisitos, exigencias y obligaciones establecidas”. Juan Pablo Sanguinetti, abogado de la Fundación Relaves explicó a Mongabay Latam que “el permiso de CMP es un permiso con condiciones. Si estas no se cumplen, el permiso no existe”.

Al mismo tiempo, el efluente que CMP vierte en el mar, tampoco cumple con las condiciones especificadas en el permiso que se le otorgó en 2010.

Los desechos mineros que son vertidos al mar deben tener al menos un 50 % de solidez puesto que “si el efluente es demasiado líquido, en lugar de decantarse en el fondo marino, se dispersa en el agua provocando mayores efectos contaminantes” dice Victoria Caroca, química de Fundación Relaves. Pero, según el proceso sancionatorio, CMP vierte sus desechos “con un porcentaje de sólidos inferiores al 50 % y por un caudal superior al que fue aprobado ambientalmente correspondiente a 4,700 m3/día. Los monitoreos especifican, por ejemplo, que entre el 6 y 7 de septiembre del 2016, el caudal promedio fue el doble de lo permitido.

Por otro lado, Sanguinetti señaló que se autoriza verter al mar “siempre y cuando se cumpla con ciertas condiciones, como que el material vertido sea inocuo” es decir que no sea dañino. Pero un estudio del 2015, encargado por la Subsecretaría de Pesca, revela que los óxidos de hierro, contenidos en el relave de CAP, son disueltos en el mar al entrar en contacto con ciertas materias orgánicas. En ese proceso de disolución, se liberan elementos trazas a la columna de agua. Específicamente Magnaneso, Cobre, Arsénico, Vanadio y Galio.

Actualmente, la Superintendencia se encuentra evaluando el Plan de Cumplimiento que presentó la empresa, en respuesta al proceso sancionatorio que se abrió en su contra.

CMP se comprometió a que si dicho plan es aceptado por la autoridad, dejará de arrojar relaves al mar en un plazo de 12 meses. Si el Plan, en cambio, no es aceptado, el proceso sancionatorio continuará su curso y la autoridad podría determinar el cierre de las faenas. Ello, al menos, durante el tiempo que tome construir una infraestructura para dejar los relaves en tierra.

Mientras todo eso se resuelve, los relaves continúan siendo arrojados al mar.

Fuente:https://es.mongabay.com/2018/10/oceanos-relaves-mineros-son-vertidos-al-mar/

Hace dos meses la empresa Pan Pacific Copper, de capitales japoneses, envió a la comunidad de Estero Derecho, una solicitud para poder ingresar a la propiedad de la comunidad para realizar exploraciones, situación que provocó un rechazo de la comunidad y también del municipio de Paihuano.

Consultado al respecto al seremi de Minería, Roberto Vega, señaló que «lo primero que hay que aclarar con lo que han denominado el proyecto Perejil, se trata de una solicitud de mensura, es decir los pasos previos a poder hacer cualquier tipo de desarrollo minero y claramente acá existe un cierto sesgo porque la actividad minera es parte de Chile, nuestra región es minera y no podemos sacrificar un proyecto sin haberlo conocido».

«Las declaraciones del alcalde dicen relación con un desconocimiento completo del proyecto, en el cual hay que dejar claro a la ciudadanía que todavía no ha ingresado ningún proyecto ni de planta, ni de tranque, solamente hay una solicitud de mensura respecto a determinadas pertenencias que están dentro de la legalidad y corresponden en un país minero como Chile, que quiere atraer inversiones que se respete» agregó el seremi.

Según Vega hay que respetar la legalidad en los procesos y abrir las puertas para que la inversión llegue a la región, «sobre todo no podemos negar las plazas de trabajo para la gente, hay que ser categórico y hacer un poco de memoria el desarrollo y progreso que tuvo la minera El Indio para la conurbación La Serena y Coquimbo, en la cual se le cambió la cara a nuestra región gracias a minería» acotó.

«Sin escuchar a las partes ni tener un diálogo previo, no podemos como autoridades decir no a un sector, acá somos una región que quiere desarrollar emprendimientos, quiere atraer inversiones y lo primero que hacemos como autoridad política de este sector es garantizar que exista el respeto a la legislación» puntualizó.

Por su parte, Carlos Castillo, presidente de la Asociación Gremial Minera de La Serena, comentó que «me tiene muy preocupado e indignado la actitud de las autoridades alcaldicias de Paihuano, es una actitud negativa contra la minería no una exploración puntual, declara zona libre de minería pero no sé a qué se refiere con eso, porque Paihuano se extiende hasta la cordillera donde está el proyecto El Indio, le cierra las puertas a todas las mineras no solo a una».

«Lo único que desea es hacer una concesión minera, ya no es una exploración, después viene un trámite con la autoridad de dos años para poder construir la propiedad, pero de antemano cerrar las puertas tan tajantemente, la cordillera de esa zona es muy extensa y amplia, Paihuano tiene una gran jurisdicción» añadió Castillo.

De acuerdo al presidente del gremio, «negarse de buenas y primeras, sobre todo un alcalde que es partidario de un gobierno que ha declarado el libre mercado y el fomento a los desarrollos mineros, me parece muy extrema la actitud».

Castillo apunta al diálogo como clave en el proceso, «Chile es un país minero, por lo tanto tenemos que dialogar porque es como que mañana nos opusiéramos a algún tipo de agricultura, nadie puede decir tajantemente yo declaro libre esta zona, no es así, la minería ha sobrevivido por siglos en este país por lo tanto la actividad puede continuar con limitaciones, reglas, pero tiene que sobrevivir porque de una manera u otra somos parte de la sociedad».

Respuesta del alcalde: «Existen temas de voluntades»
Si bien desde el municipio se habían referido al tema a través de un comunicado, Diario LA REGIÓN conversó con el alcalde de Paihuano, Hernán Ahumada, quien señaló que «cuando esta noticia se hizo pública, los grupos ambientales reaccionaron y nosotros también como comuna».

«El tema es que justamente donde esta empresa quiere hacer su estudio es donde comienza el Río Cochiguaz y eso significa que esa agua posteriormente llega al río Claro y después al Elqui, que es el agua que proporciona el suministro para Paihuano, Vicuña, La Serena, Coquimbo, o sea que toda el agua que toman los vecinos sale de ese afluente» aclaró.

Respecto a los dichos del seremi de Minería, Ahumada fue enfático en señalar que «entiendo y respeto mucho la opinión de Roberto (Vega), aparte que lo conozco hace mucho tiempo, probablemente tiene que ver los intereses de la parte económica… está bien, pero soy el alcalde de una comuna elegido democráticamente, soy nacido y criado acá, conozco cada uno de los lugares de mi tierra, aparte que hace unos meses fuimos declarados zona de interés turístico».

«Independiente de los permisos, sabemos el impacto de las mineras, pero sabemos que estaríamos tapando el sol con un dedo diciendo que las mineras no van a entrar porque tienen una ley que perfectamente pueden hacer caso omiso a todo lo que nosotros hagamos, pero sí existen temas de voluntades» agregó el acalde.
La decisión del edil fue respaldada por el concejo municipal que en sesión extraordinaria, desarrollada el pasado lunes, mostró de forma unánime su rechazo a la posible instalación de empresas mineras en la alta cordillera de la comuna, específicamente en donde se ubica el Estero Derecho.

Fuente:http://www.diariolaregion.cl/seremi-y-asociacion-minera-cuestionan-posicion-de-alcalde-de-paihuano/

Más de 150 personas de los pueblos originarios del territorio Arica y Parinacota, junto a organizaciones sociales, culturales, ambientales y personas de los valles y ciudadanía en general, participaron en la “Gran Movilización por la Defensa del Territorio y Aguas: No a la Minería”, que se realizó este 27 de septiembre en Arica.

La acción autoconvocada por los pueblos de Belén, Chapiquiña, Pachama, Copaquilla, Lupica, Saxamar, Tignamar, Guallatire, Livilcar, Zapahuira, Socoroma, Putre, Caquena, Timar, Pachica y el valle de Azapa, buscó visibilizar la oposición de los pueblos a la minería que amenaza las formas de vida tradicionales y afectación al medioambiente, exigiendo al gobierno que reconozca los territorios ancestrales y no los apropie como fiscales. Asimismo, cuestionaron el Plan Maestro de Repoblamiento para Parinacota que anunció el gobierno, estrategia que no cuenta con la participación de los pueblos.

Marcha

La movilización pacífica partió en la plaza Los Leones donde se dirigió hasta SERNAGEOMIN, organismo que recibe las solicitudes de exploraciones minera; luego las y los manifestantes llegaron a la CONAF institución pública a la que emplazaron a informar los daños de flora y fauna que están realizan los proyectos mineros que hoy están afectando a la Región. Por calle Juan Noé la marcha se detuvo en CONADI, Poder judicial y oficinas de enlace de las comunas de Camarones y Putre, ocasión donde se solicitó a las autoridades comunales que expresen públicamente su postura ante la minería y apoyen en esta lucha a los territorios.

Finalmente, la movilización llegó al frontis de la Intendencia Regional para hacer entrega de una carta donde se exige que: el Ministerio de Bienes Nacionales reconozca el derecho a la propiedad y a la posesión de los territorios que tradicionalmente han ocupado las comunidades indígenas territoriales en esta región, dando cumplimiento a la titulación de los territorios al amparo de la normativa internacional.

La reforma al Código de Agua reconozca la propiedad y el uso que ancestralmente hacen las comunidades indígenas territoriales de la región, respetando nuestra cosmovisión indígena.

La reforma al Código de Minería la cual otorga concesiones mineras en territorios indígenas, dañando irreparablemente nuestro patrimonio cultural y natural, vulnerando nuestro derecho a la consulta previa, libre e informada.

Y eliminar la minería como eje de desarrollo en la región de Arica y Parinacota y, en nuestros territorios, respetar nuestro derecho a decidir nuestro propio desarrollo.

Cabe destacar que la Gobernación Provincial no autorizó el recorrido solicitado, a pesar que la carta fue enviada hace más de 15 días de anticipación, hecho que los pueblos calificaron de arbitrario y discriminatorio. Según las y los organizadores, no descartan realizar las acciones pertinentes por vulneración de derecho a la libertad de expresión a los pueblos originarios.

COMUNICADO PUBLICO

Los pueblos precordilleranos y cordilleranos, comunidades indígenas aymaras y quechuas, y las organizaciones sociales, culturales, ambientales y de los valles de la región de Arica y Parinacota, autoconvocados en la ciudad de Arica, en el marco de la defensa de los DERECHOS TERRITORIALES establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la jurisprudencia desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, manifestamos lo siguiente:

Que el actual gobierno del Presidente Sr. Sebastián Piñera, tiene el deber de reconocer el derecho a la propiedad y a la posesión de los territorios que tradicionalmente han ocupado las comunidades indígenas territoriales en esta región, donde su fundamento no descansa en la existencia de un título o una inscripción en el Registro Público de Tierras Indígenas de la CONADI, sino, en la ocupación y el uso tradicional que de las tierras y territorios han hecho o hacen desde tiempos inmemoriales.

Que el gobierno tiene el deber de tomar las medidas que sean necesarias para regularizar la propiedad territorial, con el fin de garantizar su debida protección y dar solución a las legítimas reivindicaciones territoriales, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 del Convenio 169 de la OIT.

Que la titulación de territorios indígenas, ya tiene precedentes en los gobiernos anteriores, que mediante la acción del Ministerio de Bienes Nacionales y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena lograron titular territorios indígenas en la segunda región, situación que demuestra que solo se requiere de voluntad política del actual gobierno para delimitar los territorios de las comunidades indígenas territoriales de esta región.

Las comunidades indígenas rechazamos la doctrina de la negación que realiza el Gobierno en materia territorial, al establecer que nuestro sistema jurídico no reconoce el “dominio por preexistencia o ancestralidad”, desconociendo la dimensión colectiva y espiritual; relación especial que poseen nuestras comunidades indígenas territoriales. Asimismo, condenamos la separación de la tierra y el agua, establecida en el Código de Aguas, pues la correspondencia de ambas es necesaria para la supervivencia, desarrollo y continuidad de nuestras formas de vida.

Exigimos la derogación del Decreto Exento Nº215 emitido por el Ministerio de Bienes Nacionales que destina aproximadamente 9.000 hectáreas al Ministerio de Defensa para la instrucción y entrenamiento militar de la VI División del Ejército, territorios que le pertenecen histórica y ancestralmente a la Comunidad de Socoroma.

La comunidades indígenas territoriales rechazamos como eje de desarrollo la minería en nuestros territorios, ya que se contrapone a nuestra visión de desarrollo basada en la agricultura, ganadería y el turismo patrimonial, decisión que se toma bajo el amparo de los derechos a la autonomía territorial y la libre determinación, establecido en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

En consecuencia, rechazamos la exploración minera de la empresa transnacional Rio Tinto Mining and Exploration Ltda., en territorio de la comunidad territorial de Belén, debido a que afecta su forma tradicional de vida, provoca un daño irreparable al patrimonio cultural y natural existente en su territorio y genera división en su comunidad.

Por lo tanto, exigimos al gobierno, a través su representante en la región, la Intendenta Sra. María Loreto Letelier Salsilli, lo siguiente:

1. a) Que el Ministerio de Bienes Nacionales reconozca el derecho a la propiedad y a la posesión de los territorios que tradicionalmente han ocupado las comunidades indígenas territoriales en esta región, dando cumplimiento a la titulación de los territorios al amparo de la normativa internacional.
2. b) Que la reforma al Código de Agua reconozca la propiedad y el uso que ancestralmente hacen las comunidades indígenas territoriales de la región, respetando nuestra cosmovisión indígena.
3. c) La reforma al Código de Minería la cual otorga concesiones mineras en territorios indígenas, dañando irreparablemente nuestro patrimonio cultural y natural, vulnerando nuestro derecho a la consulta previa, libre e informada.
4. d) Eliminar la minería como eje de desarrollo en la región de Arica y Parinacota y, en nuestros territorios, respetar nuestro derecho a decidir nuestro propio desarrollo.

Los pueblos precordilleranos y cordilleranos, comunidades indígenas aymaras y quechuas, y las organizaciones sociales, culturales, ambientales y de los valles de la región de Arica y Parinacota, continuaremos con el proceso de defensa y protección de nuestros territorios y aguas, no cederemos ante la arremetida de proyectos mineros y no descansaremos hasta que el Estado elimine la minería como eje de desarrollo en nuestros territorios y reconozca jurídicamente nuestros derechos territoriales ancestrales.

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Si se puede. Ahí donde la dictadura, la Concertación, la Nueva Mayoría y la derecha impusieron la servidumbre y el pillaje, un puñado de patriotas logra ganar una batalla en defensa de los intereses de todos los chilenos. Para ello no fue necesario recurrir a las fuerzas armadas que -se supone- están ahí para defender los intereses del país, sino a la legalidad impuesta por los propios vendepatrias. Los abogados Julián Alcayaga e Inti Salamanca, las diputadas Claudia Mix, Gael Yeomans y Camila Rojas, y el partido Poder Ciudadano logran una victoria histórica: la sumisión no es una fatalidad. Sí se puede luchar por los derechos de las amplias mayorías.
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Ayer Corfo fue notificada de la “prohibición de celebrar actos y contratos respecto del litio”, resolución fue dictada por el Ministro Alejandro Madrid, como medida cautelar solicitada en la Acción Constitucional de Nulidad de Derecho, del contrato entre Corfo y SQM, suscrito 17 de enero 2018, que entrega la mayor parte de las reservas de litio del Salar de Atacama, a la cuestionada empresa SQM.

La acción fue presentada por las diputadas, Claudia Mix (Poder), Gael Yeomans (Izquierda Libertaria), Camila Rojas (Izquierda Autónoma) y el Partido Poder Ciudadano, representado por su presidenta Karina Oliva, y patrocinada por los abogados Julián Alcayaga e Inti Salamanca.

Esta acción de nulidad de derecho público, del contrato Corfo-SQM, se fundamenta en el hecho que dicho contrato infringe el inciso décimo del numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, los artículos 5° y 6° del DL 2.886 de 1979; el artículo N° 3 de la Ley 18.097 Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras; y los artículos 7 y 8 del Código de Minería, normas que establecen que el litio no es concesible, y que solo puede ser explotada por el Estado, o mediante concesiones administrativas o contratos especiales de operación, con los requisitos y bajo las condiciones que el Presidente de la República fije, para cada caso, por decreto supremo.
Importantes consecuencias

En aplicación de la medida cautelar, Corfo no podrá licitar este año, como lo tenía programado, la adjudicación de la cuota de litio para su industrialización, ni podrá crear el Centro de Transición Energética para el desarrollo del litio, ni ningún otro acto que tenga relación con el litio.

Adicionalmente, el ingreso de Tianqi a SQM queda en la cuerda floja, porque si el recurso es finalmente aceptado por la justicia, SQM ya no podrá explotar el litio del Salar de Atacama, lo que reduce considerablemente el valor de SQM, cuyo valor actual, sin el litio, se reduce a una mínima expresión.
Contexto

Como es sabido y pese al escándalo provocado al conocerse que SQM había pagado coimas a un amplio espectro de la clase política, la CORFO otorgó –el 17 de enero de 2018– la mayor parte de las reservas de litio chileno del Salar de Atacama, a la cuestionada empresa SQM, a la que Corfo le otorga un aumento de la cuota de extracción de 349.553 toneladas de litio metálico equivalente (LME) hasta fines del año 2030, triplicándose la cantidad permitida por contratos previos.

Además, en casi todo el Salar, le otorga derechos de aprovechamiento de aguas; se obliga a no permitir la exploración y explotación minera a otras empresas, y no permite que el Presidente de la República pueda licitar la explotación del litio. Todo lo cual es inconstitucional e ilegal.

En 1940, el artículo 6° de la Ley 6.482, reservó al Estado los yacimientos que contuvieran fosfatos y sales potásicas, y no permitía que algún particular pudiera constituir pertenencias mineras de ningún tipo en dichos yacimientos. El Salar de Atacama era el principal de esos yacimientos, por esta razón, cuando Anaconda quiso constituir 75.000 pertenencias de cobre, hierro y “otras substancias”, en dicho salar, no se le otorgaron las concesiones porque el yacimiento estaba reservado al Estado. Sin embargo, Corfo si pudo constituir 59.820 pertenencias OMA en el Salar de Atacama, en 1977, solo en razón que no es un particular, sino un ente del Estado.

En 1979, se dictó el DL 2.886, que reservó al Estado la explotación del litio, con la única excepción de las pertenencias que estuvieran constituidas por “particulares”, con anterioridad al año 1979. Las pertenencias OMA de Corfo, constituidas en 1977, no podían quedar exceptuadas de la reserva al Estado, porque la excepción solo concernía a los “particulares”.

Desde el término de la Guerra del Pacífico, el Salar de Atacama pasó a ser propiedad del Estado de Chile, y por un decreto de 1884, en terrenos del Estado, que incluye el Salar de Atacama, los nitratos y sales análogas quedaban reservados al Estado, lo que fue refrendado por los Código de Minería de 1888, 1930 y 1932. En 1940, la Ley 6.482 reservó al Estado todo el yacimiento del Salar de Atacama por contener fosfatos y potasio, y prohibía que los particulares pudieran constituir pertenencias de ningún tipo. En 1979, el DL 2.886 reservó al Estado el litio, con la sola excepción de los particulares que tuvieran constituidas pertenencias con anterioridad.

En suma, por disposiciones legales, desde que el Salar de Atacama pasó a pertenecer al Estado chileno, nunca un particular pudo constituir pertenencia minera hasta que en 1979, el DL 2.886 reservó al Estado la explotación del litio.

Esta es la razón principal por la que Corfo no puede otorgar derechos de explotación en el litio, porque la Constitución solo faculta para ello, al Presidente de la República.

https://madmimi.com/p/b7e6ec?fe=1&pact=18201660-147337130-7449218253-e0ba7af30e02c41994022f4855dc130aafe8b412

Los impactos de la minería a nivel global y los pasivos ambientales y en la salud de las personas que dejaron las explotaciones Las Chivas de Puerto Sánchez, Silva de Puerto Cristal y Escondida de Puerto Guadal fueron el centro de la exposición de Sara Larraín en el seminario “Agua, minería y agricultura: ¿Una relación virtuosa?” realizado este sábado en Puerto Ingeniero Ibáñez. La directora del programa Chile Sustentable sería una de las panelistas del encuentro, junto con la empresa Laguna Gold que impulsa el proyecto “Terrazas” en el área y el Servicio de Evaluación Ambiental, instituciones que formalmente se restaron de participar.

La especialista apuntó a la necesidad de la comunidad de informarse sobre las iniciativas que se pretenden materializar en su territorio, rol que debiera asumir el Estado pero que en la práctica no ocurre. “El Estado debiera asumir una incorporación de las comunidades locales en la definición de su propio desarrollo.  No es el establishment de funcionarios, sino en cada uno de los territorios debieran ser las personas el ente primordial que decide sobre su propio desarrollo” explicó.  En este sentido, puntualizó que “en la medida que asume las consecuencias asume la responsabilidad sobre la decisión de lo que va a ser este territorio durante su vida y durante la vida de sus hijos y nietos”.

En este sentido, recordó el proceso de ratificaciones nacionales del Acuerdo de Escazú (suscrito en el marco de la Asamblea General de la ONU) que se inicia el 27 de septiembre y que apunta al acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.  Algo que en el caso de Aysén con los proyectos mineros que se proyectan no ha ocurrido.

Esto es más grave aún cuando “en el caso del extractivismo, como la minería de minerales sólidos o de líquidos como el petróleo, todas las experiencias del mundo muestran una devastación ambiental que va junto con una devastación social y cultural” concluyó Sara Larraín

El encuentro, en el cual participaron unas 80 personas, fue organizado por la agrupación local “Puro Ibáñez”.  Su vicepresidenta Mirza Hernández expresó su satisfacción por el interés generado.  “No esperábamos que llegara tanta gente como la que vino y ojalá que para la próxima actividad haya muchos más participantes.  Fue algo bonito, con harta participación. Fue bueno, muy bueno” indicó.

Para la vecina Rayén Cayún, la actividad fue interesante. “Primera vez que tenemos un debate de esta índole, porque finalmente se convirtió en un debate, lo cual es importante porque es bueno que todos expongamos de alguna manera nuestros puntos de vista, con respeto” indicó.  La relevancia está dada, en su opinión, en que “hay muy poca información. Somos generalmente un pueblo, o un ciudadano mejor dicho, desinformado y se agradece el interés de haber llegado hoy acá a nuestra convocatoria de seminario.  Estamos muy contentos de que nos hayamos unido hoy día”.

Presente estuvo también el consejero regional y médico Rodrigo Araya, quien lamentó la ausencia tanto de representantes del Estado como de la minera Laguna Gold, controladora de El Toqui, que está tramitando una declaración de impacto ambiental para instalar 101 plataformas de prospección minera a 3,5 kilómetros de Puerto Ingeniero Ibáñez. Sin embargo aquello, “la exposición fue clara. Sara Larraín hizo un catastro completo de la realidad e impacto ambiental de las mineras en el país y a nivel mundial.  Nos vamos con una imagen muy clara sobre los riesgos o lo difícil que es, o imposible diría yo, que la minera funcione en un lugar sin afectar la ecología, el agua, el medioambiente, sin afectar la actividad agrícola de esa localidad”.

Agregó Araya que “eso hay que seguir investigándolo, porque hay más áreas que es necesario investigar” sobre la compatibilidad entre minería, agua y agricultura.

La avanzada del oro en la cuenca del Chelenko

Uno de los aspectos que más llamó la atención a los asistentes, además de la información sobre los pasivos ambientales producto de los relaves abandonados alrededor del lago General Carrera y los inactivos en la zona de Alto Mañihuales, fue ver el contexto general de iniciativas mineras que se proyectan en el área.

Actualmente existen las operaciones de Cerro Bayo (de la canadiense Mandalay Resources), paralizada luego de la muerte en 2017 de dos trabajadores en las faenas Delia 2. Sin embargo, desde fines de agosto tiene aprobada una declaración de impacto ambiental para rehabilitar la mina Javiera, a pocos kilómetros de Bahía Jara.

Por su parte la australiana Equus Mining, a través de Southern Gold, pretende desarrollar el proyecto “Los Domos”, adyacente a la actual reserva nacional Jeinimeni, en terrenos fiscales que serían parte del Parque Patagonia y a escasos kilómetros del circuito turístico Cueva de las Manos/Piedra Clavada/Valle Lunar y en una zona de alto interés paleontológico y arqueológico.  La compañía también tiene intereses en el sector Cerro Diablo, cerca de Puerto Ingeniero Ibáñez.

También en las cercanías de la localidad está la zona del proyecto Estero, del gigante minero canadiense Goldcorp.

Y, por último, se encuentra la australiana Laguna Gold, propietaria de El Toqui, que bajo el proyecto Pirámide, pretende incursionar con las operaciones de “Terrazas” y otras en Península Levicán y en dos sectores de los alrededores de Puerto Ingeniero Ibáñez.

Fuente:http://www.cronicadigital.cl/2018/09/25/todas-las-experiencias-mineras-del-mundo-muestran-devastacion-ambiental-junto-con-devastacion-social-y-cultural-sara-larrain/

En abril pasado, el Gobierno de Sebastián Piñera le dio un espaldarazo a la implementación de tronaduras, las que se desarrollarán cuatro veces a la semana, lo que generó polémica entre los opositores del proyecto.

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) autorizó el uso de tronaduras en la mina Invierno, ubicada en la Isla Riesco, Región de Magallanes, a pesar del rechazo de organizaciones medioambientales.

Con la decisión del SEA, se revierte lo expresado en enero pasado por la Comisión de Evaluación Ambiental de Magallanes, quien con el voto del ex intendente Jorge Flies, rechazó las tronaduras en la zona.

Nelly Núñez, directora regional subrogante del organismo, explicó a radio Cooperativa que se permite “la incorporación de tronadura como método complementario en la extracción mecánica de material estéril en Mina Invierno”.

Sin embargo, quienes estén en contra de lo resuelto por el SEA, tienen un plazo de 30 días para apelar ante el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia.

Ya en abril pasado, el gobierno se había mostrado a favor de las tronaduras en la zona, lo que generó el rechazo de los contrarios al proyecto minero.

En abril pasado, el Gobierno de Sebastián Piñera le dio un espaldarazo a la implementación de tronaduras, las que se desarrollarán cuatro veces a la semana, lo que generó polémica entre los opositores del proyecto.

La mina Invierno es propiedad del grupo Copec y Ultramar, está ubicada en la Isla Riesco y ocupa una superficie de 1.508 hectáreas.

Fuente:https://www.eldinamo.cl/ambiente/2018/09/24/servicio-de-evaluacion-ambiental-autoriza-uso-de-tronaduras-en-mina-invierno-de-isla-riesco/