Bárbara Jerez
Dra. En Estudios latinoamericanos
Becaria posdoctoral CONICET
Universidad Nacional de Salta.
La intensificación de los metabolismos actuales de la economía globalizada genera una inevitable tensión entre los territorios del llamado Norte global que progresivamente se van transformando en grandes consumidores de energía provenientes de fuentes renovables “carbono cero” (Gobel, B. 2013), y los territorios locales donde sus ecosistemas y comunidades deben soportar los fuertes impactos múltiples que genera en ellos la extracción de aquellos minerales que se utilizan para la fabricación de tecnologías “verdes”, como es el caso del litio en la Puna de Atacama. Este escenario demuestra que la actual generación tecnológica en base a fuentes renovables no fósiles también reproduce las desigualdades socioterritoriales que históricamente estructuran el sistema-mundo moderno/colonial (Mignolo, W. 2007) que diferencia entre territorios, sujetos, culturas y economías definidos como dominantes y aquellos que son definidos como subordinados, es decir, como explotables y desechables.
Hoy en día nos encontramos frente a una transición energética global impulsada principalmente por las economías del centro-norte de Europa para reducir las emisiones de CO2 de sus matrices energéticas respectivas, en las cuales se proyecta extender su abastecimiento en base a fuentes de generación “renovables” para dejar de depender de fuentes fósiles altamente contaminantes (como petróleo, gas, etc.); para ello se ha vuelto indispensable – en las condiciones actuales- un aumento en la producción de tecnología para el almacenamiento energético recargable de dispositivos portátiles como computadores, telefonía celular, pero de manera especial para la fabricación de baterías de autos eléctricos cuya industria proyecta un exponencial aumento en su producción en los próximos años. Sin embargo, dicha transición energética inserta en la actual estructura de los metabolismos de la economía globalizada significa una fuerte presión sobre los territorios que disponen de las materias primas necesarias para abastecer estas nuevas tecnologías “verdes” como el litio, y la Puna como uno de los territorios en los que se encuentran sus mayores reservas (y a menor costo).
Esta reconversión energética “carbono cero” no modifica las intrínsecas desigualdades socioterritoriales que produce el extractivismo capitalista; pues en este caso concreto para abastecer una potencial matriz energética “verde” –especialmente en los países del hemisferio norte- se explotan e impactan fuertemente los territorios locales donde se extraen los minerales necesarios como el litio, donde una de sus principales fuentes la constituyen las salmueras contenidas en los salares de la Puna de Atacama en el sector argentino, chileno y boliviano.
Actualmente existen explotaciones de litio a gran escala en Argentina (salar de Hombre Muerto en la provincia de Catamarca y salar de Olaroz-Caucharí en la provincia de Jujuy) y en Chile (Salar de Atacama, Región de Antofagasta), en Bolivia existen explotaciones en fase piloto que el gobierno nacional -con muchas dificultades administrativas, financieras y tecnológicas- busca expandir en el salar de Uyuni (departamento de Potosí). A ello hay que agregar las existencia de avanzadas exploraciones en las argentinas provincias de Catamarca y Salta, así como en la chilena región de Atacama cuyo desenlace en los tres territorios aún está en juego.
Las exportaciones de este mineral en el caso de las plantas ubicadas en el noroeste argentino y el norte chileno se realizan a través del Puerto de Antofagasta (en el pacífico norchileno) lo que traza indiscutiblemente una territorialidad transfronteriza del litio que a nivel local subordina las territorialidades preexistentes, pues en esos mismos territorios existen áreas silvestres protegidas de los Estados (nacionales y provinciales), comunidades Kolla y Atacameñas (likanantay) que habitan la zona desde tiempos ancestrales, y una serie de circuitos turísticos que van en crecimiento. El colonial carácter fundacional del extractivismo capitalista también lo reproduce el litio, donde incluso se ha llegado a re-bautizar la propia región de la Puna con nomenclaturas eldoradistas como “el triángulo del litio”, tratándose de un enunciado que espacial y simbólicamente impone una territorialidad hegemónica extractivista (Jerez, B. 2015) en esta región ancestral, cuyo concepto es ampliamente difundido son plena soltura por los gobiernos, empresas y numerosos sectores académicos para producir una identidad de enclave que en la práctica naturaliza la explotación de este commodity de turno invisibilizando los profundos impactos que a nivel local genera.
La territorialidad transfronteriza del litio en este sector puneño abarca en primer lugar, un circuito de transporte multimodal que abarca desde los salares de la Puna argentina desde donde se extrae el mineral, la planta de procesamiento de cloruro de litio en Salta, el traslado de esta materia prima por los pasos fronterizos cordilleranos (principalmente el Paso de Jama, entre Jujuy y la Región de Antofagasta), las explotaciones del mineral en el salar de Atacama, y la exportación de todo este material por el Puerto de Antofagasta. Este circuito a su vez es parte del Eje Capricornio de IIRSA (Iniciativa de Infraestructura Regional Sudamericana), y en el caso del noroeste argentino también forma parte del Plan Belgrano que conforma también es parte de IIRSA; estas iniciativas en su conjunto establecen una serie de planes de modernización de la infraestructura de transporte multimodal para la aceleración de la extracción y exportación de commodities en la región al menor costo posible, cuyo diseño y orientación ha sido elaborada absolutamente a espaldas de las comunidades locales que habitan los territorios afectados pese a que estas iniciativas los impactan directamente.
Otro elemento importante de colocar sobre la mesa son las implicancias del Tratado de Integración y Complementariedad Minera entre Argentina y Chile (tratado minero), que constituye un cuerpo legislativo binacional para expandir la explotación minera hacia la franja fronteriza compartida por ambas naciones en la cordillera de los Andes, estableciendo una verdadera zona franca minera (Jerez, B. 2015) o simplemente un “tercer país virtual” (Luna, D. et al, 2004) que desterritorializa tanto a los Estados nacionales como a las territorialidades de los pueblos originarios cordilleranos a la medida de los intereses corporativos que hoy tienen en la mira la extracción de los bienes comunes naturales ubicados en plena frontera y abaratar al máximo costos de producción. La territorialidad del extractivismo del litio en el altiplano se ubica en el área de influencia del tratado por lo tanto las empresas pueden claramente beneficiarse de sus lineamientos, tales como son la exención de la doble tributación, la exportación por puertos chilenos (Alcayaga, J. 2009; Jerez, B. 2013) y la adquisición de propiedad minera en zonas de frontera, entre otros.
En el la zona específica de la puna argentino-chilena existen empresas operan por ambos lados de la cordillera que están realizando faenas de explotación y exploración, donde un caso emblemático sin duda es el de la empresa SQM (ex estatal SOQUIMICH privatizada en la dictadura de Pinochet y hoy día controlada por capitales canadienses y chilenos), una de las más grandes productoras de carbonato de litio a nivel mundial que explota el litio hace casi 30 años del Salar de Atacama y adquirió en el año 2016 el 50% de las acciones de minera Exxar (Lithium Américas Corp) que tiene un proyecto de explotación de litio en el salar de Caucharí (Jujuy). También en este mismo territorio se encuentra la empresa de capitales estadounidenses Albemarle que controla la extracción de litio en la zona sur del Salar de Atacama a través de su filial Rockwood, y que a su vez está realizando exploraciones avanzadas en el salar de Antofalla ubicado en la argentina provincia de Catamarca. A esto se suman numerosas empresas que están ampliando sus faenas mineras en el Noroeste argentino como son Sales de Jujuy, FMC y LIEX en Catamarca, ERAMET en Salta, entre otros; y en el lado chileno además existen intenciones del gobierno de extender la explotación de litio hacia el salar de Maricunga en la región de Atacama donde aún no está definido si explotará de manera mixta o exclusiva la estatal del cobre CODELCO o bien si se concesionaria a capitales privados.
Sin embargo existen algunas diferencias importantes en las legislaciones mineras respecto al litio en ambos países en cuestión, ya que en el caso de Argentina este mineral es tratado de igual manera que los demás commodities mineros como un recurso concesionable para exploraciones y explotaciones prácticamente sin restricciones, en el caso de Chile existe desde la época de la dictadura de Pinochet un marco legal específico que considera al litio desde un punto de vista geopolítico como un “recurso estratégico” cuya propiedad está en manos del Estado a través de la CORFO y CODELCO(1) pero que sin embargo lo explotan empresas privadas a través del otorgamiento de contratos administrativos específicos para su explotación y exploración por una determinada cantidad de toneladas en un plazo fijo donde se autoriza solamente la exportación de
carbonato de litio.
A nivel local se observan una serie de problemáticas en torno a las explotaciones de litio en ambos países que son fundamentales colocar en el centro de los cada vez más extensos debates respecto a la explotación de este mineral. Por una parte existen una serie de irregularidades –y en muchos casos simplemente ausencias- en cuanto al cumplimiento de la legislación respectiva y al propio cumplimiento de las funciones del los Estados como entes reguladores y fiscalizadores, en ambos países existen fuertes impactos ecológicos a raíz de las extracciones mineras de litio en los salares explotados, especialmente por el agotamiento de las aguas dulces y salmueras, entendiendo que se trata de una de las zonas de mayor aridez a nivel global. Esta situación está afectando gravemente los ecosistemas y economías locales que dependen directa e indirectamente de los salares, lo que por lo tanto conlleva poner en juego la subsistencia de las economías locales pastoriles, salinas y agrícolas de las comunidades originarias (atacameños o likanantay y Kolla) que habitan en las cuencas de los salares, el abastecimiento doméstico de agua, y también afectando al turismo que constituye una importante actividad en la zona (especialmente en el Salar de Atacama)(2). Por otra parte es evidente el trato beneplácito de ambos Estados a favor de las empresas mineras de litio, donde por un lado en Argentina libera de retenciones a las exportaciones mineras lo que significa dejar que las empresas se lleven prácticamente libre de retenciones las riquezas del país, así como la violación a los derechos a consulta libre, efectiva e informada a las comunidades originarias que se observa en todos los salares donde existen faenas mineras de litio, derechos que claramente establece la constitución nacional y el tratado 169 de la OIT que ambos países ratificaron.
1 Las estatales Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y la Corporación Nacional del Cobre (CODELCO) tienen actualmente en sus manos la propiedad minera del litio en los salares en Chile.
2 Para mayor información sírvase revisar el informe final de la comisión especial de la cámara de diputados investigadora de los órganos públicos competentes encargados de la fiscalización y protección de glaciares, humedales y salares de Chile. Disponible en: https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=32031&prmTIPO=INFORMECOMISION
En el lado chileno por su parte existen múltiples denuncias contra la empresa SQM que van desde prácticas antisindicales, extracción de agua y salmuera por sobre los niveles legalmente establecidos, la exportación ilegal de concentrado de salmuera de litio hacia el Sureste asiático (donde se evidencia las negligencias en el control aduanero) cuando la ley solamente permite la exportación de carbonato de litio, hasta el financiamiento ilegal de campañas políticas de los partidos oficialistas de “centro-izquierda” (Nueva Mayoría(3)) y de la derecha con aportes ilegales de SQM. Además no deja de sorprender que la propia empresa financia estudios de seguimiento ambiental en el Salar de Atacama y envía informes de los niveles de agua donde la Dirección General de Aguas prácticamente no hace seguimientos in situ y se aceptan como verídicos los informes enviados por las propias empresas. Todo ello hoy en día es foco de una controversia entre la CORFO y SQM donde el primero busca quitarle las concesiones del litio a favor de la empresa Albemarle (ROCKWOOD) con quien la entidad estatal mantiene un convenio para otorgarle una ampliación de sus explotaciones de litio en el mismo salar y con ello aumentar la producción de este commodity.
3 Nueva Mayoría es la alianza política de “centro-izquierda” de la que forma parte la presidenta actual de Chile, Michelle Bachelet.
A nivel local es indiscutido el impacto de las explotaciones de los salares, dando como resultado una fuerte disminución de los niveles de aguas que afectan directamente las formas de vida humanas y no humanas en estos ecosistemas únicos a nivel global, donde también las faenas de litio contaminan estas cuencas (como el derrame de diesel para motores, escombros acumulados, hundimiento de maquinarias en las salmueras, el impacto de la polución del litio en polvo en la zona y del trazado de caminos por donde transitan frecuentemente camiones con alto tonelaje dentro de los propios salares, etc.). Situaciones de las cuales existen fuertes denuncias en todas las provincias y regiones donde se explota este mineral, pero que en la práctica parece tener muy poco efecto en la protección de los territorios locales donde son fuertemente transformadas las vidas cotidianas y las territorialidades de las comunidades originarias, en las que el Estado más que ser un garante de derechos parece constituirse en un verdadero representantes de las empresas mineras.
Este complejo escenario territorial en la Puna suele ser intencionadamente invisibilizado a los ojos de los actores que protagonizan la discusiones centralistas y economicistas que justifican la expansión de las explotaciones de litio aprovechando la alta demanda que actualmente tiene en los mercados globalizados. A pesar que existen algunas endebles iniciativas piloto en ambos países para intentar aumentar la cadena de valor del litio a nivel local ensayando la fabricación de baterías de litio, el rol de economías monoproductoras de materias primas no parece sufrir grandes cambios dentro de la estructura económica y política global que demanda a los salares de la Puna este codiciado mineral para abastecer el crecimiento de la industria automotriz y electrónica no fósil.
Bajo el argumento de la necesidad de generar tecnología para una matriz energética “verde” reduciendo las emisiones energéticas de carbono de las sociedades industrializadas, se termina destruyendo ecosistemas y territorios locales de la Puna de Atacama, lo que en la práctica reproduce el yugo colonial de las históricas desigualdades socioterritoriales se expresan claramente en el predominio la sustentabilidad energética de algunas regiones del globo terminan costando la devastación de otras regiones –que no son espacios vacíos sino que desde tiempos inmemoriables albergan diversos pueblos originarios- donde se originan los commodities para estas
transformaciones energéticas “verdes.
Por ello es fundamental poner en la balanza -y en el mismo rango de importancia- las discusiones socioterritoriales del litio y sus fuertes impactos a nivel local en la Puna que las discusiones económicas y tecnológicas que defienden la oportunidad de explotar este mineral para abastecer la generación tecnológica “carbono cero” de las sociedades industrializadas; donde las dimensiones territoriales de sus reales impactos dejen de ser colocadas en planos marginales de discusión en la toma de decisiones respecto a los proyectos que se autoricen en los territorios locales, pasando a constituir aspectos centrales para pensar las limitaciones y posibilidades reales de las economías de cada país y de sus potenciales matrices energéticas “verdes”.
Hoy en día urge pensar la sustentabiidad energética y el destino de nuestros territorios locales abarcando su amplia y real complejidad sin ocultar las nuevas colonialidades territoriales que reproduce la demanda de los commodities de turno, que en este caso terminan por convertir a los salares de la Puna en verdaderas zonas de sacrificio para la generación energética “limpia” del norte global, por muy “carbono cero” que sean las tecnologías que se fabriquen con estos. Proyectar la producción tecnológica a la medida de la capacidad real de los ecosistemas locales, junto al derecho a una verdadera información y deliberación regional de las poblaciones afectadas por la implementación de megaproyectos extractivistas, independiente del uso posterior de los commodities que se extraen –sea “verde” o no- deben ser condición irrenunciable para decidir el presente y futuro de los territorios en cuestión, así como para pensar una matriz energética global realmente sustentable y socialmente justa abarcando las implicancias en la totalidad de los territorios que forman parte de su cadena de valor.
Bibliografía
1. Alcayaga, Julián (2009) “El país virtual. El fracaso de las transnacionales mineras”. Ediciones Tierra Mía, Santiago de Chile.
2. Göbel, Bárbara (2013): La minería del litio en la Puna de Atacama. Interdependencias transregionales y disputas
locales”. Revista Iberoamericana XIII, 49. Pp. 135-149.
2. Jerez, Bárbara (2013) “Impactos de las geopolíticas transnacionales en las localidades transfronterizas de la
Patagonia Andina: Territorialidades en conflicto en torno a la implementación de megaproyectos de minería y represas
hidroeléctricas”. Revista de Estudios Políticos Estratégicos, vol 1, nro. 2. Segundo semestre. Programa de Políticas
Públicas Universidad Tecnológica Metropolitana. Santiago de Chile.
3. Jerez, Bárbara (2015) “(Des)Colonialidades espacio-territoriales y Conflictos extractivistas en cuencas
Transfronterizas: El caso de la Patagonia argentino-chilena 2009-2010”. Tesis para optar al grado de Doctora en
Estudios Latinoamericanos, Universidad Nacional Autónoma de México. México, DF.
4. Luna Diego, Padilla, César y Alcayaga, Julián (2004) “El exilio del Cóndor: Hegemonía transnacional en la frontera. El
tratado minero entre Chile y Argentina”. Observatorio latinoamericano de conflictos ambientales. Santiago de Chile.
5. Mignolo, Walter (2007). “La idea de América Latina”. Gedisa editores, España.
Fuente:http://www.gensur.org/index.php/docs/115-gensur/litio/280-el-avance-de-una-territorialidad-extractivista-transfronteriza-del-litio-en-el-altiplano-argentino-chileno
El gobierno de San Juan firmó un convenio con las autoridades de la mina Veladero para impulsar programas de educación, capacitación y desarrollo en las comunidades de Jáchal e Iglesia que están bajo la órbita de acción del proyecto minero sanjuanino.
El juez de Minas de Catamarca, Raúl Guillermo Cerda, opinó que existe un notable interés por la exploración de las áreas mineras a partir del incremento de trámites en el Juzgado de Minas, donde se inicia la solicitud de los yacimientos. Por lo tanto, la sede judicial se convierte en un termómetro para la actividad.
El ministro Alberto Hensel explicó que solicitarán que ya se comience con el plan de evacuación de la gran cantidad de minerales que hay de lado sanjuanino.
Los Pelambres instaló su escombrera de 52 hectáreas con material tóxico en territorio de la provincia de San Juan. La firma señaló que los mapas provistos indicaban que era suelo chileno. La compañía, propiedad del grupo chileno Luksic, envió varios informes a la cancillería chilena donde justificó que el hecho se produjo debido a que los mapas que le proveyó el Instituto Geográfico Militar de Chile (IGM) indicaban que se trataba de territorio chileno. El conflicto mantiene en vilo a los cuerpos diplomáticos de ambos lados de la Cordillera. 
Se produjo la rotura de una válvula que produjo la pérdida de la solución con la que se extrae el oro.
Es histórico. Nunca antes un funcionario había sido citado a indagatoria por cuestiones ambientales, en este caso, por violar la Ley de Glaciares. El juez federal Sebastián Casanello citó a indagatoria a los ex titulares de la Secretaría de Ambiente (hoy, ministerio) Juan José Mussi, Omar Judis y Sergio Lorusso, a los ex presidentes de la Administración de Parques Nacionales Patricia Gandini, Carlos Enrique Corvalán y Eugenio Indalecio Breard, y al ex director del Ianigla (el instituto encargado de la confección del mapa de glaciares), Ricardo Villalba. Además, mandó a auditar a la actual gestión.
BUENOS AIRES (Redacción) – Confirmaron el procesamiento de 8 ejecutivos de Barrick Gold por contaminar la cordillera, aunque le dictaron la falta de mérito al gerente general del proyecto. Es porque en septiembre de 2015 hubo un derrame de solución con 
Acusan a un científico mendocino de favorecer a la Barrick Gold . El juez federal Sebastián Casanello imputó a Ricardo Villaba. El magistrado entiende que la mina de Veladero contamina glaciares.
Un grupo de vecinos de Lago Puelo, Chubut, organizados en la asamblea en Defensa de la cuenca del rio Azul, logramos la atención de la justicia para llevar adelante un recurso de amparo con el fallo de una medida cautelar sin precedentes en la región vigente desde hace mas de 10 meses.