Argentina

El saqueo del litio en el noroeste argentino

No muchos argentinos parecen advertir que hace ya 20 años que una gran corporación química norteamericana llamada FMC Lithium explota el Salar del Hombre Muerto, ubicado en la provincia de Catamarca, posicionándose entre las cuatro mayores productoras mundiales de litio (SQM, Albermale, Tianqui y FMC controlan el 80 por ciento de las exportaciones mundiales). Y muchos menos son los que conocen la manera en que dicha empresa logró adjudicarse en 1991 el contrato de explotación, protagonizando una de las privatizaciones más escandalosas y a la vez más ocultas de nuestra historia reciente.

Casi todo el mundo sabe hoy que el litio es un metal muy liviano, que sirve para fabricar las baterías recargables que llevan los dispositivos electrónicos portátiles y que también empiezan a ser utilizadas para impulsar los nuevos vehículos eléctricos y almacenar energía renovable. Incluso bastante gente sabe además que los salares de la puna sudamericana contienen enormes reservas de litio, una materia prima “estratégica” que en los últimos años no hizo más que aumentar su precio internacional, “atrayendo” inversiones extractivas directas de todo el globo (si bien el litio no cotiza en bolsa, se estima que entre 2014 y 2016 su valor promedio pasó de 5.000 a 7.500 dólares la tonelada, alcanzando en el último año picos cercanos a los 18.000 dólares). Sin embargo, no muchos argentinos parecen advertir que hace ya 20 años que una gran corporación química norteamericana llamada FMC Lithium explota el Salar del Hombre Muerto, ubicado en la provincia de Catamarca, posicionándose entre las cuatro mayores productoras mundiales de litio (SQM, Albermale, Tianqui y FMC controlan el 80 por ciento de las exportaciones mundiales). Y muchos menos son los que conocen la manera en que dicha empresa logró adjudicarse en 1991 el contrato de explotación, protagonizando una de las privatizaciones más escandalosas y a la vez más ocultas de nuestra historia reciente.

Incluso pareciera desconocerlo la propia gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, que, a pesar de la existencia de severos problemas ambientales y del nulo desarrollo socioeconómico local producido por la empresa tras 20 años de explotación ininterrumpida, envió al senado provincial un proyecto de ley para reducirle las ya minúsculas regalías mineras (del 3 al 2 por ciento) y liberarla de la única regulación que hasta hoy le impide poder especular con las acciones y los derechos mineros de su subsidiaria local, Minera del Altiplano SA. Un breve repaso por esa historia quizás sirva para despejar las dudas que puedan tener los legisladores catamarqueños a la hora de custodiar el interés general.

En realidad, el proyecto que hoy explota la FMC sobre el Salar del Hombre Muerto pertenecía originalmente a la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM), que entre los años 1960 y 1970 exploró los salares de la puna interesada por los usos del litio en la fusión nuclear. Sin embargo, la última dictadura militar –como corresponde– decidió incorporar al litio entre las sustancias concesibles del Código de Minería y en 1982 intentó transferir el proyecto de la estatal DGFM a la norteamericana FMC, que por entonces se llamaba Lithco y afrontaba juicios por contaminación ambiental en Bessemer City. Pero la derrota en la guerra de Malvinas interrumpió el proceso licitatorio y la empresa norteamericana debió esperar hasta la llegada de Menem. En efecto, después de varios intentos fallidos, en febrero de 1991 logró repentinamente obtener el ansiado contrato de explotación, debiendo reconocer una pequeña participación de la DGFM y de la provincia de Catamarca en la flamante Minera del Altiplano SA que se haría cargo del proyecto (2,5 por ciento para cada una), con la correspondiente designación de un miembro en el directorio. Según Vicente Méndez, por entonces jefe del Departamento de Geología y Minería de la DGFM, la “expeditiva resolución” se debió al famoso crimen de María Soledad ocurrido en septiembre de 1990, que habría llevado alas autoridades provinciales a confirmar velozmente la transferencia de los dos proyectos más relevantes de la minería argentina –Salar del Hombre Muerto y Bajo La Alumbrera–, suponiendo que ambos contratos “descargarían las tensiones y llevarían el olvido a las multitudes que diariamente pugnaban con sus marchas contra la estabilidad del gobierno de (Ramón) Saadi pidiendo justicia” (Méndez, 2004: 17). Al mes siguiente, el gobernador fue destituido y la provincia intervenida por el gobierno central.

En los años siguientes, las reformas legales e institucionales impulsadas por el Banco Mundial para el sector minero argentino (Pasma), no harían más que consagrar un régimen sectorial diseñado a la medida de las corporaciones mineras que ya se habían radicado en el país. De esa forma, a la Ley de Inversiones Mineras de 1993 (que garantiza enormes beneficios impositivos, 30 años de estabilidad fiscal y regalías limitadas al 3 por ciento),se suma la incorporación del artículo 124 a la Constitución Nacional que transfirió los recursos naturales a las provincias y –como si eso no fuera suficiente– un régimen de reintegro adicional para las exportaciones mineras de la Puna (originalmente del 5 por ciento, reducido a la mitad en enero de 2002). En el caso particular de la FMC, la Reforma del Estado de Menem liquidó la DGFM, cediendo a la provincia de Catamarca su participación en Minera del Altiplano SA, que así debía subir al 5 por ciento. Pero en 1994, el entonces gobernador Arnoldo Castillo (que había gobernado la provincia durante la dictadura militar), consideró que esa mínima regulación era excesiva y firmó un nuevo contrato con la empresa, eximiéndola de pagar el canon de agua y reduciendo la participación provincial al 3 por ciento.

Cabe recordar que, por aquel entonces, la FMC también tenía los ojos puestos sobre el Salar de Uyuni ubicado en Bolivia (la mayor reserva de litio del mundo). Pero en 1993 decidió renunciar al contrato de explotación adjudicado, debido a las condiciones de participación y fiscalización pública que las universidades y el parlamento boliviano pretendían exigirle, en medio de extensas e intensas protestas sociales en todo el país (allí mismo el actual gobierno de Bolivia impulsa hoy un proyecto de industrialización 100 por ciento estatal). Si bien el Salar del Hombre Muerto era de menor relevancia, la FMC decidió privilegiar una política minera que, en los hechos, se reducía al 3 por ciento de regalías, sin ningún límite ni control en la extracción de salmueras y en el consumo de agua dulce y una participación del estado provincial que apenas le exigía no vender las acciones del proyecto ni los derechos mineros que le habían sido transferidos por la empresa estatal.

Así fue como, a fines de 1997, Minera del Altiplano SA logró inaugurar el proyecto de litio sobre el Salar del Hombre Muerto, donde posee una planta de carbonato de litio, más una planta de cloruro de litio ubicada en General Güemes, Salta, sumando una producción anual promedio de 16.500 toneladas que exporta en su totalidad vía puerto chileno, principalmente a sus propias plantas industriales de EE.UU. y a China. Mientras tanto, el departamento de Antofagasta de las Sierras donde se encuentra el Salar del Hombre Muerto, aún permanece aislado (los operarios son trasladados en avión al proyecto que posee su propia pista de aterrizajes), su escasa población de 1500 habitantes carece de los servicios básicos y la Dirección de Gestión Ambiental Minera recibió serias denuncias por la contaminación del delta del río Trapiche (que drena al sur del salar donde se emplazan las instalaciones de la empresa).

De esta forma, a diferencia de lo que ocurre en Chile y en Bolivia (que también poseen enormes reservas de litio bajo sus salares andinos), la legislación argentina no reconoce el carácter “estratégico” del litio, permitiendo al sector privado acceder a los yacimientos públicos a través de una concesión minera ordinaria y disponer de ellos libremente para venderlos, arrendarlos, hipotecarlos o explotarlos hasta agotarlos, con el ritmo, la escala y las consecuencias ambientales que quieran. Es por ello que hoy, frente a la creciente demanda internacional, las inversiones extractivas directas se apuran por adquirir derechos sobre nuestros salares, incluidas las grandes corporaciones globales del litio, como la chilena SQM, controlada por el ex yerno de Pinochet, que no puede ampliar su explotación en el salar de Atacama por protagonizar los mayores escándalos de corrupción de la historia de Chile (pero es recibida con total pleitesía por el gobierno de Jujuy e incluso por el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri).

Para no ser menos, la gobernadora de Catamarca y presidente del PJ provincial, Lucía Benigna Corpacci, decidió ponerse a tono con la política minera de Cambiemos y, luego de celebrar el fin de las retenciones, prometió públicamente a los gerentes de la FMC modificar los contratos de explotación vigentes para reducir las regalías en un 2 por ciento sobre el valor de las venta y liberarla del impedimento de vender las acciones y los derechos mineros sobre el Salar del Hombre Muerto. En otras palabras, si en los ´90 renunciamos a la propiedad estatal de uno de los mayores proyectos de litio del mundo, ahora pretenden que renunciemos también a regular siquiera el alquiler. Sin embargo, según los propios contratos de privatización, cualquier nueva modificación deberá ser refrendada por el parlamento provincial. Aunque parezca mentira, una vez más, funcionarios y gerentes buscan convencer a los legisladores y a la sociedad civil de la urgente necesidad de eliminar cualquier vestigio de regulación soberana sobre los bienes naturales de nuestro subsuelo, repitiendo las míseras promesas del pasado: generar 200 empleos e infraestructura básica para la comunidad local. ¿Podrán justificar nuevamente semejante desproporción? Esta vez, sin embargo, ya no hay lugar para crédulos, ingenuos o distraídos.

Fuente: http://noalamina.org/argentina/catamarca/item/38434-el-saqueo-del-litio-en-el-noroeste-argentino

* Sociólogo (UBA), becario Conicet en Temas Estratégicos, integrante del Programa de Intervención Socio Ambiental (Piidisa) de la Universidad Nacional de Quilmes.

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Comienzarán las exploraciones del proyecto Calcatreu a manos de Patagonia Gold

El director ejecutivo de la filial argentina de la minera británica Patagonia Gold, Christopher van Tienhoven, informó que en marzo próximo comenzarán las exploraciones del proyecto Calcatreu, recientemente adquirido a Pan American Silver Corp. por US$ 15 millones. “Con los permisos oficiales de explotación de los departamentos de minería y medio ambiente estaríamos iniciando la exploración en marzo”, explicó.

El cierre de la transacción está previsto para el 31 de enero o incluso antes, con un primer pago de US$ 5 millones, mientras el resto se programó para el 18 de mayo, indicó van Tienhoven.

El depósito Calcatreu está en el departamento de 25 de Mayo, a 60 kilómetros al sur de la localidad rionegrina de Ingeniero Jacobacci.

Patagonia Gold informó que la iniciativa consiste “es un sistema aurífero de baja sulfuración de alta ley, con el afloramiento de mineralización en la supercie”.

Sobre el proyecto

Para noviembre de 2003 el proyecto tenía once sistemas de vetas (de oro y plata) delineadas, incluida una gran veta de 2 km de largo y 20 metros de ancho. El depósito es de oro adalaria de baja sulfuración.

En marzo de 2007 un estudio de factibilidad hecho por Snowden Australia por medio su subsidiaria Calcatreu Gold Project dio como resultado una operación de minería a cielo abierto de forma convencional con un rango nominal de 750,000 toneladas al año.

El potencial total de mineral es de 3,5 millones con densidades de oro de 3,86 gramos/tonelada y de plata de 33,22 gramos/tonelada. Y un costo efectivo de $280,83 de dólares por onza de oro. Para el 22 de marzo de 2012 el oro cotizaba a 1.637 dólares la onza.

Fuente:http://noalamina.org/argentina/rio-negro/item/38463-comienzaran-las-exploraciones-del-proyecto-calcatreu-a-manos-de-patagonia-gold

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Un grupo de intendentes impulsa un proyecto minero prohibido en la provincia

Los mandatarios apoyan el Plan Navidad, que prevé una inversión de U$S 1.000 millones pero se enfrenta con la prohibición que rige para las explotaciones mineras a cielo abierto en la provincia.

En una carta dirigida hoy al gobernador chubutense , Mariano Arcioni , los intendentes reclamaron que se permita el desarrollo minero de la provincia y consideraron que ese proyecto abrirá » un abanico de posibilidades para el desarrollo local».

Seguir leyendo esta noticia : http://www.telam.com.ar/notas/201801/238245-intendentes-de-chubut-piden-impulsar-millonario-proyecto-minero-prohibido-en-la-provincia.html

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Los chubutenses ampliamente contra la minería y la ridiculez de la “solución minera”

Blas Meza Evans, diputado provincial del FPV, señalo que Chubut tiene una clara posición de no a la minería y destacó sus coincidencias con Mario Das Neves, quien en la última etapa de su gestión tuvo una firme posición contra la minería. Considera ridículas las posiciones que sostienen que Chubut va a cambiar con la explotación de algún yacimiento minero. Desde hace quince años, inicialmente en Esquel y luego en toda la provincia, la población se informó sobre la actividad y sus efectos y rechaza la minería a gran escala.

Meza Evans formuló declaraciones sobre una posible habilitación en la provincia de actividades mineras como el proyecto Navidad.

Finalmente sostuvo que el FPV no está cerrado al debate minero, pero destacó el amplio consenso de los chubutenses en contra de la minería, señalando además considera ridículas las posiciones que sostienen que Chubut va a cambiar con la explotación de algún yacimiento minero.

Fuente:http://noalamina.org/argentina/chubut/item/38478-los-chubutenses-ampliamente-contra-la-mineria-y-la-ridiculez-de-la-solucion-minera.

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Secretaria de Minería sancionó a tres proyectos por irregularidades ambientales

Lo hizo en su calidad de autoridad contralor. Según la evaluación del último trimestre de 2017,  Cap Oeste (Patagonia Gold), Cerro Negro (Goldcorp) y San José (Minera Santa Cruz) incurrieron en irregularidades en materia ambiental.

La Secretaría de Estado de Minería, dependiente del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria de la provincia, señaló que “a los antecedentes  y naturaleza de las infracciones cometidas, se suma el incumplimiento de las recomendaciones que surgen de las actas de inspección  en materia de prevención ante posibles daños ambientales por parte de las empresas”.

Según relevaron, los proyectos en cuestión son Cap Oeste (Patagonia Gold), Cerro Negro (Goldcorp) y San José (Minera Santa Cruz).

Si bien los incidentes califican como menores, la Secretaria de Minería dispuso “la aplicación de sanciones pecuniarias y de apercibimiento fundada en la inacción posterior a las directivas que se hicieran en inspecciones previas”, según lo establecido por el Código de Minería. “No se debe llegar al punto  en que por negligencia o impericia se provoquen contingencias ambientales que podrían haber sido evitadas. Más aun cuando se trata en áreas donde el medio ambiente y la salud de los trabajadores puedan verse afectados”, sostuvo el titular de la cartera minera, Guillermo Bilardo.

“Desde al Área Ambiental se trabaja de manera preventiva en una primera instancia y, por eso, ante éstas situaciones que son menores y de fácil resolución las empresas deben cumplir adecuadamente las medidas correspondientes”, detalló el funcionario.

Fuente:https://www.eldiarionuevodia.com.ar/local/info-general/2018/1/4/secretaria-minera-sancion-tres-proyectos-irregularidades-ambientales-52023.html

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Meza Evans tampoco le encontró sentido a la visita de Macri

El diputado del PJ-FpV, Blas Meza Evans, consideró que la visita del presidente Mauricio Macri a Chubut el martes no tuvo ningún sentido y que más allá de la promoción a la energía eólica a la provincia no le queda un solo peso.

Indicó que los parques industriales generan mano de obra cuando se están construyendo, “pero cuando se pone en funcionamiento dan jugosas ganancias a las empresas pero no se genera mano de obra y se acrecienta el déficit de la balanza comercial porque aquí no se produce ni una tuerca para los molinos”.

Meza Evans expresó que se debe generar una tasa o regalías “porque las multinacionales que generan estos generadores venden la energía ganando mucho dinero y la provincia no recibe nada, ni puestos de trabajo ni un solo peso de impuestos”.

Al ser consultado sobre la explotación minera en Chubut, el legislador indicó que Chubut tiene una posición clara que es el no desarrollo minero a cielo abierto. “Coincido con la última etapa de Mario Das Neves cuando tuvo una posición muy firme contra la minería porque no se puede pensar que poniendo en funcionamiento alguna explotación minera algo cambiará; pensar eso es ridículo”, sostuvo.

Aclaró que si bien no está cerrado al debate, “hay un amplio consenso de los chubutenses en que la minería no es una alternativa en Chubut”.

SESION EXTRAORDINARIA

Sobre la sesión extraordinaria, el diputado dijo que se preocupó al escuchar al presidente del bloque oficialista, Jerónimo García, por considerar que “está en una nebulosa como si fuera un diputado de la oposición. El es el jefe de bloque y debería tener los conceptos claros. Me sorprende pero nosotros estamos aquí esperando que ingrese el pedido de sesión extraordinaria”.

Dijo que acompañarán y que darán el debate, aclarando que el pacto fiscal que Mariano Arcioni firmó con Macri no lo acompañarán. “Lo vamos a rechazar porque no se puede hacer modificaciones; el pacto fiscal viene generando un terrible ajuste en lo que menos tienen”.

En cuanto a los bonos para que tanto los intendentes como los jefes comunales puedan usar el 50% en gastos corriente, Meza Evans agregó que debería haber un planteo formal por parte de algún bloque o que el Poder Ejecutivo envíe un nuevo proyecto de ley, “pero todavía no ha ingresado nada”.

Fuente:https://www.elpatagonico.com/meza-evans-tampoco-le-encontro-sentido-la-visita-macri-n3056284

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Nación sugiere a Chubut dar el debate sobre la minería

El viceministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Sebastián De Luca, formó fue parte de la comitiva que acompañó ayer al presidente de la Nación Mauricio Macri, en su breve visita a Chubut, para inaugurar la ampliación del Parque Eólico en Rawson.
Consultado sobre la posibilidad de avanzar con la producción minera en Chubut, De Luca aseguró que es una decisión que deberá tomar la Provincia, pero pidió “que se dé el debate” y que no haya una oposición “por un prejuicio”, ya que no es bueno para la definición de políticas de Estado.

“Si la minería sirve y si se puede utilizar de manera cuidada, es algo que deberá definir la provincia con sus legisladores y gobernadores”, sostuvo en Rawson el segundo de Rogelio Frigerio.
En este marco, De Luca consideró que “es algo que deberá definir la provincia que tiene la libertad de utilizar o no los recursos. Es parte del debate que tendrán que hacer en Chubut”, sugirió al tiempo de advertir que “decir que no por un prejuicio es lo peor que le puede pasar a la discusión de políticas de Estado”, opinó.

Sin apoyo en el Congreso

También tuvo definiciones críticas hacia los legisladores nacionales por Chubut que no acompañaron la reforma previsional y otras leyes impulsadas por la Nación.
El funcionario aseguró que desde la Nación esperaban otra actitud de parte de los diputados y senadores de Chubut, en virtud del acuerdo de pacto fiscal firmado entre el Gobierno Nacional y las Provincias, incluyendo a Chubut.
Sugirió también a los legisladores provinciales que den su apoyo al pacto fiscal en el recinto parlamentario de Chubut, como ya hicieron “el 90 por ciento de las Provincias”.

Crisis financiera de Chubut

El funcionario nacional remarcó que “es importante la visita del presidente en Chubut”, quien “no había podido venir para el fallecimiento de (del ex gobernador Mario) Das Neves y sin dudas que lo había tomado con mucho dolor”. Manifestó que “hay que seguir dialogando” para buscar “la salida al enorme problema financiero de la provincia. Ya hemos tenido varias reuniones con el gobernador y hemos trabajado para buscarle un marco”, remarcó.
Consultado sobre una reparación histórica para Chubut, De Luca sostuvo que “después del acuerdo fiscal firmado con los gobernadores estamos dispuestos a discutir una nueva ley de coparticipación” y que “los gobernadores de Chubut, La Rioja y Misiones planteen su problemática que es distinta a la provincia de Buenos Aires”.
“Estamos discutiendo todas las alternativas y creemos que hay un respeto por quienes han votado y gobernando. Por eso nos encontrarán buscando alternativas financieras para que Chubut tenga gobernabilidad y paguen los salarios como corresponde. Son decisiones a tomar para darle un camino al 2019”, sostuvo.

Facto fiscal

Luego de la firma del pacto fiscal, “esperábamos otra respuesta de los legisladores de Chubut. El acompañamiento es del gobernador y esperamos que haya un respeto por lo que eso tiene que ver con la lógica de la provincia. Hay senadores y diputados que se han opuesto a todo lo que hemos enviado al Congreso”.
Dado que la legisladora Rosa Muñoz manifestó extorsión, De Luca planteó que “en otro lado desconocemos y estamos en contra de ese tipo de prácticas”.
En caso de no aprobarse el pacto fiscal, “habrá que insistir como lo están aprobando el 90% de las provincias. Esperamos que los legisladores salgan de las internas partidarias y puedan acordar los pactos firmados en beneficio de los chubutenses”, sostuvo.

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Calcatreu: cronología del proyecto que reabre el debate por el uso de cianuro

El reclamo por el cuidado del medio ambiente en la extracción del oro y la plata choca hace años en la Línea Sur, frente a la intención de traer inversiones. Ahora el proyecto quedó en manos de Patagonia Gold.

El depósito de oro y plata “Calcatreu” fue descubierto en 1997 y se desarrolla desde mayo de 1998 en un campo fiscal ubicado en el paraje Lipetrén Chico, distante a unos 82 kilómetros al sur de Jacobacci.

Hasta 2005 los trabajos de exploración fueron intensos, pero la promulgación de la llamada “ley anticianuro” por parte del ex gobernador Miguel Saiz lo dejó en stand by.

Sin embargo desde que se identificó el potencial hasta la actualidad, las distintas empresas mineras propietarias de los activos mantuvieron su base en Jacobacci, realizando trabajos menores. En el 2012, a pocos días de haber asumido, el exgobernador Carlos Soria derogó la ley anticianuro, rehabilitando la actividad.

Desde abril de este año, directivos de Patagonia Gold mantuvieron distintas reuniones con representantes de los gobiernos Nacional, provincial y municipal y también con referentes y organizaciones de la comunidad jacobaccina, incluyendo a la comunidad mapuche cercana al proyecto, a quienes les han transmitido la idea de desarrollo.

También han recibido distintas inquietudes relacionadas con el cuidado del medio ambiente, entre otras.

La llegada de Patagonia Gold a la Región Sur se suma Southern Copper, empresa minera que desarrolla trabajos de explotación en la zona de Los Menucos y a mediados de enero hará lo propio en la zona de El Paisanito, a 90 kilómetros al norte de Jacobacci.

Diciembre 2017 | Río Negro: Patagonia Gold compró el proyecto Calcatreu

Los activos que controlaba Pan American Silver fueron transferidos por 15 millones de dólares. Inquietud por el cuidado del medio ambiente en la explotación.

Julio 2017 | La minería reabre el debate en el sur rionegrino: la gente quiere saber

El tema “minería de primera categoría” vuelve a resurgir en Jacobacci a raíz del interés de capitales argentinos en Calcatreu, proyecto que está en “stand by” desde hace una década.

Desde que comenzó a circular la noticia en las calles, las opiniones a favor y en contra van en aumento. Vecinos temen que el tema vuelva a dividir a la comunidad, tal como ocurrió entre el 2003 y el 2005.

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Fuente:http://www.rionegro.com.ar/region/calcatreu-cronologia-del-proyecto-que-reabre-el-debate-por-el-uso-de-cianuro-HF4171898.

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Impacto de la megaminería en los glaciares andinos

La glacióloga Ana Paula Forte analizó los cambios en el paisaje cordillerano de San Juan con el desarrollo de minería.

Tres investigadores de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) realizaron un estudio comparativo de imágenes aéreas para conocer los cambios producidos en el ambiente de los Andes desérticos en los últimos 17 años.

El principal objetivo de la investigación fue dimensionar el impacto de las minas Veladero y Pascua Lama, ubicadas al noroeste de la provincia de San Juan, sobre los glaciares y diversas geoformas del ambiente glaciar y periglaciar de esas latitudes. La glacióloga Ana Paula Forte, integrante del equipo, dialogó con Agencia CTyS-UNLaM sobre los resultados.

«El impacto -señaló Forte- es pronunciado. Los glaciares y manchones de nieve han sufrido importantes retrocesos durante los últimos 17 años, de tal manera que un significativo número de manchones de nieve permanente han desaparecido. Mientras, el ambiente periglaciar, por estar más ampliamente desarrollado en la zona, ha sufrido la mayor cantidad de afectaciones».

Según la investigadora, la minería ha intervenido claramente en el ambiente glaciar y periglaciar, afectando parte de las nacientes de uno de los dos principales recursos hidrológicos que es el río Jáchal. En esa línea, sostiene que la sola instalación de las minas ya implicó cambios en los cursos hídricos de la región, y que ese impacto no ha sido evaluado por un estudio serio tanto en los caudales como en la hidroquímica del agua.

A través de imágenes satelitales, los investigadores observaron distintas intervenciones sobre el ambiente glaciar y periglaciar a partir de la instalación y desarrollo de la actividad extractiva. En primer lugar, registraron que el proyecto minero está ubicado sobre una zona donde se desarrolla permafrost, es decir, sobre un suelo que permanece por debajo de 0° C por dos años consecutivos.

Tajo abierto

Por otro lado, comprobaron que la zona donde se ha realizado la extracción de mineral a tajo abierto (open pit) se encuentra sobre áreas donde previamente existían procesos físicos característicos del ambiente glaciar y periglacial; que las escombreras (enormes masas de material estéril) se ubican sobre laderas con procesos de solifluxión (proceso geomorfológico característico de zonas de clima periglaciar consistente en el desplazamiento masivo y lento por gravedad de formaciones arcillosas u otros tipos de suelo sobre el permafrost). También precisaron que los caminos de tierra para el paso de camiones intervinieron geoformas glaciares y periglaciares.

Los integrantes del equipo y becarios de Conicet, Cristian Villarroel, Flavia Tejada y Ana Paula Forte, realizaron el estudio de forma independiente y en armonía con la Asamblea Jáchal No Se Toca, ONG que denuncia desde hace años el desarrollo de la minería a cielo abierto en una región donde se despliega un ambiente de tipo glaciar y periglaciar y que, además, se encuentra en las nacientes de la cuenca del río Jáchal, que es el curso hídrico más importante de las poblaciones del norte de la provincia de San Juan.

Recientemente, el estudio aportó datos para la causa que investiga el incumplimiento de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar por parte de ex funcionarios del Estado, entre ellos, el investigador de Conicet y ex director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), Ricardo Villalba (uno de los 15 científicos argentinos que integraron el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas, que junto a Al Gore, ganó el Premio Nobel de la Paz en 2007).

Polémica

El investigador fue procesado por no haber cumplido en tiempo y forma con el Inventario Nacional de Glaciares, instrumento indispensable para conocer los cuerpos de agua a proteger, que tendría que haber sido presentado en marzo de 2011 para aquellas zonas consideradas «prioritarias», pero que, cuando ocurrió el primer derrame de cianuro de la empresa Barrick Gold, en setiembre de 2015, todavía no se había terminado.

La metodología del registro de geoformas también despertó la polémica por haber excluido a los glaciares de menos de una hectárea y a las geoformas características del ambiente periglaciar. Sin embargo, el doctor Villalba argumentó que se basó en estándares internacionales de mapeo de glaciares, y que las pequeñas geoformas no se comportan como reservas hídricas relevantes. (Nota de la Redacción: El ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, afirmó hace días que el glaciólogo Villalba, procesado por el juez federal Sebastián Casanello por abuso de autoridad al inventariar glaciares, cumplió «estrictamente con sus deberes» y fue «injustamente procesado»).

Al respecto, Forte menciona: «El hecho de que los glaciares de menos de una hectárea no puedan ser estimados como reservas hídricas no tiene ningún sustento científico. Hay muchas geoformas pequeñas y dudo que no tengan un aporte hidrológico. En efecto, he visto trabajos que demuestran su importancia en otras partes del mundo. Vale la pena realizar una tarea así acá también».

La glacióloga explica que, en la región en disputa, se despliegan los Andes Desérticos, partes de la cordillera sometidas a alta radiación solar, escasas precipitaciones y extrema aridez. Aquí, los glaciares se caracterizan por ser fríos, secos y pequeños, las bajas temperaturas hacen que el movimiento del hielo sea lento y que se encuentren expuestos durante prolongados períodos de tiempo a intensas radiaciones solares. Estas geoformas cumplen la función de reservorio para las dos cuencas hídricas que nacen allí: Jáchal y San Juan.

Incongruencias

Los estándares internacionales a los que refiere Villalba, como el empleado por el proyecto Glims (Global Land Ice Measurements from Space), tienen como objetivo medir el impacto del cambio climático a escala global en grandes masas de hielo. Según Forte, estos patrones debieran discutirse en escenarios locales como San Juan, en los que cada cuerpo de agua cobra relevancia.

En este contexto, la exclusión de este tipo de geoformas resulta incongruente con los fines de la ley. «En lugares como la Patagonia y los Alpes      -ejemplifica Forte- se aplican metodologías de inventario en los que se registran glaciares mayores a una hectárea. Allí es razonable porque se trata de ambientes húmedos con glaciares enormes. En cambio, los ambientes áridos se caracterizan por tener muchas geoformas menores y un mayor desarrollo de ambiente periglaciar».

Si bien Forte indica que el trabajo que realizó Ianigla es muy valioso como puntapié, ya que se trata del primer inventario de glaciares y geoformas periglaciares que se realiza en muchas regiones del país, expresa que la ley de presupuestos mínimos no puede limitar su aplicación a lo registrado hasta ahora, cuando todas las geoformas del ambiente glaciar y periglaciar deberían ser incluidas, sin importar sus dimensiones.

En ese sentido, reflexiona: «Estoy segura de que las cosas hubieran sido diferentes si no se hubiera concentrado toda la labor en un solo grupo de trabajo, ya que cada ambiente es particular; no es lo mismo el ambiente cordillerano en el noroeste argentino (Andes Desérticos), que la región de Cuyo (Andes Centrales) o los Andes húmedos patagónicos. Cada ambiente tiene sus propias geoformas y cada población sus prioridades, creo que ése era el espíritu de la ley».

El fallo del juez Casanello sostiene que, de haberse cumplido la norma, los sucesivos derrames de cianuro podrían haberse evitado, al igual que la actividad extractiva en esa región. En esta línea, Forte considera que el mayor limitante radica en la presión de los intereses económicos sobre organismos de control y aplicación de las leyes, y en la falta de diálogo con las comunidades y sus necesidades.

En resumen

Hace dos años que se desarrolla la causa que investiga el accionar del Estado en el desembarco de la minera Barrick Gold en San Juan, empresa responsable de contaminar el río Potrerillos con grandes cantidades de cianuro, en al menos dos oportunidades.

Por esta causa, los últimos tres secretarios de Medio Ambiente de la gestión anterior, Juan José Mussi, Omar Judis y Sergio Lorusso, quedaron procesados a fines de noviembre por incumplir la Ley de Glaciares, vigente desde 2010.

Específicamente, el juez federal Sebastián Casanello los imputó por «retardar la publicación de los cuerpos de hielo inventariados y modificar los presupuestos mínimos de protección de los glaciares».

Entre los imputados, se encuentra el Doctor Ricardo Villalba, investigador superior de CONICET y ex director de Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). En este caso, fue acusado por no haber incluido en su relevamiento a los hielos de tamaño menor a una hectárea, y no haberlo realizado en el plazo en que correspondería culminar el inventario.

La comunidad científica se solidarizó inmediatamente con el investigador, y cuestionó el accionar de la organización de vecinos, damnificados y ambientalistas por arremeter contra el organismo del sistema científico que había impulsado originalmente la Ley de Glaciares.

Días posteriores a estas imputaciones, se archivó una causa, que se llevó a cabo en juzgados provinciales, por el segundo derrame de la minera canadiense. En este caso, el juez de Jáchal, Pablo Ortija, argumentó que durante el segundo derrame no hubo contaminación de cuerpos de agua.

Fuente:https://losandes.com.ar/article/view?slug=impacto-de-la-megamineria-en-los-glaciares-andinos

Argentina

La segunda multa millonaria a Barrick irá a proyectos productivos en comunidades

Tras 15 meses de investigación interna, la gestión uñaquista definió otra dura multa a la empresa Barrick por los incidentes en la mina Veladero de septiembre de 2016 y marzo de este año. En ambos hubo fugas de solución cianurada que sobrepasaron el valle de lixiviación, aunque no llegaron a ningún río. La sanción fue de poco más de 104 millones de pesos y el dinero irá a parar al Fondo Minero para el Desarrollo de Comunidades, el cual apunta a fomentar proyectos productivos. Si bien este medio no pudo acceder al acta de infracción, el dato fue confirmado de manera extraoficial y luego por un comunicado de la propia compañía. Los fundamentos apuntan a la reincidencia de fallas y a que la compañía no había hecho las obras que le había pedido el Ministerio de Minería. Es que en septiembre de 2015 se produjo un derrame de líquido con cianuro que sí alcanzó a tres cursos de agua en Iglesia. Por ese hecho, la provincia castigó a la operadora del yacimiento con casi 146 millones de pesos.

La sanción es de 104.400.000 pesos por los incidentes de 2016 y 2017. La anterior fue de casi 146 millones.

La resolución del Gobierno trascendió a fines de esta semana, Barrick ya había sido notificada y desde la firma señalaron que «estamos analizando el documento a fin de evaluar nuestras próximas acciones». La compañía puede aceptar la sanción o pedirle a Minería que revea la resolución y si no tuviera suerte, ir a la Justicia.

La decisión revela una fuerte postura del uñaquismo en sancionar los accidentes que se produzcan en la minería, ya sea que tengan incidencia en el medio ambiente como aquellos que reflejen errores en las operaciones y tengan un impacto social negativo sobre la actividad. Si bien el derrame de 2015 se dio en la administración de José Luis Gioja, el castigo finalmente lo impuso el actual Gobierno.

Por los tres incidentes se abrieron investigaciones en la Justicia para determinar si se produjeron delitos, aunque tuvieron resultados distintos (Ver recuadro). Por su parte, el Ejecutivo encaró sumarios y primero multó a Barrick con casi 146 millones de pesos por el derrame de 2015. En los de 2016 y 2017 evaluó que hubo incumplimientos ante directivas de la autoridad provincial y repetición de fallas en los procesos. Ante estos, en el Gobierno habían asegurado que iba a haber una sanción y que habían decidido acumular los dos expedientes, por lo que restaba saber el monto. Al final, la suma ascendió a 104.400.000 pesos y las autoridades dispusieron que la empresa depositara el dinero en una cuenta de la cartera minera local. La misma está destinada al Fondo Minero para el Desarrollo de Comunidades, con el que la gestión uñaquista impulsa proyectos productivos en el sector de la agricultura, ganadería, pequeña y mediana minería, industria, comercio, turismo y servicios afines a la producción. El objetivo es que dichos planes apuesten al impulso de actividades económicas ligadas a la identidad de cada comunidad y que favorezca la generación de empleos. Con la primera multa, el Ejecutivo distribuyó 80 millones de pesos para proyectos productivos en Jáchal e Iglesia, por ejemplo.

La nueva sanción tiene su origen el 8 de septiembre del año pasado, cuando un bloque de hielo desacopló una cañería que trasladaba solución cianurada. El líquido se estancó en una curva de la berma (talud de contención) y empujó material que salió del valle de lixiviación, el área en el que se separa la roca del mineral con el químico. El hecho que se acumuló fue en marzo de este año, que consistió en la fuga de solución rica (oro, plata y cianuro) que también escapó del valle, pero que luego fue reencauzada hacia dentro del perímetro.

 

Obras

Luego de los tres incidentes, el Gobierno obligó a la empresa a realizar obras de mejoras para reducir los accidentes. Así se aumentaron las alturas de las bermas de contención, se reforzaron los acoples de las cañerías, las mismas se separaron del límite del valle de lixiviación y se instalaron cámaras de vigilancia.

Sanción económica

104  Millones de pesos es el valor de la segunda multa que el Gobierno le aplicó a Barrick. La primera fue de casi 146 millones.

 

La decisión judicial en los tres hechos

 

En el derrame de solución cianurada de septiembre de 2015, la Cámara Penal confirmó los procesamientos del juez de Jáchal, Pablo Oritja, contra los ejecutivos Leandro Poblete, Segundo Álvarez, Carlos Cabanillas, Ángel Escudero, Osvaldo Brocca, David Sánchez y Ricardo Cortéz. Todos quedaron en la mira por el delito de contaminación de agua, en su modalidad culposa, es decir, por actuar con negligencia o impericia en la profesión. Tras la fuga, el líquido llegó a los ríos iglesianos Potrerillos, Las Taguas y La Palca. La causa fue elevada a juicio.

El segundo incidente de septiembre de 2016 fue archivado, mientras que el de marzo de este año seguirá el mismo camino, tras un pedido fiscal en ese sentido. Si bien en ambos hubo fuga de soluciones con químicos, nunca llegaron a los ríos. La Justicia entiende que no hay delito porque no se vio afectada la salud pública ni el medio ambiente.

Fuente:https://www.diariodecuyo.com.ar/politica/La-segunda-multa-millonaria-a-Barrick-ira-a-proyectos-productivos-en-comunidades-20171230-0087.html