Rolando Alza 29/05/2025
La explotación se podrá realizar exclusivamente entre junio y noviembre de 2025 en seis polígonos ubicados fuera del Monumento Natural.

Entre los requisitos exigidos a Quiborax destaca la entrega de un Plan de Trabajo detallado que delimite con precisión los polígonos de extracción.
El Primer Tribunal Ambiental resolvió modificar parcialmente la medida cautelar que regía desde septiembre de 2024 sobre las operaciones de Quiborax en el Salar de Surire, en la Región de Arica y Parinacota. La nueva resolución autoriza la carga, retiro y transporte del material acopiado en el salar, así como una explotación limitada de ulexita fuera del Monumento Natural “Salar de Surire”, bajo estrictas condiciones ambientales y conforme a un Plan de Trabajo que deberá presentar y validar la empresa.

La decisión se tomó tras la audiencia de revisión celebrada el 13 de mayo, donde participaron las partes de la causa y terceros coadyuvantes. Con dos votos a favor y uno en contra, el Tribunal permitió extender la autorización excepcional para nivelación de áreas intervenidas en 2024 y el retiro de ulexita hasta noviembre de 2025. Además, se aprobó un régimen de explotación restringido en sectores definidos fuera del área protegida, siempre bajo condiciones técnicas, ambientales y de monitoreo ya establecidas.

Entre los requisitos exigidos a Quiborax destaca la entrega de un Plan de Trabajo detallado que delimite con precisión los polígonos de extracción, incluya estudios topográficos, caracterización ambiental y de fauna, e identifique impactos y riesgos. El plan también deberá contemplar el procedimiento técnico para la nivelación pos-extracción y un sistema de monitoreo de zonas de exclusión, priorizando la protección de especies sensibles como los flamencos y la preservación de los cuerpos de agua y la napa freática.

El fallo responde a un cambio de circunstancias respecto a las condiciones que motivaron la paralización total en 2024 y busca equilibrar el principio de proporcionalidad en la aplicación de medidas cautelares. El Tribunal consideró que, al estar acotada en tiempo y espacio, la propuesta de Quiborax permite reducir los riesgos ambientales, integrando exigencias de conservación compatibles con los objetivos del sitio Ramsar en el Salar de Surire.

La explotación se podrá realizar exclusivamente entre junio y noviembre de 2025 en seis polígonos ubicados fuera del Monumento Natural. La resolución impone medidas específicas como la restricción de profundidad de extracción a un máximo de 60 cm, la delimitación de zonas de exclusión alrededor de cuerpos de agua y nidos, la elaboración de inventarios de fauna y protocolos de paralización en caso de detectar especies sensibles, con el fin de minimizar los impactos ecológicos.

Cabe recordar que la medida cautelar original, decretada en septiembre de 2024, paralizó completamente las actividades de Quiborax dentro del sitio Ramsar del Salar de Surire. Aunque se permitió mantenimiento y conservación, la paralización se mantuvo hasta mayo de 2025. En la actualidad, sigue vigente la prohibición total de operaciones dentro del área protegida del Monumento Natural, mientras que toda actividad fuera de ella queda supeditada a la aprobación del plan exigido por el Tribunal.
https://www.rumbominero.com/chile/tribunal-ambiental-flexibiliza-restricciones-a-quiborax/

Diego Del Barrio Vásquez 28/05/2025
La opacidad en torno al informe de Morgan Stanley, cuyos fundamentos y proyecciones permanecen confidenciales, impide la evaluación independiente y rigurosa del acuerdo. La falta de acceso a información clave, como las estimaciones de precios y escenarios de demanda, imposibilita la verificación de los supuestos sobre los que se sustenta la rentabilidad estatal y la magnitud de eventuales pérdidas fiscales superiores a US$ 11.000 millones.

El manejo del litio en Chile, particularmente la reciente adjudicación del Salar de Atacama, revela deficiencias significativas desde una perspectiva de economía institucional y gobernanza de recursos naturales. La ausencia de un proceso licitatorio competitivo representa una renuncia explícita a los principios de eficiencia y maximización del valor público. En mercados donde los recursos estratégicos atraen inversiones globales de alto calibre, la adjudicación directa limita la posibilidad de obtener mejores condiciones contractuales para el Estado, reduce incentivos para la innovación tecnológica y ambiental, y debilita los mecanismos de comparación técnica y financiera entre oferentes.

La exclusión de los accionistas minoritarios de SQM en decisiones de alto impacto constituye una vulneración a los estándares de buen gobierno corporativo. Los marcos regulatorios modernos enfatizan la importancia de la participación y la protección de los derechos de todos los accionistas, no solo de los controladores, para asegurar una gestión alineada con el interés colectivo y la sostenibilidad a largo plazo. Ignorar estas voces debilita la legitimidad de las decisiones y expone a la empresa a riesgos reputacionales y regulatorios.

Adicionalmente, la opacidad en torno al informe de Morgan Stanley, cuyos fundamentos y proyecciones permanecen confidenciales, impide la evaluación independiente y rigurosa del acuerdo. La falta de acceso a información clave, como las estimaciones de precios y escenarios de demanda, imposibilita la verificación de los supuestos sobre los que se sustenta la rentabilidad estatal y la magnitud de eventuales pérdidas fiscales superiores a US$ 11.000 millones. Este déficit de transparencia contradice las mejores prácticas internacionales en la administración de recursos naturales, donde la publicación íntegra de estudios y contratos es condición esencial para la rendición de cuentas y la confianza pública.

Desde la teoría económica, una gobernanza eficiente de recursos estratégicos exige:

1. Procesos licitatorios abiertos que maximicen la competencia y el valor para el Estado.
2.Mecanismos de consulta y control interno que garanticen la participación de todos los grupos de interés.
3.Transparencia plena en la información relevante para permitir el escrutinio público y la toma de decisiones informada.

La ausencia de estos elementos no solo debilita la credibilidad institucional de Chile como gestor de sus recursos, sino que también compromete el desarrollo sostenible y la equidad intergeneracional. Solo restableciendo la competencia, la participación y la transparencia se podrá proteger efectivamente el interés público y consolidar una gestión responsable del litio.
https://interferencia.cl/articulos/el-litio-sin-concurso-transparencia-en-sombras

www.olca.cl
Mayo ha sido el mes preferido de las empresas mineras estatales de Chile para anunciar sus alianzas estratégicas y dar rienda suelta a la explotación y extracción del litio en el marco de implementación de la Estrategia Nacional del Litio (ENL). Tras dos años desde su lanzamiento, los frutos van dirigidos a los mismos bolsillos de siempre.

Así se ha podido observar desde la semana pasada, luego que Río Tinto fuera declarada como la transnacional favorita de la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) y la Empresa Nacional de Minería (Enami) para asociarse en la explotación de humedales altoandinos.

En el caso de Codelco, Rio Tinto fue la empresa electa para desarrollar el proyecto de litio en el Salar de Maricunga, el cual ha recibido el nombre de «Proyecto Paloma». De igual forma, como doblete, Enami apostó por Rio Tinto para desarrollar el proyecto Salares Altoandinos, el cual reúne a los ecosistemas de Aguilar, La Isla y Grande, agregando al contexto que días previos, Codelco y Rio Tinto anunciaron un nuevo acuerdo de colaboración destinado a acelerar el potencial desarrollo del distrito minero en torno a Nuevo Cobre, en la Región de Atacama.

La asociación entre las empresas estatales y la minera angloaustraliana no ha pasado desapercibida. Por el contrario, ha sido fuertemente respaldada por la clase política y el empresariado, en un contexto donde se pretende dar rienda suelta al actuar impune de empresas extractivas en el país. Sin embargo, lo que ha pasado desapercibido es lo que existe tras Rio Tinto: un historial de impactos, denuncias y conflictividad, que hoy aterriza en Chile de la mano con el Estado.

Rio Tinto es un viejo conocido en Chile. Antes de la alianza con Codelco y Enami, la transnacional ha sido socia de la minera BHP en el proyecto Escondida con un 30% de participación en acciones; la misma empresa que acumula dos demandas del Consejo de Defensa del Estado, una por provocar un deterioro grave, permanente e irreparable del acuífero, de las vegas de Tilopozo y de la fauna en el Salar de Atacama, y la segunda por el daño ambiental continuo, acumulativo, permanente e irreparable del Salar de Punta Negra, además de afectar los sistemas de vida de la comunidad indígena de Peine. De igual forma, la transnacional favorita del Estado chileno cuenta con el Proyecto Trinidad, ubicado en la comuna de Putre, frente al cual se desarrolló un importante proceso de conflicto ante el rechazo de la comunidad de Belén.

Sin embargo, Chile no es la única. Río Tinto ya ha estado operando en Argentina, con el desarrollo de una planta piloto en su proyecto Rincón, desde marzo de 2022 (formalmente), cuando la compañía completó la adquisición del yacimiento ubicado en el Salar de Rincón, provincia de Salta. El valor de la inversión fue por 825 millones de dólares, y la misma empresa anunció que actualmente se encuentra en etapa de expansión comercial. La incursión de la empresa ha causado gran alerta en las comunidades, desde un principio, ya que es una zona con déficit hídrico en el país.

Colombia es otro país donde Río Tinto tuvo participación en actividades extractivas. La empresa estuvo involucrada en el proyecto de exploración minera Mandé Norte/Murindó, ubicado en los límites de los departamentos de Chocó y Antioquia. Este proyecto fue desarrollado en asociación con la empresa Muriel Mining Corporation, con sede en Denver, Colorado (Estados Unidos). Las comunidades indígenas denunciaron una serie de violaciones graves a sus derechos ante la Defensoría del Pueblo en el 2009, como: falta de reconocimiento legal de sus tierras ancestrales, militarización del territorio, limitación del movimiento en la zona, desplazamiento forzado, intimidación, pérdida de los bosques, y profanación de cerros sagrados

Ante la creciente presión social y las denuncias, Rio Tinto cerró su oficina en Colombia y declaró no tener una participación activa en el proyecto Mandé Norte. Desde entonces, la empresa no ha reportado nuevas operaciones mineras en Colombia.

Pero no solo en América Latina (Ver ANEXO Fuentes y Links) esta transnacional posee un icónico historial de conflictividad, impactos y denuncias. A continuación, se sistematizan casos donde Río Tinto fue protagonista de cuestionamientos en distintos lugares del planeta; un historial que, pareciera ser, no se consideró al momento de establecerlo como alianza estratégica.

– En Bougainville, Papua Nueva Guinea, se les atribuye delitos ambientales y crímenes de Guerra , ya que Río Tinto operó la mina de cobre Panguna (1969-1989), la cual causó una contaminación masiva y provocó una guerra civil (1988-1998).  La mina arrojó desechos tóxicos a los ríos, destruyendo tierras de cultivo y pesquerías.  De igual forma tuvo una presunta complicidad con el ejército de Papúa Nueva Guinea, en violencia contra manifestantes locales.

– En Oyu Tolgoi, Mongolia, incurrieron en agotamiento del agua y violaciones de los derechos indígenas. La mina de cobre que operaban fue acusada de agotar las aguas subterráneas, amenazando el sustento de los pastores. En medio del conflicto, hubo protestas indígenas, en las que las comunidades locales denunciaron falta de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI).

– En Juukan Gorge, Australia, destruyen sitios indígenas sagrados. En 2020, Río Tinto hizo estallar refugios rocosos aborígenes de 46.000 años de antigüedad en Australia Occidental para expandir una mina de mineral de hierro.  La destrucción ocurrió a pesar de las advertencias del pueblo Puutu Kunti Kurrama y Pinikura (PKKP).

– En Simandou, Guinea, el proyecto de mineral de hierro ha sido vinculado a escándalos de corrupción por sobornos pagados a funcionarios guineanos para garantizar los derechos mineros, y desplazamiento forzado de comunidades.

– En Arizona, Estados Unidos, la tierra sagrada de los pueblos originarios corre el riesgo con la intervención de Río Tinto. El proyecto minero Resolution Copper, es una amenaza para Oak Flat, un sitio sagrado para el pueblo Apache.   En 2021, el gobierno de EE. UU. aprobó la mina a pesar de la oposición indígena.

– Al sureste de Madagascar, en la región de Anosy, la empresa opera produciendo la deforestación y contaminación del agua. La mina de ilmenita QIT Madagascar Minerals (QMM) de Río Tinto fue acusada de destrucción de bosques biodiversos        y fuentes de agua contaminantes que afectan a las comunidades locales.

– En Indonesia, se les acusó de vertido de residuos tóxicos, al ser antiguo accionista de la mina Grasberg, una de las más contaminantes del mundo.  La mina arrojó millones de toneladas de desechos tóxicos a los ríos.

– En Sudáfrica, Richards Bay Minerals, RBM de Río Tinto ha enfrentado disturbios laborales, y acusaciones de suprimir los derechos de los trabajadores.

– En Serbia, con Jadar Lithium Project, Rio Tinto propuso un proyecto de mina de litio para extraer materias primas para baterías de vehículos eléctricos, lo que ocasionó que estallaran protestas públicas masivas debido a temores de daños ambientales, particularmente al suministro de agua y la agricultura. Estas manifestaciones fueron alimentadas por la desconfianza hacia las empresas mineras debido a desastres ambientales previos en la región. En enero de 2022, el gobierno serbio revocó los permisos de Rio Tinto para el proyecto, y este tuvo que suspenderlo indefinidamente, aunque en julio de 2024, el poder ejecutivo revive el proyecto.

Así las cosas, vale la pena siquiera preguntarse si es que el Estado chileno debe sostener a una empresa, con este historial internacional, como su brazo derecho en su cruzada por el litio. En este sentido, estas alianzas asociativas impulsadas por Enami y Codelco se dan en un contexto cruzado por una ausencia generalizada de transparencia en lo que es la implementación de la Estrategia Nacional del Litio. Reflejo de aquello, ha sido el reciente informe de la Comisión investigadora del acuerdo entre Codelco y SQM, donde se solicita “dejar sin efecto el acuerdo de asociación suscrito entre Codelco y SQM para la explotación del litio en el Salar de Atacama y la compra de la mina Salar Blanco en Maricunga”, como también la necesidad de revisar el proceso de consulta indígena involucrado.

Los contratos de Codelco y Enami con Rio Tinto, siguen sumando dudas respecto a los objetivos de la Estrategia Nacional del Litio y su implementación. Se ha priorizado el aumento de la extracción de Litio y la captura de renta a corto plazo, privilegiando contratos dudosos como Codelco con SQM y Rio Tinto, o la compra de Salar Blanco Lithium Power International (LPI) en Maricunga. A esto se suman procesos de participación desvinculados de la toma de decisiones, consultas indígenas express, una Empresa Nacional del Litio que pasa al olvido, un Instituto de Investigación de Salares centrado en cómo explotarlos y no como conservarlos, la fracasada apuesta china a la agregación de valor, grandes dudas de la Transparencia y como se está resguardando el Patrimonio Natural, territorial y comunitario, que nos muestran que hay que ralentizar la máquina y reevaluar la ENL y su implementación.

Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA

Mario Antonio Guzmán | 25/04/2025
Dos actores han tenido mayor visibilidad pública criticando los pasos del acuerdo entre Codelco y SQM: Tianqi y Francisco Javier Errázuriz. En los pasillos del Congreso y tiendas políticas, se dice que ambos activaron un fuerte lobby en el Legislativo para motivar la conformación de una Comisión Especial Investigadora en la Cámara, que ya está en desarrollo y debería entregar su informe en el mes de mayo, a lo que hoy se suma la pregunta: ¿Habrá sido Errázuriz el orejero de Matthei?
Este jueves 24 de abril, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó, en Fase 1 de investigación y sujeta al cumplimiento de una serie de medidas de mitigación, la operación para extraer litio del acuerdo de asociación público-privado entre la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) y la Sociedad Química y Minera de Chile S.A (SQM).

Codelco y SQM recibieron con alivio la decisión de la FNE de autorizar la Fase 1 de la explotación en los salares, conforme con la Estrategia Nacional del Litio, en esta línea de negocios en paralelo al cobre, cuyo objetivo será la explotación, procesamiento y comercialización del mineral no metálico.

SQM, por su parte, consolida su posición de negocios con una de sus principales actividades en los últimos años, como ha sido la explotación, refinación y comercialización de productos de litio y otros minerales.

Pero esta historia que parece solo comercial, tiene varias trastiendas políticas detrás, como también un juego de miles de millones de dólares. Si bien el precio del litio bajó ostensiblemente en los últimos meses, el mercado internacional cambió abruptamente tras la guerra de aranceles de Donald Trump.

Sigue siendo un mineral que marcará el destino de la tecnología y avances científicos en el siglo XXI, y por lo tanto, un recurso natural estratégico y una fuente de innumerables negocios. Ahí la razón profunda sobre por qué preocupa tanto qué pasará con esta alianza Codelco-SQM.

Los traspiés de la candidata Evelyn Matthei
Las últimas declaraciones sobre este negocio, o “joint venture”, que ha emitido Evelyn Matthei provocaron varios remezones. Y hace un par de días mismo, la exalcaldesa y exministra, volvió a la carga al comentar la decisión de la FNE.

«Ese es un tema no más, lo que a mí me preocupa es si esto es en los mejores intereses de Chile» insistió luego de que el gobierno, la semana pasada, le pidiera calmar las críticas por “desinformación”.

Asimismo, Matthei agregó, tras participar de su primera actividad en terreno con su nuevo jefe de campaña, el exdiputado Diego Paulsen, que «la Fiscalía Nacional se pronuncia sobre colusión o no, son cosas distintas, lo que a mí me preocupa es efectivamente el mejor interés de Chile, y en ese sentido estoy recibiendo información».

Y es que en el mercado, el “ruido” de Matthei con sus dichos demuestra que hay muchos intereses en juego en el control de la explotación del litio y hacia dónde irán las ganancias: Si al Estado o a manos privadas.

Los analistas consultados acusan que en el entorno de Matthei hay desorden, que la conducta de la propia candidata presidencial es errática, que todo lo que hace y dice ocurre mirando por el espejo retrovisor a la llamada “nueva derecha”, con Republicanos y Nacionales Libertarios, cada vez más cerca suyo en las encuestas.

Un hecho que llama la atención
Como sea, hay una acción que causó mucha extrañeza y de la que todavía no se sabe exactamente qué la motivó: la sospecha sobre el acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación del litio en el Salar de Atacama.

“He pedido a los parlamentarios de Chile Vamos que soliciten toda la información respecto del acuerdo SQM-Codelco”, dijo la candidata presidencial a través de su cuenta de X.

Matthei explicó que solicitó las diligencias para “revisar la conveniencia para el país de dicho pacto y el desarrollo futuro de esa industria en Chile”.

Esto instaló varias interrogantes, que se fueron disipando en la medida que la exalcadesa de Providencia fue pronunciándose respecto de otros temas que causaron mayor polémica.

Como la inevitabilidad de que hubiera muertos tras el golpe militar de 1973, junto con el efecto que tuvieron las rotundas respuestas del Ministro de Hacienda y el directorio de Codelco, quienes declararon que era una impertinencia politizar un proceso que está siguiendo debidamente su curso institucional, y que pone a prueba a Chile frente a un mundo ávido de minerales críticos.

De hecho, la candidata presidencial del PPD, Carolina Tohá, decidió salir al ruedo al constatar que la prestigiosa agencia Bloomberg había recogido los dichos de Matthei de una manera que, a su juicio, ponía en riesgo el prestigio del país.

Sin embargo, entre quienes siguen la discusión pública relacionada con el mercado del litio y del Salar de Atacama en particular, persiste cierta inquietud sobre el origen del caso.

Para graficar cuántos intereses hay en juego, un ejecutivo minero dijo que el cuadro se puede ver así: “Todo esto se parece a un acuario con varios tiburones adentro”.

¿Quiénes desean que el acuerdo Codelco-SQM no se haga?
Hay dos actores que han tenido mayor visibilidad pública criticando los pasos del acuerdo: Tianqi y Francisco Javier Errázuriz hijo.

De hecho, en los pasillos del Congreso y tiendas políticas, se dice que ambas partes activaron un fuerte lobby en el Legislativo, con el fin de motivar la conformación de una Comisión Especial Investigadora en la Cámara de Diputadas y Diputados, que ya está en desarrollo y debería entregar su informe en el mes de mayo.

En el caso de Tianqi, esta instancia sería una ampliación del campo de batalla que mantiene con el Grupo Pampa, por no haber llevado el negocio a consulta en junta de accionistas, pese a que el directorio en pleno, con los votos de Tianqi, en su momento dio su visto bueno para el acuerdo con Codelco.

En tanto, Errázurriz pasó de declarar públicamente su deseo de “ser socio de Codelco” a una posición de crítica absoluta respecto de los pasos que ha dado la minera estatal para cumplir con las directrices emanadas de la Estrategia Nacional del Litio, tanto en el Salar de Atacama como en el de Maricunga.

En ese contexto, a muchos llamó la atención la carta que el martes 22 de abril despachó el empresario Francisco Javier Errázuriz Ovalle al director de El Mercurio.

La afinidad absoluta entre Matthei y Errázuriz despertó suspicacias, más aún cuando los argumentos de corte más técnico planteados por la candidata presidencial, en el comentado programa de Checho Hirane en Radio Agricultura, fueron idénticos a los que Errázuriz lleva pregonando con fuerza en las últimas semanas.

Lobby feroz
En el mercado y en el Congreso Nacional se comenta que Errázuriz, siguiendo una tradición que fue muy bien expuesta por Felipe Vilchez Rubio en una reciente columna en El Desconcierto, está completamente “desplegado” en su afán por echar abajo el acuerdo entre Codelco-SQM.

¿Habrá sido Errázuriz el orejero de Matthei? Nadie se atreve a afirmarlo categóricamente, aunque existen pocas dudas de que a través de terceros puede haber hecho llegar una sugerencia.

Una muestra del ímpetu con que Errázuriz viene propugnando la revisión del acuerdo Codelco-SQM, es la influencia que, dicen en los pasillos de la sede legislativa, ha ejercido en la Comisión Especial Investigadora (CEI) N°65, cuyo mandato considera la revisión del acuerdo Codelco-SQM en el Salar de Atacama y la compra de LPI por parte de la minera estatal en el Salar de Maricunga.

Sólo así se puede explicar que el abogado Mauricio Daza, vinculado al Grupo Errázuriz desde los años de Francisco Javier Errázuriz Talavera, haya participado en dos sesiones consecutivas de la CEI, sin reconocer esa relación ni evidenciar su largo historial de pugnas contra SQM y en específico con el Grupo Pampa, liderado por Julio Ponce Lerou.

En dos sesiones completas, sin el histrionismo habitual de sus apariciones en el programa “Stock Disponible”, pero sí con bastante severidad, Daza entregó argumentos que fueron muy bien recibidos por los tres miembros de la comisión que han demostrado mayor interés por el desarrollo de la instancia: Cristián Tapia (presidente), Yovana Ahumada y Miguel Angel Calisto.

Fueron los mismos argumentos que, en una sesión posterior, el propio Francisco Javier Errázuriz declaró personalmente ante la comisión, de una manera que para quienes siguen las discusiones legislativas, evidenció un innegable nivel de concertación.

“Es la comisión de Errázuriz”, dice un parlamentario que no forma parte de la instancia, pero que ha seguido sus pormenores, pese al escaso interés que, hasta la intervención de Matthei por X, había generado entre sus pares.

El “valle productivo” de la discordia
Errázuriz y su abogado Daza, al igual que Matthei, han lamentado que no hubiera una licitación abierta en el Salar de Atacama y acusan que el llamado “valle productivo” que se generaría en caso de que se hubiese prescindido de SQM y se recurriera a un nuevo actor que tuviera que partir de cero en la producción de litio, sin infraestructura ni pozos de salmuera a su disposición, es una falacia.

El vicepresidente ejecutivo de CORFO, José Miguel Benavente, el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, el director de Codelco y ex vicepresidente ejecutivo de CORFO, Eduardo Bitran, el investigador y académico de CLAPES UC, Hermann González, todos, con diferentes enfoques y énfasis -económicos, financieros, ambientales, geopolíticos- han expuesto a la comisión por qué para el Estado resulta más beneficioso el acuerdo Codelco-SQM, que cualquier otra fórmula, y también el daño que ocasionaría al Fisco no percibir ingresos durante los años que demoraría un nuevo operador en conocer el salar e instalarse.

Pero los diputados Tapia, Ahumada y Calisto han insistido en cuestionar todos sus argumentos.

“Su posición es desconocer e invalidar todo cuanto pueda respaldar la legitimidad de un acuerdo que hasta fue publicado en la web de Codelco y que deja al Fisco con ingresos permanentes y en proporciones que no se ven en ningún otro país que produzca minerales críticos. Sólo Errázuriz es tan duro como ellos. Ni siquiera los chinos de Tianqi miran mal el negocio. De hecho, lo único que quieren los chinos es involucrarse más”, concluye un asesor parlamentario que sigue los temas mineros.

La decisión de la FNE de este jueves, puso paños fríos a los análisis de estos agoreros, pero no será el fin de una soterrada guerra comercial y política que ha suscitado el control del litio en Chile.

Y eso que aún no se abren las ventanas de la esfera judicial, donde también podrían darse recursos y acciones legales tratando de frenar el pacto entre Codelco y SQM.
https://eldesconcierto.cl/2025/04/25/los-actores-tras-bambalinas-en-el-control-del-litio-en-chile-uno-de-ellos-francisco-javier-errazuriz-jr

Reuters 22/04/2025
FOTO DE ARCHIVO. Piscinas de evaporación en el salar de Atacama, Chile. Mayo, 2023. REUTERS/Iván Alvarado Purchase Licensing Rights,
SANTIAGO, 22 abr (Reuters) – Chile avanzará en un proceso simplificado para la entrega de permisos para el desarrollo de proyectos de litio en tres salares con participación privada, anunció el martes el Ministerio de Minería.
El organismo precisó que acogió a trámite solicitudes de la empresa Eramet, en el salar Agua Amarga; de Eramet, Quiborax y Codelco, en el salar Ascotán; y del consorcio Caliche Kairós, de inversiones Kairós y Cosayach Caliche, en el salar Coipasa.
El gobierno del presidente izquierdista Gabriel Boric ha impulsado un plan para aumentar el control el estatal en la industria del metal clave para baterías de autos eléctricos, que también incluye el ingreso de privados.
«Una vez concluidas las consultas indígenas en curso y dictado el decreto supremo que fija los requisitos y condiciones del CEOL (Contrato Especial de Operaciones), en caso de existir acuerdo con los solicitantes se firmará el CEOL», dijo el ministerio en un comunicado.
«En caso contrario, se iniciarán procesos de licitación pública, al igual que en el salar de Ollagüe, en la región de Antofagasta; y Piedra Parada y Laguna Verde, en la Región de Atacama», que no lograron acceder a procesos simplificados de asignación.
Para lograr un proceso acelerado los interesados debían acreditar propiedad de concesiones mineras igual o superior al 80% del polígono ofrecido, experiencia minera o en cualquier etapa de la cadena de valor y capacidad financiera.
Por otra parte, el ministerio informó el cierre de la etapa de diálogo de la consulta indígena para la modificación del CEOL solicitada por Codelco en el salar de Maricunga.
«Ahora resta la publicación de la resolución de cierre, que incluirá los 11 acuerdos alcanzados con las seis comunidades que fueron parte de este proceso», señaló.
Reporte de Fabián Andrés Cambero
https://www.reuters.com/latam/negocio/N4N5RM7PCROFFBOXCSWZ747K3E-2025-04-22/

Javier Arroyo Olea, Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA 20/04/2025
En un contexto sumamente favorable para la explotación minera, y profundamente adverso para las comunidades locales, la Estrategia Nacional del Litio (ENL) cumple dos años desde su lanzamiento por la administración del Gobierno encabezado por Gabriel Boric.

El 20 de abril de 2023, mediante cadena nacional, el presidente Boric anunció lo que sería el paraguas político que ampliaría una frontera extractiva con límites difusos. Durante dos años, ha sido este el motor estatal que ha llamado a empresas nacionales y transnacionales a participar de procesos de exploración y eventual extracción en humedales altoandinos en el norte del país.

El balance para la clase política y empresarial es contundente: pese a pequeñas diferencias, plantean un básico consenso en que es importante avanzar en la extracción desatada del litio, y la ENL se los permite sin mayor cuestionamiento. Pero al otro lado, comunidades y organizaciones sociales han observado con una mirada más crítica esta implementación.

Desde un cuestionado proceso de participación que no contó con aspectos mínimos de transparencia y difusión -o siquiera profundidad-, pasando por colocar a diversos salares a disposición del mercado extractivo y llegando a aliarse con uno de los principales representantes del financiamiento ilegal de la política como lo es SQM, los cuestionamientos a la ENL son parte de un emplazamiento dirigido a aquella transición energética de corte corporativo que se despliega en América Latina, la cual busca mercantilizar la crisis climática, generar grandes réditos económicos para el bolsillo empresarial, un margen de ganancia para los Estados y amplios impactos hacia las comunidades locales y la Naturaleza.

Durante dos años, esta lógica ha orientado la implementación de la ENL. En el informe “Salares en riesgo. La tramposa estrategia nacional del litio”, desde el OLCA hemos buscado aportar con un balance y lectura criteriosa respecto a lo que ha significado, en profundidad, esta decisión política. Sin embargo, hoy que se cumplen dos años de esta, y ante un escenario que ha sido favorable para los mismos bolsillos, es importante resaltar algunos puntos neurálgicos que han sido manipulados ante la opinión pública.

Conocer para explotar

Algunos de los gobiernos que potenciaron el proceso de industrialización en Chile durante la segunda parte del siglo XX han sido recordados por algunos eslóganes que enfocaron la política pública durante su administración. El “Gobernar es Educar” o “Gobernar es industrializar” son parte de aquel proceso histórico que empujó un rol activo del Estado en la economía que pretendió dar mayor valor agregado a la manufactura chilena. Hoy, esa misma lógica del eslogan puede ocuparse para caracterizar el momento político en base a lo que se plantea sobre el Instituto Nacional de Litio y Salares (INLS), un organismo que fue nombrado en la Estrategia original como “Instituto Tecnológico y de Investigación Público de Litio y Salares”, cuya función sería “la generación de conocimiento y tecnologías que permitan mejorar los procesos de extracción, producción, agregación de valor, aplicaciones y reciclaje, además de mejorar la comprensión y protección de los salares, a través de la construcción de líneas base públicas ecosistémicas”.

A dos años de este anuncio existen avances en su implementación, pero que dan cuenta de un foco donde prima el “Conocer para explotar”, no el de “Conocer para proteger”. Fue el 10 de diciembre de 2024 cuando la Contraloría General tomó razón y aprobó la constitución del INLS, llevando a cabo su primera Asamblea General el 07 de enero de 2025 y su primera sesión de Directorio se realizó el 17 de enero del mismo año. Desde el OLCA solicitamos todos los documentos que den cuenta de actas y reuniones sostenidas por el directorio, pero desde la Subsecretaría de Ciencia señalaron que estas “aún se encuentran en proceso de revisión y firma”.

Solo se pudo acceder a la primera. El acta en cuestión no contiene mucha información relevante, más que abordar elementos de gobernanza y orgánica interna de la institución, donde la presidencia del Directorio recae en Ruth Arlene Ebensperger Jessen -quien ha ejercido como directora del Comité de Minería No Metálica en la Corfo y se ha desempeñado en InverChile S.A.-. Sin embargo, fueron meses antes, en junio de 2024, cuando el organismo obtuvo sus estatutos para constituirse como una corporación de derecho privado, cuyo domicilio estará en la comuna de San Pedro de Atacama (Región de Antofagasta), determinando como objetivo “generar, aplicar y compartir conocimientos, tecnología e información, para contribuir al desarrollo sostenible de la cadena de valor de la industrial del litio y a la gestión sostenible del valor económico, ambiental y social de los salares en Chile”.

Más allá de eso, el desconocimiento respecto al avance de la implementación del Instituto es abiertamente desconocido, como así lo ha sido gran parte de la Estrategia Nacional de Litio. En esta nebulosa, pareciera ser que las líneas de investigación irían dirigidas a la lógica del “conocer para explotar”, toda vez que el llamamiento general del Gobierno ha sido la apertura de ecosistemas para su exploración y explotación con fines comerciales; más no para conocer la dinámica particular de estos frágiles ecosistemas, y mucho menos para promover el intercambio de conocimientos ancestrales sobre estos humedales.

Sin empresa nacional

El fantasma de la empresa nacional sigue recorriendo la memoria del país, pero en la práctica esto no aplica en el caso del litio. Pese a los abordajes comunicacionales, la renuncia a la empresa nacional del litio es un hecho irrefutable ante una realidad que favorece el ingreso de empresas transnacionales o fortalecer el rol de las mineras privadas chilenas; o recurrir a la no tan nueva fórmula de alianza conjunta de carácter público-privada.

Y es que esta ha sido la apuesta principal por parte de la clase política. El acuerdo entre Codelco y SQM para extender la explotación del Salar de Atacama bajo un cuestionado método de extracción como lo es la EDL (Extracción Directa de Litio), da cuenta de un pilotaje de gestión y propiedad que pretende extenderse sobre el resto de salares.

Vale la pena transportarse a diciembre de 2023, el plazo que se fijó el propio Gobierno para ingresar el proyecto de la Empresa Nacional del Litio que anunció el propio ministro Mario Marcel; un hito que a dos años de la implementación de la ENL aún no está ni cerca de materializarse. Por el contrario, colocando la carreta delante de los bueyes, a inicios de 2024 el Gobierno anunció que el acuerdo entre SQM y Codelco sentaría las bases para lo que podría ser la Empresa Nacional. De ahí, a la fecha, poco y nada se ha mencionado el tema en el debate público.

Todos los caminos apuntan a que el Gobierno, en su lógica de priorizar el discurso de la amada inversión para explotar los ecosistemas del país, ha optado por renunciar a uno de los planteamientos políticos que guarda relación con la propiedad y acceso a este bien natural. Asimismo, ha mantenido la lógica donde no se cuestionan los niveles de extracción, ni se coloca en la mesa la importancia de estos ecosistemas en el país y, mucho menos, se prioriza una discusión política en el que se reoriente el camino de la transición que han impuesto.

Los candados se aprietan

Cual tablero de ajedrez, Chile aún se mantiene como una pieza clave para la transición empujada por el Norte Global, donde los bienes naturales del país se entregan en bandeja a los mismos bolsillos de siempre, mientras los impactos se quedan a este lado del mundo.

Mientras Trump coloca mayor atención a los llamados “minerales críticos”, el Gobierno empuja un extraño Comité Consultivo sobre Minerales Críticos y continúa materializando una Estrategia que tiene un pecado originario: estableció una ruta para profundizar la explotación sin preguntarle a nadie; o por lo menos, a nadie que no estuviera en sus círculos políticos y empresariales.

En este sentido, mientras los candados de la Estrategia se aprietan, la necesidad de construir caminos hacia alternativas postextractivistas sigue constituyendo un desafío local y nacional. Una salida a este laberinto solo puede construirse desde una confluencia comunitaria que vaya más allá de lo coyuntural. Una ruta que nos empuje a una transición energética que no priorice el bolsillo empresarial, sino que a las comunidades y la Naturaleza como una relación ineludible.

Dos años de la Estrategia Nacional del Litio: de la renuncia a la Empresa Nacional al “conocer para explotar”