Actividades como la exploración hidrocarburífera, la minería e infraestructura vial están en el ojo de la tormenta y el cuestionamiento.
Independientemente de las subjetividades y susceptibilidades políticas, investigadores y analistas en temas medioambientales y defensa de derechos ciudadanos, coinciden en señalar que al menos en cinco megaproyectos que el gobierno de Evo Morales encara, en el marco de su plan de desarrollo y la agenda 2025, su realización implica grandes perjuicios y costos sociales, económicos y medio ambientales que representan. Por ese hecho, consideran que es inviable sumar más extractivismo a un país dependiente de las materias primas. Sugieren un cambio de timón y mirar otras alternativas a “la falacia desarrollista” y paradoja discursiva en que cayó el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) y el proceso de cambio.
Además de la polémica desatada con la nueva Ley que quita la intangibilidad del Tipnis, esas grandes inversiones están en los megaproyectos hidroeléctricos de Rositas, Chepete (El Bala) y Miguillas; las expansiones mineras en la Chiquitania entre ellas la mina Don Mario; el Mutún en Puerto Suárez, Puerto Busch (cuya mayor inversión es hacer dragados); los diversos proyectos exploratorios como en la reserva de Tariquía y el Aguarague ambos en Tarija; la presencia de inversiones chinas en el ámbito minero, entre ellos en el Illimani, el proyecto a cielo abierto de Turco y la incesante y descontrolada actividad aurífera entre La Paz, Pando y Beni.
«Actualmente el Gobierno está poniendo en juego el futuro de todos los habitantes de Bolivia en su afán de tener recursos económicos en el “bolsillo” antes de las próximas elecciones. Es una visión de corto plazo que actúa como si “el mañana” no existiera», es la primera reflexión que hace Sara Crespo, investigadora de Probioma (Productividad Biosfera Medio Ambiente).
La apuesta del “corazón energético”, en el marco del Plan de Desarrollo y la agenda 2025, es el fin que justifica los medios del accionar del Gobierno, según Pablo Villegas, investigador, crítico y analista de las inversiones extractivas.
«Todo obedece a la baja en los ingresos por las exportaciones. La diferencia entre la anterior etapa cuando se hizo con recursos propios y la actual es que todo se piensa desarrollar con deuda externa. El proyecto Corazón energético apuesta a eso», describe Villegas.
En el análisis de los proyectos. Los hidroeléctricos de Rositas, Chepete (El Bala), Miguillas, cuyos costos implican no solo millones de dólares, según Óscar Campanini, investigador del Centro de Documentación e Información (Cedib), implican altos impactos. Desde impactos muy directos y localizados, como son las áreas de inundación que no solo desplazan múltiples comunidades sino que al ser en zonas con gran forestación contribuyen con emisión de gases de efecto invernadero; hasta impactos directos sobre los cursos de agua y los ecosistemas y biodiversidad que depende de aquellos.
«Eso tiene que ver con impactos sobre pesca, ictiofauna en específico y fauna en general y sobre los propios procesos de reconstitución del bosque. El represar grandes ríos en muchos casos, además, implica ríos con alta carga de sedimentos que acortan considerablemente la vida útil de estas millonarias inversiones», argumenta Campanini.
El experto además enfatiza que el otro problema es la factibilidad de estas grandes inversiones. «Son inversiones extraordinarias (el caso del Chepete sería la inversión más grande de la historia de Bolivia) que apuntan a un mercado de exportación que no se ha estudiado y menos aún asegurado. Resta construir una red de extra alta tensión capaz de transportar esa energía que además de tener múltiples impactos ambientales y sociales tendrá similares costos extraordinarios», apuntó.
Entre Rositas y el Chepete son proyectos que implican inversiones altísimas de 1.000 y 7.000 millones de dólares (respectivamente) para generar una energía que aún no tiene demanda interna ni comprador externo, añade Crespo.
En el llamado “corazón energético”, el Gobierno tiene planeado invertir más de 30.000 millones de dólares. «Uno de los problemas que estos proyectos revelan es que se decidieron sin considerar la cuestión del mercado», sostiene Villegas.
Actividad minera. Los impactos de la minería sobre fuentes de agua no solo afectan las fuentes locales donde se realiza la actividad minera y por el tiempo que esta actividad dura, sino que se pueden extender por cientos de kilómetros y por siglos después de terminada las operaciones mineras, señala un estudio del Cedib.
Cita como ejemplos los glaciales del Illimani, entre otros, son presas naturales de agua vitales para los ecosistemas y centros poblados cercanos; la actividad minera en glaciales pueden tener serios impactos sobre estas fuentes de agua, más aun en un contexto de calentamiento global que ya pone en riesgo su propia existencia.
La Chiquitania es un ecosistema único en el mundo (bosque seco tropical) con biodiversidad única a nivel global y sin lugar a dudas vital para el ciclo hídrico en toda esta región. La minería en puerto Suárez se plantea justamente en la cadena montañosa vital para mantener la humedad y el ciclo hídrico de esta zona que no goza de precipitaciones pluviales durante casi medio año. «Estas actividades no solo serían base para deforestación y contaminación de agua y suelo, sino que destruirían las fuentes superficiales que abastecen de agua a las poblaciones de estas zonas», enfatiza Campanini.
En el caso particular del Mutún por las dimensiones del proyecto (que no es solamente de extracción de hierro, sino de un paso más de procesamiento en pellets) los requerimientos de combustible y de agua implicarían deforestar grandes extensiones del bosque seco chiquitano y consumir gran parte de las fuentes superficiales de esa zona, en detrimento otra vez de las poblaciones locales.
La investigadora Crespo, da a conocer que en el caso de Puerto Busch ligado a El Mutún y al proyecto de hidrovía Paraguay – Paraná durante los últimos años se ha demostrado su inviabilidad como tres veces. En los ’70 se inundó la zona y se llevó las vías del tren.
En 2010 y 2012 se llevó los terraplenes construidos para dicha vía por un total de 16 millones de dólares. «Ahora se ha reactivado el proyecto de la hidrovía que fue archivado en los ’90 debido a riesgo socioambiental que implica. Alrededor de este sistema de humedales viven más de 3 millones de personas que serían afectadas, pues el proyecto, además del dragado, contempla el enrectamiento de las curvas del río. Lo que significaría el escurrimiento del Pantanal», señala.
La exploración hidrocarburífera. La zona de mayor amenaza y resistida en los últimos días, los proyectos exploratorios que afecta las reserva de Tariquía en el departamento de Tarija.
Según Campanini, esto se ha traducido en una implacable expansión de la frontera de exploración hidrocarburífera en detrimento de cualquier impacto social y/o ambiental. «El área protegida de Tariquía fue creada no solo para conservar la biodiversidad, sino principalmente para proteger un ecosistema vital para el ciclo hídrico de la región. A pesar de la crisis hídrica que atraviesa Tarija todas las autoridades gubernamentales (nacionales, departamentales y municipales) alientan la exploración y explotación de hidrocarburos en esta zona.
Panorama de la extracción
A cielo abierto. Para los pobladores de Turco y Choquecota del departamento de Oruro, la empresa china Yan Fan S.A, ejecuta la explotación de cobre a cielo abierto. Es considerada como una gran amenaza ambiental para la zona.
Rositas. Los comunarios del Yumao (Capitanía Kaaguazu), población indígena que habita en las orillas de río Grande, en el municipio de Gutiérrez, están inquietos por el proyecto hidroeléctrico Rositas, dado que temen quedar bajo el agua si se hace la represa.
Auríferas. El norte de Bolivia que involucra los departamentos de La Paz, Beni y Pando, está bajo una incontrolable actividad de explotación del oro. La exploración hidrocarburífera también amenaza con pueblos no contactados.
Tipnis. Según la investigadora Cecilia Requena, cualquier proyecto, sea este carretero en el Tipnis afecta directamente a uno de esos servicios vitales cual es el del sostenimiento del ciclo hídrico de la región, es decir de las lluvias de la cuenca del Mamoré.
Punto de vista
Hernán Ávila
Director del Cejis
«Con esta efervescencia desarrollista y sus políticas de expansión del extractivismo, el Gobierno de Bolivia, al igual que otros de la región están viviendo procesos políticos contradictorios. Lo que pasa que estamos en un momento en que los gobiernos latinoamericanos han caído en su propia trampa. No han sabido aprovechar en su momento la inusual e histórica bonanza económica que han tenido a lo largo del denominado “superciclo de las materias primas”. Se olvidaron de diversificar la economía teniendo aún muchas potencialidades en el ámbito de las manufacturas, el turismo, la piscicultura, la industrialización, entre otros. Al contrario, en el intento de estatizar y crear muchas empresas, solo han logrado burocratizar el aparato estatal en tres veces más.
Lo que debieron hacer es modificar la matriz productiva y se quedaron en el dilema tal que ahora están enfocados a profundizar el extractivismo, sobre todo en el tema del gas y energía. En cambio, la minería resulta menos relevante por los escasos ingreso que se genera, pero el costo socioambiental sigue siendo grande.
En ese contexto, lo que más ingresos genera al país son los impuestos de la gente, con esos recursos prácticamente estamos financiando la presencia, por ejemplo de empresas chinas que no vienen a invertir sino a prestar servicios millonarios o a explotar nuestros recursos naturales.
Además, con la propuesta del centro energético de Sudamérica, lo que se quiere hacer es invertir millones de dólares para generar energía pero no para el beneficio de la ciudadanía, sino para vender o para exportación. Además, dichas inversiones se las quiere hacer sin conocer siquiera a dónde vamos a vender y en cuánto esa energía eléctrica.
A ello se suma el gran costo socioambiental, con enormes perjuicios para las comunidades, cuyas megarrepresas provocarán además desplazamientos humanos y grandes inundaciones. No se ha medido todo ello, la iniciativa solo apuesta a vender energía. Además, a título del desarrollo y el progreso se están tomando decisiones desacertadas con grandes impactos en el futuro que tiene que ver con el agua, la naturaleza y el endeudamiento que se dejará a las futuras generaciones.
Estamos en un momento de implementación de políticas extractivistas, con una falsa visión desarrollista, cuyo discurso del horizonte del vivir bien se tropieza con las formas más tradicionales de destruir la naturaleza.
Lo ideal, a todo ello, es abrir un debate nacional y reflexionar, si como país estamos de acuerdo por ejemplo de subvencionar la crisis china para que su capitalismo siga creciendo a costa del endeudamiento de los bolivianos y con un grave daño ambiental que ello acarreará en el futuro inmediato.
Aún en ese contexto no estamos en un camino sin salida. Hay muchas alternativas por encaminar por eso hace falta un debate y hacer una consulta ciudadana vía referéndum. Es que no podemos continuar con esta tozuda idea de que vamos a buscar progreso y desarrollo a cuesta de destruir nuestro hábitat y el patrimonio natural y social de nuestro país».
Fuente:https://www.eldia.com.bo/index.php?c=Portada&articulo=Alerta-expertos-citan-de-inviable-mas-extractivismo&cat=1&pla=3&id_articulo=233328
Con paneles informativos, exposición de productos, artesanías, música, proyección de videos y con la degustación de platos de la región, de realizó la Feria socio ambiental por el agua, la alimentación y la vida.
Los ingenios mineros que operan en la ciudad de Potosí no recibirán más agua potable para desarrollar sus actividades como una primera medida para afrontar la crisis del recurso hídrico en esa ciudad.
El Rector Nacional de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, Marco Antonio Fernández Calderón, propuso este martes que la explotación del litio en el país se realice tomando en cuenta el “desarrollo productivo, justicia social y sostenibilidad ambiental”, para optimizar la generación de valor de este recurso natural asentado en el Salar de Uyuni.
Según estimaciones de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), la provisión de agua potable en la ciudad de Potosí está garantizada solo hasta octubre. Se trata de una crisis de grandes proporciones agravada por el hecho de que la minería utiliza gran parte de este escaso elemento, y cuyos trabajadores rechazan cualquier restricción.
En el pueblo potosino hay un proceso internacional en marcha, una mina que no se activa y siete ayllus que temen que, cuando empiece, la explotación contamine sus cosechas.
Las mujeres indígenas, originarias y campesinas reunidas por la Defensa de la Madre Tierra en la RENAMAT y, en vista de la aprobación de la Ley 266 que levanta la intangibilidad del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS); nos pronunciamos en respaldo total de las demandas de los pueblos que habitan este importante territorio.
Desde hace siglos los pueblos indígenas de Bolivia y el mundo vienen construyendo una historia de resistencia y defensa de sus derechos. Como parte de los resultados de esta lucha se ha conseguido que hace diez años, las Naciones Unidas emitan una Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. En esta declaración se rescata una serie de derechos fundamentales por los que lucharon y murieron miles de indígenas; sin embargo hasta la actualidad estos derechos no son respetados, ni por los gobiernos, ni por los intereses de empresas privadas.