Fernando “Pino” Solanas, senador nacional de Proyecto Sur, denunció ante el Juzgado Federal N°1 de San Juan a la minera chilena Antofagasta Minerals por «instalar un megabasurero en territorio argentino con desechos mineros contaminantes violando el artículo 41 de la Constitución y la Ley de Residuos Peligrosos (N°24051)». «La minera chilena Antofagasta Minerals, instalada a pocos kilómetros de la frontera con Argentina, creó una escombrera de material contaminante en territorio sanjuanino, en el que arrojó unas 55 millones de toneladas de residuos peligrosos entre 2007 y 2012. Son casi 52 hectáreas, que un estudio privado concluyó que ya arrasó con algunas lagunas, secó vegas y contamina con drenaje ácido un curso de agua que alimenta al río San Juan (principal cuenca de la provincia)».
Desde la puesta en funcionamiento de la mina Bajo la Alumbrera, esta fue perfeccionando a lo largo de los años la forma, el modus operandi, para lograr la tan mentada “licencia social”. Así creó un departamento destinado a ayuda social, que tenía un presupuesto de algunos millones de pesos mensuales, para ayuda inmediata. Así Alumbrera apareció a lo largo de estos años auspiciando cursos de formación docente, concursos de fotografías, solventando los gastos de reparación de la motobomba del cuerpo de bomberos de Santa María o regalando computadoras, muchas veces nuevas otras reparadas (en desuso).
Aunque suelen señalarse las rupturas políticas y económicas del actual gobierno respecto del anterior, en no pocos campos priman las continuidades y aún peor, se apuesta al reforzamiento. Uno de ellos, que está tomando mayor estado de gravedad, se refiere a la megaminería. La quita de retenciones a las mineras auguró mayores exenciones a una actividad ya de por si favorecida por un generoso marco regulatorio. La apuesta por la profundización del modelo megaminero fue acompañada por la sorpresiva designación de Sergio Bergman como Ministro de Ambiente, cuya temprana confesión acerca de que “no tenía conocimiento técnico en el área ambiental”, parecía ser una mala broma.
El expediente estaba durmiendo, pero se despertó en las últimas semanas. Finalmente, el titular del Juzgado Federal 2 de San Juan, Leopoldo Rago Gallo, decidió llamar a indagatoria al gerente general y a dos ex ejecutivos de la minera chilena Los Pelambres por la escombrera que la empresa trasandina creó sin autorización en San Juan. Son más de 52 hectáreas en los que Los Pelambres arrojó entre 2007 y 2012 unas 55 millones de toneladas de rocas capaces de generar drenaje ácido de roca, y casi medio millar de neumáticos gigantes, también potencialmente contaminantes.
En una reunión con la Comisión de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente, las y los asambleístas plantearon el reclamo para que sea tratado y aprobado en la Legislatura de Chubut el proyecto de ley para prohibir la megaminería presentado por el mecanismo de Iniciativa Popular, el cual fue bastardeado en la sesión del 26 de noviembre del año 2014 sin que sea tratado a pesar del respaldado popular con firmas y movilizaciones.
La empresa Trident Southern Explorations SPA será la futura responsable de la explotación minera en el proyecto Andacollo. Así lo resolvió la Corporación Minera de Neuquén SEP (Cormine), tras el análisis de cuatro ofertas para la explotación de la mina subterránea de oro y plata. La empresa seleccionada ofreció el pago de una regalía del 3,3 por ciento de la facturación menos impuestos y el pago de un canon de u$s 4.600.000, de los cuales 460 mil dólares se abonarán a la firma del contrato y el resto en 10 cuotas anuales.
Si Minera San Jorge estuviera explotando el proyecto que el Ejecutivo aprobó el 28/1/2011, pero la Legislatura rechazó el 24/8/2011, a la cotización actual del cobre, oro, plata y molibdeno, debería pagar al Estado mendocino regalías por 98 millones de pesos/año (promedio durante 16 años de explotación).
Dos de los tres fiscales involucrados en la causa de espionaje ilegal a vecinos del NO a la mina y de Pueblos Originarios, deberán comparecer este martes al Juzgado Federal de Esquel, donde fueron citados por el Juez Guido Otranto, para una declaración indagatoria. Se trata de los fiscales Fernando Rivarola y María Bottini, imputados por la sospecha que han participado en la comisión del delito de presunto espionaje ilegal a vecinos del movimiento No a la Mina y referentes de Pueblos Originarios.
Mientras el Gobierno carga responsabilidades en los particulares, pymes y empresas como La Alumbrera utilizan más electricidad que Catamarca o Tucumán en su totalidad. El exhorbitante aumento de las tarifas de gas y electricidad para los hogares y Pymes, acompañado de cortes de suministro, se contrapone con la determinación del presidente Mauricio Macri de quitar las retenciones a las exportaciones mineras, lo cual las sitúa hoy en un escenario totalmente ajeno a la realidad que afecta a millones de familias en el país. Uno de los tantos aspectos del saqueo que llevan adelante las mineras.
Las empresas mineras de Santa Cruz prometen cumplir lo que finalmente nunca cumplen, los intendentes que las defienden, terminan quejándose y el gobierno de la provincia que no tiene la mínima intención de controlar, hace negocios y convalida un saqueo de bienes naturales que de ninguna manera el gobierno nacional de hoy, ha dado muestras de querer detener. Ninguno de los gobiernos provinciales cumple, ninguno controla y todos negocian en complicidad de los intendentes y las cámaras empresarias liderada por multinacionales.